REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Segunda de Revisión

 

Sentencia T-500 de 2025

 

Referencia: expediente T-10.976.437

 

Acción de tutela presentada por Catalina, en representación de su hija Sofía, en contra de Nueva EPS[1]

 

Temas: Derecho de petición. Falta de entrega de medicamentos y prestación oportuna de servicios de salud. Exoneración de pagos de cuotas moderadoras y copagos. Cosa juzgada y carencia actual de objeto.

 

Magistrado ponente: Juan Carlos Cortés González

 

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

 

La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez y por los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Juan Carlos Cortés González, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente de las previstas en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución, y 32 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha dictado la presente

 

 

 

SENTENCIA

 

En el trámite de revisión del fallo emitido el 7 de febrero de 2025 por el Juzgado 007 Penal del Circuito de Manizales (Caldas), que concedió el amparo del derecho fundamental de petición formulado por Catalina, en representación de su hija Sofía, en contra de Nueva EPS.

 

Síntesis de la decisión

 

 

I.        ANTECEDENTES

 

Aclaración previa^[2]

 

Debido a que la presente providencia contiene información sobre la historia clínica de la hija de la accionante, quien además es una menor de edad, como medida de protección de su intimidad, es necesario ordenar que se suprima su nombre y otros datos que la puedan identificar, pues esta es información sensible conforme al artículo 5° de la Ley 1581 de 2012. Así, esta sentencia tendrá dos versiones. Una para divulgación pública en la que se anonimizarán los nombres de la parte actora y los demás datos que permitan su identificación; y otra, reservada para surtir los trámites formales, que contendrá los datos reales.

 

1. Hechos, derechos y pretensiones que fundamentan la acción de tutela^[3]

 

1.   Catalina, en representación de su hija Sofía, de cinco meses de edad[4], presentó acción de tutela contra Nueva EPS, por la vulneración de los derechos fundamentales a la salud y de petición[5].

 

2.   Señaló que el 23 de septiembre del 2024 se emitieron los resultados de laboratorio de plasma y líquido cefalorraquídeo de Sofía, tomados el 19 de agosto del 2024, en los cuales se identificó un aumento de la glicina, por lo que fue diagnosticada con E725 Trastornos del Metabolismo de la Glicina – Hiperglicinemia no cetósica[6].

 

3.   Luego, el 24 de septiembre del 2024 fue dada de alta y se le recetó medicación crónica por tres meses, así como citas de consulta externa con las especialidades de neuropediatría, genética y fonoaudiología. En este sentido, el 30 de octubre del 2024, Sofía asistió a su primera consulta post hospitalización con neuropediatría, en la cual se le ordenaron terapias físicas, ocupacionales, de rehabilitación y fonoaudiológicas.

 

4.   El 14 de noviembre del 2024, la accionante radicó solicitud ante Nueva EPS con las siguientes pretensiones[7]:

 

a.       Efectuar la entrega del medicamento Benzoato de Sodio[8], toda vez que la EPS no se lo ha suministrado de forma oportuna, registrándose fechas pendientes de entrega del 3 de octubre del 2024 con número de orden 1257955 y del 6 de noviembre de 2024 con número de orden 1257972. La Superintendencia Nacional de Salud cuenta con conocimiento de este caso a través del radicado No. 123.

b.      Cambiar a la menor de edad de la IPS Plenamente, debido a que esta no cuenta con la disponibilidad de atención inmediata que se requiere para prestar el servicio de terapias, conforme a la anotación del médico tratante de alta prioridad.

c.       Exonerar a la bebé de pagos de cuota moderadora para su proceso de rehabilitación y medicación, pues la Hiperglicinemia no cetósica se encuentra en el listado de enfermedades huérfanas en Colombia[9].

d.      Ampliar la licencia de maternidad por dos semanas a la progenitora[10].

 

5.       No obstante, la actora expuso que hasta el momento de la presentación de la acción de tutela no se había dado respuesta alguna a su derecho de petición. Por lo tanto, indicó que acudía ante el juez constitucional “con el propósito de interponer acción de tutela [en] contra de Nueva EPS por no dar respuesta al derecho de petición del 14/11/2024”.

 

2.       Actuaciones en sede de tutela

 

6.       Auto admisorio, contestaciones en sede de instancia y otros[11]. El 27 de enero de 2025, el Juzgado 007 Penal del Circuito de Manizales, Caldas, admitió la acción de tutela, vinculó oficiosamente a la Superintendencia Nacional de Salud, a la IPS Plenamente y al interventor de Nueva EPS[12] y, finalmente, corrió traslado a la entidad accionada y vinculadas. Nueva EPS y la Superintendencia Nacional de Salud allegaron sus respuestas, mientras que la IPS Plenamente guardó silencio.

 

(i) Nueva EPS[13] estableció que el caso se encontraba bajo revisión del área técnica y solicitó declarar que Nueva EPS no ha vulnerado derecho fundamental alguno de la accionante al no demostrarse negación de la prestación de servicio. Además, solicitó negar la exoneración de cuota moderadora y copagos, por cuanto es una obligación legal asumir el costo mínimo para el acceso a los servicios de salud, siendo una contribución del valor del servicio, sumado a que estos son temas netamente económicos, y negar la orden de incapacidades por cuanto no existe expedición de certificado de incapacidad por parte del médico tratante[14].

 

(ii) La Superintendencia Nacional de Salud[15] manifestó que, entre los elementos fácticos descritos en la demanda, no se determina la existencia de supuestos de hecho ni de derecho vulneratorios de la parte accionante atribuibles a dicha entidad, por lo que no podría deducirse la existencia de responsabilidad por parte de este ente de control frente a lo pretendido. Por consiguiente, solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Superintendencia Nacional de Salud, con la consecuente desvinculación de la acción constitucional.

 

7.       Decisión judicial de primera instancia[16]. Surtido el trámite de rigor, mediante providencia del 7 de febrero del 2025, el Juzgado 007 Penal del Circuito de Manizales Caldas adujo que la entidad accionada no respondió a las pretensiones formuladas por la parte actora, pues no ofreció una respuesta de fondo y clara sobre lo solicitado el 14 de noviembre del 2024.

 

8.       Adicionalmente, mencionó que, si bien el juez de tutela puede fallar extra o ultra petita cuando evidencia que en el caso concreto se encuentran involucrados otros derechos fundamentales, como el de la salud, en el asunto bajo estudio no se contaba con las pruebas documentales pertinentes para emitir este tipo de fallo. Lo anterior porque aunque acudió a la parte accionante para que aportara los documentos referenciados en el derecho de petición como soporte de prueba[17], no fue posible incorporarlos al expediente y, por lo tanto, trasladarlos a la parte accionada y a la vinculada.

 

9.       Así las cosas, la autoridad judicial concluyó que Nueva EPS había vulnerado el derecho fundamental de petición de Catalina y, por lo tanto, le ordenó a la accionada responder de manera clara, precisa, congruente y consecuente la petición elevada el 14 de noviembre del 2024, asegurándose de la efectiva notificación a la solicitante. Por último, el juzgado ordenó la desvinculación de la Superintendencia Nacional de Salud y de la IPS Plenamente del trámite constitucional, por no tener injerencia en la protección del derecho de petición. Esta decisión no fue impugnada.

 

3.   Actuaciones en sede de revisión

 

10.   Trámite de selección en la Corte Constitucional. Mediante Auto del 29 de abril de 2025[18], la Sala de Selección de Tutelas Número Cuatro de la Corte Constitucional seleccionó para revisión[19], acumuló por unidad de materia y repartió a la Sala Segunda de Revisión[20], los expedientes de tutela con radicados: T-10.976.437, T-10.990.420, T-11.002.134, T-11.034.630 y T-11.043.036. La mencionada providencia advirtió que repartidos conjuntamente los cinco asuntos a la Sala Segunda de Revisión, esta determinaría si deben ser decididos en una misma providencia[21]. 

 

11.   El 14 de mayo de 2025, la Secretaría General de esta Corte los remitió al despacho del magistrado sustanciador para lo de su competencia[22].

 

12.   Solicitud de acceso al expediente por parte de la Defensoría del Pueblo[23]. El 19 y el 29 de mayo de 2025, la Defensoría del Pueblo solicitó la remisión de una copia simple del expediente T-10.976.437. Ello, toda vez que se encontraba interesada en el caso y planeaba intervenir mediante un concepto técnico o como amicus curiae.

 

13.   Auto de desacumulación[24]. La Sala Segunda de Revisión dispuso mediante el Auto 1001 de 15 de julio de 2025, desacumular el expediente T-10.976.437 de su grupo original de selección, para que fuera estudiado y resuelto en una providencia independiente. Ello, teniendo en cuenta que las singularidades fácticas y jurídicas que se evidenciaban preliminarmente en la demanda de tutela eran ajenas a la unidad temática respecto de los demás expedientes acumulados.

 

14.   Primer auto de pruebas[25]. Por medio de Auto del 21 de julio de 2025, el despacho sustanciador aceptó la solicitud presentada por el defensor para los asuntos constitucionales y legales de la Defensoría del Pueblo y resolvió: (i) formular algunas preguntas a la demandante; (ii) solicitar a Nueva EPS la historia clínica de la menor de edad y plantear algunos interrogantes relacionados con el asunto; (iii) solicitar información a la IPS Plenamente sobre el tipo de servicios que presta y la relación contractual con Nueva EPS; (iv) indagar sobre el trámite que se le ha dado al caso bajo radicado No. 123 por la Superintendencia Nacional de Salud; y (v) decretar la consulta de información de la demandante en las bases de datos públicas del Sisbén, la Adres y el RUAF, entre otras.

 

15.   Recepción de pruebas. La parte actora, Nueva EPS[26], la IPS Plenamente y la Superintendencia Nacional de Salud allegaron su respuesta y material probatorio a esta Corporación. Adicionalmente, se realizó la consulta de bases públicas por parte del despacho sustanciador[27]. Al respecto se encontró que Catalina es afiliada al régimen contributivo de salud, como cotizante; se registra en el municipio de Manizales; hace parte del grupo A4 del Sisbén -pobreza extrema-; tiene su estado de afiliación a pensiones como “activo no cotizante” y el de afiliación a riesgos laborales “activo” en la ciudad de Bogotá.

 

 

 

 

 

Tabla 1. Intervenciones del primer auto de pruebas

 

16.   Auto de actualización de términos para fallar[36]. A través de Auto del 25 de julio de 2025 el magistrado sustanciador actualizó los términos para fallar el proceso, en razón al Auto del 15 de julio de 2025 mediante el cual se ordenó la desacumulacion del expediente. En ese sentido, determinó que, conforme a lo normado en los artículos 33 del Decreto 2591 de 1991 y 56 del Acuerdo 02 de 2015, el vencimiento general se ampliaría tres meses, contados desde la expedición del auto de desacumulacion -15 de julio de 2025-.

 

17.   Segundo auto de pruebas[37]. Del resultado probatorio relacionado con el primer auto se evidenció la necesidad de vincular al trámite a la gestora farmacéutica autorizada para suministrar los medicamentos prescritos a la accionante (Droguerías Caja de Compensación Familiar – Cafam). Se observó que Nueva EPS no remitió respuesta completa sobre las preguntas formuladas en ese primer momento, por lo que el despacho ponente resolvió emitir otro auto el 27 de agosto de 2025, en el cual: (i) vinculó a Cafam; (ii) requirió a Nueva EPS para que contestara todas las preguntas realizadas y formuló otras nuevas; (iii) ordenó a la IPS Plenamente que allegara información adicional relevante para el caso; y (iv) planteó algunas preguntas complementarias a la demandante.

 

18.   Recepción de pruebas. Las IPS Plenamente y Cafam allegaron sus respuestas oportunamente, mientras que la parte actora guardó silencio. Por su parte, Nueva EPS remitió contestación por fuera del término[38] en la cual indicó que los representantes de Sofía habían gestionado el traslado voluntario de EPS de la menor de edad, de manera que, a partir del 1º. de octubre de 2025 la entidad promotora de salud a cargo de su aseguramiento era la EPS Suramericana S.A., según la constancia documental aportada.

 

Tabla 2. Intervención del segundo auto de pruebas

 

19.   Otras acciones de tutela que involucran a las partes del expediente bajo revisión. En la contestación a los autos de pruebas, Nueva EPS informó que existía otro proceso de tutela en el que figuraban como partes la menor de edad Sofía y la EPS accionada. Ante esta manifestación, el despacho procedió a consultar en la página web de la Rama Judicial[45], por la categoría de nombre, los procesos en cabeza de Catalina y la menor de edad Sofía que hubieren sido instaurados en la ciudad de Manizales. Como resultado, se constató que, en efecto, existe más de una acción de tutela interpuesta por la parte actora en contra de Nueva EPS y otras entidades con la finalidad de buscar la protección del derecho a la salud de la menor de edad.

 

20.   Con base en esa información, se acudió a la página web SAMAI del Consejo de Estado[46], de la cual se descargaron los expedientes completos para verificar su contenido. Los procesos identificados son los siguientes:

 

Tabla 3. Consulta de Procesos Nacional Unificada

 

21.   Intervención de la Defensoría del Pueblo[48]. El 26 de septiembre de 2025, la Defensoría del Pueblo allegó intervención al interior del expediente de la referencia. Solicitó la protección del derecho fundamental de petición de la parte accionante y el amparo inmediato y efectivo del derecho a la salud de Sofía, con atención digna e integral. En concreto, pidió se ordenara a Nueva EPS el suministro oportuno de los medicamentos e insumos prescritos, incluida la fórmula especializada Anamix NKH, y la garantía de controles en neuropediatría, genética, fonoaudiología y nutrición especializada para enfermedades huérfanas. Esto, de conformidad con la prioridad constitucional de la primera infancia, según lo dispuesto en los artículos 11, 44, 49 y 50 de la Constitución y el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Adicionalmente, expuso los elementos técnico-médicos sobre la Hiperglicinemia No Cetósica y sus implicaciones clínicas en el caso concreto y analizó la problemática estructural asociada a la distribución y disponibilidad de medicamentos.

 

22.   Auto de vinculación y suspensión[49]. Con ocasión de la comunicación remitida por Nueva EPS el 30 de septiembre de 2025, mediante Auto del 9 de octubre de 2025, la Sala consideró procedente vincular a la EPS Suramericana S.A. al expediente de la referencia y, en consecuencia, otorgó el término de tres días contados a partir de la comunicación del auto para que aquella se pronunciara sobre el trámite de la referencia. Además, dispuso la suspensión de los términos judiciales.

 

23.   Esta decisión se adoptó bajo el entendido de que, en primer lugar, la vinculación de la EPS Suramericana S.A. obedece a un hecho sobreviniente ocurrido durante el trámite de revisión, lo que hacía necesario garantizar su derecho al debido proceso, toda vez que, a partir del 1º. de octubre de 2025, dicha entidad asumió la responsabilidad del aseguramiento en salud de Sofía, pudiendo resultar directamente afectada por la decisión que adopte esta Corporación. Y, en segundo lugar, el asunto objeto de revisión involucra, entre otros aspectos, la posible afectación del derecho fundamental a la salud de la accionante, quien además ostenta la calidad de sujeto de especial protección constitucional, en atención a su edad y diagnósticos.

 

24.   En ese contexto, la Sala estimó procedente la suspensión excepcional de los términos judiciales, considerándose que el alcance del análisis debió  ampliarse por la falta de respuesta oportuna de Nueva EPS y dada la necesidad de integrar al contradictorio a la EPS Suramericana S.A. Al respecto, se precisa que no se recibió respuesta alguna por parte de la EPS Suramericana S.A. durante el término dispuesto para ello.

 

 

 

 

 

 

 

II.     CONSIDERACIONES

 

1.       Competencia

 

25.   De acuerdo con lo establecido en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional es competente para analizar el fallo de tutela proferido por el juez de instancia en el presente caso.

 

2.   Cuestiones previas

 

26.   La Sala abordará la posible configuración de la cosa juzgada constitucional en el asunto bajo estudio. Ello, a partir de la solicitud realizada por Nueva EPS para que la Corte examine el alcance de otros pronunciamientos derivados de acciones de tutela que podrían estar relacionadas con el objeto del presente proceso. En caso de que esta no se halle acreditada, se procederá a determinar si podría declararse la carencia actual de objeto, toda vez que como quedó expuesto en los antecedentes, Nueva EPS respondió al derecho de petición por el cual se presentó la tutela objeto de revisión en dos ocasiones diferentes y, además, allegó información relativa al traslado de EPS de la parte accionante, siendo ahora la EPS Suramericana S.A. la responsable de presentar los servicios de salud de Sofía.

 

2.1. Primera cuestión previa. La cosa juzgada constitucional[50]

 

27. La Corte Constitucional ha indicado que la presentación sucesiva o múltiple de acciones de tutela puede comprometer el principio de cosa juzgada constitucional. En la Sentencia SU-1219 de 2001, esta Corporación estableció que aquella ocurre con la ejecutoria del fallo que se profiere en sede de revisión por la Corte Constitucional. Cuando este Tribunal no selecciona para revisión una providencia de tutela, el efecto del auto que así lo decide es la ejecutoria formal y material de la sentencia emitida en instancia. Por lo tanto, la decisión de no selección en sede de revisión también causa la cosa juzgada constitucional inmutable y definitiva[51]. Las consecuencias de la exclusión de revisión de un expediente de tutela son:

 

“(i) [L]a ejecutoria formal y material de la sentencia de segunda instancia; (ii) la configuración del fenómeno de la cosa juzgada constitucional de las sentencias de instancia (ya sea la única o segunda instancia) que hace la decisión inmutable e inmodificable, salvo en la eventualidad de que la sentencia sea anulada por parte de la misma Corte Constitucional de conformidad con la ley; y (iii) la improcedencia de tutela contra tutela”[52].

 

28. Para que se configure la cosa juzgada en un proceso posterior a la ejecutoria de un fallo de tutela, deben concurrir tres requisitos entre el nuevo proceso y el anterior: (i) identidad de partes, (ii) identidad de causa, e (iii) identidad de objeto. Sin embargo, de acuerdo con lo establecido en la Sentencia T-407 de 2022, a pesar de que en un caso concurra la identidad de partes, objeto y causa, la figura de cosa juzgada puede ser desvirtuada si hay hechos nuevos en relación con la tutela anterior[53].

 

29. La Sala Segunda de Revisión procede a analizar los requisitos de la cosa juzgada en el presente caso, como se explica en la siguiente tabla.

 

Tabla 4. Requisitos y comparación de los elementos para la configuración de la triple identidad

 

30.          Conforme a lo expuesto, lo primero que debe señalarse es que la segunda acción de tutela, conocida en primera instancia por el Juzgado 007 Administrativo de Manizales, adquirió firmeza en virtud de la cosa juzgada constitucional, toda vez que esta Corporación, mediante Auto del 30 de mayo de 2025 proferido por la Sala de Selección Número Cinco, decidió no seleccionarla para revisión[57]. En contraste, la tercera acción de tutela, admitida por el Juzgado 003 Administrativo de Manizales, aún no ha hecho tránsito a cosa juzgada, pues la Corte Constitucional no ha descartado su eventual escogencia para trámite.

 

31.          No obstante lo anterior, se debe precisar que en cualquier caso en el presente asunto no se configuran los tres elementos exigidos para predicar la existencia de la cosa juzgada, ni frente a la segunda acción de tutela ni respecto de la tercera. En efecto, aunque en principio se observa identidad de partes, toda vez que las acciones fueron promovidas por Catalina en representación o como agente oficiosa de Sofía, en contra de Nueva EPS, lo cierto es que las entidades vinculadas variaron entre una y otra actuación. En la primera acción de tutela, el juez de instancia vinculó al trámite a la Superintendencia Nacional de Salud, al agente interventor de Nueva EPS y a la IPS Plenamente y, esta Corporación en sede de revisión vinculó a Droguerías Caja de Compensación Familiar – Cafam y a la EPS Suramericana S.A. En la segunda, la acción se mantuvo exclusivamente dirigida a Nueva EPS y, en la tercera, el juez de instancia vinculó al Hospital Infantil Rafael Henao Toro, la Clínica de Estudios Oftalmológicos Cleo y la IPS Meintegral S.A.S.

 

32.          Respecto a la identidad de causa, la Sala considera que todas las acciones de tutela comparten el hecho de que Sofía fue diagnosticada desde sus primeros meses de vida con la enfermedad “E725 Trastornos del Metabolismo de la Glicina - Hiperglicinemia no cetósica”. No obstante, los hechos que se describen en la primera acción de tutela no son los mismos ni de la segunda, ni de la tercera acción, los cuales tampoco son idénticos entre sí.

 

33.          Es menester precisar que la mayor diferencia que existe entre los hechos de los tres escritos son los diagnósticos que se relacionan en uno y otro caso, pues en el primero únicamente se hizo referencia al diagnóstico de “Trastornos del Metabolismo de la Glicina - Hiperglicinemia no cetósica”. Mientras que en el segundo, se añadieron los de “alteraciones de crecimiento y desarrollo de menor de 10 años y otras convulsiones no especificadas” y, en el tercero, los de “alteración visual: no especificada, retardo en desarrollo y epilepsia tipo no especificado”. Asimismo, con la descripción realizada queda claro que entre la interposición de una tutela y otra han variado las órdenes de servicios clínicos prescritas por los médicos tratantes.

 

34.          En cuanto a la identidad de objeto, esta tampoco se encuentra acreditada. En la primera acción que ahora se revisa, la pretensión principal de la parte actora consistía en que el juez ordenara a Nueva EPS responder el derecho de petición interpuesto el 14 de noviembre de 2024 por Catalina en favor de su hija. No obstante, debe reconocerse que el escrito de petición estaba orientado a la protección del derecho a la salud de la menor de edad y al reconocimiento de la ampliación de la licencia de maternidad de la progenitora[58], por lo que indirectamente la tutela estaba encaminada también a la salvaguarda del derecho a la salud de Sofía, como lo enunció la accionante en la acción de tutela. Por otro lado, en la segunda y tercera acción de tutela las pretensiones sí se dirigieron de manera directa a garantizar el derecho a la salud de Sofía, mediante la autorización y acceso a diferentes tipos de servicio en salud, así como al tratamiento integral de los diagnósticos referidos en cada una de esas ocasiones, entre otros asuntos, como que se ordenara el reembolso de los medicamentos costeados por medios propios, lo cual resulta sustancialmente distinto de lo planteado en la primera acción.

 

2.2. Segunda cuestión previa. Carencia actual de objeto[59]

 

35.   La jurisprudencia constitucional ha determinado que la carencia actual de objeto sucede cuando la acción de tutela ha perdido su razón de ser, ya sea por un hecho superado, por una situación sobreviniente o por un daño consumado. Se trata de una figura procesal por medio de la cual el juez constitucional debe constatar si, en efecto, la situación que motivó la solicitud de amparo se encuentra superada.

 

36.   En la Sentencia SU-522 de 2019 la Sala Plena de esta Corte hizo un balance de la jurisprudencia constitucional en la materia y explicó las hipótesis que la configuran. Respecto del hecho superado, reiteró que corresponde a la satisfacción de lo pretendido en la acción de tutela por parte de la entidad accionada. En estos casos, al juez le corresponde comprobar si: (i) lo pedido mediante acción de tutela ha sido satisfecho de manera integral y (ii) si la entidad accionada actuó o cesó en su accionar, según corresponda, de manera voluntaria.

 

37.   En cuanto al hecho sobreviviente, la Corte Constitucional indicó que comprende aquellos eventos que no corresponden a los conceptos tradicionales de hecho superado y daño consumado. Es decir, cualquier otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y, por lo tanto, caiga en el vacío.

 

38.   Así, lo que diferencia la circunstancia sobreviniente del hecho superado es que en la primera situación el objeto de la tutela pierde su razón de ser por un hecho ajeno a la parte accionada, bien sea por la actuación de un tercero, del mismo accionante o porque este ha perdido interés en la satisfacción de su pretensión, mientras que el hecho superado se configura cuando la parte accionada ha satisfecho, por iniciativa propia, el objeto de la acción de tutela. 

 

39.   Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional ha destacado que en los casos en que se configura tanto el hecho superado como el hecho sobreviniente, si bien no es imperioso que el juez de tutela profiera una decisión de fondo, puede emitir un pronunciamiento en ese sentido cuando lo considere necesario para:

 

“a) [L]lamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela y tomar medidas para que los hechos vulneradores no se repitan; b) advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes; c) corregir las decisiones judiciales de instancia; o d) avanzar en la comprensión de un derecho fundamental”.

 

40.   La carencia actual de objeto por una situación sobreviniente ha sido aplicada, entre otros casos, en aquellos en los que ya no es posible acceder a lo solicitado dado que “la vulneración cesó en cumplimiento de una orden judicial”[60]. Sobre este supuesto, la Corte Constitucional ha reconocido que se pueden presentar dos circunstancias. La primera, cuando es el juez de instancia del proceso de tutela bajo estudio quien decide a favor del accionante y, la segunda, cuando es el juez de otro proceso diferente al revisado por la Corte el que satisface dichas pretensiones.

 

41.   Respecto a la primera situación, esta Corporación no tiene una jurisprudencia unificada sobre si el hecho sobreviniente se puede configurar cuando un juez de instancia del proceso de tutela revisado decide a favor del accionante, tal como se acreditó en las sentencias T-092 de 2024[61] y T-122 de 2025. No obstante, sí parece haber unidad en que la carencia actual de objeto por el hecho sobreviniente se puede configurar cuando un juez diferente a los de instancia de la acción de tutela objeto de estudio por la Corte Constitucional decide intervenir a favor del accionante, incluso cuando se trata de otro juez de tutela, como se decretó en las sentencias T-004 de 2019, T-364 de 2019, T-460 de 2019, T-455 de 2021, T-047 de 2023, T-070 de 2023, T-586 de 2023, entre otras.

 

42.   Por último, el daño consumado, se presenta cuando existe una imposibilidad de proteger el derecho fundamental, debido a que la afectación que se pretendía evitar se materializó, de modo que no es factible que el juez de tutela adopte una orden para retrotraer la situación.

 

43.   En los casos en que se configura el daño consumado, la Corte Constitucional ha destacado que es perentorio un pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela, incluida esta Corte, en el que ha de precisar si se presentó o no la vulneración que dio origen a la acción de tutela. Además, el juez podrá considerar medidas adicionales, como: (i) hacer una advertencia a la autoridad o particular responsable para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela; (ii) informar al actor o a sus familiares sobre las acciones jurídicas de toda índole a las que puede acudir para la reparación del daño; (iii) compulsar copias del expediente a las autoridades competentes; o (iv) proteger la dimensión objetiva de los derechos fundamentales transgredidos y tomar medidas para que los hechos vulneradores no se repitan.

 

44.   La Sala Segunda de Revisión procede a estudiar si en el presente caso se configura la carencia actual de objeto, bien sea por hecho sobreviniente o por daño consumado. En primer lugar, se analizará la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente, debido al cumplimiento de la orden emitida por el juez de única instancia que dispuso se contestara por Nueva EPS el derecho de petición presentado por la parte accionante de manera clara, precisa, congruente y consecuente con lo solicitado. Luego, en caso de que este no se configure se estudiará la carencia actual de objeto por daño consumado, toda vez que Nueva EPS ya no es la responsable de presentar los servicios de salud de Sofía, al haberse hecho efectivo el traslado a la EPS Suramericana S.A.  el pasado 1º. de octubre de 2025, según consta en las pruebas allegadas a este expediente.

 

45.   Al respecto, sea lo primero mencionar que, si bien se verificó que Nueva EPS respondió en dos ocasiones diferentes[62] al derecho de petición presentado por la accionante el 14 de noviembre de 2024, en cumplimiento de la orden impartida por el Juzgado 007 Penal del Circuito de Manizales en sentencia del 7 de febrero de 2025, lo cierto es que dichas respuestas no satisfacen las exigencias constitucionales y legales de una contestación de fondo, esto es, que sea completa, congruente y libre de evasivas, frente a todos los puntos planteados. Sobre ello, cabe recordar que el derecho de petición estaba integrado por cuatro solicitudes particulares: (i) el acceso a la entrega oportuna de medicamentos, (ii) el cambio de IPS por la falta de agenda en terapias, (iii) la exoneración de copagos y cuotas moderadoras en razón del diagnóstico de una enfermedad huérfana y (iv) la ampliación de la licencia de maternidad de la progenitora en virtud del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo.

 

46.            En efecto, frente a la solicitud de ampliación de la licencia de maternidad de la progenitora, Nueva EPS en la primera respuesta únicamente informó que la madre había recibido la licencia por 126 días, iniciándola el 15 de agosto de 2024 y finalizándola el 18 de diciembre del mismo año. Y, en la segunda respuesta, se enfocó en negar la ampliación de la licencia de maternidad porque la madre no tuvo un parto prematuro. Al respecto, es clave recordar que la solicitud de la accionante estaba dirigida a que la EPS ampliara la licencia de la progenitora por dos (2) semanas en razón del nacimiento de un hijo con condición discapacidad, conforme a lo indicado por el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 2 de la Ley 2114 de 2021.

 

47.   De allí que la Sala concluya que no se configura la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente en la acción de tutela promovida por Catalina, en representación de su hija Sofía, contra Nueva EPS, pues si bien se dio respuesta en virtud de lo ordenado por el juez de instancia en dos ocasiones, las contestaciones remitidas resultan insuficientes y no satisfacen la petición formulada, como lo sustentará esta Sala en el análisis del caso concreto, de ser procedente la acción de tutela.

 

48.   Ahora bien, dado que en la actualidad una de las pretensiones del derecho de petición aún no se ha satisfecho conforme a las exigencias constitucionales y legales, es necesario revisar si en cualquier caso algún pronunciamiento del juez de tutela sobre aquel punto caería en el vacío. Ello, debido a que en razón del traslado de EPS ya no sería relevante una respuesta de fondo por parte de Nueva EPS, lo cual llevaría a que se configurara la carencia actual de objeto por daño consumado.

 

49.   Al respecto, es preciso señalar que el artículo 2.1.7.4[63] del Decreto 780 de 2016 indica que la EPS de la cual se retira el afiliado tendrá a su cargo la prestación de los servicios y el reconocimiento de prestaciones económicas, únicamente hasta el día anterior a aquel en que surjan las obligaciones para la nueva entidad. En ese sentido, Nueva EPS solo fue responsable de la prestación del servicio de salud de Sofía hasta el pasado 30 de septiembre de 2025, lo cual en principio llevaría a concluir que en efecto cualquier orden dirigida a la protección del derecho de petición podría caer en el vacío, debido a que como ya se ha indicado previamente, la realidad es que el fin último del derecho de petición presentado por la parte accionante era el de proteger el derecho a la salud de la menor de edad, responsabilidad que se encuentra ahora en cabeza de la EPS Suramericana S.A.

 

50.   No obstante lo anterior, la Sala Segunda de Revisión concluye que en el caso concreto no se logra configurar la carencia actual de objeto por daño consumado. Esto, toda vez que como ya se previó, el punto respecto al que no hay contestación de fondo es el de la licencia de maternidad, siendo esta una prestación que de encontrarse pendiente de pago por la acreditación de la causal legal invocada se mantendría en cabeza de Nueva EPS. Ello es así por cuanto la licencia de maternidad de Catalina por el nacimiento de Sofía inició y finalizó mientras que la parte accionante se encontraba afiliada a Nueva EPS. De ahí que sea Nueva EPS quien debe responder la petición conforme a derecho y, de configurarse la causal de ampliación de la licencia de maternidad por dos semanas en razón de la causal de madre de un hijo con condición de discapacidad, contenida en el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, hacer el pago de lo pretendido.

 

51.   Así las cosas, esta Sala analizará los requisitos de procedibilidad del amparo y, de cumplirse con ellos, expondrá la metodología que se abordará en la presente sentencia con el fin de proteger los derechos fundamentales alegados por la parte accionante y determinados por el juez constitucional.

 

3.   Análisis sobre los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela

 

Tabla 5. Requisitos de procedibilidad

 

4.       Delimitación del asunto objeto de revisión, problemas jurídicos y estructura de la decisión

 

52.   Verificada la procedencia de la acción de tutela y conforme a lo registrado en la demanda, las contestaciones de la accionante, de la entidad accionada y de las vinculadas, así como en atención a las pruebas obrantes en el expediente, la Sala tratará la posible vulneración del derecho de petición por parte de Nueva EPS al no brindar una respuesta oportuna y de fondo a las solicitudes interpuestas el 14 de noviembre de 2024 por la parte accionante.

 

53.   Al respecto, se reitera que aunque Nueva EPS emitió dos contestaciones diferentes sobre las peticiones presentadas por la parte accionante, no se ha emitido respuesta completa y libre de evasivas sobre la solicitud de ampliación de la licencia de maternidad de la progenitora de Sofía. Adicionalmente, es necesario para esta Sala analizar si en razón de la respuesta tardía al derecho de petición, se vulneraron los derechos fundamentales de petición y de salud de la menor de edad, quien además ha sido diagnosticada con una enfermedad huérfana.

 

54.   Por otro lado, esta Sala se referirá a la negativa que emitió Nueva EPS en cuanto exonerar a la menor de edad Sofía del pago de copagos y cuotas moderadoras correspondientes a los servicios de salud requeridos para la menor de edad Sofía, con ocasión del diagnóstico de “Hiperglicinemia no cetósica”. Ello es procedente, bajo el entendido de que aunque en la segunda respuesta se informó que la exoneración de copagos y cuotas moderadoras se había registrado en el sistema desde el 23 de mayo de 2025, en la primera respuesta, del 31 de mayo de 2025, se le suministró información completamente diferente a la accionante.

 

55.   Adicionalmente, se precisa que en ejercicio de las facultades extra y ultra petita del juez constitucional[76], esta Sala abordará el estudio de la posible vulneración de los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna y a la seguridad social de la accionante. Este análisis se vuelve indispensable en el caso concreto por cuanto, aunque Nueva EPS y las IPS Plenamente y Cafam ya no prestan los servicios de salud a la accionante, esta Sala evidenció en razón del material probatorio recolectado en sede de revisión posibles omisiones reiteradas en los deberes de debida prestación del servicio de salud mientras que Sofía estuvo afiliada a Nueva EPS, lo cual puede llevar a que sea necesario considerar la toma de medidas adicionales para: (i) advertir a la EPS e IPS responsables que en ningún caso vuelvan a incurrir en las acciones u omisiones que llevaron a la selección de este caso, (ii) dar traslado del expediente a las autoridades que tienen a su cargo el seguimiento y control, para lo de su competencia; y (iii) proteger la dimensión objetiva de los derechos fundamentales transgredidos y tomar medidas para que los hechos vulneradores no se repitan. Así las cosas, desde ahora se aclara que este último punto implica que se podrían emitir algunas órdenes a la EPS Suramericana S.A. en razón de su rol de garante directa del servicio de salud de la accionante en la actualidad.

 

56.            De esta forma, la Sala Segunda de Revisión estudiará los siguientes problemas jurídicos:

 

(i)          ¿Nueva EPS vulneró los derechos fundamentales de petición, a la salud, a la vida digna y a la seguridad social de la menor de edad Sofía al no dar respuesta oportuna al derecho de petición presentado por su madre, ni emitir respuesta de fondo en cuanto a la solicitud de ampliación de la licencia de maternidad de la progenitora, así como negar en un primer momento la solicitud de exoneración del cobro de copagos o cuotas moderadoras?

 

(ii)        ¿Nueva EPS y las IPS Plenamente y Cafam vulneraron los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna y a la seguridad social de la menor de edad Sofía al no garantizar un acceso oportuno y continuo de los servicios, insumos y tecnologías en salud ordenados por los médicos tratantes mientras la accionante estuvo afiliada a Nueva EPS?

 

57.   Para resolver los problemas jurídicos planteados se reiterará la jurisprudencia sobre (i) el derecho de petición, (ii) el derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes y las personas con enfermedades huérfanas, y las garantías relacionadas a la debida prestación del servicio de salud, (iii) el suministro de servicios y medicamentos en salud, (iv) el tratamiento integral, (v) el principio de libre escogencia en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, (vi) la exoneración de copagos y cuotas moderadoras, (vii) la licencia de maternidad y (viii) las funciones de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud y su facultad de intervención forzosa. Luego, con base en estas consideraciones, se procederá a resolver el caso concreto.

 

58.   Finalmente, se hará un llamado de atención sobre el posible incumplimiento de las órdenes impartidas por los jueces de tutela por parte de Nueva EPS. Aunque este asunto no constituye el objeto directo de revisión, la Sala encuentra preocupante el hecho de que hubieran existido dos órdenes de tratamiento integral emitidas por jueces diferentes contra la EPS accionada y que incluso en uno de los expedientes ya se hubiera declarado la configuración de un incidente de desacato e impuesto una sanción y, aun así, en el trámite de revisión de esta tutela se haya recibido información tanto de la parte accionante como de la accionada y vinculadas que permite evidenciar que después de aquellas decisiones se siguieron materializando posibles vulneraciones al derecho a la salud de la menor de edad Sofía, quien además fue diagnosticada con una enfermedad huérfana de alta complejidad, a la que se han venido sumando diagnósticos adicionales.  

 

5.       Fundamentos para el análisis de fondo

 

5.1. Derecho de petición. Reiteración de jurisprudencia[77]

 

59.   De conformidad con el artículo 23 de la Constitución, “[t]oda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución”. En desarrollo de esta disposición constitucional, se expidió la Ley Estatutaria 1755 de 2015 que regula los aspectos esenciales de este derecho. En ella se reiteró que “toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades (…) por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución, completa y de fondo sobre la misma”[78].

 

60.   En ese sentido, esta Corporación ha indicado que el derecho de petición se encuentra conformado por los siguientes elementos[79]: (i) la formulación de la petición, esto es, la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que estas puedan negarse a recibirlas o abstenerse de tramitarlas; (ii) la pronta resolución, es decir, la facultad de exigir una respuesta pronta y oportuna de lo decidido, dentro de un plazo razonable, que debe ser lo más corto posible[80]; (iii) la respuesta de fondo, que hace hincapié en el deber de ofrecer respuesta clara, precisa y de fondo o material, lo que supone que la autoridad competente ha de pronunciarse sobre la materia propia de la solicitud de manera completa, congruente y sin evasivas, respecto a todos y cada uno de los asuntos planteados, con independencia de que la respuesta sea favorable, pues no necesariamente se debe acceder a lo pedido; (iv) la notificación de lo decidido, para que el ciudadano tenga conocimiento de la solución que las autoridades hayan dispuesto sobre la petición formulada.

 

61.   En reiteradas oportunidades, esta Corte ha señalado que el derecho fundamental de petición es imprescindible para la consecución de ciertas finalidades constitucionales. Así, ha sostenido que contribuye a la garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. En consecuencia, el derecho de petición tiene una importancia especial en el ámbito de la salud, por ser uno de los mecanismos mediante los cuales los usuarios pueden reclamar la debida prestación de los servicios médicos y conocer las garantías que tienen en cuanto a los mismos.

 

62.   Sobre este punto en particular el artículo 33 de la Ley 1755 de 2015 dispone que el “[d]erecho de petición de los usuarios ante instituciones privadas. Sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, a las Cajas de Compensación Familiar, a las Instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, a las entidades que conforman el sistema financiero y bursátil y a aquellas empresas que prestan servicios públicos y servicios públicos domiciliarios, que se rijan por el derecho privado, se les aplicarán en sus relaciones con los usuarios, en lo pertinente, las disposiciones sobre derecho de petición previstas en los dos capítulos anteriores”.

 

63.   Así, las Instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, como lo son las EPS, que además aseguran la prestación del servicio público de la salud, están obligadas a emitir respuestas claras, completas y congruentes, dentro de los términos de ley, de manera que se salvaguarde el goce efectivo de los derechos fundamentales de los usuarios.

 

5.2. El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes y las personas con enfermedades huérfanas y las garantías relacionadas a su debida prestación. Reiteración de jurisprudencia[81]

 

64.   El artículo 49 de la Constitución Política determinó que la atención en salud es un servicio público a cargo del Estado, el cual tiene la obligación de organizar, dirigir y reglamentar la prestación de los servicios de salud a los habitantes del territorio nacional^[82]. La lectura de dicha norma debe hacerse en armonía con lo preceptuado por el artículo 48 superior que indica que “la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado”, conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.

 

65.   Así, a partir de los artículos 48 y 49 superiores, la jurisprudencia constitucional^[83] y la ley estatutaria de salud^[84] establecieron que la salud es un derecho fundamental autónomo. Este derecho está conformado por diferentes elementos y principios, entre los que se encuentran, entre otros, la accesibilidad, la continuidad, la integralidad, la oportunidad, la universalidad y la calidad^[85].

 

66.   La accesibilidad entiende que los servicios y tecnologías de salud deben ser accesibles a todos, en condiciones de igualdad; comprende la no discriminación, la accesibilidad física, la asequibilidad económica y el acceso a la información.

 

67.   La continuidad es el derecho a recibir los servicios de salud de manera ininterrumpida, por lo que una vez la provisión de un servicio ha sido iniciada, esta no podrá ser interrumpida por razones administrativas o económicas. En consecuencia, no puede suspenderse o interrumpirse la provisión de un servicio de salud “por conflictos contractuales o administrativos internos o con las IPS contratadas, que impidan la finalización óptima de los tratamientos iniciados a los pacientes”^[86].

 

68.   La integralidad es el derecho de los usuarios del sistema a recibir la atención y el tratamiento completo -de principio a fin- de sus enfermedades, de conformidad con lo prescrito por el médico tratante. Así, “el acceso se extiende a las facilidades, establecimientos, bienes, servicios, tecnologías y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel de salud”^[87] sin que una entidad encargada de la prestación del servicio de salud pueda “fraccionarlos, separarlos, o elegir alternativamente cuáles de ellos aprueba en razón del interés económico que representan”^[88]. La integralidad es “la columna vertebral del sistema de salud”, así lo indicó la Sentencia T-253 de 2022 al sostener que:

 

“[E]l principio de integralidad abarca una serie de elementos que son imprescindibles para la materialización del derecho fundamental a la salud. Según lo dispone la ley, el servicio de salud debe prestarse plenamente sin que haya que acudir al ejercicio de acciones judiciales”.

 

69.   La oportunidad se refiere a que la prestación de los servicios y tecnologías de salud deben proveerse sin demoras. La Sentencia T-232 de 2022 indicó que “el usuario debe gozar de la prestación del servicio en el momento que corresponde para recuperar su salud, sin sufrir mayores dolores y deterioros”; de igual manera, aquella comprende dos matices, uno relacionado con el derecho del paciente a recibir un diagnóstico de su enfermedad o enfermedades con el fin de que pueda iniciar el tratamiento definido por el profesional de la salud; y el otro, tiene que ver con la adecuada entrega de medicamentos y el suministro de servicios requeridos a tiempo, “en las condiciones que defina el médico tratante, a fin de garantizar la efectividad de los procedimientos ordenados”[89].

 

70.   La universalidad se refiere a que todos los residentes en el territorio colombiano gozarán efectivamente del derecho fundamental a la salud en todas las etapas de la vida, para que el usuario del sistema de salud obtenga un servicio de calidad, lo que quiere decir, entre otros aspectos, que el personal de la salud debe ser adecuadamente competente, la prestación del servicio debe ser enriquecida con educación continua e investigación científica y debe existir una evaluación oportuna de la calidad de los servicios y tecnologías ofrecidos. Frente al carácter universal del derecho a la salud, la Sentencia SU-508 de 2020 hizo una observación en el sentido de indicar que el establecer acciones afirmativas en favor de ciertos grupos o segmentos de la población (niños, niñas y adolescentes), como sujetos de especial protección constitucional, no desobedece ese postulado.

 

71.   Ahora bien, tratándose de la protección del derecho a la salud de los menores de edad, el articulo 44 constitucional[90] reconoció un carácter fundamental al derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes, toda vez que lo que busca protegerse es el interés superior del menor de edad. Asimismo, el literal f) del artículo 6° de la Ley 1751 de 2015 reitera la prevalencia de derechos de los menores de edad.

 

72.   La Sentencia T-010 de 2019, reiterada por las sentencias T-253 de 2022 y T-558 de 2023, sostuvo que la garantía del artículo en cita se complementa con algunos de los instrumentos internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, como lo son: el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el principio 2° de la Declaración Universal de los Derechos del Niño y el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, que reconocen el derecho a la salud y obligan a los Estados partes a su garantía y protección.

 

73.   Además, el Código de Infancia y Adolescencia[91] en su artículo 27 dispuso que:

 

“Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la salud integral. La salud es un estado de bienestar físico, psíquico y fisiológico y no solo la ausencia de enfermedad. Ningún Hospital, Clínica, Centro de Salud y demás entidades dedicadas a la prestación del servicio de salud, sean públicas o privadas, podrán abstenerse de atender a un niño, niña que requiera atención en salud”.

 

74.   Finalmente, en cuanto a la prestación del servicio de salud en relación con las personas diagnosticadas con una enfermedad huérfana, es preciso mencionar que en la actualidad la identificación de las enfermedades huérfanas o raras en Colombia se encuentra regulada en la Resolución nº. 023 del 4 de enero de 2023[92]. Dentro de ellas, en el renglón 999 se incluye la “Hiperglicinemia no cetósica”[93].

 

75.   En la Sentencia T-402 de 2018 la Corte expuso que, a partir del artículo 2° de la Ley 1392 de 2010, las enfermedades huérfanas son aquellas crónicamente debilitantes, graves, que amenazan la vida y que se presentan con una prevalencia menor de 1 por cada 5000 personas, las cuales se catalogan como enfermedades raras, ultra huérfanas y olvidadas[94].

 

76.   Con la expedición de la ley estatutaria de salud el ordenamiento jurídico reconoció una especial protección para las personas que padecen enfermedades huérfanas y que, por tanto, requieren una atención preferencial y calificada para sus patologías, así como el establecimiento de mejores condiciones de atención en salud.

 

77.   En efecto, el artículo 11 de la Ley 1751 de 2015, que versa sobre los sujetos de especial protección, establece que la atención en salud de los niños, niñas y adolescentes y de las personas que sufren enfermedades huérfanas no estará limitada por ningún tipo de restricción administrativa o económica, por lo que las instituciones que hagan parte del sector salud deberán definir procesos de atención intersectoriales e interdisciplinarios que le garanticen las mejores condiciones de atención.

 

78.   En suma, la Corte Constitucional ha avalado la calificación de ciertos sujetos o grupos poblacionales como sujetos de especial protección constitucional en materia de salud, entre ellos, los niños, niñas y adolescentes y las persona que han sido diagnosticadas con enfermedades huérfanas. En este sentido, las consideraciones en torno al derecho a la salud deben analizarse a la luz del deber reforzado que tiene el Estado respecto a estas personas, debido a las circunstancias de edad y debilidad manifiesta en la que se encuentran dadas las características de sus patologías, las dificultades de su tratamiento y el riesgo al que están expuestas sus vida e integridad[95].

 

 

 

 

 

5.3. Sobre el suministro de servicios y medicamentos en salud. Reiteración de jurisprudencia[96]

 

79.   El Sistema de Seguridad Social en Salud surgió con la expedición de la Ley 100 de 1993^[97], con base en varios postulados consagrados en diferentes artículos de la Constitución. En consecuencia, dicha ley estableció los fundamentos que rigen el funcionamiento de aquel. Por lo tanto, en materia de salud, los principios constitucionales y la Ley 100 de 1993^[98] son de obligatorio acatamiento para todos los actores que hacen parte del sistema de salud.

 

80.   De este modo, el artículo 177 estableció que las EPS son “las entidades responsables de la afiliación, y el registro de los afiliados y del recaudo de sus cotizaciones (…). Su función básica será organizar y garantizar, directa o indirectamente, la prestación del Plan de Salud Obligatorio a los afiliados”. Y, el artículo 185 indicó que son funciones de las IPS “prestar los servicios en su nivel de atención correspondiente a los afiliados y beneficiarios dentro de los parámetros y principios señalados en la presente Ley. Las Instituciones Prestadoras de Servicios deben tener como principios básicos la calidad y la eficiencia (…) Además propenderán por la libre concurrencia en sus acciones, proveyendo información oportuna, suficiente y veraz a los usuarios, y evitando el abuso de posición dominante en el sistema”.

 

81.   Por otro lado, el artículo 162 de la ley en comento dio origen al POS (Plan Obligatorio de Salud), hoy PBS[99] (Plan de Beneficios en Salud), con el objetivo de “permitir la protección integral de las familias a la maternidad y enfermedad general, en las fases de promoción y fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación para todas las patologías, según la intensidad de uso y los niveles de atención y complejidad que se definan”. Pertenecen al PBS todos los servicios y tecnologías que no hayan sido expresamente excluidos del mismo por el Congreso de la República y por el Ministerio de Salud y Protección Social, entidades que determinan la lista de exclusión a partir de los criterios fijados en el artículo 15[100] de la ley estatutaria de salud[101].

 

82.   En este modelo de exclusiones explícitas, la regla general establece que los jueces de tutela tienen la facultad de reconocer los servicios y las tecnologías ordenados por el médico tratante que hagan parte del PBS^[102]. Los requisitos para que los jueces pueden ordenar, vía tutela, al suministro de estos servicios son: (i) que estén contemplados en el PBS; (ii) que hayan sido ordenados por el médico tratante; (iii) que sean necesarios para conservar la salud, vida y dignidad del accionante; y (iv) que su suministro hubiese sido “previamente solicitado a la entidad encargada, la cual o se negó a la prestación o dilató la misma de manera injustificada”^[103].

 

83.   Tratándose de la atención de los menores de edad, la Sentencia T-558 de 2023 precisó que:

 

“[N]o es solo un derecho el que reciban de manera completa la atención que requieran, junto con todo aquello que sea necesario para el tratamiento de la patología, sino que es una obligación ineludible de los actores del sistema, ya sea una EPS o una IPS o se trate de algún otro ente, autorizar, realizar y/o entregar oportunamente los servicios, medicamentos e insumos médicos, los cuales hayan sido prescritos por el médico tratante (…); máxime si también se tiene en cuenta que la naturaleza de la enfermedad pueda ser de aquellas que requieran un tratamiento constante y permanente a lo largo del ciclo vital (…)”.

 

84.  Con la idea de brindar una adecuada prestación del servicio de salud y de asegurar el acceso a medicamentos y otras tecnologías incluidos en el PBS, bajo una óptica técnico-científica, se acude a la figura del médico tratante. Al respecto, es abundante la jurisprudencia[104] que exige que los pacientes, por regla general, cuenten con una prescripción, orden o fórmula médica elaborada por el médico tratante, que les signifique poder tener acceso a los insumos, servicios, medicamentos y tecnologías en salud.

 

85.   En la Sentencia SU-508 de 2020 la Corte Constitucional planteó dos escenarios ante la posible carencia de una orden médica, cuando se encuentra vulnerado el derecho a la salud. Una de ellas, es acudir al hecho notorio, respecto del cual el juez constitucional puede ordenar el suministro del servicio o tecnología en salud incluido en el PBS con base en la evidente necesidad del mismo, sujeto a la posterior ratificación del profesional tratante y, en el caso de no existir dicha evidencia probatoria, pero sí de un indicio razonable de afectación a la salud, la orden se dirige a la EPS, entidad que debe a través de sus profesionales adscritos, con pleno conocimiento de la situación del paciente, emitir un concepto en el que se determine si un medicamento, servicio o procedimiento es requerido a fin de que sea provisto. A este último evento, la jurisprudencia constitucional se ha referido como realización del derecho al diagnóstico[105].

 

86.   Es importante mencionar que la falta de comercialización o la falta de disponibilidad temporal de un medicamento no exime a las EPS de responsabilidad. Tampoco las exime el hecho de haber entregado ocasionalmente un medicamento que el paciente necesita permanentemente, pues concluir lo contrario desconocería el principio de continuidad e integralidad[106]. Por lo tanto, la Corte Constitucional ha dispuesto en diferentes ocasiones que los actores del sistema de salud deben encontrar soluciones que atiendan la oportuna prestación de los servicios de salud, incluido el acceso a medicamentos.

 

87.   En esa línea, por ejemplo, en la Sentencia T-416 de 2023 se determinó que la EPS debió “realizar estudios de bioequivalencia para formular un medicamento que tenga el mismo principio activo y efecto terapéutico”, con el fin de no atentar contra el derecho a la salud de la paciente. De igual forma, esta Corporación reprochó el hecho de que el suministro de otro medicamento requerido por el accionante fue suspendido por dos meses, sin importar que la EPS sí lo hubiese entregado en los otros períodos de tiempo.

 

88.   En conclusión, el acceso oportuno a los insumos, servicios, medicamentos y tecnologías en salud constituye una de las obligaciones cardinales de todos los actores que integran el sistema de salud, en el ámbito de sus respectivas competencias. En ese sentido, por ejemplo, las EPS, en su calidad de responsables de autorizar y garantizar la prestación de los servicios requeridos, tienen el deber de observar integralmente los principios y elementos que conforman el derecho fundamental a la salud. Y, de igual forma, las IPS y los gestores farmacéuticos, encargados de la entrega material y efectiva de medicamentos, insumos y demás tecnologías, también están obligados a cumplir con tales parámetros.

 

5.4. El tratamiento integral. Reiteración de jurisprudencia[107]

 

89.   Las sentencias T-264 de 2023 y T-361 de 2025 explican que el tratamiento integral corresponde a una orden que profiere el juez de tutela de obligatorio acatamiento para la EPS, que involucra una atención “ininterrumpida, completa, diligente, oportuna y con calidad del usuario^”. De manera que, en tales casos, la prestación del servicio de salud debe incluir todos los elementos que prescriba el médico tratante relacionados con la o las patologías que presente el afiliado.

 

90.   Como parte de la protección del derecho fundamental a la salud, el juez de tutela puede disponer la orden de asegurarle al paciente el tratamiento integral en aquellos eventos en que se demuestre que: (i) existen órdenes o certificaciones, emitidas por los médicos, especificando el diagnóstico del paciente y los servicios que necesita; (ii) la EPS actúa con negligencia en la prestación del servicio como ocurre, por ejemplo, cuando demora de manera injustificada el suministro de medicamentos, la programación de procedimientos quirúrgicos o la realización de tratamientos que requiere el paciente y, con ello, se ponen en grave riesgo sus derechos fundamentales; y en particular, (iii) el usuario es un sujeto de especial protección constitucional, como ocurre con los niños, niñas y adolescentes o las personas diagnosticadas con enfermedades huérfanas.

 

91.   La orden de tratamiento integral que adopte el juez de tutela debe supeditarse respecto al diagnóstico dado por el médico tratante al paciente o en relación con aspectos determinados por el profesional médico en cuanto a servicios, procedimientos, insumos, tecnologías, medicamentos o valoraciones que requiera aquel. El juez constitucional debe evitar dictar órdenes indeterminadas o abstractas sobre prestaciones en salud que son inciertas o futuras.

 

5.5. El principio de libre escogencia en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Reiteración de jurisprudencia[108]

 

92.   El principio de libre escogencia, consagrado en la Ley 100 de 1993[109], ha sido abordado por la Corte Constitucional como un derecho de doble vía que contempla, por una parte, la libertad de los usuarios para elegir las EPS e IPS encargadas de prestarle servicios de salud y, por el otro, la libertad de las EPS en la selección y contratación de su red prestadora de servicios[110].

 

93.   Los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud son libres de afiliarse a la EPS que satisfaga mejor sus necesidades[111]. No obstante, se debe tener en cuenta que en los casos en que opere el traslado[112] entre entidades para la satisfacción de este principio, el afiliado debe cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 2.1.7.2. del Decreto 780 de 2016[113]. Ahora bien, respecto a la regla general de permanencia, el artículo 2.1.7.3[114] del mismo decreto establece algunas excepciones aplicables.

 

94.   Con todo, es preciso indicar que según al artículo 2.1.3.4 del Decreto 780 de 2016, el afiliado podrá acceder a todos los servicios de salud del plan de beneficios desde la fecha en que se haga efectivo su traslado de EPS y que las novedades sobre la condición del afiliado en ningún caso podrán afectar la continuidad de la prestación de los servicios de salud.

 

95.   Además, el artículo 2.1.1.6 del precitado decreto establece que:

 

“Las EPS no podrán negar la inscripción a ninguna persona por razones de su edad o por su estado previo, actual o potencial de salud y de utilización de servicios. Tampoco podrán negar la inscripción argumentando limitaciones a su capacidad de afiliación (…) Todas las acciones orientadas a negar la inscripción o desviarla a otra Entidad Promotora de Salud, así como promover el traslado de sus afiliados se considerarán como una práctica violatoria al derecho de la libre escogencia (…)”[115].

 

96.   También, en virtud del principio de libre escogencia, los usuarios tienen derecho a escoger la IPS en la que se les prestarán los servicios de salud, siempre y cuando esta última pertenezca a la red de servicios adscrita a la EPS. Sin embargo, existen tres escenarios excepcionales en los que el usuario podría escoger una IPS que no haga parte de la red prestadora de servicios de su EPS:

 

“(i) [C]uando se trate del suministro de atención en salud por urgencias, (ii) cuando la EPS expresamente lo autorice o (iii) cuando la EPS esté en incapacidad técnica de cubrir las necesidades en salud de sus afiliados y que la IPS receptora garantice la prestación integral, de buena calidad y no existan afectaciones en las condiciones de salud de los usuarios”[116].

 

97.   Por su parte, las EPS tienen la potestad de seleccionar y contratar libremente su red prestadora de servicios, es decir, pueden elegir “las IPS con las que celebrarán convenios y la clase de servicios que se prestarán a través de ellas”[117]. Sin embargo, esa libertad no puede desconocer el deber que tienen “de conformar su red de prestadores de servicios para asegurar que los afiliados puedan acceder a los servicios de salud en todo el territorio nacional”[118].

 

98.    En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha establecido que “el margen de acción de las EPS para escoger a su red prestadora de salud se encuentra limitado por el deber de garantizar, de cualquier forma, lo siguiente: (i) la pluralidad de IPS con el fin de que los usuarios tengan la posibilidad de escoger; (ii) la prestación integral del servicio y la calidad; y (iii) la idoneidad y calidad de la IPS”[119].

 

99.   A partir de lo anterior, la Corte Constitucional ha señalado que cuando se acredita que la IPS receptora no garantiza integralmente el servicio de salud o que, a pesar de la adecuada calidad de su prestación, pero, por diferentes factores como por ejemplo su ubicación, se pone en riesgo el estado de salud del paciente y ello causa deterioro de su condición, el juez de tutela puede conceder el amparo y ordenar que la EPS autorice la prestación del servicio en una IPS diferente[120].

 

100.       Para esta Sala es necesario exponer que un factor que puede incidir directamente en la adecuada prestación del servicio de salud es que existan múltiples centros de salud en aquellos lugares donde residan los afiliados, especialmente en aquellos con mayor población afiliada, de manera que se garantice que los usuarios tengan una adecuada y oportuna prestación del servicio. Sobre esto, las normas en materia de salud[121] señalan que las EPS: (i) deben garantizar la prestación de los servicios de salud a sus afiliados en todo el territorio nacional, (ii) deben demostrar contar con la infraestructura y recursos para cumplir con las funciones de salud, (iii) deben contar con Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud construidas a partir de la localización geográfica de su población afiliada, (iv) deben ofrecer en cada municipio la cobertura de servicios y atención integral en salud para todos los afiliados y, cuando estos no estén disponibles, deben garantizar la prestación integral de los mismos en el municipio más cercano al lugar de residencia del afiliado, y (v) deben disponer del número de oficinas que se requieran para mantener condiciones de atención digna en los lugares donde cuente con afiliados[122].

 

101.       Sin embargo, el ordenamiento jurídico no establece a partir de qué número de afiliados se exige a una EPS tener centros de atención en salud en un determinado municipio, ni regula la distancia máxima que se puede hacer recorrer a un paciente para acceder a los tratamientos que requiere[123]. Ello implica la existencia de municipios con mucha población afiliada en los cuales las EPS no contratan IPS que suplan los servicios de salud necesarios, obligando a los usuarios a esperar por la apertura de agenda para la prestación del servicio o trasladarse a municipios, en ocasiones lejanos, para la materialización de su derecho a la salud, en desmedro de sus condiciones y de su dignidad.

 

102.       En todo caso, tanto la ley como la jurisprudencia han llamado la atención sobre la obligación de las EPS de conformar su red de prestadores de manera que aseguren que la totalidad de sus usuarios puedan acceder a los servicios que requieran en todo el territorio nacional y escoger un prestador entre las IPS con las que exista convenio en el área correspondiente[124].

 

5.6. La exoneración de copagos y cuotas moderadoras. Reiteración de jurisprudencia[125]

 

103.       El artículo 187 de la Ley 100 de 1993 establece la existencia de pagos moderadores, los cuales tienen por objeto racionalizar y sostener el uso del sistema de salud. Esta misma norma aclara que dichos pagos deberán estipularse de conformidad con la situación socioeconómica de los usuarios del sistema, pues bajo ninguna circunstancia pueden convertirse en barreras de acceso al servicio de salud. En su momento, el Acuerdo 260 de 2004 se encargó de establecer las clases de pagos moderadores fijando una primera diferencia entre cuotas moderadoras[126] y copagos[127]. El Decreto 1652 de 2022 adicionó el régimen aplicable para el cobro de pagos compartidos y copagos y cuotas moderadoras, precisando sus diferencias.

 

104.       El artículo 2.10.4.1 del Decreto 1652 de 2022 indica que los pagos compartidos o copagos son “un aporte en dinero que corresponde a una parte del valor del servicio demandado con la finalidad de contribuir a financiar el Sistema y están a cargo de los afiliados beneficiarios en el Régimen Contributivo y de los afiliados del Régimen Subsidiado”.

 

105.       Por su parte, el artículo 2.10.4.2. señala que las cuotas moderadoras son “un aporte en dinero que corresponden al valor que deben cancelar los afiliados cotizantes y sus beneficiarios del Régimen Contributivo por la utilización de los servicios de salud con el objetivo de racionalizar y estimular el buen uso de estos”.

 

106.       El Decreto 1652 de 2022 también excluye del cobro de cuotas moderadoras y copagos a grupos y poblaciones especiales, según el régimen contributivo o subsidiado aplicable. De esa forma, los artículos 2.10.4.6[128] y 2.10.4.8[129] del decreto bajo referencia, disponen las excepciones para el cobro de cuota moderadora y copagos, respectivamente, para las personas que padecen de enfermedades huérfanas.

 

107.       Adicionalmente, el artículo 2.10.4.9 que versa sobre la “excepción del cobro de cuotas moderadoras y copagos para grupos poblaciones especiales”, indica en sus numerales 1.5. y 1.13, lo siguiente:

 

“(…) 1.5. Los niños, niñas y adolescentes del Sisbén 1 y 2 con discapacidades físicas, sensoriales y cognitivas, enfermedades catastróficas y ruinosas que sean certificadas por el médico tratante, respecto a los servicios y medicamentos de la parte especial y diferenciada del Plan de Beneficios estarán exceptuados del cobro de cuotas moderadoras y copagos, conforme lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1438 de 2011[130] o las normas que los modifiquen o sustituyan.

 

(…)

 

1.13. Las personas que padecen epilepsia a quienes se les garantiza el tratamiento integral de forma gratuita cuando no puedan asumirlo por su condición económica, estarán exceptuados del cobro de cuotas moderadoras y copagos, según lo dispuesto en el artículo 12, numeral 7 de la Ley 1414 de 2010[131] o las normas que los modifiquen o sustituyan”.

 

5.7. La licencia de maternidad. Reiteración de jurisprudencia[132]

 

108.   La licencia de maternidad es una de las licencias parentales reconocidas en el ordenamiento jurídico colombiano y, en esencia, constituye un mecanismo de protección a madres e hijos que se ampara en los principios constitucionales de solidaridad e igualdad. En ese sentido, la jurisprudencia de esta Corte reconoce que dicha prestación económica se basa en dos fundamentos constitucionales: por un lado, la garantía de los derechos de las mujeres y la maternidad, y, por otro lado, la protección de las personas recién nacidas y de la familia. En los términos de esta Corporación:

 

“[D]e la licencia de maternidad se deriva una doble e integral protección. Es doble por cuanto cobija a las madres y a sus hijos o hijas. Es integral porque comprende un conjunto de prestaciones que buscan asegurar que las mujeres trabajadoras y sus descendientes dispongan de un espacio propicio para iniciar las relaciones familiares en condiciones de dignidad y calidad”[133].

 

109.   Al mismo tiempo, el ordenamiento jurídico colombiano garantiza esta protección especial con la reglamentación de la licencia de maternidad. Al respecto, el artículo 235A del Código Sustantivo del Trabajo señala que “la maternidad gozará de la especial protección del Estado” y el artículo 236 reglamenta “la licencia en la época del parto” y los “incentivos para la adecuada atención y cuidado del recién nacido”. En este último artículo se dispone que:

 

“5. La licencia de maternidad para madres de niños prematuros, tendrá en cuenta la diferencia entre la fecha gestacional y el nacimiento a término, las cuales serán sumadas a las dieciocho (18) semanas que se establecen en la presente ley. Cuando se trate de madres con parto múltiple o madres de un hijo con discapacidad, la licencia se ampliará en dos semanas más”.

 

110.   Bajo esta perspectiva, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que la licencia de maternidad es el instrumento mediante el cual el Estado garantiza que la persona recién nacida goce de completa atención y cuidado durante los primeros meses de su vida en los cuales su fragilidad y necesidad de atención, amor, estabilidad y apego seguro es evidente[134].

 

111.   Por su parte, el Decreto 780 del 6 de mayo de 2016, en su artículo 2.1.13.1, señala que para el reconocimiento y el pago de la licencia la afiliada debe haber efectuado aportes durante los meses que correspondan a su periodo de embarazo. Por otro lado, el 12 de diciembre de 2023, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2126[135], el cual establece de manera concreta tres presupuestos para acceder a la licencia de maternidad en su artículo 2.2.3.2.1 a saber: (i) estar afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud como cotizante activo; (ii) haber efectuado pagos durante todos los meses que correspondan al periodo de gestación y (iii) contar con el certificado médico de la licencia de maternidad expedido por el médico de la red de la entidad promotora de salud o entidad adaptada o validado por esta.

 

112.   A su vez, el mismo artículo establece que, en los casos de parto múltiple o de un hijo con discapacidad[136], se ampliará en dos semanas la licencia de maternidad conforme con lo previsto en la normativa vigente, y cuando los menores hayan nacido vivos. Por ende, a partir de la lectura de la norma, es claro que el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad ampliada en razón del nacimiento de un hijo con situación de discapacidad dependen de las condiciones referidas en el citado artículo 2.2.3.2.1 del Decreto 2126 de 2023.

 

113.   De las consideraciones anteriores, la Sala resalta que uno de los avances[137] en protección que consagra la normativa analizada es el correspondiente a la ampliación de la licencia de maternidad ante madres de un hijo con condición de discapacidad, ya que los bebés que nacen con alguna situación tal pueden conllevar un mayor cuidado por parte del núcleo familiar e, incluso, en algunos casos puede generar mayores riesgos de quebrantos en la salud para el infante, dependiendo del diagnóstico. Ello justifica que la licencia de maternidad sea extendida.

 

5.8. Las funciones de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud y su facultad de intervención forzosa. Reiteración de jurisprudencia[138]

 

114.   Los artículos 230 y 233 de la Ley 100 de 1993 señalan que la Superintendencia Nacional de Salud ejerce funciones de inspección, vigilancia y control respecto de las entidades promotoras de salud. Por su parte, el artículo 68 de la Ley 715 de 2001[139] indica que las funciones de la Superintendencia de Salud se enmarcan en el cumplimiento de las normas constitucionales y legales del sector salud y de la salvaguarda a sus recursos. Asimismo, los artículos 4º. y 7º. del Decreto 1080 de 2021[140] dispone que la Superintendencia Nacional de Salud tiene, entre otras, las funciones de vigilar el cumplimiento de los derechos de los usuarios y de los deberes asignados a los diferentes actores del sistema. También debe inspeccionar, vigilar y controlar que la prestación de los servicios de salud individual y colectiva se realice en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y estándares de calidad, en las etapas de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de enfermedades.

 

115.   Ahora bien, de acuerdo con el artículo 2.5.5.1.1 del Decreto 780 de 2016[141] y el artículo 68 de la Ley 715 de 2001, la Superintendencia Nacional de Salud ejerce funciones de intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar las entidades vigiladas, como las entidades promotoras de salud, cuando se evidencia un incumplimiento de las condiciones financieras y de solvencia requeridas para operar el aseguramiento de la salud[142]. Así, en el caso que el objeto de la intervención forzosa sea la administración de la entidad, corresponde de forma inmediata tomar la posesión de los bienes, haberes y negocios de aquella para que se desarrolle adecuadamente su objeto social, se mejoren las condiciones para los afiliados y los acreedores y se superen, en la medida de lo posible, las condiciones que amenazan la estabilidad, continuidad y permanencia de la entidad[143]. 

 

116.   De modo que la Superintendencia Nacional de Salud tiene la potestad para intervenir forzosamente a las entidades del sector cuando, entre otras circunstancias, existe un riesgo para la materialización y satisfacción de la prestación de los servicios de salud a los usuarios. Es por ello que en las resoluciones de intervención se ordena la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios, al tiempo que el interventor seleccionado, reemplaza al gerente de la entidad. En particular, le corresponde al interventor realizar una evaluación detallada y operativa de la red de prestadores de servicios de salud para asegurar que la población afiliada pueda acceder de manera oportuna, segura, pertinente y continua a los servicios de salud, así como implementar las estrategias necesarias para garantizar la prestación de los servicios de salud a la población afiliada[144].

 

117.   Asimismo, se pone de presente que la Superintendencia publicó el abecé de la intervención forzosa de la Nueva EPS para explicar que todos los servicios de salud en curso o que se requieran a futuro se seguirán prestando con normalidad, mediante la ejecución de tales trámites administrativos[145].

 

 

 

 

III.      SOLUCIÓN DEL CASO CONCRETO

 

1.   Nueva EPS vulneró los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna y de petición de una bebé diagnosticada con una enfermedad huérfana al no dar respuesta de fondo y oportuna al derecho de petición presentado por su madre y negar en un primer momento la solicitud de exoneración del cobro de copagos o cuotas moderadoras

 

1.1.     Sobre la falta de respuesta oportuna del derecho de petición

 

118.       Como se expuso, Catalina, en representación de su hija Sofía, presentó acción de tutela con el fin de que Nueva EPS diera respuesta a un derecho de petición elevado el 14 de noviembre de 2024. En dicho escrito, solicitó: (i) la entrega oportuna de los medicamentos ordenados por el médico tratante; (ii) el cambio de IPS ante la falta de disponibilidad en la agenda de terapias; (iii) la exoneración de copagos y cuotas moderadoras; y (iv) la ampliación de la licencia de maternidad de la progenitora. Tales solicitudes se fundamentaron en la necesidad urgente de garantizar el derecho fundamental a la salud de la menor de edad, diagnosticada con “Trastornos del metabolismo de la glicina – Hiperglicinemia no cetósica”, enfermedad huérfana reconocida en la Resolución nº. 023 del 2023 del Ministerio de Salud y Protección Social.

 

119.       En sede de instancia, la EPS se limitó a informar que la petición se encontraba en revisión por el área técnica. Por esta razón, el juez de tutela ordenó a la entidad dar respuesta clara, precisa, congruente y consecuente a la petición, en un término de cuarenta y ocho (48) horas seguidas a la notificación de dicha providencia.

 

120.       No obstante lo ordenado, a partir del material probatorio allegado en sede de revisión, se constató que Nueva EPS respondió el derecho de petición tan solo hasta el 31 de mayo de 2025, lo que implica que la EPS no solo incumplió el término legal para responder este tipo de solicitud, sino que prolongó la contestación por más de tres meses después de existir orden judicial. Ello, sin contar que luego, el 1 de septiembre de 2025, emitió otra respuesta, es decir, casi seis meses después de la orden de contestación impartida por el Juzgado 007 Penal del Circuito de Manizales en sentencia del 7 de febrero de 2025.

 

121.       Lo anterior, significa que indudablemente Nueva EPS vulneró los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna y de petición de Sofía, pues es claro que no se dio una respuesta oportuna a la parte accionante, lo cual va en contravía de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 y la jurisprudencia constitucional. Ello, cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que en este tipo de casos, el derecho de petición tiene una importancia especial en el ámbito de la salud, por ser uno de los mecanismos mediante los cuales los usuarios pueden reclamar la debida prestación de los servicios médicos y conocer las garantías que tienen en cuanto a los mismos, tal como pretendía la parte accionante.

 

1.2.     Sobre la falta de respuesta de fondo en cuanto a la solicitud de ampliación de la licencia de maternidad

 

122.       En cuanto al contenido de las respuestas, la EPS abordó los cuatro puntos solicitados por la accionante de la siguiente manera:

 

Tabla 6. Comparación respuestas de Nueva EPS

 

123.       En este sentido, la Sala concluye que Nueva EPS no dio respuesta de fondo, completa, congruente y sin evasivas, respecto de la solicitud de ampliación de la licencia pues, en su primera comunicación, se limitó a señalar que “la paciente tuvo una aprobación de licencia de maternidad por 126 días con inicio el 15/08/2024 hasta el 18/12/2024”, afirmación que resulta claramente insuficiente y no responde de manera sustancial a la petición elevada.

 

124.       Por su parte, en la segunda respuesta, la entidad centró su análisis exclusivamente en la causal de ampliación por parto prematuro prevista en el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo. Sin embargo, del examen integral de la historia clínica y de los hechos y las pretensiones generales de la solicitud, se advierte con claridad que esa no era la causal cuya aplicación pretendía la madre, sino que se trataba de la referida al apartado del mismo artículo que dispone la ampliación de la licencia de maternidad “cuando se trate de (…) madres de un hijo con discapacidad”. Al respecto, conviene recordar que el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo establece expresamente:

 

“(…) 5. La licencia de maternidad para madres de niños prematuros tendrá en cuenta la diferencia entre la fecha gestacional y el nacimiento a término, las cuales serán sumadas a las dieciocho (18) semanas que se establecen en la presente ley. Cuando se trate de madres con parto múltiple o madres de un hijo con discapacidad, la licencia se ampliará en dos semanas más (…)”.

 

125.       Así las cosas, la respuesta insuficiente constituye una vulneración del derecho fundamental de petición, en tanto la EPS omitió, en un primer momento, pronunciarse en sentido positivo o negativo frente a la solicitud realizada y, en un segundo momento, tratándose de respuesta negativa, no expuso los fundamentos jurídicos y fácticos de su decisión conforme a lo solicitado.

 

1.3.     Sobre la negación de exoneración del cobro de copagos o cuotas moderadoras en relación con el diagnóstico de “Hiperglicinemia no cetósica” y la posibilidad de exoneración de otros diagnósticos

 

126.       Sea lo primero aclarar que conforme a la respuesta de la IPS Plenamente y la información suministrada por Nueva EPS, entre ellas la respuesta al derecho de petición del 1º. de septiembre, además de algunas anotaciones que se evidencian en las prescripciones médicas de la historia clínica de la accionante[149], al parecer la menor de edad Sofía estuvo exenta del pago de algunas cuotas moderadoras y cobro de copagos mientras se encontró afiliada a Nueva EPS.

 

127.       No obstante, la madre refirió que pagó cuotas moderadoras por “hospitalizaciones, medicamentos y citas”. Asimismo, adjuntó dos recibos de caja del Hospital Infantil Rafael Henao Toro que demuestran el pago por copagos[150] y unas órdenes de prestación de servicios de Nueva EPS que refieren se deben cobrar copagos o cuotas moderadoras[151]. Estos últimos son para consulta de control o de seguimiento por fonoaudiología, potenciales evocados auditivos y potenciales visuales evocados. Además, de la información remitida por Nueva EPS se identificó que la parte actora pagó seis cuotas moderadoras o copagos que se encuentran en un rango de costo entre $4.500 y $4.700 COP y, que tres fueron pagados en 2024 y otros tres en 2025[152].

 

128.       Por otro lado, se indica que si bien en un inicio esta acción de tutela se presentó únicamente en razón del diagnóstico de “Hiperglicinemia no cetósica” de Sofía, en sede de revisión se conoció, en razón de la contestación de la parte accionante y verificada la historia clínica obrante, que la menor de edad fue diagnosticada también con “Epilepsia no especificada”. Por este motivo en lo referente a la exención de pagos de copagos y cuotas moderadoras se revisará la incidencia que tiene dicho diagnóstico sobre la posible exoneración a favor de la accionante.

 

129.       Revisada la respuesta emitida el 31 de mayo de 2025 por Nueva EPS al derecho de petición presentado por la parte accionante, aquella indicó en cuanto a la solicitud de exoneración de copagos y cuotas moderadoras para la menor de edad, que según los artículos 6 y 8 de la Resolución 113 de 2020, el trámite de los servicios para certificación de discapacidad -que es necesario para poder realizar la exoneración por parte de la EPS- es responsabilidad de las Secretarías de Salud. Así, precisó que “[c]uando el afiliado cuente con la Certificación de Discapacidad expedida por la IPS autorizada por la secretaría municipal, distrital o departamental, especificando el diagnóstico y tipo de discapacidad, podrá soportar su solicitud de exoneración de copagos ante la EPS”.

 

130.       En ese sentido, esta Sala advierte que frente a la exoneración de copagos y cuotas moderadoras, Nueva EPS condicionó en su respuesta del 31 de mayo de 2025 la solicitud a la presentación de un certificado de discapacidad expedido por la Secretaría de Salud, en aplicación de la Resolución 113 de 2020, desconociéndose que el diagnóstico de Hiperglicinemia no cetósica se encuentra clasificado como una enfermedad huérfana[153], lo cual activa la excepción establecida en los artículos 2.10.4.6 y 2.10.4.8^[154] del Decreto 1652 de 2022, que prohíben el cobro de copagos y cuotas moderadoras para las personas que padecen de enfermedades huérfanas.

 

131.       Además, se constata que el caso concreto se ajusta a lo establecido en el artículo 2.10.4.9 del Decreto 1652 de 2022, numerales 1.5. y 1.13[155], que versa sobre la “excepción del cobro de cuotas moderadoras y copagos para grupos poblaciones especiales”. Esto es así, toda vez que esta Corporación comprobó en sede de revisión que el núcleo familiar de la parte actora se encuentra en una situación de vulnerabilidad socioeconómica al pertenecer al estrato 1 y hacer parte del grupo A4 del Sisbén, condición que refuerza la obligación constitucional y legal de exoneración. Además, de que la menor de edad Sofía ha sido diagnosticada con epilepsia.

 

132.       En consecuencia, la Sala concluye que la respuesta emitida por Nueva EPS el 31 de mayo de 2025 desconoció la normatividad aplicable para los casos de exención de copagos y cuotas moderadoras, configurándose así una afectación directa de los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna y de petición de la menor de edad Sofía.

 

133.       Ello, por cuanto, si bien en la comunicación del 1º. de septiembre de 2025 se informó a la parte accionante que Sofía se encontraba exenta del pago de copagos y cuotas moderadoras desde el 23 de mayo de 2025 -fecha incluso anterior a la primera respuesta de la EPS, en la que se negó dicha exención-, lo cierto es que la entidad tardó tres meses en corregir la información inicialmente suministrada. Esta demora implicó una falta de veracidad en la respuesta brindada, la cual resultó contraria a los registros existentes en el propio sistema de la EPS, según se reconoció en la segunda respuesta al derecho de petición. De esta manera, la actuación de la EPS impidió que la parte accionante conociera oportunamente una garantía y derecho reconocido por la ley y el sistema, manteniéndola durante varios meses con información errónea, incongruente con la realidad y contraria al marco normativo aplicable.

 

134.       En relación con otros diagnósticos identificados por esta Corporación en sede de revisión, como lo son el “retardo en el desarrollo” y la “alteración visual no especificada”, se advierte que, para el momento de proferir esta sentencia, no existe fundamento que permita exceptuar a la accionante, afiliada al régimen contributivo, del pago de cuotas moderadoras y copagos con base en dichas valoraciones. Ello, de conformidad con las excepciones establecidas en el Decreto 1652 de 2022 para los afiliados a dicho régimen.

 

135.       No obstante, se observa que estos diagnósticos, en conjunto con los demás que han sido establecidos para la accionante, podrían derivar en el futuro en una situación de discapacidad. De configurarse tal circunstancia, la usuaria estaría exenta del pago de cuotas moderadoras y copagos, en los términos previstos en el artículo 2.10.4.9, numerales 1.5 y 1.9[156]. Sin embargo, dicha condición deberá ser determinada por el médico tratante y, especialmente, por el Ministerio de Salud y Protección Social, previa solicitud del interesado, de acuerdo con la Resolución 1239 de 2022.

 

136.       Por tanto, al no existir certificado de discapacidad en la actualidad, esta Corporación no cuenta con elementos que permitan efectuar dicha valoración. No obstante se insta a que, en caso de que tal situación de discapacidad eventualmente se configure, la EPS encargada de la prestación de los servicios a la accionante dé cumplimiento estricto a la normativa aplicable, sin imponer barreras administrativas o de acceso.

 

2.   Nueva EPS y las IPS Plenamente y Cafam vulneraron los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna de una bebé diagnosticada con una enfermedad huérfana al no garantizar un acceso oportuno y continuo de los medicamentos, servicios, insumos y tecnologías en salud ordenados por los médicos tratantes

 

2.1.     Medicamentos

 

137.       En lo concerniente al acceso a los medicamentos e insumos se verificó que Nueva EPS no cumplió con su deber de entrega oportuna y completa de los suministros prescritos por el médico tratante a la accionante, mientras que esta estuvo afiliada a aquella EPS, en particular frente al Benzoato de Sodio, la Oxcarbazepina, el Dextrometorfano y la leche Anamix NKH[157].

 

138.       Según informó la accionante, los medicamentos que fueron prescritos a su hija mientras estuvo afiliada a Nueva EPS fueron: Benzoato de Sodio preparado magistralmente al 25%, Oxcarbazepina, Dextrometorfano, Clonazepam, PEG y Leche Anamix NKH. La EPS suministró una entrega de PEG y tres entregas de Benzoato -solo fue entregada la orden nº. 1257955 y se mantuvo pendiente la nº. 1257972-, las cuales correspondieron a los meses de abril, mayo y junio de 2025. En ese sentido, afirmó que tuvo que costear directamente el Benzoato de Sodio, el Fenobarbital y el Dextrometorfano en algunas ocasiones[158]. En cuanto al Clonazepam[159] la accionante informó que fue entregado en hospitalizaciones anteriores y respecto al PEG señaló que fue entregado por parte de Nueva EPS. La leche Anamix NKH no fue entregada por la EPS y tampoco fue comprada directamente por la parte actora, pues su valor comercial es de $1.200.000 COP  por 400gr, siendo este un precio que no podía pagar.

 

139.       La accionante adjuntó prescripciones médicas pendientes de entrega de noviembre de 2024, 29 de mayo de 2025 y 9 de julio de 2025. Además, anexó orden de despacho de Cafam en estado pendiente de noviembre de 2024.

 

140.       En contraste con esta información, Nueva EPS remitió información, en sede de revisión, de entrega del Benzoato en los meses de marzo, abril, mayo y agosto de 2025 y reconoció que quedaron pendiente de entrega otras autorizaciones, las cuales presentaron retraso en razón a “los bloqueos por parte de los proveedores de la industria farmacéutica a [su] Gestor farmacéutico, lo que a su vez [ocasionó] insuficiencia de stock”.

 

141.       A esto se suma que aunque la EPS indicó que hacía seguimiento para verificar que se hubiera materializado la entrega de medicamentos y que cuando un gestor farmacéutico o IPS no tiene disponibilidad de un fármaco se redirecciona la autorización a otro gestor, la realidad es que en este caso dicha actuación no se realizó porque Nueva EPS, Zonal Caldas, cuenta únicamente con contrato para la entrega de medicamentos de usuarios del régimen contributivo con Cafam.

 

142.       En cuanto a la información remitida por la IPS Cafam se evidenció dilación en la entrega de medicamentos prescritos por el médico tratante y autorizados por la EPS. Dicha situación fue justificada por la IPS en razón a las dificultades de pago de la EPS y, por ende, a problemas de pago de la IPS a las farmacéuticas.

 

143.       A continuación se expone el estado de los medicamentos que habían sido autorizados por Nueva EPS en relación con Sofía y direccionados a Cafam para su suministro a fecha del 9 de septiembre de 2025, junto con su debida observación sobre por qué no habían sido entregados:

 

Tabla 7. Estado de los medicamentos autorizados a la accionante y direccionados a Cafam a fecha del 9 de septiembre de 2025[160]

 

144.       No obstante, según informó en sede de revisión la vinculada, lo cierto es que los medicamentos no estaban disponibles en el punto de dispensación institucional pero sí aparentemente en otros puntos de atención a cargo de la misma IPS. Al respecto, específicamente Cafam indicó que “[a]l encontrarse los medicamentos sin abastecimiento en el punto de dispensación institucional, estos mismos están en proceso de gestión de envío desde otros centros institucionales de la Caja de Compensación para poder abastecer los medicamentos requeridos por la menor [de edad]”[161].

 

145.       En ese sentido, aunque la justificación dada en términos económicos por Cafam ya es contraria a lo que ha dictaminado la jurisprudencia, la situación aquí evidenciada configura una omisión aún mucho más grave, pues no se observa una debida gestión por parte de la IPS, previa a la interposición de esta tutela, encaminada a garantizar el suministro de los medicamentos. No es sino hasta la contestación que esta indica que empezó a realizar las gestiones pertinentes para trasladar los fármacos de los puntos en los que sí había suministro hasta el punto de dispensación al que acudía la accionante. Esta situación atentó contra el deber de continuidad del tratamiento por razones administrativas, lo cual es constitucionalmente inadmisible.

 

146.       Con todo, para esta Sala es claro que en el caso concreto se presentó un retraso continuo y sistemático en la entrega de los siguientes medicamentos e insumos: Benzoato de Sodio, la Oxcarbazepina, el Dextrometorfano y la Leche Anamix NKH. Esta situación configuró una barrera administrativa y de acceso contraria a los principios de accesibilidad, continuidad, integralidad y oportunidad del derecho fundamental a la salud mientras que la accionante estuvo afiliada a Nueva EPS, agravadas por el hecho de que la usuaria es una bebé en primera infancia, con diagnóstico de enfermedad huérfana, en situación de vulnerabilidad extrema.

 

2.2. Terapias

 

147.       Respecto al oportuno agendamiento de las terapias prescritas desde octubre de 2024 a la accionante, Nueva EPS refirió en sus contestaciones al derecho de petición que la IPS Plenamente era el único prestador en la red de la EPS que podía ofrecer el tratamiento completo de todas las terapias solicitadas para pacientes pediátricos[162]. En ese sentido, comunicó a esta Corporación que la razón de que no se haya ampliado su red de instituciones para la prestación de servicios de terapias físicas, ocupacionales, de rehabilitación y fonoaudiología en la zonal Caldas, se debe a que este es un departamento con ofertas de instituciones y servcios limitada, lo que hace que la ampliación de la red se vea condicionada a dicha capacidad[163].

 

148.       Al respecto, esta Sala debe precisar que si bien puede haber una dificultad en la ampliación de la red por la oferta de IPS, lo cierto es que esta situación va en contravía del principio de libre escogencia en el sistema general de seguridad social en salud, pues los usuarios deberían tener la libertad de escoger la IPS en la que se presenten los servicios de salud cuando aquellos pertenezcan a la red de la EPS. El hecho de que haya una única IPS que pueda prestar los servicios ordenados a la accionante por su médico tratante evidencia una dificultad en la garantía de este principio a sus afiliados, además, de que los usuarios puedan acceder a los servicios bajo parámetros de calidad y suficiencia, así se trate de servicios en otra localidad, debiéndose garantizar el traslado correspondiente.

 

149.       Además, conforme a la información suministrada por la accionante y la IPS Plenamente, se constató que esta no agendó oportunamente las terapias ordenadas desde octubre de 2024, iniciándose únicamente el agendamiento hasta febrero de 2025[164]. Sobre este punto, Nueva EPS refirió que generó la autorización para este servicio desde el 8 de noviembre de 2024 y que la accionante ingresó a hospitalización y urgencias los días 12 y 27 de noviembre de 2024 y 9, 17, 18 y 24 de diciembre de 2024[165].

 

150.       Por otro lado, esta Sala identificó con el historial de terapias agendadas y la historia clínica de la paciente que en los meses de mayo y septiembre se dieron interrupciones graves, pues en mayo no se agendó ninguna cita y en septiembre solo se agendaron dos citas en la primera semana del mes[166].

 

151.       De esta forma, la Sala considera que esta situación vulneró el derecho a la salud de la accionante en relación a sus componentes de continuidad e integralidad, pues es claro que: (i) la IPS Plenamente no brindó el servicio de terapias sino hasta después de tres meses de su prescripción por el médico tratante y autorización de la EPS; (ii) Nueva EPS no realizó el debido seguimiento a la prestación del servicio, ni brindo alternativas para que el mismo fuera prestado por otra IPS, así fuera en otro municipio; y (iii) en los meses de mayo y septiembre no se prestaron los servicios de terapia con la frecuencia ordenada por el médico tratante.  

 

2.3.Otros servicios en salud

 

152.       En lo concerniente al acceso a otros servicios y tecnologías en salud cabe resaltar que Nueva EPS refirió en cuanto a la autorización del estudio auditivo ordenado a la accionante, que este fue radicado el 14 de marzo de 2025 y autorizado bajo en nº. 269241945 en el Instituto de Audiología Integral de Pereira. No obstante, no se allegó prueba de su realización efectiva y según lo indicado por la parte accionante este no se había realizado para la fecha de la contestación en sede de revisión, es decir, el 1 de agosto de 2025.

 

153.       Sobre la cita de nutrición cetogénica ordenada el 29 de mayo de 2025 por el médico tratante, afirmó que no encontró solicitud alguna de nutrición radicada para esta fecha. En contraste con lo informado por Nueva EPS, esta Sala verificó que el 9 de julio de 2025 el médico tratante registró la siguiente información en la historia clínica de Sofía[167]:

 

“EN ANTERIOR CITA SE FORMULÓ DIETA CETOGENICA PERO EPS NEGÓ LA ENTREGA POR LA EDAS, A PESAR DE LA JUSTIFICACIÓN”.

 

“SE HALLABA ESTABLE, PRESENTO DETERIORO DE LA ENCEFALOAPTIA EN 12/2024 Y DESDE MARZO CON CRISIS FRECUENTES, CON BAJA REPUESTA EN ABRIL A LOS AJUSTES MÉDICAMENTOS ASI QUE SE HA DECIDIO INICIAR DIETA CETOGENICA EN RELACIÓN BAJA PARA IR ASCENDIENDO PERO EPS LA NEGÓ. SE DECIDE ANTE ELLO INICIAR ANAMIX NKH 120 GRS DÍA Y SE DEJA MIPRES PARA 1 MES. ENVÍO A NUTRICIÓN ESPECIAL DRA VALENTINA”.

 

154.       Por lo tanto, esta Sala evidencia que Nueva EPS incurrió en una vulneración reiterada y sistemática de los derechos fundamentales de Sofía, desconociendo los mandatos de especial protección reforzada aplicables a los niños y niñas en primera infancia, y en particular, a quienes padecen enfermedades huérfanas.

 

 

 

3.   Conclusiones y remedios

 

155.   La Sala Segunda de Revisión concluye que en el caso bajo estudio, Nueva EPS y las IPS Plenamente y Cafam vulneraron de forma continua y sistemática los derechos fundamentales de petición, a la salud, a la vida digna y a la seguridad social de Sofía, mientras que ella estuvo afilada a Nueva EPS, debido a que: (i) Nueva EPS no contestó de forma oportuna el derecho de petición presentado el 11 de noviembre de 2024 por la parte accionante, el cual pretendía garantizar el derecho a la salud de Sofía; (ii) Nueva EPS no ha emitido respuesta de fondo a la solicitud de ampliación de la licencia de maternidad de la progenitora, pues en específico no ha indicado si la madre de Sofía es acreedora de dicha ampliación en razón de la causal contenida en el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, que indica que se ampliará la licencia de maternidad a las madres de un hijo con condición de discapacidad; (iii) Nueva EPS negó en un primer momento la solicitud de exoneración del cobro de copagos o cuotas moderadoras solicitados en razón del diagnóstico de Sofía por Hiperglicinemia no cetósica, contestación que era contraria a la normatividad aplicable y a la realidad aplicada en el sistema de salud, lo que va en contra del principio de accesibilidad en salud que cobija, entre otros, el acceso a la información; (iv) Nueva EPS y la IPS Cafam no entregaron de manera oportuna, continua e integral los medicamentos e insumos prescritos por los médicos tratantes de Sofía, mientras la menor de edad estuvo afiliada a Nueva EPS; (v) Nueva EPS y la IPS Plenamente no velaron por el agendamiento oportuno, continuo e integral de las terapias prescritas a Sofía mientras que estuvo afiliada a Nueva EPS; (vi) Nueva EPS no logró probar que se hubiese llevado a cabo de forma efectiva y satisfactoria el estudio auditivo ordenado a la accionante; y (vii) Nueva EPS no logró justificar las razones que llevaron a que se negara la dieta cetogénica formulada por el médico tratante de Sofía.

 

156.       Por tanto, se ordenará a Nueva EPS que, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia, emita una respuesta de fondo a la solicitud elevada por la parte accionante respecto de la ampliación de la licencia de maternidad de la progenitora en dos (2) semanas adicionales, de conformidad con lo previsto en el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, para los casos de madres con hijos en situación de discapacidad.

 

157.       En particular, la EPS deberá: (i) convocar en un término de cuarenta y ocho (48) horas a un equipo multidisciplinario (médicos, psicólogos, trabajadores sociales y área jurídica) que evalúe integralmente las historias clínicas de Sofía y Catalina y la información relacionada en este expediente judicial para determinar el cumplimiento de los requisitos para acceder a dicha extensión de la licencia en favor de la progenitora; (ii) si para resolver de fondo fuese necesaria información o documentación adicional, la EPS deberá requerir de manera inmediata a la accionante o a la autoridad competente. Bajo ninguna circunstancia podrá darse la negativa del pago de la licencia en razón a la falta de información o documentación no solicitada previamente por la EPS; y (iii) una vez el equipo multidisciplinario haya evaluado toda la información requerida y emitido un concepto, Nueva EPS contará con un término máximo de tres (3) días para emitir la respuesta definitiva, que deberá ajustarse a los parámetros indicados a continuación: (a) en caso negativo, deberá exponer de manera clara, completa, congruente y motivada las razones médicas, jurídicas y fácticas que sustentan la decisión y (b) en caso afirmativo, procederá de inmediato a reconocer y pagar a Catalina las dos (2) semanas adicionales por licencia de maternidad.

 

158.       También se insta a Nueva EPS para que, en adelante, al momento de brindar información y responder los derechos de petición presentados por sus afiliados en relación con copagos y cuotas moderadoras, las contestaciones que emita se ajusten a la normativa vigente desde el primer momento en que se realizan las peticiones, pues de lo contrario se estarían vulnerando los derechos fundamentales de los usuarios, tal como sucedió en esta ocasión.

 

159.   A todo lo anterior se suma que el presente caso pone de manifiesto una situación reiterada de incumplimiento por parte de Nueva EPS en relación con las órdenes impartidas por los jueces de tutela. Sobre ello, se constató que, pese a que el juez de instancia del proceso bajo revisión dispuso expresamente que Nueva EPS debía brindar una respuesta clara, precisa, congruente y acorde con lo solicitado por la parte actora, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su notificación, la entidad prolongó por más de tres meses la entrega de la primera contestación a la accionante y por más de seis meses la entrega de la segunda. 

 

160.   Adicionalmente, se evidenció que Nueva EPS tampoco dio cumplimiento estricto a las órdenes de tratamiento integral emitidas en los fallos que resolvieron los expedientes 567 y 345, aun cuando en este último se declaró la configuración de un incidente de desacato y se impuso una sanción consistente en multa equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a Bernardo Armando Camacho Rodríguez, antiguo interventor de Nueva EPS.

 

161.   Así las cosas, es menester recordar que el cumplimiento estricto, oportuno e integral de las órdenes judiciales constituye un pilar esencial del Estado Social de Derecho. La desatención de tales mandatos en materia de salud atenta contra la eficacia de la administración de justicia y desconoce el carácter vinculante e inmediato de las decisiones proferidas en sede de tutela. Cuando un juez de tutela emite una orden de tratamiento integral en salud, involucra una atención ininterrumpida, completa, diligente, oportuna y con calidad. De manera que, en tales casos, la prestación del servicio de salud debe incluir todos los elementos que prescriba el médico tratante al usuario, relacionados con la o las patologías diagnosticadas al paciente.

 

162.   En este contexto, la Sala considera necesario subrayar que, en el caso concreto, Nueva EPS no solo generó una revictimización a la parte accionante en cuanto a la falta de la debida prestación de los servicios de salud, sino que la llevó a interponer más de una acción de tutela ante la administración de justicia con el fin de que se garantizaran sus derechos fundamentales e, incluso así, no los garantizó.

 

163.   Por ende, la Sala considera que la reiteración de estas conductas pone de presente un patrón de incumplimiento sistemático de, primero, las funciones y deberes de Nueva EPS como entidad promotora de salud y, segundo, las órdenes judiciales que se le imponen, situación que repercutió directamente en la efectividad de los derechos fundamentales a la vida, la dignidad humana y la seguridad social de la accionante, lo que resulta especialmente grave tratándose de la protección reforzada de una bebé diagnosticada con una enfermedad huérfana.

 

164.   En consecuencia, si bien Nueva EPS ya no es la entidad encargada de asegurar la debida prestación del servicio de salud de Sofía, debido a que los representantes legales de la menor de edad surtieron de forma efectiva el traslado a la EPS Suramericana S.A., esta Sala no puede pasar por alto que la realidad es que la accionante estuvo sometida a una prestación deficiente del servicio de salud por casi un año completo, siendo este a su vez el primer año de vida de una usuaria diagnosticada con una enfermedad huérfana.

 

165.   Así las cosas, esta Corporación, primero, advertirá a Nueva EPS y a las IPS Plenamente y Cafam que, en ningún caso, vuelvan a incurrir en las acciones u omisiones que llevaron a la selección de este asunto. Además, se advertirá en particular a Nueva EPS que, en lo sucesivo, cumpla con las órdenes impartidas por los jueces de tutela. Al efecto, la Sala estima necesario recordar que los actores del sistema de salud deben abrirse a espacios de cooperación, articulación y dialogo, con el fin de superar las fallas en la prestación de los servicios a su cargo. Asimismo, deben garantizar la transparencia en la gestión y en el uso de los recursos.

 

166.   Por lo tanto, se ordenará a Nueva EPS que, cuando tenga conocimiento de la imposibilidad de entrega de medicamentos o insumos a sus afiliados por parte de las IPS o gestores farmacéuticos asignados, active inmediatamente alguna de las siguientes vías, con el fin de cumplir con el tiempo de entrega de medicamentos señalados en la Resolución 1604 del 17 de mayo 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social:

 

(i)               Negocie de manera conjunta y directa la compra de los medicamentos requeridos con los laboratorios productores e importadores. Ello, mientras que la EPS se encuentre intervenida y el acuerdo aprobado por medio de la Resolución 35379 de 2025[168] de la Superintendencia de Industria y Comercio esté vigente.

(ii)             Redireccione de forma inmediata la autorización hacia otra institución o gestor que sí pueda cumplir con la dispensación.

(iii)          Agende una cita prioritaria con el médico tratante para que, si es médicamente viable, reformule la prescripción.

(iv)           Adquiera directamente el medicamento en el canal comercial para su entrega inmediata al usuario.

 

167.   Por su parte, se ordenará a la IPS Cafam diseñar e implementar estrategias internas que aseguren la entrega oportuna de medicamentos, especialmente tratándose de sujetos de especial protección constitucional. Para ello deberá: (i) establecer una logística que permita el traslado efectivo y eficaz de medicamentos entre puntos de dispensación, (ii) crear sistemas de alerta temprana hacia la EPS cuando se prevea un incumplimiento, y (iii) desarrollar mecanismos que prioricen la entrega en función del diagnóstico, urgencia, edad y condición socioeconómica de los pacientes. Ello, de conformidad con la Ley 100 de 1993 y la Resolución 740 de 2024[169].

 

168.   Adicionalmente, se ordenará a Nueva EPS que realice una valoración sobre la capacidad de atención de la IPS Plenamente, tomando como base los indicadores mensuales de atención que esta le remite, con el fin de determinar si puede garantizar de manera oportuna la prestación de terapias a todos los afiliados pediátricos de la EPS en la ciudad de Manizales pues, como ya se indicó, esta es la única IPS contratada por Nueva EPS para este fin en la red prestadora de la zona. En caso de concluirse que la capacidad de dicha IPS no es suficiente, es necesario que Nueva EPS implemente estrategias preventivas y reactivas que permitan la debida prestación del servicio de terapias a sus usuarios pediátricos.

 

169.   Además, la IPS Plenamente deberá informar de manera inmediata a Nueva EPS, mientras se encuentre adscrita a su red, cuando no cuente con disponibilidad para prestar los servicios de terapia de los pacientes pediátricos remitidos por aquella. En ese sentido, se ordenará a Nueva EPS y a la IPS Plenamente que habiliten canales de información ágiles que permitan alertar sobre la saturación de agendas en servicios como terapias físicas, ocupacionales, de rehabilitación y fonoaudiología.

 

170.    Con todo, se precisa que las órdenes previstas en este primer punto adquieren especial relevancia si se tiene en cuenta lo señalado en los autos que ha emitido la Sala de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 durante el año 2025, entre ellos, por ejemplo, los autos 1280[170] y 1282[171]. En dichas decisiones se advirtió un incremento sostenido de casos relacionados con la demora en el suministro de medicamentos, servicios, tecnologías e insumos en salud, situación que ha conllevado a un aumento significativo en la interposición de acciones de tutela para acceder a tales prestaciones. Así, esta tendencia evidencia la persistencia de fallas sistemáticas por parte de los actores del sistema de salud que afectan la adecuada prestación y garantía de este derecho fundamental.

 

171.   En igual sentido, la Defensoría del Pueblo ha señalado, con fundamento en las estadísticas de esta Corporación[172], que existe un incremento anual en las tutelas radicadas ante la Corte Constitucional, lo que evidencia la negación, calidad deficiente y existencia de barreras para la atención y prestación de los servicios de salud. Para el año 2024, las acciones de tutela en esta materia aumentaron en un 34,10 % respecto de 2023 y en un 26,47 % entre 2023 y 2022[173].

 

172.   En este contexto, se justifica que la Sala adopte órdenes orientadas a prevenir la reiteración de las prácticas que dieron lugar a la vulneración sistemática de los derechos de la accionante, aun cuando actualmente ya no se encuentre afiliada a Nueva EPS ni reciba servicios de las IPS Cafam y Plenamente.

 

173.   Las medidas aquí impartidas constituyen respuestas proporcionales y adecuadas frente a una problemática reiterada y documentada en el sistema de salud por la misma Corte Constitucional, cuya manifestación concreta en el caso bajo revisión demuestra la necesidad de fortalecer los mecanismos de coordinación, gestión y oportunidad en la prestación de los servicios de las accionadas y vinculadas al expediente de la referencia, pues mediante acciones integrales como las ordenadas es posible evitar la reproducción de las falencias que originaron la vulneración de derechos fundamentales de la menor de edad.

 

174.   Segundo, en razón a las vulneraciones encontradas al interior del caso concreto, la Sala ordenará a la Superintendencia Nacional de Salud iniciar de manera inmediata los procesos administrativos sancionatorios que correspondan contra Nueva EPS y las IPS Plenamente y Cafam.

 

175.   Asimismo, se ordenará a los representantes legales de las IPS vinculadas y a la actual interventora de Nueva EPS que, en ejercicio de sus funciones de vigilancia interna, adopten las medidas administrativas y operativas que permitan cumplir los deberes y funciones legales de las instituciones a su cargo, pues se recuerda que su labor está directamente relacionada con la debida garantía del derecho fundamental a la salud. Así, se insta a dichas entidades a reforzar el cumplimiento de sus funciones, según corresponda, en relación con la calidad en la prestación de los servicios en salud, la oportuna entrega de los medicamentos, el agendamiento de servicios y la implementación de medidas correctivas frente al incumplimiento reiterado de servicios. En ese sentido, se ordenará que, en virtud de lo anterior, las IPS vinculadas y Nueva EPS remitan un informe conjunto a la Superintendencia Nacional de Salud señalando las medidas administrativas y operativas adoptadas para el mejoramiento de la prestación de los servicios de salud a sus usuarios.

 

176.   Tercero, con el fin de proteger la dimensión objetiva de los derechos fundamentales transgredidos y tomar medidas para que los hechos vulneradores no se repitan, esta Sala ordenará a la EPS Suramericana S.A. que le dé continuidad a los tratamientos médicos prescritos a la menor de edad Sofía en relación con sus diagnósticos de “alteración visual: no especificada, trastorno del metabolismo de la glicina, retardo en desarrollo y epilepsia tipo no especificado”.

 

177.   Es importante reiterar que, aunque la acción de tutela no fue presentada contra la EPS Suramericana S.A., sino que esta fue vinculada durante el trámite de revisión, en razón al traslado efectivo que realizaron los representantes de Sofía de Nueva EPS a la EPS Suramericana S.A., se aclara que las órdenes que se emitirán a la EPS Suramericana S.A. no responden a una vulneración de derechos de la accionante por parte de esta entidad, sino que estas órdenes se dan en el marco del principio de continuidad del Sistema de Salud.

 

178.   En este contexto, se recuerda que el principio de continuidad tiene como finalidad garantizar que, una vez iniciado un tratamiento médico, este no sea interrumpido por factores ajenos a la necesidad clínica del paciente, como el traslado de EPS[174] u otros trámites administrativos, especialmente considerando que en el caso concreto dicho tratamiento se refiere a un diagnóstico complejo como el trastorno del metabolismo de la glicina. Por lo tanto, en virtud del principio de continuidad, se considera que, en este caso excepcional, la Corte Constitucional puede y debe ordenar la continuación de los tratamientos médicos a la EPS Suramericana S.A.

 

179.   Con todo, esta Sala concluye que en el caso concreto no sería constitucional esperar a que se interponga una nueva acción de tutela contra la EPS Suramericana S.A., cuando desde ahora se está observando por esta Sala la necesidad urgente de garantizar la continuidad del tratamiento médico de la menor de edad conforme a su historia clínica y la gravedad del diagnóstico. En razón de ello, se decretará que la EPS Suramericana S.A:

 

(i)               Otorgue tratamiento integral a la menor de edad Sofía para los diagnósticos de alteración visual no especificada, trastorno del metabolismo de la glicina, retardo en desarrollo y epilepsia tipo no especificado. Y, en ese sentido, coordine, bajo los principios de continuidad, integralidad y oportunidad, los servicios en salud de entrega de medicamento,  prestación de los servicios de terapia y agendamiento de citas médicas.

(ii)             En virtud de lo anterior, en caso que las IPS con las que tenga convenio la EPS no tengan agenda, se debe dar acceso a los servicios de salud de Sofía en municipios cercanos, cubriéndose los gastos de traslado correspondientes[175].

(iii)          Si no lo ha hecho, exonere del pago de copagos y cuotas moderadoras a Sofía en relación con los diagnósticos de “E725 – Trastornos del Metabolismo de la Glicina – Hiperglicinemia no cetósica” y “G402 – Epilepsia y síndromes epilépticos”.

(iv)           Se agende de forma inmediata cita con un especialista en nutrición para que evalúe el estado de salud y el tratamiento correspondiente a seguir para Sofía.

(v)             Se agenden de forma inmediata citas con los especialistas pertinentes para llevar a cabo los servicios de “potenciales evocadas auditivas de corta latencia con curva función intensidad latencia”, “potenciales visuales evocados multifocales” y “potenciales evocados auditivos de corta latencia medición de integridad. Ello, con el fin de que la menor de edad Sofía sea atendida por aquellos y se determine la pertinencia y necesidad de prescribir nuevamente dichos servicios.

 

180.   Además, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 118, 277, 282 y 284 de la Constitución Política y con el propósito de (i) garantizar el ejercicio de los derechos humanos y (ii) que se vigile el cumplimiento de la Constitución Política y las decisiones judiciales, se ordenará a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación que acompañen a la parte accionante en el cumplimiento de esta providencia y adelanten las gestiones requeridas en el marco de sus competencias.

 

181.   Por último y, en cuarto lugar, es preciso concluir que, de conformidad con la contestación remitida en sede de revisión por la Superintendencia Nacional de Salud, la Sala evidenció que esta entidad brindó una respuesta oportuna y completa a los requerimientos formulados por la accionante en su momento. Asimismo, se constató que la Superintendencia realizó un acompañamiento continuo a la parte accionante y efectuó los requerimientos pertinentes con el fin de garantizar la atención del caso.

 

182.   Sin embargo, a partir de lo señalado por Catalina en sede de revisión, se advierte que la parte actora afirmó no tener conocimiento del estado del trámite de la PQRS presentada ante la Superintendencia, ni de las actuaciones adelantadas por dicha entidad en el marco de dicho asunto. Ello, en razón a que Catalina refirió en su contestación que la Superintendencia Nacional de Salud no le había enviado respuesta alguna frente al caso radicado bajo el número 123.

 

183.   En consecuencia, esta Sala ordenará a la Superintendencia Nacional de Salud que se comunique inmediatamente con la accionante a fin de informarle de manera clara y detallada sobre el estado del proceso y las gestiones adelantadas en su caso.

 

184.   Además, se dispondrá que la Superintendencia Nacional de Salud realice un seguimiento integral y continuo respecto del cumplimiento de esta sentencia durante el término de un (1) año contado a partir de su notificación, con el propósito de asegurar que la EPS Suramericana S.A., la Nueva EPS y las IPS Plenamente y Cafam acaten en debida forma las órdenes aquí impartidas.

 

185.   Para tal efecto, la Superintendencia deberá: (i) comunicarse mensualmente con la parte actora para conocer que se estén brindando efectivamente los servicios de salud a Sofía, (ii) requerir, según considere oportuno y necesario, a las EPS y las IPS para evaluar su nivel de cumplimiento y (iii) llevar trazabilidad de todas las actuaciones efectuadas. En caso de incumplimiento de las órdenes impartidas en esta providencia por las EPS y las IPS, la Superintendencia Nacional de Salud deberá iniciar de manera inmediata los procesos administrativos sancionatorios que correspondan.

 

186.   Por lo demás, se indica que se remitirá esta providencia a los Juzgados 003 y 007 Administrativos de Manizales y al Tribunal Administrativo de Caldas y se les ordenará que anonimicen de inmediato los documentos registrados en el sistema SAMAI relacionados con los expedientes 567, 345 y 789. Asimismo, para futuras actuaciones, se les recuerda que deben observar lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales y habeas data. Igualmente se remitirá copia de esta sentencia a la Sala Especial de Seguimiento al Cumplimiento de la Sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional, por cuanto las decisiones adoptadas guardan relación directa con las materias objeto de su vigilancia, tal como se expuso en el fundamento jurídico 170 de esta providencia.

 

IV.  DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

 

RESUELVE

 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de única instancia proferida el 7 de febrero de 2025 por el Juzgado 007 Penal del Circuito de Manizales, Caldas, que concedió el amparo del derecho fundamental de petición formulado por Catalina, en representación de su hija Sofía, en contra de Nueva EPS.

 

SEGUNDO. CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna y a la seguridad social de la accionante.

 

TERCERO. ORDENAR a Nueva EPS que, conforme a los términos previstos en esta providencia en el fundamento jurídico 157, emita una respuesta de fondo a la solicitud elevada por la parte accionante respecto de la ampliación de la licencia de maternidad de la progenitora en dos (2) semanas adicionales.

 

CUARTO. ADVERTIR a Nueva EPS y a las IPS Plenamente y Cafam que en ningún caso vuelvan a incurrir en las acciones u omisiones que llevaron a la selección de este caso. Y, a Nueva EPS que en lo sucesivo cumpla con las ordenes impartidas por los jueces de tutela.

 

QUINTO. ORDENAR a Nueva EPS que cuando tenga conocimiento de la imposibilidad de entrega de medicamentos o insumos a sus afiliados por parte de las IPS o gestores farmacéuticos asignados active inmediatamente alguna de las vías alternas indicadas en el fundamento jurídico 166 de esta providencia, con el fin de cumplir con el tiempo de entrega de medicamentos señalados en la Resolución 1604 del 17 de mayo 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

 

SEXTO. ORDENAR a la IPS Cafam diseñar e implementar, en un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, estrategias internas que aseguren la entrega oportuna de medicamentos, especialmente tratándose de sujetos de especial protección constitucional. Ello, conforme a lo indicado en el fundamento jurídico 167 de esta providencia.

 

SÉPTIMO. ORDENAR a Nueva EPS que, en un plazo máximo de cinco (5) meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, realice una valoración sobre la capacidad de atención de la IPS Plenamente, tomando como base los indicadores mensuales de atención remitidos por esta, con el fin de determinar si puede garantizar de manera oportuna la prestación de terapias a todos los afiliados pediátricos de la EPS en la ciudad de Manizales. En caso de concluirse que la capacidad de dicha IPS no es suficiente, es necesario que Nueva EPS implemente, en un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la notificación de esta providencia, estrategias preventivas y reactivas que permitan la debida prestación del servicio.

 

OCTAVO. ORDENAR a la IPS Plenamente informar a Nueva EPS de manera inmediata cuando no cuente con disponibilidad para prestar los servicios de los pacientes pediátricos remitidos por aquella. En ese sentido, ORDENAR a Nueva EPS y a la IPS Plenamente que habiliten, en un plazo máximo de un (1) mes contado a partir de la notificación de esta sentencia, canales de información ágiles que permitan alertar sobre la saturación de agendas en servicios como terapias físicas, ocupacionales, de rehabilitación y fonoaudiología.

 

NOVENO. ORDENAR a la Superintendencia Nacional de Salud que inicie de manera inmediata los procesos administrativos sancionatorios que correspondan contra Nueva EPS y las IPS Plenamente y Cafam.

 

DÉCIMO. ORDENAR a la interventora de Nueva EPS y a los representantes legales de las IPS Plenamente y Cafam que en un término de dos (2) meses remitan un informe conjunto a la Superintendencia Nacional de Salud señalando las medidas administrativas y operativas que adoptaran para el mejoramiento de la prestación de los servicios de salud, conforme a las consideraciones expuestas en el fundamento jurídico 175 de esta providencia.

 

DÉCIMO PRIMERO. ORDENAR a la EPS Suramericana S.A. que le dé continuidad a los tratamientos médicos prescritos a la menor de edad Sofía en relación con sus diagnósticos de alteración visual no especificada, trastorno del metabolismo de la glicina, retardo en desarrollo y epilepsia tipo no especificado.

 

DÉCIMO SEGUNDO. ORDENAR a la EPS Suramericana S.A. que, a partir de la notificación de la presente providencia, garantice la prestación integral y continua del tratamiento médico a Sofía, asegurando la cobertura de los servicios requeridos para sus diagnósticos de alteración visual no especificada, trastorno del metabolismo de la glicina, retardo en desarrollo y epilepsia tipo no especificado, bajo los principios de continuidad, integralidad y oportunidad, conforme a lo indicado en los fundamentos jurídicos 176 y siguientes de esta providencia.

 

DÉCIMO TERCERO. ORDENAR a la EPS Suramericana S.A. que, si no lo ha hecho, exonere a Sofía del pago de copagos y cuotas moderadoras en relación con los diagnósticos de “E725 – Trastornos del Metabolismo de la Glicina – Hiperglicinemia no cetósica” y “G402 – Epilepsia y síndromes epilépticos”, conforme a lo indicado en esta providencia. Esta orden deberá cumplirse desde la notificación de la sentencia.

 

DÉCIMO CUARTO. ORDENAR a la EPS Suramericana S.A. que, en caso de que no se haya hecho, en un término máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de esta providencia, programe a Sofía una valoración médica con un especialista en nutrición y agende cita con los especialistas pertinentes para llevar a cabo los servicios de “potenciales evocadas auditivas de corta latencia con curva función intensidad latencia”, “potenciales visuales evocados multifocales” y “potenciales evocados auditivos de corta latencia medición de integridad.

 

DÉCIMO QUINTO. ORDENAR a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación que acompañen a la parte accionante en el cumplimiento de esta providencia y adelanten las gestiones requeridas en el marco de sus competencias, según corresponda.  

 

DÉCIMO SEXTO. ORDENAR a la Superintendencia Nacional de Salud que se comunique inmediatamente con la accionante a fin de informarle de manera clara y detallada sobre el estado del proceso y las gestiones adelantadas en el caso radicado bajo el número 123.

 

DÉCIMO SÉPTIMO. ORDENAR a la Superintendencia Nacional de Salud que realice un seguimiento integral y continuo del cumplimiento de esta sentencia durante el término de un (1) año contado a partir de su notificación, conforme a las consideraciones previstas en los fundamentos jurídicos 184 y 185 de esta providencia.

 

DÉCIMO OCTAVO. ORDENAR a los Juzgados 003 y 007 Administrativos de Manizales y al Tribunal Administrativo de Caldas que anonimicen de inmediato los documentos registrados en el sistema SAMAI relacionados con los expedientes 567, 345 y 789. Asimismo, para futuras actuaciones, se les recuerda que deben observar lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales y habeas data.

 

DÉCIMO NOVENO. REMITIR, por Secretaría General de la Corte Constitucional,  copia de esta providencia a la Sala Especial de Seguimiento al Cumplimiento de la Sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional para su conocimiento.

 

VIGÉSIMO. ORDENAR que, por medio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, se LIBREN las comunicaciones a que alude el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General