TEMAS-SUBTEMAS

 

Sentencia T-050/25

 

 

DERECHOS A LA VIDA, LIBERTAD, INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DE PERSONAS, GRUPOS Y COMUNIDADES-Deber del Estado de asegurar condiciones seguras dentro del territorio de resguardo indígena

 

(...) si bien ese territorio aún no está completamente delimitado… existen ciertas zonas en las cuales es posible garantizar de manera mínima un retorno en condiciones seguras. Tales zonas son aquellas que están actualmente habitadas por miembros de la comunidad del resguardo, así como aquellas sobre las cuales no existe ninguna disputa sobre su pertenencia a la comunidad, en tanto no se relacionan con el área de un posible traslape.

 

DERECHO A LA PROPIEDAD COLECTIVA DE COMUNIDAD INDIGENA-Debida delimitación del territorio del resguardo

 

La tardanza en el proceso de delimitación comporta una violación del derecho a la propiedad colectiva. En efecto, el reconocimiento estatal del territorio indígena y la delimitación de su área constituyen mecanismos de protección relevantes de las tierras indígenas... existe un claro incumplimiento de la ANT en su labor de delimitación del territorio de la comunidad indígena Yaguara II, Llanos del Yarí, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo. El resguardo fue constituido en el año de 1995, por lo que han transcurrido cerca de treinta años sin que el territorio haya sido debidamente delimitado.

 

DERECHO AL RETORNO Y A LA REPARACIÓN COLECTIVA-Implementación de planes concertados con autoridades y comunidades indígenas, para regresar al territorio ancestral

 

(...) la Sala considera urgente que la UARIV concerte con las autoridades indígenas un plan de retorno actualizado y un cronograma para la implementación de un plan integral de reparación colectiva que priorice las necesidades más urgentes de la comunidad, asegurando así la protección de sus derechos fundamentales colectivos.

 

CONFLICTO INTERÉTNICO-Competencia de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior

 

CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-Se incluyó a comunidad en el registro de comunidades indígenas

 

DERECHO AL TERRITORIO COLECTIVO DE COMUNIDAD INDIGENA-Alcance/DERECHO AL TERRITORIO COLECTIVO DE COMUNIDAD INDIGENA-Contenido

 

El territorio colectivo de las comunidades indígenas es un derecho fundamental, no solo por su importancia jurídica, sino por su valor cultural, espiritual y político para estos pueblos. La normativa internacional y constitucional reconoce que el territorio es esencial para la conservación de la identidad, la pervivencia y la autonomía de tales comunidades. Su carácter inalienable, imprescriptible e inembargable subraya la necesidad de una protección robusta, que garantice su manejo, preservación y restitución. Además, el Estado tiene el deber de adoptar medidas efectivas que aseguren el respeto y acceso a estos territorios por parte de las comunidades étnicas, con la finalidad de salvaguardar la integridad de los pueblos indígenas y su relación ancestral con la tierra.

 

DERECHO AL TERRITORIO COLECTIVO-Deberes del Estado

 

(...) el Estado se encuentra obligado a respetar el derecho al territorio y adoptar medidas para garantizar su acceso tanto formal como material y definir claramente el dominio comunitario. El ámbito de cobertura del derecho al territorio se subsume en los siguientes grupos: (i) Reconocimiento de la propiedad... (ii) Protección jurídica del territorio... (iii) Satisfacción del derecho a la consulta previa cuando se adopten decisiones relacionadas con el territorio.

 

PROTECCION, REPARACION Y GARANTIA DE NO REPETICION DE LOS DAÑOS OCASIONADOS A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS EN EL MARCO DEL CONFLICTO INTERNO-Deberes del Estado

 

El desplazamiento forzado causa graves violaciones de derechos fundamentales a las comunidades indígenas; no solamente afecta el proyecto de vida personal y comunitaria de sus integrantes, sino también el derecho a la identidad cultural del cual son titulares. En consecuencia, el retorno a sus territorios o, en su defecto, la reubicación, son derechos fundamentales de los pueblos indígenas debido a que estos materializan la estrecha relación entre aquellos con la tierra. En razón de lo anterior, el Estado tiene la obligación de garantizar que los procesos de reubicación o de retorno se lleven a cabo bajo los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad. La atención a las comunidades víctimas de desplazamiento demanda un esfuerzo coordinado de múltiples entidades, las cuales deben asegurar las condiciones adecuadas para el retorno o reubicación. Esto garantiza el restablecimiento de los derechos de las comunidades étnicas afectadas.

 

PROCESO DE RETORNO Y REUBICACION DE COMUNIDADES INDIGENAS DESPLAZADAS-Debe cumplir con los principios de seguridad, dignidad y voluntariedad

 

SISTEMA NACIONAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A VICTIMAS-Objetivos y Entidades que lo conforman, de acuerdo con la ley 1448 de 2011

 

RESTITUCION DE TIERRAS EN LEY DE REPARACION INTEGRAL A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO-Principios y reglas a que está sujeta

 

VICTIMAS Y RESTITUCION DE TIERRAS-Principio de enfoque diferencial

 

PROCESO DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS TERRITORIALES-Alcance, contenido y procedimiento con enfoque diferencial para comunidades indígenas

 

(...) el proceso de restitución de derechos territoriales es un mecanismo que tiene por objeto restablecer los derechos de los pueblos indígenas que han sido despojados de sus territorios o se han visto forzados a abandonarlos como consecuencia del conflicto armado. Está compuesto por una etapa administrativa y otra judicial; en dicha causa, participan varias entidades y los jueces especializados de restitución de tierras. El procedimiento responde a un enfoque diferencial, que reconoce la especial relación que los pueblos indígenas tienen con sus territorios, considerando aspectos culturales, espirituales y el principio de autonomía de estas comunidades.

 

DEBER DE ACATAR PROVIDENCIAS JUDICIALES Y PODERES DEL JUEZ PARA HACERLAS CUMPLIR-Jurisprudencia constitucional

 

PROCESO DE RESTITUCION DE TIERRAS-Tramite acaba cuando han sido cumplidas las órdenes de protección y restitución contenidas en la sentencia

 

PROGRAMAS DE REPARACION COLECTIVA-Objetivo

 

REPARACION INTEGRAL A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS-Contenido y alcance del Decreto ley 4633 de 2011

 

DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL POR DESPLAZAMIENTO FORZADO-Planes de reparación colectiva para comunidades indígenas víctimas del conflicto interno

 

El derecho a la reparación integral de las comunidades indígenas víctimas de desplazamiento forzado se sustenta en principios constitucionales. Las normas legales que desarrollan dichos preceptos ordenan la adopción de medidas que buscan garantizar la justicia y la restauración del tejido social de los pueblos indígenas. Las medidas de reparación están diseñadas para resarcir los daños sufridos y para asegurar la preservación de la cultura indígena, su dignidad y pervivencia. A través de los planes de reparación colectiva, el Estado tiene la obligación de acompañar a las comunidades indígenas en su proceso de reconstrucción. Así, tales herramientas buscan reconocer los derechos indígenas y fortalecer su autonomía. Finalmente, la implementación efectiva de estas medidas es esencial para promover una convivencia pacífica y el respeto por la diversidad étnica en el país.

 

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS-Funciones

 

TERRITORIO-Reglas relacionadas con su delimitación

 

DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL POR DESPLAZAMIENTO FORZADO-Deber de coordinación y articulación entre autoridades en la implementación del proceso de restitución de tierras

 

Falta de articulación y coordinación interestatal. A juicio de la Corte, esta articulación entre las autoridades estatales es indispensable dada la naturaleza compleja e interconectada de las órdenes que se emplean en los procesos de restitución. El artículo 26 de la Ley 1448 de 2011 insiste en la coordinación armónica entre las distintas entidades con competencia en la atención integral a las víctimas de desplazamiento forzado, para que trabajen de manera armónica y descentralizada, bajo el respeto de su autonomía. Esto es particularmente relevante cuando se requiere el concurso de varias entidades, tanto del orden nacional como territorial.

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Séptima de Revisión

 

SENTENCIA T-050 DE 2025

 

Referencia: Expediente T-10.156.300

 

Acción de tutela formulada por el Resguardo Indígena de Yaguara II, Llanos del Yarí, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo contra la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior y otros

 

Procedencia: Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia

 

Magistrada ponente:

Paola Andrea Meneses Mosquera

 

Bogotá, D.C., doce (12) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

 

La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por las magistradas Cristina Pardo Schlesinger y Paola Andrea Meneses Mosquera, quien la preside, así como por el magistrado José Fernando Reyes Cuartas, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha dictado la siguiente

 

SENTENCIA

 

En el trámite de revisión del fallo de segunda instancia, emitido por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia el 1° de marzo de 2024, que confirmó y adicionó las órdenes dictadas por la Sala Civil de Decisión Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá el 1° de agosto de 2023, en la cual se concedió la acción de tutela de la referencia.

 

 

I.    SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

 

La Sala Séptima de Revisión analizó la acción de tutela interpuesta por el Resguardo Indígena Yaguara II Llanos del Yarí, Pijao, Tucano y Piratapuyo, comunidad indígena que se vio obligada a abandonar su territorio, en calidad de víctimas de desplazamiento forzado. El resguardo pidió la protección de sus derechos fundamentales a la representación política, a la igualdad, al debido proceso y a la autonomía indígena. Solicitaron ordenar al Ministerio del Interior expedir el certificado de existencia y representación legal del resguardo para el año 2023 y que se ordenara a las autoridades competentes disponer de los recursos necesarios para garantizar el retorno de la comunidad a su territorio en condiciones de seguridad y de dignidad.

 

Después de comprobar el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, la Sala desarrolló consideraciones sobre el derecho de las comunidades indígenas al territorio colectivo, así como sobre el derecho al retorno y a la reparación integral de las comunidades indígenas víctimas de desplazamiento forzado. Adicionalmente, estudió las características del proceso de restitución de derechos territoriales de las víctimas pertenecientes a comunidades indígenas y los principales desafíos para garantizar el cumplimiento de las órdenes de los jueces de restitución de tierras.

 

Para resolver el caso concreto, la Sala realizó una contextualización sobre la situación que enfrenta en la actualidad el Resguardo indígena Yaguara II, Llanos del Yarí, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo. Seguidamente, determinó que se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado en relación con la pretensión de registro de la autoridad indígena ante el Ministerio del Interior y la consecuente expedición del certificado de existencia y representación de la comunidad. Por último, analizó la violación de los derechos fundamentales de la comunidad accionante respecto de las condiciones de seguridad y el retorno a su territorio. Concluyó que los derechos de la comunidad fueron violados por las entidades demandadas, debido a la falta de concertación e implementación efectiva del plan de retorno y el plan de reparación colectiva.

 

Con el propósito de resolver esta situación, la Sala dictó varias medidas de protección. Para garantizar el retorno de la comunidad al territorio en condiciones de seguridad, ordenó definir un plan de retorno actualizado y un cronograma para la implementación de un plan integral de reparación colectiva que priorice las necesidades más urgentes de la comunidad. Dichos planes deben ser concertados con la comunidad indígena y han de integrar medidas efectivas para la seguridad en el territorio de forma inmediata. Asimismo, ordenó finalizar con prontitud el procedimiento de delimitación del territorio del resguardo indígena de forma total y definitiva.

 

II.              ANTECEDENTES

 

1.                 La acción de tutela. El 17 de julio de 2023, Julián Rodrigo López Sánchez, gobernador del Resguardo Indígena de Yaguara II, Llanos del Yari, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo presentó acción de tutela contra la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior. Consideró que la accionada vulneró los derechos fundamentales de la comunidad a la representación política, a la igualdad, al debido proceso y a la autonomía indígena. Esto, porque el Ministerio no había expedido el certificado de existencia y representación legal del resguardo en 2023.

 

2.                 El gobernador manifestó que el resguardo está asentado históricamente en los municipios de San Vicente del Caguán (Caquetá), Macarena (Meta) y Calamar (San José del Guaviare). La comunidad fue víctima de desplazamiento forzado, por lo que se vieron obligados a abandonar el territorio que ocupaban, y actualmente están efectuando el proceso de retorno de forma voluntaria. En dicho proceso, han enfrentado las siguientes dificultades, que ponen en riesgo los derechos fundamentales de sus integrantes: algunas de sus necesidades básicas están insatisfechas, afrontan serios problemas de seguridad y las autoridades estatales no han incluido a la comunidad en algunos proyectos sociales que se desarrollan en el territorio. Actualmente, adelantan un proceso de restitución de derechos territoriales ante el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Florencia (Caquetá), en el que se han dictado varias medidas cautelares para la delimitación del territorio colectivo, pero estas no se han cumplido. Por lo anterior, el gobernador solicitó al juez constitucional que ordenara al Ministerio del Interior expedir el certificado de existencia y representación legal del resguardo y que se ordenara a las autoridades competentes[1] disponer de los recursos necesarios para garantizar su retorno al territorio en condiciones de seguridad.

 

1.     Hechos y pretensiones de la acción de tutela

 

3.                 Origen y formalización del resguardo. El gobernador de la comunidad explicó que el Resguardo Indígena de Yaguara II, Llanos del Yari, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo fue fundado entre los años 1964 y 1965, por familias pertenecientes al pueblo Pijao de la comunidad Yaguara. El grupo humano provenía del municipio de Chaparral (Tolima) y extendió su «territorio de origen Colonial, debido al conflicto armado en el sur del Tolima»[2]. A través de la Resolución n.° 10 del 22 de febrero de 1995, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) formalizó el resguardo.

 

4.                 Situación de desplazamiento forzado. Según el escrito de tutela, la comunidad permaneció «con relativa tranquilidad»[3] en el territorio donde se asentó hasta principios del año 2000. Entonces, se vio afectada por el conflicto armado, el cual produjo desapariciones forzadas y homicidios contra los miembros del resguardo. Por esta razón, los integrantes de la comunidad se desplazaron forzosamente a diversos municipios del país e, incluso, fuera de Colombia.

 

5.                 Ocupación del territorio por otra comunidad. Durante el periodo en que el resguardo tuvo que abandonar el territorio, este último fue ocupado por familias de la comunidad Nasa. En este lapso, dicha población fue reconocida institucionalmente por las autoridades estatales y tuvo acceso a los bienes del Resguardo Indígena de Yaguara II, Llanos del Yari, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo. Además, Parques Nacionales Naturales de Colombia tramitó una consulta previa para ampliar la zona de protección del Parque Nacional Natural Serranía del Chiribiquete en áreas que, presuntamente, estarían dentro del territorio del resguardo. A juicio del accionante, esto comprometió la integridad del territorio indígena por cuanto «pudo haber sucedido traslape del resguardo o de franjas o áreas de interés»[4] de la comunidad.

 

6.                 Retorno del resguardo. Luego del cese del conflicto armado, la comunidad accionante retornó a su territorio de origen y eligieron a sus autoridades indígenas conforme a sus costumbres, tradiciones, cultura y autonomía indígena. A través de la Resolución n.° 2017-145621 del 20 de noviembre de 2017, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) reconoció al grupo la calidad de víctima del conflicto armado.

 

7.                 Acciones judiciales por parte del resguardo. Según el escrito de tutela, debido a los graves hechos en contra de la comunidad, en el año 2017 las directivas del cabildo solicitaron la protección de sus derechos ante un Juez de Restitución de Tierras de Florencia. El conocimiento del proceso ha sido asumido por varios despachos judiciales, los cuales han expedido numerosas órdenes, dirigidas a diferentes entidades. Sin embargo, las autoridades no habrían obrado con la diligencia y prontitud en el cumplimiento de tales órdenes, lo que habría dificultado el retorno al territorio[5]. Por tal motivo, según indicó el gobernador indígena, muchas familias aún están fuera del territorio, ya que «los ranchos o malocas y chagras se deben hacer de cero»[6].

 

8.                 Medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP). El gobernador informó que la UNP dispuso medidas de protección personal y colectiva para varios líderes del resguardo. Sin embargo, no todas han sido cumplidas efectivamente. Debido al desplazamiento forzado, la comunidad habría sido fraccionada, por lo que, en la actualidad, se encuentra «en proceso de afianzamiento del tejido social»[7].

 

9.                 Inclusión en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). La comunidad accionante indicó que el municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá) está cobijado por los PDET, en virtud del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP. Para la ejecución de dichos programas de desarrollo, el municipio debe tener en cuenta a las comunidades indígenas asentadas en su jurisdicción y «sus iniciativas fundamentales», en especial, las destinadas a sanear su territorio y su tejido social, afectados como consecuencia del conflicto armado. Lo anterior puede hacerse a través de «consulta previa o por acuerdo directo con las comunidades».

 

10.            Exclusión de un proyecto por parte de un municipio. En relación con lo anterior, el gobernador indígena manifestó que en el municipio de San Vicente del Caguán (Florencia) existe un proyecto de instalación de paneles solares, que se desarrolló bajo la dirigencia del cabildo de la comunidad indígena accionante. Sin embargo, las autoridades municipales les manifestaron que no podían presentarse como aspirantes al proceso de contratación porque el resguardo se encuentra ubicado en tres departamentos diferentes. Esta razón fue argüida por las autoridades para excluir a la comunidad indígena de la implementación del proyecto, lo cual se interpreta en la demanda como una actuación discriminatoria y estigmatizante.

 

11.            La solicitud sobre el territorio del resguardo. El gobernador señaló que es necesario que los Ministerios de Agricultura y del Interior, las Gobernaciones de San José del Guaviare, Meta y Caquetá, y las Alcaldías de Calamar (San José del Guaviare), La Macarena (Meta) y San Vicente del Caguán (Caquetá) aclaren al resguardo si su territorio étnico está dentro de tales municipios o departamentos; o, por el contrario, manifiesten si «se rehúsan a tener contacto con nuestro territorio y, se haga un consenso para que cedan las porciones de estas áreas de tierras, a cualquiera de los tres Departamentos municipios concernidos»[8]. También, refirió que podría hacerse una consulta previa con la finalidad de que los indígenas resuelvan, de manera autónoma, en qué departamento consideran que debería hacer parte su territorio.

 

12.            Solicitud de medida provisional. Por último, el accionante indicó que, en el territorio de su resguardo, existe un alarmante proceso de deforestación, debido a que personas ajenas a la comunidad «han llegado a saquear y explotar irregularmente los recursos naturales»[9]. Esas mismas personas pretenderían apropiarse del territorio. Por esta razón, el grupo indígena estaría en peligro de extinción. En consecuencia, solicitó el decreto de una medida provisional, con la finalidad de preservar el tejido social, la vida de los integrantes de la comunidad, así como la conservación «de los recursos naturales y al territorio etnológico colectivo»[10].

 

13.            Pretensiones. En virtud de lo expuesto, solicitó al juez de tutela el amparo de los derechos fundamentales de su comunidad a la representación política, de petición, a la igualdad, al debido proceso y a la autonomía indígena. En concreto, pidió lo siguiente: (i) ordenar a la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior que expida el certificado de existencia y representación legal del resguardo; (ii) conceder medidas cautelares a favor de la comunidad, «tendientes a que se inicie el proceso de retorno de las familias indígenas»[11] que fueron desplazadas «y las demás medidas en la reconstrucción del tejido social y la protección efectiva a nuestros líderes, lideresas, mujeres, hombres, niños, ancianos y al territorio»[12]; y (iii) «disponer de todos los recursos económicos, financieros, presupuestales, técnicos y, humanos que demanda la reconstrucción del territorio a cargo de los ministerios, agencias, Gobernaciones del Caquetá y el Municipio de San Vicente del Caguán, Gobernación del Meta y alcaldía de Macarena, Gobernación de San José del Guaviare y el Municipio de Calamar Guaviare toda vez que el asentamiento etnológico multiétnico y cultural se asienta en estos tres departamentos y municipios respectivos»[13].

 

2.     Actuaciones procesales en sede de tutela

 

14.            Reparto de la acción de tutela. La acción de tutela fue asignada, por reparto, al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Florencia (Caquetá). El 17 de julio de 2023, ese despacho judicial decidió no asumir el conocimiento de la presente acción de tutela y dispuso remitir el expediente al Tribunal Superior de Bogotá. Argumentó que la demanda pretende la materialización efectiva de algunas de las órdenes dictadas por ese despacho y por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué (Tolima). Por lo tanto, consideró que el asunto debería ser fallado por su superior jerárquico[14].

 

15.            Auto que asumió conocimiento, decretó pruebas y negó la solicitud de medida cautelar[15]. El 19 de julio de 2023, la Sala Civil de Decisión Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá admitió la acción de tutela. La autoridad judicial vinculó al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Florencia (Caquetá), a los municipios de San Vicente del Caguán (Caquetá), La Macarena (Meta) y Calamar (Guaviare), a los departamentos de Caquetá, Meta y San José del Guaviare, a la UARIV, a la UNP, a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Procuraduría General de la Nación y a la Agencia Nacional de Tierras. Además, negó la solicitud de medida cautelar, al considerar que la solución de dicha petición corresponde al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Florencia (Caquetá). Esta decisión se basó en que, en criterio de la Sala Civil, dicha petición constituía el problema jurídico central del proceso que se surte ante la aludida autoridad judicial.

 

16.            Solicitud adicional, que presentó el gobernador del Resguardo después de la admisión de la demanda[16]. Luego del auto admisorio, el gobernador envió al a quo un documento a través del cual puso de presente el traslape del territorio de la comunidad con una zona de reserva que fue entregada a Parques Nacionales Naturales por parte del Ministerio de Ambiente. En el memorial, solicitó que se declarara la nulidad de la consulta previa efectuada a las familias Nasa, en el periodo en el cual su comunidad estuvo desplazada forzosamente. Igualmente, solicitó la nulidad de las Resoluciones n.° 1038 de 2013 y 1273 de 2014, expedidas por los Ministerios de Ambiente y del Interior, en las cuales se dispuso la ampliación del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete.

 

 

2.1.          Respuesta de las entidades accionadas y vinculadas

 

17.            Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Florencia (Caquetá)[17]. La autoridad informó que le correspondió decidir el proceso especial de restitución de derechos territoriales y la solicitud de medidas cautelares, actuaciones que fueron promovidas por la Unidad Administrativa de Gestión de Restitución de Tierras a favor del Resguardo Indígena de Yaguara II, Llanos del Yari, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo. Dicho proceso está radicado con los números 73001312100120170012100 y 730013121002201900071-01 (acumulado). Señaló que, en el marco de tales procesos, evidenció un conflicto intraétnico, ya que dos personas adujeron fungir como gobernadores del resguardo, por lo que el despacho judicial requirió al Ministerio del Interior para que activara la «ruta pertinente»[18]. El juzgado adujo que esta circunstancia, sumada a la falta de delimitación y clarificación de los linderos del territorio a cargo de la Agencia Nacional de Tierras, ha impedido el avance del trámite judicial. En el siguiente cuadro se reseñan las actuaciones judiciales que se han efectuado en el trámite del proceso de restitución de derechos territoriales, según lo indicó la autoridad judicial:

 

 

18.            Ministerio del Interior[21]. La cartera alegó la configuración del fenómeno de carencia actual de objeto por hecho superado, por cuanto, a través del oficio n.° 2023-2-002104-032286 del 24 de julio de 2023, remitió respuesta clara, concreta y precisa a la solicitud elevada por el accionante. Mediante aquella, refirió que no era posible registrar su cabildo ya que existía un conflicto interno de representatividad, que a la fecha no había tenido solución.

 

19.            Procuraduría General de la Nación[22]. El Ministerio Público solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela «con respecto a la Procuraduría»[23]. Informó que tiene conocimiento de la medida cautelar dictada por el juez de restitución de tierras, con respecto a la cual ha efectuado las siguientes actuaciones: (i) el 15 de febrero de 2021, adelantó una reunión con la Defensoría del Pueblo, la UARIV y el municipio de San Vicente del Caguán para hablar acerca del retorno de la comunidad indígena y la necesidad de articular a otros municipios y departamentos; (ii) el 24 de marzo del mismo año, se reunió con las entidades anteriores y con los municipios de Calamar y La Macarena, de acuerdo con lo previamente concertado; (iii) en el mes de septiembre, tuvo conocimiento del desplazamiento de algunos integrantes del resguardo al casco urbano de San Vicente del Caguán, asociado a un conflicto de representatividad entre los miembros de la comunidad; (iv) el 20 de diciembre de 2021, participó en una reunión cuyo objetivo era tratar el problema de representación al interior de la comunidad; (v) el 6 de junio de 2022, tuvo una reunión con el Ministerio del Interior para revisar qué acciones se habían tomado para resolver el conflicto y trazar una ruta de trabajo; y (vi) en abril de 2023, el Ministerio del Interior le informó que no ha habido registro de la autoridad del resguardo porque el problema persistía.

 

20.            Defensoría del Pueblo[24]. La entidad solicitó ser desvinculada de la acción de tutela, ya que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la accionante. Afirmó que el 15 de junio de 2022 se reunió con algunos miembros del resguardo, con la finalidad de «llevar a cabo una contextualización con las autoridades del resguardo Indígena Llanos del Yari Yaguara 2 de lo que pretenden solicitar para que se le restablezcan los derechos presuntamente vulnerados»[25].

 

21.            Gobernación del Meta[26]. La autoridad pidió ser desvinculada de la acción de tutela. En su criterio, las pretensiones deben ser ejecutadas por parte de los Ministerios del Interior y de Vivienda, la UARIV, y la Unidad de Restitución de Tierras.

 

22.            Gobernación del Guaviare[27]. La autoridad manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva debido a que las pretensiones de la acción de tutela se dirigen en contra de otras entidades. Argumentó que el territorio no está habitado actualmente por miembros del resguardo y que, en todo caso, le corresponde a la Alcaldía de Calamar destinar los recursos necesarios para garantizar la reconstrucción del territorio, en virtud del artículo 83 de la Ley 715 de 2001[28].

 

23.            Unidad de Restitución de Tierras[29]. La entidad relató algunas de las actuaciones efectuadas ante el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Florencia (Caquetá) e indicó que su gestión ha estado orientada a garantizar la restitución de derechos territoriales de la comunidad. Adujo que es preocupante el incumplimiento de las órdenes judiciales a cargo de la Agencia Nacional de Tierras, referentes a la delimitación del territorio. Refirió que lo expuesto ha fomentado el incremento de ocupantes no étnicos y el aumento de la deforestación. Por último, pidió ser desvinculada del presente proceso por carecer de legitimación en la causa por pasiva.

 

24.            Agencia Nacional de Tierras[30]. La autoridad pidió ser desvinculada del presente trámite por cuanto carece de legitimación en la causa por pasiva. Argumentó que los hechos demandados no versan sobre acciones u omisiones administrativas atribuibles a su entidad.

 

25.            Unidad Nacional de Protección[31]. La entidad precisó que ha implementado las medidas de protección otorgadas al resguardo accionante. Mencionó que no vulneró ningún derecho de la comunidad y solicitó su desvinculación del trámite.

 

26.            Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas[32]. La autoridad se limitó a solicitar la prórroga del plazo para contestar. En el expediente no se registra escrito posterior allegado por la entidad.

 

3.     Decisión de primera instancia de tutela, que luego fue declarada nula[33]

 

27.            Decisión. El 1° de agosto de 2023, la Sala Civil de Decisión Especializada en Restitución de tierras del Tribunal Superior de Bogotá amparó el derecho al debido proceso del resguardo indígena. En consecuencia, ordenó al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Florencia (Caquetá) que, en el término de 10 días, adoptara las medidas necesarias para integrar el contradictorio a los ocupantes que están identificados en el informe de caracterización de afectaciones y disponga la caracterización de los mismos. También ordenó conformar una mesa de trabajo de la que hagan parte, por lo menos, la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Restitución de Tierras y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con el fin de superar las diferencias presentadas en cuanto a áreas y linderos del territorio objeto del proceso de restitución de tierras del resguardo. Por último, dispuso evaluar la posibilidad de convocar un incidente para resolver controversias intra e interétnicas, en caso de que tales diferencias afecten el desarrollo normal del proceso[34].

 

28.            Consideraciones de la sentencia. El Tribunal consideró que el gobernador indígena tiene legitimación en la causa por activa porque en otras ocasiones ha fungido como representante del resguardo y por cuanto no se ha debatido su pertenencia al grupo indígena, en calidad de comunero. Argumentó que el proceso judicial de restitución y de medidas cautelares presenta mora debido a su complejidad. Sin embargo, la comunidad indígena no puede continuar a la espera de una actuación por parte de la Agencia Nacional de Tierras. Señaló que a esa entidad le corresponde el esclarecimiento de la existencia del territorio del resguardo y el deslinde de terrenos de dominio privado, pero no la extensión y delimitación de los linderos del territorio de la comunidad indígena. Indicó que el estudio de caracterización de afectaciones territoriales que fue anexado a la demanda del proceso ordinario identifica los predios de terceros, así como las comunidades étnicas y de cultura mayoritaria que ocupan el interior del territorio del resguardo. Por tal razón, afirmó que deben ser vinculados. Anotó que las imprecisiones en la conformación territorial de los resguardos no pueden ser trasladadas a las comunidades, «cuando existe una superación excesiva del término para decidir»[35]. La decisión fue impugnada por el gobernador indígena y por el juez de restitución de tierras.

 

3.1.          Impugnación

 

29.            Gobernador del Resguardo Indígena de Yaguara II, Llanos del Yari, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo[36]. Reiteró las pretensiones presentadas en el escrito de tutela. De un lado, puso de presente que no se vinculó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a Parques Nacionales Naturales y a las corporaciones es que hacen presencia en el territorio de su resguardo. Adujo que era menester su vinculación, por cuanto las autoridades ambientales practicaron una consulta previa que dio como resultado la ampliación del Parque Nacional Natural Chiribiquete y ocasionó un traslape con el territorio. De otro lado, expresó que el grupo que representa resolvió el conflicto de representatividad, pues, en el año 2022, el resguardo eligió su junta de gobierno, la cual se posesionó ante la Alcaldía de San Vicente del Caguán. La conformación de dicha junta no ha suscitado ningún reproche en la comunidad y, hasta la fecha, no ha sido impugnada. Con fundamento en lo anterior, justificó su desacuerdo frente a la postura del Ministerio del Interior. Asimismo, indicó que el Juzgado de Restitución de Tierras de Florencia no corrió traslado de la totalidad de documentos allegados en el marco del proceso de restitución de derechos territoriales que este lleva a cabo. Por último, reprochó las posturas de la Procuraduría General de la Nación, la Unidad Nacional de Víctimas y la Defensoría del Pueblo, al considerar que esas entidades deben ser garantes de sus derechos, y no pueden desatender su objeto misional.

 

30.            Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Florencia (Caquetá)[37]. La autoridad judicial solicitó revocar las órdenes dictadas en su contra y, en su lugar, negar el amparo solicitado o declarar la carencia actual de objeto por hecho superado. Indicó que no es posible hacer nuevamente un trámite judicial cuando existen decisiones debidamente ejecutoriadas. Afirmó que en el proceso obra un auto de requerimiento previo para apertura de incidente de desacato contra la Agencia Nacional de Tierras. Aseguró que, en contra de lo señalado por el Tribunal, conforme al artículo 85 de la Ley 160 de 1994[38] la mencionada agencia tiene la competencia para efectuar el proceso de clarificación, deslinde y delimitación del predio que constituye el territorio indígena. Finalmente, sostuvo que las pretensiones de la demanda no estaban dirigidas contra esa autoridad judicial, puesto que el accionante no argumentó cómo las providencias dictadas habían incurrido en yerros que viabilizaran la intervención del juez constitucional.

 

3.2.          Trámite que terminó en la declaratoria de nulidad de la decisión de primera instancia de tutela

 

31.            Auto que declaró la nulidad[39]. El 20 de noviembre de 2023, la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad del fallo dictado el 1° de agosto de 2023 por la Sala Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá. La Sala explicó que era necesario vincular al presente trámite al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a Parques Nacionales Naturales de Colombia y al Instituto Geográfico Agustín Codazzi. En su criterio, estas entidades podrían tener un interés en la solución del caso. En consecuencia, ordenó el regreso del expediente al Tribunal Superior de Bogotá para subsanar el trámite.

 

4.     Trámite realizado con posterioridad a la declaratoria de nulidad

 

32.            Auto de vinculación[40]. El 21 de noviembre de 2023, la Sala Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá ordenó la vinculación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Parques Nacionales Naturales de Colombia y del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. La Sala les otorgó el término de un (1) día para que ejercieran sus derechos de defensa y contradicción.

 

4.1.          Respuesta de las entidades vinculadas

 

33.            Parques Nacionales Naturales[41]. La entidad pidió ser desvinculada del proceso por cuanto carece de legitimación en la causa por pasiva. Expuso que el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete es un área protegida que forma parte del Sistema de Parques Naturales. Aquel fue ampliado a través de las Resoluciones n.° 1038 de 2013 y 1256 de 2018. Afirmó que en el año 2018 dicho parque fue declarado patrimonio mixto de la humanidad, dada su enorme relevancia para la preservación de la biodiversidad y por su importancia para los ecosistemas naturales del planeta. Recordó que en virtud del artículo 79 de la Constitución, el Estado tiene el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente. Por ese motivo, las áreas del sistema de parques naturales no pueden ser objeto de sustracción o cambio de destinación. Además, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

 

34.            La entidad explicó que, para llevar a cabo la primera ampliación del parque, en el año 2011 solicitó a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior certificar la presencia de grupos étnicos reconocidos en la posible zona de ampliación. Esa entidad certificó que los resguardos que habitan esa zona son: «Yaguara II, Mirití Paraná, Nonuya de Villazul, Aduche, Mesai, Monochoa, y Puerto Zabalo los Monos»[42]. De acuerdo con esa información, entre el 13 de diciembre de 2011 y el 18 de noviembre de 2012, se surtió la consulta previa y se protocolizaron acuerdos «con los resguardos Mirití Paraná, Nonuya de Villazul, Yaguara II, Aduche y Mesa»[43]. Luego, para la segunda ampliación del parque, la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior informó que en la zona de influencia estaban asentados los siguientes resguardos: «el resguardo de Itilla constituido a través de Resolución No. 018 de diciembre de 2001 y el resguardo de Llanos del Yarí - Yaguara II constituido a través de Resolución No. 010 del 22 de febrero de 1995»[44]. Indicó que la comunidad del resguardo Llanos del Yarí Yaguara II no estuvo «de acuerdo con el traslape del resguardo con área de ampliación del [p]arque»[45]. Por lo tanto, el parque no fue ampliado en el área que estaba ocupada por el mencionado resguardo. Argumentó que las anteriores determinaciones fueron adoptadas bajo los principios de razonabilidad, objetividad y proporcionalidad.

 

35.            Instituto Geográfico Agustín Codazzi[46]. La institución pidió ser desvinculada del proceso, ya que carece de legitimación en la causa por pasiva. Afirmó que, en virtud del Decreto 2363 de 2015, la Dirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras es la competente para llevar a cabo los procesos de titulación colectiva, constitución, ampliación, saneamiento y restructuración de resguardos indígenas. Manifestó estar en disposición de suministrar la información de índole cartográfica y catastral del territorio objeto del proceso de restitución de tierras.

 

5.     Decisiones objeto de revisión

 

5.1.          Sentencia de primera instancia de tutela[47]

 

36.            El 30 de noviembre de 2023, la Sala Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá amparó el derecho al debido proceso del resguardo indígena. Ordenó al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Florencia (Caquetá) que, en el término de 10 días, adoptara las medidas necesarias para integrar el contradictorio de los ocupantes que están identificados en el informe de caracterización de afectaciones y disponga la caracterización de los mismos. Dispuso la conformación de una mesa de trabajo integrada, por lo menos, por la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Restitución de Tierras y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con el fin de superar las diferencias presentadas en cuanto a áreas y linderos del territorio objeto del proceso de restitución de tierras del resguardo. Por último, dispuso evaluar la posibilidad de convocar un incidente, al interior del proceso judicial, para resolver controversias intra e interétnicas[48]. El Tribunal usó los mismos argumentos expuestos en la sentencia del 1° de agosto de 2023 (ver párr. 27 y 28)[49].

5.2.          Impugnación

 

37.            Dentro de la oportunidad legal, el gobernador del Resguardo Indígena de Yaguara II, Llanos del Yari, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo[50], y el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Florencia (Caquetá)[51] interpusieron recurso de impugnación. Reiteraron los argumentos presentados en los escritos contra la sentencia del 1° de agosto de 2023 (ver párr. 29 y 30), pero esta vez en relación con la sentencia del 30 de noviembre de 2023.

 

5.3.          Sentencia de segunda instancia de tutela[52]

 

38.            Decisión. El 1° de marzo de 2024, la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia revocó parcialmente la decisión de primera instancia. En su lugar, dictó las siguientes órdenes: (i) al Ministerio del Interior, que, dentro del término de seis (6) meses, resuelva sobre la inscripción de la autoridad indígena del resguardo, «sin perjuicio de los espacios de concertación y diálogo que deben promover y que no pueden trasladarse al incidente de controversias interétnicas que debe adelantarse al interior del proceso de restitución»[53]; (ii) a la Agencia Nacional de Tierras, al Instituto Geográfico Agustín Codazzi y a la Unidad de Restitución de Tierras, que, dentro del término de seis (6) meses, cumplan las órdenes dictadas en el marco del proceso de restitución de derechos territoriales de la comunidad indígena. Para tal efecto, deberán informar lo pertinente al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Florencia, así como a la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá; (iii) al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Florencia, que promoviera el incidente de controversias inter e intraétnicas con los insumos entregados por las entidades, en caso de que persista la situación de conflictividad; y (iv) a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación, que hagan el seguimiento debido al presente caso.

 

39.            Consideraciones sobre el certificado de existencia y representación del resguardo. La Sala de Casación encontró que el Ministerio del Interior tenía conocimiento desde el año 2022 sobre los problemas de representatividad del resguardo indígena. Recordó que, conforme al artículo 13 del Decreto 2893 de 2011, a esa entidad le corresponde «promover la resolución de conflictos de conformidad con los usos y costumbres de las comunidades indígenas y Rom». En tal sentido, concluyó que ese ministerio debía trazar una ruta de atención, proponer la agenda de acompañamiento y establecer el término perentorio para el cumplimiento de cada etapa.

 

40.            Consideraciones sobre el proceso de restitución de derechos territoriales. De igual forma, la Corte Suprema de Justicia concluyó que la juez de restitución de tierras no ha incurrido en mora judicial injustificada, pues los retrasos en la concreción de las órdenes dictadas conciernen a las entidades convocadas por aquella. Sin embargo, adujo que no existe discusión alguna sobre la titularidad de los derechos de propiedad colectiva de esta comunidad y la necesidad de ratificar las garantías que de él se derivan. Por lo tanto, el trámite de clarificación de resguardos indígenas que debe adelantar la ANT no riñe con el propósito del proceso de restitución de derechos territoriales.

 

41.            Consideraciones sobre la consulta previa para ampliar el Parque Natural Serranías de Chiribiquete. Por último, la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural consideró que este punto debe ser analizado y definido en el proceso especial de restitución de derechos territoriales, puesto que forma parte de las cuestiones centrales que deberán definirse en el marco de dicho asunto para ser resulto de fondo.

 

6.     Actuaciones adelantadas por la Corte Constitucional

 

42.            Auto de selección. El 30 de julio de 2024, la Sala de Selección de Tutelas Número Siete de esta Corporación seleccionó el presente asunto para ser sometido a trámite de revisión[54]. El 14 de agosto siguiente, la Secretaría General remitió el expediente al despacho de la magistrada sustanciadora, para lo de su competencia[55].

 

43.            Primer decreto oficioso de pruebas y vinculación procesal[56]. El 17 de septiembre de 2024, la magistrada sustanciadora decretó pruebas de oficio. Solicitó información relacionada con los siguientes asuntos: (i) estado del proceso de restitución de derechos territoriales y solicitud de medidas cautelares promovido en favor del Resguardo Indígena de Yaguara II, Llanos del Yarí, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo; (ii) situación de representatividad de dicha comunidad; (iii) estado del conflicto surgido sobre los límites y linderos respecto de su territorio de origen; (iv) aspectos relacionados con la seguridad de los miembros del resguardo; y (v) condiciones de retorno a su territorio de origen por parte de las personas que integran el resguardo demandante. En la misma providencia, vinculó a este trámite constitucional a la comunidad indígena Nasa que habita el territorio de San Vicente del Caguán (Caquetá) y al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República[57].

 

44.            Segundo decreto oficioso de pruebas y vinculación procesal. Con el propósito de contar con mayores elementos de juicio, mediante auto del 3 de octubre de 2024 la magistrada sustanciadora decretó pruebas de oficio. Solicitó información sobre los siguientes asuntos: el plan de retorno y de reparación colectiva de la comunidad indígena accionante, que debe concertarse con la UARIV; el plan de recuperación ambiental y de mitigación de la deforestación del territorio colectivo, a cargo de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonía), la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico (CDA), la Corporación Para El Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de la Macarena (Cormacarena) y el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega. En la misma decisión, vinculó a Corpoamazonía, CDA, Cormacarena y el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, a la Aeronáutica Civil y a la aerolínea Satena.

 

45.            Tercer auto de pruebas. El 7 de octubre de 2024, la suscrita magistrada decretó nuevas pruebas de oficio. Consideró pertinente indagar sobre la capacidad institucional de la Agencia Nacional de Tierras para dar cumplimiento a las órdenes relacionadas con la delimitación del territorio del mencionado resguardo.

 

46.            Respuestas recibidas en el recaudo probatorio. La mayor parte de las entidades oficiadas remitieron los informes solicitados por la magistrada sustanciadora. La información pertinente para la decisión de la controversia será detallada en el análisis del caso concreto. Además, todas las respuestas recibidas se incluirán al final de esta providencia como anexo.

 

III.           CONSIDERACIONES

 

1.     Competencia

 

47.            La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela dictados dentro del proceso de la referencia. Esto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

2.     Asunto objeto de revisión, problema jurídico y metodología de análisis

 

48.            Asunto por definir. El Resguardo Indígena Yaguara II Llanos del Yari, conformado por los pueblos Pijao, Tucano y Piratapuyo, es una comunidad víctima de desplazamiento forzado que desea retornar a su territorio de origen. El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Florencia (Caquetá) tiene a su cargo el proceso de restitución de derechos territoriales de esta comunidad. El proceso de retorno es complejo y problemático, debido a varias razones. Por una parte, a la fecha de presentación de la acción de tutela, el Ministerio del Interior no había expedido el certificado de existencia y representación legal del resguardo. Ello se debió, en buena parte, a los problemas de representatividad que se presentaron al interior de la comunidad. Por otra parte, el proceso de delimitación territorial no ha avanzado satisfactoriamente debido, entre otras razones, a la demora de la ANT en la gestión y a la presunta existencia de un traslape con el Parque Nacional Natural Serranía del Chiribiquete. Finalmente, el proceso de retorno conlleva dificultades importantes debido a diversas razones, entre las que sobresalen las condiciones de inseguridad que se presentan en el territorio, la deficiente articulación institucional y el incumplimiento, por parte de las autoridades públicas, de las órdenes que se han dictado para que dicho retorno se efectúe.

 

49.            Problema jurídico. Para dar solución a esta controversia, la Sala de Revisión encuentra necesario resolver el siguiente problema jurídico:

 

¿Las autoridades estatales encargadas de garantizar el proceso de retorno del Resguardo Indígena Yaguara II Llanos del Yari, conformado por los pueblos Pijao, Tucano y Piratapuyo, vulneraron los derechos fundamentales a la representación política, al gobierno propio, al territorio colectivo, al debido proceso, al retorno y a la reparación integral, al no avanzar de manera expedita en el proceso de delimitación de su territorio, al no remediar las falencias que se han presentado en la ejecución del plan de retorno y al no expedir el certificado de existencia y representación de la comunidad indígena?

 

50.            Metodología. Para resolver la controversia planteada, la Sala, en primer lugar, estudiará el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela. En caso afirmativo, abordará los siguientes asuntos: (i) el fundamento constitucional del derecho fundamental al territorio colectivo; (ii) el marco normativo del derecho al retorno de las comunidades indígenas víctimas de desplazamiento forzado; (iii) las reglas principales sobre el proceso judicial de restitución de tierras a favor de las comunidades indígenas; (iv) los principales desafíos para garantizar el cumplimiento de las órdenes de los jueces de restitución de tierras; y (v) el derecho a la reparación integral de las comunidades indígenas que fueron víctimas de desplazamiento forzado. Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala de Revisión procederá a resolver el caso concreto.

 

3.     Examen de procedibilidad de la acción de tutela

 

51.            Requisitos de la acción de tutela. El artículo 86 de la Constitución dispone que la acción de tutela es un mecanismo judicial subsidiario, residual, informal y autónomo, que tiene por objeto garantizar la «protección inmediata de los derechos fundamentales»[58] de las personas, por medio de un «procedimiento preferente y sumario»[59]. La disposición establece que, mediante este mecanismo, es posible reclamar ante las violaciones que ocurran como consecuencia de las actuaciones u omisiones de cualquier autoridad, así como también ante las amenazas que provengan de particulares. Para que sea procedente la acción, debe cumplir con los siguientes requisitos: legitimación en la causa por activa y por pasiva, inmediatez y subsidiariedad. A continuación, la Sala explicará el contenido de cada uno de estos requisitos y analizará su cumplimiento en el caso concreto.

 

3.1.          Legitimación en la causa por activa

 

52.             Fundamento normativo. El artículo 86 de la Constitución dispone que toda persona «tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces […], por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales»[60]. La jurisprudencia constitucional ha precisado que las comunidades indígenas son sujetos colectivos titulares de derechos fundamentales[61]. Atendiendo el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991, la Corte ha concluido que en su caso, en cumplimiento del requisito de legitimación activa, las acciones de tutela deben formularse por las siguientes personas o instituciones: (i) las autoridades ancestrales o tradicionales de la respectiva comunidad, de manera directa o por medio de apoderado[62]; (ii) los miembros de la comunidad[63]; (iii) las organizaciones creadas para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas[64]; y (iv) la Defensoría del Pueblo[65]. 

 

53.            La acción de tutela satisface el requisito de legitimación en la causa por activa. En el presente caso, la acción de amparo fue presentada inicialmente por el comunero Julián Rodrigo López Sánchez, en calidad de gobernador del Resguardo Indígena Yaguara II Llanos del Yarí, Pijao, Tucano y Piratapuyo. En esa misma calidad, el señor López Sánchez intervino durante el trámite de instancia del proceso de tutela, en defensa de los intereses de la comunidad. Además, en el expediente consta que esta persona ha actuado en su condición de gobernador ante diferentes autoridades públicas. Por ejemplo, en tal calidad presentó dos solicitudes ante el Ministerio del Interior, en mayo y junio de 2023, para obtener la expedición del certificado de representación legal.

 

54.            Algunos sujetos procesales hicieron alusión a un conflicto de representatividad al interior de la comunidad, lo cual pondría en entredicho la legitimidad del cargo que ocupa quien promovió la demanda bajo revisión. En cualquier caso, para el análisis del presente requisito, la Sala de Revisión observa que el señor López Sánchez ha actuado en calidad de gobernador del resguardo ante distintas instancias, a lo que se suma el hecho de que es un miembro de la comunidad indígena Yaguara II Llanos del Yarí, Pijao, Tucano y Piratapuyo. Esta última circunstancia es suficiente para concluir que, de conformidad con la jurisprudencia constitucional[66], goza de legitimación en la causa por activa para interponer la presente acción de tutela.

 

55.            Esta Corte ha reconocido que «tratándose de acciones de tutela promovidas para la protección de los derechos de comunidades indígenas, […] del carácter colectivo que ellos tienen, se desprenden reglas especiales de legitimación»[67]. En aplicación de estas reglas, los miembros individuales de los pueblos étnicos están legitimados para presentar acciones de tutela con el fin de perseguir la protección de los derechos de la comunidad. Al respecto, esta Corporación ha manifestado lo siguiente:

 

Frente a la legitimación en la causa por activa para interponer acciones de tutela en representación de comunidades étnicas, esta Corporación ha sostenido que “tanto los dirigentes como los miembros individuales de estas colectividades se encuentran legitimados para presentar la acción de tutela con el fin de perseguir la protección de los derechos de la comunidad, así como también lo pueden hacer las organizaciones creadas para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y la Defensoría del Pueblo, por lo cual se encuentran legitimados para actuar en esta causa”.

 

En este sentido, los miembros de las comunidades étnicas, individualmente considerados, se encuentran facultados para demandar el amparo de los derechos fundamentales que le asisten a la colectividad a la que pertenecen, por lo que, para declarar la procedencia de la acción de tutela en el caso concreto, basta con que los accionantes acrediten su calidad de miembros de alguna comunidad étnica[68] [énfasis añadido].

 

56.            En razón de lo anterior, la Sala de Revisión considera que Julián Rodrigo López Sánchez está legitimado para presentar la acción de tutela bajo revisión. 

 

3.2.          Legitimación en la causa por pasiva

 

57.            Fundamento normativo. Según este requisito, la acción de tutela debe ser interpuesta contra el sujeto presuntamente responsable de la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales o aquel llamado a resolver las pretensiones, sea este una autoridad pública o un particular^[69]. Tal exigencia se fundamenta en lo dispuesto en los artículos 13 y 42 del Decreto 2591 de 1991.

 

58.            En el presente caso existe legitimación en la causa por pasiva. En el siguiente cuadro se presentan las razones por las cuales cada una de las partes accionadas cumple con el requisito de legitimación en la causa por pasiva:

 

 

3.3.          Inmediatez

 

59.            Fundamento normativo. El artículo 86 de la Constitución dispone que la acción de tutela podrá interponerse «en todo momento y lugar», por lo que no es posible establecer un término de caducidad^[79]. Sin embargo, la acción no puede presentarse en cualquier tiempo[80] porque ello «desvirtuaría el propósito mismo de la tutela, el cual es permitir una protección urgente e inmediata de los derechos fundamentales»^[81]. En tal medida, el requisito de inmediatez exige que la tutela sea presentada en un «término razonable»^[82] respecto de la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a la presunta amenaza o vulneración de los derechos fundamentales[83]. El juez debe evaluar las particularidades fácticas y jurídicas de cada caso para determinar la razonabilidad del término[84].

 

60.            Esta Corporación también ha reconocido que en ciertos casos el requisito de inmediatez puede analizarse de forma más amplia o flexible, por ejemplo, en relación con grupos vulnerables de especial protección constitucional, como las minorías étnicas. Ello se debe a que la acción de tutela es el mecanismo judicial de protección más adecuado para la garantía de sus derechos como sujetos colectivos[85]. En esos escenarios, la Corte ha indicado que «aun si transcurrió un lapso de tiempo prolongado entre la ocurrencia del hecho y el ejercicio de la acción de tutela, el requisito de inmediatez se entiende superado cuando se demuestre que se mantiene la amenaza del derecho y las colectividades fueron diligentes en la búsqueda de protección»[86]. Al respecto, esta Corporación ha subrayado lo siguiente:

 

[N]o obstante el trascurso de un lapso prolongado entre la ocurrencia del hecho y el ejercicio de la acción de tutela, se entiende superada esta exigencia cuando se demuestre que: (i) la vulneración o amenaza de los derechos se mantiene o agrava en el tiempo, o recae sobre derechos imprescriptibles; y (ii) las colectividades indígenas o tribales fueron diligentes para solicitar la protección de sus derechos, verbigracia formularon derechos de petición, acciones judiciales o manifestaron ante las autoridades que los proyectos o medidas los afectaba, al punto que es necesario concertar con ellos[87].

 

61.            El caso concreto satisface el requisito de inmediatez. La acción de tutela se interpuso el 17 de julio de 2023 contra el Ministerio del Interior, para obtener la protección de los derechos fundamentales de la comunidad indígena Yugara II a la representación política, a la igualdad, al debido proceso y a la autonomía indígena. Una de las pretensiones principales de la acción de tutela está dirigida a que se ordene al Ministerio expedir el certificado de existencia y representación actualizado del resguardo indígena, en el cual conste cuáles son las autoridades de la comunidad registradas para el periodo del año 2023.

 

62.            Según consta en el expediente, el 23 de mayo de 2023 el señor Julián Rodrigo López Sánchez, en calidad de gobernador del resguardo indígena Yaguara II Llanos del Yarí, Pijao, Tucano y Piratapuyo, radicó ante el Ministerio del Interior una solicitud para que le fuera expedido el certificado de existencia y representación de la comunidad. Anexó el acta de la asamblea en la que fue elegido gobernador, que tiene fecha del 23 de febrero de 2023. Posteriormente, el 13 de junio de 2023 reiteró la solicitud ante el Ministerio a través de correo electrónico[88]. Por lo tanto, entre la última solicitud al Ministerio y la interposición de la acción de tutela transcurrió un mes, término que la Sala encuentra razonable.

 

63.            Adicionalmente, en la acción de tutela se incluyen pretensiones encaminadas a garantizar el retorno de la comunidad indígena a su territorio en condiciones de seguridad. Sobre el particular, el gobernador indígena expresó que desde 2016 están desarrollando acciones para retornar al territorio y que desde 2017 se adelanta un proceso de restitución de derechos territoriales, en el cual se han dictado medidas cautelares para que varias autoridades delimiten el territorio ancestral, acompañen el proceso de retorno y brinden medidas de seguridad. Esas órdenes no se habrían cumplido y, por el contrario, su tardanza habría suscitado nuevos problemas, como la deforestación del suelo por la colonización de actores no pertenecientes al grupo indígena. Por lo tanto, la solicitud de amparo tiene por objeto proteger el derecho fundamental a la seguridad del pueblo indígena Yaguara II frente a una amenaza que es actual y continua en el tiempo.

 

64.            Al analizar las circunstancias fácticas del presente caso, la Sala encuentra acreditado el cumplimiento del requisito de inmediatez, respecto de dicha pretensión. Esta conclusión encuentra asidero en tres premisas: (i) la situación de vulneración alegada por el pueblo Yaguara II es actual; (ii) se trata de sujetos de especial protección constitucional, que han sido víctimas de desplazamiento forzado; y (iii) se encuentra probado que la comunidad ha sido diligente en la reivindicación de sus derechos ante las autoridades que tienen competencia en estos asuntos. A continuación, se profundiza en estas razones.

 

65.            Primero, el gobernador indígena argumentó que la vulneración de los derechos de la comunidad es vigente, pues debilita el tejido social del pueblo Yaguara II, al punto de amenazar su subsistencia. Manifestó que, debido a la falta de expedición del certificado de existencia y representación por parte del Ministerio del Interior, el resguardo no puede realizar trámites oficiales ni acceder a programas y proyectos estatales de ayuda para la comunidad. Asimismo, el incumplimiento de las órdenes que ha dictado el juez de restitución de tierras obstaculiza seriamente el retorno de la comunidad al territorio. El gobernador señaló que, debido a la falta de gestión institucional, el resguardo carece actualmente de servicios esenciales como acueducto, energía eléctrica, comunicaciones, vías adecuadas, centro de salud y escuela con etnoeducadores, pista aérea, entre otras.

 

66.            Además, la falta de certeza sobre el territorio de la comunidad ha dado lugar a que personas ajenas lo invadan y realicen actividades de deforestación y a que persista la presencia de grupos armados ilegales. Lo anterior genera serios riesgos para los integrantes de la comunidad. De ello se sigue que la amenaza o vulneración de derechos que expone el resguardo indígena es continua en el tiempo y, de hecho, se ha visto agravada ante la falta de acción de las autoridades estatales.

 

67.            Segundo, el resguardo indígena Llanos del Yarí- Yaguara II ha sido reconocido como víctima del conflicto armado. Mediante resolución n.° 2017-145621 FSC-H6000000907, del 20 de noviembre de 2017, la UARIV la incluyó en el registro único de víctimas[89]. Por lo anterior, es claro que los accionantes son sujetos de especial protección constitucional, que se encuentran en una particular situación de desprotección y riesgo como desplazados y víctimas del conflicto armado.

 

68.            Tercero, existe evidencia que demuestra que el pueblo Yaguara II ha acudido a diversas acciones administrativas y judiciales para solicitar el reconocimiento de su territorio ancestral, con el fin de garantizar condiciones y planes efectivos de retorno. Desde 2017, se adelanta un proceso especial de restitución de derechos territoriales y solicitud de medidas cautelares, instaurado por la URT a favor de Resguardo Indígena Yaguara II Llanos del Yarí, Pijao, Tucano y Piratapuyo[90]. En el trámite de dicho proceso consta que la comunidad indígena ha intervenido de forma activa tanto para dar respuesta a los requerimientos de los jueces como para solicitar el seguimiento y cumplimiento de las órdenes de medidas cautelares dadas a diferentes entidades públicas, como la ANT. Los líderes de la comunidad han participado en reuniones, asambleas y mesas técnicas creadas en el marco del proceso[91].

 

69.            Al respecto, esta Corte ha sostenido que, «en aquellos casos en los cuales hay dilación injustificada en los procesos de titulación de tierras y reconocimiento de comunidades indígenas, puede configurarse una vulneración al derecho a la identidad étnica y cultural, la cual permanece en el tiempo por lo que el presupuesto de inmediatez, para la presentación de acciones de tutela, se entenderá satisfecho, al tratarse de una vulneración continuada en el tiempo»[92]. En este caso, se encuentra cumplido el requisito en cuestión debido al retraso que se ha producido en el cumplimiento de las órdenes para la delimitación del territorio del resguardo. Dicha tardanza ha conllevado una evidente violación de los derechos fundamentales de la comunidad.

 

70.            En definitiva, en tanto el propósito de la tutela es solventar un daño actual que estaría causando la vulneración continua de los derechos fundamentales de la comunidad indígena, en especial sobre sus derechos al territorio colectivo y a la preservación de su identidad étnica y cultural, la Sala encuentra superado el requisito de inmediatez. Esta conclusión encuentra sustento adicional en las circunstancias particulares del presente caso, pues se trata de sujetos de especial protección constitucional que se hallan en una situación particular de riesgo y que han demostrado ser diligentes ante las autoridades en la búsqueda de protección de sus derechos fundamentales.

 

3.4.          Subsidiariedad

 

71.            Fundamento normativo. Los artículos 86 de la Constitución y 6.1 del Decreto 2591 de 1991 prevén que la acción de tutela es excepcional y residual ―no alternativa― a los demás medios de defensa judicial^[93]. La acción de amparo solo procede en los dos siguientes supuestos: (i) cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial idóneo y efectivo, caso en el cual la acción de tutela se ejerce como mecanismo de protección definitivo; y (ii) cuando se interpone con el propósito de «evitar un perjuicio irremediable», supuesto en el cual la tutela procede como mecanismo transitorio. No obstante, este requisito debe evaluarse frente a cada caso concreto, por lo que, en determinadas circunstancias, ha de flexibilizarse en relación con sujetos de especial protección constitucional[94].

 

72.            La jurisprudencia unificada de la Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela «constituye, por regla general, el mecanismo idóneo y principal de protección de los derechos fundamentales de los que son titulares las comunidades indígenas cuando invocan la protección de su derecho a participar respecto de decisiones que tienen que ver con sus territorios o el derecho a la supervivencia»[95]. En razón de lo anterior, «el análisis de los requisitos de procedencia de las tutelas promovidas por los pueblos indígenas debe flexibilizarse»[96].

 

73.            Para la Corte Constitucional, esta flexibilización, que no implica una exoneración del requisito, es justificada[97] «porque está de por medio la salvaguarda de garantías de orden superior como la diversidad étnica y cultural de la Nación, la autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas y la consulta previa»[98]. De tal suerte, la aludida flexibilización del criterio de subsidiariedad aplicable al caso de las comunidades indígenas se fundamenta en las siguientes causas: «(i) [L]a discriminación histórica que han sufrido; (ii) las cargas excesivas que soportan las comunidades para el acceso a la administración de justicia derivadas de su ubicación geográfica, las condiciones socioeconómicas que enfrentan y las dificultades en el acceso a la asesoría jurídica y representación judicial; (iii) la caracterización de los pueblos indígenas como sujetos de especial protección constitucional; y (iv) la jurisprudencia constitucional como fuente principal de desarrollo de los derechos de tales colectividades»[99].

 

74.            En el presente asunto se cumple el requisito de subsidiariedad. Si bien se adelanta un proceso judicial para la restitución de los derechos territoriales de la comunidad indígena ante el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Florencia, este no es un medio idóneo y eficaz para dar respuesta a todas las pretensiones de la presente acción de tutela. Por un lado, la Sala encuentra que la alegada vulneración de derechos fundamentales escapa al ámbito de competencia del juez ordinario. La negativa del Ministerio del Interior de expedir el certificado de existencia y representación legal del Resguardo constituye un problema jurídico autónomo, que desborda el proceso de restitución.

 

75.            Por otro lado, la Sala evidencia que las competencias judiciales ordinarias con que cuenta el juez de restitución no son idóneas ni eficaces. Muestra de ello es que el juez ordinario ha dictado medidas cautelares, ordenando acciones para la delimitación del territorio y medidas de seguridad, pero estas no se han cumplido a pesar de los múltiples requerimientos que ha hecho para su seguimiento. La demora injustificada en el cumplimiento de dichas órdenes ha retrasado el avance del proceso judicial, que lleva más de siete años, y ha truncado la actuación de otras entidades, que deben fomentar la participación de la comunidad indígena en planes de atención y desarrollo. Así, dado que el incumplimiento de las órdenes de restitución está atado a la garantía de derechos fundamentales como el territorio colectivo, la reparación integral y el retorno, la Sala encuentra procedente la intervención del juez constitucional en este asunto específico, de manera definitiva. A ello cabe agregar que el proceso de amparo es particularmente propicio para la aplicación del enfoque diferencial étnico que debe ser empleado, a fin de tener en cuenta las particularidades culturales de la presente controversia. Por lo tanto, la acción de tutela es el único mecanismo con el que cuenta la comunidad indígena accionante para la protección de sus derechos.

 

76.            De igual manera, el resguardo solicita la declaratoria de la nulidad de las resoluciones que avalaron la consulta previa y que culminaron con la ampliación del territorio del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete en los años 2012 y 2018. Esta pretensión está sustentada en que la comunidad indígena no habría participado en el proceso de consulta previa, puesto que, para la fecha de la misma, estaban en situación de desplazamiento forzoso. En este caso, aunque la solicitud podría dirimirse a través de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la Sala considera que aquella es procedente por vía de tutela, puesto que el resguardo accionante reclama la protección de su derecho fundamental a ser consultado. Esta corporación ha señalado que no existe en el ordenamiento un mecanismo distinto a la acción de tutela para que los pueblos indígenas y tribales reclamen ante los jueces la protección inmediata de su derecho a ser consultados[100]. Por lo tanto, la acción de tutela es el mecanismo idóneo y eficaz para amparar el derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas.

 

77.            Con base en las razones expuestas, la presente acción de tutela supera los requisitos de procedibilidad, por lo que corresponde a la Sala de Revisión emitir un pronunciamiento de fondo. Para tal fin, se pronunciará sobre el derecho de las comunidades indígenas al territorio colectivo y el derecho al retorno de las comunidades indígenas víctimas de desplazamiento forzado, así como sobre los principales desafíos para garantizar el cumplimiento de las órdenes de los jueces de restitución de tierras y el derecho a la reparación integral de las comunidades indígenas que fueron víctimas de desplazamiento forzado. Con fundamento en estas consideraciones, la Sala resolverá el caso concreto.

 

4.     El derecho fundamental al territorio colectivo de las comunidades indígenas

 

78.            Fundamento normativo. De conformidad con los artículos 2°, 7°, 58 y 63 de la Constitución, así como los artículos 13 y 14 del Convenio 169 de la OIT, la Corte Constitucional ha concluido que las comunidades indígenas son sujetos colectivos que tienen derecho fundamental al territorio[101]. El reconocimiento de este derecho se fundamenta en la particular relación que establecen los grupos étnicos con la tierra, lo que incide hondamente en la determinación de su identidad cultural y en su vida misma. Para los pueblos indígenas, la tierra tiene una especial connotación cultural, política y religiosa, lo que justifica una protección jurídica especial[102]. Como consecuencia de ello, «los territorios indígenas son imprescriptibles, inalienables e inembargables»[103]. La anterior aserción se funda en el artículo 329 de la Constitución, precepto que establece que «[l]os resguardos son de propiedad colectiva y no enajenable». La disposición añade que dichos territorios pueden constituirse en entidades territoriales, y que su delimitación se realizará con la participación de las autoridades tradicionales.

 

79.            El reconocimiento del territorio indígena como derecho en el DIDH. Los artículos 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 23 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre prescriben la garantía del derecho a la propiedad. Estas normas, interpretadas a la luz del Convenio 169 de la OIT, reconocen el territorio como derecho fundamental, de acuerdo con el ordenamiento interamericano[104]. Particularmente, la Corte Interamericana ha determinado que la relación de las comunidades étnicas con la tierra no es solo una cuestión de posesión y de producción, sino que está estrechamente vinculada con sus tradiciones y expresiones culturales. Desde esa perspectiva, el territorio tiene una relación con la existencia de la comunidad, y la pertenencia de la tierra se centra en la comunidad, y no en el individuo[105].

 

80.            La jurisprudencia constitucional en la materia. Esta Corporación ha declarado que el concepto de territorio colectivo tiene una connotación amplia y distinta a la concepción ordinaria de la propiedad privada, acogida por el derecho civil[106]. Ello se debe, entre otras razones, a que su delimitación no se realiza en aplicación de las concepciones jurídicas tradicionales, asociadas a la demarcación de fronteras. Por el contrario, el concepto de propiedad colectiva es un concepto cultural, más que espacial[107]. Por esa razón, el reconocimiento de los territorios indígenas y la debida delimitación de sus áreas es de vital importancia para su protección jurídica[108].

 

81.            El ordenamiento jurídico colombiano. El Decreto Ley 4633 de 2011, «[p]or medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas», desarrolla los anteriores preceptos. La norma reconoce, en su artículo 9 que se transcribe enseguida, que el territorio de las comunidades indígenas es un derecho fundamental:

 

Derecho fundamental al territorio. El carácter inalienable, imprescriptible e inembargable de los derechos sobre las tierras comunales de grupos étnicos y las tierras de resguardo deberá orientar el proceso de restitución, devolución y retorno de los sujetos colectivos e individuales afectados. El goce efectivo del derecho colectivo de los pueblos indígenas sobre su territorio, en tanto la estrecha relación que estos mantienen con el mismo, garantiza su pervivencia física y cultural, la cual debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y el desarrollo autónomo de sus planes de vida.

 

82.            En aplicación de esta disposición, el derecho fundamental al territorio es un principio rector en los procesos de restitución de los pueblos indígenas que se adelantan en el país[109]. Según lo reconoce el decreto en cuestión, «para los pueblos indígenas el territorio es víctima, teniendo en cuenta su cosmovisión y el vínculo especial y colectivo que los une con la madre tierra»[110]. La reparación integral de los daños inferidos a este derecho «comprende el reconocimiento, la protección y la restitución de los derechos territoriales» y la adopción de medidas que «atiend[a]n a la especial relación colectiva y espiritual que tienen los pueblos indígenas con su territorio, por ser factor esencial para el equilibrio y la armonía con la naturaleza, la permanencia cultural y la pervivencia como pueblos»[111]. El territorio sufre daño cuando «es violado o profanado por el conflicto armado interno y sus factores vinculados y subyacentes»[112].

 

83.            Deberes del Estado. La Corte Constitucional ha establecido que el Estado se encuentra obligado a respetar el derecho al territorio y adoptar medidas para garantizar su acceso tanto formal como material y definir claramente el dominio comunitario[113]. El ámbito de cobertura del derecho al territorio se subsume en los siguientes grupos[114]:

 

(i)               Reconocimiento de la propiedad. El territorio se extiende sobre las tierras y recursos que los pueblos indígenas usan y sobre aquellas que poseyeron y de las cuales fueron despojados, con las cuales mantienen su relación especial. Los pueblos indígenas tienen el derecho a administrar, distribuir y controlar efectivamente su territorio ancestral, y el Estado está obligado al otorgamiento gratuito de tierras en extensión y calidad suficiente para la conservación y desarrollo de sus formas de vida.

 

(ii)             Protección jurídica del territorio. Esto implica el reconocimiento formal del derecho de dominio que ejercen las comunidades indígenas sobre sus territorios; la recuperación, el reconocimiento, la demarcación y el registro; el uso de mecanismos legales para aclarar la propiedad y protegerla como cualquier derecho a la propiedad; el uso de procedimientos efectivos para su titulación, atendiendo las características particulares del pueblo respectivo; el derecho a mecanismos especiales, rápidos y eficaces para solucionar los conflictos jurídicos existentes sobre el dominio de las tierras indígenas y la creación de mecanismos efectivos para la delimitación.

 

(iii)          Satisfacción del derecho a la consulta previa cuando se adopten decisiones relacionadas con el territorio. Es indispensable para adoptar cualquier decisión estatal que pueda afectar, modificar, reducir o extinguir los derechos de propiedad indígena. Esto, en tanto los afecta de forma directa.

 

84.            Conflictos relacionados con la propiedad colectiva. Esta Corporación ha indicado que el derecho a la propiedad colectiva comprende los siguientes aspectos: (i) el derecho a constituir resguardos en el territorio habitado por los pueblos indígenas, con fundamento en la noción de ancestralidad desarrollada por la Corte Interamericana[115]; y (ii) la protección contra actos de terceros, lo que implica contar con un plan de salvaguarda respecto de aquellas comunidades que se encuentran en riesgo[116]. En todo caso, la jurisprudencia constitucional entiende el derecho a la propiedad colectiva como un medio para garantizar la supervivencia y la integridad étnica de los pueblos indígenas[117]. Estos aspectos configuran las subreglas que debe tener en cuenta el juez constitucional para la intervención en los conflictos que surgen sobre la propiedad colectiva de los pueblos indígenas[118].

 

85.            Conclusión. El territorio colectivo de las comunidades indígenas es un derecho fundamental, no solo por su importancia jurídica, sino por su valor cultural, espiritual y político para estos pueblos. La normativa internacional y constitucional reconoce que el territorio es esencial para la conservación de la identidad, la pervivencia y la autonomía de tales comunidades. Su carácter inalienable, imprescriptible e inembargable subraya la necesidad de una protección robusta, que garantice su manejo, preservación y restitución. Además, el Estado tiene el deber de adoptar medidas efectivas que aseguren el respeto y acceso a estos territorios por parte de las comunidades étnicas, con la finalidad de salvaguardar la integridad de los pueblos indígenas y su relación ancestral con la tierra.

 

5.     El derecho al retorno de las comunidades indígenas víctimas de desplazamiento forzado

 

86.            El desplazamiento forzado de las comunidades indígenas. La Corte ha advertido que el desplazamiento forzado genera daños particulares en el caso de los grupos étnicamente diferenciados: además de los traumas que ocasiona individualmente a los integrantes de estas comunidades, provoca un perjuicio colectivo, que, de no conjurarse en debida forma, bien puede provocar la disolución de la comunidad y comprometer la conservación de su identidad cultural[119]. La Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004, sobre desplazamiento forzado, ha indicado que el conflicto armado amenaza con el exterminio cultural o físico a numerosos pueblos indígenas del país. Evidenció que el «amplísimo cúmulo documental que ha sido aportado a la Corte […] no deja duda alguna sobre la forma cruenta y sistemática en la que los pueblos indígenas de Colombia han sido victimizados por un conflicto al cual son completamente ajenos»[120]. Estas comunidades están especialmente expuestas por su situación ante la tierra. De hecho, la precariedad en la titulación de tierras «es un factor que facilita ampliamente el despojo y la invasión territorial; de esta manera, existe un entrelazamiento de los procesos de ampliación y saneamiento de resguardos con ciertos factores conexos al conflicto armado (presencia de actores armados, de cultivos ilícitos, o de actividades militares en zonas de ampliación)»[121].

 

87.            Obligación de los Estados. La jurisprudencia constitucional ha señalado que, con base en el artículo 9° de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos[122], documento aprobado por la Organización de las Naciones Unidas[123], «los Estados tienen la obligación específica de tomar medidas de protección contra los desplazamientos de pueblos indígenas, minorías, campesinos, pastores y otros grupos que experimentan una dependencia especial de su tierra o un apego particular a ella».

 

88.            Opciones de retorno o reubicación. El Estado tiene el deber de garantizar a las víctimas de desplazamiento forzado la posibilidad de elegir entre regresar a su territorio de origen y la alternativa de ser reubicadas en un territorio con características similares. El retorno es definido como el «regreso e integración de la población desplazada a la localidad de residencia o al lugar donde realizaba las actividades económicas habituales, es decir, es el regreso al lugar de residencia con el ánimo de permanecer en ella o el equivalente al entorno del municipio o vereda, de una persona u hogar que se hubiese desplazado por las circunstancias descritas en el artículo primero de la Ley 387 de 1997»[124]. La reubicación, por su parte, «es la decisión libre y voluntaria de la población desplazada a determinar un lugar distinto al habitual de residencia de donde fue desplazado, para iniciar su proceso de estabilización. Dicha reubicación puede ser rural o urbana»[125].

 

89.            El retorno de las comunidades indígenas. En el caso específico de las comunidades indígenas víctimas de desplazamiento, la Corte Constitucional ha establecido que el retorno forma parte de su derecho fundamental al territorio, debido a la estrecha vinculación que tienen con la tierra. De ahí que el Estado deba proceder en primer lugar a permitir el retorno y, solo en caso de no ser posible, proceder a su reubicación[126]. El artículo 142 del Decreto Ley 4633 de 2011 establece que el retorno a los territorios de origen de las comunidades indígenas «es la medida preferente de reparación de los derechos territoriales, salvo que el territorio o parte de él se encuentre degradado ambientalmente; bajo amenaza o riesgo inminente de inundación o desastre natural». En caso de dicha imposibilidad, «se evaluará y decidirá, previo consentimiento libre e informado entre la comunidad indígena y las entidades con competencia, las medidas alternativas a adoptar», como la reubicación de manera concertada, pero no pueden tratarse de una compensación meramente monetaria; «[e]n todo caso, las comunidades podrán regresar a sus territorios en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su reubicación, evento este en el cual deberán restituir al Estado el territorio que hubieren recibido con ocasión de su reubicación».

 

90.            Principios que deben atender las autoridades encargadas del retorno o reubicación. De igual manera, el acompañamiento institucional a retornos masivos de comunidades indígenas solo ocurrirá bajo condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad[127]. Lo anterior se sigue de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos[128] y de los Principios sobre la Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de los Refugiados y las Personas Desplazadas[129] de las Naciones Unidas. Tales principios han sido reiterados por la jurisprudencia de esta Corporación y han sido reconocidos y desarrollados a través de las leyes 387 de 1997 y 1448 de 2011. A continuación, se describe el alcance de los principios en cuestión:

 

·        Principio de voluntariedad. Es menester garantizar a las víctimas de desplazamiento forzado el derecho a elegir libremente la opción de regresar a su territorio de origen o a ser reubicados en un lugar distinto. En tal sentido, las autoridades no pueden obligar a las personas a tomar alguna determinación de retorno o reubicación[130]. A su vez, el Estado tiene el deber de suministrar información completa, objetiva, actualizada y exacta sobre las condiciones de seguridad[131] y sobre las posibilidades de acceder a los programas del restablecimiento socioeconómico, con la finalidad de garantizar una elección libre[132]. El artículo 24 de la Ley 2421 de 2024[133] dispone que «para los procesos de retorno y reubicación, las entidades competentes deberán garantizar las condiciones necesarias para que la decisión de retorno o reubicación de las víctimas se tome de manera voluntaria y con pleno conocimiento de las condiciones en que se encuentra el lugar de destino elegido».

 

·        Principio de seguridad. El retorno o reubicación debe estar precedido de un estudio sobre las condiciones de orden público del lugar al cual las personas víctimas de desplazamiento han de volver. Las autoridades deben advertir en forma clara, precisa y oportuna sobre el riesgo a quienes tengan el propósito de regresar o reubicarse[134]. También, deben garantizar la integridad física de las personas, así como su propiedad y sus modos de vida. Lo expuesto, a efectos de evitar que sean desplazados nuevamente[135]. El artículo 66 de la Ley 1448 de 2011 señala que «con el propósito de garantizar la atención integral a las personas víctimas de desplazamiento forzado que deciden voluntariamente retornar o reubicarse, bajo condiciones de seguridad favorables, estas procurarán permanecer en el sitio que hayan elegido para que el Estado garantice el goce efectivo de los derechos, a través del diseño de esquemas especiales de acompañamiento».

 

·        Principio de dignidad. Se traduce en el deber del Estado de ofrecer programas sociales que permitan el acceso a bienes y servicios orientados a la atención integral de las víctimas[136], en áreas como la salud, la educación, la vivienda, la seguridad alimentaria, el acceso a la propiedad de la tierra, la capacitación y organización social, entre otras. El artículo 17 de la Ley 387 de 1997 señala que el Gobierno debe promover acciones «con el propósito de generar condiciones de sostenibilidad económica y social para la población desplazada en el marco del retorno voluntario o el reasentamiento en otras zonas rurales o urbanas». De igual forma, el parágrafo 1° del artículo 66 de la Ley 1448 de 2011 establece que la UARIV debe adelantar las acciones pertinentes en estas materias, en coordinación con las distintas entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas. En otras palabras, se trata de que las personas víctimas de desplazamiento forzado puedan subsistir autónomamente[137].

 

91.            El Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. De lo anterior se sigue que los procesos de retorno o reubicación implican la labor de varias entidades del Estado, y no de una sola. Por tal razón, la Corte ha subrayado la importancia de contar con un «engranaje [institucional] que debe tener armonía en su funcionamiento»[138]. Conforme al artículo 161 de la Ley 1448 de 2011, uno de los objetivos del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas consiste en garantizar las medidas de asistencia que contribuyan a restablecer los derechos de las víctimas y brindar condiciones para una vida digna. En el siguiente cuadro, la Sala describirá las autoridades encargadas de garantizar el retorno o reubicación de las personas víctimas de desplazamiento forzado y relacionará las principales funciones de tales entidades:

 

 

92.            Conclusión. El desplazamiento forzado causa graves violaciones de derechos fundamentales a las comunidades indígenas; no solamente afecta el proyecto de vida personal y comunitaria de sus integrantes, sino también el derecho a la identidad cultural del cual son titulares. En consecuencia, el retorno a sus territorios o, en su defecto, la reubicación, son derechos fundamentales de los pueblos indígenas debido a que estos materializan la estrecha relación entre aquellos con la tierra. En razón de lo anterior, el Estado tiene la obligación de garantizar que los procesos de reubicación o de retorno se lleven a cabo bajo los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad. La atención a las comunidades víctimas de desplazamiento demanda un esfuerzo coordinado de múltiples entidades, las cuales deben asegurar las condiciones adecuadas para el retorno o reubicación. Esto garantiza el restablecimiento de los derechos de las comunidades étnicas afectadas.

 

 

6.     El proceso de restitución de derechos territoriales de las víctimas pertenecientes a comunidades indígenas

 

93.            Fundamento normativo. La Ley 1448 de 2011[142] dispuso un modelo mixto para el proceso de restitución de tierras. La primera etapa, de naturaleza administrativa, está a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras (URT), que está adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. La segunda, de carácter judicial, atañe a los jueces especializados en restitución de tierras. El Decreto Ley 4633 de 2011[143] contiene las normas especiales que deben observarse en los procesos de restitución de derechos territoriales a favor de las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas. A continuación, la Sala expondrá las principales etapas de este proceso y hará énfasis en las normas[144] de los grupos étnicos[145].

 

94.            Etapa administrativa. La fase administrativa constituye un requisito de procedibilidad de la acción judicial[146]. Durante aquella, la URT identifica física y jurídicamente los predios, determina el contexto de los hechos victimizantes, individualiza a las víctimas y a sus núcleos familiares, establece la relación jurídica de las víctimas con la tierra, y determina los hechos que dieron origen al despojo forzoso. Esta etapa inicia con la solicitud que presentan los propietarios, poseedores, ocupantes de predios, o los explotadores de baldíos ante la URT para que inscriba los predios objeto de la solicitud en el registro. La entidad informa del trámite de inscripción a quienes figuren oficialmente como propietarios, poseedores u ocupantes del predio que se pretende registrar, con la finalidad de permitirles acreditar su relación jurídica con este y su buena fe exenta de culpa[147]. Luego de esto, la URT cuenta con sesenta días para decidir sobre la inclusión del predio en el registro de tierras despojadas o abandonadas[148]. En caso afirmativo, las víctimas pueden dirigirse a los jueces especializados en restitución de tierras y formular la correspondiente demanda. La demanda también puede ser elevada por la URT, en representación de la víctima.

 

95.            Etapa judicial. Una vez realizada la inscripción en el registro de tierras, se inicia la etapa judicial, a cargo de los jueces especializados en restitución de tierras[149]. Desde que se admite la demanda, el proceso judicial —que es de única instancia— debería tramitarse, en principio, en un término máximo de cuatro meses[150]. Vencido el término, la autoridad judicial ha de dictar fallo. En el siguiente cuadro, la Sala describirá cada una de las etapas de este proceso, con base en las normas que lo rigen, tratándose de víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas.

 

 

96.            Resolución de controversias territoriales intra e interétnicas. El artículo 169 del Decreto Ley 4633 de 2011 establece que las controversias territoriales que se presenten al interior de las comunidades o entre comunidades del mismo pueblo deberán resolverse por sus autoridades, de acuerdo con sus normas y procedimientos. Sin embargo, en los artículos siguientes se prevé la posibilidad de que el juez de restitución abra un incidente de conciliación «para que partes resuelvan amigablemente sus diferencias». Dicho incidente resulta procedente en los siguientes casos: (i) cuando se hayan agotado o no sea posible adelantar los trámites internos para la solución de controversias, ya sea al interior de una comunidad o de un mismo pueblo, o entre varias comunidades pertenecientes a diferentes pueblos o grupos étnicos; y (ii) excepcionalmente, en caso de familias o integrantes de comunidades cuyo retorno o reubicación en su territorio no haya sido posible por impedimentos o decisiones de sus autoridades propias. Esto se tramitará en una sola audiencia, y no aplica lo previsto en las normas generales que regulan la conciliación.

 

97.            Conclusión. De lo anterior se concluye que el proceso de restitución de derechos territoriales es un mecanismo que tiene por objeto restablecer los derechos de los pueblos indígenas que han sido despojados de sus territorios o se han visto forzados a abandonarlos como consecuencia del conflicto armado. Está compuesto por una etapa administrativa y otra judicial; en dicha causa, participan varias entidades y los jueces especializados de restitución de tierras. El procedimiento responde a un enfoque diferencial, que reconoce la especial relación que los pueblos indígenas tienen con sus territorios, considerando aspectos culturales, espirituales y el principio de autonomía de estas comunidades.

 

7.     Los principales desafíos para garantizar el cumplimiento de las órdenes de los jueces de restitución de tierras

 

98.            Incumplimiento de las decisiones judiciales. Recientemente, la Corte Constitucional ha evidenciado un incumplimiento sistemático de las órdenes judiciales dictadas en los procesos de restitución de tierras[160]. Esto quebranta las promesas de reparación, reconciliación y paz duradera, que están previstas en el marco normativo que regulan la atención integral a las víctimas de desplazamiento forzado.

 

99.            Datos disponibles. En la Sentencia T-120 de 2004, la Sala Tercera de Revisión advirtió que no existen datos unificados respecto del incumplimiento de las decisiones dictadas por los jueces de restitución de tierras. Esta situación también fue evidenciada en el Auto 857 de 2022, cuando la Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004, sobre desplazamiento forzado, señaló la ausencia de indicadores sobre el cumplimiento de las sentencias de restitución de tierras, por lo que ordenó al Gobierno nacional formular un indicador complementario sobre el particular. Asimismo, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación no cuentan con la información relativa al número exacto de las órdenes cumplidas[161].

 

100.       La Corte encuentra que esta ausencia de datos consolidados obedece a la falta de coordinación y articulación entre las entidades responsables[162]. Particularmente, la UARIV y la URT presentan cifras distintas, entre las cuales se observan diferencias significativas. Por su importancia, a continuación, la Sala reproducirá un cuadro elaborado recientemente por la Sala Tercera de Revisión[163] en la cual se evidenciaron los siguientes resultados:

 

Cuadro elaborado por la Sala Tercera de Revisión en la Sentencia T-120 de 2024.

 

101.       Desafíos en el cumplimiento de las órdenes judiciales. Las cifras reflejan una problemática estructural, que se enmarca en el estado de cosas inconstitucional por desplazamiento forzado. En la Sentencia T-120 de 2024, distintas entidades alegaron múltiples fallas y desafíos en la etapa posterior al fallo en los procesos de restitución. Entre ellas, señalaron la insuficiencia de personal en los despachos judiciales y la falta de voluntad de algunas instituciones en su deber de garantizar y proteger los derechos de las víctimas, entre otros. A continuación, la Sala reiterará algunos de esos desafíos y evidenciará la existencia de otros, que fueron identificados en el expediente objeto de revisión, al considerarlos relevantes para la resolución del caso concreto[164]:

 

 

102.       Conclusión. De la exposición anterior, la Sala evidencia que los desafíos que enfrenta el cumplimiento de las órdenes judiciales en los procesos de restitución de tierras reflejan profundas dificultades estructurales, que van desde la falta de datos consolidados y la desarticulación entre entidades hasta la violencia en los territorios y la congestión en los despachos judiciales. Estas dificultades no solo comprometen la efectividad de los mecanismos de reparación, sino que también perpetúan la situación de vulnerabilidad de las víctimas. Por lo tanto, la Sala de Revisión llama la atención sobre la urgencia de fortalecer la capacidad institucional de las autoridades y la coordinación entre las entidades responsables, para garantizar el goce efectivo de los derechos de quienes han sido despojados de sus tierras.

 

8.      Derecho a la reparación integral de las comunidades indígenas que fueron víctimas de desplazamiento forzado

 

103.       Fundamento constitucional. La Corte ha señalado que el derecho a la reparación integral se deriva de los principios de la dignidad humana y el Estado social de derecho (artículo 1° de la Constitución); del mandato constitucional de protección de las personas, la efectividad de los derechos y el aseguramiento del orden justo (artículo 2°); del deber de proteger a las personas en debilidad manifiesta (artículo 13); del derecho de acceso a la administración de justicia (artículo 229); y del principio general del derecho de daños, según el cual quien causa un daño debe repararlo (artículo 230 de la Constitución)[173].

 

104.       Alcance del derecho a la reparación integral. Esta Corporación ha indicado que el derecho a la reparación integral impone al Estado los siguientes deberes: (i) la obligación de esclarecer lo sucedido; (ii) la obligación de investigar, procesar y sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos; (iii) la obligación de reparar a las víctimas, tanto judicial como administrativamente y (iv) la obligación «de garantizar y facilitar el acceso efectivo de las víctimas a estas diferentes vías»[174]. Así, la reparación integral incluye, además de la restitución y la compensación, una serie de medidas como la rehabilitación, la satisfacción y garantías de no repetición[175]. Estas medidas tienen también un enfoque en su dimensión colectiva, según se ilustra a continuación.

 

105.       Dimensiones de la reparación integral colectiva. Este derecho puede ser materializado a través de dos maneras, principalmente: (i) a través de medidas de satisfacción; y (ii) medidas de carácter simbólico. A continuación, se explica cada una de ellas:

 

·        Medidas de satisfacción. Aquellas están orientadas a proporcionar bienestar y mitigar el dolor de las víctimas, restableciendo su dignidad y dando a conocer —siempre que las víctimas lo consientan— la ocurrencia de los hechos victimizantes. Así, por ejemplo, pueden diseñarse medidas para que no continúen las violaciones, verificar los hechos, en tanto no genere más daños o amenace la seguridad de las personas, una disculpa pública, entre otras[176].

 

·        Medidas de carácter simbólico. Se encuentran definidas en el artículo 8° de la Ley 795 de 2005. Son aquellas que se realizan «a favor de las víctimas o de la comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, el perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas». Asimismo, el artículo 141 de la Ley 1448 de 2011 las define como «toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, la solicitud de perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas».

 

106.       Los programas de reparación colectiva. El Estado tiene la obligación de implementar un programa institucional de reparación colectiva para promover los derechos de las personas afectadas por la violencia, así como también reconocer y dignificar a las víctimas[177]. El artículo 151 de la Ley 1448 de 2011 prevé que la UARIV deberá incorporar el Programa de Reparación Colectiva e incluir a los sujetos étnicos afectados en el marco del conflicto armado interno. El objetivo de los programas de reparación colectiva no es otro que lograr que las víctimas sean reconocidas, dignificadas; sus proyectos de vida colectivos, reconstruidos, y que se restablezca la presencia del Estado en las zonas afectadas para garantizar una convivencia pacífica y lograr «que las víctimas se sientas reparadas»[178]

 

107.       Planes de reparación colectiva de los pueblos indígenas. El artículo 133 del Decreto Ley 4633 de 2011 establece que el Plan Integral de Reparaciones Colectivas para Pueblos y Comunidades Indígenas es un instrumento técnico a cargo de la UARIV, a través del cual se consultan con las autoridades indígenas las medidas de reparación colectiva construidas por los pueblos y comunidades que hayan sufrido daños. Este instrumento deberá tener en cuenta la «Ley de Origen, la Ley Natural, Derecho Mayor, Derecho Propio y cosmovisión de cada pueblo y comunidad indígena que será reparado». Por lo anterior, la participación de las víctimas indígenas es transversal.

 

108.       Objetivos y contenido de los planes de reparación colectiva. De acuerdo con el mencionado decreto, los planes de reparación colectiva de los pueblos indígenas persiguen varios fines, entre los que sobresalen los siguientes: (i) identificar los daños y afectaciones colectivas de las comunidades indígenas; (ii) contribuir de manera transformadora a la recuperación de las condiciones, capacidades y oportunidades de desarrollo personal y colectivo; (iii) implementar medidas para la protección efectiva de la diversidad étnica y cultural de los pueblos y comunidades afectadas, así como de las necesidades especiales de sus integrantes según su edad, discapacidad y otras condiciones de vulnerabilidad específica; (iv) garantizar la pervivencia física y la permanencia cultural de los pueblos y comunidades indígenas; (v) diseñar e implementar medidas de reparación integral tendientes a garantizar atención preferencial a las personas de especial protección constitucional; y (vi) definir las obligaciones, roles y competencias de las diferentes instancias del Estado en los niveles nacional y territorial para el diseño, ejecución y seguimiento de las medidas. Por consiguiente, los planes integrales de reparación deberán contener la identificación de las autoridades indígenas, las medidas de reparación integral colectiva, los recursos y los responsables de la ejecución de las medidas, los tiempos de ejecución y los mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación.

 

109.       Conclusión. El derecho a la reparación integral de las comunidades indígenas víctimas de desplazamiento forzado se sustenta en principios constitucionales. Las normas legales que desarrollan dichos preceptos ordenan la adopción de medidas que buscan garantizar la justicia y la restauración del tejido social de los pueblos indígenas. Las medidas de reparación están diseñadas para resarcir los daños sufridos y para asegurar la preservación de la cultura indígena, su dignidad y pervivencia. A través de los planes de reparación colectiva, el Estado tiene la obligación de acompañar a las comunidades indígenas en su proceso de reconstrucción. Así, tales herramientas buscan reconocer los derechos indígenas y fortalecer su autonomía. Finalmente, la implementación efectiva de estas medidas es esencial para promover una convivencia pacífica y el respeto por la diversidad étnica en el país.

 

9.      Solución al caso concreto

 

110.       Metodología. A continuación, la Sala efectuará el estudio del caso concreto. Para tal efecto, en primer lugar, hará una contextualización de la situación del Resguardo indígena Yaguara II, Llanos del Yarí, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo. Posteriormente, analizará la alegada violación de los derechos fundamentales de la comunidad accionante.

 

9.1.          Caracterización de la comunidad indígena Yaguara II, Llanos del Yari, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo

 

111.       Origen del resguardo. El Resguardo Indígena Yaguara II está conformado por varias familias pertenecientes a los pueblos Pijao, Tucano y Piratapuyo. Fue reconocido formalmente por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) el 22 de febrero de 1995 sobre 146.500 hectáreas de terreno baldío, las cuales están ubicadas entre los municipios de San Vicente del Caguán (Caquetá), La Macarena (Meta) y Calamar (Guaviare)[179]. En principio, este resguardo fue creado para beneficiar a 38 familias integradas por 169 personas[180]. Se trata, quizás, del único caso de colonización indígena dirigida por parte del Estado[181].

 

112.       El desplazamiento forzado. En la primera década de este siglo, el resguardo fue víctima de desplazamiento forzado, a raíz del conflicto armado. Las investigaciones realizadas sobre el particular indican que el desplazamiento ocurrió debido a que la comunidad estaba ubicada en un corredor biológico de gran importancia entre la Amazonía y los Andes, el cual también era un corredor importante de narcotráfico. Por tal razón, algunos actores armados ilegales buscaron el control territorial de la zona[182]. En dicho lugar se asentaron algunas familias de la etnia Nasa, las cuales también habían sido desplazadas de su territorio de origen como consecuencia del conflicto armado[183].

 

113.       Víctimas del conflicto armado. El resguardo indígena Llanos del Yarí- Yaguara II fue reconocido como víctima del conflicto armado. Mediante la resolución n.° 2017-145621 FSC-H6000000907, del 20 de noviembre de 2017, la UARIV incluyó a este grupo colectivo en el Registro Único de Víctimas[184]. La entidad argumentó que la fuerte presencia de los distintos actores armados en su territorio acarreó que la población civil fuera sometida a graves hostilidades. Especialmente, reconoció que «el orden público se perturbaba con las diferentes dinámicas de guerra que implementaban dichos actores, lo que genera hechos victimizantes sobre la población civil, como el desplazamiento forzado, entre otros»[185]. De igual forma, indicó que los integrantes del pueblo Yaguara II han sufrido «violaciones graves y manifiestas a los derechos individuales de sus miembros. Situación que ha afectado la estabilidad del colectivo»[186] y ha tenido repercusiones en la armonía y equilibrio en el territorio. Además, expuso la vulneración de derechos colectivos de la comunidad como el derecho al territorio, el derecho a la integridad cultural, el derecho a la autonomía y el derecho a la consulta previa.

 

114.       La actualidad del resguardo. En la actualidad, el territorio del Resguardo Indígena Yaguara II, Llanos del Yarí, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo forma parte del Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas que lleva la URT, lo que lo protege de cualquier enajenación. El mencionado resguardo ha intentado recuperar la posesión y dominio de diferentes maneras. Sin embargo, este objetivo se ha visto truncado debido a la presencia de grupos ilegales conocidos como disidencias de las extintas FARC; a lo que se ha sumado la «falta de acompañamiento de entidades del [E]stado de una manera más efectiva»[187]. El territorio, además, enfrenta conflictos socioambientales debido al enfrentamiento bélico, al cultivo de sustancias ilícitas, a la tala de árboles, entre otras causas[188].

 

9.2.          Análisis de la presunta vulneración de los derechos fundamentales del Resguardo Indígena Yaguara II, Llanos del Yari, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo

 

115.       Una vez expuesto el contexto en que se encuentra la comunidad indígena, la Sala procederá a evaluar la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la representación política, al gobierno propio, al territorio colectivo, al debido proceso, al retorno y a la reparación integral colectiva. Dicho examen se llevará a cabo con fundamento en la información recaudada por la Corte y que reposa en el expediente.

 

116.       Para tal efecto, en primer lugar, la Sala de Revisión se referirá al alegado conflicto de representatividad al interior de la comunidad; frente a dicha pretensión de la acción de tutela se ha configurado una carencia actual de objeto. Segundo, analizará la situación de seguridad dentro del territorio del resguardo. Tercero, abordará el estado actual del procedimiento de delimitación del territorio de la comunidad indígena. Por último, estudiará el plan de retorno y el plan integral de reparación colectiva del resguardo. Para estudiar estos puntos, se referirá al cumplimiento de las órdenes adoptadas en el marco del proceso de restitución de derechos territoriales que adelanta esa comunidad.

 

9.2.1.   La configuración de la carencia actual de objeto en relación con la pretensión de registro de la autoridad indígena ante el Ministerio del Interior y la expedición del correspondiente certificado

 

117.       El concepto de carencia actual de objeto[189]. Antes de abordar el conflicto de representatividad que se presentaría en la comunidad indígena, la Sala de Revisión encuentra necesario hacer una breve alusión a la carencia actual de objeto. Lo anterior, por cuanto dicho fenómeno procesal se encuentra configurado en relación con la expedición del certificado de existencia y representación legal. Conforme al artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela tiene el propósito de garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos se hallen amenazados o vulnerados por la acción u omisión de una autoridad pública o de un particular. En esta medida, la intervención del juez constitucional pretende hacer cesar la situación lesiva y, de este modo, asegurar la protección cierta y efectiva de los derechos fundamentales^[190]. No obstante, la jurisprudencia constitucional ha establecido que en caso de que, al momento de fallar, se advierta que la acción u omisión que dio origen a la pretensión ha cesado, el pronunciamiento del juez de tutela se torna improcedente, pues carece de objeto. La jurisprudencia ha agrupado estos casos bajo la categoría de «carencia actual de objeto»^[191].

 

118.       Modalidades en las que se presenta la carencia actual de objeto. La Corte ha identificado tres categorías, que agrupan las diversas manifestaciones del fenómeno procesal en cuestión. Primero, el hecho superado[192], que ocurre cuando se presenta el cese de la vulneración o amenaza al derecho fundamental cuya protección se invoca, como consecuencia de la conducta voluntaria de la parte accionada durante el trámite de la acción de tutela^[193]. Segundo, el daño consumado, que se presenta cuando «la amenaza o la vulneración del derecho fundamental han producido el perjuicio que se pretendía evitar con la acción de tutela»^[194] y no es factible que el juez de tutela imparta una orden para retrotraer la situación^[195]. Tercero, el hecho sobreviniente^[196], que se produce cuando ocurre una variación de los hechos que originaron la acción en virtud de la cual cesa la situación que había dado lugar a la alegada violación de los derechos fundamentales del accionante^[197]. Este último supuesto corresponde a una categoría amplia en la cual se incluyen las situaciones que no encajan en el daño consumado o en el hecho superado^[198].

 

119.       Configuración de la carencia actual de objeto por hecho superado en el caso concreto. Una de las pretensiones principales de la presente acción de tutela estaba dirigida a que se ordenara al Ministerio del Interior expedir el certificado de existencia y representación del Resguardo Indígena de Yaguara II, Llanos del Yari, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo. De conformidad con el material probatorio recaudado, durante el trámite de la acción de tutela, la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior expidió un certificado formal a la comunidad en el que consta las autoridades tradicionales que fueron registradas para el periodo del año 2023. Con posterioridad, se expidió un certificado actualizado en el que se da constancia sobre las autoridades tradicionales registradas para el periodo de 2024. Debido a que la pretensión fue satisfecha por la acción de la entidad accionada, la Sala concluye que se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado. A continuación, se analizan en detalle estas circunstancias.

 

120.       El conflicto de representatividad al interior de la comunidad. Según lo informado por el Ministerio del Interior, no había sido posible inscribir a las autoridades tradicionales en el registro que lleva la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías debido a la existencia de un conflicto de representatividad al interior del resguardo. No obstante, debido a que dicho conflicto fue resuelto por la comunidad, tal entidad expidió el certificado de existencia y representación. Esta información ha sido corroborada tanto por la Procuraduría General de la Nación (PGN) como por el actual gobernador de la comunidad indígena. Vale la pena resaltar que dicha actuación no se efectuó en cumplimiento de una orden judicial. Es una determinación que adoptó el ministerio de manera voluntaria, en cumplimiento de sus competencias constitucionales y legales. Ello explica que, respecto de esta pretensión, se hubiere configurado la carencia actual de objeto por hecho superado.

 

121.       Material probatorio recaudado en sede de revisión. Tanto la PGN[199] como el Ministerio del Interior informaron a la Corte que la comunidad accionante llegó a un acuerdo sobre el conflicto de representatividad que ocurrió en 2022. Ambas autoridades anexaron el acta de una reunión realizada el 26 de septiembre de 2023, en la que consta dicho acuerdo. También allegaron un certificado expedido por el Ministerio del Interior en octubre de 2023, en el que constan cuáles son las autoridades del resguardo que fueron registradas para el periodo del año 2023.

 

122.       Circunstancias que demuestran que el conflicto de representatividad al interior de la comunidad fue resuelto. El resguardo acordó la elección de sus autoridades tradicionales a través de «la mesa de diálogo que adelantó el Ministerio del Interior, la Alcaldía Municipal de San Vicente del Caguán y la Personería municipal de San Vicente del Caguán con el resguardo indígena Llanos del Yarí – Yaguara II el 26 de septiembre de 2023»[200]. En el acta de la reunión se evidencia que la mesa fue instalada por el Ministerio del Interior con el fin de que el resguardo estableciera un diálogo genuino «para superar de forma amistosa las diferencias»[201], al interior del resguardo. El documento evidencia que la comunidad tenía la intención de resolver dicha situación para «poder tener acceso a los beneficios […] y mejorar las condiciones de habitabilidad del resguardo […] reiterando que necesitan ayuda por parte de las entidades estatales para hacer el plan retorno»[202]. El Ministerio del Interior informó que el acuerdo se produjo en un espacio de articulación institucional, en el cual actuó en calidad de mediador.

 

123.       Según consta en el acta, el acuerdo consistió en nombrar de forma unánime a Julián Rodrigo López como gobernador del cabildo para el periodo del año 2023. Se convino su posesión inmediata ante la Alcaldía de San Vicente del Caguán y el posterior registro ante el Ministerio del Interior. Asimismo, la comunidad indígena pactó que el gobernador convocaría a una próxima asamblea para «elegir la nueva junta directiva que gobernará durante el año 2024, para lo cual debe asegurarse que las invitaciones sean [enviadas] a todos los comuneros, estén dentro o fuera del resguardo por motivos de desplazamiento»[203]. Se convino, igualmente, «que cada año debe gobernar una persona perteneciente a cada comunidad»[204]. Por último, el resguardo solicitó al Ministerio del Interior servir como garante de lo pactado. Se dejó por escrito que «la comunidad agradece la presencia del Ministerio del Interior y la confianza que tuvieron en este espacio y solicitan que por favor no los vuelvan a abandonar porque hay muchos actores externos que están ingresando al resguardo»[205].

 

124.       Circunstancias que demuestran que la pretensión de tutela sobre la certificación de las autoridades indígenas se encuentra satisfecha. Dentro del material probatorio, obra una certificación del 11 de octubre de 2023, expedida por el coordinador del Grupo de Investigación, Registro y Apoyo al Cumplimiento de Sentencias de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior[206]. En dicho documento se «hace constar que […] se encuentra inscrito el señor JULIÁN RODRIGO LÓPEZ SÁNCHEZ […] en el cargo de GOBERNADOR del CABILDO INDÍGENA del RESGUARDO INDÍGENA LLANOS DEL YARÍ – YAGUARÁ II, según Acta de elección del 26 de septiembre de 2023 y Acta de Posesión emitida por la Alcaldía Municipal de San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá, con fecha del 26 de septiembre de 2023; para el periodo de gobierno que finaliza el 31 de diciembre de 2023»[207].

 

125.       También, obra en el expediente un certificado con fecha del 3 de octubre de 2024, en la cual se hace constar que «se encuentra registrado el señor﴾a﴿ CAMILO ANDREZ CANO SANCHEZ […] en el cargo de Gobernador﴾a﴿ del cabildo del resguardo indígena LLANOS DE YARI YAGUARA II, según Acta de elección o asamblea general de fecha 13 de Diciembre de 2023 y con acta de posesión de fecha 17 de Enero de 2024, suscrita por la Alcaldía Municipal de LA MACARENA del departamento META, para el período del 1 de Enero de 2024 al 31 de Diciembre de 2024»[208].

 

126.       La anterior información concuerda con lo expresado por el señor Camilo Andrés Cano Sánchez, actual gobernador del Resguardo Indígena de Yaguara II, Llanos del Yari, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo[209].

 

127.       Conclusión. Con base en la información anteriormente descrita, la Sala concluye que el Ministerio del Interior efectuó el registro de las autoridades del Resguardo Indígena Yaguara II, Llanos del Yari, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo y emitió el certificado en el que se acredita tal información. La actuación administrativa se materializó luego de que la comunidad indígena, con el acompañamiento del Ministerio del Interior, hubiese dirimido el conflicto de representatividad que se presentaba. En el expediente está debidamente probado que se han expedido certificados sobre el registro de las autoridades tradicionales de la comunidad indígena accionante para los periodos de 2023 y 2024[210]. Por lo expuesto, la Sala determina que se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, pues la pretensión de la acción de tutela se encuentra satisfecha, como consecuencia de la conducta voluntaria de la parte accionada.  

 

128.       Para finiquitar esta cuestión, la Sala encuentra necesario resaltar que la comunidad indígena ha insistido en la necesidad de contar con el acompañamiento del Ministerio del Interior para garantizar el cumplimiento de los acuerdos. Así consta en el acta de la mesa de diálogo del 26 de septiembre de 2023; además, esta misma solicitud fue reiterada a esta Corporación por el actual gobernador indígena, en la respuesta al auto de pruebas.

 

129.       Por lo tanto, además de declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, la Sala ordenará a la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior brindar acompañamiento a la comunidad indígena para la elección de las nuevas juntas de gobierno hasta que se complete satisfactoriamente su retorno al territorio. Esto último, con la finalidad de evitar un nuevo conflicto de representatividad y el surgimiento de obstáculos en los procesos de retorno y de reparación colectiva.

 

9.2.2.   La falta de seguridad en el territorio del resguardo pone en riesgo el derecho al retorno y a la vida en condiciones dignas de los habitantes del resguardo

 

130.       El informe de la Fuerza Pública[211]. Con base en la información allegada, la Sala constata que existen graves problemas de seguridad en el territorio de la comunidad Indígena Yaguara II, Llanos del Yarí, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo. El comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega de las Fuerzas Armadas informó que en la zona operan dos Grupos Armados Organizados (GAO) y que, aunque la unidad militar ha contrarrestado su accionar delictivo —a través de varios operativos como sobrevuelos, tareas de estabilidad y tareas defensivas—, se presentan dificultades para el ingreso al área. Hizo énfasis en la presencia de población civil que se autodenomina Guardia Campesina, que exige el retiro de las Fuerzas Armadas de ciertas zonas del territorio. En ese contexto, desde 2017 la Defensoría del Pueblo ha emitido cuatro alertas tempranas sobre el territorio en el que se asienta el resguardo. Esta misma situación ha sido argüida por la ANT como una de las causas que han impedido la culminación del proceso de delimitación del territorio del resguardo.

 

131.       El informe de la UNP. Por su parte, la UNP manifestó que el resguardo indígena accionante es beneficiario del programa de prevención y protección de esa entidad. En 2020, el juez de restitución de tierras ordenó a la UNP la creación de una ruta de protección colectiva con enfoque étnico diferencial para garantizar la vida, integridad y libertad de la comunidad. En cumplimiento de dicha orden se realizó una primera valoración que arrojó que la comunidad se encontraba en situación de riesgo extraordinario. Actualmente, está en curso una nueva valoración en etapa de recolección y análisis de la información.

 

132.       Los graves problemas de seguridad. La Sala evidencia que los graves problemas de seguridad dentro del territorio del Resguardo Indígena Yaguara II, Llanos del Yarí, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo han imposibilitado el retorno de la comunidad en condiciones dignas. Varias de las órdenes dictadas por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Florencia (Caquetá) no han sido cumplidas, como la delimitación del territorio y la instalación de vallas de demarcación del territorio, a cargo de la ANT, así como la concertación e implementación del plan de retorno, a cargo de la UARIV. Según dichas entidades, su incumplimiento obedece, en buena parte, a la falta de condiciones de seguridad dentro del territorio. Asimismo, las directivas del resguardo han manifestado su preocupación por la presencia de actores armados ilegales dentro de su territorio. Por su parte, las medidas de protección dictadas por la UNP se han limitado a la entrega de elementos de apoyo como motocicletas, radios, colchones, linternas, carpas, morrales y otros. Estos elementos son abiertamente insuficientes para contrarrestar el riesgo al que está sometido la comunidad indígena, pues no solucionan la problemática de seguridad descrita que enfrenta. Tampoco se evidenció que las entidades trabajen actualmente un plan concreto de seguridad de mayor alcance.

 

133.       La necesidad de garantizar la seguridad en el territorio del resguardo. Por lo anterior, resulta urgente que el Estado garantice de manera permanente e inmediata las condiciones de seguridad al interior del territorio del resguardo. Al respecto, la Sala de Revisión observa que, si bien ese territorio aún no está completamente delimitado, como se expondrá más adelante existen ciertas zonas en las cuales es posible garantizar de manera mínima un retorno en condiciones seguras. Tales zonas son aquellas que están actualmente habitadas por miembros de la comunidad del resguardo, así como aquellas sobre las cuales no existe ninguna disputa sobre su pertenencia a la comunidad[212], en tanto no se relacionan con el área de un posible traslape.

 

134.       Orden al Ministerio de Defensa. Con el objetivo de dar solución al problema de seguridad que enfrenta la comunidad, la Sala ordenará al Ministerio de Defensa, entidad oficiada en el trámite de tutela[213], que, dentro del mes siguiente a la notificación de esta providencia, formule, apoye y haga seguimiento a un plan de orden público sectorizado, en la zona anteriormente referida, que garantice los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad y a la seguridad personal de los integrantes del pueblo indígena[214]. Dicho plan debe ser concertado con las autoridades indígenas y debe satisfacer el requisito de aceptabilidad cultural, por lo que ha de ser respetuoso de la cosmovisión de la comunidad, sin que ello suponga una mengua en las condiciones de seguridad. Dicho plan deberá ser puesto en marcha inmediatamente por las entidades del sector defensa que determine la cartera ministerial.

 

135.       Orden a la Fuerza Pública. A su vez, y previo acuerdo con las directivas del resguardo, ordenará que, dentro del mes siguiente a la notificación de esta providencia, el Comando Central de las Fuerzas Militares, en coordinación con la UARIV y la UNP, elabore un protocolo de seguridad específico para garantizar las condiciones de seguridad dentro del territorio del resguardo. Conforme al artículo 219 del Decreto 4800 de 2011[215], la Fuerza Pública tiene la obligación de evaluar las condiciones de seguridad de las zonas del territorio de retorno, como sucede en este caso. Dicho protocolo deberá garantizar la seguridad, no solo de los integrantes de la comunidad, sino también de los funcionarios que deban hacer visitas de campo para el cumplimiento de las órdenes del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Florencia (Caquetá). Además, deberá estar orientado a la garantía progresiva del derecho a la seguridad dentro de todo el territorio del resguardo en el menor tiempo posible. Dicho protocolo deberá formar parte del plan de retorno que está a cargo de la UARIV.

 

136.       Orden a la UNP. La Sala también ordenará a la UNP que, en el término de quince (15) días siguientes a la notificación de esta providencia, culmine el estudio de seguridad e implemente las medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad del resguardo. Para esto, la entidad deberá concertar su implementación con la comunidad indígena y coordinar lo propio con las Fuerzas Militares. Dichas medidas deberán ser incluidas en el plan de retorno.

 

9.2.3.   La falta de delimitación del territorio colectivo del resguardo vulnera el derecho fundamental a la propiedad colectiva

 

137.       La problemática sobre la delimitación del territorio. De acuerdo con las normas aplicables en la materia, la ANT es la autoridad encargada de delimitar el territorio colectivo del Resguardo Indígena Yaguara II, Llanos del Yarí, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo, que fue adjudicado a través de la Resolución n°. 10 de 1995 por el Incora. Esta orden aún no ha sido cumplida en su totalidad, puesto que algunas zonas no han sido identificadas y existe un presunto traslape con el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete. Según la ANT, el incumplimiento obedecería a los problemas de seguridad que existen en la zona, al difícil acceso a algunas áreas dentro del territorio y a la falta de información geográfica y catastral en las bases de datos del IGAC, sobre «los topónimos descritos en la redacción técnica de la resolución de constitución»[216].

 

138.       Evaluación sobre el estado de la problemática. La tardanza en el proceso de delimitación comporta una violación del derecho a la propiedad colectiva. En efecto, el reconocimiento estatal del territorio indígena y la delimitación de su área constituyen mecanismos de protección relevantes de las tierras indígenas[217]. Esta Corporación ha explicado que, cuando exista un resguardo indígena debidamente constituido, cuyos linderos no estén plenamente identificados, «el Estado tiene la obligación de verificar cuáles son los linderos y, en caso de que no se encuentren delimitados, debe fijarlos para determinar si se presenta traslape»[218]. Esta obligación corresponde principalmente a la ANT como «máxima autoridad de las tierras de la Nación»[219], que tiene dentro de sus funciones «[e]jecutar el plan de atención a las comunidades étnicas, a través de programas de titulación colectiva, constitución, ampliación, saneamiento y reestructuración de resguardos indígenas, adquisición, expropiación de tierras y mejoras» (artículo 4.26 del Decreto 2363 de 2015).

 

139.       En el presente caso, existe un claro incumplimiento de la ANT en su labor de delimitación del territorio de la comunidad indígena Yaguara II, Llanos del Yarí, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo. El resguardo fue constituido en el año de 1995, por lo que han transcurrido cerca de treinta años sin que el territorio haya sido debidamente delimitado. De acuerdo con las pruebas recaudadas, la ANT no ha hecho avances importantes en la materia, a pesar de que se le han impartido órdenes al respecto desde 2017, en el marco del proceso de restitución de derechos territoriales. En criterio de la Sala, dicha situación no tiene justificación, en tanto la entidad no demostró que exista un plan de acción concreto para llevar a cabo la tarea de delimitación, sino que se limitó a referir los problemas de seguridad en la zona y las diferencias que existen entre los métodos de medición cartográfica que utiliza la ANT y los que dispone el IGAC. La parálisis institucional, además de generar una violación del derecho a la propiedad colectiva de la comunidad indígena, pone en riesgo su supervivencia misma.

 

140.       El resguardo indígena accionante es víctima de desplazamiento forzado y ha reivindicado con diligencia sus derechos en el marco de los procedimientos administrativos y judiciales para solicitar el reconocimiento de su territorio. A pesar de que ha transcurrido un significativo lapso de tiempo y pese a la intervención de varias autoridades judiciales, la ANT no ha avanzado en la delimitación de su territorio ni ha dispuesto medidas significativas para dicho objetivo. Por lo tanto, la Corte reiterará la orden, dictada por el juez de restitución de tierras, a la ANT para delimitar el territorio colectivo del resguardo, e impondrá un término máximo de seis meses para su cumplimiento, luego de que finalice el término para que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural expida un plan de mejora que permita solucionar el bloqueo institucional de la ANT, como se expondrá en seguida. La cartera ministerial, como cabeza del sector agropecuario garantizará el cumplimiento de la mencionada orden[220]. Asimismo, establecerá órdenes adicionales para garantizar la articulación institucional que permita la efectiva delimitación del territorio en el término dispuesto. A continuación, la Sala desarrollará dichas medidas adicionales.

 

(i)               Las problemáticas estructurales de la ANT

 

141.       El bloqueo institucional que se presenta en la ANT. La Sala de Revisión constata dos graves síntomas del marasmo institucional que ocurre en la entidad: (i) no existen cifras sobre el nivel de cumplimiento actual de los procedimientos que desarrolla; y (ii) la entidad no lleva a cabo auditorías sobre el particular. El incumplimiento de las funciones de la ANT en el presente caso no es una situación aislada. La Corte ha identificado gravísimas falencias en el desempeño institucional de la ANT, particularmente en la atención a las comunidades étnicas y en la gestión de baldíos. La Sala Plena ha concluido que en la entidad existe un «bloqueo institucional inconstitucional»[221], caracterizado por la prolongada inobservancia de términos procesales, omisiones en respuestas a solicitudes y excesivos periodos de inactividad procesal[222]. De forma reiterada, esta Corporación ha emitido órdenes para que la ANT mejore sus procesos y cumpla más eficazmente con sus obligaciones constitucionales y legales. No obstante, las demoras injustificadas subsisten, y suelen dar lugar, como ha ocurrido en esta oportunidad, a nuevas violaciones de derechos fundamentales de las comunidades indígenas.

 

142.       El siguiente cuadro detalla algunos de los retrasos y deficiencias en la labor de la ANT, que han sido identificados por esta Corporación:

 

 

143.       Con base en la información expuesta, la Sala concluye que la Agencia Nacional de Tierras presenta un serio bloqueo institucional, que se erige en causa de graves violaciones de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas. Lo anterior se evidencia en el incumplimiento reiterado de sus funciones relativas a la delimitación y titulación de dichos territorios. Esta conducta institucional contraviene los estándares de protección constitucional para los derechos de los pueblos indígenas y, consecuentemente, compromete la supervivencia integral de estas comunidades.

 

144.       La situación de incumplimiento sistemático por parte de la Agencia Nacional de Tierras en sus funciones, que se reitera en el presente caso, amerita una revisión exhaustiva de sus procedimientos y capacidades operativas. Por lo tanto, la Sala ordenará al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, despacho al que está adscrita la ANT[229], que dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de esta providencia, evalúe la capacidad institucional de la agencia, con el fin de diseñar e implementar un plan de mejora que garantice la superación del marasmo institucional que presenta la entidad[230]. El referido plan de mejora debe garantizar que los procedimientos internos de la ANT sean adecuados para la protección de los derechos de pueblos indígenas.

 

(ii)             La necesidad de articulación de varias entidades del Estado

 

145.       El concurso de varias entidades del Estado. Ahora bien, en el presente caso, el proceso de delimitación del resguardo exige el concurso de varias entidades del Estado. A pesar de que la orden de delimitación está dirigida a la ANT, los problemas de acceso al territorio y falta de información del IGAC, así como el presunto traslape con un área protegida demandan la intervención de varias autoridades. Por tal razón, la articulación institucional es fundamental para materializar el derecho al territorio de la comunidad indígena accionante. A continuación, la Sala evaluará esta situación.

 

146.       Los problemas técnicos sobre la delimitación del territorio. Según se ha dicho, el Resguardo Indígena Yaguara II, Llanos del Yarí, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo fue constituido mediante la Resolución n°. 10 de 1995 del Incora. En dicho acto, la autoridad administrativa fijó los linderos del resguardo[231]. Para tal efecto, se apoyó en el plano n°. 198428, elaborado en junio de 1978. De acuerdo con la ANT, estos insumos no reflejan la ubicación precisa del resguardo, pues «la representación gráfica del plano no dimensiona con claridad la sinuosidad detallada de los linderos definidos por las aguas divisorias»[232]. El plano estaría desplazado aproximadamente 1800 metros al norte y 1300 metros al occidente. Esto se explicaría por el desconocimiento de la entidad sobre la información técnica usada para la delimitación de los linderos, la ausencia de información hidrográfica en los insumos cartográficos, la metodología empleada en la cartografía de la época y a la escala utilizada (base IGAC 1:200.000)[233].

 

147.       La necesidad de vincular al IGAC en la mesa de trabajo. Debido a que la tarea de delimitación del resguardo está incompleta, la ANT vinculó al IGAC con la finalidad de que aquella institución suministrara la información catastral requerida, para definir el concepto y ubicación de la línea divisoria de aguas que está descrita en la Resolución n°. 10 del 22 de febrero de 1995. Sin embargo, el apoyo técnico por parte del IGAC ha sido insuficiente, por lo que no ha sido posible identificar aún algunos topónimos ni dar claridad a la delimitación del resguardo[234]. Su participación se ha restringido a la expedición de los conceptos solicitados por la ANT y a «apoyar técnicamente […] con la entrega de insumos»[235].

 

148.       La participación del IGAC en el proceso de delimitación. A juicio de la Sala, la participación del IGAC en las mesas de trabajo que tienen como objeto delimitar el territorio del resguardo indígena es fundamental para brindar información relevante y concretar metodologías de carácter técnico. Así lo evidencia también el informe de la mesa técnica elaborado en el 2024 por la ANT, la URT y Parques Nacionales Naturales. Además, los artículos 5° del Decreto 1953 de 2014[236] y 150.2 del Decreto 4633 de 2011[237] exigen la participación directa del IGAC en los procesos de delimitación. Dicha entidad es la autoridad geográfica y catastral del país. Por tal razón, dadas las circunstancias del caso concreto y dada la falta de información geográfica y catastral que alegó la ANT, la Corte concluye que la participación del IGAC es indispensable y ordenará su vinculación a la mesa de trabajo.

 

(iii)          El traslape entre el territorio del resguardo y el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete

 

149.       El traslape territorial. Los documentos allegados por la ANT dan cuenta de la posible existencia de un traslape entre el territorio colectivo y el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete. Según el informe de la mesa técnica entre la URT, ANT y Parques Nacionales Naturales, dicha sobreposición abarcaría cerca de 2.893 hectáreas[238]. Aunque Parques Nacionales Naturales argumenta que el traslape obedecería a meras discrepancias cartográficas, por lo que aquel no se presentaría de manera física, la ANT manifestó su desacuerdo con dicha aserción. La discrepancia se funda en el hecho de que los métodos utilizados para determinar las distancias y las coordenadas de los linderos en cada territorio y por cada entidad fueron diferentes. De tal suerte, no existe certeza sobre el aludido traslape con el Parque Natural Serranía de Chiribiquete. Por este motivo, la Sala de Revisión considera necesario ordenar una articulación institucional entre las entidades convocadas a la mesa de trabajo y el IGAC para unificar los métodos utilizados y ajustar los linderos con base en la tecnología actual y disponible por parte de tales instituciones.

 

150.       Las consultas previas de los años 2012 y 2018. En todo caso, la Sala advierte que el procedimiento de delimitación territorial debe tener en cuenta las consultas previas adelantadas en los años 2012 y 2018. En la primera de ellas, aunque Parques Nacionales Naturales argumenta que la comunidad indígena habría aceptado la ampliación del Parque Natural Serranía del Chiribiquete, lo cierto es que esto no acarreó el traslape con el territorio del colectivo indígena, pues la única preocupación manifestada por el resguardo era la poca posibilidad de ampliación del su territorio[239]. En el año 2018, el resguardo manifestó explícitamente el deseo de que su territorio no estuviera traslapado con el del Parque Natural Serranía de Chiribiquete. La autoridad ambiental decidió respetar la decisión del resguardo, por lo que excluyó de la ampliación el territorio perteneciente al Resguardo Indígena Yaguara II, Llanos del Yarí, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo. Por lo anterior, la Sala concluye que el área protegida del Parque Natural Serranía de Chiribiquete no puede abarcar, de ningún modo, parte del territorio colectivo que corresponde al resguardo. De esta forma, la delimitación cartográfica y los linderos del resguardo deben respetar esta situación particular. Debido a estas consideraciones, la Corte concluye que, contrario a lo solicitado por el resguardo accionante, no es posible dejar sin efectos las consultas previas realizadas en los años 2012 y 2018.

 

151.       Conclusión. En suma, la Sala observa que el procedimiento de delimitación territorial del Resguardo Indígena Yaguara II, Llanos del Yarí, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo corresponde principalmente a la ANT, por lo que le ordenará completar dicho procedimiento en un término máximo de seis meses. Asimismo, ordenará al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, despacho al que está adscrita la ANT, garantizar el cumplimiento de dicha orden. Ese Ministerio también deberá evaluar la capacidad institucional de la ANT para diseñar e implementar un plan de mejora que garantice la superación del bloqueo institucional que presenta la agencia. La Sala reconoce que la orden en cuestión impone una tarea compleja y, aunque está asignada principalmente a la ANT, involucra la presencia de varias autoridades del Estado. Por tal razón, es preciso que la ANT, junto con el IGAC, Parques Nacionales Naturales y la Fuerza Pública —además de las demás entidades ya convocadas a la mesa de trabajo— se articulen coordinadamente con la finalidad de cumplir con la tarea de delimitación del territorio de la comunidad indígena demandante. Finalmente, para asegurar la viabilidad general de las órdenes de este apartado, deberá crearse y ejecutarse un protocolo de seguridad entre la Fuerza Pública y la ANT en el territorio, como fue explicado anteriormente.

 

9.2.4.   La falta de concertación e implementación de los planes de retorno y de reparación colectiva de la comunidad indígena pone en riesgo sus derechos fundamentales

 

152.       Evaluación sobre el estado de la problemática. Luego de analizar el material probatorio que obra en el expediente, la Sala evidencia que existe una violación grave del derecho fundamental al retorno del Resguardo Indígena Yaguara II, Llanos del Yarí, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo. Lo anterior, porque los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad no han sido tenidos en cuenta en el retorno de esta comunidad indígena a su territorio de origen. Esto se debe, en buena parte, a que las autoridades no han actualizado el plan de retorno de la comunidad y a que no se ha elaborado el plan de reparación integral. La falta de voluntad y la deficiente articulación entre las distintas entidades encargadas de prestar asistencia a la comunidad víctima de desplazamiento forzado son las causas primordiales de esta situación. A continuación, la Sala expone las razones que dan sustento a este juicio.

 

153.       El plan de retorno no ha sido concertado ni implementado. Mediante el Auto n°. 263, del 26 de septiembre de 2017, el Juzgado Primero Civil Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué (Tolima) —juez que conoció inicialmente el proceso de restitución— ordenó a la UARIV que concertara con las autoridades indígenas del Resguardo Yaguara II, Llanos del Yarí, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo el plan de retorno al territorio del que fueron violentamente desplazados, teniendo en cuenta para ello las condiciones de seguridad que pueden brindar. Siete años después, esta orden no ha sido cumplida, tal como lo certifica el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Florencia (Caquetá)[240]. En sede de revisión, la UARIV señaló que en el 2017 concertó el plan de retorno con la comunidad indígena. Sin embargo, la Alcaldía de San Vicente del Caguán manifestó que este debe ser actualizado, ya que emplea una metodología antigua y establece unos compromisos de difícil cumplimiento para los municipios[241]. Señaló además que la UARIV no le ha indicado las acciones concretas del plan de retorno para darle cumplimiento en su totalidad.

 

154.       El plan de retorno no cumple con el principio de voluntariedad. A la fecha, la UARIV no ha concertado el plan de retorno con las autoridades del Resguardo Yaguara II, Llanos del Yarí, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo. El 5 de julio de 2024, esa entidad informó al Juzgado Primero Civil Especializado en Restitución de Tierras de Florencia (Caquetá) que no se había podido concertar el plan de retorno debido al conflicto de representatividad surgido al interior de la comunidad[242]. De acuerdo con la entidad, dado que aquel ya fue superado, «proyectó realizar visita al territorio durante la tercera semana del mes de julio, para adelantar reunión de orientación con integrantes de la comunidad, con el objeto de confirmar su voluntariedad como uno de los principios del proceso de [r]etorno y [r]eubicación»[243]. Según lo informado por esa autoridad a la Corte, la concertación del plan de retorno actualizado no se ha hecho con el resguardo. Para la Sala de Revisión es evidente que la entidad tiene ningún compromiso institucional con el restablecimiento de los derechos de la comunidad y con el cumplimiento de sus funciones. Esto último se hizo patente en el proceso de revisión, entre otras razones, por el hecho de que la institución decidió, de manera deliberada, responder de manera tardía a los autos de pruebas y a los requerimientos que le dirigió esta Corporación, sin que medie una razón que lo justifique.

 

155.       El plan de retorno no cumple con el principio de dignidad. Para la Sala, es preocupante que aún no se concreten esfuerzos institucionales y presupuestales por parte de la UARIV que consoliden el derecho fundamental al retorno del Resguardo Indígena Yaguara II, Llanos del Yarí, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo, pese a que han pasado más de siete años después de que fue dictada la orden judicial. La Sala observa que no existen esquemas de acompañamiento que promuevan la integración de estas personas en su territorio; tampoco hay información sobre los programas de asistencia social que garanticen el retorno y permanencia, como parte de la reparación integral a la que tienen derecho. Al respecto, el gobernador del resguardo denunció «las condiciones de indiferencia de las instituciones municipales, regionales y nacionales»[244]. Puntualmente, alegó el nulo apoyo en planes de desarrollo municipal y en inversión social, la ausencia de docentes etnoeducadores, servicio de internet, puestos de salud, prestación de servicios humanitarios a través de la pista aérea que disponían, entre otros. A raíz de esta situación, tampoco han podido participar en proyectos sociales que les interesan como el de instalación de paneles solares, que se refirió en el escrito de tutela, pues la autoridad municipal indicó a la comunidad que no podían presentarse debido a que el resguardo se extiende en un territorio que ocupa tres departamentos diferentes.

 

156.       Falta de articulación institucional para la implementación del plan de retorno. De igual forma, la Sala advierte la falta de articulación institucional y la falta de voluntad de parte de algunas entidades del orden municipal, encargadas de implementar una política pública de prevención y atención al desplazamiento forzado, y diseñar y coordinar las acciones que garanticen el goce efectivo de los derechos de la población indígena retornada[245]. Por ejemplo, la Alcaldía de San Vicente del Caguán informó a la Corte que no existe ningún apoyo e interés por parte de las administraciones municipales de La Macarena (Meta) y El Calamar (San José del Guaviare)[246], pese a que aquella ha intentado un acercamiento para articular y concertar un plan de trabajo que materialice el derecho al retorno de la comunidad indígena. Esta falta de apoyo de dichas entidades es corroborada por la Corte, puesto que la primera entidad respondió tardíamente el auto de pruebas y la segunda ni siquiera contestó.

 

157.       Orden para la actualización e implementación del plan de retorno. La situación descrita refleja la ausencia de las instituciones del Estado frente a la implementación de acciones concretas que permitan garantizar el retorno del Resguardo Indígena Yaguara II, Llanos del Yarí, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo a su territorio de origen. Como fue expuesto, la falta de articulación institucional y la insatisfacción de las necesidades del resguardo requieren la concertación e implementación pronta de un plan de retorno, a cargo de las autoridades competentes para tal efecto y bajo la coordinación de la UARIV. De acuerdo con la Alcaldía de San Vicente del Caguán, dicho plan existiría, aunque de forma desactualizada. Sin embargo, la Sala no tuvo acceso al mismo y, por consiguiente, no pudo verificar las condiciones de avance. En consecuencia, la Sala ordenará a la UARIV implementar el plan de retorno definitivo junto a las autoridades del resguardo[247]. Dicho plan debe cumplir con los principios de voluntariedad, dignidad y seguridad. Asimismo, debe tener en cuenta las necesidades actuales de la comunidad y que fueron puestas de presente en los distintos escritos allegados a esta corporación, incluidas las ambientales, así como la capacidad de las entidades responsables, sin comprometer la garantía de los derechos fundamentales de la comunidad. Las diferentes entidades del orden nacional que en marco de sus funciones concurran a garantizar los derechos de la comunidad, así como las alcaldías municipales de San Vicente del Caguán (Caquetá), El Calamar (San José del Guaviare) y La Macarena (Meta) deberán garantizar la ejecución de las actividades concertadas en dicho plan, conforme al principio de colaboración armónica entre las entidades del Estado.

 

158.       La necesidad de implementar el plan de retorno en aquellas zonas territoriales en las que no existe controversia sobre su titularidad. La Sala observa que las entidades argumentan que la falta de concertación e implementación del plan de retorno se debe, en buena medida, a la falta de delimitación del territorio colectivo de la comunidad étnica. Así lo hizo saber la UARIV en el informe presentado al Juzgado Primero Civil Especializado en Restitución de Tierras de Florencia (Caquetá) el pasado 5 de julio[248]. Sin embargo, dadas las dificultades técnicas en relación con este punto, la Sala considera que la garantía del retorno, en su componente de dignidad, no puede estar supeditada de manera indefinida a la delimitación del territorio del resguardo. La Sala encuentra que es posible avanzar en la atención inmediata de algunas de las necesidades básicas cuya solución fue denunciada en el escrito de tutela[249]. Para esto, la Corte ordenará a la UARIV, en el término máximo de dos meses siguiente a la concertación, implementar el plan de retorno de la comunidad dentro de las zonas del territorio que han sido delimitadas por la mesa de trabajo y que no generan controversia sobre algún traslape. La entidad deberá diseñar un cronograma en el que se detalle su implementación y aquel deberá ser concertado con la comunidad indígena. En dichas zonas estará garantizada la seguridad por parte de la Fuerza Pública, según se explicó con anterioridad y será ordenado en esta providencia.

 

159.       Presencia de una familia de la comunidad Nasa. De acuerdo con el escrito del resguardo accionante, existe un conflicto con una familia perteneciente a la comunidad Nasa. La comunidad argumentó que dicha familia permanece en su territorio, desconoce las órdenes de la comunidad indígena accionante, genera desacuerdos, promueve la deforestación de la selva, entre otros[250]. Debido a esta situación, la Sala considera que es menester la intervención de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior con la finalidad de resolver el conflicto de convivencia interétnico entre el Resguardo Indígena Yaguara II, Llanos del Yarí, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo y la familia de la comunidad Nasa presente en el territorio. Lo anterior, de conformidad con el artículo 13 del Decreto 714 de 2024[251]. A juicio de la Corte, es necesario solucionar el conflicto interétnico de manera pronta, con la finalidad de restablecer las prerrogativas iusfundamentales de la comunidad demandante. Sin embargo, esto no puede generar un desmedro de las garantías constitucionales de las que son acreedores la familia de la comunidad Nasa.

 

160.       La falta de implementación de un plan integral de reparación colectiva. Para terminar, la Sala constata que no se ha diseñado un plan integral de reparación colectiva para la comunidad Indígena Yaguara II, Llanos del Yarí, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo. La PGN señaló que este no había sido implementado a la fecha[252]. La UARIV informó que la ruta de reparación colectiva del resguardo accionante está en fase de alistamiento[253]. Ello implica, en la práctica, que la entidad no ha concertado ni formulado ningún plan al respecto; tampoco ha definido cuáles son las entidades encargadas de adelantar las acciones y medidas reparadoras que sean concertadas con el grupo indígena. La UARIV alega la existencia de varias dificultades, como las limitaciones presupuestales de las entidades encargadas del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas y la persistencia de las situaciones de violencia, entre otras; situaciones que se enmarca dentro del estado de cosas inconstitucional por desplazamiento forzado[254].

 

161.       La necesidad de un cronograma para avanzar en el plan integral de reparación colectiva. La Sala resalta que el derecho a la reparación colectiva del Resguardo Indígena Yaguara II, Llanos del Yarí, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo no puede estar suspendido de manera indefinida hasta tanto la UARIV supere las falencias advertidas en el escrito que allegó al expediente de la referencia. La Corte ha advertido que las víctimas, como parte de sus derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición, tienen el derecho a obtener una reparación con dimensión colectiva, conformada por medidas de satisfacción, de reparación simbólica y de programas que se proyecten en la comunidad[255]. Por lo anterior, ordenará a la UARIV que diseñe, de manera concertada con el resguardo accionante, un plan y un cronograma que permitan avanzar a las demás fases de la ruta de reparación integral colectiva, en el término máximo de seis meses. 

 

162.       Conclusión. La Sala encuentra que el Resguardo Indígena Yaguara II, Llanos del Yarí, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo enfrenta una grave vulneración de sus derechos fundamentales al retorno y a la reparación colectiva, debido a la falta de concertación e implementación efectiva del plan de retorno y el plan de reparación colectiva. Al respecto, evidencia que existen serias deficiencias en la articulación entre varias entidades como la UARIV, la UNP y las alcaldías municipales de San Vicente del Caguán, El Calamar y La Macarena. Todo lo anterior ha llevado a la imposibilidad de garantizar condiciones de voluntariedad, dignidad y seguridad para el retorno del resguardo a su territorio ancestral. Por lo tanto, la Sala considera urgente que la UARIV concerte con las autoridades indígenas un plan de retorno actualizado y un cronograma para la implementación de un plan integral de reparación colectiva que priorice las necesidades más urgentes de la comunidad, asegurando así la protección de sus derechos fundamentales colectivos.

 

9.2.5.   Supervisión de las órdenes dictadas

 

163.       Órdenes al Ministerio Público. Por último, la Sala ordenará a la PGN[256] y a la Defensoría del Pueblo[257], en ejercicio de sus funciones constitucionales, hacer seguimiento permanente a las órdenes dictadas en la presente sentencia. Para tal efecto, deberán pedir informes periódicos a las distintas entidades encargadas del cumplimiento de las órdenes anteriores y remitirlos al juez de primera instancia. En particular, la PGN adelantará las investigaciones disciplinarias y tomará las medidas que estime pertinentes para superar los eventuales bloqueos institucionales o situaciones de incumplimiento que impidan la culminación del procedimiento de delimitación y la concertación e implementación del plan de retorno, así como de las demás órdenes dictadas en la presente providencia.

 

164.       En el siguiente cuadro se presenta un cronograma sobre las órdenes que se imparten en la presente sentencia:

 

 

IV.           DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

 

RESUELVE

 

PRIMERO. AMPARAR los derechos fundamentales a la representación política, al gobierno propio, al territorio colectivo, al debido proceso, al retorno y a la reparación integral colectiva del Resguardo Indígena Yaguara II, Llanos del Yari, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo. En tal sentido, CONFIRMAR parcialmente la sentencia del 1° de marzo de 2024 dictada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó el fallo del 30 de noviembre de 2023, emitido por la Sala Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, por las razones expuestas en la presente providencia.

 

SEGUNDO. REVOCAR PARCIALMENTE la decisión dictada el 1° de marzo de 2024 por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en relación con la orden a la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior para que resuelva sobre la inscripción de la autoridad indígena del resguardo Yaguara II, Llanos del Yari, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo y emitir el certificado de existencia y representación, de forma inmediata. En su lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado en ese asunto.

 

TERCERO. ORDENAR a la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior que, dentro del ámbito de sus competencias legales, brinde acompañamiento al Resguardo Indígena Yaguara II, Llanos del Yari, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo, en la elección de las nuevas juntas de gobierno hasta que se complete satisfactoriamente el retorno al territorio, a efectos de evitar nuevos conflictos de representatividad internos.

 

CUARTO. ORDENAR al Ministerio de Defensa Nacional que, dentro del mes siguientes a la notificación de esta providencia, formule, apoye y haga seguimiento a un plan de orden público sectorizado en las zonas del resguardo indígena que son ocupadas actualmente por la comunidad indígena y respecto de las cuales no existen controversias con otros territorios. Dicho plan tendrá por objeto garantizar los derechos fundamentales a la vida, a la libertad, a la integridad y a la seguridad personal de los integrantes del pueblo indígena. Deberá ser concertado con las autoridades indígenas y habrá de satisfacer el requisito de aceptabilidad cultural, por lo que será respetuoso de la cosmovisión de la comunidad, sin que ello suponga una mengua en las condiciones de seguridad. El referido plan deberá ser puesto en marcha inmediatamente por las entidades del sector defensa que determine la cartera ministerial.

 

QUINTO. ORDENAR al Comando Central de las Fuerzas Militares que, dentro del mes siguiente a la notificación de esta providencia, en coordinación con la UARIV y la UNP, elabore un protocolo de seguridad específico para garantizar las condiciones de seguridad dentro del territorio del resguardo. Dicho protocolo deberá garantizar —de manera permanente y satisfactoria— la seguridad, no solo de los integrantes de la comunidad, sino también de los funcionarios que deban hacer visitas de campo para el cumplimiento de las órdenes del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Florencia (Caquetá). Además, deberá estar orientado a la garantía progresiva del derecho a la seguridad dentro de todo el territorio del resguardo en el menor tiempo posible, siempre que las condiciones lo permitan. Dicho protocolo deberá formar parte del plan de retorno que está a cargo de la UARIV.

 

SEXTO. ORDENAR a la Unidad Nacional de Protección que, en el término de quince (15) días siguientes a la notificación de esta providencia, culmine el estudio de seguridad e implemente las medidas de protección a que haya lugar a favor de los miembros del Resguardo Indígena Yaguara II, Llanos del Yari, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo. Para tal efecto, deberá tomar en consideración los factores de amenaza que puedan comprometer la vida e integridad de tales personas, así como la presencia de actores armados ilegales dentro del territorio colectivo. Las medidas de protección que, eventualmente, se considere pertinente adoptar, deberán ser concertadas con la comunidad indígena y serán incluidas en el plan de retorno del resguardo, que corresponde coordinar a la UARIV. La UNP deberá coordinar con las Fuerzas Militares la implementación de dichas medidas, si así fuere el caso.

 

SÉPTIMO. ORDENAR al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que, dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de esta providencia, evalúe la capacidad institucional de la ANT para diseñar e implementar un plan de mejora que garantice la superación del bloqueo institucional que presenta la agencia. El referido plan de mejora debe asegurar que los procedimientos internos de la ANT sean adecuados para la protección de los derechos de pueblos indígenas.

 

OCTAVO. ORDENAR a la Agencia Nacional de Tierras que, dentro del término de seis (6) meses contados a partir del vencimiento del término con que cuenta el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para diseñar e implementar un plan de mejora que garantice la superación del bloqueo institucional que presenta la Agencia Nacional de Tierras, culmine el procedimiento de delimitación del territorio de la comunidad indígena Yaguara II, Llanos del Yari, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo, con respeto del enfoque étnico. El incumplimiento de esta orden dará lugar a la exigencia de la responsabilidad institucional y personal de los funcionarios que incumplieren este dictamen.

 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural deberá garantizar el cumplimiento del procedimiento de delimitación del territorio de la comunidad indígena Yaguara II, Llanos del Yari, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo.

 

En todo caso, la Sala ADVIERTE que la evaluación y el plan de mejora a cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural no podrán ser condiciones previas para que la ANT avance con la delimitación del territorio de la comunidad indígena Yaguara II, Llanos del Yari, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo

 

NOVENO. ORDENAR a la mesa técnica de trabajo conformada por la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad Especial Administrativa de Gestión de Restitución de Tierras, Parques Nacionales Naturales y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi que, dentro del mes siguiente a la notificación de esta providencia, unifiquen los métodos técnicos utilizados para fijar los linderos del Resguardo Indígena Yaguara II, Llanos del Yari, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo. Esto, con la finalidad de que el proceso de delimitación a cargo de la Agencia Nacional de Tierras sea finalizado de manera célere. En todo caso, la Sala REITERA que la culminación del proceso de delimitación no podrá superar el término de tres (3) meses, contados a partir del vencimiento del término con que cuenta el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para diseñar e implementar un plan de mejora que garantice la superación del bloqueo institucional que presenta la Agencia Nacional de Tierras.

 

DÉCIMO. ORDENAR a la UARIV que, en el término de seis (6) meses contados a partir de la notificación de esta providencia, concerte el plan de retorno actualizado de la comunidad indígena Yaguara II, Llanos del Yari, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo en conjunto con las autoridades del resguardo. Dicho plan debe cumplir con los principios de voluntariedad, dignidad y seguridad. Asimismo, deberá tener en cuenta las necesidades actuales de la comunidad y que fueron puestas de presente en los escritos allegados a esta Corporación, incluidas las ambientales, así como la capacidad de las entidades responsables, sin que esto pueda comprometer la garantía de los derechos fundamentales de la comunidad.

 

Las diferentes entidades del orden nacional que hayan sido vinculadas al plan de retorno por la UARIV, así como las alcaldías municipales de San Vicente del Caguán (Caquetá), El Calamar (San José del Guaviare) y La Macarena (Meta) deberán garantizar la ejecución de las actividades concertadas en el plan de retorno, conforme al principio de coordinación.

 

Sin perjuicio de la competencia de supervisión del cumplimiento de las órdenes que se dictan en la presente providencia, que recae en el a quo, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Florencia (Caquetá), en el marco de sus competencias, realizará un seguimiento efectivo e integral al cumplimiento de esta orden específica, la cual está en armonía con el punto n°. 4.3 del auto dictado el 26 de septiembre de 2017 por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué (Tolima)[258].

 

DÉCIMO PRIMERO. ORDENAR a la UARIV que, en el término máximo de dos (2) meses, contados desde la concertación, inicie las actuaciones requeridas para implementar el plan de retorno de la comunidad dentro de las zonas del territorio que han sido delimitadas por la mesa de trabajo y que no generan controversia sobre algún traslape. La entidad deberá diseñar un cronograma en el que se detalle su implementación y aquel deberá ser concertado con la comunidad indígena.

 

DÉCIMO SEGUNDO. ORDENAR a la UARIV que, dentro del término de seis meses siguientes a la notificación de esta providencia, diseñe, de manera concertada con las autoridades del Resguardo Indígena Yaguara II, Llanos del Yari, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo, un plan y un cronograma que permitan avanzar a las demás fases de la ruta de reparación integral colectiva.

 

DECIMO TERCERO. ORDENAR a la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, intervenga para la resolución del conflicto interétnico entre el Resguardo Indígena Yaguara II, Llanos del Yari, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo y la familia de la comunidad Nasa que habita el territorio del primero. Para tal efecto, la entidad velará por que la solución del conflicto no implique un desmedro de las garantías constitucionales de las partes.

 

DÉCIMO CUARTO. ORDENAR que, por Secretaría General, se oficie a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, para que, dentro del ámbito de sus competencias constitucionales y legales, acompañen el cumplimiento de esta sentencia. Para tal efecto, deberán pedir informes periódicos a las distintas entidades encargadas del cumplimiento de las órdenes anteriores y remitirlos a la Sala Civil de Decisión Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá D.C.

 

En caso de incumplimiento de las órdenes dictadas en esta providencia por parte de las entidades accionadas, ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación que, dentro del ámbito de sus competencias, adelante las investigaciones disciplinarias y tome las medidas que estime pertinentes para superar los eventuales bloqueos institucionales o situaciones de incumplimiento que impidan la culminación del procedimiento de delimitación y la concertación e implementación del plan de retorno, así como de las demás órdenes dictadas en la presente providencia.

 

DECIMO QUINTO. ENVIAR a la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, para lo de su competencia, copia de esta providencia y del expediente digital T-10.156.300.

 

DECIMO SEXTO. Por Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

ANEXO

 

7.     Respuestas recibidas en el recaudo probatorio

 

7.1.          Respuesta del gobernador del Resguardo Indígena de Yaguara II, Llanos del Yarí, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo[259]

 

1. Sobre el conflicto de representatividad interno. El gobernador Camilo Andrés Cano Sánchez manifestó que, durante el lapso en que su comunidad fue desplazada a raíz del conflicto armado, algunas familias de la etnia Nasa se apropiaron de su territorio y de varios recursos y bienes, incluso, solicitaron «recursos de transferencias»[260] a nombre del resguardo. Por esta razón, algunos miembros de la comunidad retornaron al territorio y nombraron un cabildo, aún en presencia de actores armados ilegales. Este aspecto generó desacuerdos al interior del colectivo indígena y se impugnó la elección del entonces gobernador Julián Rodrigo López. Sin embargo, manifestó que, entre diciembre de 2022 y enero de 2023, con el apoyo de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, la comunidad resolvió sus diferencias.

 

2. Asimismo, informó que les fue expedido el certificado de existencia y representación legal. Añadió que, con todo, «requiere acompañamiento cada año en el mes diciembre, como mínimo en el momento de elección de la junta de gobierno del resguardo indígena, a fin de que en la asamblea general […] pueda encontrar, dialogar y, realizar el proceso democrático de elección de su junta de gobierno»[261]. Expresó que la junta de gobierno fue conformada en el año 2023 y posesionada ante la Alcaldía de La Macarena (Meta), a pesar de que este trámite siempre había sido adelantado ante la Alcaldía de San Vicente del Caguán (Meta).

 

3. En relación con las familias Nasa que habitaron el territorio colectivo. El gobernador precisó que desconoce las razones por las cuales estas familias se posesionaron y usufructuaron su territorio después del desplazamiento forzado. Argumentó que dichas familias «resolvieron por cuenta propia salir [del] territorio»[262] y que desconoce su paradero en la actualidad. No obstante, precisó que existe una de estas familias en el seno del resguardo, la cual ocasiona algunas problemáticas, en la medida en que desatienden las órdenes del resguardo, generan desacuerdos y promueven la deforestación de la selva. Por ese motivo, piden que esa familia sea reubicada por el Estado, con el respeto de sus garantías constitucionales.

 

4. Las condiciones del territorio del resguardo. Según el gobernador, antes de ser desplazados a raíz del conflicto armado, las condiciones socioeconómicas, territoriales, ambientales y políticas del resguardo «eran muy buenas»[263]. Señaló que, desde el año 2016, la comunidad inició su proceso de retorno, el cual no ha concluido debido a «las condiciones de indiferencia de las instituciones municipales, regionales y nacionales»[264]. Al respecto, informó que el Estado no les ha brindado apoyo en planes de desarrollo municipal y en inversión social, pues no cuentan con «ranchos donde vivir»[265], docentes etnoeducadores, servicio de internet, ni puestos de salud y la pista aérea que tenían a su disposición, para la prestación de servicios humanitarios, está abandonada. Además, informó que su territorio ha sido invadido por personas extrañas y por actores armados ilegales; que los recursos naturales han sido explotados de manera ilegal y que hubo un traslape de su territorio con el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete. En tal sentido, concluyó que no existe un «acuerdo interinstitucional de proceso de retorno conlleve responsabilidades de bienestar, inversión social, seguridad, convivencia [y] paz en el territorio»[266].

 

5. Respecto de las medidas de seguridad de la UNP. El gobernador indígena puso de presente que la UNP entregó algunas ayudas y apoyos como medidas de protección individuales a algunos líderes sociales comunitarios. Estos apoyos obedecieron a su condición de víctimas del conflicto armado y a algunas denuncias presentadas. Sin embargo, expresó que estos no son suficientes porque no fueron entregados a toda la comunidad. Además, algunas motocicletas que les brindaron para recorrer los linderos del resguardo no pueden ser usadas a menudo «por los riesgos de seguridad en el territorio por el tránsito de grupos armados al margen de la ley»[267]. A su juicio, es necesario «revisar, reforzar y complementar las medidas de protección y, de los apoyos que pueda brindar la [UNP] en este momento a la comunidad indígena como colectivo social»[268].

 

7.2.          Respuesta del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República[269]

 

6. Solicitud y fundamentos de la defensa. Esta entidad pidió ser desvinculada de la presente acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva. Solicitó también que se declare improcedente la demanda, debido a que no existe ninguna acción u omisión atribuible a la Presidencia de la República. Argumentó que, según lo dispuesto en la Ley 1454 de 2011, carece de competencia para intervenir en la autonomía de los departamentos y municipios accionados, en temas relacionados con la protección, retorno y reconstrucción del territorio ancestral y el tejido social de los resguardos. De igual forma, afirmó que no tiene atribuciones para definir y garantizar el derecho de consulta previa y que estas facultades son propias del Ministerio del Interior. Además, puso de presente que la parte accionante puede acudir al juez de lo contencioso administrativo para que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, este examine la validez de las resoluciones dictadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial que se cuestionan en la acción de tutela.

 

7.3.          Ministerio del Interior[270]

 

7. El conflicto de representatividad al interior del resguardo. La entidad afirmó que el 26 de septiembre de 2023 intervino en la solución del conflicto de representatividad del resguardo indígena. En el marco de dicha solución, se acordó «respetar un acuerdo que consta de un ejercicio de gobernabilidad por una persona perteneciente a cada comunidad por periodos de un año»[271]. Por esa razón, para el periodo 2023 fue elegido como gobernador Julián Rodrigo López; mientras que para el 2024, Camilo Andrés Cano Sánchez. La autoridad allegó el certificado de existencia y representación legal del resguardo, de acuerdo con la elección efectuada el 13 de diciembre de 2023 y con el acta de posesión del 17 de enero de 2024, suscrita por la Alcaldía de La Macarena.

 

7.4.          Respuesta del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Florencia (Caquetá)[272]

 

8. Sobre el estado actual del proceso de restitución de tierras y solicitud de medidas cautelares. La juez de ese despacho manifestó que el proceso judicial iniciado por el Resguardo Indígena de Yaguara II, Llanos del Yarí, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo actualmente está en etapa de «análisis y evaluación»[273]. Precisó que, en el auto del 5 de julio de 2024, la autoridad judicial dispuso, entre otras, requerir el cumplimiento de algunas decisiones y ordenar la conformación de una mesa técnica de trabajo entre la ANT, la URT y Parques Nacionales Naturales de Colombia para que «adelantaran el procedimiento de precisión del lindero o límite entre el resguardo indígena y el Parque Natural Serranía de Chiribiquete, conforme lo indicado por la Unidad Administrativa Especial»[274]. Actualmente, dicha información es analizada por el despacho.

 

9. En relación con las medidas cautelares pendientes de incumplimiento. El juzgado detalló que existen tres medidas cautelares que aún no han sido cumplidas, por lo que ha requerido a las autoridades concernidas para que ejecuten lo ordenado. Sin embargo, algunas de esas medidas enfrentan problemas de eficacia, como pasa a explicarse en el siguiente cuadro:

 

 

10. Respecto del conflicto de representatividad y mora de su despacho judicial. De un lado, la juez informó que no promovió ningún incidente de controversias inter o intraétnicas, conforme lo ordenado por la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia porque, el 15 de abril de 2024, la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior manifestó que el conflicto de representatividad del resguardo fue superado. De otro lado, añadió que su despacho presenta congestión judicial, puesto que está pendiente por resolver más de 495 procesos judiciales, muchos de los cuales tienen un grado de dificultad excepcional. Manifestó que «siempre ha estado presto a brindarle agilidad a los trámites y en ningún momento de forma premeditada ha pretendido omitir ningún trámite procesal»[280].

 

7.5.          Respuesta de la Agencia Nacional de Tierras[281]

 

11. Sobre el ámbito territorial del resguardo. La entidad recordó que el resguardo accionante está asentado en los municipios de San Vicente del Caguán (Caquetá), La Macarena (Meta) y El Calamar (San José del Guaviare). Indicó que, de conformidad con la Resolución n°. 10 del 22 de febrero de 1995, expedida por el Incora, el territorio étnico cuenta con una extensión de 146.000 hectáreas aproximadamente. Sin embargo, su área está en trámite de definición, en virtud del procedimiento de delimitación ordenado por el Juzgado Primero Civil Especializado en Restitución de Tierras de Florencia (Caquetá).

 

12. En relación con el cumplimiento de las órdenes judiciales dictadas por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Florencia (Caquetá). La agencia afirmó que tiene a su cargo dos procedimientos misionales: (i) la delimitación del territorio colectivo del resguardo, que fue adjudicado mediante la Resolución n°. 10 de 1995; y (ii) la medida de protección de instalación de vallas publicitarias dentro del territorio formalizado. Al respecto, presentó las gestiones y acciones realizadas, como pasa a explicarse en el siguiente cuadro:

 

 

13. Frente a los desafíos encontrados en el desarrollo del proceso de delimitación. La entidad aseguró que ha identificado las siguientes dificultades para cumplir con el proceso de delimitación del territorio colectivo y la instalación de vallas publicitarias: (i) las condiciones de seguridad en el territorio, debido a la presencia de grupos armados ilegales y cultivos ilícitos; (ii) la emergencia sanitaria asociada a la pandemia del Covid-19; (iii) el difícil acceso a algunas áreas del territorio. En particular, aquellas en las cuales están los linderos descritos en la redacción técnica de la resolución de la constitución, pues estas no han podido ser exploradas de manera física; y (iv) la falta de información geográfica y catastral en las bases de datos del IGAC, sobre «los topónimos descritos en la redacción técnica de la resolución de constitución»[283].

 

14. El traslape entre el territorio indígena y el parque natural[284]. Remitió el «informe de la mesa técnica entre PNN-URT-ANT sobre la precisión del lindero entre el territorio colectivo de Resguardo Indígena Llanos del Yarí, Yaguara II y el Parque Nacional Serranía del Chiribiquete». Señaló que discrepa de la conclusión a la que llegó Parques Nacionales Naturales en relación con el traslape entre los territorios del resguardo y el Parque Natural Serranía del Chiribiquete. Aseguró que no cuenta con evidencia que respalde el hecho de que el traslape sea estrictamente cartográfico. En tal sentido, consideró que, dada la situación de traslape, ha hecho «los ejercicios tendientes a delimitar de forma plausible el territorio colectivo del Resguardo Indígena con las herramientas e insumos disponibles»[285].

 

15. Sobre el presupuesto asignado para los proyectos de delimitación de territorios indígenas[286]. La entidad informó que para la vigencia del año 2024 cuenta con una asignación económica de $1.543’000.000. Además, celebró con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo el convenio ANT-CPS-20249046, cuyo objeto es «aunar esfuerzos para la implementación de acciones que contribuyan al mejoramiento de los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural de las comunidades étnicas y la gobernabilidad integral de sus territorios, así como, el fortalecimiento de las capacidades institucionales de la ANT, esto con el propósito que se reduzcan las desarmonías territoriales y sean efectivamente atendidas por la ANT»[287]. Este convenio tiene un valor de $34.163.’494.922, de los cuales, el Programa de las Naciones Unidas aporta el 55% en especie.

 

16. Número de procesos de delimitación de territorios indígenas. La ANT afirmó que actualmente atiende un total de 55 trámites relacionados con la delimitación de comunidades indígenas, de los cuales 43 están en trámite. Señaló que, de acuerdo con el Plan de Atención 2024, existen 20 órdenes o medidas de atención que están priorizadas y que están relacionadas con la concertación e instalación de mojones en los territorios colectivos de las comunidades indígenas. También, indicó que el equipo geográfico tiene a su cargo 199 reconstrucciones, de las cuales, 50 están pendientes de finalizar. Ninguno de los anteriores procesos es priorizado porque no existe un estándar concreto. La entidad informó que no es posible determinar los tiempos promedios de ejecución, debido a que cada caso enfrenta dificultades diversas. De igual forma, precisó que no practica auditorías al respecto, pero que espera obtener mayor eficiencia en virtud del convenio firmado recientemente.

 

17. Obstáculos en los procesos de delimitación. Por último, la institución reiteró las tres principales dificultades en los procedimientos de delimitación de territorios étnicos colectivos: (i) las condiciones de seguridad, debido a la presencia de grupos armados ilegales; (ii) las condiciones de áreas de difícil acceso; y (iii) la desarticulación o falta de información geográfica y catastran en las bases de datos abiertos del IGAC. De acuerdo con el escrito allegado, la entidad ha implementado algunas estrategias, tales como la articulación con las comunidades indígenas para validar las condiciones de seguridad, el requerimiento a las autoridades locales y policivas, entre otras. En tal sentido, argumentó que analiza la seguridad de la zona mediante la consulta y articulación con las entidades territoriales, a efectos de evitar truncamientos en las visitas de campo. Por otro lado, destacó que algunas comunidades han manifestado que su territorio no corresponde al que está delimitado en la descripción técnica de linderos de los actos administrativos de constitución. Esto genera cierta inconformidad por parte de la comunidades al momento de conocer los límites jurídicos de sus territorios.

 

7.6.          Respuesta del Instituto Geográfico Agustín Codazzi[288]

 

18. Sobre su participación en la mesa de trabajo para el proceso de delimitación. La entidad señaló que el 22 de julio de 2024 participó en una mesa técnica junto a la URT, la ANT y Parques Nacionales Naturales, con la finalidad de delimitar el territorio de la comunidad indígena accionante. Indicó que aportó los insumos solicitados por la ANT y suministró la información disponible sobre la zona en la cual, al parecer, se presenta traslape. Asimismo, recordó que está en la obligación de apoyar técnicamente en el proceso de delimitación de las tierras de los resguardos indígenas[289].

 

7.7.          Respuesta de Parques Nacionales Naturales[290]

 

19. Sobre los procesos de consulta previa con el resguardo accionante. La autoridad aseguró que el proceso de ampliación del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete respetó las normas que regulan el procedimiento de consulta previa. Manifestó que solicitó la certificación de presencia de comunidades étnica y que, una vez surtido ese proceso, desarrolló espacios de acercamiento para concertar y coordinar el desarrollo de la consulta previa. Puntualizó que, en la primera consulta, el resguardo indígena estuvo de acuerdo con la ampliación del área protegida. En el segundo, por su parte, el colectivo puso de presente la sobreposición entre el área protegida y el resguardo. Por tal motivo, la entidad determinó que no era conveniente extender o ampliar el área protegida sobre el territorio delimitado del resguardo. En tal sentido, trazó un nuevo límite del área protegida.

 

20. En relación con la extensión del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete. Según la institución, los límites y linderos del mencionado parque están definidos en la Resolución n°. 1256 de 2018, «[p]or medio de la cual se reserva, delimita, alindera y declara como parte del Parque Nacional Natural la Serranía de Chiribiquete un área ubicada en los municipios de Calamar, Miraflores y San José del Guaviare en el departamento de Guaviare y San Vicente del Caguán y Solano en el departamento del Caquetá». De acuerdo con este acto administrativo, el parque tiene una extensión total aproximada de 4’268.095 hectáreas. Sin embargo, en la Resolución n°. 370 de 2021 del IGAC, la extensión total del parque ascendería a 4’259.805 hectáreas. La entidad transcribió in extenso los linderos del parque en cuestión, con base en lo descrito en la mencionada Resolución n°. 1256 de 2018.

 

21. Respecto del traslape del territorio indígena y el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete. La entidad negó que hubiera un traslape entre el parque natural y el territorio del resguardo accionante. Adujo que acató la decisión de la consulta previa y que así lo manifestó expresamente en la Resolución n°. 1256 de 2018. Mencionó que la cuestión del traslape del territorio obedeció a imprecisiones cartográficas, por cuanto la ANT basó su estudio a partir del mapa del IGAC, cuya escala es de 1:500.000; mientras que la de Parques Nacionales Naturales es de 1:100.000. En tal sentido, no existe un traslape físico, sino uno estrictamente cartográfico. Señaló que, a partir de tal discrepancia y debido a la orden del juez de restitución de tierras, conformó una mesa técnica con la ANT y la URT para precisar el lindero entre el territorio colectivo y el parque natural. Afirmó que tales entidades «reconstruyeron los actos administrativos con fuentes oficiales de información teniendo en cuenta la temporalidad y las respectivas descripciones de lindero»[291]. Por tal razón, la ANT debió ajustar la cartografía oficial del resguardo frente a las inconsistencias cartográficas que derivaron en la superposición parcial del área protegida y el territorio colectivo de la comunidad indígena.

 

22. Frente a la relación de la comunidad indígena con el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete. La autoridad señaló la comunidad indígena no se ha opuesto a la ampliación del parque natural ni a la protección del ecosistema; por el contrario, el pueblo indígena ha manifestado su voluntad de «no querer hacer parte del área protegida»[292]. Señaló que las reclamaciones han surgido por la falta de claridad en la delimitación territorial y la preocupación por la seguridad jurídica de sus tierras. A pesar de esto, reiteró que acató la decisión de consulta previa, y que, en tal sentido, no amplió el territorio del mencionado parque natural en el área perteneciente a la comunidad indígena.

 

7.8.          Respuesta de la Defensoría del Pueblo[293]

 

23. Situación de seguridad. La entidad transcribió el acta de la reunión llevada a cabo el 25 de julio de 2024, en la cual se abordó el tema relacionado con el traslape del territorio colectivo del resguardo y el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete. Posteriormente, detalló que, desde diciembre de 2017, ha emitido cuatro alertas tempranas con focalización en el resguardo accionante. Allí se han advertido los riesgos para la población indígena que habita los territorios de La Macarena, El Calamar y San Vicente del Caguán. Añadió que los grupos armados ilegales que generan el riesgo son los disidentes de las antiguas FARC-EP, tales como el Estado Mayor Central.

 

24. Recomendaciones a las entidades[294]. La Defensoría señaló que en la Alerta Temprana 007-24 recomendó acciones orientadas a impulsar la prevención de violaciones a la vida, a la libertad, a la integridad y a la seguridad personales, mediante acciones urgentes de disuasión, prevención, protección y atención integral que eviten la materialización de conductas vulneradoras de derechos. Tales recomendaciones estuvieron dirigidas a los Ministerios del Interior, de Justicia, de Defensa Nacional, de Minas y Energía, de Relaciones Exteriores, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a las gobernaciones de Guainía, Putumayo, Amazonas, Meta, Vaupés, Caquetá, Guaviare y Vichada, a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, a la Unidad Nacional de Protección, a las Direcciones de Asuntos Indígenas, Rom y minorías y de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Agencia Nacional de Tierras, Agencia de Reincorporación y Normalización, Unidad Administrativa Parques Nacionales Naturales de Colombia, Fiscalía General de la Nación, Unidad para las Víctimas, entre otras entidades.

 

7.9.          Respuesta de la Procuraduría General de la Nación[295]

 

25. Sobre el conflicto de representatividad interno. La Procuraduría corroboró la existencia de un conflicto de representatividad dentro del resguardo accionante en el año 2022. Afirmó que esta problemática se presentó debido a que existieron simultáneamente dos cabildos gobernadores y diferentes directivos del resguardo. Con todo, aseguró que el problema se superó en el año 2023. Basó su conclusión en un informe presentado por la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior en octubre de 2023, así como en la expedición de la correspondiente certificación por esa entidad. Detalló las actuaciones que desplegó con la finalidad de contribuir a la solución de ese conflicto.

 

26. En relación con la situación de orden público. La entidad manifestó que conoce el «informe de seguridad sobre el territorio que comprende el Resguardo Indígena Llanos del Yarí-Yaguara» del 26 de agosto de 2023, presentado por el comandante del Batallón de Operaciones Terrestres n°. 2 al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Florencia. Según tal documento, el grupo armado organizado «Jorge Briceño» estaría delinquiendo en zonas como los municipios de La Macarena y San Vicente del Caguán. Dicho grupo ha atentado contra la población civil y la Fuerza Pública. Añadió que esta última ha informado el acaecimiento de hechos violentos como  la activación de campos minados, el combate de encuentro y la ubicación de artefactos explosivos.

 

27. Frente a las actuaciones para dar cumplimiento a la sentencia de segunda instancia y para garantizar el retorno del resguardo a su territorio de origen. La institución refirió los distintos requerimientos que efectuó para dar cumplimiento a la sentencia de segunda instancia del expediente de tutela de la referencia. Asimismo, manifestó que, desde el año 2018, ha requerido a la UARIV y a las alcaldías municipales de San Vicente del Caguán y La Macarena, para el cumplimiento del plan de retorno del Resguardo Indígena de Yaguara II, Llanos del Yarí, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo. También, pidió al juez de restitución de tierras que citara a audiencia de seguimiento a efectos de que las entidades presenten las actuaciones que han desplegado «para lograr el proceso de retorno y/o reubicación de la comunidad indígena, así como del Plan de Reparación Colectiva»[296]. La Procuraduría sostuvo que no ha habido un avance significativo en el proceso de retorno de la comunidad indígena, debido a una «clara desarticulación y falta de trabajo en conjunto por parte de la UARIV y los entes territoriales de San Vicente del Caguán-Caquetá, La Macarena-Meta y el municipio de Calamar –Guaviare, que permitan un trabajo permanente sobre el plan retorno»[297].

 

7.10.      Respuesta de la UNP[298]

 

28. Sobre la situación de seguridad de la comunidad indígena. La entidad informó que el Resguardo Indígena de Yaguara II, Llanos del Yarí, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo es beneficiario del Programa de Prevención y Protección de la Unidad Nacional de Protección. Señaló que, a través de la Resolución n°. 214 de 2020, el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas Correctivas determinó que el nivel de riesgo del gobernador del mencionado resguardo es «extraordinario»[299]. Mencionó que la comunidad manifestó su intención de desistir del procedimiento, pero esto no era posible debido a que ya existían medidas de protección implementadas. En concreto, presentó las siguientes medidas de protección otorgadas entre el 20 de enero y el 16 de marzo de 2021:

 

29. Información reservada. La entidad presentó las medidas implementadas a favor del resguardo. En general, señaló que ha entregado elementos de apoyo como motocicletas, radios, colchones, linternas, carpas, morrales, entre otros. Sin embargo, dado que la información aportada tiene el carácter de reservada, la Sala se abstendrá de reproducir esa información. Esto, según lo dispuesto en los artículos 72 y 83 de la Ley 418 de 1997, el numeral 13 del artículo 2.4.1.2.2 y el numeral 3 del artículo 2.4.1.2.47 del Decreto 1066 de 2015, el artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014 y los numerales 2 y 3 del artículo 5°, y el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011. En tal contexto, exhortó a la Corte a mantener tal reserva.

 

7.11.      Respuesta de la Policía Nacional de Colombia[300]

 

30. Frente a la situación de seguridad del resguardo. El cuerpo de policía mencionó que en los departamentos en los cuales está asentado el Resguardo Indígena de Yaguara II, Llanos del Yarí, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo hacen presencia los grupos armados ilegales «Jorge Suárez Briceño», «Armando Ríos» y «Frente Iván Díaz», organizaciones disidentes de las antiguas FARC-EP. Aseguró que algunos de estos grupos asumieron el control territorial del área general de San Vicente del Caguán y que, el 26 de mayo de 2024, hubo una confrontación armada entre el Bloque «Jorge Suárez Briceño» y la «Segunda Marquetalia». A pesar de esto, informó que no tiene conocimiento sobre episodios de perturbación del orden público en el territorio del reguardo accionante y tampoco existen denuncias por parte de este grupo indígena.

 

7.12.      Respuesta del comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega[301]

 

31. Sobre los hechos de la tutela. La autoridad militar se refirió al desarrollo del Plan de Operaciones «Ayacucho 2023-2026», el cual tiene como objetivo estratégico la protección de la población civil. Detalló las operaciones militares realizadas hasta la fecha y se refirió a los antecedentes relacionados con amenazas o hechos que ponen en riesgo la vida y la integridad de los integrantes del pueblo étnico accionante, debido a la presencia de grupos armados disidentes de las antiguas FARC-EP. Manifestó que ha apoyado y acompañado acciones para la protección del ambiente en municipios como La Macarena y San Vicente del Caguán, así como en el territorio del resguardo indígena demandante. Señaló que existe presencia de población civil que se autodenomina Guardia Campesina, que exige el retiro de las Fuerzas Armadas de ciertas zonas del territorio. Añadió que desde 2017 la Defensoría del Pueblo ha emitido cuatro alertas tempranas sobre el territorio en el que se asienta el resguardo. Por último, señaló que el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Florencia (Caquetá) no le notificó de ningún plan de recuperación ambiental y de mitigación de la deforestación del territorio colectivo. Tampoco ha recibido algún requerimiento por parte de alguna Corporación Autónoma Regional para planificar acciones relacionadas con el cumplimiento de dicho plan.

 

7.13.      Respuesta del Resguardo Nasa Páez Altamira[302]

 

32. Sobre los hechos de la tutela. El gobernador indígena afirmó que esta comunidad pertenece al pueblo Nasa, oriundo del departamento del Cauca. Señaló que, como consecuencia del conflicto armado interno, varias familias fueron desplazadas forzosamente y se asentaron en el municipio de San Vicente del Caguán. Manifestó que en el 2009 se reunieron con algunas familias del Resguardo Indígena Yaguara II, Llanos del Yarí para «trabajar y cuidar [su] territorio»[303]. Asimismo, expresó que, en el 2016, tomaron posesión de un territorio baldío «ubicado entre el Resguardo Indígena Yaguara II y la vereda El Camuya; cerca al PNN Chiribiquete»[304]. Por último, señaló que busca legalizar el resguardo el «Cabildo La Esperanza», sin que se genere conflictos territoriales con el resguardo accionante.

 

7.14.      Respuesta de la UARIV[305]

 

33. El plan de reparación colectiva. La entidad informó que el grupo indígena fue incluido en el Registro Único de Víctimas a través de la Resolución n°. 2017-145621, del 20 de noviembre de 2017. Manifestó que aún no cuenta con el Plan Integral de Reparación Colectiva, porque el caso se encuentra en la fase de alistamiento, la cual corresponde a la segunda de cinco fases previstas[306]. Además, argumentó que el grupo no está «focalizado para la presente vigencia de conformidad con lo establecido en los artículos 17 y 18 de la Ley 1448 de 2011»[307]. Por tal razón, aseguró que el resguardo será tenido en cuenta para la vigencia del año 2025. En virtud de lo anterior, solicitó ser desvinculada de la presente acción de tutela.

 

34. Dificultades para la implementación de los Planes Integrales de Reparación Colectiva. La Unidad para las Víctimas expresó que existen dificultades internas y externas para la implementación de estos planes. Respecto de las primeras, señaló que existen obstáculos en la disponibilidad presupuestal, la falta de actualización de las rutas metodológicas que tengan en cuenta las realidades territoriales, entre otras. En relación con el segundo grupo, sostuvo que factores como la presencia del conflicto armado, vacíos normativos, accesibilidad a los territorios, dificultades logísticas y operativas, conflictos intra e interétnicos y la falta de articulación institucional, imposibilitan la implementación de los mencionados planes.

 

35. El plan de retorno[308]. La entidad informó que, a través de la Resolución n°. 329 de 2014, adoptó el protocolo para el acompañamiento en retornos y reubicaciones en el marco de la reparación integral a las víctimas de desplazamiento forzado y formuló un plan de retornos y reubicaciones en el municipio de San Vicente del Caguán, dentro del cual se encontraba incluida la población del colectivo indígena accionante. Posteriormente, mediante la Resolución n°. 3320 de 2019, la autoridad dio inicio al proceso de actualización del plan de retorno. Por consiguiente, llevó a cabo una reunión con el municipio de San Vicente del Caguán y realizó concertación con el resguardo el 1° de septiembre de 2023. Sin embargo, el proceso de actualización se vio afectado debido a los conflictos de representatividad al interior de la comunidad y que fueron resueltos hasta finales de 2023.

 

36. Dificultades para la implementación del plan. Según el escrito de la UARIV, la principal dificultad para la implementación del plan de retorno tiene que ver con la falta de articulación de las diferentes entidades del orden nacional y territorial para el cumplimiento de sus tareas. Señaló igualmente que el posible cambio limítrofe del departamento de Caquetá podría afectar el plan de retorno de esta comunidad, por cuanto era necesario clarificar las responsabilidades de cada municipio. Con todo, anotó que el proceso debía seguirse de manera articulada entre las tres entidades territoriales involucradas. También, se refirió al problema de seguridad en el área del territorio indígena y puso de presente que el municipio de San Vicente del Caguán afirmó que «lo mejor es que la Fuerza Pública no se acer[que] a la zona a fin de evitar alteraciones en el orden público, así como de los grupos armados que puedan estar implicados»[309]. Por último, señaló que el municipio de Calamar manifestó no contar con la capacidad financiera para ejecutar el plan de retorno.

 

37. Acciones realizadas para cumplir el plan de retorno. La UARIV informó que el 13 de diciembre de 2017 realizó reunión con el gobernador del resguardo para la aprobación del plan y que el 1° de septiembre de 2020, aquel fue concertado con la comunidad del resguardo. El 4 de agosto de 2023, se reunió con las directivas del resguardo para dialogar con la comunidad y conocer su situación actual. Posteriormente, el 15 de marzo de 2024, la entidad se reunió con la Alcaldía de San Vicente del Caguán y el nuevo gobernador del resguardo para contextualizar a la nueva administración del municipio sobre el estado actual del plan de retorno. El 13 de junio de este año, la entidad identificó la acciones «que se puedan coordinar y lograr mayores garantías en el proceso de retorno como en el de reparación colectiva». Finalmente, el 20 de septiembre realizó una contextualización del plan de retorno con las Alcaldías de La Macarena (Meta) y Calamar (San José del Guaviare).

 

7.15.      Respuesta de la Alcaldía de San Vicente del Caguán[310]

 

38. Sobre el plan de retorno de la comunidad. La autoridad municipal informó que la UARIV no ha enviado el respectivo plan de acción, a pesar de que la ha requerido en múltiples ocasiones. Manifestó que, a pesar de que ha realizado dos reuniones con las Alcaldías de La Macarena (Meta) y Calamar (San José del Guaviare),  existen algunas dificultades para implementar el plan de retorno: (i) el conflicto interétnico entre el resguardo accionante y unas familias del pueblo Nasa que se ubicaron en el territorio del primero; (ii) la falta de actualización de las acciones del plan de retorno, dado que aquel contiene una metodología antigua y abarca un número elevado de acciones, y (iii) la falta de articulación entre las tres administraciones municipales. Indicó que planea reunirse con las demás alcaldías y con la comunidad para diseñar un plan de trabajo que permita dar continuidad al retorno.

 

7.16.      Respuesta de la Alcaldía La Macarena (Meta)[311]

 

39. Actuaciones llevadas a cabo para cumplir con los planes de retorno y de reparación colectiva. El municipio aseguró que a la fecha la UARIV no ha brindado información sobre el contenido de los planes de retorno y de reparación colectiva, pese a que los ha requerido en múltiples ocasiones. Anotó que, con todo, el 20 de septiembre pasado tuvo una reunión con las Alcaldías de San Vicente del Caguán (Caquetá) y Calamar (Guaviare), con el fin de «contextualizar el plan de retorno y reubicación del Resguardo Llanos del Yari Yaguará II»[312].

 

7.17.      Respuesta de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico (CDA)[313]

 

40. Deforestación y construcción de redes viales ilegales dentro del resguardo. La corporación ambiental informó que recibió un informe de la Sociedad Zoológica de Frankfurt. En él, se reporta la existencia de un proceso de deforestación activo por parte de actores externos al resguardo, así como la construcción de redes viales ilegales dentro de este y dentro del Parque Natural Serranía de Chiribiquete. Sostuvo que, en el año 2021, la deforestación ascendió a 2110 hectáreas[314]. De igual manera, identificó la existencia de tramos viales que han sido construidos de forma ilegal. Sin embargo, aseguró que enfrenta obstáculos para iniciar las actuaciones de control y seguimiento, debido al difícil acceso y a la situación de orden público.

 

41. Las órdenes dictadas por el juez de restitución de tierras. La entidad señaló que, en el marco del proceso de restitución de derechos territoriales, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Florencia (Caquetá) le ha dictado las siguientes órdenes: (i) diseñar e implementar una estrategia integral e inmediata, con la finalidad de mitigar la deforestación; (i) diseñar e implementar un plan de reforestación; (iii) instalar vallas informativas para que la comunidad reconozca los linderos reales del resguardo; y (iv) cumplir con lo establecido en el plan de trabajo diseñado con Corpoamazonía y Cormacarena, para mitigar la deforestación.

 

42. Actuaciones adelantadas por la entidad. De acuerdo con el informe, la autoridad tuvo varias reuniones con la entonces gobernadora del resguardo y acordaron algunas acciones, tales como la elección de un sabedor ancestral, la toma de imágenes satelitales, el análisis de muestras de la fuente hídrica, entre otras. El 17 de septiembre de 2021, algunos habitantes del resguardo manifestaron la inconformidad con las autoridades indígenas y solicitaron no proceder con lo acordado, hasta que no se elija una nueva junta indígena.

 

43. Requerimiento judicial. El 25 de noviembre de 2021, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Florencia (Caquetá) instó a la autoridad para que «adelant[ara] las labores de protección y preservación de la biodiversidad y el medio ambiente dentro del Resguardo Indígena LLANOS DEL YARÍ – YAGUARA II, así como trabajos educativos con los miembros de la comunidad, evitando en mayor medida el impacto de la deforestación que viene afectando el territorio objeto de restitución, con el fin de que se puedan implementar acciones de control a la deforestación»[315]. Bajo este panorama, la entidad suscribió el contrato de consultoría n°. 230 de 2022, cuyo objeto es la ejecución del proyecto ««formulación e implementación de estrategias orientadas a reducir la deforestación en comunidades indígenas priorizadas por acciones judiciales en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés»[316]. Sin embargo, no se ha podido ejecutar en su totalidad dicho contrato, debido a los problemas de seguridad que enfrenta la zona[317].

 

44. Actuaciones realizadas. Con todo, la entidad afirmó que ha sobrevolado la zona para verificar los puntos de deforestación y emitió la Resolución n°. 181 de 2023 «por medio de la cual se inhabilita y prohíbe de manera inmediata el ingreso y tránsito dentro de la vía construida sin licenciamiento ambiental en el resguardo indígena llanos del Yari-Yaguara II y en el área de reserva forestal de la Amazonía - ley 2da de 1959 y se adoptan otras disposiciones».

 

45. Procesos de intervención del Sistema Nacional Ambiental. Por último, la autoridad informó que el Gobierno nacional implementó los núcleos de desarrollo forestal en la Amazonía. Esta estrategia involucra al resguardo indígena accionante, el cual está priorizado, puesto que la restauración del bosque puede representar un mejoramiento de la validad de vida de la comunidad. El Instituto Humboldt ha actuado de manera conjunta con el mencionado resguardo para contener la deforestación en esta zona[318].

 

7.18.      Respuesta de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de La Macarena (Cormacarena)[319]

 

46. Actuaciones realizadas. La autoridad ambiental señaló que en el 2017 elaboró el Protocolo de Restauración del Resguardo Indígena Llanos del Yarí-Yaguara II, el cual contiene los lineamientos del proceso de restauración en el área del resguardo. Asimismo, en el 2020, formuló un plan de acción para mitigar la deforestación en el territorio de su jurisdicción y que pertenece a la comunidad indígena. Indicó que elaboró el plan para mitigar la deforestación, la tala indiscriminada y los daños ecológicos en conjunto con la CDA y Corpoamazonía. Este plan fue actualizado en el 2024 y fue socializado con la comunidad en los años 2022 y 2024, la cual tuvo la oportunidad de hacer las retroalimentaciones correspondientes. La entidad expuso que ha brindado eventos de capacitación y ha hecho acciones de recuperación de la «cobertura vegetal para la conservación de los ecosistemas mediante la recuperación, rehabilitación y/o restauración ecológica»[320].

 

47. Dificultades encontradas. A juicio de la corporación, es fundamental la articulación interinstitucional para el desarrollo de las acciones propuestas. Indicó que requiere el acompañamiento continuo del IDEAM, de la fuerza pública, de las autoridades municipales y nacionales, entre otras. Además, señaló que en diversas ocasiones se ha solicitado a la ANT la delimitación del territorio y que la falta de realización de esta acción afecta el cumplimiento de los compromisos planeados.

 

7.19.      Respuesta de la Aeronáutica Civil[321]

 

48. Sobre la pista de aterrizaje. La autoridad aérea manifestó que mediante la Resolución n°. 2797 del 29 de septiembre de 2023, canceló la operación del área de aterrizaje denominada «Yaguará II», ubicada en el aeropuerto del municipio de San Vicente del Caguán. Informó que a la fecha, dicha decisión no ha sido modificada. De igual modo, advirtió que no tiene competencia para supervisar los servicios humanitarios que hubiere prestado la aerolínea Satena respecto del resguardo accionante.

 

8.     Traslado de pruebas

 

49. Con ocasión del traslado de pruebas efectuado por la Secretaría de esta corporación, el Resguardo Indígena Yaguara II Llanos del Yari, conformado por los pueblos Pijao, Tucano y Piratapuyo, la UNP y la Gobernación del Meta presentaron una nueva intervención.

 

8.1.          Respuesta del Resguardo Indígena Yaguará II Llanos del Yari, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo[322]

 

50. El gobernador se pronunció respecto de cada una de las respuestas allegadas por las diferentes entidades oficiadas. Reiteró las problemáticas que enfrenta la comunidad indígena, debido a la dilación del proceso judicial y a la inacción de varias instituciones del Estado. Aseguró que existe un traslape entre su territorio y el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, a raíz de la primera consulta previa practicada por dicha entidad. A partir de lo expuesto, pidió lo siguiente: (i) la protección constitucional de sus derechos fundamentales como sujetos colectivos de derecho y víctimas de desplazamiento forzado; (ii) reforzar y complementar las medidas cautelares dictadas en el marco del proceso judicial de restitución de derechos territoriales; (iii) ordenar la implementación y cumplimiento de las medidas cautelares, así como el plan de salvaguarda, el plan de vida y el plan de desarrollo territorial del resguardo; (iv) dejar sin efectos la consulta previa protocolizada el 27 de julio de 2012; (v) habilitar las vías de acceso al territorio del resguardo que conducen a las cabeceras de los municipios de San Vicente del Caguán, Calamar y La Macarena, así como la pista aérea; (vi) ordenar transferencias de recursos por parte del Ministerio de Hacienda para ser invertidos en el resguardo; y (vii) ordenar la construcción del acueducto y el alcantarillado, y hacer un programa de vivienda conforme a sus costumbres.

 

51. En escrito aparte[323], la autoridad indígena puso de presente que luego de haber solucionado el conflicto interno de representatividad, hubo demora por parte de la Alcaldía de La Macarena (meta) en la posesión del cabildo indígena, así como en la expedición del certificado de existencia y representación legal. De otra parte, reconoció que el Gobierno nacional tiene como objetivo controlar los avances de la colonización y contener la deforestación ambiental de la zona y que, por tal razón, se implementaron los núcleos de desarrollo forestal en la Amazonía. Tal estrategia involucró al resguardo accionante. Puso de presente que luego de haber solucionado el conflicto interno de representatividad, hubo demora por parte de la Alcaldía de La Macarena (meta) en la posesión del cabildo indígena, así como en la expedición del certificado de existencia y representación legal. Solicitó recursos económicos para viabilizar sus necesidades ambientales y territoriales. Manifestó que se requiere la intervención coordinada de distintas entidades del Estado para que los grupos armados ilegales respeten los derechos humanos del colectivo y atender los planes de trabajo trazados por las corporaciones autónomas regionales. Por último, indicó que en el proceso de reforestación debe preferirse el acompañamiento de personal civil y no uniformado.

 

52. Posteriormente, el gobernador del resguardo aportó unos videos captados desde un celular, en los cuales, manifiesta que evidencia «recipientes de combustible, una guaduaña de deforestaciones forestales,al parecer explotacion ilegal de madera de selva, entre otras especies nativas de manera ilegal, siembra de maíz, donde encontrarios a hombres, mujeres en un cambuche, quienes al parecer han comprado extensiones de tierras dentro de nuestro resguardo»[324]. Manifestó que es menester que la Fiscalía General de la Nación inicie investigación penal en contra de los posibles responsables, a efectos de evitar actividades ambientalmente peligrosas dentro de la zona.

 

8.2.          Respuesta de la UNP[325]

 

53. Indicó que ha implementado las medidas de protección a favor del resguardo, conforme al marco legal que rige el Programa de Prevención y Protección. De manera que las medidas entregadas son consecuencia del «resultado de rigurosos estudios técnicos de riesgo y seguridad». Señaló que la situación de alteración al orden público que aqueja la zona en donde se ubica el resguardo escapa a la misionalidad de la entidad, pues quien debe garantizar la seguridad en dicho territorio es la Fuerza Armada. De igual manera, refirió que, en cumplimiento de una orden dictada por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué (Tolima) practicó una valoración de riesgo al resguardo accionante y que aquella arrojó un nivel de riesgo «extraordinario», de conformidad con la sesión del Comité de Evaluación de Riesgo del 4 de diciembre de 2020. Sobre la respuesta de la Defensoría del Pueblo, la entidad informó que actualmente está en curso una reevaluación del riesgo, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.4.1.2.2 del Decreto 1066 de 2015. Para tal efecto, tendrá en cuenta las Alertas Tempranas que ha expedido la Defensoría del Pueblo.  Por último, sobre la respuesta de la CDA, advirtió que no tiene competencia sobre los asuntos de orden público en el territorio del resguardo y que aquellos deben ser resueltos por las autoridades municipales y departamentales.

 

8.3.          Respuesta de la Gobernación del Meta[326]

 

54. Esta entidad puso de presente que no fue oficiada en el primer auto de pruebas. Indicó que, con todo, en el año 2020, entregó un apoyo humanitario de emergencia con 16 kits alimentarios al Resguardo Indígena Llanos del Yari, Yaguara II, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo para enfrentar la pandemia generada por el Covid-19. Manifestó que garantiza la integridad física, pervivencia cultural, el desarrollo de procesos y dinámicas incluyentes de los pueblos indígenas del Meta y del resguardo accionante.

ANEXO

 

9.     Respuestas recibidas en el recaudo probatorio

 

9.1.          Respuesta del gobernador del Resguardo Indígena de Yaguara II, Llanos del Yarí, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo[327]

 

55. Sobre el conflicto de representatividad interno. El gobernador Camilo Andrés Cano Sánchez manifestó que, durante el lapso en que su comunidad fue desplazada a raíz del conflicto armado, algunas familias de la etnia Nasa se apropiaron de su territorio y de varios recursos y bienes, incluso, solicitaron «recursos de transferencias»[328] a nombre del resguardo. Por esta razón, algunos miembros de la comunidad retornaron al territorio y nombraron un cabildo, aún en presencia de actores armados ilegales. Este aspecto generó desacuerdos al interior del colectivo indígena y se impugnó la elección del entonces gobernador Julián Rodrigo López. Sin embargo, manifestó que, entre diciembre de 2022 y enero de 2023, con el apoyo de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, la comunidad resolvió sus diferencias.

 

56. Asimismo, informó que les fue expedido el certificado de existencia y representación legal. Añadió que, con todo, «requiere acompañamiento cada año en el mes diciembre, como mínimo en el momento de elección de la junta de gobierno del resguardo indígena, a fin de que en la asamblea general […] pueda encontrar, dialogar y, realizar el proceso democrático de elección de su junta de gobierno»[329]. Expresó que la junta de gobierno fue conformada en el año 2023 y posesionada ante la Alcaldía de La Macarena (Meta), a pesar de que este trámite siempre había sido adelantado ante la Alcaldía de San Vicente del Caguán (Meta).

 

57. En relación con las familias Nasa que habitaron el territorio colectivo. El gobernador precisó que desconoce las razones por las cuales estas familias se posesionaron y usufructuaron su territorio después del desplazamiento forzado. Argumentó que dichas familias «resolvieron por cuenta propia salir [del] territorio»[330] y que desconoce su paradero en la actualidad. No obstante, precisó que existe una de estas familias en el seno del resguardo, la cual ocasiona algunas problemáticas, en la medida en que desatienden las órdenes del resguardo, generan desacuerdos y promueven la deforestación de la selva. Por ese motivo, piden que esa familia sea reubicada por el Estado, con el respeto de sus garantías constitucionales.

 

58. Las condiciones del territorio del resguardo. Según el gobernador, antes de ser desplazados a raíz del conflicto armado, las condiciones socioeconómicas, territoriales, ambientales y políticas del resguardo «eran muy buenas»[331]. Señaló que, desde el año 2016, la comunidad inició su proceso de retorno, el cual no ha concluido debido a «las condiciones de indiferencia de las instituciones municipales, regionales y nacionales»[332]. Al respecto, informó que el Estado no les ha brindado apoyo en planes de desarrollo municipal y en inversión social, pues no cuentan con «ranchos donde vivir»[333], docentes etnoeducadores, servicio de internet, ni puestos de salud y la pista aérea que tenían a su disposición, para la prestación de servicios humanitarios, está abandonada. Además, informó que su territorio ha sido invadido por personas extrañas y por actores armados ilegales; que los recursos naturales han sido explotados de manera ilegal y que hubo un traslape de su territorio con el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete. En tal sentido, concluyó que no existe un «acuerdo interinstitucional de proceso de retorno conlleve responsabilidades de bienestar, inversión social, seguridad, convivencia [y] paz en el territorio»[334].

 

59. Respecto de las medidas de seguridad de la UNP. El gobernador indígena puso de presente que la UNP entregó algunas ayudas y apoyos como medidas de protección individuales a algunos líderes sociales comunitarios. Estos apoyos obedecieron a su condición de víctimas del conflicto armado y a algunas denuncias presentadas. Sin embargo, expresó que estos no son suficientes porque no fueron entregados a toda la comunidad. Además, algunas motocicletas que les brindaron para recorrer los linderos del resguardo no pueden ser usadas a menudo «por los riesgos de seguridad en el territorio por el tránsito de grupos armados al margen de la ley»[335]. A su juicio, es necesario «revisar, reforzar y complementar las medidas de protección y, de los apoyos que pueda brindar la [UNP] en este momento a la comunidad indígena como colectivo social»[336].

 

9.2.          Respuesta del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República[337]

 

60. Solicitud y fundamentos de la defensa. Esta entidad pidió ser desvinculada de la presente acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva. Solicitó también que se declare improcedente la demanda, debido a que no existe ninguna acción u omisión atribuible a la Presidencia de la República. Argumentó que, según lo dispuesto en la Ley 1454 de 2011, carece de competencia para intervenir en la autonomía de los departamentos y municipios accionados, en temas relacionados con la protección, retorno y reconstrucción del territorio ancestral y el tejido social de los resguardos. De igual forma, afirmó que no tiene atribuciones para definir y garantizar el derecho de consulta previa y que estas facultades son propias del Ministerio del Interior. Además, puso de presente que la parte accionante puede acudir al juez de lo contencioso administrativo para que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, este examine la validez de las resoluciones dictadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial que se cuestionan en la acción de tutela.

 

9.3.          Ministerio del Interior[338]

 

61. El conflicto de representatividad al interior del resguardo. La entidad afirmó que el 26 de septiembre de 2023 intervino en la solución del conflicto de representatividad del resguardo indígena. En el marco de dicha solución, se acordó «respetar un acuerdo que consta de un ejercicio de gobernabilidad por una persona perteneciente a cada comunidad por periodos de un año»[339]. Por esa razón, para el periodo 2023 fue elegido como gobernador Julián Rodrigo López; mientras que para el 2024, Camilo Andrés Cano Sánchez. La autoridad allegó el certificado de existencia y representación legal del resguardo, de acuerdo con la elección efectuada el 13 de diciembre de 2023 y con el acta de posesión del 17 de enero de 2024, suscrita por la Alcaldía de La Macarena.

 

9.4.          Respuesta del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Florencia (Caquetá)[340]

 

62. Sobre el estado actual del proceso de restitución de tierras y solicitud de medidas cautelares. La juez de ese despacho manifestó que el proceso judicial iniciado por el Resguardo Indígena de Yaguara II, Llanos del Yarí, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo actualmente está en etapa de «análisis y evaluación»[341]. Precisó que, en el auto del 5 de julio de 2024, la autoridad judicial dispuso, entre otras, requerir el cumplimiento de algunas decisiones y ordenar la conformación de una mesa técnica de trabajo entre la ANT, la URT y Parques Nacionales Naturales de Colombia para que «adelantaran el procedimiento de precisión del lindero o límite entre el resguardo indígena y el Parque Natural Serranía de Chiribiquete, conforme lo indicado por la Unidad Administrativa Especial»[342]. Actualmente, dicha información es analizada por el despacho.

 

63. En relación con las medidas cautelares pendientes de incumplimiento. El juzgado detalló que existen tres medidas cautelares que aún no han sido cumplidas, por lo que ha requerido a las autoridades concernidas para que ejecuten lo ordenado. Sin embargo, algunas de esas medidas enfrentan problemas de eficacia, como pasa a explicarse en el siguiente cuadro:

 

 

64. Respecto del conflicto de representatividad y mora de su despacho judicial. De un lado, la juez informó que no promovió ningún incidente de controversias inter o intraétnicas, conforme lo ordenado por la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia porque, el 15 de abril de 2024, la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior manifestó que el conflicto de representatividad del resguardo fue superado. De otro lado, añadió que su despacho presenta congestión judicial, puesto que está pendiente por resolver más de 495 procesos judiciales, muchos de los cuales tienen un grado de dificultad excepcional. Manifestó que «siempre ha estado presto a brindarle agilidad a los trámites y en ningún momento de forma premeditada ha pretendido omitir ningún trámite procesal»[348].

 

9.5.          Respuesta de la Agencia Nacional de Tierras[349]

 

65. Sobre el ámbito territorial del resguardo. La entidad recordó que el resguardo accionante está asentado en los municipios de San Vicente del Caguán (Caquetá), La Macarena (Meta) y El Calamar (San José del Guaviare). Indicó que, de conformidad con la Resolución n°. 10 del 22 de febrero de 1995, expedida por el Incora, el territorio étnico cuenta con una extensión de 146.000 hectáreas aproximadamente. Sin embargo, su área está en trámite de definición, en virtud del procedimiento de delimitación ordenado por el Juzgado Primero Civil Especializado en Restitución de Tierras de Florencia (Caquetá).

 

66. En relación con el cumplimiento de las órdenes judiciales dictadas por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Florencia (Caquetá). La agencia afirmó que tiene a su cargo dos procedimientos misionales: (i) la delimitación del territorio colectivo del resguardo, que fue adjudicado mediante la Resolución n°. 10 de 1995; y (ii) la medida de protección de instalación de vallas publicitarias dentro del territorio formalizado. Al respecto, presentó las gestiones y acciones realizadas, como pasa a explicarse en el siguiente cuadro:

 

 

67. Frente a los desafíos encontrados en el desarrollo del proceso de delimitación. La entidad aseguró que ha identificado las siguientes dificultades para cumplir con el proceso de delimitación del territorio colectivo y la instalación de vallas publicitarias: (i) las condiciones de seguridad en el territorio, debido a la presencia de grupos armados ilegales y cultivos ilícitos; (ii) la emergencia sanitaria asociada a la pandemia del Covid-19; (iii) el difícil acceso a algunas áreas del territorio. En particular, aquellas en las cuales están los linderos descritos en la redacción técnica de la resolución de la constitución, pues estas no han podido ser exploradas de manera física; y (iv) la falta de información geográfica y catastral en las bases de datos del IGAC, sobre «los topónimos descritos en la redacción técnica de la resolución de constitución»[351].

 

68. El traslape entre el territorio indígena y el parque natural[352]. Remitió el «informe de la mesa técnica entre PNN-URT-ANT sobre la precisión del lindero entre el territorio colectivo de Resguardo Indígena Llanos del Yarí, Yaguara II y el Parque Nacional Serranía del Chiribiquete». Señaló que discrepa de la conclusión a la que llegó Parques Nacionales Naturales en relación con el traslape entre los territorios del resguardo y el Parque Natural Serranía del Chiribiquete. Aseguró que no cuenta con evidencia que respalde el hecho de que el traslape sea estrictamente cartográfico. En tal sentido, consideró que, dada la situación de traslape, ha hecho «los ejercicios tendientes a delimitar de forma plausible el territorio colectivo del Resguardo Indígena con las herramientas e insumos disponibles»[353].

 

69. Sobre el presupuesto asignado para los proyectos de delimitación de territorios indígenas[354]. La entidad informó que para la vigencia del año 2024 cuenta con una asignación económica de $1.543’000.000. Además, celebró con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo el convenio ANT-CPS-20249046, cuyo objeto es «aunar esfuerzos para la implementación de acciones que contribuyan al mejoramiento de los procesos relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural de las comunidades étnicas y la gobernabilidad integral de sus territorios, así como, el fortalecimiento de las capacidades institucionales de la ANT, esto con el propósito que se reduzcan las desarmonías territoriales y sean efectivamente atendidas por la ANT»[355]. Este convenio tiene un valor de $34.163.’494.922, de los cuales, el Programa de las Naciones Unidas aporta el 55% en especie.

 

70. Número de procesos de delimitación de territorios indígenas. La ANT afirmó que actualmente atiende un total de 55 trámites relacionados con la delimitación de comunidades indígenas, de los cuales 43 están en trámite. Señaló que, de acuerdo con el Plan de Atención 2024, existen 20 órdenes o medidas de atención que están priorizadas y que están relacionadas con la concertación e instalación de mojones en los territorios colectivos de las comunidades indígenas. También, indicó que el equipo geográfico tiene a su cargo 199 reconstrucciones, de las cuales, 50 están pendientes de finalizar. Ninguno de los anteriores procesos es priorizado porque no existe un estándar concreto. La entidad informó que no es posible determinar los tiempos promedios de ejecución, debido a que cada caso enfrenta dificultades diversas. De igual forma, precisó que no practica auditorías al respecto, pero que espera obtener mayor eficiencia en virtud del convenio firmado recientemente.

 

71. Obstáculos en los procesos de delimitación. Por último, la institución reiteró las tres principales dificultades en los procedimientos de delimitación de territorios étnicos colectivos: (i) las condiciones de seguridad, debido a la presencia de grupos armados ilegales; (ii) las condiciones de áreas de difícil acceso; y (iii) la desarticulación o falta de información geográfica y catastran en las bases de datos abiertos del IGAC. De acuerdo con el escrito allegado, la entidad ha implementado algunas estrategias, tales como la articulación con las comunidades indígenas para validar las condiciones de seguridad, el requerimiento a las autoridades locales y policivas, entre otras. En tal sentido, argumentó que analiza la seguridad de la zona mediante la consulta y articulación con las entidades territoriales, a efectos de evitar truncamientos en las visitas de campo. Por otro lado, destacó que algunas comunidades han manifestado que su territorio no corresponde al que está delimitado en la descripción técnica de linderos de los actos administrativos de constitución. Esto genera cierta inconformidad por parte de la comunidades al momento de conocer los límites jurídicos de sus territorios.

 

9.6.          Respuesta del Instituto Geográfico Agustín Codazzi[356]

 

72. Sobre su participación en la mesa de trabajo para el proceso de delimitación. La entidad señaló que el 22 de julio de 2024 participó en una mesa técnica junto a la URT, la ANT y Parques Nacionales Naturales, con la finalidad de delimitar el territorio de la comunidad indígena accionante. Indicó que aportó los insumos solicitados por la ANT y suministró la información disponible sobre la zona en la cual, al parecer, se presenta traslape. Asimismo, recordó que está en la obligación de apoyar técnicamente en el proceso de delimitación de las tierras de los resguardos indígenas[357].

 

9.7.          Respuesta de Parques Nacionales Naturales[358]

 

73. Sobre los procesos de consulta previa con el resguardo accionante. La autoridad aseguró que el proceso de ampliación del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete respetó las normas que regulan el procedimiento de consulta previa. Manifestó que solicitó la certificación de presencia de comunidades étnica y que, una vez surtido ese proceso, desarrolló espacios de acercamiento para concertar y coordinar el desarrollo de la consulta previa. Puntualizó que, en la primera consulta, el resguardo indígena estuvo de acuerdo con la ampliación del área protegida. En el segundo, por su parte, el colectivo puso de presente la sobreposición entre el área protegida y el resguardo. Por tal motivo, la entidad determinó que no era conveniente extender o ampliar el área protegida sobre el territorio delimitado del resguardo. En tal sentido, trazó un nuevo límite del área protegida.

 

74. En relación con la extensión del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete. Según la institución, los límites y linderos del mencionado parque están definidos en la Resolución n°. 1256 de 2018, «[p]or medio de la cual se reserva, delimita, alindera y declara como parte del Parque Nacional Natural la Serranía de Chiribiquete un área ubicada en los municipios de Calamar, Miraflores y San José del Guaviare en el departamento de Guaviare y San Vicente del Caguán y Solano en el departamento del Caquetá». De acuerdo con este acto administrativo, el parque tiene una extensión total aproximada de 4’268.095 hectáreas. Sin embargo, en la Resolución n°. 370 de 2021 del IGAC, la extensión total del parque ascendería a 4’259.805 hectáreas. La entidad transcribió in extenso los linderos del parque en cuestión, con base en lo descrito en la mencionada Resolución n°. 1256 de 2018.

 

75. Respecto del traslape del territorio indígena y el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete. La entidad negó que hubiera un traslape entre el parque natural y el territorio del resguardo accionante. Adujo que acató la decisión de la consulta previa y que así lo manifestó expresamente en la Resolución n°. 1256 de 2018. Mencionó que la cuestión del traslape del territorio obedeció a imprecisiones cartográficas, por cuanto la ANT basó su estudio a partir del mapa del IGAC, cuya escala es de 1:500.000; mientras que la de Parques Nacionales Naturales es de 1:100.000. En tal sentido, no existe un traslape físico, sino uno estrictamente cartográfico. Señaló que, a partir de tal discrepancia y debido a la orden del juez de restitución de tierras, conformó una mesa técnica con la ANT y la URT para precisar el lindero entre el territorio colectivo y el parque natural. Afirmó que tales entidades «reconstruyeron los actos administrativos con fuentes oficiales de información teniendo en cuenta la temporalidad y las respectivas descripciones de lindero»[359]. Por tal razón, la ANT debió ajustar la cartografía oficial del resguardo frente a las inconsistencias cartográficas que derivaron en la superposición parcial del área protegida y el territorio colectivo de la comunidad indígena.

 

76. Frente a la relación de la comunidad indígena con el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete. La autoridad señaló la comunidad indígena no se ha opuesto a la ampliación del parque natural ni a la protección del ecosistema; por el contrario, el pueblo indígena ha manifestado su voluntad de «no querer hacer parte del área protegida»[360]. Señaló que las reclamaciones han surgido por la falta de claridad en la delimitación territorial y la preocupación por la seguridad jurídica de sus tierras. A pesar de esto, reiteró que acató la decisión de consulta previa, y que, en tal sentido, no amplió el territorio del mencionado parque natural en el área perteneciente a la comunidad indígena.

 

9.8.          Respuesta de la Defensoría del Pueblo[361]

 

77. Situación de seguridad. La entidad transcribió el acta de la reunión llevada a cabo el 25 de julio de 2024, en la cual se abordó el tema relacionado con el traslape del territorio colectivo del resguardo y el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete. Posteriormente, detalló que, desde diciembre de 2017, ha emitido cuatro alertas tempranas con focalización en el resguardo accionante. Allí se han advertido los riesgos para la población indígena que habita los territorios de La Macarena, El Calamar y San Vicente del Caguán. Añadió que los grupos armados ilegales que generan el riesgo son los disidentes de las antiguas FARC-EP, tales como el Estado Mayor Central.

 

78. Recomendaciones a las entidades[362]. La Defensoría señaló que en la Alerta Temprana 007-24 recomendó acciones orientadas a impulsar la prevención de violaciones a la vida, a la libertad, a la integridad y a la seguridad personales, mediante acciones urgentes de disuasión, prevención, protección y atención integral que eviten la materialización de conductas vulneradoras de derechos. Tales recomendaciones estuvieron dirigidas a los Ministerios del Interior, de Justicia, de Defensa Nacional, de Minas y Energía, de Relaciones Exteriores, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a las gobernaciones de Guainía, Putumayo, Amazonas, Meta, Vaupés, Caquetá, Guaviare y Vichada, a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, a la Unidad Nacional de Protección, a las Direcciones de Asuntos Indígenas, Rom y minorías y de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Agencia Nacional de Tierras, Agencia de Reincorporación y Normalización, Unidad Administrativa Parques Nacionales Naturales de Colombia, Fiscalía General de la Nación, Unidad para las Víctimas, entre otras entidades.

 

9.9.          Respuesta de la Procuraduría General de la Nación[363]

 

79. Sobre el conflicto de representatividad interno. La Procuraduría corroboró la existencia de un conflicto de representatividad dentro del resguardo accionante en el año 2022. Afirmó que esta problemática se presentó debido a que existieron simultáneamente dos cabildos gobernadores y diferentes directivos del resguardo. Con todo, aseguró que el problema se superó en el año 2023. Basó su conclusión en un informe presentado por la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior en octubre de 2023, así como en la expedición de la correspondiente certificación por esa entidad. Detalló las actuaciones que desplegó con la finalidad de contribuir a la solución de ese conflicto.

 

80. En relación con la situación de orden público. La entidad manifestó que conoce el «informe de seguridad sobre el territorio que comprende el Resguardo Indígena Llanos del Yarí-Yaguara» del 26 de agosto de 2023, presentado por el comandante del Batallón de Operaciones Terrestres n°. 2 al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Florencia. Según tal documento, el grupo armado organizado «Jorge Briceño» estaría delinquiendo en zonas como los municipios de La Macarena y San Vicente del Caguán. Dicho grupo ha atentado contra la población civil y la Fuerza Pública. Añadió que esta última ha informado el acaecimiento de hechos violentos como  la activación de campos minados, el combate de encuentro y la ubicación de artefactos explosivos.

 

81. Frente a las actuaciones para dar cumplimiento a la sentencia de segunda instancia y para garantizar el retorno del resguardo a su territorio de origen. La institución refirió los distintos requerimientos que efectuó para dar cumplimiento a la sentencia de segunda instancia del expediente de tutela de la referencia. Asimismo, manifestó que, desde el año 2018, ha requerido a la UARIV y a las alcaldías municipales de San Vicente del Caguán y La Macarena, para el cumplimiento del plan de retorno del Resguardo Indígena de Yaguara II, Llanos del Yarí, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo. También, pidió al juez de restitución de tierras que citara a audiencia de seguimiento a efectos de que las entidades presenten las actuaciones que han desplegado «para lograr el proceso de retorno y/o reubicación de la comunidad indígena, así como del Plan de Reparación Colectiva»[364]. La Procuraduría sostuvo que no ha habido un avance significativo en el proceso de retorno de la comunidad indígena, debido a una «clara desarticulación y falta de trabajo en conjunto por parte de la UARIV y los entes territoriales de San Vicente del Caguán-Caquetá, La Macarena-Meta y el municipio de Calamar –Guaviare, que permitan un trabajo permanente sobre el plan retorno»[365].

 

9.10.      Respuesta de la UNP[366]

 

82. Sobre la situación de seguridad de la comunidad indígena. La entidad informó que el Resguardo Indígena de Yaguara II, Llanos del Yarí, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo es beneficiario del Programa de Prevención y Protección de la Unidad Nacional de Protección. Señaló que, a través de la Resolución n°. 214 de 2020, el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas Correctivas determinó que el nivel de riesgo del gobernador del mencionado resguardo es «extraordinario»[367]. Mencionó que la comunidad manifestó su intención de desistir del procedimiento, pero esto no era posible debido a que ya existían medidas de protección implementadas. En concreto, presentó las siguientes medidas de protección otorgadas entre el 20 de enero y el 16 de marzo de 2021:

 

83. Información reservada. La entidad presentó las medidas implementadas a favor del resguardo. En general, señaló que ha entregado elementos de apoyo como motocicletas, radios, colchones, linternas, carpas, morrales, entre otros. Sin embargo, dado que la información aportada tiene el carácter de reservada, la Sala se abstendrá de reproducir esa información. Esto, según lo dispuesto en los artículos 72 y 83 de la Ley 418 de 1997, el numeral 13 del artículo 2.4.1.2.2 y el numeral 3 del artículo 2.4.1.2.47 del Decreto 1066 de 2015, el artículo 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014 y los numerales 2 y 3 del artículo 5°, y el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011. En tal contexto, exhortó a la Corte a mantener tal reserva.

 

9.11.      Respuesta de la Policía Nacional de Colombia[368]

 

84. Frente a la situación de seguridad del resguardo. El cuerpo de policía mencionó que en los departamentos en los cuales está asentado el Resguardo Indígena de Yaguara II, Llanos del Yarí, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo hacen presencia los grupos armados ilegales «Jorge Suárez Briceño», «Armando Ríos» y «Frente Iván Díaz», organizaciones disidentes de las antiguas FARC-EP. Aseguró que algunos de estos grupos asumieron el control territorial del área general de San Vicente del Caguán y que, el 26 de mayo de 2024, hubo una confrontación armada entre el Bloque «Jorge Suárez Briceño» y la «Segunda Marquetalia». A pesar de esto, informó que no tiene conocimiento sobre episodios de perturbación del orden público en el territorio del reguardo accionante y tampoco existen denuncias por parte de este grupo indígena.

 

9.12.      Respuesta del comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega[369]

 

85. Sobre los hechos de la tutela. La autoridad militar se refirió al desarrollo del Plan de Operaciones «Ayacucho 2023-2026», el cual tiene como objetivo estratégico la protección de la población civil. Detalló las operaciones militares realizadas hasta la fecha y se refirió a los antecedentes relacionados con amenazas o hechos que ponen en riesgo la vida y la integridad de los integrantes del pueblo étnico accionante, debido a la presencia de grupos armados disidentes de las antiguas FARC-EP. Manifestó que ha apoyado y acompañado acciones para la protección del ambiente en municipios como La Macarena y San Vicente del Caguán, así como en el territorio del resguardo indígena demandante. Señaló que existe presencia de población civil que se autodenomina Guardia Campesina, que exige el retiro de las Fuerzas Armadas de ciertas zonas del territorio. Añadió que desde 2017 la Defensoría del Pueblo ha emitido cuatro alertas tempranas sobre el territorio en el que se asienta el resguardo. Por último, señaló que el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Florencia (Caquetá) no le notificó de ningún plan de recuperación ambiental y de mitigación de la deforestación del territorio colectivo. Tampoco ha recibido algún requerimiento por parte de alguna Corporación Autónoma Regional para planificar acciones relacionadas con el cumplimiento de dicho plan.

 

9.13.      Respuesta del Resguardo Nasa Páez Altamira[370]

 

86. Sobre los hechos de la tutela. El gobernador indígena afirmó que esta comunidad pertenece al pueblo Nasa, oriundo del departamento del Cauca. Señaló que, como consecuencia del conflicto armado interno, varias familias fueron desplazadas forzosamente y se asentaron en el municipio de San Vicente del Caguán. Manifestó que en el 2009 se reunieron con algunas familias del Resguardo Indígena Yaguara II, Llanos del Yarí para «trabajar y cuidar [su] territorio»[371]. Asimismo, expresó que, en el 2016, tomaron posesión de un territorio baldío «ubicado entre el Resguardo Indígena Yaguara II y la vereda El Camuya; cerca al PNN Chiribiquete»[372]. Por último, señaló que busca legalizar el resguardo el «Cabildo La Esperanza», sin que se genere conflictos territoriales con el resguardo accionante.

 

9.14.      Respuesta de la UARIV[373]

 

87. El plan de reparación colectiva. La entidad informó que el grupo indígena fue incluido en el Registro Único de Víctimas a través de la Resolución n°. 2017-145621, del 20 de noviembre de 2017. Manifestó que aún no cuenta con el Plan Integral de Reparación Colectiva, porque el caso se encuentra en la fase de alistamiento, la cual corresponde a la segunda de cinco fases previstas[374]. Además, argumentó que el grupo no está «focalizado para la presente vigencia de conformidad con lo establecido en los artículos 17 y 18 de la Ley 1448 de 2011»[375]. Por tal razón, aseguró que el resguardo será tenido en cuenta para la vigencia del año 2025. En virtud de lo anterior, solicitó ser desvinculada de la presente acción de tutela.

 

88. Dificultades para la implementación de los Planes Integrales de Reparación Colectiva. La Unidad para las Víctimas expresó que existen dificultades internas y externas para la implementación de estos planes. Respecto de las primeras, señaló que existen obstáculos en la disponibilidad presupuestal, la falta de actualización de las rutas metodológicas que tengan en cuenta las realidades territoriales, entre otras. En relación con el segundo grupo, sostuvo que factores como la presencia del conflicto armado, vacíos normativos, accesibilidad a los territorios, dificultades logísticas y operativas, conflictos intra e interétnicos y la falta de articulación institucional, imposibilitan la implementación de los mencionados planes.

 

89. El plan de retorno[376]. La entidad informó que, a través de la Resolución n°. 329 de 2014, adoptó el protocolo para el acompañamiento en retornos y reubicaciones en el marco de la reparación integral a las víctimas de desplazamiento forzado y formuló un plan de retornos y reubicaciones en el municipio de San Vicente del Caguán, dentro del cual se encontraba incluida la población del colectivo indígena accionante. Posteriormente, mediante la Resolución n°. 3320 de 2019, la autoridad dio inicio al proceso de actualización del plan de retorno. Por consiguiente, llevó a cabo una reunión con el municipio de San Vicente del Caguán y realizó concertación con el resguardo el 1° de septiembre de 2023. Sin embargo, el proceso de actualización se vio afectado debido a los conflictos de representatividad al interior de la comunidad y que fueron resueltos hasta finales de 2023.

 

90. Dificultades para la implementación del plan. Según el escrito de la UARIV, la principal dificultad para la implementación del plan de retorno tiene que ver con la falta de articulación de las diferentes entidades del orden nacional y territorial para el cumplimiento de sus tareas. Señaló igualmente que el posible cambio limítrofe del departamento de Caquetá podría afectar el plan de retorno de esta comunidad, por cuanto era necesario clarificar las responsabilidades de cada municipio. Con todo, anotó que el proceso debía seguirse de manera articulada entre las tres entidades territoriales involucradas. También, se refirió al problema de seguridad en el área del territorio indígena y puso de presente que el municipio de San Vicente del Caguán afirmó que «lo mejor es que la Fuerza Pública no se acer[que] a la zona a fin de evitar alteraciones en el orden público, así como de los grupos armados que puedan estar implicados»[377]. Por último, señaló que el municipio de Calamar manifestó no contar con la capacidad financiera para ejecutar el plan de retorno.

 

91. Acciones realizadas para cumplir el plan de retorno. La UARIV informó que el 13 de diciembre de 2017 realizó reunión con el gobernador del resguardo para la aprobación del plan y que el 1° de septiembre de 2020, aquel fue concertado con la comunidad del resguardo. El 4 de agosto de 2023, se reunió con las directivas del resguardo para dialogar con la comunidad y conocer su situación actual. Posteriormente, el 15 de marzo de 2024, la entidad se reunió con la Alcaldía de San Vicente del Caguán y el nuevo gobernador del resguardo para contextualizar a la nueva administración del municipio sobre el estado actual del plan de retorno. El 13 de junio de este año, la entidad identificó la acciones «que se puedan coordinar y lograr mayores garantías en el proceso de retorno como en el de reparación colectiva». Finalmente, el 20 de septiembre realizó una contextualización del plan de retorno con las Alcaldías de La Macarena (Meta) y Calamar (San José del Guaviare).

 

9.15.      Respuesta de la Alcaldía de San Vicente del Caguán[378]

 

92. Sobre el plan de retorno de la comunidad. La autoridad municipal informó que la UARIV no ha enviado el respectivo plan de acción, a pesar de que la ha requerido en múltiples ocasiones. Manifestó que, a pesar de que ha realizado dos reuniones con las Alcaldías de La Macarena (Meta) y Calamar (San José del Guaviare),  existen algunas dificultades para implementar el plan de retorno: (i) el conflicto interétnico entre el resguardo accionante y unas familias del pueblo Nasa que se ubicaron en el territorio del primero; (ii) la falta de actualización de las acciones del plan de retorno, dado que aquel contiene una metodología antigua y abarca un número elevado de acciones, y (iii) la falta de articulación entre las tres administraciones municipales. Indicó que planea reunirse con las demás alcaldías y con la comunidad para diseñar un plan de trabajo que permita dar continuidad al retorno.

 

9.16.      Respuesta de la Alcaldía La Macarena (Meta)[379]

 

93. Actuaciones llevadas a cabo para cumplir con los planes de retorno y de reparación colectiva. El municipio aseguró que a la fecha la UARIV no ha brindado información sobre el contenido de los planes de retorno y de reparación colectiva, pese a que los ha requerido en múltiples ocasiones. Anotó que, con todo, el 20 de septiembre pasado tuvo una reunión con las Alcaldías de San Vicente del Caguán (Caquetá) y Calamar (Guaviare), con el fin de «contextualizar el plan de retorno y reubicación del Resguardo Llanos del Yari Yaguará II»[380].

 

9.17.      Respuesta de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico (CDA)[381]

 

94. Deforestación y construcción de redes viales ilegales dentro del resguardo. La corporación ambiental informó que recibió un informe de la Sociedad Zoológica de Frankfurt. En él, se reporta la existencia de un proceso de deforestación activo por parte de actores externos al resguardo, así como la construcción de redes viales ilegales dentro de este y dentro del Parque Natural Serranía de Chiribiquete. Sostuvo que, en el año 2021, la deforestación ascendió a 2110 hectáreas[382]. De igual manera, identificó la existencia de tramos viales que han sido construidos de forma ilegal. Sin embargo, aseguró que enfrenta obstáculos para iniciar las actuaciones de control y seguimiento, debido al difícil acceso y a la situación de orden público.

 

95. Las órdenes dictadas por el juez de restitución de tierras. La entidad señaló que, en el marco del proceso de restitución de derechos territoriales, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Florencia (Caquetá) le ha dictado las siguientes órdenes: (i) diseñar e implementar una estrategia integral e inmediata, con la finalidad de mitigar la deforestación; (i) diseñar e implementar un plan de reforestación; (iii) instalar vallas informativas para que la comunidad reconozca los linderos reales del resguardo; y (iv) cumplir con lo establecido en el plan de trabajo diseñado con Corpoamazonía y Cormacarena, para mitigar la deforestación.

 

96. Actuaciones adelantadas por la entidad. De acuerdo con el informe, la autoridad tuvo varias reuniones con la entonces gobernadora del resguardo y acordaron algunas acciones, tales como la elección de un sabedor ancestral, la toma de imágenes satelitales, el análisis de muestras de la fuente hídrica, entre otras. El 17 de septiembre de 2021, algunos habitantes del resguardo manifestaron la inconformidad con las autoridades indígenas y solicitaron no proceder con lo acordado, hasta que no se elija una nueva junta indígena.

 

97. Requerimiento judicial. El 25 de noviembre de 2021, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Florencia (Caquetá) instó a la autoridad para que «adelant[ara] las labores de protección y preservación de la biodiversidad y el medio ambiente dentro del Resguardo Indígena LLANOS DEL YARÍ – YAGUARA II, así como trabajos educativos con los miembros de la comunidad, evitando en mayor medida el impacto de la deforestación que viene afectando el territorio objeto de restitución, con el fin de que se puedan implementar acciones de control a la deforestación»[383]. Bajo este panorama, la entidad suscribió el contrato de consultoría n°. 230 de 2022, cuyo objeto es la ejecución del proyecto ««formulación e implementación de estrategias orientadas a reducir la deforestación en comunidades indígenas priorizadas por acciones judiciales en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés»[384]. Sin embargo, no se ha podido ejecutar en su totalidad dicho contrato, debido a los problemas de seguridad que enfrenta la zona[385].

 

98. Actuaciones realizadas. Con todo, la entidad afirmó que ha sobrevolado la zona para verificar los puntos de deforestación y emitió la Resolución n°. 181 de 2023 «por medio de la cual se inhabilita y prohíbe de manera inmediata el ingreso y tránsito dentro de la vía construida sin licenciamiento ambiental en el resguardo indígena llanos del Yari-Yaguara II y en el área de reserva forestal de la Amazonía - ley 2da de 1959 y se adoptan otras disposiciones».

 

99. Procesos de intervención del Sistema Nacional Ambiental. Por último, la autoridad informó que el Gobierno nacional implementó los núcleos de desarrollo forestal en la Amazonía. Esta estrategia involucra al resguardo indígena accionante, el cual está priorizado, puesto que la restauración del bosque puede representar un mejoramiento de la validad de vida de la comunidad. El Instituto Humboldt ha actuado de manera conjunta con el mencionado resguardo para contener la deforestación en esta zona[386].

 

9.18.      Respuesta de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de La Macarena (Cormacarena)[387]

 

100. Actuaciones realizadas. La autoridad ambiental señaló que en el 2017 elaboró el Protocolo de Restauración del Resguardo Indígena Llanos del Yarí-Yaguara II, el cual contiene los lineamientos del proceso de restauración en el área del resguardo. Asimismo, en el 2020, formuló un plan de acción para mitigar la deforestación en el territorio de su jurisdicción y que pertenece a la comunidad indígena. Indicó que elaboró el plan para mitigar la deforestación, la tala indiscriminada y los daños ecológicos en conjunto con la CDA y Corpoamazonía. Este plan fue actualizado en el 2024 y fue socializado con la comunidad en los años 2022 y 2024, la cual tuvo la oportunidad de hacer las retroalimentaciones correspondientes. La entidad expuso que ha brindado eventos de capacitación y ha hecho acciones de recuperación de la «cobertura vegetal para la conservación de los ecosistemas mediante la recuperación, rehabilitación y/o restauración ecológica»[388].

 

101. Dificultades encontradas. A juicio de la corporación, es fundamental la articulación interinstitucional para el desarrollo de las acciones propuestas. Indicó que requiere el acompañamiento continuo del IDEAM, de la fuerza pública, de las autoridades municipales y nacionales, entre otras. Además, señaló que en diversas ocasiones se ha solicitado a la ANT la delimitación del territorio y que la falta de realización de esta acción afecta el cumplimiento de los compromisos planeados.

 

9.19.      Respuesta de la Aeronáutica Civil[389]

 

102. Sobre la pista de aterrizaje. La autoridad aérea manifestó que mediante la Resolución n°. 2797 del 29 de septiembre de 2023, canceló la operación del área de aterrizaje denominada «Yaguará II», ubicada en el aeropuerto del municipio de San Vicente del Caguán. Informó que a la fecha, dicha decisión no ha sido modificada. De igual modo, advirtió que no tiene competencia para supervisar los servicios humanitarios que hubiere prestado la aerolínea Satena respecto del resguardo accionante.

 

10. Traslado de pruebas

 

103. Con ocasión del traslado de pruebas efectuado por la Secretaría de esta corporación, el Resguardo Indígena Yaguara II Llanos del Yari, conformado por los pueblos Pijao, Tucano y Piratapuyo, la UNP y la Gobernación del Meta presentaron una nueva intervención.

 

10.1.      Respuesta del Resguardo Indígena Yaguará II Llanos del Yari, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo[390]

 

104. El gobernador se pronunció respecto de cada una de las respuestas allegadas por las diferentes entidades oficiadas. Reiteró las problemáticas que enfrenta la comunidad indígena, debido a la dilación del proceso judicial y a la inacción de varias instituciones del Estado. Aseguró que existe un traslape entre su territorio y el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, a raíz de la primera consulta previa practicada por dicha entidad. A partir de lo expuesto, pidió lo siguiente: (i) la protección constitucional de sus derechos fundamentales como sujetos colectivos de derecho y víctimas de desplazamiento forzado; (ii) reforzar y complementar las medidas cautelares dictadas en el marco del proceso judicial de restitución de derechos territoriales; (iii) ordenar la implementación y cumplimiento de las medidas cautelares, así como el plan de salvaguarda, el plan de vida y el plan de desarrollo territorial del resguardo; (iv) dejar sin efectos la consulta previa protocolizada el 27 de julio de 2012; (v) habilitar las vías de acceso al territorio del resguardo que conducen a las cabeceras de los municipios de San Vicente del Caguán, Calamar y La Macarena, así como la pista aérea; (vi) ordenar transferencias de recursos por parte del Ministerio de Hacienda para ser invertidos en el resguardo; y (vii) ordenar la construcción del acueducto y el alcantarillado, y hacer un programa de vivienda conforme a sus costumbres.

 

105. En escrito aparte[391], la autoridad indígena puso de presente que luego de haber solucionado el conflicto interno de representatividad, hubo demora por parte de la Alcaldía de La Macarena (meta) en la posesión del cabildo indígena, así como en la expedición del certificado de existencia y representación legal. De otra parte, reconoció que el Gobierno nacional tiene como objetivo controlar los avances de la colonización y contener la deforestación ambiental de la zona y que, por tal razón, se implementaron los núcleos de desarrollo forestal en la Amazonía. Tal estrategia involucró al resguardo accionante. Puso de presente que luego de haber solucionado el conflicto interno de representatividad, hubo demora por parte de la Alcaldía de La Macarena (meta) en la posesión del cabildo indígena, así como en la expedición del certificado de existencia y representación legal. Solicitó recursos económicos para viabilizar sus necesidades ambientales y territoriales. Manifestó que se requiere la intervención coordinada de distintas entidades del Estado para que los grupos armados ilegales respeten los derechos humanos del colectivo y atender los planes de trabajo trazados por las corporaciones autónomas regionales. Por último, indicó que en el proceso de reforestación debe preferirse el acompañamiento de personal civil y no uniformado.

 

106. Posteriormente, el gobernador del resguardo aportó unos videos captados desde un celular, en los cuales, manifiesta que evidencia «recipientes de combustible, una guaduaña de deforestaciones forestales,al parecer explotacion ilegal de madera de selva, entre otras especies nativas de manera ilegal, siembra de maíz, donde encontrarios a hombres, mujeres en un cambuche, quienes al parecer han comprado extensiones de tierras dentro de nuestro resguardo»[392]. Manifestó que es menester que la Fiscalía General de la Nación inicie investigación penal en contra de los posibles responsables, a efectos de evitar actividades ambientalmente peligrosas dentro de la zona.

 

10.2.      Respuesta de la UNP[393]

 

107. Indicó que ha implementado las medidas de protección a favor del resguardo, conforme al marco legal que rige el Programa de Prevención y Protección. De manera que las medidas entregadas son consecuencia del «resultado de rigurosos estudios técnicos de riesgo y seguridad». Señaló que la situación de alteración al orden público que aqueja la zona en donde se ubica el resguardo escapa a la misionalidad de la entidad, pues quien debe garantizar la seguridad en dicho territorio es la Fuerza Armada. De igual manera, refirió que, en cumplimiento de una orden dictada por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué (Tolima) practicó una valoración de riesgo al resguardo accionante y que aquella arrojó un nivel de riesgo «extraordinario», de conformidad con la sesión del Comité de Evaluación de Riesgo del 4 de diciembre de 2020. Sobre la respuesta de la Defensoría del Pueblo, la entidad informó que actualmente está en curso una reevaluación del riesgo, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.4.1.2.2 del Decreto 1066 de 2015. Para tal efecto, tendrá en cuenta las Alertas Tempranas que ha expedido la Defensoría del Pueblo.  Por último, sobre la respuesta de la CDA, advirtió que no tiene competencia sobre los asuntos de orden público en el territorio del resguardo y que aquellos deben ser resueltos por las autoridades municipales y departamentales.

 

10.3.      Respuesta de la Gobernación del Meta[394]

 

108. Esta entidad puso de presente que no fue oficiada en el primer auto de pruebas. Indicó que, con todo, en el año 2020, entregó un apoyo humanitario de emergencia con 16 kits alimentarios al Resguardo Indígena Llanos del Yari, Yaguara II, Pueblo Pijao, Tucano y Piratapuyo para enfrentar la pandemia generada por el Covid-19. Manifestó que garantiza la integridad física, pervivencia cultural, el desarrollo de procesos y dinámicas incluyentes de los pueblos indígenas del Meta y del resguardo accionante.