TEMAS-SUBTEMAS

 

Sentencia T-414/25

 

DERECHO AL MINIMO VITAL, A LA VIDA DIGNA Y A LA SEGURIDAD SOCIAL-Se ordena reconocer sustitución pensional/ACCIÓN DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE SUSTITUCIÓN PENSIONAL-Procedencia cuando se trata de adultos mayores

 

ACCIÓN DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE SUSTITUCIÓN PENSIONAL-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia excepcional

 

(...) la actora presenta varias condiciones que la hacen parte de la población denominada sujeto de especial protección constitucional en razón a (i) su avanzada edad; (ii) las condiciones físicas y de salud que le son propias, las cuales tornan más flexible el análisis de subsidiariedad frente a su estudio y (iii) su dependencia económica.

 

PRINCIPIO DE INMEDIATEZ-Criterios para determinar el cumplimiento a pesar de que no exista un término de caducidad de la acción de tutela

 

DERECHO A LA SUSTITUCIÓN PENSIONAL-Naturaleza y finalidad

 

DERECHO FUNDAMENTAL A LA SUSTITUCIÓN PENSIONAL-Reiteración de jurisprudencia

 

CONCEPTO DE INVALIDEZ Y FECHA DE ESTRUCTURACION DE LA INVALIDEZ-Normatividad y jurisprudencia

 

FECHA DE ESTRUCTURACION DE INVALIDEZ-Reiteración de jurisprudencia

 

DERECHO A LA VALORACIÓN DE LA PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL-Entidades competentes deberán realizar una valoración integral

 

ENFERMEDADES DEGENERATIVAS, CRONICAS O CONGENITAS-Determinación de fecha de estructuración de pérdida de capacidad laboral

 

PERSPECTIVA DE GÉNERO Y GARANTÍA DE CUIDADO EN LA FAMILIA-Protección especial al rol de la mujer cuidadora

 

IGUALDAD ENTRE EL HOMBRE Y LA MUJER EN RELACIONES FAMILIARES-Jurisprudencia constitucional

 

DERECHO AL CUIDADO-Feminización de la labor de cuidado familiar, mediante reproducción de estereotipos de género

 

(...), la feminización de la labor de cuidado impone una barrera para acceder al mercado laboral. En consecuencia, se genera una situación de desprotección de las mujeres, pues se les imposibilitó realizar aportes al sistema de seguridad social para obtener un amparo contributivo en la adultez mayor.

 

SUSTITUCIÓN PENSIONAL-Requisitos para reconocimiento

 

DEPENDENCIA ECONOMICA-Reglas para determinarla

 

DERECHO A LA SUSTITUCION PENSIONAL DE HERMANA EN CONDICION DE DISCAPACIDAD-Vulneración al imponer un único medio de prueba conducente, para demostrar la condición de invalidez

 

IMPRESCRIPTIBILIDAD DEL DERECHO A LA SUSTITUCION PENSIONAL-Reiteración de jurisprudencia

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Segunda de Revisión

 

 

Sentencia T-414 de 2025

 

Referencia: expediente T-11.102.180

 

Asunto: acción de tutela instaurada por Verónica en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones

 

Procedencia: Sala 004 Laboral del Tribunal Superior de Cali

 

Tema: derechos fundamentales al mínimo vital, a la dignidad humana, a la vida digna y a la seguridad social de mujeres de la tercera edad que fueron cuidadoras. Sustitución pensional de hermana en condición de invalidez y fecha de estructuración de la PCL

 

Magistrado ponente:

Juan Carlos Cortés González

 

 

Bogotá D.C., tres (03) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

 

La Sala Segunda de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez y los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Juan Carlos Cortés González, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la presente

SENTENCIA

 

En el trámite de revisión de los fallos de tutela dictados el 03 de abril de 2025, por el Tribunal Superior de Cali, Sala 004 Laboral, en segunda instancia, que confirmó la decisión proferida en primer grado, el 27 de febrero de 2025, por el Juzgado 022 Laboral del Circuito de Cali que declaró improcedente la acción de tutela impetrada por Verónica en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones.

 

 

Síntesis de la decisión

 

 

Aclaración previa^[1]

 

En el presente asunto la Sala estudiará la posible vulneración de los derechos fundamentales en el marco de una solicitud de sustitución pensional. En tal sentido, expondrá algunos elementos de la historia clínica de la accionante, los cuales tienen reserva. Por lo tanto, como medida de protección se ordenará suprimir de esta providencia el nombre de la accionante, así como los demás datos que puedan ser utilizados para su identificación. En ese orden de ideas, esta sentencia tendrá dos versiones. Una en la que se anonimizará el nombre de la accionante, así como los demás datos que permitan su identificación; y otra, reservada, que contendrá los datos reales de los sujetos involucrados. Además, el despacho advertirá a las personas que intervienen en el presente trámite y a la autoridad concernida, sobre la necesidad de abstenerse de reproducir, publicar o difundir por cualquier medio, oral, escrito, físico o digital esta providencia, su contenido y cualquier elemento relacionado con la presente tutela. Lo anterior, de conformidad con la Circular Interna No. 10 de 2022 de la Presidencia de esta Corporación^[2].

 

I.                 ANTECEDENTES

 

1.     Hechos

 

1. Verónica quien tiene 83 años, afirmó que nunca laboró, tampoco cotizó a pensión y se dedicó al cuidado de su progenitora. Expresó que su hermana, Indira (Q.E.P.D.), quien falleció el 25 de febrero de 2018, sufragó sus necesidades básicas y siempre dependió de ella. Manifestó que a su hermana le fue reconocida pensión de vejez por el Instituto de Seguro Social - ISS, a través de la Resolución N.° 123 de julio de 1991.

 

2. Indicó que desde hace 15 años padece enfermedades degenerativas, crónicas y progresivas lo que la ha llevado a encontrarse en estado de invalidez por movilidad reducida. Sostuvo que en los años 2007 y 2008 recibió los siguientes diagnósticos “26-09-2007 EPICRISIS FVL por Insuficiencia cardiaca estadio funcional III disfunción sistólica severa con artritis reumatoide e hipertensión arterial. FEVI del 20%. Cuadro de 19 meses de poli artralgia de pequeñas y grandes articulaciones más disnea progresiva posterior a duelo reciente. 27- 09 2007 ECOCARDIOGRAMA TT con FEVI de 27%. PSAP de 44mmhG. Insuficiencia mitral con dilatación del anillo. Insuficiencia tricúspidea leve con disminución de contractilidad global del ventrículo izquierdo. 20-12-2007 Historia clínica por Poliartritis + Hipotiroidismo + Cardiopatía dilatada. 14-07 2008 EMG y NC con STC izquierdo. 03-09-2008 POTENCIALES EVOCADOS SOMATOSENSORIALES de medianos y tibiales compatible con compromiso desmielinizante de la vía espinotalámica entre T10 y C7 bilateral. 10-03-2009 Neurocirugía indica antecedente de reumatismo, cardiopatía, hipotiroidismo, cirugía por bocio tiroideo, neuropatía atáxica”[3].

 

3. Explicó que al fallecer su hermana le dejó una ayuda económica para sostenerse algunos años, considerando que debido a su estado de salud no presentaba una expectativa de vida muy larga. Sin embargo, los fondos económicos enunciados se le agotaron. Por tal razón, inició el trámite de la sustitución pensional, dada su condición de invalidez, dependencia económica y ausencia de cónyuge supérstite u otra persona con mejor derecho que reclame dicha prestación, respecto de la pensión de que era titular su hermana.

 

4. Indicó que acudió ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca para que le fuese calificada la PCL. Lo anterior, a efectos de cumplir con los requisitos establecidos en el literal “d” del artículo 47 de la Ley 100 de 1993. El 24 de mayo de 2024, la mencionada junta regional profirió dictamen de calificación N.° 16202403074 con una PCL del 70.03%, con fecha de estructuración del 11 de mayo de 2023, con fundamento en el último control de cardiología. No obstante, consideró que la junta omitió la historia natural de las patologías padecidas, conforme lo preceptuado en el Decreto 1507 de 2014, tampoco tuvo en cuenta la naturaleza degenerativa, crónica y progresiva de sus enfermedades.

 

5. Expuso que optó por no apelar el dictamen proferido por la Junta Regional del Valle del Cauca dado el tiempo que se tarda en resolver dicho recurso. En consecuencia, el 6 de junio de 2024, radicó una solicitud de sustitución pensional ante Colpensiones. De igual manera, el 17 de mismo mes y año, elevó solicitud de calificación de pérdida de capacidad laboral PCL ante Colpensiones, para que se estableciera de manera adecuada la fecha de estructuración de la calificación, la cual quedó radicada bajo el N.° 2024-13873790. Luego, el 9 de julio de 2024, anexó a la solicitud de calificación de la PCL su historia clínica de cardiología.

 

6. Sostuvo que mediante Resolución 456 del 14 de agosto de 2024, Colpensiones negó la sustitución pensional en atención a que la solicitante no se encontraba en condición de invalidez al momento del fallecimiento de la causante. La accionante formuló recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. Posteriormente, a través de la Resolución 678 del 12 de diciembre de 2024, Colpensiones confirmó la decisión adoptada respecto de la sustitución pensional y reafirmó que la fecha de estructuración de la PCL era posterior al fallecimiento de la causante, lo que en su entender, no permitía aplicar lo establecido en el artículo 3° del Decreto 1507 de 2014. Lo mismo ocurrió al resolver el recurso de apelación por medio de la Resolución 023 del 12 de febrero de 2025.

 

7. De otro lado, expresó que Colpensiones le informó que no era posible continuar con el proceso de calificación de PCL por existir una insuficiencia documental y le puso de presente que, en caso de iniciar un nuevo trámite, debería radicar una nueva solicitud. Por tal motivo, el 31 de enero de 2025, la demandante del amparo presentó una nueva solicitud de PCL, a la cual anexó dictamen de calificación con fecha de estructuración del 26 de septiembre de 2009, proferido por el doctor Jorge. El 5 de febrero de 2025, la accionada rechazó el trámite, toda vez que la actora ya contaba con dictamen de calificación por parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca.

 

8. Por lo expuesto, promovió acción de tutela en contra de Colpensiones y solicitó al juez de tutela el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad y a la seguridad social “en conexidad con la vida digna y el mínimo vital”[4] y, en consecuencia, conceder la sustitución pensional a su favor. De manera subsidiaria, realizar la evaluación de pérdida de capacidad laboral PCL y determinar la fecha de estructuración conforme las reglas establecidas en la jurisprudencia constitucional y en el artículo 3° del Decreto 1507 de 2014.

 

2.     Trámite en sede de tutela

 

9. El 14 de febrero de 2025, el Juzgado 022 Laboral del Circuito de Cali admitió la tutela en contra de Colpensiones y le otorgó termino para que se pronunciara sobre los hechos y las pretensiones de la tutela[5].

 

2.1. Respuesta de la entidad accionada^[6]

 

10. Colpensiones sostuvo que la tutela no es el mecanismo principal e idóneo para debatir las pretensiones elevadas. En tal sentido, la actora al promover la tutela desconoció las normas que regulan la acción de amparo, toda vez que esta no es el medio para desvirtuar actuaciones administrativas, pues para ello puede acudir ante la jurisdicción por los medios ordinarios. Agregó que negó el reconocimiento de la sustitución pensional a la accionante mediante la Resolución 456 del 14 de agosto de 2024, en razón a que no acreditó los requisitos de ley para obtener dicha prestación. Tal determinación fue confirmada al resolver los recursos de reposición y apelación, actos administrativos que fueron debidamente notificados a la actora.

 

11. Manifestó que mediante comunicación del 31 de enero de 2025, la accionante solicitó su calificación por medicina laboral. Mediante oficio BZ 2025_1721931 del 5 de febrero de 2025 informó a la actora que “no es procedente adelantar nuevo proceso de calificación en primera oportunidad, toda vez que cuenta con un dictamen de pérdida de capacidad laboral/ocupacional (PCL/PCLO) mayor o igual al 50% emitido por COLPENSIONES, E.P.S, Junta Regional o Nacional de calificación de invalidez”.

 

12. Expuso que la accionante pretende desvirtuar la firmeza de los actos administrativos a través de la tutela. No obstante, aquella cuenta con otros mecanismos judiciales a su disposición para reclamar lo pretendido. En ese orden de ideas, la acción constitucional no satisface el requisito de subsidiariedad y se torna improcedente su estudio. Por ese motivo, solicitó denegar la tutela por cuanto las pretensiones “son abiertamente improcedentes”[7].

 

3.     Decisiones dentro del trámite de tutela objeto de revisión

 

Tabla 1. Decisiones objeto de revisión proferidas por las autoridades judiciales de instancia

 

4.     Actuaciones en sede de revisión

 

4.1. Selección

 

13. El asunto fue recibido por la Corte Constitucional el 11 de abril de 2025 en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991[11]. El 30 de mayo de 2025, la Sala de Selección de Tutelas No. 5 de esta Corporación escogió el expediente para su revisión[12]. El 16 de junio de 2025, la Secretaría General lo remitió al despacho del magistrado sustanciador, para lo de su competencia.

 

4.2. Decreto oficioso de pruebas

 

14. El 1 de julio de 2025, el despacho sustanciador decretó de oficio pruebas, con el fin de contar con elementos de juicio necesarios para adoptar una decisión en el proceso de revisión. En consecuencia, decretó la práctica de declaración de la accionante para indagar sobre sus redes de apoyo, situación socioeconómica y hechos relevantes expuestos en el escrito de tutela. De igual manera, ordenó la consulta de información de la actora en las bases de datos públicas. Por último, requirió a la entidad accionada para que informara los motivos de la negativa de la sustitución pensional y adjuntara el expediente administrativo correspondiente a dicha solicitud.

 

4.3. Respuestas dentro del trámite de revisión

 

Tabla 2. Respuestas al auto de pruebas en sede de revisión

 

II.             CONSIDERACIONES

 

1.                 Competencia

 

15. La Sala Segunda de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional es competente para revisar las sentencias proferidas dentro del proceso de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

2.                 Análisis sobre la procedencia de la acción de tutela

 

16. La Sala evidencia que la acción de tutela de la referencia cumple con los requisitos para su procedencia, conforme lo establecido en la Constitución Política, el Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional, tal y como se explica a continuación:

 

Tabla 3. Análisis de procedencia general de la acción de tutela

 

17. En estos términos, la Sala constata que en el caso bajo revisión se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, por lo que continuará con el estudio de fondo del asunto.

 

3.                 Planteamiento del problema jurídico y metodología de la decisión

 

18. Conforme lo expuesto, la Sala resolverá el siguiente problema jurídico: ¿Colpensiones vulneró los derechos fundamentales al mínimo vital, a la dignidad humana, a la vida digna y a la seguridad social al negar el reconocimiento de la sustitución pensional a la accionante, como hermana en condición de invalidez y dependiente económicamente de la causante, con fundamento en que la fecha de estructuración de la invalidez es posterior al fallecimiento de la pensionada, sin considerar la historia clínica que daba cuenta de patologías de la solicitante catalogadas como degenerativas, crónicas y progresivas, y que estaban presentes antes del deceso de la causante?

 

19. Para brindar respuesta al problema jurídico planteado, la Sala abordará en consideración los siguientes asuntos: (i) referirá el derecho a la pensión de sobrevivientes en el Sistema General de Seguridad Social y los requisitos para su concesión; (ii) mencionará los elementos del dictamen de PCL y la determinación de la fecha de estructuración y (iii) expondrá las dificultades de las mujeres que se dedican a las labores de cuidado en cuanto a seguridad social. Finalmente, (iv) resolverá el caso concreto.

 

3.1. Derecho a la pensión de sobrevivientes (sustitución pensional) en el Sistema General de Seguridad Social y los requisitos que deben cumplir los beneficiarios

 

20. El artículo 48 de la Constitución consagra a la seguridad social una doble connotación; por una parte, la considera como un derecho irrenunciable y por la otra, la define como un servicio público obligatorio que debe ser prestado conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. En desarrollo de este precepto constitucional, el legislador expidió la Ley 100 de 1993 mediante la cual se creó el Sistema Integral de Seguridad Social el cual tiene por objeto “garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten”[45]. Este está integrado por varios sistemas, entre estos, el Sistema General de Pensiones que tiene como finalidad proteger a las personas frente a las contingencias que puedan ocurrir con ocasión de la vejez, la invalidez y la muerte[46].

 

21. El Sistema General de Pensiones contempla la posibilidad que el derecho a la pensión sea reclamado por los familiares del titular de la prestación luego de su fallecimiento. En concreto, existen dos conceptos para referirse a esta situación[47]: la primera, denominada sustitución pensional, que se predica cuando el respectivo causante ya percibía la pensión al momento de su muerte. La segunda, la conocida como pensión de sobrevivientes propiamente dicha, refiere a la hipótesis en la cual el causante no tenía la calidad de pensionado al fallecer, pero se encontraba afiliado al sistema en los términos del numeral 2º del artículo 46 de la Ley 100 de 1993[48]. Esta prestación tiene como fin brindar una protección económica a los familiares de un afiliado o pensionado para garantizarles el acceso a una parte o a la totalidad de la pensión a la que tenía derecho la persona que muere[49]. En otras palabras, confiere a los familiares de una persona que fallece la posibilidad de disfrutar la prestación que percibía en vida el causante.

 

22. Es de precisar que el concepto de sustitucional pensional se encuentra dentro de la categoría denominada pensión de sobrevivientes contemplada en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003. En tal sentido, la denominación específica de sustitucional pensional se utiliza cuando el causante ostentaba la calidad de pensionado. Por el contrario, en los casos en los que la persona titular de la prestación, al momento del fallecer, ostentaba la calidad de afiliado se alude que los beneficiarios reclaman la pensión de sobrevivientes. Conforme a lo anterior, la prestación está regulada bajo la denominación de pensión de sobrevivientes, sin importar que el causante tuviese la calidad de afiliado o pensionado[50]. Esta prestación tiene como propósito suplir la ausencia repentina del apoyo económico que recibían los familiares por parte del causante y evitar así que se produzca un cambio radical de las condiciones mínimas de subsistencia de los beneficiarios[51].

 

23. De igual manera, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, establece que serán beneficiarios del causante en primer orden el cónyuge supérstite o compañero permanente, los hijos menores de 18 años, aquellos que estudian hasta los 25 años y quienes se encuentran en estado de invalidez. A falta de estos, serán beneficiarios los padres del causante y, posteriormente, los hermanos en condición de invalidez si dependían económicamente de éste.

 

24. Conforme lo expuesto, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que para que se reconozca el derecho a la sustitución pensional en el caso de los hijos y hermanos en condición de invalidez, es necesario que: (i) se acredite la relación de filiación entre el causante y el beneficiario en estado de invalidez; (ii) se demuestre una relación de dependencia económica; y (iii) se pruebe que el solicitante de la pensión se encuentra en situación de discapacidad y que esta hubiese generado una pérdida de la capacidad laboral igual o superior al 50%[52]. Adicionalmente, esta Corporación consideró “que los requisitos de invalidez y dependencia económica deben estar acreditados al momento del fallecimiento del afiliado o pensionado, dado que es en esa fecha que se causa la prestación económica y no con posterioridad”[53].

 

25. Ahora bien, respecto del primer requisito el artículo 13 del Decreto 1889 de 1994 dispone que el parentesco del beneficiario de la pensión de sobrevivientes se probará por regla general con el certificado del registro civil. Frente al segundo presupuesto, la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-066 de 2016 declaró exequible el requisito de dependencia económica previsto por el legislador para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Al respecto, esta Corporación consideró que la exigencia de dependencia económica se deriva de la potestad del legislador para configurar el régimen pensional y definir los requisitos para el reconocimiento prestacional. A su vez, estableció que para acreditarla no era necesario demostrar la carencia total y absoluta de los recursos de una persona en su condición de beneficiario. Solo basta con demostrar la imposibilidad que se tiene para obtener ingresos indispensables y estables para subsistir de manera digna. En tal sentido, conforme los postulados constitucionales y legales que orientan el derecho a la seguridad social, la dependencia económica para efectos del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes o la sustitución pensional debe examinarse “desde la independencia del solicitante para mantener por sus propios medios su mínimo existencial en condiciones dignas, a pesar de que tenga ingresos adicionales insuficientes”[54].

 

26. Por último, respecto del tercer requisito, la condición de discapacidad del solicitante de la pensión debe atender lo establecido en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, el cual establece que “se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50 % o más de su capacidad laboral”. En igual sentido, el artículo 41 de la misma norma señala que le corresponde al ISS –hoy Colpensiones–, a las ARL, a las EPS y a las compañías de seguros que asumen el riesgo de invalidez y muerte, en primera instancia, determinar la pérdida de capacidad laboral, calificar el grado de invalidez y el origen de las contingencias.

 

3.2. El dictamen de pérdida de la capacidad laboral y la determinación de la fecha de estructuración cuando se está frente a enfermedades crónicas degenerativas y congénitas. Reiteración de jurisprudencia

 

27. El artículo 38 de la Ley 100 de 1993 establece que las personas que se consideran en condición de invalidez son aquellas que han perdido el 50% o más de su capacidad laboral. De igual manera, el Manuel Único de Calificación de Invalidez se desarrolló en el Decreto de 1507 de 2014. El artículo 3 de esta normativa establece que la capacidad laboral es un “conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes y/o potencialidades de orden físico, mental y social, que permiten desempeñarse en un trabajo”. Por su parte, la capacidad ocupacional se entiende como la “calidad de ejecución de una persona para llevar a cabo actividades de la vida cotidiana y ocupaciones. Depende de las habilidades motoras, procesamiento, comunicación e interacción, según las etapas del ciclo vital”.

 

28. El Manual Único de Calificación de Invalidez considera que al momento de calificar la PCL de una persona es necesaria una valoración del daño con enfoque integral. Es decir que el análisis de la condición de salud debe ejecutarse de manera completa y detallada. En otras palabras, la valoración incluya varias categorías diferentes a la enfermedad, tal como ocurre con los trastornos, traumatismos y lesiones, y debe considerar circunstancias adicionales como los efectos del embarazo, el envejecimiento, el estrés, anomalías o predisposiciones genéticas[55]. Dicho proceso finaliza con un dictamen en el cual se consignan los resultados correspondientes, el cual debe contener (i) el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral, (ii) el origen de la invalidez y (iii) la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral, todo con sustento en criterios de carácter técnico-científico

 

29. En concreto, la fecha de estructuración es un elemento indispensable del dictamen y resulta determinante en atención a que: (i) se entiende como el momento en que una persona pierde un grado o porcentaje de su capacidad laboral u ocupacional como consecuencia de una enfermedad o accidente; (ii) se determina con base en la evolución de las secuelas que le quedan a la persona sujeta de calificación; y (iii) para considerar el estado de invalidez, dicha fecha al momento en el que la persona es evaluada, debe alcanzar el 50% de PCL. No obstante, la norma indica que la fecha de estructuración de la PCL debe soportarse en la historia clínica, los exámenes clínicos y la ayuda diagnóstica, y puede ser anterior o corresponder con la fecha en que se emite el dictamen. Además, en los casos en los que no exista historia clínica deberá sustentarse en la historia natural de la enfermedad.

 

30. Al respecto, la jurisprudencia constitucional se ha pronunciado en múltiples ocasiones sobre asuntos en los que se discute la vulneración de garantías fundamentales por la negativa de administradoras pensionales en cuanto al reconocimiento y pago de sustitución pensional a favor de personas en condición de invalidez. En particular, cuando, en principio, se incumple el requisito de acreditación de la condición de invalidez al momento del fallecimiento del causante, toda vez que la estructuración de la PCL se determinó de manera posterior al deceso del titular de la prestación. No obstante, es de recordar que la Corte Constitucional ha manifestado que “para efectos de determinar la invalidez de una persona, el juez de tutela también puede recurrir al acervo probatorio que reposa en el expediente”[56].

 

31. Es de precisar que esta Corporación ha concluido que en los eventos relacionados con trámites de sustituciones pensionales a favor de personas en condición de invalidez, el dictamen de PCL “en principio, es el documento idóneo para valorar si esta ocurrió con anterioridad o posterioridad al fallecimiento del titular de la prestación”[57]. Sin embargo, existen eventos en los que dicho dictamen no refleja cabalmente la estructuración de la pérdida de la capacidad laboral, por ejemplo, frente a enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas[58]. Estas enfermedades tienen la connotación de padecimientos progresivos en el tiempo. En tales eventos, por regla general, las entidades que realizan el proceso establecen como fecha de estructuración el momento en el que se diagnosticó la enfermedad o cuando aparece su primer síntoma, lo cual muchas veces no significa que efectivamente la persona haya quedado totalmente incapacitada para trabajar en esa fecha[59]. De igual manera, la determinación de la condición de invalidez dependerá de otros factores como el análisis de la historia clínica, los dictámenes técnicos que se hayan realizado o la imposibilidad de seguir realizando cotizaciones al sistema, al verse una persona privada definitivamente de la capacidad para continuar laborando o desempeñar un trabajo[60].

 

32. En tal sentido, en la Sentencia T-202 de 2022 se estudió el caso de una mujer en condición de invalidez que solicitó ante Colpensiones el reconocimiento y pago de la sustitución pensional de la prestación en cabeza de su progenitor. En dicha oportunidad, la entidad accionada negó el reconocimiento y pago de la prestación en razón a que no se acreditó la condición de invalidez al momento del fallecimiento del causante. En esa decisión se reiteró que para efectos de establecer la invalidez de una persona, el juez de tutela también puede acudir al acervo probatorio que reposa en el expediente. En tal sentido, si se allegan documentos diferentes al dictamen de PCL que prueben la situación de invalidez, como ocurre con el certificado de medicina legal o un diagnóstico médico, deberán valorarse. En caso contrario, se desconoce la obligación de prestar una protección especial a las personas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta[61]. La Corte Constitucional concluyó que la accionada fijó la fecha de estructuración a partir de la última valoración por psiquiatría y no en “un examen integral y completo de los elementos de juicio que tenía en su poder y determinaban el carácter progresivo, degenerativo y crónica de la enfermedad de la accionante”.

 

33. De igual forma, en la Sentencia T-086 de 2023 se estudiaron 4 acciones de tutela en contra de entidades administradoras de pensiones y una autoridad judicial, toda vez que en tres de los casos se negó el reconocimiento de las sustituciones pensionales porque esta prestación procede cuando la PCL es anterior al fallecimiento del causante, situación que no ocurrió en los referidos eventos. En esta decisión, la Corte Constitucional consideró que “se deben valorar las historias clínicas y los conceptos médicos que obren en el proceso, a efectos de determinar las primeras manifestaciones del padecimiento que imposibilitaron llevar una vida con plena potencialidad de sus capacidades a quien solicita la sustitución pensional”. También se refirió en esa oportunidad la jurisprudencia a los dictámenes que profieren las juntas de calificación de invalidez, al respecto indicó que “tienen valor probatorio respecto del porcentaje de pérdida de la capacidad laboral y de la fecha en que se estructura, pero no operan como una prueba solemne respecto de ninguno de estos aspectos. Por esa razón, es posible que la administración y la autoridad judicial los contrasten con las demás pruebas recaudadas, para determinar si reflejan de forma fidedigna las reales circunstancias en las que el sujeto calificado perdió su capacidad laboral”, (negrita en texto original).

 

34. Por último, esa providencia concluyó que en el caso de enfermedades catalogadas como crónicas, degenerativas o congénitas la determinación de la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral viene dada por el examen de todos los elementos de juicio relevantes, los cuales permitan identificar la fecha real en que se produjo la pérdida de capacidad laboral. En tal sentido, determinó que las accionadas vulneraron las garantías fundamentales alegadas por los actores, en tanto incumplieron la obligación de “valorar todos los elementos de juicio relevantes que demostraban que la pérdida de la capacidad laboral era anterior al deceso de los causantes”.

 

35. De otro lado, la Sentencia T-093 de 2025 consideró un asunto en el que una persona adelantó todas las actuaciones tendientes para determinar el origen de la PCL a efectos de solicitar la sustitución de la pensión vitalicia de jubilación que le fue reconocida a su progenitor. En aquella ocasión, el ente territorial demandado negó la sustitución de la pensión en atención a que no se acreditó que el estado de PCL igual o superior al 50% fuera preexistente al fallecimiento del causante. En esa oportunidad la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional determinó que la entidad territorial incumplió la obligación de valorar todos los elementos de juicio relevantes que demostraban que la fecha de estructuración de la PCL debía fijarse con anterioridad al deceso del padre del accionante.

 

36. Aquella providencia recopiló las reglas jurisprudenciales establecidas por la Corte Constitucional en sus diferentes Salas de Revisión respecto de los deberes de las autoridades competentes al estudiar las solicitudes de sustitución pensional de personas calificadas con una PCL equivalente o mayor al 50%, cuando la fecha de estructuración es posterior al fallecimiento del causante, las cuales se sintetizan a continuación:

 

Tabla 4. Recopilación de reglas jurisprudenciales realizada con base en las consideraciones de la Sentencia T-093 de 2025.

 

37. Dicha providencia recordó los remedios constitucionales que ha adoptado esta Corporación para acceder a sustituciones pensionales en favor de personas con PCL mayor al 50% y las cuales han sido negadas con fundamento en que la estructuración de la PCL fue posterior al deceso del causante, que a saber son:

 

(a)   La Corte ha optado por “estudiar el cumplimiento de los requisitos establecidos para acceder legítimamente a la prestación sustitutiva, de cara a la información obrante en el expediente, y en los supuestos en los que se estiman satisfechos, se ha ordenado directamente el reconocimiento económico pretendido”[70].

 

(b) La Corte ha dispuesto “como remedio que el respectivo fondo pensional involucrado emita una nueva determinación que resuelva de fondo la solicitud prestacional promovida ‘teniendo en cuenta la clase de enfermedad que [fue diagnosticada al requirente, la integralidad de] los conceptos médicos allegados en sede de tutela y lo expuesto por la jurisprudencia constitucional sobre la materia’”[71].

 

3.3. Las dificultades en la vida de las mujeres que se dedican a las labores de cuidado en cuanto a seguridad social y la perspectiva de género

 

38. Esta Corporación ha reconocido que las labores de cuidado han recaído de manera desproporcionada sobre las mujeres[72], lo que desencadena en una carga de desigualdad sobre este grupo poblacional. En tal sentido, el cuidado en el ámbito privado de manera predominante suele realizarse por las mujeres de la familia, quienes actúan como madres, hijas, hermanas, esposas o compañeras[73]. La jurisprudencia constitucional reciente ha analizado el impacto que tienen las labores de cuidado sobre la salud, el bienestar, el proyecto de vida y, en general, la vida en condiciones dignas de quien cuida[74].

 

39. Esta labor a veces puede convertirse en una tarea agobiante y estresante, que da lugar a afectaciones que incluyen estrés, angustia, depresión, ansiedad, trastornos del sueño como insomnio, dificultad para concentrarse, pérdida de apetito, abuso de sustancias, aislamiento social, dolores sin explicación aparente, irritabilidad, dolores de cabeza, sensación de soledad, agravamiento de enfermedades físicas, agotamiento emocional y físico, dificultades osteomusculares, entre otras. Estas condiciones de salud han sido denominadas como el “síndrome del cuidador quemado”, caracterizado por el agotamiento emocional, la despersonalización y la reducción de la realización personal[75].

 

40. En esa medida, estos efectos negativos en las labores de cuidado merecen una especial atención desde la perspectiva constitucional. En efecto, la mujer que ejerce labores de cuidado enfrenta una afectación desproporcionada en su proyecto de vida como consecuencia de dicha labor. Un indicativo de esta afectación puede verse reflejado entre otros en los siguientes aspectos[76]: (a) la ausencia de espacios y tiempo de autocuidado (proporción de tiempo destinado al descanso y el ocio); (b) el abandono de aficiones e intereses de la cuidadora; (c) la relación entre la carga de cuidado y el abandono del trabajo o los estudios; (d) la relación entre la carga de cuidado y la falta de conexiones sociales, la pérdida de redes de apoyo familiar y de amistad, la sensación de soledad, entre otras manifestaciones de afectaciones del desarrollo individual y social de quien cuida[77] y (e) la afectación en la economía de la cuidadora, entendida como la imposibilidad de acceder a un trabajo remunerado que le permita sufragar ingresos y asegurar su sustento.

 

41. Esto se torna más gravoso cuando la mujer cuidadora destina la totalidad de su tiempo a las tareas del cuidado y deja de lado el desarrollo de su vida, en aspectos laborales, de esparcimiento e incluso de vida en pareja por ejecutar aquellas. Luego, con el transcurso del tiempo las mujeres que destinan su vida con entrega y dedicación al cuidado, envejecen y se enfrentan a que no trabajaron ni cotizaron al sistema de pensiones para garantizar unos ingresos mínimos para su subsistencia. Tampoco realizaron vida en pareja que les permita contar con una compañía y un apoyo emocional y material durante el transcurrir de la tercera edad. Bajo esa premisa, aquellas desestiman su vida al cuidado y se enfrentan en su vejez a una condición de extrema vulnerabilidad, en especial si no cuentan con los medios económicos para asegurar su subsistencia.

 

42. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que según datos de la CEPAL, en América Latina y el Caribe las mujeres trabajan la mayor parte del tiempo en actividades no remuneradas, además dedican tres veces más tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado[78]. Asimismo, el trabajo no remunerado en los hogares varía entre un 15,9% y un 27,6% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 74% de este aporte lo realiza la población femenina[79]. Tal situación se agrava cuando confluyen otros factores de discriminación como: a) la edad; b) la raza, c) la etnia, d) la posición socioeconómica, e) el estatus migratorio y f) los fenómenos de embarazo adolescente y los matrimonios y uniones tempranas[80].

 

43. De otro lado, según lo expuesto por la Defensoría del Pueblo, en Colombia aproximadamente 3.3 millones de personas se dedican a la labor del cuidado no remunerado, de la cuales el 70% son mujeres; tal situación evidencia una distribución mayoritaria de esta labor en el género femenino[81]. En tal sentido, las mujeres padecen de escenarios de discriminación en el entorno laboral y social, lo que impacta en sus posibilidades de acceder a prestaciones económicas durante la vejez[82]. Es así como, la feminización de la labor de cuidado impone una barrera para acceder al mercado laboral. En consecuencia, se genera una situación de desprotección de las mujeres, pues se les imposibilitó realizar aportes al sistema de seguridad social para obtener un amparo contributivo en la adultez mayor[83]. Lo anterior, impacta directamente su nivel de acceso a las prestaciones del sistema general de seguridad social, en especial, de aquellas previstas para proteger a la vejez[84]. Tal situación está vinculada con creencias y/o estereotipos sobre el rol tradicional de sumisión de la mujer a las tareas de la casa y la crianza[85].

 

44. La Corte Constitucional, a través de su jurisprudencia, ha avanzado hacia la superación del criterio familista respecto de la labor del cuidado. En otras palabras, estableció la adopción de subreglas jurisprudenciales encaminadas a superar la discriminación en contra de aquellos que ejercen dichas labores, que como se ha dicho en su mayoría son mujeres. En tal sentido, ha promovido la adopción de remedios constitucionales encaminados a que el Estado adopte una posición garantista a efectos de suplir las labores de cuidador/a. Lo anterior, con la finalidad de erradicar la concepción tradicional y discriminatoria que se tiene hacia las mujeres que ejercen esta actividad, que no es remunerada. También, se ha buscado el propósito de que la población prestadora acceda al mercado laboral formal y con ello tenga una remuneración por la labor desempeñada y, su vez, garantice una prestación pensional en su vejez que le permita un medio para asegurar la subsistencia.

 

III.          CASO CONCRETO

 

45. Metodología de la decisión. Previo a resolver el caso concreto, la Sala enunciará de manera esquemática los requisitos establecidos para la sustitución pensional de los hermanos en condición de invalidez y referirá las subreglas jurisprudenciales frente a dichos requisitos. Luego, referirá los hechos probados en el expediente. Por último, resolverá el problema jurídico planteado.

 

 

 

1.                 Requisitos y reglas jurisprudenciales para el caso concreto

 

46. La Sala precisa que para resolver el asunto bajo estudio debe enunciar los requisitos para la concesión de la sustitución pensional cuando dicha prestación la reclama un hermano en condición de invalidez y referir las reglas jurisprudenciales aplicables a dichos requisitos, tal como se expone a continuación:

 

Tabla 5. Requisitos para la concesión de la sustitución pensional cuando el solicitante es un hermano del causante

 

2.                 Hechos probados

 

47. La Sala constata los siguientes hechos probados en el presente asunto, conforme lo expuesto en la siguiente tabla:

 

Tabla 6. Hechos probados en el expediente objeto de estudio

 

3.                  Solución del caso concreto

 

48. La Sala estudiará la pretensión de sustitución pensional elevada por la señora Verónica conforme a los requisitos establecido en el literal e del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, con observancia de las subreglas jurisprudenciales establecidas por esta Corporación.

 

49. Filiación. La Sala observa acreditado la relación de filiación entre Verónica e Indira, toda vez que dentro del expediente obra registro civil de nacimiento de la actora[102] y registro de defunción[103] y partida de bautismo de la hermana de la accionante en el cual se observa que tanto la madre como el padre de la causante y de la solicitante son los mismos. Por lo que se acredita el parentesco entre ellas de hermanas.

 

50. Dependencia económica. En el caso bajo análisis se acreditó la dependencia económica de Verónica con su hermana fallecida. La accionante expresó en la diligencia de declaración que ha dependido económicamente de su hermana desde que fallecieron sus padres[104]. También que en el pasado le costeó una de las enfermedades que padece[105]. De igual manera, que no realizó aportes al Sistema General de Pensiones, de acuerdo con lo evidenciado en la consulta de datos en bases públicas de información[106].

 

51. Adicional a ello, en el plenario obran tres declaraciones extra-proceso en las que las declarantes aluden conocer a la accionante y aseguran que aquella dependía económicamente de su hermana. En concreto, Griselda indicó que “cono[ce] de vista, trato y comunicación directa desde hace 20 años a [la actora] (…) [le] consta que es soltera, sin hijos, sin historia laboral, sin pensión. (…) su hermana (…) era quien la sostenía económicamente”[107]. De igual forma, Paula expresó que “cono[ce] de vista, trato y comunicación desde aproximadamente 29 años a la [accionante] (…) que su estado civil hasta la fecha es soltero no ha sido casada por ningún rito y no tiene historia laboral por no haber estado empleada y sin pensión (…) su hermana (…) era quien la sostenía económicamente en sus necesidades básicas”[108]. Por último, Daniela manifestó que “durante 16 años conoci[ó] de vista, trato y comunicación a la [hermana de la accionante] (…) que por el conocimiento que de ella tenía [le consta] que ella era quien sostenía económicamente y en todo sentido (alimentación, vivienda, vestuario, entre otros) a su hermana legitima, [la accionante], (…) ya que por su invalidez y por estar en silla de ruedas no trabaja ni cotiza pensión”[109].

 

52. En igual sentido, la accionante expresó durante la diligencia de declaración que a parte de su hermana Indira, otro hermano del cual no refirió más información, eran quienes velaban por su sostenimiento y subsistencia, sin embargo, indicó que este familiar falleció hace poco. Lo anterior permite inferir que la actora ha dependido económicamente de sus familiares y estos al haber fallecido, la dejan en una situación de desprotección y vulnerabilidad pues no tiene otro medio económico de subsistencia.

 

53. Es de precisar que la accionante: (i) se encuentra afiliada al régimen contributivo del Sistema de Seguridad Social en Salud en calidad de cotizante y (ii) manifestó en su declaración de parte que una sobrina que vive en el exterior le ayuda económicamente de manera excepcional. No obstante, la Sala debe tener presente en primer lugar, que la afiliación de la actora al régimen de seguridad social en salud se realizó el 1 de febrero de 2022, es decir, con posterioridad al deceso de su hermana Indira, que ocurrió el 25 de febrero de 2018. Adicionalmente, que la accionante se encuentre afiliada al régimen contributivo en calidad de cotizante no es un indicio para determinar que aquella no tenía dependencia económica de su hermana, pues la afiliación se realizó con posterioridad al deceso de su familiar. En concreto casi 4 años después que su hermana falleciera. En segundo lugar, lo establecido por la jurisprudencia constitucional sobre la acreditación del requisito de dependencia económica. En concreto, que no es necesario acreditar la carencia absoluta o total de recursos. Basta con examinar “la independencia del solicitante para mantener por sus propios medios su mínimo existencial en condiciones dignas, a pesar de que tenga ingresos adicionales insuficientes”[110]. Esta situación no ocurre en el presente asunto.

 

54. Este caso versa sobre una mujer que dedicó la totalidad de su tiempo y vida a la labor de cuidado de otras personas, sus familiares, pues como lo expresó en la diligencia de declaración y en el escrito de tutela nunca laboró por cuidar a su progenitora. En razón de ello no cotizó al Sistema General de Pensiones para percibir una prestación en su vejez. En consecuencia, no tiene los medios propios para solventar sus necesidades básicas de subsistencia y depende de terceros. En su momento, su hermana era quien la conservaba bajo su amparo económico y propendía por su bienestar. No obstante, con el deceso de aquella, la actora mantuvo su dependencia económica respecto de otros familiares. Tal situación coloca a la accionante en una condición de grave vulnerabilidad pues no tiene medios económicos propios para solventar sus necesidades básicas. Además, padece de múltiples patologías que afectan gravemente su estado de salud, lo que no le permite tener libre movilidad, pues se moviliza en silla de ruedas.

 

55. En atención a lo expuesto se concluye que la accionante dependió económicamente de su hermana, Indira. La Sala llega a esta conclusión en razón de las siguientes evidencias: (i) la declaración de parte realizada por la actora; (ii) las declaraciones extra-proceso obrantes en el expediente; (iii) la constatación sobre la ausencia de recursos económicos propios de la actora para su subsistencia en condiciones dignas y (iv) reconocer que la actora no percibe pensión, auxilio del gobierno u otro emolumento fijo por medio del cual supla sus necesidades de manera autónoma. Lo anterior, porque se dedicó a la labor del cuidado de su progenitora, por lo que dejó de lado la realización de su vida laboral y ahora, en su vejez, no cuenta con medios económicos para su subsistencia, lo que la coloca en una condición de vulnerabilidad aún mayor.

 

56. Acreditación de la invalidez. La accionante cuenta con un dictamen de PCL superior al 50%. En concreto, le calificaron la pérdida de su capacidad laboral en un 70.03%[111]. Por tal razón, acredita su condición de invalidez conforme al artículo 38 de la Ley 100 de 1993. En consecuencia, la actora cumpliría con los requisitos establecidos en el literal e del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. Sin embargo, al verificar el mencionado dictamen de calificación, la fecha de estructuración de la PCL es del 11 de mayo de 2023, posterior al deceso de la causante, lo que, en principio, no habilitaría para que la actora tuviese derecho a la prestación de la sustitución pensional reclamada. Además, fue la razón por la que Colpensiones negó el reconocimiento de la prestación. Es de precisar que el puntaje de estructuración determinado en el dictamen de PCL proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle fue establecido a través de elementos técnicos y científicos. Sin embargo, la fecha de estructuración se definió solo a partir de la última fecha de valoración de la accionante por cardiología.

 

57. No obstante, la Sala recuerda las subreglas jurisprudenciales recopiladas en la tabla 5 (supra). La primera, habilita excepcionalmente al juez de tutela a acudir al acervo probatorio del expediente para establecer la invalidez de una persona y para que acuda a documentos como certificados de medicina legal o diagnósticos médicos. La segunda, recuerda que en caso de enfermedades crónicas, degenerativas y congénitas la fecha de estructuración no necesariamente debe coincidir con la fecha en que la persona pierde su capacidad laboral. En esos eventos la definición dependerá de factores como el análisis de la historia clínica. Por ello, la administración y la autoridad judicial pueden contrastar el dictamen con las demás pruebas recaudadas, para determinar si reflejan de forma fidedigna las reales circunstancias en las que el sujeto calificado perdió su capacidad laboral.

 

58. En ese orden de ideas, la Sala evaluará si la entidad accionada aplicó dichas subreglas jurisprudenciales a efectos de verificar que la fecha de estructuración de la PCL, establecida en el dictamen de calificación realizado a la actora, correspondía a la realidad en relación con la fecha real y material de la PCL. En caso de no encontrar acreditadas dichas reglas, se apartará de la fecha de estructuración con base en la integralidad de los elementos probatorios que tiene a su disposición. En consecuencia, determinará la fecha material en la que la actora perdió la capacidad laboral con fundamento en los otros medios de convicción a los que puede acudir el juez constitucional, en particular la historia clínica de la solicitante.

 

59. En tal sentido, la Sala observa que Colpensiones simplemente determinó que la actora no cumplió con los requisitos para la sustitución pensional en atención a que, a la fecha del fallecimiento de la causante, la actora no se encontraba en condición de invalidez y tomó para ello como referencia la fecha de estructuración del dictamen de PCL proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle. Lo anterior, apartándose del deber que tienen las administradoras de pensiones de valorar integralmente el conjunto de pruebas que evidencie con mayor precisión el momento en que se configuró la PCL de cara a la aplicación de las reglas jurisprudenciales.

 

60. La Sala Segunda de Revisión observa que dentro del acervo probatorio del expediente obran historias clínicas con diagnósticos médicos de los años 2007, 2009, 2011 y 2015 emitidos por la Fundación Valle de Lili. En concreto, la accionante acudió a dicho centro asistencial por presentar molestias en su salud. En primer lugar, el 26 y 27 de septiembre de 2007 le fue diagnosticado a la accionante “anillo mitral dilatado con insuficiencia moderada, leve dilatación de las cavidades izquierdas, iv paredes de espesor conservado las cuales tienen contractilidad global severamente disminuida fe calculada de 27%, presión sistólica calculada en la arteria pulmonar de +-44mmHg e insuficiencia cardiaca congestiva”[112]. A su vez, el resumen de egreso realizado por la Fundación Valle de Lili del 28 de septiembre de 2007, se identifican los siguientes diagnósticos que padece la actora “insuficiencia cardiaca estadio funcional III, disfunción sistólica severa, artritis reumatoide e hipertensión arterial”[113].

 

61. En segundo lugar, el 10 de marzo de 2009, se observa diagnóstico de la actora emitido por un profesional de la salud adscrito a la Fundación Valle de Lili en el cual se prescribió “neuropatía, discopatía cervical y cervicalgia”[114]. De igual manera ocurre el 28 de noviembre y el 23 de diciembre de 2011, cuando se le diagnosticó a la paciente Verónica “osteoartritis primaria, (compromiso cervical severo), cardioangioesclerosis, hipotiroidismo, parálisis facial derecha”[115]. Por último, el 21 de mayo de 2015, la accionante fue diagnosticada con “insuficiencia cardiaca estadio funcional iii, disfunción sistólica severa, artritis reumatoide e hipertensión arterial”[116].

 

62. Además, las patologías que le fueron diagnosticadas a la actora se catalogan dentro de la categoría de “crónicas, degenerativas y congénitas”. En concreto, dichas enfermedades se encasillan dentro de las enfermedades crónicas[117] y degenerativas[118]. La Corte llega a esta conclusión toda vez que al verificar el dictamen de PCL realizado el 24 de mayo de 2025, este establece en el apartado número 6 denominado “fundamentos para la calificación del origen y/o de la pérdida de capacidad laboral y ocupacional” los diagnósticos a evaluar, entre los cuales se encuentran “Artrosis, no especificada”, “Disnea”, “Espondilopatía, no especificada”, “Hipertensión esencial (primaria)”, “hipotiroidismo, no especificado”, “infarto agudo de miocardio, sin otra especificación” e “insuficiencia cardiaca, no especificada”.

 

63. En tal sentido, la Sala observa que las enfermedades diagnosticadas a la accionante han perdurado en el tiempo y han sido tratadas, pero no curadas. Esta situación es evidente, en razón a que existe registro en la historia clínica de la accionante que aquellas patologías fueron diagnosticadas inicialmente el 28 de septiembre de 2007 y han sido recurrentes durante los años 2009, 2011 y 2015, tal y como se desprende de los apartes de su historia clínica. Además, dichas enfermedades fueron las evaluadas en el dictamen de PCL realizado en el 2023. Es decir, han perdurado en el tiempo por más de 10 años; incluso la actora las padece en la actualidad, toda vez que ella indicó en la diligencia de declaración que padecía de tales enfermedades.

 

64. En otras palabras, existe una recurrencia entre las patologías diagnosticadas y las calificadas. Adicional a ello, se trata de enfermedades que empeoran con el pasar de los días, debido a que afectan directamente los órganos y la movilidad de quien las padece. En particular, a la promotora de la acción se le diagnosticó “infarto agudo al miocardio” e “insuficiencia cardiaca”, lo que impacta en su función cardiovascular. También se le dictaminó con “artrosis” y “osteoartrosis”, lo que repercute en el desarrollo de su movilidad de manera parcial o total.

 

65. En ese orden de ideas, al contrastar las historias clínicas de la actora y el dictamen de PCL se encontró lo siguiente:

 

 

Tabla 7. Comparativo de enfermedades diagnosticadas a la actora vs patologías y deficiencias evaluadas en la calificación de invalidez

 

66. Así las cosas, para esta Corporación es claro que el dictamen de PCL es el medio idóneo para acreditar la condición de invalidez de la accionante (porcentaje y fecha de estructuración). Sin embargo, la jurisprudencia constitucional estableció que este no es la única prueba para acreditar la PCL para el reconocimiento pensional. En tal sentido, la administración y la autoridad judicial en caso de enfermedades degenerativas, congénitas y crónicas pueden contrastar el dictamen con las pruebas obrantes en el expediente, a efectos de determinar el verdadero origen, evolución e incidencia en la vida diaria, actividad ocupacional o trabajo de la persona calificada. Al respecto, la Sentencia T-293 de 2025 estableció que “la fecha de estructuración puede ser determinada con base en la historia clínica y otros dictámenes técnicos que contengan la información suficiente sobre el momento en que la persona efectivamente pierde la aptitud para trabajar, evitando formalismos que desconozcan la realidad material de la persona involucrada”.

 

67. Conforme a lo expuesto, la Sala concluye que la condición de invalidez de la accionante se encontraba acreditada al momento del fallecimiento de su hermana, esto es, el 25 de febrero de 2018. Lo anterior, pues tal como quedó demostrado líneas atrás, los padecimientos de la accionante estaban presentes desde el 28 de septiembre de 2007 y de ellos hay evidencia en los años 2009, 2011 y 2015, respectivamente. Por tal motivo, se encuentran acreditados los requisitos establecidos para la concesión de la sustitución pensional que se reclama.

 

68. La entidad accionada vulneró los derechos fundamentales de la actora. La Sala observa que Colpensiones vulneró los derechos fundamentales al mínimo vital, a la dignidad humana, a la vida digna y a la seguridad social de la actora al proferir las resoluciones 456 del 14 de agosto de 2024, 678 del 12 de diciembre de 2024 y 023 de 12 de febrero de 2025, mediante las cuales negó y confirmó la decisión de no acceder a la sustitución pensional solicitada. Lo anterior, toda vez que Colpensiones conoció la historia clínica de la accionante, pues esta fue allegada por la actora el 17 de junio de 2024. Esta situación fue corroborada por la Sala al revisar el expediente administrativo remitido por la entidad accionada en sede de revisión. En concreto, se observan allí las historias clínicas emanadas de la Fundación Valle de Lili de los años 2007, 2009, 2011 y 2015, en las cuales se le diagnostica a la accionante las patologías padecidas.

 

69. Conforme a lo anterior, la Sala reprocha la conducta desplegada por Colpensiones en cuanto a omitir el deber de evaluar la solicitud de la sustitución pensional con especial atención al examen del origen, evolución e impacto de las enfermedades catalogadas como degenerativas, crónicas y progresivas para determinar la fecha en que se originó la PCL. Por tal motivo, estima como remedio constitucional disponer el reconocimiento de la prestación solicitada por la actora. Lo anterior, por las siguientes razones: (i) existe un grado de certeza sobre el derecho que le asiste a la promotora de la acción, a partir de la información probatoria obrante en el expediente de tutela, y (ii) devolver el asunto a la entidad accionada para que se pronuncie nuevamente sobre la solicitud de la accionante supondría un desgaste administrativo innecesario, esto frente a la avanzada edad de quien pide el amparo, su condición de vulnerabilidad y su condición socioeconómica, entendida como la necesidad que tiene de contar oportunamente con los recursos para garantizar autónomamente sus sostenimiento en dignidad[119].

 

70. Reconocimiento del retroactivo pensional. De otro lado, la Sala reitera que la jurisprudencia constitucional ha considerado que la sustitución pensional es “un derecho que permite a una o varias personas entrar a gozar de los beneficios de una prestación económica antes percibida por otra, lo cual no significa el reconocimiento del derecho a la pensión sino la legitimación para reemplazar a la persona que venía gozando de este derecho”[120]. En tal sentido, tiene como finalidad evitar que las personas allegadas al trabajador y beneficiarias del producto de su actividad laboral queden en el desamparo o la desprotección por el simple hecho de su fallecimiento. En otras palabras, busca que quienes dependían económicamente del causante puedan, tras su muerte, continuar atendiendo de manera digna sus necesidades materiales de subsistencia[121].

 

71. De esta manera, conforme al principio de la imprescriptibilidad aplicable en el Sistema de Seguridad Social, el derecho a la pensión no prescribe. Lo anterior, aun cuando existe un término temporal para la reclamación de las prestaciones periódicas o las mesadas que de él se derivan y que no han sido cobradas. En dicho caso, estas se encuentran sometidas a la regla general de prescripción en 3 años, por aplicación del artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo. En otras palabras, el derecho a la pensión no prescribe, pero si lo hacen las mesadas correspondientes que se derivan de este derecho.

 

72. Ahora bien, respecto de la procedencia de ordenar el reconocimiento y pago del retroactivo pensional, la jurisprudencia constitucional ha considerado que el juez constitucional adquiere competencia para pronunciarse y amparar la pretensión de pago de retroactivo pensional cuando:

 

“a) Hay certeza en la configuración del derecho pensional y b) se hace evidente la afectación al mínimo vital, al constatarse que la pensión es la única forma de garantizar la subsistencia de la accionante y que, por una conducta antijurídica de la entidad demandada, los medios económicos para vivir han estado ausentes desde el momento en que se causó el derecho hasta la fecha de concesión definitiva del amparo. Estas dos circunstancias hacen que el conflicto que por naturaleza es legal y que posee medios ordinarios para su defensa, mute en uno de índole constitucional, en donde los medios ordinarios se tornan ineficaces para el amparo de los derechos vulnerados o amenazados[122]”.

 

73. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que en el presente caso: (i) existe certeza en la configuración del derecho pensional. Lo anterior, en razón a lo desarrollado en líneas anteriores (supra 49 a 67), en atención a que se cumplen los presupuestos del literal e del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. (ii) La afectación al mínimo vital de la accionante es evidente. En este caso, la actora es una persona de 83 años, hace parte de la población de la tercera edad y, a su vez, es catalogada como un sujeto de especial protección constitucional por razones de sus condiciones de salud, discapacidad y vulnerabilidad. Aquella ha acudido a las vías administrativas en busca del reconocimiento de la sustitución pensional reclamada. No obstante, la entidad accionada negó el reconocimiento de dicha prestación. De esta manera, la Sala evidenció tal y como se expuso previamente, que la actora no cuenta con medios económicos propios para solventar sus necesidades básicas y de subsistencia. Además, depende económicamente de terceros para suplir sus necesidades vitales. Lo que, a juicio de esta Sala, demuestra la necesidad que tiene la actora de percibir dicha prestación en aras de garantizar su mínimo vital de manera autónoma. Por lo anteriormente expuesto, la Sala concluye que se cumplen con los presupuestos jurisprudenciales para ordenar el pago del retroactivo pensional a la accionante.

 

74. Previo a esta decisión la Corte Constitucional ha recordado en múltiples ocasiones, a través de diferentes sentencias que “no [se] puede negar el reconocimiento y pago de la sustitución pensional, con el argumento de que la fecha de estructuración establecida en el dictamen fue posterior a la muerte del causante, sin antes analizar todos los medios de convicción”[123]. Por tal motivo, le Sala prevendrá a Colpensiones sobre su obligación de prestar una protección específica a las personas que se encuentran en situación de discapacidad, lo que incluye el examen integral de la historia clínica del peticionario que padece una enfermedad degenerativa, crónica y progresiva.

 

4.                 Órdenes a proferir

 

75. La Sala revocará la sentencia de segunda instancia que confirmó la decisión de la autoridad judicial de primera instancia, con la que se declaró improcedente la acción constitucional. En consecuencia, se concederá el amparo a los derechos fundamentales al mínimo vital, a la dignidad humana, a la vida digna y a la seguridad social invocados por la actora. Dejará sin efectos los actos administrativos mediante los cuales Colpensiones negó la sustitución pensional reclamada. Por último, ordenará a la accionada que en el término de diez (10) días contados a partir de la notificación de esta providencia, reconozca y pague la sustitución pensional a la que tiene derecho la accionante, en su calidad de hermana en condición de invalidez de la causante, desde el momento en que adquirió el derecho reclamado de acuerdo con la ley y sin desconocer la prescripción establecida en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo.

 

IV.          DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución Política,

 

RESUELVE

 

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 3 de abril de 2025 de la Sala 004 Laboral del Tribunal Superior de Cali, que confirmó la decisión adoptada en primera instancia el 27 de febrero de 2025 por el Juzgado 022 Laboral del Circuito de Cali, que declaró improcedente la acción constitucional. En su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales al mínimo vital, a la dignidad humana, a la vida digna y a la seguridad social invocados por Verónica.

 

SEGUNDO. DEJAR sin efectos las resoluciones 456 del 14 de agosto de 2024, 678 del 12 de diciembre de 2024 y 023 de 12 de febrero de 2025, mediante las cuales la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones negó la sustitución pensional a favor Verónica.

 

TERCERO. ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones que, si aún no lo ha hecho, en el término de diez (10) días contados a partir de la notificación de esta providencia, reconozca y pague la sustitución pensional a la que tiene derecho Verónica, en calidad de hermana en condición de invalidez de Indira, desde el momento en que adquirió el derecho reclamado de acuerdo con la ley y sin desconocer la prescripción establecida en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo.

 

CUARTO. PREVENIR a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones para que en lo sucesivo cumpla la obligación de prestar la protección específica a las personas que se encuentran en situación de discapacidad, lo que incluye el examen integral de la historia clínica del peticionario que padece una enfermedad degenerativa, crónica y congénita en el trámite de las solicitudes de sustitución pensional.

 

QUINTO. Por Secretaría General de la Corte Constitucional, LÍBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ

Magistrada

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General