REPÚBLICA DE COLOMBIA

 

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Séptima de Revisión de Tutelas

 

Sentencia T-522 de 2025

 

Referencia: T-11.296.049; T-11.308.086 y T-11.362.946 (acumulados)

 

Asunto: acciones de tutela interpuestas por María Paula en contra de la Superintendencia de Notariado y Registro - Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santander de Quilichao; por Sandra en contra del Colegio Eucarístico Villa Guadalupe de Bogotá; y por Claudia en contra de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá

 

Magistrada ponente: Paola Andrea Meneses Mosquera

 

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

 

La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, quien la preside, así como por los magistrados Héctor Alfonso Carvajal Londoño y Carlos Camargo Assis, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, dicta la siguiente

 

SENTENCIA[1]

 

Síntesis de la decisión

 

Hechos. La Sala Séptima conoció tres acciones de tutela promovidas por: (i) una contratista que prestó servicios a una entidad estatal (T-11.296.049); (ii) una servidora pública nombrada en provisionalidad en una vacante temporal (T-11.362.946); y (iii) una docente de un colegio que, durante 5 años, estuvo vinculada mediante contratos sucesivos a término fijo (T-11.308.086). Las accionantes alegaron ser titulares de estabilidad laboral reforzada por encontrarse en situación de debilidad manifiesta derivada de graves afecciones de salud. Asimismo, sostuvieron que, pese a conocer su condición de salud, sus empleadores terminaron o decidieron no renovar sus contratos sin respetar las garantías del fuero de salud. Esto, dado que (i) no solicitaron autorización al inspector del trabajo y (ii) no probaron la existencia de una causa objetiva que justificara la desvinculación. En tales términos, solicitaron ordenar el amparo de sus derechos fundamentales, así como el pago de las prestaciones y honorarios que correspondan.

 

Decisión de la Sala. Respecto de cada tutela acumulada, la Sala Séptima resolvió lo siguiente:

 

 

I.                  ANTECEDENTES

 

1.                 El 28 de agosto de 2025[2], la Sala de Selección Número Ocho de 2025 de la Corte Constitucional decidió acumular y seleccionar para revisión las sentencias dictadas en el trámite de las acciones de tutela presentadas por tres trabajadoras que alegan que (i) eran titulares de estabilidad laboral u ocupacional reforzada al encontrarse en situación de debilidad manifiesta por su condición de salud y (ii) sin embargo, sus empleadores desconocieron el fuero de salud, al desvincularlas sin autorización del inspector del trabajo. El siguiente cuadro precisa el número de expediente, las accionantes y las entidades accionadas en cada una de las tutelas acumuladas:

 

Tabla 1

 

2.                 Para estudiar las acciones de tutela acumuladas, la Sala presentará una descripción de los hechos que fundamentan las solicitudes de amparo, así como del trámite de instancia y de revisión de cada una de estas acciones. Luego, examinará si las acciones de tutela cumplen con los requisitos generales de procedibilidad. Por último, de ser procedente, evaluará si las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales de las accionantes y, de ser así, adoptará los remedios que correspondan.

 

1.            Expediente T-11.296.049. Acción de tutela interpuesta por María Paula en contra de la Superintendencia de Notariado y Registro y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santander de Quilichao

 

(i)          Hechos relevantes

 

3.                 El 4 de abril de 2024, la señora María Paula suscribió un contrato de prestación de servicios con la Superintendencia de Notariado y Registro (en adelante, la “SNR”) para ocupar el cargo de auxiliar administrativa en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santander de Quilichao (en adelante, la “ORIP”). La cláusula tercera del contrato dispuso que el término de ejecución sería “inicialmente de 09 meses y quince días”, que el contrato no podía “superar el 31 de diciembre de 2024” y que se ejecutaría “a partir de la suscripción del acta de inicio entre el Contratista y el Supervisor”[3].

 

4.                 El 14 de mayo de 2024, la señora María Paula fue hospitalizada durante diez días por un dolor intenso en la espalda. De acuerdo con la historia clínica, los médicos tratantes diagnosticaron que la accionante tenía “trastorno bipolar, discopatía cervical y lumbar y radiculopatía lumbar”[4]. El 24 de mayo de 2024, la señora María Paula fue dada de alta. Sin embargo, el médico tratante de la Clínica Rafael Uribe Uribe otorgó una incapacidad por ocho días adicionales[5]. Posteriormente, el 7 de octubre de 2024, el médico tratante del Hospital Francisco de Paula Santander de Quilichao, otorgó 3 días adicionales de incapacidad, entre el 3 y el 5 de octubre del mismo año, “para revisión general y seguimiento del trastorno afectivo bipolar”. El 22 de octubre de 2024, el Ministerio de Salud y Protección Social calificó a la accionante con “discapacidad física”[6].

 

5.                 El 31 de diciembre de 2024, venció el plazo del contrato. La SNR decidió no renovarlo porque la supervisora del contrato calificó negativamente a la señora María Paula. Según el informe, la calificación negativa se fundó en que la accionante “no cumple con las tareas a ella encomendadas, por su supuesta condición médica, falta demasiado al trabajo y, por ello, no se le puede asignar tareas específicas”[7]. Por tanto, se emitió un concepto de “cambio de contratista”[8] para la siguiente vigencia.

 

(ii)        Trámite de la acción de tutela

 

6.                 Solicitud de tutela. El 9 de abril de 2025, María Paula interpuso una acción de tutela en contra de la SNR y de la ORIP. Sostuvo que la decisión de la SNR de no renovar el contrato constituyó un acto discriminatorio que vulneró sus derechos fundamentales “a la salud, al mínimo vital y a la seguridad social, y a [la] estabilidad reforzada debido a [su] condición médica, estando en debilidad manifiesta”[9].

 

7.                 Según la accionante, a la fecha de la terminación del contrato era titular de estabilidad laboral reforzada (en adelante, “ELR”) por razones de salud, habida cuenta de que presentaba limitaciones severas de movilidad y en actividades básicas de la vida diaria^[10]. No obstante, las accionadas resolvieron “despedirla” sin la autorización previa del Ministerio del Trabajo, lo cual, en su criterio, es “ilegal”[11]. Asimismo, aseguró que la SNR no pagó los honorarios en los meses de mayo y octubre de 2024, que correspondían a periodos en los que estuvo incapacitada^[12]. La accionante señaló que es estudiante universitaria, lo cual, sumado a su estado de salud, le impide conseguir un nuevo empleo. Por otro lado, afirmó que el despido afectó el acceso a los tratamientos médicos necesarios para su recuperación y agravó su dificultad para “generar ingresos y garantizar el bienestar económico, emocional y, sobre todo, [su] seguridad social”.

 

8.                 En tales términos, formuló las siguientes pretensiones: (i) amparar sus derechos fundamentales, (ii) ordenar el reintegro a un “cargo igual o superior al que tenía” y (iii) adoptar medidas que garanticen “acceso a incapacidades, auxilios o beneficios que correspondan”[13].

 

9.                 Admisión de tutela, vinculaciones y contestaciones. El 9 de abril de 2025, el Juzgado 001 Promiscuo de Familia del Circuito de Santander de Quilichao admitió la tutela y vinculó al trámite a varias entidades[14]. El siguiente cuadro resume los escritos de respuesta:

 

Tabla 2

 

10.            La Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Salud y Protección Social, así como la Inspección del Trabajo de Santander de Quilichao, no respondieron.

 

11.            Sentencia de primera instancia. El 29 de abril de 2025, el Juzgado 001 Promiscuo de Familia de Santander de Quilichao declaró improcedente la tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad. Consideró que la accionante “tiene a su disposición un medio de control judicial e idóneo para formular la pretensión”[21], a saber: la nulidad y el restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Por lo demás, argumentó que este medio era eficaz y no existía un riesgo de perjuicio irremediable al mínimo vital, porque la accionante estaba vinculada al Sistema General de Seguridad Social en Salud[22]. En cualquier caso, aun si “en gracia de discusión”[23] se admitiera que la acción satisfacía el requisito de subsidiariedad, el contrato de prestación de servicios “no genera en ningún caso relación laboral ni prestaciones sociales” y, por tanto, no confiere estabilidad laboral.

 

12.            Impugnación. El 8 de mayo de 2025, la accionante impugnó la decisión de primera instancia. Afirmó que la tutela procede como mecanismo principal ante la existencia de un perjuicio irremediable, dado que un proceso ante la jurisdicción contencioso-administrativa tardaría mucho en culminar, por lo que resultaría ineficaz para proteger su mínimo vital y garantizar la continuidad de su tratamiento médico. Por otro lado, argumentó que el Juzgado 001 Promiscuo de Familia de Santander de Quilichao incurrió en “una valoración inadecuada de las pruebas y en un desconocimiento del precedente constitucional” sobre la estabilidad laboral reforzada. Esto se debe a que ignoró que la Corte Constitucional extendió la protección de la estabilidad ocupacional reforzada a los contratos de prestación de servicios^[24]. Además, pasó por alto que su historia clínica evidencia que es titular de estabilidad ocupacional reforzada, dado que (i) padece patologías progresivas que limitan su capacidad laboral y (ii) el Ministerio de Salud certificó que tiene una discapacidad con afectaciones del 80% en movilidad, 75% en cuidado personal y actividades básicas y 50% en participación, lo que le impide acceder a un nuevo empleo y compromete su estabilidad económica.

 

13.            Sentencia de segunda instancia. El 9 de junio de 2025, la Sala Civil-Familia del Tribunal de Popayán confirmó la decisión de primera instancia. Consideró que la accionante dispone de acciones y medios de control ante la jurisdicción contencioso-administrativa en la que puede plantear sus pretensiones y solicitar medidas cautelares. Además, determinó que “no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que justifique la intervención inmediata del juez constitucional”[25]. Esto, porque la accionante “no aportó elementos probatorios, ni siquiera sumarios, que demuestren la inexistencia de otros ingresos, redes de apoyo o condiciones económicas”[26]. Por otro lado, añadió que el derecho a la salud no estaba amenazado, dado que la accionante “se encuentra afiliada a la entidad Nueva EPS bajo el régimen subsidiado”[27] y recibe atención médica en la E.S.E. Quilisalud y otras IPS[28]. En este sentido, concluyó que la tutela era improcedente porque se utilizó “como un mecanismo sustitutivo del proceso ordinario, lo cual resulta contrario a su naturaleza subsidiaria y residual”^[29].

 

(iii)          Actuaciones en sede de revisión

 

14.            Auto de pruebas. Mediante auto del 3 de octubre de 2025, la magistrada sustanciadora decretó pruebas de oficio y solicitó información sobre cinco temas principales: (i) la situación socioeconómica y familiar de la accionante; (ii) el estado de salud actual; (iii) el conocimiento que tenía la accionada sobre las condiciones de salud y la justificación para la terminación del vínculo; (iv) las solicitudes de autorización al Ministerio del Trabajo para desvincular a la accionante; y (v) las acciones judiciales -tutela, demandas ordinarias y medios de control- interpuestas por los mismos hechos[30].

 

15.            Respuestas recibidas en el recaudo probatorio. El siguiente cuadro resume las respuestas al auto de pruebas:

 

Tabla 3

 

2.       Expediente T-11.362.946. Acción de tutela interpuesta por Claudia en contra de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá

 

(i)     Hechos relevantes

 

16.            El 9 de marzo de 2023, Claudia se vinculó a la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá (en adelante, la “SEDB”) en el cargo de auxiliar administrativa, mediante nombramiento en provisionalidad para ocupar una vacante temporal en la Dirección Local de Educación Santa Fe y La Candelaria[33]. La SEDB abrió la vacante temporal porque la titular del cargo, Regina, había sido nombrada en un cargo de mayor grado en un colegio distrital.

 

17.            De acuerdo con la acción de tutela, a partir de noviembre de 2023, la señora Claudia presentó dolores y lesiones en un seno, lo que la llevó a someterse a varios tratamientos de drenaje y a un procedimiento quirúrgico. En enero de 2024, el médico tratante le diagnosticó mastitis granulomatosa crónica y le otorgó una incapacidad de 30 días. Luego, el 17 de agosto de 2024, diagnosticó carcinoma papilar de tiroides, que requirió tiroidectomía y tratamiento permanente por hipotiroidismo. Asimismo, en el 2025 fue sometida a yodoterapia con aislamiento de ocho días y, a la fecha, sigue en controles de mastología, nutrición, psicología y endocrinología oncológica[34]. Según la accionante, su situación de salud la afectó psicológicamente, por lo que ha recibido tratamiento por depresión y ansiedad.

 

18.            Mediante Resolución No. 1567 del 16 de mayo de 2025[35], la SEDB declaró la terminación de la vacancia temporal del cargo de auxiliar administrativo en la Dirección Local de Educación Santa Fe y La Candelaria. Asimismo, dispuso el reintegro de la servidora Regina, titular del cargo, a partir del 20 de mayo de 2025. La entidad explicó que mediante comunicaciones del 6 y del 14 de mayo de 2025, la servidora informó que había renunciado, por lo que solicitó dar por terminada la vacancia y regresar a su cargo de origen. Con fundamento en el inciso 3º del numeral 5º del artículo 31 de la Ley 909 de 2004[36], la SEDB aceptó la renuncia al cargo, dio por terminada la vacancia temporal y ordenó el reintegro a la planta de personal en el cargo de carrera.

                                                                                

19.            El 16 de mayo de 2025, la señora Claudia, quien había ocupado la vacante temporal, presentó un derecho de petición en el que solicitó a la SEDB su inclusión en (i) la lista de protección laboral prevista en el parágrafo 2 del artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015 (mod. D. 498/2020); y (ii) el listado de personas protegibles por enfermedad catastrófica según la Circular 13 de 2024 de la SEDB. Además, pidió (iii) el amparo de su estabilidad laboral reforzada por razones de salud[37]. Para respaldar su petición, anexó certificados de incapacidad, de atención médica y de diagnósticos, entre otros[38].

 

(ii)        Trámite de la acción de tutela

 

20.            Solicitud de tutela. El 18 de junio de 2025, Claudia interpuso acción de tutela contra la SEDB por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales de petición y al debido proceso. Argumentó que la accionada vulneró sus derechos fundamentales porque no contestó oportunamente a la petición de información que presentó el 16 de mayo de 2025, en la que solicitó “protección laboral”. En este sentido, pidió al juez constitucional “tutelar el derecho fundamental de petición” y “ordenar a la Secretaría de Educación Distrital brindar respuesta de fondo, de forma adecuada, pertinente […] y sin evasivas”[39].

 

21.            Admisión de tutela y contestación. El 18 de junio de 2025, el Juzgado 102 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá admitió la tutela. Asimismo, solicitó a la SEDB que informara “el motivo por el cual, a la fecha, no se ha dado respuesta al derecho de petición elevado por la accionante y, en el evento de que ya hubiese sido contestado de fondo, remitir las pruebas que así lo demuestren”[40].

 

22.            El 24 de junio de 2025, la SEDB presentó escrito de contestación en el que solicitó declarar la carencia actual de objeto, con fundamento en que, mediante los oficios de 19 y 20 de junio de 2025, respondió a la solicitud de información. De un lado, por medio del oficio del 19 de junio informó que “con anterioridad a la petición mencionada, no se contaba con reporte de condición de salud por parte de la servidora”, y precisó que corresponde a los trabajadores “suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud”[41]. Añadió que una vez evaluada la información aportada, se estableció un diagnóstico de carcinoma papilar de tiroides y se remitió el caso a la Oficina de Personal para su análisis en el marco del Proceso de Selección No. 2499 de 2023[42]. Luego, mediante oficio del 20 de junio, la Oficina de Personal reconoció que la accionante padecía “enfermedades catastróficas”[43], pero concluyó que “no es posible jurídicamente acceder a su solicitud de inclusión en la lista de protección de estabilidad laboral reforzada”[44] por cuanto su vinculación correspondió a una vacante temporal y no definitiva. En tales términos, la SEDB concluyó que, al contestar a la petición, la pretensión de la tutela había sido satisfecha[45].

 

23.            Sentencia de única instancia. El 24 de junio de 2025, el Juzgado 102 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá declaró la carencia actual de objeto por hecho superado[46]. Esto, al constatar que la petición de la actora ya había sido respondida y notificada, lo que a su juicio y de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, implicaba que cualquier orden adicional resultaría inocua. Por otro lado, negó el amparo del derecho fundamental al debido proceso, al advertir que “no obra en el expediente prueba alguna, ni siquiera sumaria, que demuestre vulneración efectiva de dicho derecho”[47]. Esta decisión no fue impugnada.

 

(iii)        Actuaciones en sede de revisión

 

24.            Pruebas. Mediante auto del 3 de octubre de 2025, la magistrada sustanciadora vinculó al presente proceso a la EPS SURA, decretó pruebas de oficio y solicitó información sobre cinco temas principales: (i) la situación socioeconómica y familiar de la accionante; (ii) el estado de salud; (iii) el conocimiento que tenía la entidad accionada sobre el estado de salud y la justificación para la terminación; (iv) las solicitudes de autorización al Ministerio del Trabajo para desvincular a la accionante; y (v) las acciones judiciales -tutela, demandas ordinarias y medios de control- interpuestas por los mismos hechos[48].

 

25.            Respuestas recibidas en el recaudo probatorio. La siguiente tabla sintetiza los informes de prueba remitidos por Claudia y la SEDB:

 

Tabla 4

 

3.            Expediente T-11.308.086. Acción de tutela interpuesta por Sandra en contra del Colegio Eucarístico Villa Guadalupe de Bogotá

 

(i)          Hechos relevantes

 

26.            Desde el 20 de enero de 2020, Sandra suscribió 6 contratos sucesivos a término fijo con el Colegio Eucarístico Villa Guadalupe de Bogotá (en adelante, “el Colegio”), para ocupar el cargo de docente de lengua castellana. Conforme al artículo 101 del Código Sustantivo del Trabajo[50], el plazo de estos contratos ha estado atado a la duración del año escolar. En este sentido, la cláusula segunda del contrato de 2020, que luego fue replicada en los contratos subsiguientes, señalaba lo siguiente:

 

“SEGUNDA. La duración del presente contrato será la correspondiente al Año Escolar del año 2019, [sic] si el ( la ) docente empieza a prestar sus servicios desde la iniciación del mismo, o por el tiempo que faltare para su terminación, si el docente iniciara sus labores con posteridad a la iniciación del AM [sic] Escolar. PARÁGRAFO PRIMERO: Entiéndase por Año Escolar el período comprendido entre EL 20 DE ENERO DE 2020 y el 5 DE DICIEMBRE DE 2020. PARÁGRAFO SEGUNDO: No se aplica la prórroga automática del Artículo 46 del Código Sustantivo de Trabajo. Por lo tanto no prevé el preaviso de manera que basta la culminación del respectivo período académico para que finalice el contrato por su propia virtud”.

 

27.            En octubre de 2020, el médico tratante diagnosticó que la señora Sandra tenía un “tumor maligno del exocérvix”[51], por lo que, días después, fue sometida a histerectomía total abdominal y salpingectomía bilateral[52]. Como consecuencia de la cirugía, el médico tratante le otorgó 30 días de incapacidad. La accionante informó al empleador de su condición de salud[53]. No obstante, el 5 de diciembre de 2020, tras la finalización del plazo pactado, el Colegio decidió no renovar el contrato.

 

28.            Con ocasión de la terminación del contrato, la accionante interpuso una acción de tutela (tutela No. 1) en contra del Colegio:

 

Tabla 5

 

29.            En cumplimiento del fallo de tutela, el Colegio renovó el contrato para el periodo escolar 2021. No obstante, la reintegró al área de biblioteca; no como docente. Por esta razón, la accionante interpuso (i) una nueva acción de tutela (tutela No. 2) y (ii) luego, un proceso de acoso laboral por menosprecio:

 

Tabla 6

 

30.            En cumplimiento del fallo de tutela de primera instancia, el Colegio reintegró a la accionante en el cargo de profesora para el año 2023. No obstante, luego de que culminó el periodo, el 22 de enero de 2024, el Colegio notificó a la señora Sandra que no renovaría el contrato y la desafiliaría del SGSSS. Por esta razón, la accionante presentó una nueva acción de tutela (tutela No. 3):

 

Tabla 7

 

31.            El 21 de febrero de 2024, en cumplimiento de los fallos de instancia en la Tutela No. 3 supra, el Colegio celebró contrato y afilió a la señora Sandra al sistema de seguridad social. Sin embargo, la relevó de funciones docentes. Al respecto, el Colegio informó a la accionante lo siguiente: “nos acogemos a lo señalado en el artículo 140 del C.S.T.S.S.[60], y nos permitimos informarle que[,] a partir de la fecha del 21 de febrero de 2024, y hasta el 30 de junio de 2024 […] se le releva temporalmente de la obligación de la prestación del servicio para el cual fue contratada, no obstante, Usted continuará percibiendo el salario pactado”[61]. Añadió que “no se trata de una terminación unilateral del contrato de trabajo […] ni de una decisión disciplinaria ni sancionatoria”[62].

 

32.            El 28 de junio de 2024, con los mismos argumentos, el Colegio extendió el contrato hasta el 6 de diciembre de 2024, manteniendo el pago de salarios y aportes. Luego, el 18 de diciembre de 2024, informó a la señora Sandra que no renovaría su contrato para el año académico 2025 y anunció la desafiliación del SGSSS a partir del 31 de diciembre de 2024[63]. El Colegio argumentó que la accionante había sido contratada mediante un contrato de obra o labor y explicó que, conforme a los documentos aportados en la Tutela No. 3, la accionante “ya no padece ningún tipo de cáncer [y] no cuenta con ningún tipo de fuero de salud [o de] estabilidad laboral reforzada”[64]. 

 

(ii)        Trámite de la acción de tutela sub examine

 

33.            El 6 de enero de 2025, la señora Sandra interpuso acción de tutela en contra del Colegio, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la dignidad humana, al mínimo vital, a la estabilidad laboral reforzada, al debido proceso, a la seguridad social y al trabajo[65]. Sostuvo que la terminación del contrato fue contraria a derecho porque (i) era titular de ELR por razones de salud, (ii) desde octubre de 2020, el Colegio conocía su diagnóstico oncológico, las cirugías practicadas y los controles y procedimientos en curso y (iii) a pesar de lo anterior, decidió no renovar el contrato y desafiliarla del SGSSS, sin autorización del Ministerio del Trabajo. En su criterio, esto afectó la continuidad de su tratamiento y su mínimo vital[66].

 

34.            Como pretensiones, la accionante solicitó que se tutelaran los derechos invocados y, en consecuencia, se ordenara al Colegio: (i) “renovar la relación laboral contractual […] para continuar desempeñando [sus] labores en el cargo de docente de lengua castellana”; (ii) “cancelar los salarios, prestaciones sociales y demás dineros dejados de percibir”, (iii) garantizar “el derecho a la seguridad social para la continuidad de [su] tratamiento”; y (iv) el “pago […] de la indemnización prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 equivalente a [180] días de salario”[67].

 

35.            Admisión, vinculación y contestaciones a la acción de tutela. El 22 de enero de 2025, el Juzgado 82 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá admitió la acción de tutela y vinculó al Ministerio del Trabajo y a la EPS Compensar[68]. La siguiente tabla sintetiza los escritos de respuesta:

 

Tabla 8

 

36.            Sentencia de primera instancia. El 4 de febrero de 2025, el Juzgado 82 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá declaró improcedente la acción. Señaló que la tutela no satisfacía el requisito de subsidiariedad porque la accionante contaba con medios judiciales ordinarios de defensa ante la jurisdicción laboral ordinaria, que era el escenario natural para resolver la controversia. Por otro lado, indicó que “no se demostró ni siquiera de manera sumaria la configuración de un perjuicio irremediable que haga viable el amparo vía tutela”^[72].

 

37.            Impugnación. El 10 de febrero de 2025, la señora Sandra impugnó el fallo de primera instancia. Sostuvo que la tutela satisfacía el requisito de subsidiariedad, dado que la Corte Constitucional ha señalado que la tutela procede excepcionalmente para ordenar el reintegro cuando el proceso ordinario laboral no resulta eficaz para conjurar un perjuicio irremediable. Por otro lado, señaló que el juzgado ignoró que, conforme a la jurisprudencia constitucional, el despido de las personas titulares de ELR por razones de salud, sin autorización del Ministerio del Trabajo, es ineficaz. En consecuencia, solicitó (i) revocar el fallo, (ii) amparar sus derechos fundamentales, (iii) ordenar el reintegro como docente, (iv) garantizar su afiliación al sistema de salud y (v) reconocer los salarios y prestaciones dejados de percibir.

 

38.            Sentencia de segunda instancia. El 20 de marzo de 2025, el Juzgado 56 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia. El Juzgado reiteró que la tutela era improcedente por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, al considerar que es “deber de la accionante de [sic] acudir a dirimir los hechos y pretensiones ante la jurisdicción ordinaria laboral, lo cual no ha realizado pese a que sus afecciones vienen desde el mes de octubre del año dos mil veinte (2020)”. Por otro lado, agregó que, en el marco de dos acciones de tutela anteriores que la accionante presentó por los mismos hechos, otros jueces de tutela ya habían concedido el amparo transitorio de sus derechos fundamentales. Según el Juzgado, estos fallos de tutela hicieron tránsito a cosa juzgada, por lo que, si la accionante pretendía su cumplimiento, debía presentar incidentes de cumplimiento y de desacato. En tales términos, resolvió:

 

PRIMERO.- CONFIRMAR PARCIALMENTE la Sentencia proferida el cuatro (4) de febrero de dos mil veinticinco (2025), por el JUZGADO OCHENTA Y DOS (82) PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO de este Distrito Capital, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela promovida por la señora [SANDRA] identificada con Cédula de Ciudadanía No. 52’192.031 contra el COLEGIO EUCARÍSTICO VILLA GUADALUPE.

 

SEGUNDO: INFORMAR a la accionante [SANDRA] que puede solicitar la apertura de trámite incidental de desacato ante el JUZGADO VEINTITRÉS (23) DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BOGOTÁ D.C., autoridad con el deber de velar por el cumplimiento de su orden de amparo constitucional, incluso con las nuevas condiciones de tiempo, modo y lugar que se puedan presentar, cuando existe coincidencia de los hechos, motivos, pretensiones y partes por los cuales acude nuevamente al presente trámite del amparo constitucional.

 

(iii)        Actuaciones en sede de revisión

 

39.            Pruebas. Mediante auto del 3 de octubre de 2025, la magistrada sustanciadora decretó pruebas de oficio y solicitó información sobre cinco temas principales: (i) la situación socioeconómica y familiar de la accionante; (ii) el estado de salud actual; (iii) el conocimiento que tenía la accionada sobre tales condiciones de salud y la justificación de terminación del contrato; (iv) la solicitud de autorización al Ministerio del Trabajo para desvincular a la accionante; y (v) las acciones judiciales -tutela, demandas ordinarias y medios de control- interpuestas por los mismos hechos[73].

 

40.            Respuestas recibidas en el recaudo probatorio. El siguiente cuadro resume los escritos de respuesta al auto de pruebas:

 

Tabla 9

 

41.            Los Juzgados 45 Civil Municipal de Bogotá, 23 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá, 18 Civil Municipal de Bogotá, 21 Penal Municipal Con Función de Control de Garantías de Bogotá, 25 Civil del Circuito de Bogotá, así como el Juzgado 76 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá, remitieron enlaces de acceso a los expedientes de las tutelas interpuestas por la señora Sandra contra el Colegio.

 

II.              CONSIDERACIONES

 

1.          Competencia

 

42.            La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos en estos casos, según lo dispuesto en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política.

 

2.          Metodología de la decisión

 

43.            La Sala Séptima seguirá la siguiente metodología. En primer lugar, como cuestiones previas, examinará si existe cosa juzgada o temeridad en los expedientes T-11.308.086 y T-11.362.946 (II.3 infra). En segundo lugar, determinará si las acciones de tutela satisfacen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela (II.4. infra). En tercer lugar, estudiará si en el expediente T-11.362.946 se presenta carencia actual de objeto respecto de la presunta violación al derecho de petición (II.5 infra). En cuarto lugar, de ser procedente, estudiará si las accionadas vulneraron los derechos fundamentales de las accionantes y adoptará los remedios que correspondan (II.6 infra).

 

3.          Cuestión previa: cosa juzgada y temeridad

 

3.1.          La cosa juzgada y la temeridad en el trámite de tutela. Reiteración de jurisprudencia

 

44.            Conforme al Decreto 2591 de 1991 y a la jurisprudencia constitucional, la interposición simultánea o sucesiva de acciones de tutela materialmente idénticas puede conducir a la declaratoria de improcedencia de la solicitud de amparo por cosa juzgada o por temeridad[75].

 

45.            La cosa juzgada constitucional es una institución jurídico-procesal mediante la cual se otorga a las decisiones judiciales el carácter de “inmutables, vinculantes y definitivas”[76]. La Corte Constitucional ha sostenido que la declaratoria de cosa juzgada en los trámites de tutela está supeditada al cumplimiento de dos requisitos: la triple identidad y el elemento de temporalidad[77]. La triple identidad exige constatar la existencia de una sentencia ejecutoriada que resolvió una acción de tutela anterior, respecto de la cual se presenta identidad de (a) partes, (b) hechos[78] y (c) pretensiones[79]. El elemento de temporalidad, por su parte, exige que la sentencia respecto de la cual existe triple identidad haya resuelto una acción de tutela anterior. En otras palabras, para que la declaratoria de cosa juzgada sea procedente, la acción de tutela objeto de estudio debió haberse interpuesto “con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia que resolvió el asunto de fondo”[80]. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, cumplidos estos requisitos, la cosa juzgada prohíbe que el juez constitucional reabra y vuelva a conocer de fondo una controversia ya resuelta en un fallo de tutela anterior[81].

 

46.            La “actuación temeraria”[82], por su parte, se configura cuando concurren dos elementos. Primero —elemento objetivo—, se constata que la accionante presentó acciones de tutela de forma simultánea y sucesiva que comparten triple identidad (identidad de partes, hechos y pretensiones). Segundo —elemento subjetivo— de constatarse “la ausencia de justificación […] vinculada a un actuar doloso y de mala fe por parte del libelista”[83]. El elemento subjetivo debe examinarse en cada caso concreto. Con todo, la Corte Constitucional ha reiterado que no existe mala fe y, por tanto, no se configura temeridad, cuando se comprueba que las acciones de tutela se presentaron por: (a) la falta de conocimiento de la parte accionante, (b) el asesoramiento errado por parte de abogados y (c) la condición de indefensión del actor o la necesidad extrema de defender un derecho fundamental[84].

 

47.            A continuación, la Sala examinará si se configuró cosa juzgada constitucional o temeridad en los expedientes T-11.308.086 y T-11.362.946. Este examen es necesario porque las pruebas que constan en el expediente evidencian que las accionantes interpusieron múltiples acciones de tutela por hechos similares. Además, las entidades accionadas, así como algunos de los jueces de instancia, consideraron que en estos casos se configuraba la cosa juzgada constitucional.

 

(i)          Examen de cosa juzgada y temeridad en el expediente T-11.308.086

 

48.            Acciones de tutela interpuestas por la accionante. La señora Sandra ha interpuesto ocho acciones de tutela contra el Colegio Eucarístico Villa Guadalupe de Bogotá. Tres tutelas fueron presentadas antes de la interposición de la solicitud de amparo sub examine y cuatro con posterioridad. El siguiente cuadro sintetiza los procesos de tutela:

 

Tabla 10

 

49.            Revisadas las acciones de tutela interpuestas por la señora Sandra, la Sala concluye que, en este caso, no se configura cosa juzgada. En primer lugar, la Corte encuentra que no existe cosa juzgada respecto de las tutelas No. 1, 2 y 3 presentadas antes de la solicitud de amparo sub examine. Esto es así, por una razón fundamental: no existe identidad de hechos ni de pretensiones. En efecto, las tutelas previas cuestionaban la terminación del contrato laboral correspondiente a los años escolares 2021, 2022 y 2023, respectivamente. En contraste, la tutela sub examine cuestiona la decisión del Colegio de no renovar el contrato en el año 2025. La terminación o no renovación del contrato en el año 2025 es un hecho posterior, cuya legalidad y constitucionalidad no fueron examinadas por los jueces de tutela que resolvieron las acciones de tutela No. 1, 2 y 3[88]. En segundo lugar, la Corte considera que tampoco existe cosa juzgada respecto de las tutelas No. 5, 6, 7 y 8 supra. Esto se debe a que estas tutelas fueron presentadas con posterioridad a la acción de tutela sub examine, por lo que no se acredita el requisito de temporalidad de la cosa juzgada.  

 

50.            Por último, la Sala descarta la existencia de una actuación temeraria por parte de la accionante. Primero, no se presenta temeridad respecto de las tutelas presentadas con anterioridad porque, como se expuso, no existe triple identidad. Segundo, tampoco existe temeridad respecto de las tutelas presentadas con posterioridad. De un lado, no se cumple el elemento objetivo dado que los hechos y pretensiones son diferentes. En efecto, en las tutelas 6, 7 y 8 la accionante alegó la vulneración del derecho fundamental de petición. En la tutela 5, por su parte, la accionante alegó que la terminación del vínculo y la posterior desafiliación de la seguridad social pusieron en riesgo la continuidad de su tratamiento médico[89]. En contraste, en la tutela sub examine, las pretensiones se centran en el amparo del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada. Por otra parte, no se acredita el elemento subjetivo. Esto es así, porque, en criterio de la Sala, la interposición de múltiples tutelas respondió a la situación de vulnerabilidad y la necesidad urgente de obtener el amparo de sus derechos; no a la mala fe de la accionante.

 

(ii)        Examen de configuración de cosa juzgada y temeridad en el expediente T-11.362.946

 

51.            Acciones de tutela interpuestas por la accionante. Claudia ha interpuesto dos acciones de tutela relacionadas con la terminación de su vinculación como auxiliar administrativa en la SEDB: (i) la tutela T-11.362.946 (tutela sub examine) y (ii) la acción de tutela T-11.531.126 (tutela posterior):

 

Tabla 11

 

52.            Revisadas las tutelas, la Sala concluye que no existe cosa juzgada respecto de la tutela interpuesta el 6 de agosto de 2025. Esto se debe a que no se cumple el requisito de temporalidad, pues esta acción fue presentada con posterioridad a la solicitud de amparo sub examine. En efecto, la tutela sub examine se interpuso el 18 de junio de 2025, mientras que la tutela Posterior, se presentó el 6 de agosto siguiente. Por lo demás, la Sala también descarta la existencia de temeridad. Esto, dado que (i) no se acredita la triple identidad y (ii) no existen elementos de juicio que permitan inferir que la accionante haya obrado de mala fe. Por el contrario, es posible inferir que la interposición de la tutela posterior obedeció a la necesidad de asegurar su mínimo vital y la continuidad de su atención médica.

 

4.          Examen de procedibilidad

 

53.            El artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela es un mecanismo judicial subsidiario, residual, informal y autónomo que tiene por objeto garantizar la “protección inmediata de los derechos fundamentales” de las personas mediante un procedimiento preferente y sumario. De acuerdo con lo previsto en el Decreto 2591 de 1991 y el desarrollo jurisprudencial de esta Corte, son requisitos generales de procedencia de la acción de tutela: (i) la legitimación en la causa por activa y pasiva, (ii) la inmediatez y (iii) la subsidiariedad. El cumplimiento de estos requisitos de procedencia es una condición para que el juez de tutela emita un pronunciamiento de fondo. En este sentido, a continuación, la Sala examinará si las solicitudes de tutela acumuladas satisfacen estas exigencias.

 

4.1.          Legitimación en la causa

 

54.            Legitimación en la causa por activa. El artículo 86 de la Constitución dispone que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales^[90]. Conforme al artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, la solicitud de amparo puede ser presentada: (i) a nombre propio; (ii) mediante representante legal; (iii) por medio de apoderado judicial; (iv) mediante agente oficioso; o (v) por medio del Defensor del Pueblo o de los personeros municipales[91]. En tales términos, la Corte Constitucional ha definido el requisito general de procedibilidad de legitimación en la causa por activa como aquel que exige que la acción de tutela sea ejercida, directa o indirectamente, por el titular de los derechos fundamentales^[92].

 

55.            Las acciones de tutela satisfacen el requisito de legitimación en la causa por activa. Esto, porque las tres accionantes presentaron la solicitud de amparo a nombre propio y son las titulares de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados por las decisiones de desvinculación de sus empleadores.

 

56.            Legitimación en la causa por pasiva. Los artículos 86 de la Constitución Política y 5º del Decreto 2591 de 1991 prevén que la acción de tutela procede en contra de “toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar derechos fundamentales”. En este sentido, la Corte Constitucional ha sostenido que el requisito de legitimación en la causa por pasiva exige que la acción de tutela sea interpuesta en contra del sujeto -autoridad pública o particular- que (i) conforme a la Constitución y la ley, cuenta con la aptitud o capacidad legal para responder a la acción de tutela y ser demandado^[93] y (ii) es el presunto responsable de la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales^[94].

 

57.            En la siguiente tabla, la Sala examina la legitimación por pasiva de las accionadas y vinculadas en cada expediente acumulado:

 

Tabla 12

 

4.2.          Inmediatez

 

58.            La acción de tutela no está sujeta a un término de caducidad. Sin embargo, la Corte Constitucional ha interpretado que, conforme al artículo 86 de la Constitución, la finalidad de solicitud de amparo es la protección inmediata de los derechos fundamentales, por lo que debe presentarse en un término razonable respecto de la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a la presunta amenaza o vulneración de los derechos fundamentales^[95]. La razonabilidad del término de interposición debe examinarse en cada caso concreto en atención a, entre otros, los siguientes criterios: (i) las circunstancias personales del actor, (ii) su diligencia y posibilidades reales de defensa^[96], (iii) la posible afectación a derechos de terceros derivada de la interposición tardía de la tutela y (iv) los efectos del hecho vulnerador, esto es, si se trata de una vulneración continuada o permanente^[97].

 

59.            La Sala considera que las acciones de tutela acumuladas satisfacen el requisito de inmediatez:

 

Tabla 13

 

4.3.          Subsidiariedad

 

60.            El artículo 86 de la Constitución Política prescribe que la acción de tutela tiene carácter subsidiario respecto de los medios ordinarios de defensa judicial. En virtud del principio de subsidiariedad, la acción de tutela sólo procede en dos supuestos excepcionales^[98]. Primero, como mecanismo de protección definitivo, si el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el mecanismo judicial ordinario es idóneo si es “materialmente apto para producir el efecto protector de los derechos fundamentales”^[99]. Por su parte, es eficaz si “está diseñado para brindar una protección oportuna a los derechos amenazados o vulnerados”^[100] (eficacia en abstracto), considerando las circunstancias en que se encuentre el solicitante (eficacia en concreto)^[101]. Segundo, como mecanismo de protección transitorio, cuando, a pesar de existir medios ordinarios idóneos y eficaces, la tutela es interpuesta para evitar la consumación de un perjuicio irremediable^[102].

 

61.            El ordenamiento jurídico prevé medios ordinarios de defensa idóneos y eficaces para la protección del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada. De un lado, los trabajadores que suscriben un contrato de trabajo con un privado cuentan con el proceso laboral ordinario regulado en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (en adelante, “CPTSS”). Por su parte, las personas vinculadas con el Estado pueden cuestionar los actos administrativos de desvinculación a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho^[103].

 

62.            De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, estos medios ordinarios de defensa ante la jurisdicción ordinaria o contencioso-administrativa, según corresponda, son prima facie idóneos y eficaces para garantizar el derecho fundamental a la estabilidad laboral de las personas en estado de debilidad manifiesta por razones de salud[104]. Son idóneos porque permiten a la parte demandante cuestionar la legalidad de la terminación del vínculo, así como solicitar el reintegro y el pago de las prestaciones u honorarios que correspondan[105]. Asimismo, son eficaces en abstracto, pues la normativa que los regula “contiene un procedimiento expedito para su resolución” y le otorga al juez —ordinario laboral o contencioso administrativo— la facultad de decretar las medidas cautelares o provisionales que considere pertinentes para proteger de forma oportuna los derechos fundamentales[106].

 

63.            La existencia de medios ordinarios de defensa implica que, por regla general, la acción de tutela es improcedente para cuestionar las decisiones de desvinculación de trabajadores, incluso si estos son titulares de estabilidad laboral. Esta regla, sin embargo, no es absoluta. La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede excepcionalmente para cuestionar la terminación del contrato de trabajo o la desvinculación cuando los medios ordinarios no son eficaces en concreto[107]. Esto ocurre, según la jurisprudencia constitucional, en aquellos casos en los que los accionantes (i) son sujetos de especial protección constitucional o (ii) se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta “por causa de su condición económica, física o mental y [solicitan la protección] del derecho constitucional a la estabilidad laboral reforzada (…)”[108]. En estos casos, el juez de tutela debe “garantizar a estas personas un tratamiento diferencial positivo”, lo que implica “analizar [el] requisito de subsidiariedad (…) desde una óptica menos estricta, pues en estos casos el actor experimenta una dificultad objetiva y constitucionalmente relevante para soportar las cargas procesales que le imponen los medios ordinarios de defensa judicial”[109].

 

64.            Con fundamento en estas reglas de decisión, la Sala considera que las tutelas acumuladas objeto de estudio satisfacen el requisito de subsidiariedad. La Sala reconoce que las accionantes cuentan con medios ordinarios de defensa que, en abstracto, resultan idóneos y eficaces. En efecto, las señoras María Paula (Exp. T-11.296.049) y Claudia (Exp. T-11.362.946) podrían demandar los actos administrativos de desvinculación y solicitar el reintegro a través del medio de nulidad y restablecimiento del derecho. Por su parte, la señora Sandra (Exp. T-11.308.086) podría demandar la decisión de no renovación de contrato del Colegio ante la jurisdicción ordinaria laboral. No obstante, la Sala considera que estos medios no son eficaces en concreto, dado que las accionantes son sujetos de especial protección constitucional y se encuentran en situación de vulnerabilidad económica y social:

 

Tabla 14

 

65.            Conclusión de procedibilidad. Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala concluye que las acciones de tutela satisfacen los requisitos generales de procedibilidad.

 

5.            Examen de carencia actual de objeto en el expediente T-11.362.946 (acción de tutela interpuesta por Claudia en contra de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá)

 

66.            La Sala debe estudiar si en el expediente T-11.362.946 se configuró la carencia actual de objeto respecto de la presunta violación del derecho fundamental de petición. Esto es así porque el 24 de junio de 2025, el Juzgado 102 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, D.C., profirió sentencia de única instancia en el proceso de tutela en la que, justamente, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado^[114]. Esto, al constatar que la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá contestó la petición de información de la actora.

 

67.            De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la carencia actual de objeto es un fenómeno jurídico que se presenta cuando la causa que motivó la solicitud de amparo se extingue o “ha cesado”^[115]. Cuando esto ocurre, el pronunciamiento del juez de tutela respecto de las pretensiones de la acción de tutela resulta innecesario, pues no tendría efecto alguno o “caería en el vacío”^[116]. La Corte Constitucional ha identificado tres hipótesis en las que se presenta la carencia actual de objeto en los procesos de tutela: (i) daño consumado, (ii) hecho superado y (iii) situación sobreviniente:

 

Tabla 15

 

68.            La configuración de la carencia actual de objeto antes o durante el proceso de tutela no impide, per se, que el juez constitucional emita un pronunciamiento de fondo^[121]. Es posible que el proceso amerite un pronunciamiento adicional “no para resolver el objeto de la tutela —el cual desapareció por sustracción de materia—, pero sí por otras razones que superan el caso concreto”^[122]. En particular, la Corte Constitucional ha señalado que en los casos de carencia actual por daño consumado, el juez tiene el deber^[123] de examinar de fondo si “se presentó o no la vulneración que dio origen a la acción de amparo”^[124]. Por su parte, en los eventos de carencia actual de objeto por hecho sobreviniente o hecho superado, no es perentorio que el juez de tutela haga un pronunciamiento de fondo. Sin embargo, podrá hacerlo cuando lo considere necesario para, entre otros: “a) llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela y tomar medidas para que los hechos vulneradores no se repitan; b) advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes; c) corregir las decisiones judiciales de instancia; o d) avanzar en la comprensión de un derecho fundamental”^[125].

 

69.            La Sala considera que en la tutela T-11.362.946 se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la presunta violación del derecho fundamental de petición. Esto es así, porque conforme a las pruebas que reposan en el expediente, la SEDB contestó a la petición radicada por la accionante el 16 de mayo de 2025. En efecto, el 20 de junio de 2025, la SEDB remitió dos oficios al correo electrónico de la señora Claudia. En el primero, con fecha de 19 de junio de 2025, indicó que enviaría la petición a la Oficina de Personal de la entidad. En el segundo, con fecha de 20 de junio de 2025, negó la petición. La Sala advierte que la respuesta a las peticiones constituye un hecho superado, porque fue una actuación voluntaria que no se dio en cumplimiento de una orden judicial. Por lo demás, la Sala considera que no es procedente emitir un pronunciamiento de fondo respecto de la violación al derecho de petición, dado que la tutela de instancia se ajustó a derecho y no es necesario avanzar en la comprensión jurisdiccional de este derecho.

 

70.            Con todo, la Sala aclara que la carencia actual de objeto en el expediente T-11.362.946 es apenas parcial —no total—. Esto es así, porque la accionante, la señora Claudia, también presentó argumentos y consideraciones que sugieren que la accionada violó su derecho al debido proceso y a la ELR al desvincularla sin autorización del inspector del trabajo, pese a su condición de salud. Respecto de la violación de estos derechos fundamentales, no se configura carencia actual de objeto.

 

6.          Examen de fondo

 

71.            En el presente acápite, la Sala examinará si las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales de las accionantes. Para ello, en primer lugar, determinará el contenido y alcance del derecho fundamental a la estabilidad laboral de las personas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta por razón de salud. En esta sección, la Sala hará especial énfasis en la ELR por razones de salud en contratos a término fijo, contrato de prestación de servicios con el Estado y para personas que ocupan cargos en provisionalidad (sección 6.1 infra). Luego, con fundamento en estas reglas de decisión, resolverá los casos concretos, para lo cual la Sala planteará y resolverá problemas jurídicos específicos para cada expediente acumulado. Por último, en caso de encontrar acreditada alguna vulneración, adoptará las órdenes y remedios que correspondan (sección 6.2 infra). 

 

6.1.          Derecho a la estabilidad laboral reforzada de las personas en estado de debilidad manifiesta por razones de salud. Reiteración de jurisprudencia

 

(i)          Reconocimiento constitucional y contenido

 

72.            El artículo 53 de la Constitución Política dispone que todos los trabajadores son titulares de un derecho general a la “estabilidad en el empleo”^[126]. La estabilidad en el empleo puede ser precaria, relativa o reforzada, en atención a los sujetos titulares del derecho y los requisitos que la Constitución y la ley exigen cumplir al empleador para que la desvinculación del trabajador sea válida y surta efectos^[127]. La estabilidad laboral reforzada es aquella que condiciona la desvinculación del trabajador al cumplimiento de requisitos especiales o cualificados. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte, son titulares del derecho a la estabilidad laboral reforzada, entre otros, los siguientes grupos de sujetos de especial protección constitucional: (i) las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, (ii) los aforados sindicales, (iii) las madres y padres cabeza de familia^[128] y (iv) las personas en situación de discapacidad o en condición de debilidad manifiesta por motivos de salud.

 

73.            La ELR de las personas en estado de debilidad manifiesta por razones de salud es un derecho fundamental. Este derecho se deriva de múltiples disposiciones constitucionales^[129]: (i) el principio de igualdad y, en concreto, la obligación del Estado de proteger de manera diferenciada a aquellos sujetos que “por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta” (art. 13.3 de la CP); (ii) el deber del Estado de adelantar una política de integración social en favor de los “disminuidos físicos, sensoriales y síquicos” (art. 47 de la CP), (iii) el mandato constitucional que exige garantizar a las personas en situación de discapacidad “el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud” (art. 54 de la CP); y, por último, (iv) el principio de solidaridad social (arts. 1º, 48 y 95 de la CP).

 

74.            De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la ELR consiste en el derecho fundamental de determinados trabajadores a permanecer en su puesto de trabajo^[130], siempre que no exista una “causa objetiva que justifique su despido”. Lo anterior, “incluso contra la voluntad del patrono”^[131]. La Corte Constitucional ha precisado que esta garantía “no implica que el trabajador tenga un derecho subjetivo a permanecer indefinidamente en un determinado puesto de trabajo”^[132] ni “supone una prohibición absoluta para terminar la relación laboral”^[133]. Por el contrario, este derecho condiciona la terminación del contrato al cumplimiento de estrictos requisitos que buscan, de un lado, impedir la terminación de los contratos laborales “de forma discriminatoria por causa del estado o condición de salud del empleado”^[134] y, de otro lado, asegurar que tales empleados “cuenten con ‘los recursos necesarios para subsistir y asegurar la continuidad del tratamiento médico de la enfermedad’” diagnosticada^[135].

 

(ii)        Requisitos de la ELR de las personas en estado de debilidad manifiesta por razones de salud

 

75.            De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, para que opere la ELR, es decir, para que surja el derecho a permanecer en el empleo, deben concurrir los siguientes tres requisitos^[136]:

 

76.            Requisito 1. Debe demostrarse que la condición de salud del trabajador “le impida o dificulte significativamente el normal y adecuado desempeño de sus actividades”^[137]. La Corte Constitucional ha indicado que no es necesario que el trabajador cuente con una calificación de pérdida de capacidad laboral (PCL) moderada, severa o profunda, o aporte un certificado que la acredite^[138]. Por el contrario, la prueba de tal condición se rige por el principio de libertad probatoria y, en esa medida, puede acreditarse por cualquier medio de prueba^[139].

 

77.            La jurisprudencia constitucional^[140] ha identificado algunos elementos de prueba indicativos que evidencian que la condición de salud del trabajador impide o dificulta significativamente el normal y adecuado desempeño de sus funciones: (a) el trabajador cuenta con recomendaciones médicas al momento del despido, presentó incapacidad médica días antes del despido o tiene una vigente al momento de la terminación del contrato; (b) el empleado “presenta el diagnóstico de una enfermedad y el consecuente tratamiento médico”^[141], o (c) el trabajador cuenta con el diagnóstico de una enfermedad “durante el último mes del despido, dicha enfermedad es causada por un accidente de trabajo que genera consecuentes incapacidades médicas anteriores a la fecha de terminación de la vinculación, y la calificación de PCL tiene lugar antes del despido”^[142].

 

78.            La Corte Constitucional y la Sala Laboral han reiterado que la ELR por razones de salud no es un derecho indefinido a permanecer en el empleo[143]. La situación de discapacidad o la condición de salud, según corresponda, “debe evaluarse funcional y contextualmente, teniendo en cuenta su carácter evolutivo y cambiante”[144]. En este sentido, si la deficiencia o condición de salud que afectaba significativamente el desempeño de las labores desaparece, “cesa también el amparo derivado de la estabilidad laboral reforzada”^[145]. En reciente jurisprudencia la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha enfatizado que:

 

[L]a permanencia del trabajador con discapacidad no es automática ni indefinida, sino que está sujeta a una verificación continua de las condiciones que justifican la salvaguarda y la adopción de ajustes razonables y su desenvolvimiento en la ejecución de las obligaciones laborales. Dicha evaluación debe realizarse con base en criterios objetivos y bajo los principios de razonabilidad, proporcionalidad, igualdad y no discriminación.

 

De ahí que, si desaparecen los supuestos fácticos que daban lugar a la protección, el empleador recupere la libre facultad para terminar válidamente el vínculo laboral sin justa causa, siempre que la decisión no esté motivada por la discapacidad ni configure un acto discriminatorio (…)^[146].

 

79.            Requisito 2. La condición de salud debe ser “conocida por el empleador en un momento previo al despido”^[147]. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el empleador debe conocer la condición de salud del trabajador porque la ELR es una protección frente a la discriminación y, en concreto, frente a la terminación del contrato que obedezca a la situación de salud del trabajador. La jurisprudencia constitucional ha identificado algunas circunstancias en las que puede o no inferirse que el empleador tenía conocimiento del estado de salud del trabajador^[148]:

 

Tabla 16

 

80.            Requisito 3[157]. La condición de salud del trabajador y el conocimiento del empleador de esta condición no confieren una garantía de estabilidad absoluta en el empleo. Únicamente suponen que el trabajador es titular de las garantías del fuero de salud y, en consecuencia, no puede ser desvinculado por su condición de salud (ver párrafo 81 infra). En este sentido, la Corte Constitucional y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia han reiterado que el empleador está habilitado para desvincular al trabajador si —y solo si— existe una causa objetiva y suficiente que lo justifique[158]. En este sentido, el tercer requisito para que opere la ELR por razones de salud exige demostrar que la desvinculación carece de justificación objetiva y suficiente.

 

81.            Fuero de salud. Las personas que son titulares de ELR por razones de salud están amparadas por el fuero de salud. El fuero de salud está compuesto principalmente por tres garantías que condicionan la desvinculación al cumplimiento de requisitos calificados. En primer lugar, la prohibición general de despido discriminatorio, que “veda la terminación del contrato de trabajo motivada, única y exclusivamente en la limitación física, sensorial o psíquica del trabajador”^[159]. En segundo lugar, como se expuso, el empleador tiene la obligación de solicitar autorización al Ministerio del Trabajo para desvincular al trabajador^[160]. En tercer lugar, la presunción de despido discriminatorio. Esta presunción opera en los casos en que el empleador desvincula al trabajador sin autorización del inspector de trabajo^[161]. Esta presunción es de hecho —no de derecho—, lo que implica que admite prueba en contrario. El hecho que se presume es, justamente, que la desvinculación tuvo como origen la condición de salud del trabajador y, por tanto, es discriminatoria.

 

82.            En síntesis, la ELR por razones de salud es una garantía que confiere al trabajador el derecho a permanecer en su puesto de trabajo, siempre que no exista una causa objetiva que justifique su despido. Para que esta garantía opere, deben demostrarse tres requisitos de forma concurrente: (a) el trabajador debe presentar una condición de salud que afecte de forma significativa el desempeño de sus labores (requisito 1); (b) el empleador debió conocer la condición de salud del trabajador antes de la desvinculación (requisito 2); y (c) la desvinculación debe carecer de justificación objetiva (requisito 3).

 

(iii)          Remedios ante la violación de la ELR por razones de salud

 

83.             De acuerdo con la jurisprudencia constitucional y ordinaria laboral[162], ante la violación del derecho a la ELR por razones de salud, el juez -ordinario o de tutela- puede adoptar cuatro tipos de remedios según corresponda: (i) declarar la ineficacia del despido^[163], (ii) ordenar el pago de los salarios y de las prestaciones sociales dejadas de percibir durante el periodo de desvinculación^[164]; (iii) ordenar el pago de “una indemnización equivalente a [180] días del salario”^[165], en caso de comprobar que el despido fue discriminatorio^[166]; y (iv) ordenar el reintegro del trabajador al cargo que ocupaba, o a uno mejor en el que no sufra el riesgo de empeorar su salud^[167].

 

84.            La Corte Constitucional ha precisado cuatro aspectos relevantes respecto del derecho al reintegro[168]:

 

-         El reintegro sólo puede ordenarse “si, al momento de la sentencia, el accionante todavía está interesado”^[169] en retornar a su puesto de trabajo.

-         El reintegro no siempre debe realizarse al mismo puesto de trabajo^[170]. En caso de incompatibilidad con el estado de salud del trabajador, el empleador debe “reubicar al trabajador a un cargo que pueda desempeñar y en el que no sufra riesgo de empeorar su salud”^[171].

-         El juez debe examinar “si la medida de reubicación es fácticamente posible o si, por el contrario, ‘excede la capacidad del empleador o impide el desarrollo de su actividad’”^[172]. Según la jurisprudencia constitucional, “el empleador puede eximirse de dicha obligación si demuestra que existe un principio de razón suficiente de índole constitucional que lo exonera de cumplirla”^[173].

-         La procedencia del reintegro debe analizarse a partir de tres elementos: “(i) el tipo de función que desempeña el trabajador, (ii) la naturaleza jurídica del empleador y (iii) las condiciones de la empresa y/o la capacidad del empleador “para efectuar los movimientos de personal”^[174]. En el evento en el que la medida exceda la capacidad del empleador, “éste tiene la obligación de poner tal hecho en conocimiento del trabajador, dándole además la oportunidad de proponer soluciones razonables a la situación”^[175].

 

(iv)           La estabilidad laboral en contratos a término fijo, contratos de prestación de servicios con el Estado y para personas que ocupan cargos en provisionalidad

 

85.            En atención al objeto de las tutelas acumuladas, a continuación la Sala se referirá a la garantía de estabilidad laboral de las personas en situación debilidad manifiesta por razones de salud que se encuentran vinculadas a través de (a) contratos laborales a término fijo, (b) contratos de prestación de servicios con el Estado y (c) personas que se encuentran ocupando un cargo en provisionalidad.

 

a)       ELR por razones de salud en contratos a término fijo

 

86.            La ELR por razones de salud y el fuero de salud aplican a la terminación o no renovación de los contratos a término fijo^[176]. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional y laboral ordinaria, la expiración del plazo de un contrato laboral celebrado con un trabajador que es titular de ELR por razones de salud “no exime al empleador de la obligación de solicitar autorización al inspector del trabajo”[177]. En caso de que no solicite la autorización, la terminación del contrato se presume discriminatoria.

 

87.            La Corte Constitucional ha reiterado que, para desvirtuar la presunción de discriminación en estos casos, no basta con alegar la expiración del plazo. Por el contrario, el empleador debe demostrar que (i) no subsisten las causas que dieron origen a la relación laboral o (ii) el trabajador no cumplía adecuadamente sus funciones^[178]. En el mismo sentido, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha precisado que, si bien el cumplimiento del plazo fijo pactado constituye una “causa legal” de terminación del contrato de trabajo, no constituye propiamente una causa objetiva. Esto se debe a que, incluso en estos eventos de cumplimiento del plazo originalmente pactado, el móvil de la terminación del contrato no es objetivo. Por el contrario, “es eminentemente subjetivo”, habida cuenta de que “las partes tienen la facultad de terminarlo o prorrogarlo”^[179]. Por lo tanto, “es necesario que la decisión de no prórroga proveniente del empleador esté fundamentada en la desaparición efectiva de las actividades y procesos contratados”^[180].

 

b)       Estabilidad ocupacional reforzada en los contratos de prestación de servicios con el Estado

 

88.            De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la estabilidad reforzada en el empleo por razones de salud y el fuero de salud “aplica tanto a quienes tienen contratos laborales como a quienes tienen otro tipo de relaciones ocupacionales, como los contratos de prestación de servicios o contratos de aprendizaje”^[181]. La garantía de la que son titulares las personas vinculadas mediante contratos de prestación de servicios con particulares o con el Estado se denomina estabilidad ocupacional reforzada^[182]. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, los requisitos para que opere la estabilidad ocupacional reforzada son iguales a los que han sido desarrollados para la estabilidad laboral reforzada: (i) la condición de debilidad manifiesta por razones de salud, (ii) el conocimiento del empleador de dicha condición y (iii) la ausencia de justificación objetiva de la terminación o desvinculación[183]. Asimismo, este tribunal ha señalado que, en estos casos, también se aplican las garantías del fuero de salud, a saber: la prohibición del despido discriminatorio, la obligación de solicitar autorización al inspector del trabajo y la presunción de despido discriminatorio.

 

c)       Estabilidad laboral de las personas que ocupan cargos en provisionalidad

 

89.            Los servidores públicos que ocupan cargos de carrera en provisionalidad son titulares de estabilidad laboral “relativa o intermedia”^[184] —no reforzada—. Esto es así, puesto que los nombramientos en provisionalidad son, por su propia naturaleza, “transitorios”^[185] y, por lo tanto, quienes ocupan cargos de este tipo “no tienen derecho a permanecer de manera indefinida en el cargo”^[186]. Esta circunstancia es conocida por quien es nombrado en esas condiciones desde el inicio de su vinculación, por lo cual, en principio, no es “válido posteriormente aducir por ello la vulneración de algún derecho”^[187] derivada de su desvinculación.

 

90.            La estabilidad laboral relativa de los sujetos que ocupan cargos en provisionalidad se concreta en dos garantías que los protegen frente a actos de desvinculación arbitrarios. Primero, la garantía de legalidad y legitimidad del retiro[188]. Esta garantía exige que la desvinculación se efectúe por las “causales objetivas” previstas en la Constitución y en la ley, a saber: (i) la calificación negativa de desempeño, (ii) la comisión de faltas disciplinarias, (iii) la cesación de la vacancia, o (iv) para proveer el cargo que ocupan “con una persona que haya superado satisfactoriamente el respectivo concurso de méritos”^[189], entre otras. Segundo, la garantía de debido proceso y motivación suficiente, que exige al nominador exponer de forma clara, expresa y razonada las causales objetivas que justifican el retiro del servicio^[190].

 

91.            La Corte Constitucional ha reiterado que las personas que ocupan un cargo en provisionalidad y se encuentran en situación de debilidad manifiesta por razones de salud no son titulares de estabilidad laboral reforzada[191]. Esto implica que el nominador no está obligado a solicitar autorización al inspector del trabajo para desvincularlas. Con todo, la Corte ha reconocido que, en razón de su debilidad manifiesta, estas personas son sujetos de especial protección constitucional, lo que las hace titulares de un trato “preferencial” o “preferente” frente a la desvinculación^[192]. Este “trato preferente” se concreta en dos deberes constitucionales de acción afirmativa a cargo del nominador^[193]: (i) deber 1: asegurar que los sujetos de especial protección constitucional sean los últimos en ser desvinculados y (ii) deber 2: en la medida de lo fáctica y jurídicamente posible, vincular al sujeto nuevamente en forma provisional en “cargos vacantes de la misma jerarquía o equivalencia de los que venían ocupando”^[194]. Estos deberes de acción afirmativa deben cumplirse antes de la desvinculación[195].

 

6.2.          Caso concreto

 

92.            En el presente acápite, la Sala examinará si las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales de las accionantes. Para ello, resumirá las posiciones de las partes, formulará el problema jurídico y llevará a cabo el análisis correspondiente de cada solicitud de amparo.

 

(i)          Expediente T-11.296.049. Acción de tutela interpuesta por María Paula en contra de la Superintendencia de Notariado y Registro

 

(a)         Posiciones de las partes y problema jurídico

 

93.            Posiciones de las partes. De acuerdo con la tutela, el 4 de abril de 2024 la señora María Paula suscribió un contrato de prestación de servicios con la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) para desempeñarse como auxiliar administrativa en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santander de Quilichao. La cláusula tercera del contrato dispuso que el término de ejecución sería “inicialmente de 09 meses y quince días”. Asimismo, la cláusula tercera precisaba que el contrato no podía “superar el 31 de diciembre de 2024” y que se ejecutaría “a partir de la suscripción del acta de inicio entre el Contratista y el Supervisor”[196]. El 31 de diciembre de 2024, venció el plazo del contrato. La SNR decidió no renovarlo porque la supervisora emitió una calificación negativa.

 

94.            La señora María Paula sostuvo que la decisión de la SNR de no renovar el contrato de prestación de servicios vulneró su derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada. Esto, porque pese a que padece múltiples enfermedades que le dificultaban el desempeño de sus funciones, la SNR resolvió “despedirla” sin la autorización previa del Ministerio del Trabajo, lo cual, en su criterio, es “ilegal”^[197]. Asimismo, aseguró que (i) la accionada no pagó los honorarios en los meses de mayo y octubre de 2024, que correspondían a periodos en los que estuvo incapacitada^[198]; y (ii) el despido afectó el acceso a los tratamientos médicos necesarios para su recuperación, lo cual agravó su dificultad para “generar ingresos y garantizar el bienestar económico, emocional y, sobre todo, [su] seguridad social”[199].

 

95.            Por su parte, la SNR sostuvo que no vulneró los derechos fundamentales de la accionante, con fundamento en tres argumentos. Primero, aseguró que la accionante no es titular de estabilidad laboral reforzada, pues no acreditó los requisitos fijados por la Corte Constitucional: la afectación grave de la salud que impida o dificulte sustancialmente el desempeño, el conocimiento previo por parte del empleador y la ausencia de justificación suficiente para la desvinculación. Segundo, señaló que la terminación del contrato obedeció a (i) el cumplimiento del plazo y (ii) la calificación negativa de su desempeño, conforme al informe de la supervisora. Tercero, argumentó que el artículo 32.3 de la Ley 80 de 1993, que regula el contrato de prestación de servicios, dispone que “[e]n ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales”. Esto implica que la accionante no tiene derecho a prestaciones ni a reintegro.

 

96.            Problema jurídico. La Sala debe resolver el siguiente problema jurídico:

 

¿La Superintendencia de Notariado y Registro vulneró el derecho fundamental a la estabilidad ocupacional reforzada[200] de la señora María Paula al decidir no renovar el contrato de prestación de servicios sin autorización del Ministerio del Trabajo, pese a que la accionante había sido diagnosticada con trastorno bipolar, discopatía cervical y lumbar y radiculopatía lumbar y estaba en condición de discapacidad?

 

(b)         Análisis de la Sala

 

97.            La Sala Séptima reitera y reafirma que la estabilidad reforzada de las personas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta por razones de salud “aplica tanto a quienes tienen contratos laborales como a quienes tienen otro tipo de relaciones ocupacionales, como los contratos de prestación de servicios o contratos de aprendizaje”^[201]. La garantía de la que son titulares las personas vinculadas mediante contratos de prestación de servicios con particulares o con el Estado se denomina estabilidad ocupacional reforzada^[202].

 

98.            De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, los requisitos para que opere la estabilidad ocupacional reforzada son los mismos que han sido desarrollados para la estabilidad laboral reforzada: (i) la condición de debilidad manifiesta por razones de salud, (ii) el conocimiento del empleador de dicha condición y (iii) la ausencia de justificación objetiva de la terminación o desvinculación^[203]. Asimismo, este tribunal ha señalado que, en estos casos, también se aplican las garantías del fuero de salud, a saber: la prohibición del despido discriminatorio, la obligación de solicitar autorización al inspector del trabajo para desvincular al trabajador y la presunción de despido discriminatorio.

 

99.            Conforme a estas reglas de decisión, la Sala considera que las pruebas que reposan en el expediente demuestran que la SNR vulneró el derecho fundamental a la estabilidad ocupacional reforzada de la señora María Paula, al no renovar el contrato de prestación de servicios. Esto es así, porque (i) a la fecha de vencimiento del plazo, la accionante era titular de estabilidad ocupacional reforzada y (ii) a pesar de lo anterior la SNR no solicitó autorización al inspector del trabajo para desvincularla. Por lo demás, las pruebas evidencian que la desvinculación estuvo motivada, justamente, por su condición de salud, lo cual es abiertamente discriminatorio. A continuación, la Sala desarrolla estos planteamientos:

 

100.       Primero. La Sala constata que, a la fecha de vencimiento del plazo del contrato, la accionante era titular del derecho a la estabilidad ocupacional reforzada por razones de salud. Lo anterior, porque: (i) durante la vigencia del contrato, presentó una condición de salud que afectaba de forma significativa el desempeño de sus labores y (ii) la SNR conoció su condición de salud:

 

-         Condición de salud. Durante la vigencia del contrato de prestación de servicios con la SNR, María Paula fue diagnosticada con trastorno bipolar, discopatía cervical y lumbar y radiculopatía lumbar[204]. Estos diagnósticos le causaron varias complicaciones de salud que motivaron diferentes periodos de incapacidad en el transcurso del año 2024, a saber: (a) 10 días –entre el 14 y 23 de mayo de 2024–, (b) 8 días –entre el 24 y el 31 de mayo de 2024–, y (c) 5 días –entre el 7 y el 11 de octubre de 2024.  Luego, el 22 de octubre de 2024, también durante la vigencia del contrato, el Ministerio de Salud y Protección Social calificó a la accionante con “discapacidad física”. En concreto, el Certificado de Discapacidad señala que la accionante tiene un puntaje de “dificultad en movilidad de 80/100” y de “75/100” en cuidado personal y actividades de la vida diaria.

-         Conocimiento del empleador. La SNR conocía el estado de salud de la accionante. La Sala advierte que este punto no es objeto de debate entre las partes. Por el contrario, a lo largo del trámite de tutela, la SNR ha reconocido que conocía la condición de salud de la señora María Paula. Además, señaló que fue precisamente por dicha condición y las incapacidades médicas, que decidió no renovar el contrato de prestación de servicios. En efecto, en respuesta al auto de pruebas del 3 de octubre de 2025, la SNR sostuvo que, en su criterio, la condición médica de la accionante impidió el cumplimiento de las obligaciones del contrato.

 

101.       Segundo. En criterio de la Sala, la decisión de no renovar el contrato desconoció las garantías derivadas del fuero de salud y fue abiertamente discriminatoria. La Sala reitera que el derecho a la estabilidad ocupacional reforzada constituye una protección contra la discriminación. La Corte Constitucional ha reiterado que la principal finalidad de este derecho fundamental es (i) impedir la terminación de los contratos laborales “de forma discriminatoria por causa del estado o condición de salud del empleado”^[205]; y (ii) asegurar que los trabajadores “cuenten con ‘los recursos necesarios para subsistir y asegurar la continuidad del tratamiento médico de la enfermedad’” diagnosticada^[206]. En este sentido, la Constitución, la ley y la jurisprudencia exigen que la desvinculación de las personas que tienen padecimientos de salud tenga una justificación objetiva y no se derive, exclusivamente, de la condición de salud del empleado. Por esta razón, exigen que la desvinculación esté precedida de la autorización del Ministerio del Trabajo.

 

102.       La Sala observa que las pruebas que reposan en el expediente evidencian que la decisión de no renovar el contrato de prestación de servicios de la señora María Paula careció de justificación objetiva y suficiente y, además, fue discriminatoria. A título preliminar, la Sala advierte que, pese a que la accionante era titular de estabilidad ocupacional reforzada, la SNR no solicitó autorización al inspector del trabajo al decidir no renovar el contrato de prestación de servicios. Esto implica que, en este caso, opera la presunción de despido discriminatorio.

 

103.       En criterio de la Sala, la SNR no desvirtuó la presunción de despido discriminatorio. La SNR sostuvo que la decisión de no renovar el contrato estaba justificada porque: (i) el contrato terminó por vencimiento del plazo y (ii) la supervisora del contrato de la señora María Paula expidió una calificación negativa. Contrario a lo que sostiene la accionada, la Sala considera que dichos argumentos no desvirtúan la presunción de despido discriminatorio. Por el contrario, refuerzan la conclusión de que la decisión de no renovar estuvo fundada, exclusivamente, en la condición de salud de la accionante:

 

-         El vencimiento del plazo. La Sala reitera que “la expiración del plazo pactado no desvirtúa la presunción de despido discriminatorio”[207]. La Corte Constitucional y la Sala Laboral han reiterado que, en aquellos casos en los que los trabajadores son titulares de estabilidad laboral u ocupacional reforzada, el cumplimiento del plazo fijo pactado en el contrato es una “causal legal de terminación que no constituye, por sí solo, una causal objetiva de terminación del contrato de trabajo que desvirtúe la presunción de despido discriminatorio”[208]. En este sentido, contrario a lo que sostiene la SNR, el vencimiento del plazo pactado no constituye una justificación suficiente y objetiva para no haber renovado el contrato de la señora María Paula.

-         La calificación negativa. La Sala reconoce que en el expediente reposa el informe de la supervisora del contrato de la señora María Paula. En este informe, la supervisora (i) calificó negativamente a la accionante y (ii) recomendó el “cambio de contratista”. En criterio de la Sala, sin embargo, este informe no justifica la decisión de no renovar el contrato. Esto es así porque la calificación negativa de la señora María Paula se basó exclusivamente en su condición de salud e incapacidades. En efecto, así lo reconoció la SNR en respuesta a los autos de prueba en sede de revisión. Al respecto, la entidad reconoció que “una vez validada la condición especial de la señora [María Paula], […] se logró evidenciar que la condición impidió que se pudieran ejecutar las obligaciones específicas para la cual fue contratada y, por ende afectó acorde a lo determinado por la Supervisión del Contrato la ejecución y objeto del mismo”[209]. En criterio de la Sala, esto comprueba, sin duda, que la decisión de no renovar el contrato de prestación de servicios es abiertamente discriminatoria, dado que estuvo fundada, justamente, en las complicaciones que le causó su condición de salud.

 

104.       Conclusión y remedios. En tales términos, la Sala concluye que la decisión de la SNR de no renovar el contrato de prestación de servicios vulneró el derecho de la accionante a la estabilidad ocupacional reforzada. Esto, porque (i) a la fecha de terminación del vínculo contractual, la accionante presentaba múltiples afecciones de salud que dificultaron significativamente el desempeño de sus funciones como auxiliar administrativa en la ORIP, (ii) la SNR conocía de su condición de salud y (iii) no existió una justificación objetiva y suficiente para dar por terminado el vínculo. Por el contrario, la terminación no contó con la autorización del inspector del trabajo y, además, se fundó exclusivamente en su condición de salud, lo que demuestra que fue claramente discriminatoria. 

 

105.       Con fundamento en estas consideraciones, la Sala Séptima revocará la sentencia del 9 de junio de 2025, en la que la Sala Civil-Familia del Tribunal de Popayán confirmó la decisión del Juzgado 001 Promiscuo de Familia de Santander de Quilichao que declaró improcedente la tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad. En su lugar:

 

-         Concederá el amparo del derecho fundamental a la estabilidad ocupacional reforzada.

-         Ordenará a la SNR que, en la medida de lo fáctica y jurídicamente posible, reintegre y renueve el contrato de prestación de servicios con la señora María Paula, en iguales o mejores condiciones que las que tenía en sus contratos anteriores, si ella así lo desea. Lo anterior, conforme a las recomendaciones médicas y ocupacionales emitidas por sus médicos tratantes. Ahora bien, la Sala reconoce que en el expediente obra una certificación expedida por el Ministerio de Salud, según la cual la accionante presenta una discapacidad con afectaciones del 80% en movilidad, del 75% en cuidado personal y actividades básicas, y del 50% en participación. La Sala aclara, sin embargo, que estas limitaciones, no excusan, per se, el cumplimiento de la orden de reintegro. Por el contrario, la Sala recuerda que, conforme a la jurisprudencia constitucional y ordinaria laboral, la SNR, como empleadora, tiene la obligación de (i) llevar a cabo los ajustes razonables que sean necesarios para que la accionante pueda desempeñar sus funciones en el puesto de trabajo que venía ocupando o (ii) en su defecto, intentar vincular a la accionante en un cargo que sea compatible con su condición de salud. Únicamente si tras dicho estudio se concluye que la accionante no se encuentra en condiciones de desempeñar el cargo que venía ocupando ni ningún otro, la SNR podrá abstenerse de reintegrarla mediante acto administrativo motivado.

-         Ordenará a la SNR (i) pagar los honorarios dejados de percibir (a) entre el momento en el que presentó la acción de tutela y esta decisión, y (b) los honorarios que se adeuden por la vigencia inicial del contrato[210]; y (ii) el pago de la sanción equivalente a 180 días por concepto de indemnización, a favor de María Paula, conforme con lo previsto por el artículo 26 de la Ley 361 de 1997[211].

 

(ii)        Expediente T-11.362.946. Acción de tutela interpuesta por Claudia en contra de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá

 

(a)         Posiciones de las partes y problema jurídico

 

106.       Posiciones de las partes. De acuerdo con el escrito de tutela, el 9 de marzo de 2023, Claudia se vinculó a la SEDB en el cargo de auxiliar administrativa, mediante nombramiento en provisionalidad para ocupar una vacante temporal en la Dirección Local de Educación Santa Fe y La Candelaria[212]. La SEDB abrió la vacante temporal porque la titular del cargo, Regina, había sido nombrada en periodo de prueba, en un cargo de mayor grado en un colegio distrital. A partir de noviembre de 2023, la señora Claudia presentó dolores y lesiones en un seno, lo que la llevó a someterse a varios tratamientos de drenaje y a un procedimiento quirúrgico. En enero de 2024, el médico tratante le diagnosticó mastitis granulomatosa crónica, enfermedad que le causó múltiples incapacidades durante la vigencia del contrato.

 

107.       El 16 de mayo de 2025, la señora Claudia presentó un derecho de petición en el que solicitó a la SEDB su inclusión en (i) la lista de protección laboral prevista en el parágrafo 2 del artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015 (mod. D. 498/2020); y (ii) el listado de personas protegibles por enfermedad catastrófica según la Circular 13 de 2024 de la SEDB. Además, pidió (iii) el amparo de su estabilidad laboral reforzada por razones de salud y su condición de madre cabeza de familia^[213]. Para respaldar su petición, anexó certificados de incapacidad, de atención médica y de diagnósticos, entre otros^[214]. El mismo día, mediante Resolución No. 1567 del 16 de mayo de 2025^[215], la SEDB declaró la terminación de la vacancia temporal del cargo de auxiliar administrativo en la Dirección Local de Educación Santa Fe y La Candelaria y dispuso el reintegro de la servidora Regina a partir del 20 de mayo de 2025. Esta resolución fue notificada a la accionante el 19 de mayo de 2025.

 

108.       La señora Claudia sostuvo que la SEDB vulneró sus derechos fundamentales al no responder oportunamente a la petición que presentó el 16 de mayo de 2025[216]. Asimismo, señaló que la SEDB la desvinculó sin consideración de su condición de salud, lo cual contraría la jurisprudencia constitucional.

 

109.       La SEDB, por su parte, reconoció que la accionante padecía “enfermedades catastróficas”[217]. Sin embargo, sostuvo que no estaba obligada a solicitar autorización al Ministerio del Trabajo para su desvinculación, porque los servidores nombrados en provisionalidad en vacantes temporales no son titulares de estabilidad laboral reforzada[218]. Por otro lado, señaló que su desvinculación del cargo estuvo fundada en una causa objetiva: mediante la Resolución 1567 del 16 de mayo de 2025, la SEDB reintegró a la titular del cargo, la señora Regina. Por último, señaló que no era posible incluirla en la lista de protección de estabilidad laboral reforzada porque ocupaba una vacante temporal y no definitiva.

 

110.       Problema jurídico. La Sala debe resolver el siguiente problema jurídico:

 

¿La Secretaría de Educación Distrital de Bogotá vulneró el derecho fundamental a la estabilidad laboral y a la igualdad[219] de la señora Claudia al desvincularla del cargo que ocupaba en provisionalidad como auxiliar administrativa, pese a que había sido diagnosticada con mastitis granulomatosa crónica, carcinoma papilar de tiroides e hipotiroidismo?

 

111.       La Sala reconoce que, en la acción de tutela, la señora Claudia no solicitó de forma explícita el amparo del derecho fundamental a la estabilidad laboral. No obstante, la Sala considera que, en ejercicio de las facultades extra y ultra petita debe examinar si la accionada vulneró este derecho. La Corte Constitucional[220] ha reiterado que el juez de tutela está habilitado para emitir fallos extra y ultra petita. Esto implica que, a diferencia del juez ordinario, su competencia no está limitada a (i) las situaciones de hecho relatadas en la demanda^[221]; (ii) las pretensiones del actor^[222], ni (iii) los derechos invocados por este^[223]. Según la jurisprudencia constitucional, el juez de tutela debe ejercer sus facultades oficiosas^[224] con el objeto de establecer los hechos relevantes y, en caso de no tenerlos claros, indagar por ellos, adoptar las medidas idóneas para el restablecimiento del ejercicio de las garantías iusfundamentales y “resguardar todos los derechos que advierta comprometidos en determinada situación”^[225]. Por esta razón, puede conceder el amparo a partir de situaciones o derechos no alegados y “más allá de las pretensiones de las partes”^[226].

 

112.       En este caso, la Sala encuentra procedente pronunciarse sobre la presunta vulneración del derecho a la estabilidad laboral. Esto es así, porque la petición que presentó el 16 de mayo de 2025 tenía por objeto el amparo de este derecho. En efecto, mediante esta petición la accionante solicitó: (i) su inclusión en la lista de protección laboral, (ii) su incorporación en el listado de personas protegibles por enfermedad catastrófica y (iii) el reconocimiento de estabilidad laboral por razones de salud y por su presunta condición de madre cabeza de familia.

 

(b)        Análisis de la Sala

 

113.       A título preliminar, la Sala advierte que la señora Claudia es titular de estabilidad laboral relativa —no reforzada—. Esto es así, porque conforme a la Resolución 0394 del 07 de febrero de 2023, fue nombrada en provisionalidad en una vacante temporal:

 

“ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en provisionalidad a la persona que se relaciona a continuación hasta la finalización de la situación administrativa del titular que dio origen a la vacante temporal o hasta cuando la Administración considere pertinente terminarlo mediante acto administrativo debidamente motivado en el siguiente empleo:

 

 

114.       La Sala reitera que conforme a la jurisprudencia constitucional reiterada y uniforme, los servidores públicos que ocupan cargos de carrera en provisionalidad y se encuentran en situación de debilidad manifiesta por razones de salud son titulares de estabilidad laboral “relativa o intermedia”^[227] —no reforzada—. La estabilidad laboral relativa se concreta en dos garantías que los protegen frente a actos de desvinculación arbitrarios: (i) la garantía de legalidad y legitimidad del retiro[228] y (ii) la garantía de debido proceso y motivación suficiente. A diferencia de lo que ocurre con la estabilidad laboral reforzada, en estos casos el nominador no está obligado a solicitar autorización al inspector del trabajo para desvincular al trabajador. 

 

115.       Con todo, la Corte Constitucional ha reconocido que las personas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta por razones de salud que ocupan cargos en provisionalidad son sujetos de especial protección constitucional. Esto las hace titulares de un trato “preferencial” o “preferente” frente a la desvinculación^[229]. Este “trato preferente” se concreta en dos deberes constitucionales de acción afirmativa a cargo del nominador^[230]: (i) asegurar que las personas en situación de debilidad manifiesta por razones de salud que ocupan cargos en provisionalidad sean los últimos en ser desvinculados y (ii) en la medida de lo fáctica y jurídicamente posible, vincular al sujeto nuevamente en forma provisional en “cargos vacantes de la misma jerarquía o equivalencia de los que venían ocupando”^[231]. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, los deberes de acción afirmativa deben cumplirse antes de la desvinculación[232] y su incumplimiento vulnera el derecho a la estabilidad laboral relativa, así como el principio de igualdad.

 

116.       Con fundamento en estas reglas de decisión, la Sala considera que la SEDB vulneró los derechos fundamentales a la estabilidad laboral relativa y a la igualdad de la señora Claudia. Esto es así por las siguientes tres razones:

 

117.       Primero. La accionante es titular de estabilidad laboral relativa en atención a que se encuentra en una situación de debilidad manifiesta por motivos de salud[233]. En efecto, la Sala advierte que las pruebas que constan en el expediente demuestran que, durante su vinculación a la SEDB, la accionante fue diagnosticada con cáncer de tiroides, hipotiroidismo y mastitis granulomatosa. Estas patologías exigieron cirugías, múltiples procedimientos médicos y, además, generaron varias incapacidades. En efecto, la Sala pudo constatar que, desde el 9 de marzo de 2023 –fecha de inicio de la vinculación con la SEDB–, la accionante acumuló cinco incapacidades de 2 y 3 días en promedio, así como tres incapacidades adicionales más largas de 15, 21 y 8 días, respectivamente[234]. Por lo demás, la Sala advierte que este punto fue aceptado por la SEDB. En efecto, en respuesta al auto de prueba, la entidad anexó un soporte en el que la Dirección de Talento Humano de la SEDB indicó que los diagnósticos de la accionante correspondían a “enfermedades catastróficas, condición que, en principio, podría configurar la necesidad de aplicar medidas de protección reforzada”^[235].

 

118.       Segundo. La Sala considera que, contrario a lo que sostiene la SEDB, las pruebas que reposan en el expediente evidencian que la accionada conocía la condición de salud de la señora Claudia antes de su desvinculación.

 

119.       La SEDB aseguró que no conocía del estado de la salud de la accionante antes de la fecha de desvinculación porque (i) fue el mismo 16 de mayo de 2025[236] que la accionante radicó el escrito en el que solicitó ser incluida en el “listado de servidores públicos nombrados en provisionalidad, incursos dentro de las situaciones susceptibles de protección por enfermedad catastrófica […] contempladas en la Circular No. 13 del 19 de junio de 2024”[237]; (ii) “previo a la presentación de esta solicitud no se contaba con reporte de condición de salud de su parte”^[238]; y (iii) en el examen de retiro realizado el 20 de mayo de 2025, “no se evidencia reporte de enfermedad laboral ni secuelas funcionales”^[239]. Por lo demás, aseguró que en la “evaluación médico-ocupacional de ingreso realizada el 9 de marzo de 2023, […] no se menciona condición de salud en particular ni […] restricciones para el ejercicio del cargo”[240].

 

120.       En criterio de la Sala, sin embargo, existen indicios que evidencian que la SEDB conocía de la condición de salud de la accionante con anterioridad al escrito del 16 de mayo de 2025. La Corte Constitucional ha reiterado que uno de los indicios o criterios que permiten presumir el conocimiento del empleador sobre la condición de salud del trabajador consiste en que durante la relación contractual el trabajador haya debido “ausentarse por citas médicas” o haya presentado “incapacidades médica durante días antes del despido”[241]. Pues bien, en criterio de la Sala, esto es justamente lo que ocurre en este caso. La accionante registró múltiples incapacidades –ocho en total– mientras estuvo vinculada a la SEDB, algunas de las cuales tuvieron lugar en fechas cercanas a su desvinculación[242]. Así lo demuestra la historia clínica que fue aportada en respuesta a los autos de prueba: 

 

 

121.       En criterio de la Sala, la frecuencia y duración de las incapacidades, así como su proximidad temporal a la fecha de desvinculación, permiten concluir que la condición de salud de la accionante debió haber sido conocida por la SEDB.

 

122.       Tercero. La Sala reconoce que la SEDB no debía solicitar autorización al inspector del trabajo para desvincular a la señora Claudia. Esto es así porque se reitera, la accionante no era titular de estabilidad laboral reforzada, dado que ocupaba un cargo en provisionalidad. Asimismo, la Sala reconoce que la SEDB estaba obligada a nombrar a la señora Regina, dado que era la titular del cargo por los derechos de carrera. En tales términos, la Sala estima que el acto de desvinculación respetó las garantías de (i) legalidad y (ii) motivación suficiente.

 

123.       No obstante, la Sala considera que la SEDB violó los derechos a la estabilidad laboral relativa e igualdad de la accionante porque no le confirió el “trato preferente” del que era titular. Esto, porque pese a que la accionante se encontraba en situación de debilidad manifiesta por su delicada condición de salud, la SEDB no cumplió los deberes de acción afirmativa que le correspondían, conforme a la jurisprudencia constitucional. En efecto, la accionada (i) no incluyó a la accionante en la lista de protección laboral con el propósito de que no fuera desvinculada de forma inmediata y (ii) tampoco demostró haber intentado, en la medida de lo fáctica y jurídicamente posible, vincular nuevamente a la accionante en forma provisional en algún cargo vacante de la misma jerarquía o equivalencia del que venía ocupando.

 

124.       Ahora bien, la Sala advierte que la SEDB sostuvo que no incluyó a la señora Claudia en la lista de protección laboral de la entidad y no le confirió un trato preferente porque ocupaba una vacante temporal —no definitiva—. La SEDB explicó que la Circular 13 de 2024 regula medidas de protección dirigidas a servidores vinculados mediante nombramiento provisional en vacante definitiva, por lo que no cobija a quienes ocupan vacantes temporales. Señaló que la accionante fue nombrada en un cargo de carácter temporal –en vacancia temporal de su titular–, y que estas vacantes no contemplan ninguna expectativa de permanencia en el tiempo.

 

125.       La SEDB también indicó que las medidas de protección previstas en los parágrafos 2 y 3 del artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015 existen “en razón de los trabajadores desplazados de los empleos ofertados y cubiertos mediante lista de elegibles”, por lo que “aplican únicamente para los funcionarios provisionales ubicados en vacantes definitivas”. En este sentido, concluyó que la única medida exigible en vacancias temporales es “ser desvinculados mediante acto debidamente motivado”, lo cual se cumplió mediante la Resolución 1567 del 16 de mayo de 2025.

 

126.       La Sala no comparte esta argumentación. El derecho al trato preferente del que son titulares los funcionarios que ocupan cargos en provisionalidad que se encuentran en situación de debilidad manifiesta por razones de salud aplica con independencia de la naturaleza de la vacante —definitiva o temporal—. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la titularidad de estas garantías de trato preferente y de acción afirmativa se deriva de su condición de salud y debilidad manifiesta, no del tipo de vinculación en provisionalidad. En este sentido, si el servidor en provisionalidad se encuentra en situación de debilidad manifiesta por razones de salud, tiene derecho a un trato preferencial al momento de su desvinculación, incluso cuando la cesación de la vacancia se produce por la finalización del encargo del funcionario de carrera que retorna al cargo del cual es titular[243]. En este caso, sin embargo, la SEDB no otorgó dicho trato preferencial y se limitó a informar a la accionante, mediante correo electrónico del 19 de mayo de 2025, que en virtud de la finalización del encargo de la titular del cargo, su vinculación terminaría el 20 de mayo de 2025 y que debía comunicarse con un funcionario de la entidad para practicarse un examen médico de retiro. Esto, naturalmente, vulneró su derecho a la estabilidad laboral relativa, así como el derecho a la igualdad. 

 

127.       Conclusión y remedios. Con fundamento en estas consideraciones, la Sala concluye que la SEDB vulneró los derechos fundamentales de Claudia a la estabilidad laboral relativa y a la igualdad. Por esta razón, la Sala amparará estos derechos fundamentales y ordenará a la SEDB que, en el término de quince (15) días a partir de la notificación de esta decisión y en la medida de lo fáctica y jurídicamente posible, la vincule nuevamente en un cargo vacante en provisionalidad de la misma jerarquía del que ocupaba antes de su desvinculación[244]. En caso de que esto no sea posible, la SEDB deberá exponer de forma clara y detallada, mediante resolución motivada, las razones que impiden vincularla nuevamente. Asimismo, la Sala conminará a la SEDB a que, en lo sucesivo, se abstenga de incurrir en conductas como la que motivó la presente tutela y que, en adelante, cumpla con los deberes de acción afirmativa al momento de desvincular a sujetos de especial protección constitucional que ocupan cargos en provisionalidad[245].

 

(iii)     Expediente T-11.308.086. Acción de tutela interpuesta por Sandra en contra del Colegio Eucarístico Villa Guadalupe de Bogotá

 

(a)         Posiciones de las partes y problema jurídico

 

128.       Posiciones de las partes. De acuerdo con la acción de tutela, desde el año 2020 la señora Sandra ha estado vinculada al Colegio Eucarístico Villa Guadalupe de Bogotá como profesora de español, mediante la suscripción de contratos sucesivos a término fijo. Conforme al artículo 101 del Código Sustantivo el Trabajo[246] y órdenes de jueces de tutela, estos contratos han tenido la vigencia del año escolar.

 

Tabla 17

 

129.       La accionante sostuvo que la decisión del Colegio de no renovar su contrato laboral para el año académico 2025 vulneró sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la dignidad humana, al mínimo vital, a la estabilidad laboral reforzada, al debido proceso, a la seguridad social y al trabajo. Esto, porque (i) era titular de ELR por razones de salud, en atención a su diagnóstico oncológico y a su calidad de madre cabeza de familia[247], (ii) desde octubre de 2020, el Colegio conocía su diagnóstico, las cirugías practicadas y los controles en curso y (iii) a pesar de lo anterior, decidió no renovar el contrato para el año 2025 y desafiliarla del SGSSS, sin autorización del Ministerio del Trabajo.

 

130.       El Colegio, por su parte, sostuvo que no vulneró los derechos fundamentales de la accionante. En su criterio, la accionante no era titular de ELR porque sus patologías oncológicas habían evolucionado y, a la fecha de terminación del contrato, no le impedían desempeñar sus labores de manera significativa. Al respecto, resaltó que los últimos diagnósticos de la accionante corresponden a una “contusión de la muñeca y mano” en noviembre de 2023 y “lumbago no especificado” en septiembre de 2024. Por lo demás, sostuvo que la desvinculación no fue discriminatoria. Por el contrario, se produjo por la finalización del término del contrato al cierre del periodo académico 2024.

 

131.       Problema jurídico. La Sala debe resolver el siguiente problema jurídico:

 

¿El Colegio Villa Guadalupe de Bogotá vulneró el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada[248] de la señora Sandra al no haber renovado el contrato laboral para el periodo 2025, con fundamento en el vencimiento del plazo pactado?

 

(b)         Análisis de la Sala

 

132.       La Sala considera que el Colegio Villa Guadalupe de Bogotá no vulneró el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de la señora Sandra. Esto es así, porque la accionante (i) no era titular de ELR al momento de la terminación del contrato de 2024 y (ii) la terminación del contrato obedeció a una causal legal: el vencimiento del plazo pactado.

 

133.       La Sala reitera que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, son titulares de ELR por razones de salud las personas que demuestren que, a la fecha de terminación del contrato, tenían una condición de salud que afectaba de forma significativa el desempeño de sus labores. Esta condición de salud les confiere las garantías del fuero de salud. En contraste, si no se demuestra que la condición de salud afectaba significativamente el desarrollo de las labores, no se activa la protección constitucional. Como se expuso, la Corte Constitucional y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia han señalado que el examen de la gravedad de la condición de salud, así como del impacto más o menos significativo que esta causa en el desempeño de las labores del trabajador, es contextual y funcional. Esto implica que el juez debe analizar este punto caso a caso, conforme a la evidencia médica y a los criterios desarrollados por la jurisprudencia constitucional y laboral ordinaria. De estos criterios, la Sala resalta los siguientes, que son relevantes para resolver el caso:

 

-         La Corte Constitucional ha señalado que puede inferirse que la afectación de salud es significativa si se evidencia que: (a) el trabajador cuenta con recomendaciones médicas al momento del despido, presentó incapacidad médica días antes del despido o tiene una vigente al momento de la terminación del contrato; (b) el empleado “presenta el diagnóstico de una enfermedad y el consecuente tratamiento médico”^[249]; o (c) el trabajador cuenta con el diagnóstico de una enfermedad “durante el último mes del despido, dicha enfermedad es causada por un accidente de trabajo que genera consecuentes incapacidades médicas anteriores a la fecha de terminación de la vinculación, y la calificación de PCL tiene lugar antes del despido”^[250]. En contraste, ha dicho la Corte, se presume que el trabajador no es titular de ELR si: (a) no ha sido incapacitado en periodos recientes a la terminación del contrato y “solo deba asistir a controles por un antecedente médico, pero no a un tratamiento médico en sentido estricto”^[251]; o (b) “no se demuestra la relación entre el despido y las afectaciones en salud, y la PCL es de un 0%”[252].

-         La Corte Constitucional y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia han reiterado que la ELR por razones de salud no es un derecho indefinido a permanecer en el empleo[253]. La situación de discapacidad o la condición de salud, según corresponda, “debe evaluarse funcional y contextualmente, teniendo en cuenta su carácter evolutivo y cambiante”[254]. En este sentido, si la deficiencia o condición de salud que afectaba significativamente el desempeño de las labores desaparece, “cesa también el amparo derivado de la estabilidad laboral reforzada”^[255].

 

134.       La Sala considera que, conforme a estos criterios, es posible concluir que, para la fecha de terminación del contrato, la señora Sandra no era titular de ELR. Esto es así, debido a que su condición de salud no afectaba significativamente el desempeño de sus labores como docente. La Sala reconoce que, en octubre de 2020, la accionante fue diagnosticada con un “tumor maligno del exocérvix”[256] lo que requirió una cirugía de histerectomía total abdominal y salpingectomía bilateral, que generó un largo periodo de incapacidad[257]. Asimismo, la accionante continuó su tratamiento durante el año 2022 y el primer semestre de 2023. Justamente por esta razón, en procesos de amparo anteriores, los jueces de tutela consideraron que (i) la accionante era titular de estabilidad laboral reforzada y (ii) en consecuencia, las decisiones del Colegio de no renovar su contrato laboral para los periodos 2021, 2022, 2023 y 2024, se consideraron discriminatorias, dado que se llevaron a cabo sin autorización del inspector del trabajo.

 

135.       No obstante lo anterior, la Sala considera que la decisión de no renovar el contrato para el periodo 2025 amerita un análisis distinto. Esto es así, porque las pruebas que reposan en el expediente evidencian que la condición de salud de la accionante y, en concreto, su diagnóstico oncológico, evolucionó positivamente por lo menos desde el año 2023. Al respecto, la Sala resalta que las pruebas que reposan en el expediente evidencian que, desde el segundo semestre del año 2023, la accionante no ha requerido tratamiento ni ha sido incapacitada por este diagnóstico:

 

-         La historia clínica de la accionante que reposa en el expediente evidencia que durante el año 2024 las afectaciones de salud de la accionante se limitaron a (i) un diagnóstico de apnea del sueño^[258], y (ii) un procedimiento quirúrgico ambulatorio de “artroscopia de muñeca”, llevado a cabo el 23 de octubre de 2024^[259]. Por otro lado, la accionante asistió a citas de “control o seguimiento por fisioterapia”^[260]. No obstante, en el expediente no hay prueba de que la accionante haya sido tratada por su diagnóstico oncológico durante el año 2024[261].

-         En el escrito de tutela, la señora Sandra no demostró que su condición de salud hubiera afectado el desempeño de sus labores durante el año 2024. Por el contrario, se limitó a señalar que fue diagnosticada con cáncer de cérvix en el año 2020.  Por otro lado, sostuvo que padece apnea del sueño severa, afectación emocional bajo manejo psiquiátrico, dolor crónico y debe asistir a citas de control por fisioterapia. Sin embargo, no explicó las razones por las cuales, para el año de 2024, estos padecimientos afectaban de forma significativa el desempeño de sus funciones. Por lo demás, este punto no está probado en el expediente.

-         Por último, la Sala advierte que la accionante no presentó incapacidad médica durante el último año de trabajo ni certificado que acreditara algún porcentaje de PCL.

 

136.       En criterio de la Sala, el análisis conjunto de estos elementos de prueba conduce a concluir que, para la fecha de terminación del contrato de 2024, la accionante no era titular de ELR por razones de salud. Esto se debe a que su condición de salud no afectaba el desempeño de sus funciones de forma significativa. Además, la Sala advierte que, en cualquier caso, no se demostró la relación entre el despido y las afectaciones de salud. En tales términos, contrario a lo que sostiene la accionante, la terminación o decisión de no renovación no estaba cobijada por las garantías del fuero de salud. Esto implica que (i) el Colegio no estaba obligado a solicitar autorización al inspector del trabajo para desvincularla y (ii) el cumplimiento del plazo del contrato era una causa legal y suficiente para la terminación del contrato.

 

137.       En relación con este último punto, la Sala precisa que, en aquellos casos en los que el trabajador no es titular de ELR por razones de salud, el vencimiento del plazo es una causa legal suficiente de terminación del contrato de trabajo. A diferencia de lo que ocurre cuando el empleador decide no renovar el contrato de personas titulares de ELR, si el trabajador no está amparado por esta protección, no es necesario demostrar la existencia de una “causa objetiva”. En este sentido, el empleador puede invocar el cumplimiento del plazo, sin que sea exigible demostrar que (i) no subsisten las causas que dieron origen a la relación laboral o (ii) el trabajador no cumplía adecuadamente sus funciones^[262]. En criterio de la Sala, esta conclusión se deriva de las siguientes tres premisas normativas y jurisprudenciales:

 

138.       Primero. El literal C del artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo dispone de forma expresa que el vencimiento del plazo es una causa legal de terminación del contrato de trabajo.

 

139.       Segundo. No existe ninguna prohibición constitucional ni legal que impida que los colegios privados suscriban contratos con los profesores docentes con un plazo que esté atado a la duración del año escolar. Por el contrario, el legislador dispuso expresamente que, por regla general, estos contratos tendrán la vigencia del año escolar. Al respecto, el artículo 101 del Código Sustantivo del Trabajo prevé que “[e]l contrato de trabajo con los profesores de establecimientos particulares de enseñanza se entiende celebrado por el año escolar (…)”.

 

140.       Tercero. En jurisprudencia reciente, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido de forma clara y precisa que es legalmente admisible que los contratos de personas que no son titulares de ELR se terminen por vencimiento del plazo. En estos casos, no es necesario invocar una causa objetiva distinta o adicional:

 

Es cierto que, acorde con el actual criterio de la Corte, plasmado en la sentencia SL2586-2020, se indicó que, si bien en los contratos de trabajo a término fijo la expiración del plazo es un modo legal de terminación del vínculo, sólo se tendrá como causal objetiva, si se demuestra la extinción de las causas que le dieron origen al contrato u ocaso de la necesidad empresarial, pues si ello no ocurre, se presume que la decisión de no renovar el contrato estuvo revestida de una conducta discriminatoria. Pero habría que precisar, que ello solo es aplicable en los casos de trabajadores con discapacidad, es decir, aquellos a quienes logren acreditar que se encuentran en los rangos de protección aceptados por la jurisprudencia de la Corte, y no que opere en este tipo de vínculo frente a cualquier afectación a la salud.

 

De manera que, resulta equivocada la conclusión del sentenciador, en tanto pregona que en todos los casos de mengua en la salud del trabajador, aquél tiene derecho a conservar el empleo, aunque el término del contrato haya expirado, pues si, acorde con el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, en concordancia con lo previsto en el artículo 7 del Decreto 2436 de 2001, se está en presencia de unos rangos inferiores, el empleador puede alegar y probar legítimamente esa causal legal de terminación del contrato [vencimiento del plazo], como factor objetivo” (subrayado fuera del texto) [263].

 

141.       Pues bien, la Sala constata que esto fue justamente lo que ocurrió en este caso. El contrato que la señora Sandra suscribió con el Colegio disponía expresamente que, conforme al artículo 101 del CST, tendría la duración del año escolar: “se ha celebrado el presente contrato individual de trabajo del personal docente de establecimientos particulares de enseñanza; regido por los Artículos 101 y 102 del Código Sustantivo de Trabajo […]”[264]. En tales términos, el Colegio estaba habilitado legalmente para terminar y no renovar el contrato una vez culminara el año escolar. Por esta razón, el 18 de diciembre de 2024 el empleador notificó a la accionante que “[h]abiéndose terminado dicho contrato laboral [el de 2024] la entidad Hermanas Mercedarias del Santísimo Sacramento no van a celebrar un nuevo contrato de trabajo […] para el año 2025”[265]. Conforme a la ley y la jurisprudencia, el vencimiento del plazo es razón legal suficiente para la terminación del contrato y, por lo tanto, no vulnera derecho fundamental alguno.

 

142.       Conclusión. Con fundamento en estas consideraciones, la Sala concluye que el Colegio Eucarístico Villa Guadalupe de Bogotá no vulneró el derecho a la estabilidad laboral reforzada de la señora Sandra ni ningún otro derecho fundamental. Por esta razón, la Sala revocará la sentencia de segunda instancia en la que el Juzgado 56 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá confirmó parcialmente la sentencia del Juzgado 82 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, que declaró improcedente la tutela. En su lugar, la Sala negará el amparo.

 

III.           DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

 

RESUELVE

 

PRIMERO. En relación con el expediente T-11.296.049:

 

(i)               REVOCAR la sentencia del 9 de junio de 2025, por medio de la cual la Sala Civil-Familia del Tribunal de Popayán confirmó la decisión del Juzgado 001 Promiscuo de Familia de Santander de Quilichao que declaró improcedente la tutela. En su lugar, AMPARAR el derecho fundamental a la estabilidad ocupacional reforzada de María Paula, por las razones expuestas en esta providencia.

(ii)             ORDENAR a la Superintendencia de Notariado y Registro que, en la medida de lo fáctica y jurídicamente posible, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, renueve el contrato de prestación de servicios con la señora María Paula, en iguales o mejores condiciones que las que tenía en su contrato anterior, si ella así lo desea. Lo anterior, conforme a lo explicado en el fundamento jurídico 105 de la presente sentencia.

(iii)          ORDENAR a la Superintendencia de Notariado y Registro que, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia: (a) pague los honorarios dejados de percibir entre el momento en el que presentó la acción de tutela y esta decisión, y los honorarios que se adeuden por la vigencia inicial del contrato; y (b) pague la sanción equivalente a 180 días por concepto de indemnización, a favor de María Paula, conforme con lo previsto por el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

(iv)           DESVINCULAR a la Dirección Territorial Cauca del Ministerio del Trabajo; la Inspección del Trabajo de Santander de Quilichao; el Ministerio de Salud y Protección Social; el Ministerio de Igualdad y Equidad; la Procuraduría General de la Nación; Quilisalud E.S.E.; Nueva EPS S.A.; y E.S.E. Hospital Francisco de Paula Santander del presente proceso.

 

SEGUNDO. En relación con el expediente T-11.362.946:

 

(i)               CONFIRMAR parcialmente la sentencia del 24 de junio de 2025 por medio de la cual el Juzgado 102 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá declaró la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la protección del derecho de petición.

(ii)             AMPARAR los derechos a la estabilidad laboral relativa y a la igualdad de Claudia.

(iii)          ORDENAR a la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá que, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia y en la medida de lo fáctica y jurídicamente posible, la vincule nuevamente en un cargo vacante en provisionalidad de la misma jerarquía del que ocupaba antes de su desvinculación. En caso de que esto no sea posible, deberá exponer de forma clara y detallada, mediante resolución motivada, las razones que impiden vincularla nuevamente.

(iv)           CONMINAR a la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá a que, en lo sucesivo, se abstenga de incurrir en conductas como la que motivó la presente tutela y que, en adelante, cumpla con los deberes de acción afirmativa al momento de desvincular a sujetos de especial protección constitucional que ocupan cargos en provisionalidad.

(v)             DESVINCULAR a la EPS SURA, por las razones expuestas en esta providencia.

 

TERCERO. En relación con el expediente T-11.308.086:

 

(i)               REVOCAR la sentencia del 20 de marzo de 2025 por medio de la cual el Juzgado 56 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá confirmó parcialmente la sentencia del Juzgado 82 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, que declaró improcedente la tutela. En su lugar, NEGAR la tutela interpuesta por Sandra en contra del Colegio Eucarístico Villa Guadalupe de Bogotá.

(ii)             DESVINCULAR al Ministerio del Trabajo y a la EPS Compensar, por las razones expuestas en esta providencia.

 

CUARTO. Por Secretaría General, LIBRAR las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.

 

Comuníquese y cúmplase,

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

 

 

 

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General