REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

-Sala Segunda de Revisión-

 

SENTENCIA T-482 de 2025

                                                                                                        

 

Referencia: expediente T-11.222.700

 

Asunto: acción de tutela presentada por Rosalba, en representación de su hijo Manuel, en contra del Centro Educativo Rural Cerrito

 

Tema: protección del derecho a la educación en su dimensión de accesibilidad

 

Magistrado ponente:

Juan Carlos Cortés González

 

 

Bogotá D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

 

La Sala Segunda de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez y los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Juan Carlos Cortés González, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la presente

 

SENTENCIA

 

En el trámite de revisión del fallo del 14 de mayo de 2025, proferido por el Juzgado 001 Promiscuo Municipal de La Paz (Norte de Santander), que declaró improcedente el amparo solicitado.

 

SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

 

 

Aclaración previa. Reserva de la identidad

 

De conformidad con el artículo 61 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional, las Salas de Revisión podrán disponer que en la publicación de la sentencia se omitan nombres o circunstancias que puedan identificar a las partes del proceso. En el presente caso, la divulgación de esta providencia puede afectar los derechos a la intimidad del menor de edad relacionado en el presente trámite. Por lo tanto, de acuerdo con lo dispuesto en las Leyes 1712 de 2014, 1581 de 2012 y 1437 de 2011, el Acuerdo 01 de 2025[1] y la Circular Interna No. 10 de 2022[2], esta providencia se registrará en dos archivos: uno con los nombres reales, que la Secretaría General remitirá a las partes y autoridades involucradas. Otro con los nombres ficticios, que seguirá el canal previsto por esta Corporación para la difusión de información pública.

 

I. ANTECEDENTES

 

1.       Rosalba, en representación de su hijo menor de edad, Manuel, promovió acción de tutela en contra del Centro Educativo Rural Cerrito, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la educación, a la igualdad y a la protección especial de los niños.

 

1. Hechos y pretensiones[3]

 

2.       La accionante indicó que “desde hace varios meses” reside junto a su grupo familiar en la vereda Sauzal del municipio de La Paz (Norte de Santander). Agregó que en dicha vereda habitan aproximadamente 100 personas que pertenecen a 15 familias. Informó que es madre cabeza de hogar y tiene a su cargo tres hijos menores de edad, uno de los cuales es Manuel, de siete años[4]. Además, señaló que tiene escasos ingresos económicos.

 

3.        Relató que en la vereda Sauzal existe una sede del Centro Educativo Rural Cerrito, pero que la misma fue cerrada hace 10 años. Esta sede es la más cercana a su residencia y queda aproximadamente a hora y media de camino a pie. Aseguró que su hijo “está dispuesto a recorrer esa distancia para tener acceso al servicio de educación”[5].

 

4.        Indicó que otras alternativas educativas se encuentran aún más alejadas: la sede de la vereda Nazaret queda a tres horas y la del corregimiento de Santa Ana a cuatro horas. Además, que estas opciones implican el paso por caminos de herradura, zonas boscosas, solitarias y con presencia de animales silvestres, especialmente en horas de oscuridad. Añadió que la vereda no cuenta con servicio de transporte escolar, ni existe vía vehicular cercana, lo que incrementa los riesgos y barreras para el acceso al derecho a la educación.

 

5.        Alegó que no existe justificación oficial que explique el cierre de la sede educativa de Sauzal y que las autoridades competentes no han adoptado acciones dirigidas a la reapertura de la sede o a garantizar la prestación del servicio de educación a los niños del sector. Afirmó que la situación descrita afecta a otros menores de edad en la misma vereda, quienes tampoco reciben educación por la misma razón, lo que vulnera sus derechos fundamentales.

 

6.        Por lo anterior, Manuel fue matriculado en la sede educativa Nazaret, a la cual asistió durante dos semanas. Posteriormente, la madre del niño decidió retirarlo del colegio debido a las largas distancias y a la falta de acceso al servicio de transporte escolar, circunstancias que, de acuerdo con lo manifestado por la accionante, impedían garantizar su integridad y seguridad[6].

 

7.        Con fundamento en lo expuesto, solicitó la protección del derecho a la educación de su hijo, extensiva a otros niños en edad escolar que habitan en la vereda Sauzal del municipio de La Paz (Norte de Santander). En consecuencia, pidió al juez de tutela que ordenara al Centro Educativo Cerrito y a las autoridades competentes del orden municipal o departamental, que adopten las medidas necesarias para reabrir la sede educativa de la vereda Sauzal y garanticen el derecho vulnerado. Además, solicitó que se exhorte a las autoridades a adoptar medidas estructurales para garantizar el derecho a la educación de los demás niños y niñas residentes en la vereda Sauzal.

 

2. Trámite de la acción de tutela

 

8.       El 2 de mayo de 2025, el proceso de la referencia le fue asignado por reparto al Juzgado 001 Promiscuo Municipal de La Paz (Norte de Santander). El 5 de mayo de 2025, esa autoridad judicial admitió la acción de tutela y ordenó la vinculación del municipio de La Paz, el departamento de Norte de Santander – Secretaría de Educación, el Ministerio de Educación Nacional y la personería municipal de La Paz. Además, ordenó a las entidades accionadas y vinculadas que rindieran informe sobre los hechos expuestos en el escrito de tutela[7]. A continuación, se sintetizan los informes presentados por las entidades accionadas y vinculadas. La Sala indica que la personería municipal de La Paz no dio respuesta a la acción de tutela.

 

2.1. Respuesta del Centro Educativo Rural Cerrito[8]

 

9.       En primer lugar, indicó que la sede escolar de la vereda Sauzal del centro educativo está inactiva desde hace aproximadamente diez años y que fue cerrada por falta de estudiantes. Sostuvo que la institución no tiene competencia ni facultades para disponer la apertura de sedes educativas, pues esta responsabilidad recae exclusivamente en el ente territorial certificado (en este caso, la secretaría de educación departamental), autoridad competente para planear, aprobar y gestionar la creación y reapertura de sedes educativas, conforme a la normatividad vigente en materia de educación

 

10.   Expresó que la accionante no ha realizado solicitud de matrícula para su hijo y que tampoco existe solicitud formal de matrícula para otros menores de edad en la sede Sauzal. Alegó que estas acciones son fundamentales para realizar gestiones dirigidas a la posible reapertura de la sede ante la secretaría de educación.

 

2.2. Respuesta de la alcaldía municipal de La Paz[9]

 

11.   Solicitó ser desvinculada de la acción de tutela por no estar legitimada por pasiva, pues no es la entidad competente para atender la solicitud de la accionante. En sustento de lo anterior, alegó que el municipio no está descentralizado en materia educativa y por tanto no tiene facultades para (i) crear, suprimir o reabrir sedes educativas oficiales, (ii) nombrar o reasignar personal docente o administrativo o (iii) apropiar recursos para la prestación del servicio educativo oficial. Añadió que en este caso la secretaría de educación departamental de Norte de Santander, como ente territorial certificado, es la entidad que tiene a su cargo la organización, administración y gestión del servicio educativo.

 

2.3. Respuesta de la secretaría departamental de educación de Norte de Santander[10]

 

12.   Solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela. Informó que el cierre de la sede Sauzal del Centro Educativo Rural Cerrito fue ordenado por el Decreto No. 00182 del 14 de febrero de 2014, debido a no presentar matrículas en el Sistema Integrado de Matricula -SIMAT-. Sostuvo que, para realizar la reapertura de dicha sede, el directivo docente respectivo debe acreditar el cumplimiento de una serie de requisitos, entre los que se encuentra realizar la solicitud de cupos ante la secretaría de educación departamental de Norte de Santander. Precisó que tal solicitud debió realizarse dentro del proceso de proyección de cupos para la vigencia 2025.

 

13.   Respecto al caso concreto, señaló que trasladó la solicitud de reapertura de la sede Sauzal al centro educativo, para que informara las medidas estructurales adelantadas por la institución educativa para garantizar el derecho a la educación de los menores de edad residentes en la vereda Sauzal. Sostuvo que el directivo docente del centro respondió que la accionante no había realizado solicitud de matrícula para ningún menor de edad. Destacó que la primera acción para solicitar la reapertura de la sede Sauzal es la búsqueda activa de 10 estudiantes y así cumplir con uno de los requisitos establecidos para dicho proceso.

 

14.   De otra parte, indicó que la secretaría ha garantizado el registro de matrícula del menor de edad, pues verificó que para la vigencia 2025 fue matriculado en dos sedes del Centro Educativo Rural Cerrito (sedes Montañita y Nazaret), y que su estado actual en ambas sedes es “RETIRADO”. Por lo anterior, afirmó que ha garantizado la prestación del servicio educativo del niño, sin embargo, para la reapertura de la sede solicitada, se requiere el cumplimiento de una serie de requisitos previos por parte del directivo docente.

 

2.4. Respuesta del Ministerio de Educación Nacional[11]

 

15.   Solicitó ser desvinculado de la acción de tutela por no estar legitimado por pasiva, pues no ha tenido participación alguna en los hechos que dieron lugar a la presunta vulneración de derechos. En sustento de lo anterior, alegó que, conforme al artículo 21 de la Ley 1755 de 2015 y la Ley 715 de 2001, corresponde a las secretarías de educación dirigir y administrar directa y en conjunto con los municipios, la prestación de los servicios educativos estatales y regular la prestación de estos.

 

16.   Destacó que la acción de tutela no se promovió por el mal estado de la infraestructura de la IE educativa, sino por un cierre de las instalaciones sin dar razones de dicha decisión. Por tanto, sostuvo que es la ETC de Norte de Santander, como autoridad departamental, la que debe conocer los motivos del cierre y, según sus competencias, implementar las medidas necesarias para la reapertura de la entidad, en caso de que proceda. Concluyó que corresponde a las entidades territoriales certificadas en educación administrar la prestación del servicio educativo en preescolar, básica y media, a través de las secretarías de educación, y que estas tienen a su cargo la inspección y vigilancia de las instituciones educativas públicas y privadas de su jurisdicción.

 

 

 

 

3. Decisión judicial objeto de revisión

 

17.   El 14 de mayo de 2025, el Juzgado 001 Promiscuo Municipal de La Paz (Norte de Santander) declaró improcedente el amparo solicitado[12]. Para llegar a esta conclusión, indicó que (i) la accionante acudió de forma directa a la acción de tutela, sin antes haber solicitado a las autoridades la reapertura de la sede Sauzal de la institución y (ii) el centro educativo no ha recibido solicitud formal de matrícula por parte de la accionante o para otros niños en la sede Sauzal, acciones que son fundamentales para gestionar la reapertura de la sede ante la secretaría de educación departamental de Norte de Santander.

 

18.   Encontró que la acción de tutela era improcedente, porque no acreditó el cumplimiento del requisito de subsidiariedad. Consideró que la accionante debe acudir ante la directora del centro educativo para que esta funcionaria realice el trámite administrativo ante la secretaría de educación de Norte de Santander, quien es la autoridad competente para decidir sobre la reapertura de la sede Sauzal o definir la solución idónea para garantizar el derecho a la educación.

 

19.   El fallo no fue impugnado.

 

4. Actuaciones en sede de revisión

 

20.   Selección del expediente. El 29 de julio de 2025, la Sala de Selección de Tutelas Número Siete seleccionó el expediente T-11.222.700 para revisión[13]. Este fue repartido a la Sala Segunda de Revisión de Tutelas[14] y remitido el 13 de agosto de 2025 por la Secretaría General de la Corte Constitucional al despacho del magistrado sustanciador para lo de su competencia.

 

4.1. Decreto oficioso de pruebas

 

21.   Mediante Auto del 27 de agosto de 2025[15], el magistrado sustanciador (i) decretó como prueba la declaración de la accionante, (ii) ordenó la consulta de su información en bases de datos públicas (SISBEN, ADRES y RUAF) y (ii) solicitó información adicional sobre los hechos que dieron lugar a la acción de tutela al Centro Educativo Rural Cerrito, a la alcaldía municipal de La Paz, a la secretaría de educación departamental de Norte de Santander, a la Defensoría del Pueblo, a la personería municipal de La Paz y al Ministerio de Educación Nacional.

 

 

4.2. Declaración rendida por la accionante y contestación de las entidades oficiadas[16]

 

Tabla 1. Resumen de las pruebas recaudadas en sede de revisión

 

 

II. CONSIDERACIONES

 

1. Competencia

 

22.   La Sala Segunda de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional es competente para revisar la sentencia proferida dentro del proceso de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

 

2. Procedencia de la acción de tutela

 

23.   La Sala evidencia que la acción de tutela de la referencia cumple con los requisitos para su procedencia, conforme a lo establecido en la Constitución Política, el Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional, tal y como se explica a continuación:

 

Tabla 2. Análisis de procedencia de la acción de tutela

 

24.   En estos términos, la Sala constata que en el presente caso se cumplen los requisitos de procedencia de la acción de tutela, por lo cual continuará con el estudio del caso.

 

3. Planteamiento del problema jurídico y metodología de la decisión

 

25.   Para delimitar el problema jurídico es importante recordar que la flexibilidad en la acción de tutela implica el compromiso del juez constitucional de alcanzar el objetivo de dar prevalencia al derecho sustancial y garantizar una protección integral y efectiva de los derechos fundamentales[53]. En consecuencia, la acción de tutela no se somete a la lógica de la justicia rogada, por lo que el juez del amparo no debe limitarse a lo estrictamente solicitado por las partes, sino que deberá fijar el alcance real del litigio[54].

 

26.   Esta facultad adquiere una mayor relevancia cuando se emplea por parte de la Corte Constitucional en sede de revisión, pues al ejercer esta función, aquella actúa como órgano de cierre de la jurisdicción constitucional. Es por esto que “una vez seleccionado el caso, (…) la Corte tiene plena competencia para definir qué asuntos abordará o qué problemas jurídicos resolverá, ya que por esta vía no solo estaría garantizando la efectividad de los derechos comprometidos, sino también cumpliendo con su papel de decantar criterios que permitan darles significado y valor a los mandatos de la Constitución”[55]. En el mismo sentido, esta Corporación ha señalado que “el juez constitucional tiene la posibilidad de emitir fallos ultra y extra petita, pero también se encuentra en la obligación de hacerlo cuando el asunto sometido a su conocimiento lo amerite”[56].

 

27.   Por otro lado, esta Corporación ha afirmado que la demanda de tutela debe interpretarse de conformidad con el principio iura novit curia[57], según el cual al juez le corresponde “discernir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente la realidad del hecho y subsumiéndolo en las normas jurídicas que lo rigen”[58]. En consecuencia, el juez de tutela tiene el deber de interpretar el amparo y asumir un papel activo en la conducción del proceso[59].

 

28.   En el presente asunto, si bien la accionante dirigió su pretensión a que las entidades accionadas adoptaran las medidas necesarias para poner en funcionamiento la sede de la vereda Sauzal del centro educativo, también planteó una problemática asociada a la carencia del servicio de transporte escolar, la cual constituye un obstáculo para que su hijo menor de edad asista a la sede más cercana en funcionamiento (la de la vereda Nazaret). En tales términos, la Sala considera que el estudio sobre la presunta vulneración del derecho a la educación no debe limitarse a la eventual reapertura de la sede Sauzal, sino que incluirá el análisis integral de la garantía de dicho derecho que incluye adicionalmente, entre otras, la prestación del servicio de transporte escolar y la posibilidad de obtener un cupo educativo en otras sedes de la institución.

 

29.   Finalmente, no debe perderse de vista que la accionante manifestó que hay otros niños en la vereda Sauzal que se encuentran en circunstancias similares a las expuestas en la acción de tutela. La Sala se referirá a esta circunstancia posteriormente, al momento de estudiar el caso concreto y de ser procedente, definir los remedios constitucionales respectivos.

 

30.   Conforme con lo expuesto, la Sala resolverá los siguientes problemas jurídicos:

 

¿Las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales a la educación en los componentes de accesibilidad y permanencia en el sistema educativo y a la igualdad del hijo de la accionante porque (i) no estudiaron la viabilidad de reabrir la sede Sauzal del centro educativo con presencia en la vereda donde reside el niño accionante y otros menores de edad sin acceso al sistema educativo; (ii) no ofrecieron el servicio de transporte escolar y (iii) ante el retiro de aquel, no prestaron acompañamiento ni ofertaron soluciones alternativas para que continuara con sus estudios?

 

¿Las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales a la educación en el componente de accesibilidad de los niños y niñas que residen en la vereda Sauzal, al no estudiar la viabilidad de reabrir la sede del centro educativo ubicada en esa vereda?

 

31.   Con el fin de resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala de revisión se referirá a: (i) el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes; (ii) la obligación estatal de garantizar el servicio de educación y asegurar la permanencia en el sistema educativo, en especial en entornos rurales; y (iii) la prestación del servicio de transporte escolar para garantizar el acceso de los niños, niñas o adolescentes a instituciones de educación pública. Finalmente, resolverá el caso concreto.

 

4. El derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes. Las obligaciones de las entidades territoriales en materia educativa. Reiteración de jurisprudencia[60]

 

32.   El artículo 67 de la Constitución reconoce la educación como un derecho fundamental y como un servicio público con función social[61]. Como servicio público, la jurisprudencia lo ha considerado como un elemento inherente a la finalidad del Estado, por lo que éste tiene la obligación de asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional[62]. De esta obligación derivan tres deberes en cabeza del Estado “(i) respeto: evitar cualquier medida que pueda obstaculizar o impedir el ejercicio del derecho a la educación, (ii) protección: implementar acciones y medidas necesarias para asegurar que terceros no interfieran con el derecho a la educación y (iii) cumplimiento: garantizar que tanto los individuos como las comunidades puedan disfrutar plenamente del derecho a la educación, mediante la adecuada movilización de recursos económicos y el desarrollo de normativas, reglamentaciones y aspectos técnicos necesarios”[63]. De la misma forma, el Estado tiene la responsabilidad de asegurar la disponibilidad, accesibilidad, permanencia y calidad en la educación[64].

 

33.   Estos elementos cobran especial importancia al tratarse de niños, niñas y adolescentes, pues, en el ordenamiento constitucional colombiano, los menores de edad son sujetos de especial protección constitucional y sus derechos son prevalentes. Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional ha enfatizado que el derecho a la educación es indispensable para el desarrollo físico, mental y social de los menores de edad[65]. Por todo lo anterior, la Corte Constitucional ha concluido que la educación de los niños, niñas y adolescentes es un derecho fundamental de aplicación inmediata[66].

 

34.   Para esta Corporación, lo anterior conlleva que “toda interpretación en esta materia debe realizarse bajo el principio del interés superior del niño e impone al Estado la obligación de asegurar unos niveles mínimos de escolaridad”[67]. En tal medida, la educación no puede restringirse por razones de ningún orden y menos por fundamentos de origen social, económico y cultural[68]. Por el contrario, se debe buscar garantizar la permanencia en el sistema de educación formal la mayor cantidad de tiempo posible[69].

 

35.   Ahora, esta Corte también ha indicado que la educación tiene varias dimensiones[70], entre las cuales se encuentra la accesibilidad, la cual “busca el efectivo acceso al sistema de educación de todas las personas en condiciones de igualdad”[71]. Esta dimensión se manifiesta en tres escenarios básicos (i) la accesibilidad material; (ii) la dimensión económica, para que la educación esté al alcance de todos; y (iii) el mandato de no discriminación en su prestación[72]. Este componente se entiende satisfecho “no solo con la mera asignación nominal de un cupo educativo para los niños, niñas y adolescentes, sino que, es imperativo que la educación sea físicamente accesible, garantizando la asistencia efectiva (…) a las aulas”[73].

 

36.   En virtud de ello, la Corte Constitucional ha concluido que “la educación no puede permanecer en un ámbito abstracto, sino que es esencial asegurar las condiciones para que los estudiantes puedan acceder a ella”[74]. Al respecto, la jurisprudencia ha reconocido la existencia de barreras geográficas, sociales o económicas que pueden truncar el acceso y permanencia de las niñas y niños en el sistema educativo, por lo que ha insistido en que el Estado debe ofrecer condiciones para garantizar la realización material y efectiva del derecho a la educación[75]. De esta manera, el Estado tiene la obligación de tomar todas las medidas y acciones necesarias para eliminar las barreras de cualquier tipo que obstaculicen o desmotiven el ingreso y permanencia en el sistema educativo”[76].

 

37.   En lo que respecta a las obligaciones de las entidades territoriales para la garantía del derecho a la educación, la Sentencia T-091 de 2024 recordó que la Ley 115 de 1994 y la Ley 715 de 2001[77] determinaron las competencias de las entidades territoriales y la obligación de asignar recursos suficientes para garantizar el derecho a la educación. En esta línea, el artículo 5 de la Ley 715 de 2001 prevé que existen deberes de coordinación entre la Nación y las entidades territoriales para “garantizar el mandato superior de asegurar la prestación adecuada de la educación y preservar las condiciones de acceso y permanencia de los estudiantes en el sistema educativo”[78].

 

38.   Esa providencia destacó que para determinar la entidad territorial responsable de garantizar el servicio de educación en su jurisdicción, es necesario establecer si el municipio tiene la condición de certificado en educación. Es decir, si en estos municipios se ha descentralizado el servicio de educación por contar con la capacidad técnica, administrativa y financiera necesaria[79]. En ese sentido, el artículo 20 de la referida ley dispone que los departamentos y los distritos son entidades territoriales certificadas en educación, y que aquellos municipios con más de 100 mil habitantes que cumplan los requisitos que señale el reglamento en materia de capacidad técnica, administrativa y financiera podrán certificarse[80].

 

39.   En concordancia con lo anterior, el artículo 150 de la Ley 115 de 1994 estipuló que las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales de las entidades territoriales certificadas en educación son los competentes para regular dicho servicio público dentro de su jurisdicción. De esta manera, las secretarías de educación departamentales y distritales –o los organismos que hagan sus veces– deben ejercer dentro del territorio de su jurisdicción, en coordinación con las autoridades nacionales, las siguientes funciones generales: (i) velar por la calidad y cobertura de la educación en su respectivo territorio; (ii) diseñar y poner en marcha los programas que se requieran para mejorar la eficiencia, la calidad y la cobertura de la educación; (iii) prestar asistencia técnica a los municipios que la soliciten para mejorar la prestación del servicio educativo; y (iv) evaluar este servicio en los municipios[81].  

 

40.   Por lo expuesto, la Sentencia T-091 de 2024 destacó que las secretarías de educación de los departamentos, distritos y municipios certificados están encargadas de prestar y garantizar el servicio de educación, así como velar por la calidad y cobertura de este servicio en su jurisdicción. La jurisprudencia también ha precisado que, cuando se trate de municipios no certificados, corresponde a los departamentos la competencia de prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media[82].

 

41.   Lo anterior no quiere decir que los municipios no certificados no tengan responsabilidades relacionadas con la prestación del servicio y la garantía del derecho a la educación. Por el contrario, el artículo 8 de la Ley 715 de 2001 dispone que a ellos les corresponde (i) administrar y distribuir los recursos del Sistema General de Participaciones que se le asignen para el mantenimiento y mejoramiento de la calidad, (ii) trasladar plazas y docentes entre sus instituciones educativas, mediante acto administrativo debidamente motivado, (iii) la facultad de participar con recursos propios en la financiación de los servicios educativos a cargo del Estado y en las inversiones de infraestructura, calidad y dotación, y (iv) suministrar la información al departamento y a la Nación con la calidad y en la oportunidad señaladas en las normas respectivas.

 

42.   Al respecto, la Sentencia T-303 de 2024 señaló que el servicio público de educación en los municipios no certificados se financia, principalmente, con (i) los recursos del Sistema General de Participaciones que correspondan al departamento y (ii) los recursos propios del departamento. Sin embargo, precisó que, de conformidad con las Leyes 115 de 1995 y 715 de 2001, es responsabilidad de los municipios no certificados, en coordinación con los departamentos, postular ante el Ministerio de Educación Nacional y las entidades del orden nacional que correspondan, sus proyectos de inversión a los programas y líneas de financiación para la ampliación en la cobertura de la prestación del servicio público de educación, así como para el mejoramiento de la infraestructura educativa[83]. Estas entidades territoriales pueden acudir a diferentes fuentes para la financiación de proyectos de mejoramiento a la infraestructura educativa, tales como (i) los recursos del Sistema General de Participaciones, (ii) los recursos de la Ley 21 de 1982 y (iii) los recursos destinados a la implementación del Plan Nacional de Infraestructura Educativa PNIE[84].

 

43.   En concordancia, la Sentencia T-011 de 2021 consideró que los municipios no certificados tienen entre sus funciones participar con recursos propios en la financiación de los servicios educativos y en las inversiones de infraestructura, calidad y dotación, siempre que no generen gastos permanentes para el Sistema General de Participaciones[85]. Esto significa que, para asumir el manejo autónomo de los recursos del SGP, los municipios no certificados no pueden desligarse de su responsabilidad primaria de velar por los derechos de los menores en su jurisdicción en materia educativa y mucho menos cuando dicha omisión agrava el riesgo al que están sometidos los menores que cursan sus estudios en instalaciones educativas ubicadas en su territorio.

 

5. La obligación estatal de garantizar el servicio de educación y asegurar la permanencia en el sistema educativo, en especial en entornos rurales. Reiteración de jurisprudencia[86]

 

44.   En la Sentencia T-055 de 2004 la Corte Constitucional señaló que para que la prestación del servicio de educación fuera eficiente, debería ser permanente, más aún cuando se busca posibilitar la igualdad de acceso a las oportunidades de los niños y niñas formados en escuelas rurales y urbanas. En esa oportunidad, la Corporación señaló que:

 

“Las dificultades propias de la prestación del servicio público de educación en ciertas localidades apartadas de los centros urbanos, no debilitan la obligación institucional de mantener la prestación del servicio en condiciones aceptables. No es de recibo la diferenciación, que suele presentarse en la práctica, entre la calidad de la educación urbana y la calidad de la educación rural. Los alumnos de una pequeña escuela campesina tienen derecho a recibir un servicio que les permita transcurrir por todo el proceso educativo sin encontrarse en condiciones de inferioridad frente a educandos provenientes de otros centros de enseñanza. De no cumplirse con esta exigencia, no sólo se estaría vulnerando el derecho fundamental de los niños a la educación básica obligatoria, sino que, además, se estaría afectando su derecho a la igualdad de oportunidades” (C.P. art. 13).”[87] (subrayas ajenas al texto).

 

45.   Al respecto, la Sentencia T-009 de 2024 reiteró la jurisprudencia de la Corte Constitucional que identificó la existencia de barreras geográficas, sociales o económicas que pueden truncar el acceso y permanencia de las niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo, e insistió en que el Estado debe ofrecer condiciones para garantizar la realización material y efectiva del derecho a la educación[88].

 

46.   En particular, indicó que con fundamento en los artículos 67, 288, 356 y 357 de la Constitución y las Leyes 60 de 1993, 115 de 1994 y 715 de 2001, los municipios (estén o no certificados) y los departamentos tienen los siguientes deberes frente al derecho fundamental a la educación[89]: 

 

(i)      accesibilidad: que consiste en que haya establecimientos educativos disponibles en todos los centros poblados o a una distancia razonable para que los niños, niñas y adolescentes puedan asistir a ellas[90];

 

(ii)   aceptabilidad: el deber de que los planteles educativos cumplan las condiciones mínimas exigidas para prestar el servicio;

 

(iii) asequibilidad: la obligación de nombrar docentes idóneos y suficientes para atender la demanda educativa en forma continua[91];

 

(iv) el deber de coordinar y adoptar medidas para que las niñas, niños y adolescentes puedan acceder al servicio educativo en condiciones de igualdad (desde el punto de vista geográfico y económico), por ejemplo: garantizar el servicio de transporte escolar cuando los educandos no puedan acudir a las instituciones educativas por sus propios medios o cuando la aquella este lejos de su vivienda[92].

 

47.   A partir de lo anterior, el ordenamiento jurídico ha establecido obligaciones específicas a cargo de las entidades responsables de la garantía del servicio de educación, particularmente, en relación con las medidas necesarias para evitar la deserción escolar y superar las causas que conllevan al retiro de un estudiante de una institución educativa. En concreto, las instituciones educativas y las entidades territoriales tienen deberes asociados a esta problemática, como se expone a continuación.

 

48.   En primer lugar, la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1075 de 2015 previeron deberes a cargo del gobierno nacional en relación con la garantía de permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. Al respecto, el artículo 168 de la Ley 115 de 1994 dispuso:

 

“ARTÍCULO 168.- Inspección y vigilancia de la educación. En cumplimiento de la obligación constitucional, el Estado ejercerá, a través del Presidente de la República, la suprema inspección y vigilancia de la educación y velará por el cumplimiento de sus fines en los términos definidos en la presente Ley. Ejecutará esa función a través de un proceso de evaluación y un cuerpo técnico que apoye, fomente y dignifique la educación. 

 

Igualmente, velará y exigirá el cumplimiento de las disposiciones referentes a aéreas obligatorias y fundamentales, actividades curriculares y extracurriculares y demás requerimientos fijados en la presente Ley; adoptará las medidas necesarias que hagan posible la mejor formación étnica, moral, intelectual y física de los educandos, así como su acceso y permanencia en el servicio público educativo”. (Destacado fuera de texto)

 

49.   En la misma línea, el Decreto 1075 de 2015 estableció lo siguiente:

 

“ARTÍCULO 1.1.1.1 Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación Nacional es la entidad cabeza del sector educativo, el cual tiene como objetivos los siguientes:

 

1. Establecer las políticas y los lineamientos para dotar al sector educativo de un servicio de calidad con acceso equitativo y con permanencia en el sistema.

 

(…)

 

3. Garantizar y promover, por parte del Estado, a través de políticas públicas, el derecho y el acceso a un sistema educativo público sostenible que asegure la calidad y la pertinencia en condiciones de inclusión, así como la permanencia en el mismo, tanto en la atención integral de calidad para la primera infancia como en todos los niveles: preescolar, básica, media y superior”.

 

50.   En el mismo sentido, el artículo 41 de la Ley 1098 de 2006[93] estableció que el Estado[94], en los niveles nacional, departamental y municipal, tiene las siguientes responsabilidades:

 

“(…) 17. Garantizar las condiciones para que los niños, las niñas desde su nacimiento, tengan acceso a una educación idónea y de calidad, bien sea en instituciones educativas cercanas a su vivienda, o mediante la utilización de tecnologías que garanticen dicho acceso, tanto en los entornos rurales como urbanos.

 

18. Asegurar los medios y condiciones que les garanticen la permanencia en el sistema educativo y el cumplimiento de su ciclo completo de formación.

 

(…)

 

23. Diseñar y aplicar estrategias para la prevención y el control de la deserción escolar y para evitar la expulsión de los niños, las niñas y los adolescentes del sistema educativo. 

 

(…)

 

27. Prestar especial atención a los niños, las niñas y los adolescentes que se encuentren en situación de riesgo, vulneración o emergencia”.

 

51.   En relación con las obligaciones a cargo de las instituciones educativas, el artículo 42 de la 1098 de 2006 estableció las siguientes obligaciones especiales relacionadas con la permanencia en el sistema educativo:

 

“Artículo 42. Obligaciones especiales de las instituciones educativas. Para cumplir con su misión las instituciones educativas tendrán entre otras las siguientes obligaciones:

 

1. Facilitar el acceso de los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo y garantizar su permanencia.

 

(…)

 

5. Abrir espacios de comunicación con los padres de familia para el seguimiento del proceso educativo y propiciar la democracia en las relaciones dentro de la comunidad educativa.

 

6. Organizar programas de nivelación de los niños y niñas que presenten dificultades de aprendizaje o estén retrasados en el ciclo escolar y establecer programas de orientación psicopedagógica y psicológica”.

 

52.   Adicional a lo expuesto, la jurisprudencia ha señalado que, en ciertas ocasiones, se deben adoptar medidas diferenciales para garantizar que la educación se preste en condiciones de igualdad, pues la realidad material de todos los estudiantes no es la misma. Esto cobra especial importancia cuando se trata de niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, como aquellos que viven en zonas rurales. Es así como la Corte Constitucional ha concluido que las entidades deben identificar los distintos factores de vulnerabilidad que enfrenta la población estudiantil y, a partir de ello, adoptar las medidas necesarias para que este servicio atienda a sus vulnerabilidades y necesidades particulares[95].

 

53.   En los términos descritos, son obligaciones de las autoridades públicas encargadas de la prestación del servicio de educación, entre otras (i) asegurar los medios y condiciones que les garanticen la permanencia en el sistema educativo y el cumplimiento de su ciclo completo de formación, (ii) diseñar y aplicar estrategias para la prevención y el control de la deserción escolar y (iii) prestar especial atención a los niños, las niñas y los adolescentes que se encuentren en situación de riesgo, vulneración o emergencia. Asimismo, las instituciones educativas deben (a) facilitar el acceso de los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo y garantizar su permanencia, (b) abrir espacios de comunicación con los padres de familia para el seguimiento del proceso educativo y (c) organizar programas de nivelación de los niños y niñas que tengan dificultades en el ciclo escolar, y establecer programas de orientación psicopedagógica y psicológica.

 

54.    En definitiva, esta Corte ha reconocido que las entidades del Estado y la sociedad tienen el deber constitucional de adoptar medidas para hacer efectivo el disfrute del derecho a la educación y, de esa manera, garantizar la asistencia, la permanencia educativa y evitar la deserción escolar[96]. 

 

6. Prestación del servicio de transporte escolar para garantizar el acceso de los niños, niñas o adolescentes a instituciones de educación pública. Reiteración de jurisprudencia[97]

 

55.   El derecho a la educación comporta la necesidad de asegurar su acceso material. Por ello, el transporte escolar se configura como un mecanismo indispensable para materializar el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes. Lo anterior, teniendo en cuenta  que las condiciones geográficas desfavorables y las distancias considerables desde los hogares hasta las instituciones educativas se tornan en un obstáculo para la garantía del derecho a la educación[98]. Entonces, el Estado tiene el deber de “implementar mecanismos efectivos y gestionar los recursos necesarios para asegurar que los niños, niñas y adolescentes puedan desplazarse de manera segura hacia las instituciones educativas”[99], en especial cuando se trate de áreas rurales y apartadas[100].

 

56.   La jurisprudencia constitucional ha reconocido los retos que existen para la efectiva materialización del derecho a la educación en las zonas rurales de Colombia, que implican que los menores de edad que se encuentran en estas regiones tengan menores oportunidades educativas frente a los que se ubican en las zonas urbanas[101]. Lo anterior por cuanto (i) existe una menor permanencia en el sistema  educativo en las zonas rurales, pues menos de la mitad de los estudiantes que ingresan a primero de primaria llega a grado once[102]; (ii) hay una gran discrepancia en el acceso a servicios públicos entre colegios urbanos y rurales[103]; (iii) las limitaciones en el presupuesto para aumentar la planta docente implican una diferencia en la calidad de la educación[104]; y (iv) los estudiantes de zonas rurales tienen mayores obstáculos geográficos para llegar a sus instituciones educativas[105].

 

57.   La Corte Constitucional ha reconocido que la Ley 715 de 2001 establece un marco de obligaciones para los entes departamentales y municipales respecto del transporte escolar[106]. El parágrafo 2 del artículo 15 de dicha normativa establece que los departamentos y los municipios deben destinar recursos de la participación al pago de transporte escolar cuando las condiciones geográficas lo requieran. Lo anterior con el objetivo de garantizar la permanencia y el acceso al sistema educativo. En virtud de esto, la jurisprudencia ha concluido que “las condiciones materiales y de accesibilidad deben ser garantizadas por los entes territoriales, independientemente de su certificación en educación”[107]. Por lo cual, “los municipios y departamentos deben implementar planes efectivos de transporte escolar que aseguren que los niños puedan llegar a las instituciones educativas de manera segura y eficiente”[108].

 

58.   Adicionalmente, la jurisprudencia ha indicado que la prestación del servicio de transporte escolar debe darse de manera idónea y eficaz, lo cual supone que se garantice un trato digno para los beneficiarios y que se les permita trasladarse de su lugar de residencia hasta el lugar en donde cursan sus estudios[109]. Asimismo, esta Corporación ha establecido que el Estado y las entidades territoriales tienen la obligación de asegurar la continuidad de aquellos servicios que garantizan el acceso efectivo al derecho a la educación, como es el servicio de transporte escolar[110]. Además, al tratarse de menores de edad, es razonable exigirles a las entidades encargadas de materializar este servicio que tengan una mayor rigurosidad en el estudio de cada caso, para así garantizar de manera efectiva el acceso al derecho a la educación[111]. 

 

59.   A partir de estos razonamientos, esta Corporación ha concluido que el transporte escolar es un servicio esencial para materializar el derecho a la educación en la medida que garantiza la accesibilidad geográfica de los niños, niñas y adolescentes que viven en lugares lejanos de sus instituciones educativas. Además, en los casos en los que las familias no cuentan con los recursos económicos suficientes o tienen unas vulnerabilidades particulares que les impiden asumir el costo de este servicio, la gratuidad del transporte escolar permite superar las barreras económicas que harían inaccesible el servicio de educación para estos niños[112].

 

60.   En concordancia, la Sentencia T-157 de 2023 indicó que la mera creación y mantenimiento de instituciones educativas públicas y la asignación de cupos a menores de edad no son suficientes si no se asegura su accesibilidad geográfica y en condiciones económicamente viables para los niños. Por lo tanto, destacó que es necesario adoptar medidas concretas que eliminen las barreras que impiden o dificultan el acceso al sistema educativo, con el fin de materializar el derecho a la educación en igualdad de condiciones para todos[113].

 

61.   En este sentido, consideró que la dimensión geográfica de la accesibilidad cobra especial importancia en el acceso a la educación en áreas rurales, debido a la mayor dispersión de las personas y la consecuente mayor distancia entre estudiantes y planteles educativos. En consecuencia, reiteró que los niños que viven en estas zonas no deben estar en desventaja en comparación con aquellos que residen en áreas urbanas, ya que esto vulneraría su derecho a la igualdad de oportunidades[114], por lo que deben establecerse mecanismos para facilitar el acceso en condiciones seguras a las instituciones educativas. Por lo anterior, concluyó que el Estado debe implementar estrategias para garantizar progresivamente el acceso universal a la educación para los niños, incluso para quienes viven en áreas remotas del país[115].

 

III. CASO CONCRETO

 

62.   Metodología de la decisión. La Sala decidirá el asunto bajo examen de la siguiente manera: (i) expondrá las reglas y subreglas jurisprudenciales que serán aplicadas para resolver el caso concreto; (ii) hará referencia a los hechos probados y (iii) resolverá el problema jurídico planteado. Finalmente, de concluirse que se vulneraron los derechos del menor de edad, se presentarán los remedios constitucionales a adoptar.

 

1. Reglas jurisprudenciales aplicables al caso concreto

 

63.   Las reglas jurisprudenciales que serán aplicadas para resolver el caso concreto se exponen en la siguiente tabla:

 

Tabla 3. Reglas jurisprudenciales aplicables al caso concreto

 

2. Hechos probados

 

64.   A partir del material probatorio recaudado, la Sala encuentra probado lo siguiente:

 

Tabla 4. Hechos probados

 

3. Resolución del caso concreto

 

65.   Manuel es un niño de siete años que reside con su familia en la vereda Sauzal del municipio de La Paz (Norte de Santander) hace un año y siete meses. Hasta el año 2025 nunca había podido acceder al servicio de educación[123]. Ante la ausencia de sedes educativas en la vereda en la que reside (pues la sede ubicada en el lugar fue clausurada en el año 2014), fue matriculado en la sede de la vereda Nazaret, ubicada aproximadamente a una hora y media de camino a pie. La accionante, madre del menor de edad, informó que carece de medios de transporte y de recursos económicos para asumir los desplazamientos diarios al centro educativo, y que tampoco se le garantizó el servicio de transporte escolar. Debido a ello, el niño solo asistió durante dos semanas al colegio y su madre decidió retirarlo, ya que no estaban dadas las condiciones para garantizar su integridad y seguridad. Posteriormente, la madre solicitó[124], en conjunto con otras familias, la reapertura de la sede Sauzal del Centro Educativo Rural Cerrito, sin obtener una respuesta favorable.

 

66.   En atención a lo expuesto, la Sala advierte en primer lugar que Manuel es un sujeto de especial protección constitucional, debido a su condición de menor de edad, a la pertenencia a una familia campesina y a su residencia en un territorio rural. Adicionalmente, en su caso concurren circunstancias particulares que constituyen barreras para el goce efectivo del derecho a la educación y lo ponen en una condición de especial vulnerabilidad: (i) la distancia entre su vivienda y la sede escolar más cercana es de 3.1 kilómetros, (ii) no existen vías adecuadas que comuniquen a la vereda Sauzal con la sede de Nazaret, (iii) las autoridades no prestaron el servicio de transporte escolar y (iv) dicho aspecto imposibilitó su asistencia a la escuela y condujo a su retiro de la misma el 15 de marzo de 2025.

 

67.   Las circunstancias descritas imponían un deber de protección reforzado a cargo de las autoridades encargadas de la prestación de los servicios asociados a la garantía del derecho a la educación. En virtud de aquel, tales entidades estaban obligadas a adoptar medidas específicas para asegurar su acceso y permanencia en el sistema educativo, así como a solucionar las causas que determinaron su retiro de la institución.

 

68.   El Centro Educativo Rural Cerrito, la alcaldía municipal de La Paz y la secretaría de educación departamental de Norte de Santander vulneraron el derecho a la educación del niño Manuel en sus dimensiones de accesibilidad y permanencia, porque no implementaron estrategias para asegurar la accesibilidad y la permanencia en la escuela, no adoptaron acciones de seguimiento y comunicación con su familia, ni realizaron actuaciones dirigidas a garantizar el servicio de transporte escolar.

 

69.   En primer lugar, el material probatorio recaudado en la actuación da cuenta de que la secretaría departamental de educación de Norte de Santander (entidad territorial certificada para la prestación del servicio de educación) y la institución educativa tenían conocimiento de la situación del niño y de las dificultades que enfrentaba para asistir a clases. Pese a ello, no desplegaron ninguna actuación orientada a prevenir su retiro, ni realizaron acciones posteriores para facilitar su reingreso al sistema educativo.

 

70.   En efecto, como se observa de los informes aportados en el trámite de tutela, ambas entidades contaban con la información necesaria para establecer (i) que la residencia del niño está ubicada en la vereda Sauzal, (ii) la existencia de serias dificultades viales y de transporte entre ambos lugares, (iii) que el menor de edad no era beneficiario del servicio de transporte escolar y (iv) que el niño fue retirado de la institución el 15 de marzo de 2025, por la imposibilidad de acceder al servicio de transporte escolar.

 

71.   No obstante, ni el centro educativo ni la secretaría de educación del departamento acreditaron haber realizado actuación alguna dirigida a: (i) establecer medios y condiciones que garantizaran la permanencia en el sistema educativo y el cumplimiento de su ciclo completo de formación, (ii) diseñar y aplicar estrategias para la prevención y control de la deserción escolar y (iii) abrir espacios de comunicación con su familia para el seguimiento del proceso educativo.

 

72.     La Sala no evidenció que las entidades mencionadas intentaran establecer contacto con la familia del niño, tampoco realizaron visitas domiciliarias, orientaciones pedagógicas, ni alguna otra medida específica dirigida a prevenir la deserción y facilitar el reingreso del menor al sistema educativo. Por el contrario, ambas entidades se limitaron a señalar que desconocían las razones por las cuales el niño dejó de asistir a la institución[125], afirmación que demuestra un desinterés inadmisible en términos constitucionales respecto de la situación de vulnerabilidad de aquel, la ausencia de un seguimiento adecuado y el incumplimiento de los deberes constitucionales y legales que les asisten, a efectos de garantizar plenamente el derecho a la educación del menor de edad.

 

73.   Sobre este punto, la Sala advierte que la deserción escolar de un niño –más aún cuando se encuentra en territorios apartados o en condiciones de vulnerabilidad social o económica– constituye una grave amenaza para su desarrollo integral, que no solo compromete su progreso académico y su derecho a la educación, sino que constituye un riesgo profundo para el goce efectivo de otros derechos fundamentales. Por esto, se trata de un fenómeno que exige la acción activa e inmediata de la institucionalidad y de la sociedad en su conjunto.

 

74.   En efecto, la Corte Constitucional ha señalado que la deserción escolar es uno de los mayores factores multiplicadores de las condiciones de pobreza en la sociedad[126]. Además, que no solamente imposibilita la continuidad del proceso formativo, sino que genera el riesgo de reclutamiento forzado o de violencia intrafamiliar en los hogares económicamente más vulnerables[127]. En el mismo sentido, la Unesco ha destacado que el abandono escolar puede llevar a los niños, niñas y adolescentes a entrar en bandas criminales[128]. Además, esa organización insiste en que la falta de educación tiene implicaciones significativas para el individuo, pues impacta en las perspectivas de empleo, salariales y de satisfacción laboral[129], así como en las condiciones de salud y bienestar[130]. En esta medida, se trata de un fenómeno que implica mayores probabilidades de exclusión social, exposición a la violencia, problemas de salud y nutrición, y pérdidas irreparables en la construcción de su proyecto de vida.

 

75.   Por lo expuesto, la deserción escolar debe ser comprendida como una situación socialmente dolorosa y que interpela a todos los niveles del Estado, pues evidencia el incumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho. Por ello, lejos de asumir una postura pasiva, las entidades estatales, en todos los niveles, deben activar todas las acciones necesarias para garantizar la permanencia o reintegro del niño al sistema educativo, así como su acompañamiento diferenciado en atención a su situación de vulnerabilidad.

 

76.   La Sala llama la atención al hecho de que en el caso concreto, si bien el escrito de tutela y los informes aportados por las autoridades públicas no refirieron hechos relacionados con riesgo de reclutamiento forzado o presencia de grupos armados o bandas criminales, se observa que el municipio de La Paz está incluido en la alerta temprana de inminencia No. 021-24 de la Defensoría del Pueblo (15 de agosto de 2024) en la que se advierte sobre la expansión territorial del actor armado denominado Frente 33, disidentes de las antiguas FARC-EP, desde la subregión del Catatumbo al corregimiento Planes en el municipio de La Paz[131].

 

77.   En este contexto, el Centro Educativo Rural Cerrito, la alcaldía municipal de La Paz y la secretaría departamental de educación de Norte de Santander omitieron sus deberes de garantizar la accesibilidad y la permanencia en el sistema educativo, aplicar estrategias para la prevención y control de la deserción escolar y adoptar acciones de seguimiento y comunicación con la familia del menor de edad, de conformidad con lo ordenado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y los artículos 41 y 42 de la Ley 1098 de 2006. Por esta razón, las autoridades incumplieron la obligación de garantizar la permanencia educativa y de atender con prioridad a un menor de edad en situación de vulnerabilidad.

 

78.   Aunado a lo expuesto, el Centro Educativo Rural Cerrito, la alcaldía municipal de La Paz y la secretaría de educación departamental de Norte de Santander vulneraron el derecho a la educación de Manuel, pues no realizaron actuaciones dirigidas a garantizar el servicio de transporte escolar y, con esto, constituyeron una barrera geográfica y económica en su acceso a la educación.

 

79.   Del material probatorio recaudado en el marco de la presente acción, la Sala advierte que el municipio de La Paz, responsable directo de la organización y prestación del servicio de transporte escolar en su jurisdicción, no acreditó haber garantizado dicho servicio al niño accionante, ni demostró haber adelantado gestiones para proveerlo, a pesar de sus especiales condiciones sociales y económicas y las de su familia, así como del hecho de que su vivienda se encuentra a 3.1 kilómetros de distancia de la institución educativa.

 

80.   En este punto, la Sala destaca que mientras la madre del niño manifestó que las entidades accionadas no ofrecieron en ningún momento la prestación del servicio de transporte escolar[132], la alcaldía municipal de La Paz sostuvo que dicho servicio fue continuo durante el tiempo de matrícula[133]. Sin embargo, esta entidad territorial no allegó elementos de prueba para demostrar tal afirmación, ni acreditó haber realizado gestión alguna dirigida a garantizar la prestación del servicio de transporte escolar a Manuel. Sobre este particular, la Sala encuentra que al señalar la ausencia de prestación del servicio, le correspondía al ente territorial acreditar que efectivamente realizó acciones encaminadas a prestar el servicio durante el tiempo en que el menor de edad estuvo matriculado en la institución. Tampoco puede perderse de vista que la personería del municipio de La Paz, en sede de revisión, indicó que los niños de básica primaria no cuentan con transporte oficial asignado[134] y sobre este aspecto, la alcaldía guardó silencio.

 

81.   Ahora bien, a pesar de que en el presente asunto las entidades vinculadas informaron que el municipio de La Paz es el ente encargado de la organización, administración y prestación del servicio de transporte escolar[135], esto no significa que la institución educativa y la secretaría de educación departamental se encuentren exentas de responsabilidades en el caso concreto, o que puedan evadir sus obligaciones relacionadas con la remoción de los obstáculos para la accesibilidad del derecho a la educación.

 

82.   Por un lado, el Centro Educativo Rural Cerrito, además de sus responsabilidades relacionadas con la prestación del servicio de educación, es el ente encargado de remitir a las autoridades municipales la información de los estudiantes que requieran el servicio de transporte escolar[136]. En el caso concreto, la institución no acreditó haber realizado ninguna gestión ante la administración municipal orientada a que se garantizara la prestación del servicio de transporte al accionante. En cuanto a la secretaría departamental de educación de Norte de Santander, dicha entidad también tiene responsabilidades relacionadas con la garantía del componente de accesibilidad del derecho a la educación. Al respecto, debe tenerse en cuenta que, según lo informó la alcaldía de La Paz, cuando los recursos municipales son insuficientes, recibe apoyo adicional de la gobernación para cubrir las rutas de transporte necesarias.

 

83.   A partir de lo expuesto, el centro educativo, el municipio de La Paz y la secretaría departamental de educación de Norte de Santander, en virtud de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad (artículo 288 de la Constitución), eran las autoridades llamadas a satisfacer los distintos componentes del derecho a la educación del accionante. En concreto, debían garantizar la prestación del servicio de transporte escolar gratuito, en los términos del Decreto 1079 de 2015 y bajo los lineamientos de la jurisprudencia de esta Corporación en la materia.

 

84.   Para la Sala, esta omisión representó una barrera física y geográfica que obstaculizó el pleno ejercicio del derecho fundamental a la educación del menor de edad, en los componentes de accesibilidad y permanencia. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha constatado que las largas distancias a recorrer son una de las causas principales de ausentismo y deserción escolar en niños^[137]. Asimismo, ha señalado que los desplazamientos prolongados constituyen un obstáculo evidente que los menores de edad deben superar de manera constante para poder acceder al sistema educativo, lo que pone en riesgo su permanencia educativa y, al tiempo, el acceso material al derecho a la educación^[138].

 

85.   A partir de lo anterior, la Sala constata que se presentó una vulneración del derecho fundamental a la educación en el componente de accesibilidad del menor de edad accionante que afectó el componente de permanencia, pues las entidades territoriales y el centro educativo no acreditaron la prestación del servicio de transporte escolar ni la realización de gestión alguna con la finalidad de garantizar que el menor pudiera asistir a la sede Nazaret.

 

86.   Para la Sala, las autoridades educativas y territoriales responsables omitieron su deber de adoptar acciones idóneas para eliminar las barreras en el acceso al derecho a la educación, como las que surgen de la distancia entre el centro educativo y su hogar. Por ello, se concluye que el centro educativo, la alcaldía municipal de La Paz y la secretaría de educación del departamento de Norte de Santander incurrieron en omisiones que desconocieron el deber del Estado de adoptar medidas concretas y efectivas para superar las barreras que impiden el acceso de todos los niños, niñas y adolescentes a la educación, en especial aquellos que viven en zonas rurales.

 

87.   El Centro Educativo Rural Cerrito, la alcaldía municipal de La Paz y la secretaría de educación departamental de Norte de Santander vulneraron el derecho a la educación de Manuel, pues no realizaron actuaciones dirigidas a establecer la procedencia de la reapertura de la sede Sauzal de la institución educativa. En este punto, además de las omisiones advertidas anteriormente, la Sala encuentra que las entidades accionadas no atendieron la posibilidad de reapertura de la sede Sauzal del Centro Educativo Rural Cerrito.

 

88.   Como se indicó en precedencia, la sede educativa ubicada en la vereda Sauzal fue clausurada en el 2014 (mediante Decreto 00182 del 14 de febrero de 2014 de la gobernación de Norte de Santander) por falta de alumnos matriculados. La accionante manifestó que ella y otras familias solicitaron la reapertura de la sede que se encuentra clausurada desde el año 2014[139]. Al respecto, tanto la institución educativa como la secretaría de educación del departamento de Norte de Santander señalaron que no se habían presentado solicitudes formales de reapertura[140]. No obstante, las entidades reconocieron que existen al menos diez niños en edad escolar focalizados en la vereda donde habita el accionante, de los cuales varios se encuentran retirados o sin cupo asignado, lo que permite encontrar acreditado que tenían conocimiento de las necesidades de los niños de la vereda de acceder al servicio educativo.

 

89.   En efecto, tanto las autoridades municipales y departamentales, como la institución educativa, sabían que además del menor de edad accionante, en la vereda Sauzal residen otros niños y niñas que requieren el servicio de educación. Sobre el particular, el colegio y la secretaría de educación departamental informaron que, según los datos registrados en el SIMAT[141], para el 2025 se tienen focalizados diez menores de edad en la vereda Sauzal. Según los datos aportados, tres niños se registran como retirados, uno está matriculado fuera del municipio, cinco en la sede Nazaret y uno no está incluido en el sistema. En este punto, llama la atención de la Sala que el accionante no es el único menor de edad que aparece registrado como “retirado” en el sistema de información del que disponen los entes responsables, ya que un 30% de la población infantil focalizada se encuentra retirada del servicio educativo.

 

90.   A pesar de contar con esta información, la secretaría departamental, el municipio y la institución educativa no realizaron gestión alguna para actualizar el diagnóstico de demanda educativa en la zona, evaluar las necesidades de cobertura o considerar la reapertura de la sede Sauzal. Para la Sala, el hecho de que no se presentaran solicitudes formales de reapertura de la sede escolar no exime a las entidades responsables de la prestación del servicio educativo de garantizar la dimensión de accesibilidad de este servicio en la vereda Sauzal.

 

91.   Al respecto, la Sala recuerda que, de acuerdo con las competencias definidas en la Ley 715 de 2001, las tres entidades mencionadas tienen responsabilidades relacionadas con la actualización de la información, la prestación del servicio y la ampliación de cobertura. Por un lado, las secretarías de educación departamentales (en el caso de municipios no certificados) son las encargadas de planificar y prestar el servicio educativo, mantener y ampliar la cobertura y garantizar la calidad[142]. La misma norma establece que los municipios no certificados en educación pueden participar con recursos propios en la financiación de proyectos de inversión para la ampliación en la cobertura de la prestación del servicio público de educación, así como para el mejoramiento de la infraestructura educativa y la dotación[143]. Además, les asigna a los municipios no certificados el deber de suministrar la información requerida por el departamento para la prestación del servicio.

 

92.   En este punto, la Sala advierte que la alcaldía municipal de La Paz, a pesar de ser una entidad territorial no certificada en materia de educación, también pudo advertir la situación y ejercer sus facultades de coordinación con las autoridades departamentales. Lo anterior, al ser la autoridad que cuenta con la información de primera mano sobre los fenómenos poblacionales y las problemáticas del municipio y sus veredas. Sobre este particular, la Sentencia T-134 de 2025 señaló que los municipios no certificados tienen la obligación de velar por la administración de la educación, la cual se concreta mediante el seguimiento de las instituciones educativas que operan en el territorio y a través de la activación de los mecanismos que sean necesarios para atender las eventualidades que éstas pueden tener en sus distintas facetas, como la infraestructura[144], considerando una adecuada planeación que atienda criterios constitucionales.

 

93.   Finalmente, en lo que respecta a las instituciones educativas, la Sentencia T-137 de 2015, en concordancia con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 715 de 2001, destacó que a dichas entidades les corresponde combinar los recursos para facilitar el acceso al sistema educativo, garantizar la permanencia y el mejoramiento continuo del servicio educativo[145]. En este orden de ideas, la Corte Constitucional ha reiterado que el modelo publico educativo debe orientarse a evitar que los niños que habitan en zonas rurales o apartadas de la urbanidad no sean “los últimos de la fila” al momento de recibir educación[146].

 

94.   Por las anteriores consideraciones, la Sala considera que el deber de las instituciones y las entidades territoriales en materia de planeación educativa no se limita a esperar la presentación de solicitudes formales, por el contrario, implica que las entidades responsables deben monitorear permanentemente las condiciones demográficas y geográficas del territorio, identificar poblaciones desatendidas y diseñar estrategias de cobertura que permitan garantizar el acceso universal a la educación de los niños, niñas y adolescentes, especialmente en áreas rurales dispersas. En el caso concreto, la falta de seguimiento de las autoridades departamentales y municipales perpetuó la exclusión educativa de los menores de edad de la vereda y acentuó las brechas en el ejercicio del derecho a la educación.

 

95.   Sobre el particular, la Sala destaca la intervención de la personería municipal de La Paz, autoridad que después de una visita de verificación en la vereda, informó a la Corte Constitucional que la reapertura de la escuela Sauzal “no solo resulta necesaria sino impostergable, dado que su no habilitación perpetúa el rezago educativo y obliga a los menores [de edad] a afrontar barreras de acceso incompatibles con la protección especial que la Constitución reconoce a la niñez”. Las anteriores consideraciones evidencian una problemática generalizada de acceso y disponibilidad del servicio de educación en la vereda, la cual debió ser tenida en cuenta por las autoridades accionadas, quienes disponían de la información necesaria para advertirla. Lo expuesto se agrava por el hecho de que dichas autoridades conocían la situación de deserción y de falta de acceso al servicio educativo de los niños de la vereda, pues, como lo advirtieron en sede de revisión, dicha información reposaba en sus bases de datos.

 

96.   Por lo anterior, la Sala considera que la institución educativa, la alcaldía municipal de La Paz y la secretaría departamental de educación de Norte de Santander desconocieron el deber de planificar y ampliar la cobertura educativa de conformidad con sus obligaciones previstas en la Ley 715 de 2001. Lo anterior, porque no desplegaron una actividad idónea para cubrir las necesidades educativas de los menores de edad de la vereda Sauzal y del accionante en particular. Estas entidades se limitaron a manifestar que no se habían presentado solicitudes formales de reapertura de la sede, con lo que omitieron que las obligaciones del Estado exigen una actuación activa en la superación de las dificultades y las desigualdades que impiden la materialización del derecho a la educación.

 

97.   Además, al no realizar actividad alguna dirigida a garantizar la accesibilidad del derecho a la educación, las entidades mencionadas desconocieron el mandato constitucional de progresividad, que implica para el Estado el deber de avanzar en la materialización de los derechos en cabeza de todas las personas, y la correlativa prohibición de ejercer medidas regresivas que desconozcan los reconocimientos ya alcanzados en materia de protección a las personas en situación de debilidad manifiesta.

 

98.   La Sala precisa que lo anterior no implica que las entidades responsables estén obligadas, de manera inflexible, a mantener en funcionamiento una sede educativa a pesar de la ausencia de demanda estudiantil. Sin embargo, en el caso concreto, la Sala encuentra injustificado que, más de diez años después del cierre de la sede escolar, la institución educativa y los entes territoriales responsables no demostraran gestiones de seguimiento a las dinámicas demográficas de la zona, para establecer las medidas idóneas para asegurar la prestación del servicio de educación en las condiciones fijadas por la jurisprudencia constitucional.

 

99.   A partir de lo expuesto, la Corte advierte que las omisiones en que incurrieron las entidades accionadas no solo constituyen una afectación del derecho a la educación en sus facetas de accesibilidad y permanencia, sino que inciden en la vulneración del derecho a la igualdad del accionante. Lo anterior, por cuanto las omisiones de las autoridades lo pusieron en una situación de vulnerabilidad y desventaja frente a otros niños y niñas del mismo municipio, quienes sí cuentan con acceso efectivo a una institución educativa cercana o con apoyo de transporte para su desplazamiento. Tal omisión desconoce el mandato de igualdad material previsto en el artículo 13 de la Constitución.

 

100.        Conclusiones de esta sección. En atención a las anteriores consideraciones, la Corte Constitucional concluye que el Centro Educativo Rural Cerrito, la alcaldía municipal de La Paz y la secretaría de educación de Norte de Santander vulneraron los derechos fundamentales a la educación, en sus componentes de accesibilidad y permanencia, y a la igualdad de Manuel, porque (i) no ofrecieron el servicio de transporte escolar, (ii) ante su retiro, no prestaron acompañamiento ni ofertaron soluciones alternativas para que continuara con sus estudios, y (iii) no estudiaron la viabilidad de reabrir la sede Sauzal del centro educativo. Adicionalmente, las omisiones relacionadas con la falta de análisis de la procedencia de la reapertura de la sede Sauzal también conllevan la vulneración del derecho fundamental a la educación de los demás niños y niñas que residen en esa vereda, en tanto inciden en la ausencia de una institución educativa que garantice la dimensión de accesibilidad del derecho a la educación.

 

101.         Por lo expuesto, la Sala procederá a definir los remedios constitucionales para amparar los derechos fundamentales a la educación y a la igualdad del accionante. Como se advirtió previamente, la Sala ejercerá las facultades ultra y extra petita[147], con fundamento en el principio iura novit curia[148], de manera que se garanticen efectivamente los derechos fundamentales afectados. Lo anterior, en relación con la garantía del derecho a la educación, en su faceta de accesibilidad, de todos los niños y niñas que residen en la vereda Sauzal del municipio de La Paz (Norte de Santander).

 

4. Conclusión y remedios constitucionales por adoptar

 

102.        Como conclusión de las consideraciones realizadas en esta providencia, la Sala revocará el fallo dictado el 14 de mayo de 2025 por el Juzgado 001 Promiscuo Municipal de La Paz (Norte de Santander) que declaró improcedente el amparo solicitado. En su lugar, amparará los derechos fundamentales a la igualdad y a la educación, en sus dimensiones de accesibilidad y permanencia, de Manuel.

 

103.        En consecuencia, se ordenará al Centro Educativo Rural Cerrito, a la alcaldía municipal de La Paz y a la secretaría de educación del departamento de Norte de Santander que, en el término de cinco (5) días posteriores a la notificación de esta decisión, a partir de un diálogo con Manuel y Rosalba acuerden reactivar la matrícula del accionante y garantizar su cupo en la sede Nazaret del Centro Educativo Rural Cerrito, o en una sede de su elección conforme a la oferta institucional disponible.  Durante todo el trámite, en coordinación con la Defensoría del Pueblo y la personería municipal de La Paz, deberán brindar acompañamiento y asesoría al niño y su madre, de forma que se asegure su participación efectiva y que las medidas que se implementen sean adecuadamente informadas y concertadas.

 

104.        También se ordenará a la alcaldía del municipio de La Paz que, una vez se haya definido la sede educativa en la que se reactivará la matrícula de Manuel y dentro de los cinco (5) días siguientes, en coordinación con el Centro Educativo Rural Cerrito y la secretaría de educación departamental de Norte de Santander, adopte las medidas necesarias para asegurar la prestación del servicio de transporte escolar gratuito a Manuel, de manera que se garantice la cobertura desde su lugar de residencia hasta la sede educativa y de regreso, y se aseguren las condiciones adecuadas de seguridad y continuidad en todo momento. La decisión sobre el medio de transporte deberá tomarse con participación y en concertación con la familia, dando prioridad a la seguridad y a la regularidad del desplazamiento.

 

105.        Adicionalmente, se ordenará al Centro Educativo Rural Cerrito, a la alcaldía municipal de La Paz y a la secretaría de educación departamental de Norte de Santander, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la personería municipal de La Paz, que en el término de diez (10 días) siguientes a la notificación de esta providencia, el marco del proceso de reactivación de la matrícula y a partir de un diálogo con la familia del niño que garantice su participación en la toma de decisiones, establezcan e implementen los mecanismos idóneos para adelantar un proceso de nivelación académica para Manuel[149]. El proceso de nivelación deberá diseñarse de manera flexible, gradual y acorde con la edad y necesidades del estudiante, de forma que asegure su plena reincorporación al sistema educativo y la continuidad de su proceso de formación.

 

106.        Además, se ordenará a la alcaldía municipal de La Paz, al Centro Educativo Rural Cerrito y a la secretaría de educación departamental de Norte de Santander que, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y de la personería municipal de La Paz, y con la participación efectiva de la comunidad de la vereda Sauzal del municipio de La Paz, en el término de ocho (8) días siguientes a la notificación de esta providencia, inicien las gestiones encaminadas a realizar una caracterización de los menores de edad que habitan el mencionado territorio, a fin de (i) establecer las condiciones actuales de escolaridad de los niños, niñas y adolescentes de la zona; (ii) identificar a los menores de edad que requieran cupo académico; (iii) determinar, en cada caso, las necesidades de transporte escolar, apoyos y otros mecanismos para asegurar el acceso al derecho a la educación. Adicionalmente, (iv) deberán establecer las condiciones de infraestructura, dotación, servicios públicos y gestión del riesgo de la sede educativa Sauzal del Centro Educativo Rural Cerrito, y cumplir las exigencias presupuestales y administrativas para su eventual reapertura. Todo lo anterior, a efectos de establecer la viabilidad de reabrir la sede educativa de dicha vereda para el año lectivo 2026. Esta información deberá recaudarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de esta providencia.

 

107.        Se ordenará a la secretaría de educación de Norte de Santander y a la alcaldía municipal de La Paz que, en coordinación con las directivas del Centro Educativo Rural Cerrito que, mientras se da cumplimiento a la orden anterior y si posteriormente se establece que la reapertura de la institución educativa de la Vereda Sauzal del municipio La Paz no es viable, adopten las medidas necesarias para garantizar cupo educativo a los niños, niñas y adolescentes de la vereda que lo requieran, así como para asegurar la prestación del servicio de transporte escolar o adoptar las medidas que resulten necesarias para garantizar el derecho a la educación de estos menores de edad, en todos sus componentes.

 

108.        De otra parte, se ordenará a la Defensoría del Pueblo y a la personería municipal de La Paz que brinden acompañamiento y asesoría a la señora Rosalba durante el proceso de cumplimiento de las órdenes previstas en esta decisión, así como a todas las familias residentes en la vereda Sauzal que lo requieran. Lo anterior se fundamenta en decisiones en las que la Corte Constitucional ha establecido que es posible impartir órdenes a autoridades no vinculadas directamente en un trámite de tutela sin vulnerar el debido proceso, siempre que se justifique de manera suficiente y motivada con base en la normativa que les asigna la labor correspondiente[150]. De conformidad con el artículo 282 de la Constitución y el Decreto 025 de 2014, a la Defensoría del Pueblo le corresponde velar por «la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos» para, entre otras finalidades, “orientar e instruir a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos en el exterior en el ejercicio y defensa de sus derechos ante las autoridades competentes o entidades de carácter privado”[151].

 

109.        En cuanto a la personería municipal de La Paz, a pesar de que no se identificó ninguna acción u omisión de esa entidad que constituyera la vulneración de los derechos fundamentales del accionante, será incluida en las órdenes en atención a sus competencias constitucionales y legales relacionadas con el deber de contribuir a la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos[152].

 

110.        Por lo expuesto, se ordenará a la Defensoría del Pueblo y a la personería municipal de La Paz que, en el término de cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia, a partir de un diálogo con Rosalba, a través de un lenguaje claro y por medio de los mecanismos que se acuerden con la familia del niño, expliquen a Manuel lo decidido en la presente providencia. En particular, lo relacionado con su derecho de acceso a la educación y a que se adopten las medidas para garantizar la continuidad de su ciclo educativo. Para el cumplimiento de la presente orden, la Defensoría del Pueblo podrá solicitar apoyo técnico del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Dirección de Infancia.

 

111.        También se ordenará a la Defensoría del Pueblo y a la personería municipal de La Paz que, en el término de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia, adelanten las gestiones necesarias para comunicar a los padres de familia y a los niños de la vereda Sauzal del municipio de La Paz, lo referido a la orden de caracterización, de estudio sobre la reapertura del colegio de la vereda y de oferta institucional para atender la demanda educativa de los niños, niñas y adolescentes en la vereda.

 

112.        Finalmente, se activará al Ministerio de Educación Nacional en el cumplimiento de las órdenes contenidas en la presente decisión, en atención a sus obligaciones legales relacionadas con el deber de prestar asistencia técnica y administrativa a las entidades territoriales[153], ya que tiene responsabilidades en materia de cobertura, calidad y eficiencia de la educación a nivel territorial[154]. Por lo anterior, a pesar de que no se le endilgó ninguna acción u omisión que constituyera o contribuyera a la vulneración de los derechos fundamentales del accionante, se le exhortará para que brinde acompañamiento y asistencia técnica en las labores de estudio y eventual gestión de la reapertura de la sede Sauzal del Centro Educativo Rural Cerrito.

 

IV. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,

 

RESUELVE

 

PRIMERO. REVOCAR el fallo proferido el 14 de mayo de 2025 por el Juzgado 001 Promiscuo Municipal de La Paz (Norte de Santander). En su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales a la igualdad y a la educación, en sus dimensiones de accesibilidad y permanencia, de Manuel.

 

SEGUNDO. ORDENAR al Centro Educativo Rural Cerrito, a la alcaldía municipal de La Paz y a la secretaría de educación del departamento de Norte de Santander que, en el término de cinco (5) días posteriores a la notificación de esta decisión, a partir de un diálogo con Manuel y Rosalba, acuerden reactivar la matrícula del accionante y garantizar su cupo en la sede Nazaret del Centro Educativo Rural Cerrito o en una sede de su elección conforme a la oferta institucional disponible.

 

Durante todo el trámite, en coordinación con la Defensoría del Pueblo y la personería municipal de La Paz, deberán brindar acompañamiento y asesoría al niño y su madre, de forma que se asegure su participación efectiva y que las medidas que se implementen sean adecuadamente informadas y concertadas.

 

TERCERO. ORDENAR a la alcaldía del municipio de La Paz que, una vez se haya definido la sede educativa en la que se reactivará la matrícula y dentro de los cinco (5) días siguientes, en coordinación con el Centro Educativo Rural Cerrito y la secretaría de educación departamental de Norte de Santander, adopte las medidas necesarias para asegurar la prestación del servicio de transporte escolar gratuito a Manuel, de manera que se garantice la cobertura desde su lugar de residencia hasta la sede educativa y de regreso a su hogar, y se aseguren las condiciones adecuadas de seguridad y continuidad en todo momento.

 

La decisión sobre el medio de transporte deberá tomarse con participación y concertación con la familia, dando prioridad a la seguridad y a la regularidad del desplazamiento.

 

CUARTO. ORDENAR al Centro Educativo Rural Cerrito, a la alcaldía municipal de La Paz y a la secretaría de educación departamental de Norte de Santander, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y de la personaría municipal de La Paz, que en el término de diez (10 días) siguientes a la notificación de esta providencia, en el marco del proceso de reactivación de la matrícula y a partir de un diálogo con la familia del niño que garantice su participación en la toma de decisiones, establezcan e implementen los mecanismos idóneos para adelantar un proceso de nivelación académica para Manuel. El proceso de nivelación deberá diseñarse de manera flexible, gradual y acorde con la edad y necesidades del estudiante, de forma que asegure su plena reincorporación al sistema educativo y la continuidad de su proceso de formación.

 

QUINTO. ORDENAR a la alcaldía municipal de La Paz, al Centro Educativo Rural Cerrito y a la secretaría de educación departamental de Norte de Santander que, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y de la personería municipal de La Paz, con la participación efectiva de la comunidad de la vereda Sauzal del municipio de La Paz, en el término de ocho (8) días siguientes a la notificación de esta providencia, inicien las gestiones encaminadas a realizar una caracterización de los menores de edad que habitan el mencionado territorio, a fin de (i) establecer las condiciones actuales de escolaridad de los niños, niñas y adolescentes de la zona; (ii) identificar a los menores de edad que requieran cupo académico; y (iii) determinar, en cada caso, las necesidades de transporte escolar, apoyos y otros mecanismos para asegurar el acceso al derecho a la educación. Adicionalmente, (iv) deberán establecer las condiciones de infraestructura, dotación, servicios públicos y gestión del riesgo de la sede educativa Sauzal del Centro Educativo Rural Cerrito, y cumplir las exigencias presupuestales y administrativas para su eventual reapertura. Todo lo anterior, a efectos de establecer la viabilidad de reabrir la sede educativa de dicha vereda para el año lectivo 2026. Esta información deberá recaudarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de esta providencia.

 

SEXTO. ORDENAR a la secretaría de educación de Norte de Santander y a la alcaldía municipal de La Paz, en coordinación con las directivas del Centro Educativo Rural Cerrito, que mientras se da cumplimiento a la orden anterior y si posteriormente se establece que la reapertura de la institución educativa de la Vereda Sauzal del municipio La Paz no es viable, adopten las medidas necesarias para garantizar cupo educativo a los niños, niñas y adolescentes de la vereda que lo requieran conforme a la oferta institucional disponible, así como para asegurar la prestación del servicio de transporte escolar o adoptar las medidas que resulten necesarias para garantizar el derecho a la educación de estos menores de edad, en todos sus componentes.

 

SÉPTIMO. ORDENAR a la Defensoría del Pueblo y a la personería municipal de La Paz, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, que brinden acompañamiento y asesoría a la señora Rosalba durante el proceso de cumplimiento de las órdenes previstas en esta decisión, así como a todas las familias residentes en la vereda Sauzal que lo requieran.

 

OCTAVO. ORDENAR a la Defensoría del Pueblo y a la personería municipal de La Paz que, en el término de cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia, a partir de un diálogo con Rosalba, a través de un lenguaje claro y por medio de los mecanismos que se acuerden con la familia del niño, expliquen a Manuel lo decidido en la presente providencia. En particular, lo relacionado con su derecho de acceso a la educación y a que se adopten las medidas para garantizar la continuidad de su ciclo educativo. Para el cumplimiento de la presente orden, podrán solicitar apoyo técnico del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Dirección de Infancia.

 

NOVENO. EXHORTAR al Ministerio de Educación Nacional, en el marco de sus competencias y en cumplimiento de los principios de coordinación y concurrencia, para que brinde a la alcaldía municipal de La Paz, al centro Educativo Rural Cerrito y a la secretaría departamental de educación de Norte de Santander, el acompañamiento que requieran en el proceso de evaluación y reapertura de la sede Sauzal del Centro Educativo Rural Cerrito. 

 

DÉCIMO. ORDENAR a la Defensoría del Pueblo y a la personería municipal de La Paz que, en el término de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia, adelanten las gestiones necesarias para comunicar a los padres de familia y a los niños de la vereda Sauzal del municipio de La Paz, lo dispuesto en las órdenes quinta, sexta y novena de esta providencia.

 

DÉCIMO PRIMERO. A través de la Secretaría General de la Corte Constitucional, LÍBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General