REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

SENTENCIA C-374 DE 2025

 

Ref.: Expediente D-16101 y D-16112 AC

 

Asunto: Demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 2385 de 2024, “[p]or medio de la cual se aporta a una transformación cultural mediante la prohibición de toros, rejoneo, novilladas, becerradas, y tientas, así como de los procedimientos utilizados en estos espectáculos que socavan la integridad de formas de vida no humana”

 

Demandantes: Christian Munir Garcés Aljure             (D-16101) y Jerónimo Antía Pimentel             (D-16112)

 

Magistrado sustanciador:

Miguel Polo Rosero

 

Bogotá D.C., cuatro (04) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, específicamente las previstas en el artículo 241 de la Constitución y en el Decreto Ley 2067 de 1991, profiere la siguiente providencia, con fundamento en los siguientes:

 

I.                  ANTECEDENTES

 

1.            En este acápite la Corte realizará una síntesis de esta sentencia, luego de lo cual hará una presentación de los hechos relevantes, la norma demandada, los argumentos planteados por los demandantes, las intervenciones formuladas en el término dispuesto para ello y el concepto brindado por el procurador general de la Nación.

 

A.    Síntesis de la decisión

 

2.            La Corte se pronunció sobre dos demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 2385 de 2024, que dispone la prohibición de las corridas, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas, y aporta una transformación cultural a través de distintas medidas de reconversión de este sector. Los demandantes señalaron que esta ley vulnera los derechos fundamentales a la diversidad cultural, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de expresión y a la propiedad privada. Además, argumentaron que la iniciativa debió contar con un estudio de impacto fiscal en el trámite legislativo, conforme con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003.

 

3.            Para comenzar, y con ocasión de la solicitud de uno de los intervinientes, se valoró la aptitud de los cargos y se concluyó que los mismos permitían un pronunciamiento de fondo. Luego, la Corte procedió a analizar el cargo de trámite y concluyó que los artículos 4 y 5 de la Ley 2385 de 2024 no contienen órdenes de gasto, ni beneficios tributarios y, en esa medida, no era necesario cumplir con los deberes dispuestos en el citado artículo 7 de la Ley 819 de 2003.

 

4.            Posteriormente, para dar respuesta a los cargos sustanciales propuestos, se determinó el contenido y alcance integral de la Ley 2385 de 2024. En seguida, la Sala Plena desarrolló las siguientes consideraciones: (i) la protección y bienestar animal como mandato constitucional, en donde abordó su evolución en la doctrina, en la legislación nacional y en la jurisprudencia constitucional; y (ii) la protección de la diversidad cultural en la Constitución de 1991 y, especialmente, la jurisprudencia relacionada con actividades taurinas, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas como manifestaciones culturales, su alcance y restricciones legítimas.

 

5.            Sobre este último punto, la Corte concluyó que las sentencias en las que este Tribunal analizó la actividad taurina como manifestación cultural, y realizó juicios de ponderación con el deber de protección animal, fueron resueltas en un escenario normativo y jurisprudencial distinto al que hoy la Sala Plena encuentra para dar respuesta a los problemas jurídicos planteados en este caso. A diferencia de los anteriores asuntos, en el estado actual: (i) el legislador ha expedido varias leyes que propenden por la materialización de la protección de los animales contra el maltrato y los tratos crueles, y buscan el alcance de su mayor bienestar; (ii) aunado a un desarrollo internacional de reconocimiento del valor intrínseco de los animales y su recategorización en el ámbito de la protección jurídica. Por su parte, (iii) la jurisprudencia constitucional, en los años recientes, ha interpretado con mayor profundidad el alcance de las obligaciones del Estado frente a la protección de los animales y su relacionamiento con los seres humanos.

 

6.            En este orden de ideas, es claro que existe un consenso pacífico, sustentado en una ética universal, y refrendado en nuestra Constitución viviente, sobre el deber de no provocar dolor, sufrimiento o muerte de forma deliberada a otro ser sintiente, so pretexto de placer o diversión, aun cuando tal manifestación pueda tener connotaciones históricas de carácter artístico o cultural. Para este Tribunal, las sociedades no son estáticas, como tampoco lo son los mandatos constitucionales que las rigen, los cuales permiten, precisamente, incorporar en su lectura nuevos valores y principios que sean acordes con los postulados de una sociedad que fija nuevas reglas de comportamiento y que busca excluir aquellas conductas que, hoy en día, no resultan tolerables, entre otras, porque se desarrollan en el marco de escenarios de violencia y de agresiones arbitrarias a otros seres sintientes. 

 

7.            Al analizar los cargos formulados contra la Ley 2385 de 2024, la Sala Plena realizó las siguientes precisiones previas: (i) el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de expresión, en este caso, se concretan en la realización de las manifestaciones culturales que fueron prohibidas por el legislador; y (ii) a este último la jurisprudencia le había otorgado la atribución para regular o prohibir las actividades taurinas, pues, por un lado (a) se admitió que tenía la autoridad para regular las tradiciones, costumbres y manifestaciones culturales relevantes en el territorio, al ser el órgano representativo del pueblo; y, por el otro, (b) porque tratándose de manifestaciones culturales que incluyen actos de maltrato animal, se presentaba una tensión entre valores constitucionales, que el legislador debía ser llamado a balancear, en principio, a través de sus competencias.

 

8.            Con base en las reglas jurisprudenciales citadas, la Corte resolvió que la transformación cultural adoptada mediante la prohibición de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas es constitucional, pues persigue un fin constitucionalmente importante, que se sustenta en la materialización real del mandato constitucional de protección y bienestar animal. El medio para lograrlo es efectivamente conducente, toda vez que la prohibición adoptada por el legislador apuesta por una transformación cultural que acaba con el maltrato animal, y las acciones que les infligen dolor y sufrimiento al toro y a otros animales durante el espectáculo. Otro tipo de alternativas no cumplen con el objetivo constitucional. Y, finalmente, la medida no es evidentemente desproporcionada, ya que se obtienen mayores beneficios en el marco del Estado Social de Derecho, que pretende lograr una armonía genuina y humanista con la naturaleza, y especialmente con los animales.

 

9.            En efecto, lejos de plantearse un debate alrededor de una autonomía que pueda considerarse absoluta o de un pluralismo irrestricto para justificar todo tipo de comportamiento, las actividades prohibidas no se dan en escenarios que dependan de la sola voluntad del sujeto, y en donde aparentemente se restringe el desarrollo puro de una libertad individual, sino que impactan no solo en seres sintientes respecto de los cuales se activa un deber de protección, sino que también se extiende su influencia en el resto de la comunidad, que busca lograr, como lo adoptó el legislador, una transformación hacia una cultura de paz, que excluya la violencia que socava la integridad de formas de vida no humana.

 

10.        Esta nueva ponderación, en el ámbito de la Constitución viviente, y por el impulso dado por el legislador y la evolución de la jurisprudencia constitucional, llevó a la Corte a avanzar en la comprensión y definición del alcance del mandato constitucional de protección y bienestar animal, por virtud del cual se impone el imperativo de excluir de nuestra sociedad, como ya se dijo, todo tipo de dolor, sufrimiento o muerte de forma deliberada a otro ser sintiente, so pretexto de placer o diversión, aun cuando esa expresión pueda tener sustento histórico de carácter artístico, cultural o deportivo, y sea representativa de regiones o de ciertos colectivos que la practican y la reconocen como propia. En este escenario, y previa integración de la unidad normativa, por estar intrínsecamente relacionada con las disposiciones demandadas, se constató que el parágrafo 4 del artículo 3 de la Ley 2385 de 2024 excluye las actividades sobre los toros coleados, las corralejas y las peleas de gallos, que deben seguir la misma regla de derecho prevista en esta sentencia.

 

11.        En efecto, la Sala Plena de la Corte encontró que, a pesar de que estas últimas también han sido admitidas como manifestaciones culturales y deportivas, e incluso gozan de instituciones que las representan en esos ámbitos, son actividades que, al igual que las prohibidas, perpetúan una cultura violenta contra los animales y la convivencia en sociedad. En este orden de ideas, la Corte consideró que la transformación cultural debe iniciar también con este tipo de eventos, pues so pretexto de generar diversión, se cometen actos de sufrimiento y dolor contra gallos y toros. Todo ello es contrario al mandato constitucional de protección y bienestar animal, que excluye el maltrato arbitrario contra los animales, así como aquel motivado en razones de esparcimiento o placer.

 

12.        En todo caso, en la medida en que esta decisión afecta situaciones preexistentes que no habían sido objeto de cuantificación ni por el Estado, ni por quienes realizan dichas prácticas, la Corte consideró necesario aplicar a estos sectores una transición gradual con medidas de reconversión laboral y cultural similares a las dispuestas en los artículos 4 y 5 de la Ley 2385 de 2024, las cuales deberán ser implementadas por el Gobierno nacional en coordinación con las entidades territoriales que puedan verse afectadas, en las prácticas tradicionales y en las labores de sus habitantes, con la decisión adoptada por este Tribunal. 

 

13.        Así las cosas, y con base en lo señalado, la Sala Plena declaró la exequibilidad de (i) los artículos 4 y 5 de la Ley 2385 de 2024, por el cargo referente al examen del impacto fiscal previsto en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, en armonía con el artículo 151 y 334 de la Constitución Política; (ii) la Ley 2385 de 2024 por los cargos examinados referentes a la protección de la diversidad cultural y al patrimonio cultural de la Nación, al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de expresión, y a los derechos adquiridos y propiedad privada de quienes se dedican a las actividades prohibidas en esta ley y (iii) en cuanto a las actividades excluidas por el legislador que también representan maltrato animal, la Sala declaró la inexequibilidad de la expresión“las actividades sobre los toros coleados, las corralejas y las peleas de gallos” contenida en el parágrafo 4 del artículo 3 de la Ley 2385 de 2024, pero aplazó los efectos de la inexequibilidad declarada en ese numeral, por el término de tres (3) años a partir de la decisión, con el fin de que se inicien los procesos de reconversión laboral y cultural correspondientes a estas actividades.

 

B.           Hechos relevantes

 

14.        En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, los días 24 y 29 de julio de 2024 los ciudadanos Christian Munir Garcés Aljure^[1] y Jerónimo Antía Pimentel^[2] presentaron demanda en contra de la Ley 2385 de 2024, “[p]or medio de la cual se aporta a una transformación cultural mediante la prohibición de las corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas, así como de los procedimientos utilizados en estos espectáculos que socavan la integridad de formas de vida no humana”, las cuales fueron acumuladas por la Sala Plena bajo el radicado D-16101AC.

 

15.        En auto del 27 de agosto de 2024 se admitió únicamente el cargo presentado en el expediente D-16112, relacionado con el presunto desconocimiento del análisis de impacto fiscal en el trámite legislativo (art. 7 de la Ley 819 de 2003). Por otra parte, se inadmitieron los demás cargos formulados en ambas demandas, al no cumplirse con las cargas de claridad, pertinencia, especificidad y suficiencia. Sin embargo, y en línea con lo previsto en el Decreto 2067 de 1991, se concedió a los demandantes el término de tres (3) días para corregir la acusación planteada, en los términos expuestos en el auto inadmisorio.

 

16.        Una vez presentados los escritos de corrección, a través de auto del 18 de septiembre de 2024, se rechazaron unos cargos y se admitieron otros, en particular, los relativos al desconocimiento de los derechos a la cultura, al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de expresión, así como la vulneración de los derechos adquiridos conforme con el artículo 58 de la Constitución^[3]. En auto del 11 de octubre de 2024, se ordenó dar continuidad al trámite de las demandas y, en consecuencia, se fijó en lista esta actuación, se invitó a expertos a conceptualizar y se dio traslado del proceso a la Procuradora General de la Nación^[4], para rendir el concepto de su competencia, de acuerdo con los artículos 242.2 y 278.5 del Texto Superior y el artículo 7 del Decreto 2067 de 1991.

 

17.        Igualmente, mediante autos del 11 de octubre y 15 de noviembre de 2024, y con base en lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 2067 de 1991, el magistrado sustanciador requirió a los secretarios generales de la Cámara de Representantes y del Senado de la República, con el fin de que (i) remitieran el expediente contentivo del proyecto de ley No. 309 de 2023 Senado, 219 de 2023 Cámara, que culminó con la expedición de la Ley 2385 de 2024, y (ii) que certificaran si se había cumplido con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003[5].

 

18.        Posteriormente, en auto del 3 de junio de 2025, el magistrado sustanciador ordenó la práctica adicional de pruebas y solicitó conceptos a las entidades involucradas en la implementación de la Ley 2385 de 2024, sobre los cuales se hará referencia expresa en el análisis de la demanda[6].

 

19.        Cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2067 de 1991, procede la Corte a decidir sobre la demanda de la referencia.

 

C.          Norma demandada

 

20.        A continuación, se transcribe el contenido de la disposición acusada, conforme con su publicación en el Diario Oficial No. 52.825 del 22 de julio de 2024[7]:

 

LEY 2385 DE 2024

 

Por medio de la cual se aporta a una transformación cultural mediante la prohibición de toros, rejoneo, novilladas, becerradas, y tientas, así como de los procedimientos utilizados en estos espectáculos que socavan la integridad de formas de vida no humana

 

EL CONGRESO DE COLOMBIA

 

Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto aportar en una transformación cultural que se fundamente en el reconocimiento y respeto por la vida animal, y que contribuya al avance de la cultura de la paz, mediante la prohibición de las corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas, así como de los procedimientos utilizados en estos espectáculos, que socavan la integridad de formas de vida no humana

 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables en todo el territorio nacional.

 

Artículo 3. Prohibición. Transcurridos tres años a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, queda prohibido en todo el territorio nacional el desarrollo de corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas.

 

Parágrafo primero: Para el caso de las actividades que actualmente se encuentren incluidas en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial LRPCI, únicamente quedarán vigentes las declaratorias sobre los elementos artísticos asociados a estas actividades, que no impliquen el maltrato animal, después de la entrada en vigencia de la prohibición referida en el presente artículo.

 

Parágrafo Segundo: El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes en articulación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reglamentará en los primeros dos meses posteriores a la entrada en vigencia de la presente ley, las condiciones de desarrollo de las actividades taurinas durante los tres años permitidos, las cuales se basarán en los más altos estándares de bienestar y protección animal.

 

Parágrafo Tercero: «Parágrafo corregido por el artículo 1 del Decreto 1228 de 2024. El nuevo texto es el siguiente:» El Gobierno Nacional hará pedagogía sobre las condiciones de desarrollo de actividades taurinas a las entidades territoriales durante los tres años permitidos, las cuales podrán autorizar dichos espectáculos siempre que se dé estricto cumplimiento de condiciones de bienestar y protección animal, así como de lo siguiente:

 

a) Las actividades señaladas en los artículos 1 y 3 de la presente ley sólo podrán realizarse en aquellos lugares en que se trate de una manifestación ininterrumpida de tradición de la población

 

b) La realización de las actividades señaladas en los artículos 1 y 3 de la presente ley deberá estar limitada a las precisas ocasiones en que usualmente estas se han llevado a cabo, no pudiendo extenderse a otros momentos del año o lugares distintos a aquellos en los que resulta tradicional su realización

 

c) Las autoridades municipales y departamentales en ningún caso podrán destinar dinero público a la construcción de instalaciones o a la financiación de estas actividades

 

d) Las entidades territoriales tendrán la responsabilidad de tomar parte activa en la prevención y eliminación del maltrato, crueldad y violencia contra los animales.

 

Parágrafo cuarto: La prohibición de la que trata este artículo no es extensiva para el resto de actividades y prácticas diarias que se realizan en la ganadería nacional ni para otras actividades y prácticas no descritas en la presente ley. Por tanto, quedarán excluidas de la prohibición las cabalgatas, las actividades sobre los toros coleados, las corralejas y las peleas de gallos.

 

La verificación del cumplimiento de dichas condiciones estará a cargo de las entidades territoriales. Su incumplimiento dará lugar a la suspensión o cancelación del evento, en cualquier tiempo.

 

Artículo 4. Reconversión laboral. El Gobierno Nacional, en coordinación con las Entidades Territoriales, tendrá un plazo de tres (3) años contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, para garantizar programas efectivos de reconversión económica y laboral para las personas que se dedican a la actividad taurina y que demuestren que sus ingresos y sustento económico principal, se derivan de las actividades de las que tratan los artículos 1 y 3 de la presente ley.

 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE apoyará técnicamente a la Comisión Interinstitucional creada en el presente artículo y al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes en la elaboración de los instrumentos para desarrollar un registro administrativo para determinar el número de personas que dependen directa y exclusivamente de las actividades a las que hace referencia este artículo. Así mismo, se determinará el número de personas que, aunque no dependan directamente de estas actividades, se ven beneficiados con su realización.

 

Una vez se conozca el resultado del diagnóstico, se adoptarán las medidas necesarias para facilitar el tránsito de las personas que dependen de. estas actividades hacia otras actividades económicas y/o laborales.

 

Parágrafo primero. Para efecto de lo dispuesto en el presente artículo, créase una Comisión Interinstitucional liderada por el Ministerio del Trabajo y conformada por los Ministerios del Interior, Agricultura y Desarrollo Rural, así como del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, y las asociaciones de toreros o cualquier gremio u organización del sector, a cargo de definir los programas requeridos para la reconversión económica y laboral de estas personas.

 

Parágrafo segundo. El Gobierno Nacional garantizará planes especiales de articulación en los municipios, dirigido a las personas que hacen parte del comercio indirecto que rodean los espectáculos taurinos, a fin de que desarrollen sus labores en el marco de otros eventos de carácter artístico, cultural, deportivo o de cualquier otra índole, que se encuentren a cargo de la respectiva entidad territorial; así como la adopción de la política pública establecida en la Ley 1988 de 2019 Y sus derechos reglamentarios, a fin de beneficiar a los vendedores informales o sus organizaciones, que hacen parte de la actividad taurina, y que están amparados bajo en principio de confianza legítima.

 

Artículo 5. Reconversión cultural. El Gobierno Nacional, en coordinación con las entidades territoriales y respetando el principio de autonomía territorial, tendrá un plazo de un (1) año contados a partir de la entrada en vigencia de la prohibición referida en el artículo 3° de la presente ley, para llevar a cabo el proceso de reconversión de los escenarios de propiedad pública y con participación mayoritaria del Estado, usados para el desarrollo de las prácticas taurinas, en espacios destinados a actividades culturales, lúdicas, deportivas y artísticas, priorizando la vinculación y participación de las personas señaladas en el artículo 4 de la presente ley.

 

Parágrafo: Para alcanzar el objetivo de la reconversión cultural de manera efectiva y sostenible, se podrán usar figuras jurídicas como las Alianzas Público-privadas y Público-Populares.

 

Artículo 6. Educación en cuidado y protección animal. Los Ministerios de Educación Nacional y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el marco de la Política Nacional de Educación Ambiental, brindarán las orientaciones para que en las estrategias de Proyectos Ambientales Escolares -PRAES-, Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental -PROCEDAS- Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental- CIEDAS- se reconozca e integre el tema del cuidado y la protección animal y fauna silvestre de los diferentes ecosistemas del territorio nacional. Adicionalmente, en el marco de sus competencias, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes implementará políticas, programas y acciones orientados a fomentar una cultura ciudadana alrededor de la vida y la protección animal y que desincentiven las prácticas prohibidas en la presente ley de forma gradual en la sociedad mostrándoles los perjuicios y consecuencias de estas prácticas.

 

Artículo 7. Vigencia. la presente ley rige a partir de la fecha de su expedición y deroga todas las demás disposiciones que le sean contrarias.

 

D.    Argumentos de la demanda

 

21.        Los demandantes solicitaron la inexequibilidad de la Ley 2385 de 2024, al considerar que ella vulnera los artículos 7, 8, 16, 20, 58, 70, 71 y 72 de la Constitución Política. Para ello, formularon cuatro cargos.

 

22.        En consideración con el primer cargo, los demandantes argumentaron que la Ley 2385 de 2024 es inconstitucional, porque durante su trámite legislativo no se realizó un estudio de impacto fiscal que estableciera los costos y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de los procesos de reconversión laboral y económica, que establece el artículo 4 en cabeza del Gobierno nacional, para las personas que trabajan directamente de las  actividades taurinas, tal como como lo exige el artículo 7 de la Ley 819 de 2003.

 

23.        Frente al segundo cargo, los demandantes señalaron que los artículos 1 y 3 de la ley demandada son inconstitucionales, toda vez que (i) contravienen el deber del Estado de proteger y promover la diversidad cultural y el patrimonio cultural de la Nación (artículos 7, 8, 70, 71 y 72 de la CP), al erradicar una manifestación cultural reconocida e impedir su transmisión, sin considerar otras alternativas; y (ii) también porque vulneran los derechos culturales de los colectivos que practican y valoran la tauromaquia, desconociendo con ello el deber del Estado de proteger la identidad cultural de todos los grupos que componen la Nación. Sobre este último punto, precisaron que la prohibición que contiene la ley afecta de manera desproporcionada a la comunidad taurina, quien se considera como una minoría cultural. Además, indicaron que el legislador debió incorporar criterios de razonabilidad y proporcionalidad, al momento de resolver la tensión entre el derecho a la cultura y otros intereses legítimos, como la protección de los animales.

 

24.        Respecto al tercer cargo, los demandantes sostuvieron que la ley acusada viola los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad (CP art 16) y a la libertad de expresión (CP art 20), en la medida en que la prohibición de las corridas de toros en todo el territorio nacional, así como la incorporación de los planes de reconversión propuestos, (i) privan al colectivo taurino de la posibilidad de definir su estilo o plan de vida conforme con sus gustos o aspiraciones, obligándolo a acomodar su cultura, sus prácticas y sus creencias, de acuerdo con lo que el legislador dispone como reconversión cultural y laboral, al tiempo que (ii) censuran expresiones culturales y manifestaciones que tradicionalmente han sido consideradas como formas de expresión artística y cultural.

 

25.        Finalmente, en relación con el cuarto cargo, los demandantes argumentaron que los artículos 3 y 4 de la ley demandada, al prohibir las actividades taurinas y al establecer un plazo de reconversión laboral, el cual, a su juicio, es insuficiente, en todo caso quebranta el artículo 58 de la Constitución, pues se afectan los derechos adquiridos de los ganaderos, los cuales están amparados por la Ley 916 de 2004 y protegidos por la Constitución. Así, señalaron que el “artículo 13 de la Ley 916 de 2004 establece que los toros de lidia deben tener entre 4 y 7 años para ser lidiados en corridas de toros y entre 3 y 4 años para novilladas, y el artículo 4 de la Ley 2385 de 2024 impone un plazo de reconversión laboral de 3 años, el cual es insuficiente considerando que el tiempo de gestación de un bovino es de 9 meses y el período necesario para que los toros estén en condiciones de ser lidiados es de 4 años”[8].

 

E.  Intervenciones ciudadanas y conceptos

 

26.        En la siguiente tabla se sintetiza el sentido de las intervenciones recibidas^[9]:

 

 

 

(i)    Argumentos de inhibición

 

27.        El Ministerio del Interior y la Universidad Santiago de Cali manifestaron, de forma general, que los cargos formulados no cumplen con razones claras, pertinentes, específicas y suficientes. Al respecto, señalaron que los demandantes presentan una lectura descontextualizada del contenido de la ley y de la jurisprudencia constitucional y, con base en ello, presentan premisas que no corresponden con la realidad.

 

28.        Por su parte, la Universidad Externado de Colombia[12] argumentó que el cargo relacionado con la presunta violación de los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de expresión carecía de razones claras, específicas y suficientes, debido a que los demandantes no explicaban cómo la prohibición de las prácticas taurinas desconocía el contenido y alcance de los derechos fundamentales mencionados. Por lo tanto, no había un contraste objetivo con las normas invocadas de la Constitución, ni argumentos precisos y concretos contra la Ley 2385 de 2024.

 

(ii)   Argumentos de constitucionalidad

 

29.        Las entidades estatales, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos que defendieron la constitucionalidad de la Ley 2385 de 2024 sostuvieron los siguientes principales argumentos[13]. En primer lugar, afirmaron que la norma no requería de un estudio de impacto fiscal, de acuerdo con los términos del artículo 7 de la Ley 819 de 2003, debido a que no establece ninguna orden de gasto. Para la mayoría de los intervinientes que se pronunciaron sobre este cargo, señalaron que la Ley 2385 de 2024 establece procesos de reconversión laboral y cultural que dependen de la ejecución de actos graduales y, por lo tanto, no era necesaria la evaluación de impacto fiscal en el trámite legislativo. Además, advirtieron que el Ministerio de Hacienda también conceptuó en ese sentido.

 

30.        En segundo lugar, en relación con el cargo por la violación del libre desarrollo de la personalidad y la libertad de expresión, los intervinientes sostuvieron que el legislador, en ejercicio de su facultad de configuración normativa, puede prohibir manifestaciones culturales que impliquen maltrato animal. Al respecto, señalaron que se trata de una restricción legítima que cumple con los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Algunos advirtieron que la tauromaquia y sus diferentes expresiones siguen siendo protegidas por el legislador, quien tan solo prohibió el toreo como una actividad que implica tratos crueles y de maltrato contra los animales.

 

31.        En tercer lugar, sobre el cargo por la presunta violación del derecho a la cultura, quienes defendieron la Ley 2385, afirmaron que existe un mandato general y un deber constitucional de protección animal para el Estado, que se sustenta en la Constitución Ecológica, especialmente, en el cuidado del medio ambiente. Insistieron en que, la jurisprudencia reciente, ha expresado que cualquier forma de maltrato o sacrificio de animales con fines recreativos es incompatible con la Constitución. Expresaron que el Congreso, en ejercicio de su amplio margen de configuración, está facultado constitucionalmente para determinar cuáles actividades son o no dignas de reconocimiento como expresión artística y cultural protegida por el Estado.  La determinación de si las corridas de toros y actividades similares son o no una expresión cultural hace parte de esa potestad legislativa. Lo anterior, se ve respaldado por la jurisprudencia en las sentencias C-666 de 2010, C-889 de 2012 y C-283 de 2014, según las cuales le corresponde al legislador determinar la continuidad o la prohibición de las prácticas taurinas. Así, a pesar de que han sido consideradas como una manifestación cultural que puede ser restringida, el legislador optó por eliminar las prácticas de maltrato y dolor animal, todo ello cumpliendo con dos objetivos constitucionalmente legítimos: (i) el bienestar animal y (ii) la cultural de paz.

 

32.        Para este grupo de intervinientes, la Ley 2385 de 2024 refleja la necesidad de una transformación cultural legítima y democrática hacia el bienestar animal. En consecuencia, el legislador, amparado en su libertad de configuración, limitó manifestaciones culturales que implican crueldad, como la tauromaquia, y lo hizo bajo la observancia del principio de dignidad y reconociendo a los animales como seres sintientes.

 

33.        Finalmente, en cuanto al cargo por violación del derecho a la propiedad y expectativas legítimas, los intervinientes afirmaron que las posibles restricciones que se puedan derivar de las prohibiciones establecidas en la Ley 2385 de 2024, se encuentran plenamente justificadas en la función ambiental (social y ecológica) de la propiedad, los fines constitucionales de protección ambiental y de promoción del bienestar animal. Resaltaron que la misma ley contempla una reconversión laboral escalonada de tres años que resulta ser un plazo razonable y respetuoso con el sector, el cual les permite tomar las medidas adecuadas para adaptarse a la transformación cultural. También señalaron que la ley prohíbe solo una forma de uso de los animales y demás bienes que implican estas actividades, de manera que la restricción no es absoluta y, en cambio, es razonable, pues contempla un régimen de transición que asegura una transformación cultural y laboral, sin sacrificar abruptamente los derechos involucrados.

 

(iii) Argumentos de inconstitucionalidad

 

34.        Por su parte, varios intervinientes apoyaron los argumentos de la demanda[14]. Por un lado, señalaron que los artículos 4 y 5 de la Ley 2385 de 2024 requerían de una evaluación de impacto fiscal, toda vez que implican erogaciones tanto para las entidades nacionales, como para las entidades territoriales. En cuanto a los cargos de naturaleza material, expresaron los siguientes argumentos. En primer lugar, adujeron que la ley vulnera el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia y la igualdad de derechos, al imponer una visión moral única, restringiendo la elección individual de participar en una tradición cultural legítima y discriminando a quienes la practican y defienden. En el mismo sentido, manifestaron que vulnera los derechos fundamentales al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de escoger profesión u oficio, porque imposibilita ejercer la actividad profesional de las personas que participan en los espectáculos taurinos, obligándolas a participar en un proceso de reconversión laboral.

 

35.        En segundo lugar, explicaron que la ley desconoció la actividad taurina como una costumbre y tradición en varios lugares de Colombia. Ello vulnera el derecho a la diversidad cultural e histórica de un Estado democrático y pluralista, pues impone la eliminación de una manifestación cultural que ha sido ejercida durante muchos años en el territorio nacional. Los derechos culturales se encuentran protegidos en la Constitución y han sido reconocidos por la UNESCO en la recomendación de Nairobi de 1976. De este modo, resaltaron que el legislador excedió su competencia, al darle un alcance absoluto al deber de protección animal, lo cual vulnera el principio del pluralismo. Lo anterior, no es coherente con la jurisprudencia constitucional, la cual, en cambio, ha ponderado esos elementos para permitir restricciones razonables.

 

36.        En tercer lugar, este bloque de intervinientes, afirmaron que la ley demandada representa una afectación directa e injustificada al sector taurino, particularmente a más de 1200 personas, entre las que se encuentran matadores de toros y novillos, picadores y banderilleros, trabajadores de plazas y ganaderos de reses de lidia. Especialmente, la Alcaldía de Manizales precisó que una corrida de toros en una plaza de primera o segunda categoría genera alrededor de 100 empleos directos y 400 indirectos, dentro de los que se encuentran personas en condición de vulnerabilidad.

 

(iv) Autoridades que participaron en la elaboración o expedición de la Ley 2385 de 2024[15]

 

37.        El Departamento Administrativo de Presidencia de la Republica y los Ministerios de las Culturas, las Artes y los Saberes, de Ambiente y Desarrollo Sostenible y del Trabajo, a través de una intervención conjunta, le solicitaron a la Corte que declare la exequibilidad de la Ley 2385 de 2024.

 

38.        Para fundamentar esta petición, las autoridades argumentaron, primero, que durante el trámite legislativo de la Ley 2385 de 2024 no se desconoció la exigencia de análisis de impacto fiscal, toda vez que los planes de reconversión laboral y cultural que trae la ley (artículos 4 y 5) no plantean un gasto adicional o una reducción de ingresos que amerite precisar los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para su financiamiento. Así mismo, señalaron que, en todo caso, el Ministerio de Hacienda había participado en el trámite legislativo, advirtiendo justamente que la iniciativa no generaría costos adicionales, pues los planes de reconversión estaban “contenidos en los techos de gasto compatibles con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo de las entidades responsables de la implementación y ejecución de estos programas”[16].

 

39.        Segundo, señalaron que la ley acusada no vulneraba el derecho a la cultura, pues las disposiciones normativas sobre la materia[17] establecían los siguientes parámetros para su garantía: “(i) la exigencia de que las prácticas, saberes o tradiciones consideradas como patrimonio cultural sean compatibles con los derechos humanos; (ii) la necesidad de que dichos elementos aporten al respeto mutuo entre comunidades y grupos; (iii) la sostenibilidad y aporte al desarrollo sostenible como característica del patrimonio cultural, y (iv) el carácter dinámico del patrimonio cultural (en últimas, de la cultura), que le permite recrearse constantemente en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia”[18].

 

40.        Sobre este asunto, manifestaron que, aunque la definición de patrimonio cultural inmaterial es amplia, ésta no es absoluta e incluso tiene sus límites. Relataron que, en el año 2014, el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO rechazó la candidatura del “Festival de la Antorcha del pueblo Yi”, en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, debido a la inclusión de peleas de animales en sus actividades[19]. Igualmente, explicaron que esta premisa de armonización entre la protección del patrimonio cultural inmaterial y la garantía de los derechos humanos también está plasmada en la regulación nacional[20], en la medida que no es posible incluir en la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial de la Nación “las manifestaciones y cualquier otro espectáculo que fomente la violencia hacia las personas y los animales”[21].

 

41.        Igualmente, advirtieron que la Corte ha desarrollado una línea jurisprudencial en la que admite que cualquier “delimitación de los derechos culturales y, en particular de la actividad taurina, corresponde al legislador”, quien incluso es competente para prohibirla a la luz del principio democrático[22].  Así, indicaron que la Ley 2385 de 2024 “no solo representa un ejercicio legítimo de libertad de configuración del legislador compatible con la Constitución Política, sino que desarrolla las reglas fijadas por la Corte Constitucional en relación con la prevención y eliminación del maltrato animal”[23], especialmente lo dispuesto en la sentencia C-666 de 2010.

 

42.         Por otra parte, las autoridades sostuvieron que esta ley no desconocía el derecho a la propiedad, ni los derechos adquiridos, en la medida que (i) el derecho a la propiedad no es absoluto y tiene funciones sociales y ecológicas, por lo que no puede ejercerse de manera que contravenga el interés colectivo; y (ii) existe una diferencia entre los derechos adquiridos, entendidos como las situaciones jurídicas completamente consolidadas que no pueden ser desmejoradas por nuevas leyes, y las expectativas legítimas, que pueden ser objeto de reforma legislativa, siempre que se persiga un fin legítimo, como es el caso de la ley demandada.

 

43.        Finalmente, las autoridades concluyeron que la Ley 2385 de 2024, contrario a lo señalado por los demandantes, es razonable y proporcionada, porque persigue fines legítimos como la protección de la vida y la integridad de los animales, así como la promoción de una transformación cultural hacia el respeto por la vida no humana y, adicionalmente, establece disposiciones transitorias y programas de reconversión laboral que mitigan los posibles impactos negativos.

 

44.        El Ministerio del Interior intervino coadyuvando todos los argumentos planteados en el escrito conjunto del Departamento Administrativo de Presidencia de la Republica y los Ministerios de las Culturas, las Artes y los Saberes, de Ambiente y Desarrollo Sostenible y del Trabajo, de modo que también le solicitó a la Corte, como pretensión principal, la declaratoria de exequibilidad de la Ley 2385 de 2024.

 

(v)     Entidades públicas, organizaciones privadas y expertos invitados[24]

 

45.        El delegado para asuntos constitucionales y legales de la Defensoría del Pueblo le solicitó a la Corte declarar la exequibilidad de la Ley 2385 de 2024. Para sustentar su petición, primero, argumentó que, contrario a lo señalado por los demandantes, esta ley no incluye ninguna orden de gasto atribuible al presupuesto nacional, de modo que la ausencia de análisis de impacto fiscal durante su trámite legislativo no puede conducir a una declaratoria de inconstitucionalidad. Al respecto, precisó que incluso el Ministerio de Hacienda, durante el trámite de la ley demandada, advirtió precisamente que ésta no generaba costos adicionales, pues dependía de su desarrollo normativo y de política pública.

 

46.        Segundo, frente al cargo por presunta vulneración al derecho a la cultura, la Defensoría señaló que (i) el Congreso tiene la competencia constitucional de crear, reformar y derogar leyes, de modo que no es posible “inferir que la Corte Constitucional no le ha facultado al legislador la prohibición de las prácticas taurinas”[25]; (ii) la jurisprudencia ha otorgado mayor protección constitucional al amparo y la prohibición de maltrato animal, que al respeto de la tauromaquia, como una práctica cultural que implica un sufrimiento animal, pues mientras la protección animal es un “fin constitucional imperioso, el cual es legítimo promover y ampliar, el respeto a la cultura taurina [es] restringido y circunscrito a donde ya se encontraba presente”[26]; (iii) los derechos de las personas que practican y valoran la tauromaquia no han sido desconocidos completamente, toda vez que la Ley 2385 de 2024 establece medidas compensatorias y no prohíbe “la exaltación o defensa de esa cultura, siempre y cuando no implique el sufrimiento animal”[27]; y (iv) en consideración a los avances y desarrollos culturales, la Corte debe respetar la decisión democrática de promover una cultura que no contemple el sufrimiento animal.

 

47.        Por otra parte, sostuvo que la ley demandada no afectó irrazonable o desproporcionadamente las libertades individuales, pues (i) persigue un fin imperioso, que es la protección y prohibición del maltrato animal; (ii) el medio elegido para hacerlo no está prohibido, ya que el legislador está facultado para prohibir la tauromaquia; (iii) es una medida necesaria, dado que la única manera para evitar el sufrimiento de toros y becerros es que no se realicen las prácticas que tienen por objeto, el entretenimiento en actividades que conllevan dolor y sufrimiento; y (iv) es proporcionada, porque “es indispensable para lograr la protección de los animales”[28].

 

48.        Respecto al cargo por presunta vulneración del derecho a la propiedad y los derechos adquiridos, la Defensoría argumentó que (i) el legislador dispuso en el artículo 4 de la Ley 2385 de 2024, una serie de medidas de compensación y transición a otras actividades; (ii) estas medidas en principio no se vislumbran inadecuadas y (iii) en el caso de que en el futuro lo sean, los ganaderos y hacendados eventualmente afectados cuentan con acciones judiciales frente a una posible responsabilidad estatal.  

 

49.        El Ministerio de Hacienda y Crédito Público le solicitó a la Corte declarar la exequibilidad de los artículos 4 y 5 de la Ley 2385 de 2024, por las siguientes razones. Primero, señaló que, tal y como lo advirtió durante el trámite legislativo, estas normas que contemplan los programas de reconversión laboral y cultural no se entienden como gastos adicionales, y “las apropiaciones presupuestales que se puedan derivar como consecuencia de los mandatos propuestos deberán realizarse de conformidad con las previsiones de programación, aprobación, modificación y ejecución consagradas en la normativa orgánica presupuestal contenida, principalmente, en el Decreto 111 de 1992”[29].

 

50.        Así, sostuvo que, dado que los programas de reconversión están contenidos dentro de los techos de gastos compatibles con el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de las entidades responsables de su implementación y ejecución, serán aquellas quienes ajustarán su presupuesto para hacer estos programas compatibles con su límite de gasto. De este modo, a juicio del Ministerio, los programas de reconversión laboral y cultural que contiene la ley demandada, no comprometen las finanzas públicas, ni vulneran el principio de sostenibilidad fiscal.

 

51.        Segundo, el Ministerio de Hacienda argumentó que, para analizar la viabilidad del estudio de impacto fiscal, debe tenerse en consideración lo dispuesto por la Corte en las sentencias C-110 de 2019 y C-134 de 2024, pues el proyecto de ley que culminó con la expedición de las normas acusadas fue radicado antes de la notificación de la sentencia C-340 de 2024. En este sentido, la regla aplicable a este caso es aquella que establece que en los proyectos de iniciativa mixta donde se requiera el estudio de impacto fiscal, éste se entenderá satisfecho cuando se realice “una mínima consideración al respecto, en la cual se identifiquen los referentes básicos de este análisis”[30].

 

52.        En conclusión, para el Ministerio de Hacienda (i) no es exigible lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, pues los artículos 4 y 5 de la Ley 2385 de 2024 no imponen al Gobierno efectuar un gasto adicional, ni establecen un beneficio tributario y, (ii) en todo caso, dicha Cartera sí participó en el trámite legislativo de las normas, donde advirtió que la iniciativa no generaría gastos adicionales.

 

53.        El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá le solicitó a la Corte que declare la exequibilidad de la Ley 2385 de 2024, al considerar que, primero, con esta norma el legislador materializó su potestad legislativa en la materia, particularmente en relación con el déficit normativo de protección animal que se evidencia con el artículo 7 de la Ley 84 de 1989 y que fue advertido por la Corte en la sentencia C-666 de 2010. Adicionalmente, esta ley respetó los derechos de las personas que practican y valoran la tauromaquia, pues su expedición es producto de un ejercicio democrático que establece medidas temporales antes de su entrada en vigor.

 

54.        Así mismo, señaló que la Corte ha sido clara en determinar que el legislador está facultado para eliminar las conductas especialmente crueles con los animales, incluso a través de su prohibición, bajo el entendido de que “la Constitución no es estática y debe responder a los cambios que se produzcan en la sociedad”[31] y que es “únicamente el legislador, en ejercicio de sus facultades y como órgano de elección popular que representa los intereses y mandatos de los diferentes territorios del país”[32], el que puede tomar una decisión en ese sentido.

 

55.        Segundo, frente al cargo por omisión del deber de análisis de impacto fiscal, el Instituto Distrital advirtió que las medidas propuestas por la Ley 2385 de 2024 no son ordenes de gastos u otorgamiento de beneficios tributarios, pues solo contienen “un deber general de financiar una transición laboral y cultural, que deberán ejecutarse en un marco temporal progresivo”[33].

 

56.        Por otra parte, en relación con el ejercicio de los derechos a la cultura, al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de expresión, precisó que la ley acusada es constitucional, porque (i) armoniza estos derechos con el deber de protección animal, “desde un nuevo consenso democrático”[34] que le apuesta al cambio y tránsito de las tradiciones culturales; y además (ii) observa los principios de razonabilidad y proporcionalidad al establecer, en los artículos 4 y 5, un régimen de transición que pretende una transformación gradual hacia actividades que les permitan a las personas el ejercicio de sus garantías constitucionales.

 

57.        Así mismo, el Instituto argumentó que la Ley 2385 de 2024 “es coherente con el principio de confianza legítima”[35], toda vez que establece un régimen de transición en su implementación, a través de medidas de la reconversión laboral y cultural, que tiene como objetivo permitir a las personas ajustar sus planes de vida a la nueva regulación. En igual sentido, precisó que, al ser la obligación de protección animal una expresión de principios, deberes y derechos constitucionales ambientales (artículos 8, 79, 95.5 CP), “constituye un principio de interés general que prevalece sobre los derechos adquiridos”[36].

 

58.        Finalmente, concluyó que la Ley 2385 de 2024 se enmarca en un contexto normativo particular, que está integrado por otras normas como “la Ley 1638 de 2013 que prohibió el uso de animales silvestres en circos, la Ley 2047 de 2020 que prohibió la experimentación en animales con fines cosméticos, así como varios pronunciamientos constitucionales relacionados con la pesca o caza deportiva, la inembargabilidad de los animales, entre otros”[37], en donde se evidencia, sin duda, un cambio social y cultural.

 

59.        La Alcaldía Municipal de Manizales le solicitó a la Corte que declare la inexequibilidad de la Ley 2385 de 2024 bajo los siguientes planteamientos. Primero, la ley demandada debió tramitarse como una iniciativa estatutaria y no como una iniciativa ordinaria, pues tiene como objeto prohibir el acceso a las corridas de toros, expresión cultural del país y patrimonio cultural de la Nación. Por otro lado, la Alcaldía señaló que la ley acusada afecta directa y desproporcionadamente los derechos adquiridos de quienes realizan actividades taurinas como las corporaciones de plazas de toros, los ganaderos de toros y demás personas que se benefician directa e indirectamente de estos espectáculos. Sobre este asunto, resaltó que la norma acusada también impacta la economía del municipio, pues la asistencia a la Feria Taurina de Manizales fue el segundo atractivo con mayor afluencia de personas en el marco de la 67 Feria de Manizales celebrada en 2024.

 

60.        Segundo, en su intervención, la Alcaldía manifestó que “el arraigo de Manizales a la actividad taurina está revestido de gran importancia social y cultural”, ya que, desde “hace más de setenta años, se celebra la Feria Taurina de Manizales”[38]. A su juicio, la tradición taurina en la ciudad constituye “el elemento central que legitima la continuidad de estos espectáculos”[39], de acuerdo con lo reconocido por la Corte en las sentencias C-666 de 2010 y C-041 de 2017. Este ente territorial recordó que, según el artículo 287 de la Constitución, los municipios tienen autonomía para gestionar sus intereses locales, como ocurre en este caso con los espectáculos taurinos en Manizales.

 

61.        Finalmente, indicó que los planes de reconversión laboral dispuestos en la ley no son concretos ni cuentan con un soporte presupuestal aparente. Además, no están dotados de garantías adecuadas para permitirles a los trabajadores de los actos taurinos acceder a trabajos en condiciones dignas y acordes a sus proyectos de vida.

 

62.        La Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte le solicitaron a la Corte que declare la exequibilidad de la ley demandada y condicione la exequibilidad del artículo 3, “en el sentido de precisar si es posible o no para las entidades territoriales autorizar las actividades taurinas sin que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes haya expedido la reglamentación de las condiciones de tales actividades”. Para sustentar estas dos peticiones, las autoridades argumentaron lo siguiente; (i) que el Congreso, en ejercicio de su amplio margen de configuración, está facultado constitucionalmente para determinar cuáles actividades son o no dignas de reconocimiento como expresión artística y cultural protegida por el Estado y, por lo tanto, si la prohibición de las corridas de toros, a pesar de ser esta una expresión cultural, también se inscribe dentro de la potestad legislativa; y (ii) que el parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 2385 de 2024, al determinar un periodo de transición de tres años, “no estableció qué ocurriría si el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, al cabo de los dos meses de la vigencia de la ley, no cumplía su deber de reglamentar”[40], dejando dudas sobre la implementación de esta medida en la práctica.

 

63.        Igualmente, sostuvo que los grupos taurinos, contrario a lo afirmado por los demandantes, “no son grupos vulnerables que carezcan de capacidad política o atención de las autoridades”, pues “las minorías que protege la Constitución no son grupos de menor número de personas que la población general, sino grupos vulnerables sin capacidad política, grupos que no han sido lesionados en la prohibición definitiva de la tauromaquia por el Congreso”[41].

 

64.        La Unión de Toreros de Colombia (UNDETOC) presentó varios argumentos para demostrar la inconstitucionalidad de la Ley 2385 de 2024. Primero, sostuvo que la ley demandada representa una afectación directa e injustificada al sector taurino, particularmente a más de 1200 personas, entre las que se encuentran matadores de toros y novillos, picadores y banderilleros, trabajadores de plazas y ganaderos de reses de lidia. Precisó que una corrida de toros en una plaza de primera o segunda categoría genera alrededor de 100 empleos directos y 400 indirectos, y que dentro de los profesionales taurinos se encuentran personas en condición de vulnerabilidad, como personas de talla baja y artesanos. Para la Unión de Toreros este impacto de la norma acusada no fue tenida en cuenta al momento de su expedición.

 

65.        Segundo, señaló que la Ley 2385 de 2024 vulnera los derechos fundamentales al trabajo, libre desarrollo de la personalidad y la libertad de escoger profesión u oficio[42], porque imposibilita ejercer esta profesión a las personas que participan en los espectáculos taurinos, obligándolas a ingresar en un proceso de reconversión laboral, y afectando sus condiciones de vida y el goce efectivo de sus derechos. En concreto, advirtió que los artículos 3 y 4 de la ley demandada limitan seriamente las libertades personales, pues las personas que participan en los espectáculos taurinos lo hacen de forma voluntaria y en el marco del ejercicio de su forma de ver el mundo y la posibilidad de diseñar libremente su proyecto de vida.

 

66.        Por otra parte, la Unión de Toreros manifestó que la norma demandada discrimina a los trabajadores del gremio taurino, quienes son tratados como “asesinos y torturadores”, respecto de los trabajadores de otras actividades donde también se utilizan animales y son similares a la tauromaquia, como el coleo, las peleas de gallos o las corralejas, pero a los que sí se les garantiza el ejercicio de su profesión.

 

67.        Así mismo, indicó que la norma demandada vulnera el derecho a la libertad cultural (artículos 70 y 71 de la Constitución y Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural), en la medida que impone una transformación mediante la prohibición de una práctica cultural y artística con arraigo en Colombia, en la cual participan un grupo de ciudadanos con identidad cultural como taurinos, quienes desarrollan actividades que, aunque “no sean mayoritarias[,] no pueden ser objeto de discriminación alguna”[43]. En el mismo sentido, señaló que la Corte ha señalado que “las expresiones culturales y artísticas son un componente esencial de los derechos culturales, que a su vez forman parte de los derechos fundamentales de las personas”[44] y que “estas expresiones no solo reflejan la identidad y los valores de las comunidades, sino que también son vitales para el desarrollo social y cultural del país”[45].

 

68.        Finalmente, concluyó que durante el trámite legislativo de la Ley 2385 de 2024 se presentaron los siguientes vicios de procedimiento: (i) la ley debió tramitarse como una iniciativa estatutaria y no como una ordinaria, pues afecta los derechos fundamentales de los trabajadores del sector taurino; (ii) no se realizó el análisis de impacto fiscal durante su trámite en el Congreso, pese a que los artículos 4, 5 y 6 ordenan un gasto público; y (iii) el proyecto de ley debió tramitarse a través de la comisión primera y no la comisión sexta, dado que esta incitativa restringe las libertades y afecta derechos fundamentales.

 

69.        La Plataforma Colombiana por los Animales (ALTO) defendió la constitucionalidad de la Ley 2385 de 2024, mediante los siguientes argumentos: (i) el objetivo de la norma es la transformación cultural fundada en el respeto por la vida de los animales y, por ello, es consecuente con preceptos constitucionales como la dignidad humana, la protección del ambiente y la función social y ecológica de la propiedad; (ii) “el deber de protección con los animales derivado de la Constitución establece como un deber moral y solidario un comportamiento digno de los humanos hacia otros seres sintientes, en clave de garantía del medio ambiente y dentro de un concepto amplio que se ha definido como Carta Ecológica”[46]; (iii) en la sentencia C-666 de 2010, la Corte determinó, de un lado, que la actividad taurina es una manifestación cultural permitida, que no está constitucionalmente protegida y que el legislador puede prohibirla si así lo quisiera, y del otro, que existe un déficit normativo del deber de protección animal, toda vez que el legislador privilegió desproporcionadamente las manifestaciones culturales que implican maltrato.

 

70.        Además, la Plataforma expuso que (iv) la cultura se transforma y se adapta constantemente, de modo que las prácticas culturales pueden ser cuestionadas y transformadas, y no pueden confundirse con los derechos culturales; (v) incluso advirtió que en la sentencia C-283 de 2014, la Corte expuso que “el simple transcurso del tiempo –tradiciones– no puede constituirse en argumento suficiente para eternizar prácticas que en la actualidad una sociedad la estima incorrecta y no deseable”[47]. Por último, manifestó que (vi) en ninguno de los artículos de la ley demandada se ordena gasto o se otorga un beneficio tributario que obligue la realización de un análisis de impacto fiscal.

 

71.        La organización Anima Naturalis Colombia le solicitó a la Corte declarar la exequibilidad de la Ley 2385 de 2024, por las siguientes razones. Primero, señaló que “la jurisprudencia constitucional más reciente (sentencia C-031 de 2019) ha reiterado que el requisito del impacto fiscal debe evaluarse en conjunto con los beneficios sociales y económicos de la legislación”[48] y que, “en este caso, los beneficios de la transformación cultural y la protección animal superan ampliamente los costos transitorios de implementación”[49].

 

72.        Segundo, sostuvo que la transformación de prácticas culturales que involucran violencia hacía manifestaciones más compasivas y pacíficas es parte natural del desarrollo social y moral de las sociedades y no significa necesariamente un “empobrecimiento cultural”[50]. En este sentido, la ley demandada “no busca borrar la historia ni negar el patrimonio cultural”[51], sino “preservar los elementos artísticos y culturales no violentos asociados a la tauromaquia”[52], bajo el entendido de que la “riqueza cultural de una nación no reside en la preservación inmutable de prácticas heredadas, sino en su capacidad para evolucionar hacia expresiones que reflejen los más altos valores de compasión, respeto y convivencia pacífica”[53].

 

73.        Finalmente, concluyó que la Ley 2385 de 2024 no solo protege a los animales, sino también “el desarrollo moral y emocional de nuestros niños, contribuyendo a la construcción de una sociedad más empática y pacífica. Este objetivo superior justifica plenamente la limitación de ciertas expresiones culturales que, aunque tradicionales, contradicen nuestras obligaciones constitucionales e internacionales en materia de protección infantil”. Además, “la reconversión de espacios taurinos no solo es viable, sino que puede representar una mejora significativa en términos económicos y sociales”, como ha sucedido con otras experiencias de transformación de plazas de toros a espacios culturales, como por ejemplo La Serrezuela en Cartagena, la Plaza de Toros de Popayán, la Plaza Monumental en Barcelona, la Plaza Belmonte en Quito y la Plaza de Toros de Tlaxcala en México.

 

74.        La Universidad Nacional de Colombia, a través del Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales -GIDCA, le solicitó a la Corte declarar la exequibilidad de la Ley 2385 de 2014, bajo los siguientes planteamientos. Primero, destacó que la protección constitucional de la tauromaquia no es absoluta, pues la Corte ha definido que el legislador está facultado para prohibir o restringir el sufrimiento animal en este tipo de prácticas culturales. Así, en la expedición de esta ley, “el legislador solo ha ejercido su competencia para limitar las prácticas que causan dolor y sufrimiento animal, de acuerdo al fin constitucional de proteger el ambiente desde una perspectiva integral”[54]. Igualmente, señaló que la prohibición que contiene la norma es congruente con los precedentes constitucionales y resulta razonable, proporcional y adecuada.

 

75.        Segundo, la Universidad Nacional sostuvo que “las posibles restricciones que se puedan derivar de las prohibiciones establecidas en la Ley 2385 de 2024 al derecho de propiedad, se encuentran plenamente justificadas en [su] función ambiental (social y ecológica) (…), [y en] los fines constitucionales de protección ambiental y de promoción del bienestar animal”[55].  Así mismo, consideró que, al establecerse el plazo de tres años para la entrada en vigor de la ley, se salvaguardan los derechos de los actuales propietarios de reses, “quienes cuentan con un plazo razonable para ir ajustándose a las nuevas realidades normativas”[56].

 

76.        Adicionalmente, advirtió que la ley acusada no ordenó gastos ni estableció beneficios tributarios, de modo que durante su trámite legislativo no era necesario realizar el análisis del impacto fiscal que exige la Ley 819 de 2003. Finalmente, la Universidad Nacional le solicitó a la Corte “ordenar al Ministerio de Hacienda, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el marco de sus competencias, que se desarrolle en el menor tiempo posible, un plan de fortalecimiento que incluya a las personas y familias que sean incluidas en la reconversión laboral y quienes trabajan de manera directa e indirecta de las actividades taurinas”[57].

 

77.        La Universidad Externado de Colombia le solicitó a la Corte que declare la exequibilidad de la Ley 2385 de 2024, por las siguientes razones. Primero, reiteró los estándares o reglas constitucionales en materia de protección animal trazados por la Corte en su jurisprudencia, en donde se ha resaltado que (i) existe indudablemente un mandato general y deber constitucional para el Estado de protección animal, que contiene tanto la prohibición de participar o apoyar acciones que impliquen maltrato, como la prohibición de abstenerse “en el desarrollo de la protección que debe brindarse a los animales”[58]; (ii) el concepto de fauna integra a todos los animales que habitan el territorio colombiano, y no solamente aquellos que están en vía de extinción, son salvajes, o ayudan a mantener el equilibrio en el ecosistema, entre otros; (iii) “el maltrato o sacrificio animal con fines puramente recreativos es incompatible con la constitución”[59]; (iv) la cultura no es un concepto que ampara cualquier tipo de expresiones o tradiciones que contradicen valores de la Carta, como el deber de protección animal; y (v) el Congreso de la República –en ejercicio de su facultad de configuración normativa– está habilitado para prohibir determinadas manifestaciones culturales que impliquen maltrato animal.

 

78.        Frente a los cargos de inconstitucionalidad propuestos en la demanda, la Universidad Externado sostuvo que: (i) los artículos 4 y 5 no imponen una obligación de gasto y el Ministerio de Hacienda, durante el trámite legislativo, rindió un concepto donde concluyó que, en efecto, dicha iniciativa no generaría gastos adicionales; (ii) “no existe una razón constitucionalmente válida y admisible que permita concluir que el deber de protección animal debe ceder para continuar permitiendo la realización de actividades taurinas, que se erigen como auténticos espectáculos de crueldad y tortura animal so pretexto de la recreación humana”[60]; (iii) en la sentencia C-666 de 2010, la Corte dio prevalencia al mandato de protección animal e impuso limitaciones al ejercicio de la actividad taurina, señalando que “estaría permitida hasta que el Congreso adoptase una decisión legislativa en contrario, como manifestación del máximo órgano democrático”[61], situación que se materializó con la Ley 2385 de 2024; (iv) las corridas de toros no son una actividad que “únicamente se desarrollan en el aspecto más íntimo o personalísimo del individuo, sino que en su [ejercicio] trasciende más allá de la esfera personal, tal como incluso se puso de presente en una de las demandas, lesionando y matando al toro; por lo cual es irrefutable que afectan bienes jurídicos constitucionalmente protegidos (el bienestar animal)”[62]; y (v) “la ley acusada no configura un mandato que tenga como contenido o efecto la privación del derecho de propiedad, la prohibición de crianza, reproducción o comercialización de toros de lidia”[63].

 

79.        La Universidad Industrial de Santander, mediante la Clínica Jurídica Carlos Gaviria Díaz, le solicitó a la Corte que declare la exequibilidad de la ley acusada. Para ellos, la defensa de la norma se justifica en estos argumentos: (i) el Congreso sí es competente para debatir sobre la prohibición o regulación de las corridas de toros y, en efecto, la Ley 2385 de 2024 es la expresión de dicha potestad legislativa; (ii) la cultura no es un concepto absoluto bajo el cual “se justifique cualquier tipo de expresiones o tradiciones que vayan en contravía de otros derechos como el medio ambiente sano”[64]; (iii) el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad no supone que la tauromaquia pueda ser una expresión absoluta, pues tiene como límite la protección de otros derechos y valores constitucionales importantes, como la protección y prohibición del maltrato animal; (iv) la ley acusada no vulnera el derecho al trabajo, ni la libertad de oficio de los toreros, porque contempla mecanismos de reconversión laboral; (v) el trámite legislativo se realizó conforme con lo previsto en la ley y la Constitución, pues se hizo a través de una ley ordinaria y siguió lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003; y (vi) el plazo para la entrada en vigencia de la ley demandada aminora el posible impacto económico que puede generar la prohibición de las corridas de toros.

 

80.        La Universidad Santiago de Cali, a través de su Clínica Jurídica en Derechos Humanos y del Semillero de Derecho Internacional Público y de la Integración, le solicitó a la Corte declarar la exequibilidad de la Ley 2385 de 2024, en atención a los siguientes argumentos. Primero, sostuvo que no hay ausencia de análisis de impacto fiscal, pues el Ministerio de Hacienda cumplió con ese requisito, al presentar, durante el trámite legislativo, un concepto en el que indicó que los artículos 4 y 5 no comprometían las finanzas públicas, ni vulneraban el principio de sostenibilidad fiscal, dado que la implementación de los programas de reconversión económica y cultural era progresiva y, por lo tanto, existe “garantía en el cumplimiento de los compromisos adquiridos, sin que haya un exceso de los recursos disponibles”[65].

 

81.        Segundo, señaló que el cargo por la presunta vulneración de derecho a la cultura se soporta sobre una cita de la sentencia C-666 de 2010, en la que le atribuyen connotaciones equivocadas, como que en ella se estableció que “prima el derecho a la cultura de los pueblos que el bienestar animal”, cuando, por el contrario, la Corte estableció que el legislador puede prohibir las manifestaciones culturales que impliquen maltrato animal, si considera que debe primar el deber de protección sobre la excepcionalidad de las expresiones culturales que impliquen maltrato.

 

82.        La Universidad Libre, mediante el Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional, le solicitó a la Corte que declare la exequibilidad de la Ley 2385 de 2024, bajo los siguientes argumentos: (i) el legislador está facultado para desarrollar la regulación respectiva de las manifestaciones culturales en el territorio nacional; (ii) “no existe una vulneración al derecho a la cultura del gremio taurino[,] en tanto la progresividad de los derechos ambientales que protegen de igual forma a los seres sintientes[,] ha socavado la excepcionalidad de ciertas conductas que, [con anterioridad], eran definidas como expresiones culturales de la identidad nacional y que hoy en día no son toleradas por la sociedad y, en consecuencia, prohibidas por el ordenamiento jurídico”[66]; (ii) no se vulneran los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de expresión, toda vez que estas garantías admiten limitaciones legítimas, como ocurre con la salvaguarda de la protección animal y la dignidad humana; (iii) el periodo para entrar en vigencia que dispone la ley demandada es una medida que estableció el legislador, con el propósito de “no dañar gravemente la expectativa legítima de lucro de los afectados[,] pues reconoce la necesidad de una fase de transición para que la transformación cultural se acompase a la situación económica del gremio”[67]; y (iv) no era necesario realizar el análisis de impacto fiscal durante el trámite de esta ley, porque no se genera un gasto concreto en cabeza del Estado, en el marco de lo dispuesto para los planes de reconversión laboral.

 

(vi)     Intervenciones ciudadanas[68]

 

83.        Durante el trámite de fijación en lista dispuesto en el artículo 7 del Decreto 2067 de 1991, se recibieron 444 intervenciones ciudadanas, de las cuales 248 solicitaron la declaración de exequibilidad de la Ley 2385, dos pidieron su constitucionalidad condicionada, y 194 su inexequibilidad. Además, cuatro intervenciones no contenían ninguna solicitud concreta[69].

 

84.        Así mismo, se recibieron seis amicus curie de organizaciones provenientes de otros países, quienes en su totalidad intervinieron para defender la constitucionalidad de la norma acusada[70].  En el Anexo I de esta providencia se hace una síntesis de todas las intervenciones mencionadas.

 

F.     Concepto del procurador general de la Nación

 

85.        En oficio del 16 de enero de 2025 se recibió por parte del procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, manifestación de impedimento para rendir concepto en la presente demanda. Indicó que se configuraba la causal consistente en “haber intervenido en la expedición de las normas objeto de control”, dado que participó “de forma verbal y escrita durante su trámite legislativo en ejercicio de las funciones de mi otrora condición de Secretario General del Senado de la República”^[71]. En auto 451 del 2 de abril de 2025, la Sala Plena declaró infundado el impedimento del procurador, resolvió levantar los términos de suspensión y dar traslado para que rindiera el concepto correspondiente, en los términos de los artículos 242.2 y 278.5 de la Constitución Política.

 

86.        El procurador general de la Nación solicitó a la Corte Constitucional declarar la constitucionalidad de la Ley 2385 de 2024, con base en los siguientes argumentos.

 

87.        En primer lugar, señaló que el proyecto de ley objeto de la demanda tuvo una iniciativa mixta, pues fue presentado por el Ministerio de Cultura, las Artes y los saberes y por 43 congresistas de diferentes partidos. De acuerdo con esta situación, aseguró el procurador, el análisis sobre la procedencia del impacto fiscal sobre la iniciativa debe ser flexible. Afirmó que, en concreto, las medidas dispuestas en los artículos 4 y 5 (reconversión laboral y cultural) de la Ley 2385 de 2024 establecen diversas alternativas para atender a las personas cuya actividad económica dependía o estaba relacionada con las actividades taurinas, así como a transformar los espacios destinados a este tipo de actividades. Para el procurador, estas dos disposiciones no configuran órdenes de gasto en los términos del artículo 7 de la Ley 819 de 2003, toda vez que “la norma legal no resulta suficiente para la aplicación directa de estas disposiciones, pues, por el contrario, requiere de un desarrollo reglamentario que las materialice”.

 

88.        Explicó que ambos artículos establecen una serie de medidas y acciones para adelantar, pero no establecen gastos o inversiones precisas que afecten el presupuesto nacional. Además, indicó que las medidas de reconversión acogidas son progresivas y graduales, y en ese orden, no reputan gastos inmediatos, sino deberes generales de financiación. Conforme con lo anterior, concluyó que las obligaciones establecidas en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003 no eran exigibles al proyecto que dio como resultado la Ley 2385 de 2024.

 

89.        En segundo lugar, el procurador afirmó que el legislador cumplió con sus competencias constitucionales, al definir la prohibición de las actividades taurinas y similares.

 

90.        Las expresiones culturales protegidas por la Constitución deben ser armonizadas con otros valores, como el medio ambiente y la prohibición del maltrato animal. Sobre este punto, el procurador subrayó que existe una línea jurisprudencial robusta que insiste en la necesidad de proteger a los animales de cualquier daño o sufrimiento al considerarlos seres sintientes. Según el Ministerio Público, esta línea jurisprudencial ha permitido que la Corte atenúe “las circunstancias en que se permite el desarrollo de actividades en las que se involucran animales, puesto que si bien, en un principio, avaló la práctica de la tauromaquia y actividades similares en todo el territorio nacional, a pesar de que causaran sufrimiento animal en consideración a su valor cultural, posteriormente la limitó solo a aquellas regiones donde tiene un raigambre cultural e histórico importante”.

 

91.        Para el efecto, el procurador hizo especial énfasis de las consideraciones desarrolladas por la Corte en la sentencia C-666 de 2010, en la cual la Corte declaró la constitucionalidad de los espectáculos taurinos, pero reconoció a los animales como seres sintientes y, con ello, formuló un condicionamiento con algunas restricciones a la expansión de las prácticas taurinas. El procurador resaltó que en aquella providencia se señaló que el legislador, en ejercicio de su libertad de configuración normativa, podía llegar a “prohibir las manifestaciones culturales que implican maltrato animal”, “si considera que debe primar el deber de protección sobre la excepcionalidad de las expresiones culturales que implican agravio a seres vivos”, en tanto “la Constitución de 1991 no es estática y la permisión contenida en un cuerpo normativo preconstitucional no puede limitar la libertad de configuración del órgano representativo[,] de acuerdo a los cambios que se produzcan en el seno de la sociedad”.

 

92.        Con fundamento en ello, el procurador afirmó que el llamado a determinar la continuidad de estas prácticas culturales, que implican algún tipo de maltrato animal, es el legislador, en virtud del principio democrático. Además, expresó que la Corte en reiteradas oportunidades advirtió que solo al Congreso le correspondía prohibir prácticas que conllevaran maltrato y crueldad animal. Por ello, fue el legislador quien “expidió la Ley 2385 de 2024, con la que zanjó la deuda que tenía para eliminar el déficit de protección con los animales utilizados en el espectáculo taurino, en una clara maximización del principio de protección de la fauna”. De acuerdo con lo anterior, el procurador expresó que el legislador cumplió con su función constitucional y no se excedió en sus competencias.

 

93.        En tercer lugar, el procurador se refirió a la proporcionalidad de la medida adoptada por el Congreso de la Republica. Señaló que, al ser la tauromaquia una expresión cultural y artística que debe respetar el ejercicio de otros derechos fundamentales, es necesario dar aplicación a un test estricto de proporcionalidad, con el siguiente resultado:

 

(i)          La ley persigue una finalidad constitucionalmente imperiosa, urgente o inaplazable. Según el procurador, proscribir todo tipo de trato cruel e inhumano o sacrificio animal con fines recreativos en los espectáculos mencionados, garantiza la protección de la vida y la integridad de los animales, así como la promoción de una transformación cultural hacia el respeto por la vida no humana, lo cual es acorde con los postulados constitucionales relacionados con la protección de la riqueza natural, incluidas las especies de fauna salvaje y doméstica. Puso como ejemplo las decisiones recientes de la Corte en las que se ha protegido a los animales de prácticas deportivas y recreativas que implican algún daño o maltrato sobre ellos.

 

(ii)        Se debe establecer si el medio es efectivamente conducente. De acuerdo con el Ministerio Público, la medida adoptada cumple con dicha exigencia, pues protege las especies bovinas y caprinas de espectáculos en los que se les inflige dolor y muerte.

 

(iii)     Es una medida necesaria y adecuada, toda vez que “protege a los animales sin sacrificar la expresión cultural de la tauromaquia en su totalidad[,] por cuanto la ley permite que sigan vigentes las declaratorias sobre los elementos artísticos asociados a estas actividades, que no impliquen el maltrato animal, incluso después de la entrada en vigencia de la prohibición referida en la norma acusada, y tampoco resulta extensiva para el resto de actividades y prácticas diarias que se realizan en la ganadería nacional ni para otras actividades y prácticas no descritas en la presente ley, por lo que están excluidas de la prohibición las cabalgatas, las actividades sobre los toros coleados, las corralejas y las peleas de gallos”.

 

(iv)      Es una medida proporcional en sentido estricto. Sobre este punto, el procurador explicó que el legislador fue consciente de las afectaciones que la prohibición trae para el sector que se dedica a estas prácticas, y para el efecto, contempló una transición de tres años para que el gobierno, en conjunto con los grupos afectados, formule proyectos de reconversión económica y laboral que mitiguen los efectos negativos en quienes derivan su sustento principal de estas prácticas culturales. Asimismo, dispone de una reconversión cultural que se deberá desarrollar en un plazo no mayor a un año, que en todo caso debe vincular a las personas que, en principio, se dedicaban a las actividades proscritas.

 

94.        Finalmente, en cuanto a la presunta vulneración del derecho a la propiedad privada y los derechos adquiridos, el procurador sostuvo que el citado derecho no es absoluto y puede estar sujeto a limitaciones razonables como lo establece la Ley 2385 de 2024. Así, a los hacendados y ganaderos de toros de lidia no se les vulnera su derecho a la propiedad privada, toda vez que, con el enfoque actual sobre la protección de los animales como seres sintientes, no es posible mantener una relación con ellos como meros objetos de uso o utilidad a favor del ser humano. Al respecto, el procurador distinguió entre los derechos adquiridos y expectativas legítimas, y precisó que la prohibición es una medida adecuada y proporcional, toda vez que atiende a fines constitucionales imperiosos.

 

95.        Resaltó que, tratándose de expectativas legítimas, la medida es proporcional, en tanto que “la ley permite una transición gradual, buscando mitigar los impactos negativos sobre las personas que viven del ganado de lidia y los espectáculos directos y conexos relacionados con las corridas de toros, el rejoneo, becerradas, novilladas y tientas”. Según el procurador, la Ley les otorga una transición de tres años para que “adopten las medidas necesarias para proteger sus intereses financieros, dirigiendo sus actividades a otras que no causen dolor y sufrimiento a los animales, sin que ello implique una afrenta a su derecho a la propiedad, ni muchos menos vulnere el principio de confianza legítima en las actuaciones del Estado, pues desde el año 2010, con la sentencia C-666, estaban advertidos que el legislador podía establecer la prohibición que se materializó con la ley aquí demandada”.

 

96.        Con todo lo anterior, el procurador general de la Nación solicitó a la Corte declarar la exequibilidad de la Ley 2385 de 2024, sin condicionamiento alguno. No obstante, advirtió que la proporcionalidad de la prohibición definida por el legislador y las medidas adoptadas a favor del sector de las corridas de toros, dependen de la efectiva implementación de los procesos de reconversión laboral, cultural y educativa. En este sentido, adujo que “es importante que se cumplan los términos establecidos en los artículos 4 y 5, con el fin de que la prohibición entre a regir, cuando las reconversiones mencionadas estén consolidadas, con el fin de que se respeten los derechos de los afectados en la mayor medida posible, mientras se salvaguarda la integridad de los animales, como seres sintientes”.

 

II.    CONSIDERACIONES

 

97.        En este acápite la Corte se pronunciará sobre su competencia para conocer de la demanda. Luego resolverá una cuestión previa relacionada con la aptitud de uno de los cargos propuestos. Y, una vez resuelta, formulará los problemas jurídicos del caso y procederá con su resolución.

 

A.    Competencia

 

98.        La Corte Constitucional es competente para resolver la demanda de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241.4 de la Constitución, por dirigirse contra una ley de la República, esto es, la Ley 2385 de 2024, “[p]or medio de la cual se aporta a una transformación cultural mediante la prohibición de toros, rejoneo, novilladas, becerradas, y tientas, así como de los procedimientos utilizados en estos espectáculos que socavan la integridad de formas de vida no humana”.

 

99.        Adicionalmente, en cuanto al cargo de trámite propuesto por los demandantes es necesario indicar que, por virtud del numeral 3 del artículo 242 de la Carta, “[l]as acciones por vicios de forma caducan en el término de un año, contado desde la publicación del respectivo acto.” En este caso no se configura el fenómeno de la caducidad de la acción, pues la Ley 2385 de 2024 se publicó en el Diario Oficial No. 52.825 del 22 de julio de 2024, y las demandas fueron presentadas dentro del año siguiente a su promulgación. En efecto, se formularon por escritos del 24 y 29 de julio de 2024, enviados mediante correo electrónico.

 

B.    Primera cuestión previa: aptitud de la demanda^[72]

 

100.       En el auto en el que se admite una demanda de inconstitucionalidad, el magistrado sustanciador valora si esta cumple con los requisitos mínimos de aptitud sustantiva. Este estudio corresponde a una revisión sumaria que no compromete ni define la competencia de la Sala Plena de la Corte, depositaria de la función de decidir de fondo sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos, en los términos del artículo 241 de la Constitución^[73]. Cuando ninguno de los intervinientes en el trámite cuestiona la aptitud de la demanda es plausible inferir que se trabó de manera adecuada la litis constitucional y, por lo tanto, que aquellos pudieron presentar argumentos razonables para impugnar o defender la constitucionalidad de la disposición acusada, finalidad adscrita a esta etapa, en los términos del artículo 7 del Decreto Ley 2067 de 1991. Contrario sensu, si los intervinientes presentan “un análisis mínimo que permita colegir las razones del incumplimiento de cada uno de los requisitos de la carga argumentativa”, es adecuado que la Sala Plena valore nuevamente la aptitud de la demanda^[74], claro está, sin que esta sea una exigencia que limite su competencia, tanto por las razones alegadas por los intervinientes, como por otras, de considerarlo necesario. Así las cosas, las intervenciones no limitan la competencia de la Sala Plena para valorar la aptitud sustantiva de los cargos de las demandas de inconstitucionalidad.

 

101.       Sobre la base de lo expuesto, en el presente caso, se advierte que tanto los intervinientes como el procurador general de la Nación consideran que las demandas cumplen con todos los requisitos de idoneidad necesarios para proferir una decisión de fondo, con excepción del cargo referente a la presunta vulneración del libre desarrollo de la personalidad y de la libertad de expresión, frente al cual se cuestiona su aptitud por parte del Ministerio del Interior y de las Universidades Santiago de Cali y Externado de Colombia (Departamento de Derecho Penal y Criminología), por tal motivo la Sala Plena se limitará a revisar este último, en la medida en que considera que, a partir del consenso que existe frente al resto de alegaciones realizadas, no es necesario referirse a ellas.

 

102.       Aptitud del cargo relacionado con la vulneración de los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de expresión. El demandante dentro del expediente D-16101 afirmó que la Ley 2385 de 2024 impone la creencia de una mayoría y desconoce la expresión cultural de un sector de la población. De ese modo, señaló que la tauromaquia y las prácticas relacionadas son expresiones artísticas y culturales que deben ser protegidas en el marco de un Estado pluralista. Con sustento en ello, advirtió que, de manera autónoma, muchas personas se han dedicado a lo largo de su vida, bien sea como profesión, oficio o actividad recreativa a las prácticas taurinas como una opción lícita. Así, la ley objeto de demanda prohíbe tajantemente una práctica cultural que afecta los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de expresión de una parte de la población.

 

103.       El Ministerio del Interior, la Universidad Santiago de Cali y la Universidad Externado de Colombia solicitaron la inhibición de la Corte debido a la ineptitud de la demanda. No obstante, solo esta última presentó argumentos suficientes y precisos para analizar la aptitud frente a uno de los cargos formulados. Por lo tanto, sólo se analizará esta solicitud. En efecto, las alegaciones realizadas por el Ministerio del Interior y la Universidad Santiago de Cali simplemente señalan que existe una lectura descontextualizada de la ley y la jurisprudencia, y que, por ello, se hacen alegaciones que no corresponden con la realidad. A partir de esta manifestación genérica no es posible cuestionar la aptitud de la demanda, ni tampoco se brindan argumentos para ello, por lo que la Corte se abstendrá de proseguir con su examen.

 

104.       Por el contrario, el Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia manifestó a la Corte que el cargo cuestionado carece de razones claras, específicas y suficientes. Para el efecto, afirmó lo siguiente:

 

“Claridad, porque no plantea una ilación lógica que permita extraer cuál es el motivo de violación a tales derechos fundamentales; Especificidad, dado que (…) no se funda en cuestionamientos precisos y concretos, sino que se limita a hacer una breve exposición sobre el contenido de tales garantías. (…) Y suficiencia, puesto que, de la argumentación expuesta, no surge una mínima duda sobre la inconstitucionalidad de las normas demandadas, máxime cuando se hace alusión in genere a la totalidad de la ley”^[75]

 

105.       A diferencia de lo considerado por la universidad mencionada, la Sala Plena considera que el cargo es apto y merece un pronunciamiento de fondo[76], por las siguientes razones:

 

106.       El cargo es claro, toda vez que su argumentación es comprensible y permite evidenciar que, prima facie, la Ley 2385 de 2024 establece una prohibición que impacta en una forma de expresión cultural minoritaria y, en esa vía, afecta las formas de vida y profesión de un sector de la población que se dedica a las corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas. En la corrección de la demanda, los demandantes precisaron que el legislador se excedió y debió incorporar criterios de razonabilidad y proporcionalidad, así como ponderar la prohibición frente a estos derechos.

 

107.       El cargo cumple con razones específicas y suficientes porque, particularmente el demandante del expediente D-16101, explicó cómo la ley que cuestiona vulnera los derechos fundamentales invocados. Al respecto, se evaluó en el auto admisorio lo siguiente:

 

108.       En cuanto al libre desarrollo de la personalidad indicó que “el legislador hace una errónea ponderación de la ley frente al derecho del libre desarrollo de la personalidad consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional, puesto que priva al colectivo taurino de definir su estilo o plan de vida conforme a sus gustos o aspiraciones, obligándolo a acomodar su cultura, sus prácticas y sus creencias de acuerdo a lo que el legislador dispone como reconversión cultural y laboral”^[77], dándole prevalencia a las protecciones reconocidas a los animales, sobre los derechos inherentes a la persona humana, y aun pudiendo preservar este derecho a través de medidas menos lesivas, decide vulnerarlo en los artículos 4 y 5.

 

109.       En cuanto a la proporcionalidad en sentido estricto, el actor afirmó que la ley en discusión resulta ser a todas luces desproporcionada frente a la limitación del ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Para el demandante, la lidia taurina ha sido malinterpretada por los opositores de su realización, pues ha sido erróneamente concebida como una práctica cuyo único fin es afectar la integridad física del toro de lidia, dejando de lado las expresiones artísticas que no maltratan en lo absoluto al animal (lidia con capote, muleta o caballo) y que, por el contrario, son muestras de la decisión unilateral y libre de quienes se dedican a eso por profesión o son aficionados a la práctica taurina.

 

110.       Por ejemplo, las becerradas son actividades en donde aficionados prácticos torean al animal a través de capotes y muletas (utensilios de tela), sin hacer uso alguno de objetos que puedan socavar en lo más mínimo su integridad. Dicho lo anterior, según el actor, la censura que propone la ley resulta ser excesiva y desproporcionada, en tanto prohíbe todas las manifestaciones taurinas, sin distinción alguna, desconociendo que en estas prácticas se llevan a cabo actividades que, sin transgredir la integridad del animal, son ejercidas en desarrollo de un derecho legítimo de los aficionados, toreros, novilleros, subalternos y demás actores de la tauromaquia.

 

111.       Frente a la libertad de expresión, el demandante mencionó que “la ley 2385 de 2024, al prohibir las corridas de toros y otras prácticas taurinas, puede que no limite el acceso a la información veraz e imparcial, no obstante, limita expresiones culturales y manifestaciones que tradicionalmente han sido consideradas por la Corte Constitucional como formas de expresión artística y cultural, las cuales están protegidas bajo este derecho fundamental y están viéndose censuradas por cuenta de la prohibición de las prácticas taurinas como expresión cultural. (…) Frente al análisis de proporcionalidad en sentido estricto, la ley pretende proteger la vida y la integridad de los animales por medio de la prohibición de las actividades taurinas, limitando el derecho de difundir y practicar las expresiones culturales derivadas de la tauromaquia e impidiendo que las personas puedan ejercer su derecho a cabalidad, motivo por el cual, se transgrede por la norma demandada el artículo 20 de la Constitución en el entendido en que el fin que persigue no otorga potestad al legislador de limitar este derecho constitucional, excediendo sus facultades legislativas y vulnerando derechos fundamentales”.

 

112.       Por consiguiente, dado que el demandante explicó, de manera concreta, cómo la ley demandada, al prohibir actividades taurinas, resulta contraria al libre desarrollo de la personalidad (CP art.16) y a la libertad de expresión (CP. art. 20), el cargo cumple con razones específicas y suficientes y, en consecuencia, la Sala Plena lo considera apto.

 

C.    Problemas jurídicos

 

113.       La Ley 2385 de 2024 tiene por objeto “aportar en una transformación cultural que se fundamente en el reconocimiento y respeto por la vida animal, y que contribuya al avance de la cultura de la paz, mediante la prohibición de las corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas, así como de los procedimientos utilizados en estos espectáculos, que socavan la integridad de formas de vida no humana” (art. 1). Para lograr este objetivo, adopta las siguientes determinaciones: (i) prohíbe la realización de aquellas actividades en todo el territorio nacional, a partir del tercer año de la entrada en vigencia de la ley; (ii) encomienda al Ministerio de Culturas, las Artes y los Saberes que, en articulación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamente las actividades taurinas en el transcurso de los primeros tres años. Esta reglamentación que debe sustentarse “en los más altos estándares de bienestar y protección animal”. Además, (iii) contempla una reconversión laboral y cultural, y (iv) establece la educación en cuidado y protección animal en los proyectos ambientales escolares, y otras estrategias dentro de la Política Nacional de Educación Ambiental.

 

114.       En sus escritos, los demandantes formularon varios cargos contra diferentes artículos de la Ley 2385 de 2024. Sin embargo, al final sus pretensiones se dirigen contra la integralidad de la ley, pero, especialmente, contra la prohibición en todo el territorio nacional de la realización de corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas. Como ya ha sido expuesto, afirmaron que lo dispuesto en la Ley 2385 de 2024 (i) contempla órdenes de gasto y, por ello, debió cumplirse con las obligaciones dispuestas en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, relacionadas con el análisis de impacto fiscal en el trámite legislativo; (ii) desconoce la diversidad cultural de la Nación, al impedir las manifestaciones culturales e históricas de las corridas de toros; (iii) viola los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la libre expresión, al imponer una sola forma de pensamiento y al adoptar medidas desproporcionadas a todas las actividades del toreo sin distinción; y (iv) vulnera los derechos adquiridos de ganaderos de toros de lidia, al obligarlos a realizar una reconversión laboral que afecta el ejercicio de sus labores.

 

115.       La Sala reconoce que algunos intervinientes invocaron la presunta vulneración de otros derechos fundamentales, como, por ejemplo, al trabajo y a la libre escogencia de profesión u oficio. Según el artículo 22 del Decreto 2067 de 1991 y la jurisprudencia constitucional, bajo condiciones específicas, la Corte “se encuentra facultada para ampliar el control de constitucionalidad”[78], a través de la figura de la evidente y manifiesta inconstitucionalidad.

 

116.       En esta ocasión, la Corte no ampliará su control a cargos diferentes a los expuestos y admitidos en las demandas, toda vez que (i) la presunta violación a los derechos al trabajo y a la libertad de profesión u oficio fue estudiada por el magistrado sustanciador en la fase de admisión, y fue inadmitida y rechazada, por la falta de cumplimiento de los requisitos de argumentación exigidos; (ii) el presunto cargo que se puede extraer de la invocación de estos derechos, se funda en los posibles efectos de la medida legislativa y, por lo tanto, no se demuestra de forma directa cómo la ley acusada, en sí misma, impide el ejercicio de toda actividad laboral de los sujetos involucrados en los espectáculos taurinos. De esta manera, el alegato no explica de qué manera la prohibición de las corridas de toros y actividades similares comprometería el núcleo esencial de los derechos al trabajo y a la libre escogencia de profesión y oficio; y (iii) el legislador cuenta con un amplio margen de configuración para regular los límites de las actividades económicas y profesionales, más aún cuando hay una tensión con bienes constitucionales de igual o mayor jerarquía, como la protección animal o la prohibición de tratos crueles contra seres sintientes.

 

117.       De conformidad con lo anterior, no es posible analizar la violación de otros derechos invocados por los intervinientes en este proceso, en particular, los derechos al trabajo y a la libertad de profesión u oficio, pues no se dan las condiciones mínimas para tal efecto. Ahora bien, la citada conclusión no excluye que, dado el caso, y a través de la figura de la integración de la unidad normativa, como reiteradamente la ha utilizado la Corte, la Sala Plena se pronuncie de fondo sobre la constitucionalidad de disposiciones legales que no fueron acusadas[79], si, por ejemplo, constata que “el precepto demandado se encuentra intrínsecamente relacionado con otra norma que, a primera vista, presenta serias dudas sobre su constitucionalidad”[80].

 

118.       A partir de lo expuesto, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala Plena de la Corte Constitucional son, en principio, los siguientes:

 

(a) En cuanto al cargo de trámite, ¿se desconoció la obligación dispuesta en los artículos 151 y 334 de la Constitución, así como del artículo 7 de la Ley 819 de 2003, al no presentarse evaluación de impacto fiscal en el trámite del proyecto de ley No. 309 de 2023 Senado, 219 de 2023 Cámara, que dio lugar a la expedición de la Ley 2385 de 2024, a pesar de que se contemplan artículos de reconversión laboral y cultural?;

 

(b) ¿la prohibición de las corridas de toros, el rejoneo, las novilladas, las becerradas y tientas contemplada en la Ley 2385 es una limitación legítima al derecho de promover la diversidad cultural y al patrimonio cultural de la Nación (CP arts. 7, 8, 70, 71 y 72), en aras de garantizar la protección animal, conforme con el marco constitucional vigente?

 

(c) ¿La proscripción de prácticas del espectáculo taurino establecida en la Ley 2385 de 2024 constituye un límite legítimo al derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de expresión, o excede los márgenes permitidos de restricción a los derechos fundamentales?

 

(d) ¿La Ley 2385 de 2024 desconoce los derechos a la propiedad y los derechos adquiridos del sector taurino, y especialmente, de los ganaderos y hacendados que se dedican a las actividades económicas que fueron prohibidas en el artículo 1?

 

119.       Para resolver los anteriores problemas jurídicos, la Sala hará referencia a las siguientes materias: (i) El análisis de impacto fiscal de las normas que ordenan gasto u otorgan beneficios tributarios (arts. 151 y 334 de la CP y art. 7 de la Ley 819 de 2003). Con base en estas reglas jurisprudenciales, se dará respuesta al primer problema jurídico.

 

120.       Luego, en aras de dar respuesta a los cargos sustanciales, la Sala Plena determinará el contenido y alcance de la Ley 2385 de 2024. En este aparte, se hará una breve descripción de cada una de las actividades que se prohíben y que se excluyen dentro del texto legal. Con posterioridad, la Sala abordará: (ii) la protección y bienestar animal como valores constitucionales; (iii) la protección de la diversidad cultural en la Constitución Política de 1991 y, especialmente, la jurisprudencia relacionada con actividades taurinas, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas como manifestaciones culturales (alcance y restricciones legítimas). Estas consideraciones servirán de base para resolver cada uno de los cargos formulados por los actores. Cabe precisar que el desarrollo de los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de expresión en relación con manifestaciones culturales y artísticas, así como los derechos adquiridos de estas actividades, tendrán referencia en el análisis del caso concreto, puesto que se entiende que aquellas prácticas como manifestaciones culturales, son una especie del ejercicio de estos derechos.

 

121.       Finalmente, luego de aplicar un test intermedio de proporcionalidad de la prohibición dispuesta por el legislador, la Sala Plena evaluará si es procedente incluir dentro de la prohibición las actividades excluidas en el parágrafo 4 del artículo 3 de la Ley 2385 de 2024, precisamente, a través de la figura de la unidad normativa, por la relación intrínseca con la materia objeto de definición constitucional.

 

D.    Cargo Primero: el análisis de impacto fiscal de las normas que ordenan gasto u otorgan beneficios tributarios (art. 7 de la Ley 819 de 2003)

 

122.       Los demandantes argumentaron que la Ley 2385 de 2024 es inconstitucional, porque durante su trámite legislativo no se realizó un estudio de impacto fiscal que estableciera los costos y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de los procesos de reconversión laboral y cultural, que establecen los artículos 4 y 5 en cabeza del Gobierno nacional, para las personas que trabajan directamente de las actividades taurinas, tal como lo exige el artículo 7 de la Ley 819 de 2003.

 

123.       La Sala Plena estima que, de acuerdo con los parámetros constitucionales vigentes, el deber dispuesto en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003 no es exigible en esta ocasión, toda vez que las disposiciones de la Ley 2385 de 2024 no contienen órdenes de gasto ni beneficios tributarios en los términos de la jurisprudencia constitucional vigente. No obstante, como se explicará posteriormente, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al ser una iniciativa de origen mixto^[81], presentó el concepto para segundo debate en el Senado de la República, el cual fue publicado en la Gaceta 1215 del 6 de septiembre de 2023 y fue discutido en sede congresional^[82]. Por lo demás, el Ministerio de Hacienda también dio respuesta a la Corte y manifestó que, mediante escrito fechado el 9 de noviembre de 2023, se dirigió al Congreso para tercer debate y brindó un concepto sobre la materia, el que concluyó que: “(…) la iniciativa no generaría en principio costos adicionales”^[83].

 

124.       Con fundamento en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, “[p]or la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios “deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo [MFMP]”. Para el efecto, “deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo”. El artículo dispone que le corresponde al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cualquier tiempo durante el respectivo trámite en el Congreso de la República, rendir su concepto frente a la consistencia de lo dispuesto en el inciso anterior. Este informe debe publicarse en la gaceta respectiva y no podrá ir en contravía del Marco Fiscal de Mediano Plazo.

 

125.       Finalmente, el artículo señala que los proyectos de iniciativa gubernamental “que planteen un gasto adicional o una reducción de ingresos, deberá contener la correspondiente fuente sustitutiva por disminución de gasto o aumentos de ingresos, lo cual deberá ser analizado y aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público”.

 

126.       Cabe precisar que la jurisprudencia constitucional ha establecido que el incumplimiento de este deber en el marco del trámite legislativo constituye un vicio de procedimiento de carácter formal y, por lo tanto, se encuentra sujeto a la caducidad establecida en el numeral 3 del artículo 242 de la Constitución. A pesar de ello, la Sala ha resaltado que es un deber que se encuentra inescindiblemente relacionado con criterios constitucionales de carácter sustancial, como lo son la racionalidad de la actividad legislativa, el criterio de sostenibilidad fiscal y la protección de la política y estabilidad macroeconómica^[84]. Esto se fundamenta en lo consagrado en los artículos 345 a 351 de la Constitución, en los cuales se prevé el presupuesto de rentas y ley de apropiaciones, la forma de su aprobación y las reglas de presentación, elaboración y aprobación en el Congreso de la República.

 

127.       Como puede verse, el precepto orgánico establece una obligación que se activa y se hace exigible cuando exista una norma que ordene un gasto o conceda un beneficio tributario o, en el caso de los proyectos de iniciativa gubernamental, que plantee un gasto adicional o una reducción de ingresos. Según la Corte, de ella se deriva un deber deliberativo - procesal que implica cumplir con unas cargas especiales de valoración y estudio de la iniciativa que determinen “(i) el costo fiscal de la medida, (ii) la fuente de ingresos sustantiva y (iii) la compatibilidad de la medida con el MFMP (marco fiscal de mediano plazo)”^[85].

 

128.       La jurisprudencia ha definido cuándo puede entenderse que una norma genera beneficios tributarios u ordena gasto.^[86] Al respecto, se ha sostenido que se entiende por normas que contienen un beneficio tributario, aquellas que implican una reducción de ingresos fiscales debido al otorgamiento de un beneficio, “tienen esencialmente el propósito de colocar al sujeto o actividad destinataria de la misma, en una situación preferencial o de privilegio, con fines esencialmente extrafiscales. Constituyen beneficios tributarios, por ejemplo, las exenciones, las deducciones de base, los regímenes contributivos sustitutivos, la suspensión temporal del recaudo, la concesión de incentivos tributarios y la devolución de impuestos”^[87].

 

129.       Por su parte, las normas que ordenan gasto son “aquellas que contienen, [precisamente], un mandato imperativo de gasto y, por [lo] tanto, constituye[n] un título jurídico suficiente y obligatorio para la inclusión de una partida en la ley de presupuesto”^[88]. Sobre este punto, se ha precisado que aquellas normas que prevén una habilitación o autorización de gasto, que se puede o no incluir en el Presupuesto General de la Nación a discreción del Gobierno nacional, no son órdenes que cumplan con los supuestos previstos en la Ley 819 de 2003. Igualmente, la Corte ha señalado que no constituyen órdenes de gasto aquellas normas que, entre otras cosas, imponen deberes generales de financiación, “cuya materialización se deberá someter a las normas orgánicas sobre presupuesto”^[89], y que prevén que, para la inclusión del gasto, se debe llevar a cabo un proceso de implementación normativa progresivo              –no inmediato–, cuya ejecución depende del ejecutivo^[90].

 

130.       En la sentencia C-161 de 2024, la Corte precisó que existen dos criterios para diferenciar las órdenes de gasto de las meras habilitaciones o autorizaciones: (i) el criterio gramatical (que se concreta en el lenguaje imperativo o facultativo de lo regulado) y (ii) el criterio funcional (que se refiere al nivel de concreción y ejecutabilidad de la orden). En palabras de este Tribunal:

 

“Criterio gramatical. El primer elemento para determinar la existencia de una orden de gasto es el carácter imperativo o facultativo del lenguaje de la norma. El empleo de verbos que supongan una obligación de incluir una partida en el presupuesto es indicativo de la existencia de una orden de gasto. En contraste, el uso de expresiones facultativas, que implican que el gasto está condicionado al ejercicio discrecional de una facultad por parte del ejecutivo u otra entidad, es indicativa de la existencia de una mera autorización.

 

Criterio funcional. Las normas que ordenan gasto, se reitera, deben ser un título jurídico suficiente para la inclusión de una partida en la ley de presupuesto. Esto implica que la orden de gasto debe ser concreta y ejecutable y, por lo tanto, para la inclusión de la partida en el presupuesto no debe requerirse un desarrollo normativo adicional legal o reglamentario. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, para determinar si la norma es suficiente y concreta para la inclusión de la partida, o si por el contrario requiere de un desarrollo normativo adicional, debe llevarse a cabo una interpretación histórica, teleológica y sistemática del proyecto de ley y el contexto normativo en el que se inscribe. Con todo, la Corte Constitucional ha aclarado que la existencia de una orden de gasto, en los términos del artículo 7 de la Ley 819 de 2003, no implica la exclusión de las competencias del Gobierno nacional en materia presupuestal. Por la misma razón, el hecho de que el presidente de la República ejerza tales competencias al incluir la partida no implican que la norma no prevea una orden de gasto. Las competencias establecidas en la Constitución Política y el Estatuto Orgánico del Presupuesto operan de pleno derecho”.

 

131.       De acuerdo con estos criterios de evaluación de las órdenes de gasto, la Corte ha concluido que ellas se configuran cuando se está en presencia de normas que implican necesariamente un incremento de una partida del presupuesto, disponen el aumento de la remuneración de servidores públicos o crean nuevas entidades públicas, cargos o dependencias^[91]. En contraste, se ha descartado normas que, por ejemplo, se limitan a: “(i) impone[r] deberes generales de financiación, cuya materialización se deberá someter a las normas orgánicas sobre presupuesto^[92], (ii) ordenan la creación cargos o dependencias, pero disponen expresamente que su costo deberá cubrirse mediante arreglos presupuestales que llevará a cabo el ejecutivo^[93], (iii) emplean un lenguaje general y abstracto^[94] y no definen de manera concreta los encargados de cumplir la orden o la forma de hacerlo^[95], (iv) prevén que, para la inclusión del gasto, debe llevarse a cabo un proceso de implementación normativa progresivo –no inmediato–, cuya ejecución depende del ejecutivo^[96]; y (v) se limitan a reproducir un mandato de gasto contenido en otra disposición anterior que no puede ser controlada por la Corte”^[97].

 

132.       Ahora bien, del mandato del artículo 7 de la Ley 819 de 2003, la Corte ha derivado deberes específicos para el Congreso de la República, el Gobierno nacional y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Estos tienen que analizarse según el origen de la iniciativa legislativa, pues de ello depende el nivel de escrutinio por parte del juez constitucional.

 

133.       En lo ateniente a las iniciativas de origen mixto, como la que se estudia en esta ocasión, la jurisprudencia constitucional hasta la sentencia C-134 de 2023 sostenía que el juez constitucional debía ser deferente. En palabras de la Corte: “(…) en los proyectos de ley que resulten de la iniciativa de otras ramas u órganos del poder público, o del Gobierno nacional en conjunto con estas, igualmente se requiere un estudio de impacto fiscal, pero este se cumple con una mínima consideración al respecto, en la cual se identifiquen los referentes básicos de este análisis. De acuerdo con los incisos 2 y 3 del artículo 7 de la Ley 819 de 2003, los referentes básicos de esta obligación consisten: primero, en identificar las medidas que ordenan gastos o conceden beneficios tributarios; segundo, en estimar cuál es su impacto fiscal; tercero, en establecer cuáles son las fuentes adicionales con las cuales se ha de financiar dicho gasto y; por último, en procurar su conformidad con el marco fiscal de mediano plazo”^[98].

 

134.       La sentencia C-340 de 2024^[99] unificó las reglas jurisprudenciales aplicables a las iniciativas mixtas, a partir del antecedente planteado en la sentencia C-134 de 2024, a saber:

 

135.       Tratándose de iniciativas de origen mixto, es decir, que provienen de un representante gubernamental y de miembros del Congreso de la República, la Corte señaló que deben exigirse los mismos deberes de las iniciativas gubernamentales y, por lo tanto, el juicio debe ser mucho más estricto que otras iniciativas legislativas, toda vez que “el proyecto de ley cuenta con la aquiescencia del Gobierno nacional, [por lo que] se activa para él la obligación de presentar de manera detallada y precisa el análisis del impacto fiscal en todas las etapas del proceso legislativo”^[100]. De acuerdo con ello, en primer lugar, “los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional para el financiamiento de dichos costos deberán incluirse expresamente y de manera detallada y precisa en la exposición de motivos y en todas y cada una de las ponencias de trámite –cuando la versión original del proyecto de ley contenga una orden de gasto o un beneficio tributario–, y solo en estas últimas, en los casos en los que el deber de consultar el impacto fiscal de la iniciativa surja durante el trámite del proyecto de ley”^[101].

 

136.       No obstante, esta unificación jurisprudencial, por virtud del carácter anunciado de lo resuelto, únicamente sería exigible respecto de aquellos proyectos de ley que sean radicados con posterioridad a la notificación de la sentencia C-340 de 2024.

 

137.       Por otra parte, tanto el Gobierno nacional como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) tienen deberes diferentes que deben ser cumplidos de forma paralela, pero independiente. El Gobierno debe “incluir en la exposición de motivos (…) los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de esos costos”^[102]. El Ministerio de Hacienda, por su parte, “tiene el deber de analizar y aprobar la correspondiente fuente sustitutiva por disminución de gasto o aumento de ingresos contenida en el proyecto de ley”^[103], mediante un concepto. Si el deber de consultar el impacto fiscal de la iniciativa surge durante el trámite del proyecto de ley, el MHCP debe cumplir esta obligación inmediatamente después del momento en que ello ocurra.

 

138.       El concepto que presente el Ministerio debe cumplir con unos requisitos mínimos:

 

“(i) deberá referirse expresa y detalladamente a los costos fiscales de la iniciativa y a la fuente de ingreso adicional propuesta para el financiamiento de dicho costo; (ii) no podrá ir en contravía del MFMP, y (iii) deberá ser publicado en la Gaceta del Congreso. Esos tres requisitos se entenderán cumplidos cuando, además, el concepto indique de manera explícita y sin vacilaciones o titubeos si los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional propuesta para el financiamiento de ese costo son o no consistentes con el MFMP. Esto supone que el concepto (i) deber ser claro, suficiente, ilustrativo y sustentado; (ii) no podrá ser parcial, es decir, referirse solo a unos artículos o medidas, y no a todas las disposiciones del proyecto de ley que ordenan gasto u otorgan beneficios tributarios, y (iii) tampoco podrá alegar que el MHCP carece de los insumos necesarios para el efecto, pues ninguna otra entidad «cuenta con los datos, los equipos de funcionarios y la experticia en materia económica» que tiene esa cartera”^[104].   

 

139.       Finalmente, es deber del Congreso de la República estudiar y discutir el concepto emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, propiciando una “deliberación pública, particular y explícita sobre, como mínimo, el impacto fiscal de la reforma propuesta, su compatibilidad con el MFMP y las posibles fuentes de financiación”^[105].

 

140.       Con el fin de sintetizar lo expuesto, es claro que, en caso de que se demande una norma por el desconocimiento del mandato establecido en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, es necesario agotar dos etapas. La primera, identificar si los términos de la ley ordenan gastos o establecen beneficios tributarios^[106]. Si la respuesta es negativa, no es necesario exigir la presentación del estudio de impacto fiscal. Contrario sensu, si la norma ordena gastos o establece beneficios tributarios, se debe seguir con una segunda etapa de evaluación, que consta de las siguientes fases: (i) verificar el origen de la iniciativa legislativa, con el fin de definir la intensidad de la evaluación del cumplimiento de cada uno de los deberes del Gobierno nacional, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el Congreso de la República^[107]; (ii) analizar las condiciones del concepto emitido por el MHCP; y, (iii) verificar que haya sido debidamente discutido por el legislador.

 

141.       Alcance de las disposiciones acusadas y análisis del cargo. Antes de iniciar el juicio, se debe aclarar que en este caso no se configura el fenómeno de la caducidad de la acción, pues la Ley 2385 de 2024 se publicó en el Diario Oficial No. 52.825 del 22 de julio de 2024, y las demandas fueron presentadas dentro del año siguiente a su promulgación, es decir, por escritos del 24 y 29 de julio de 2024, enviados mediante correo electrónico a la Corte Constitucional[108].

 

142.       Ahora bien, frente a la Ley 2385 de 2024, la iniciativa estuvo en cabeza de miembros del Congreso de la República y del Gobierno nacional, a través del Ministerio de Cultura. Con el fin de determinar si la iniciativa legislativa desconoció el mandato dispuesto en la Ley Orgánica del Presupuesto sobre la evaluación de impacto fiscal, la Sala Plena abordará las dos etapas del juicio previamente expuestas. En primer lugar, analizará si los artículos 4 y 5 de la Ley 2385 de 2024 disponen alguna orden de gasto o algún beneficio tributario. De ser esto afirmativo, pasará a evaluar si se dio cumplimiento a cada uno de los deberes específicos que se desprenden de aquel mandato en cabeza del Gobierno nacional, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Congreso de la República.

 

143.       El artículo 4 de la Ley 2385 de 2024 dispone la reconversión laboral y económica “para las personas que se dedican a la actividad taurina y que demuestren que sus ingresos y sustento económico principal, se derivan de las actividades de las que tratan los artículos 1 y 3 de la presente ley”. Para cumplir con este objetivo, el mismo artículo consagra lo siguiente:

 

“Artículo 4. Reconversión laboral. El Gobierno Nacional, en coordinación con las Entidades Territoriales, tendrá un plazo de tres (3) años contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, para garantizar programas efectivos de reconversión económica y laboral para las personas que se dedican a la actividad taurina y que demuestren que sus ingresos y sustento económico principal, se derivan de las actividades de las que tratan los artículos 1 y 3 de la presente ley.

 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE apoyará técnicamente a la Comisión Interinstitucional creada en el presente artículo y al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes en la elaboración de los instrumentos para desarrollar un registro administrativo para determinar el número de personas que dependen directa y exclusivamente de las actividades a las que hace referencia este artículo. Así mismo, se determinará el número de personas que, aunque no dependan directamente de estas actividades, se ven beneficiados con su realización.

 

Una vez se conozca el resultado del diagnóstico, se adoptarán las medidas necesarias para facilitar el tránsito de las personas que dependen de estas actividades hacia otras actividades económicas y/o laborales.

 

Parágrafo primero. Para efecto de lo dispuesto en el presente artículo, créase una Comisión Interinstitucional liderada por el Ministerio del Trabajo y conformada por los Ministerios del Interior, Agricultura y Desarrollo Rural, así como del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, y las asociaciones de toreros o cualquier gremio u organización del sector, a cargo de definir los programas requeridos para la reconversión económica y laboral de estas personas.

 

Parágrafo segundo. El Gobierno Nacional garantizará planes especiales de articulación en los municipios, dirigido a las personas que hacen parte del comercio indirecto que rodean los espectáculos taurinos, a fin de que desarrollen sus labores en el marco de otros eventos de carácter artístico, cultural, deportivo o de cualquier otra índole, que se encuentren a cargo de la respectiva entidad territorial; así como la adopción de la política pública establecida en la Ley 1988 de 2019 y sus derechos reglamentarios, a fin de beneficiar a los vendedores informales o sus organizaciones, que hacen parte de la actividad taurina, y que están amparados bajo en principio de confianza legítima.”

 

144.       Por su parte, el artículo 5 establece la reconversión cultural en los siguientes términos:

 

Artículo 5. Reconversión cultural. El Gobierno Nacional, en coordinación con las entidades territoriales y respetando el principio de autonomía territorial, tendrá un plazo de un (1) año contados a partir de la entrada en vigencia de la prohibición referida en el artículo 3° de la presente ley, para llevar a cabo el proceso de reconversión de los escenarios de propiedad pública y con participación mayoritaria del Estado, usados para el desarrollo de las prácticas taurinas, en espacios destinados a actividades culturales, lúdicas, deportivas y artísticas, priorizando la vinculación y participación de las personas señaladas en el artículo 4 de la presente ley.

 

Parágrafo: Para alcanzar el objetivo de la reconversión cultural de manera efectiva y sostenible, se podrán usar figuras jurídicas como las Alianzas Público-privadas y Público-Populares.”

 

145.       Para la Corte Constitucional no se cumple con el presupuesto material de exigibilidad del análisis de impacto fiscal, toda vez que las disposiciones transcritas no disponen beneficios tributarios ni mucho menos órdenes de gasto, por las siguientes razones. En primer lugar, en cuanto al artículo 4, la norma no dispone ninguna medida de naturaleza tributaria que establezca beneficios en términos de exenciones, incentivos o devoluciones de impuestos. En segundo lugar, la norma no ordena gastos, pues, (i) desde el criterio gramatical, el artículo no está formulado a través de un lenguaje imperativo y no contiene una obligación de incluir alguna partida en el presupuesto. Contrario a ello, establece expresiones facultativas que le permiten al ejecutivo y a las entidades territoriales adoptar medidas encaminadas a lograr la reconversión laboral y económica del sector de forma progresiva. Y, (ii) desde el criterio funcional, la Sala observa que, para materializar la reconversión laboral y cultural, la norma dispone la realización de varias actuaciones previas y decisiones graduales, las cuales no implican ninguna erogación específica. De ese modo, las normas contienen una programación que depende de medidas graduales y de las vigencias futuras, según cada nivel de gobierno.

 

146.       En efecto, el artículo crea una Comisión Institucional, conformada por varios ministerios con asociaciones de toreros o cualquier gremio u organización del sector, la cual deberá definir los programas de reconversión laboral y económica. Además, establece que el DANE apoyará a aquella Comisión Interinstitucional y al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, “en la elaboración de los instrumentos para desarrollar un registro administrativo para determinar el número de personas que dependen directa y exclusivamente de las actividades a las que hace referencia este artículo”. Igualmente, “se determinará el número de personas que, aunque no dependan directamente de estas actividades, se ven beneficiados con su realización”. Según la ley, una vez se establezca este diagnóstico, se adoptarán las medidas necesarias para facilitar el tránsito de estas personas a otras actividades económicas.

 

147.       Por su parte, el artículo 5 contempla el proceso de reconversión de los escenarios de propiedad pública y con participación mayoritaria del Estado, los cuales son usados para el desarrollo de prácticas taurinas, que deben convertirse en espacios destinados a otro tipo de actividades culturales. Para el efecto, el parágrafo permite usar figuras jurídicas como las alianzas público populares y las público privadas. La Sala Plena observa que esta disposición tampoco contiene beneficios tributarios u órdenes de gasto, en los términos de la jurisprudencia.

 

148.       Al mismo tiempo podría argumentarse que los planes de reconversión laboral y cultural tendrían la entidad de significar para las entidades territoriales donde se desarrollan dichas actividades, un fenómeno de reducción de fuentes de ingresos, debido a que se dejan de hacer las prácticas prohibidas por la ley (corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas), en los diferentes eventos programados anualmente. Este argumento no es suficiente para exigir el cumplimiento de la obligación dispuesta en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, toda vez que la misma ley dispone la necesidad de iniciar “el proceso de reconversión de los escenarios de propiedad pública y con participación mayoritaria del Estado, usados para el desarrollo de las prácticas taurinas, en espacios destinados a actividades culturales, lúdicas, deportivas y artísticas, priorizando la vinculación y participación de las personas señaladas en el artículo 4 de la presente ley”. Es decir, la reducción de ingresos no es directa e inmediata y, dado el caso, apenas sería eventual, en tanto depende de las medidas progresivas que se adopten por cada entidad territorial. Es más, puede ser que ni siquiera se produzcan, ya que los escenarios deben ser destinados para eventos alternativos, que pueden servir para sustituir las fuentes de ingreso que inicialmente se considerarían afectadas.

 

149.       De acuerdo con lo anterior, en la sentencia C-282 de 2021^[109], la Corte señaló que, para que se activen las exigencias que se derivan del artículo 7 de la Ley 819 de 2003, se requiere como presupuesto imprescindible la existencia de una orden de gasto. En esta providencia se constató que existían dudas sobre el artículo 11 del proyecto de ley estatutaria, toda vez que disponía el deber del Gobierno nacional de coordinar una política pública en materia de educación financiera, y disponer, expresamente, que la misma comprenderá “la revisión y publicación de diverso material pedagógico”. Esta última frase sugería algún gasto del erario. No obstante, la Sala Plena afirmó que no resultaba exigible el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, toda vez que la disposición no se traducía en una orden imperativa, ni en la apropiación de partidas del presupuesto. Para la Sala, la norma dejó a discreción del Gobierno nacional cómo dar cumplimiento a aquellas actuaciones a favor de la educación financiera.

 

150.       Por su parte, en la sentencia C-085 de 2022^[110] la Sala Plena concluyó que los distintos artículos demandados que regulaban procesos de legalización y regularización de los entes territoriales en los asentamientos humanos ilegales no configuraban órdenes de gasto. Para el efecto, señaló que, a pesar de que la norma pareciera estar redactada en términos imperativos, las expresiones “generales y abstract[as] usad[as] por el legislador (…) deben concretarse por medio de otros actos”. En el mismo sentido, en la sentencia C-161 de 2024, se concluyó que no constituyen órdenes de gasto aquellas normas que prevén que, para su inclusión, “debe llevarse a cabo un proceso de implementación normativa progresivo - no inmediato, cuya ejecución depende del ejecutivo”.

 

151.       Para el caso que se estudia, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de concepto emitido el 9 de noviembre de 2023 al Congreso de la República, afirmó que la iniciativa no genera gastos adicionales. Esta cartera señaló que “las apropiaciones presupuestales que se puedan derivar como consecuencia de los mandatos propuestos deberán realizarse de conformidad con las previsiones de programación, aprobación, modificación y ejecución consagradas en la normativa orgánica presupuestal, contenida, principalmente, en el Decreto 111 de 1996 la cual señala en su artículo 39 que los gastos autorizados por leyes preexistentes a la presentación del proyecto anual del presupuesto general de la Nación, serán incorporados a éste, de acuerdo con la disponibilidad de recursos, y las prioridades del gobierno, si corresponden a funciones de órganos del nivel nacional y guardan concordancia con el plan nacional de inversiones”.

 

152.       En el mismo sentido, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público reiteró esta posición en la intervención que allegó en el marco del proceso de constitucionalidad que se estudia. Adujo que el concepto emitido y dirigido en el trámite de la iniciativa legislativa se alinea con lo señalado por la Dirección General de Política Macroeconómica, “que al referirse al cargo objeto de análisis contra los artículos 4 y 5 de la Ley 2385 de 2024, manifestó que estas disposiciones normativas no comprometen la sostenibilidad fiscal. Esto, por cuanto los programas de reconversión laboral y cultural están contenidos dentro de los techos de gasto compatibles en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de las entidades responsables de la implementación y ejecución de estos programas”.

 

153.       De esa forma, la Sala considera que, de acuerdo con lo previamente expuesto, las normas señaladas no disponen órdenes de gasto en los términos del artículo 7 de la Ley 819 de 2003 y, en consecuencia, no era necesario cumplir con las obligaciones y trámite dispuesto en esta misma disposición. Con todo, la Sala estima que la Ley 2385 de 2024 es constitucional por este cargo, ya que no compromete las finanzas públicas, ni desconoce la sostenibilidad fiscal, en la medida en que la reconversión laboral y cultural se enmarca en una programación y planificación financiera que depende de medidas progresivas del ejecutivo y de las entidades territoriales en próximas vigencias. En todo caso, dado que el examen realizado en este punto, a partir de lo alegado por los accionantes, se limita a los artículos 4 y 5 de la ley en cita, la declaratoria que aquí se adopta tendrá alcance preciso, respecto de las dos disposiciones en mención.

 

154.       Por ende, y sin perjuicio de la declaratoria que se incluirá en la parte resolutiva de esta providencia, la Sala Plena continuará con el examen del resto de los asuntos de fondo correspondientes a los demás cargos propuestos en las demandas.

 

E.    El contenido y alcance de la Ley 2385 de 2024: las corridas de toros y actividades asociadas

 

155.       Para efecto del análisis de las demandas que se formularon en esta ocasión, es importante hacer una breve alusión a la importancia histórica del toreo que viene del contexto colonial a Colombia, luego se hará una descripción del contenido integral de la ley, de las prácticas que prohíbe y de sus antecedentes legislativos. Este acápite será el punto de partida para desarrollar las consideraciones relacionadas con el mandato constitucional de protección y bienestar animal.

 

156.       Primero, es importante aclarar que la diferencia en el nombre entre una corrida de toros, una novillada y una becerrada se da, principalmente, por la edad de los animales que se lidian. En las corridas de toros, el objeto son dichos seres entre cuatro y siete años; en las novilladas pueden lidiarse toros entre tres y cuatro años           –si es una novillada con picador– o reses entre dos y tres años –si es una novillada sin picador–; y en las becerradas su práctica recae sobre machos o vaquillas de edad inferior a dos años, según definiciones contenidas en el artículo 12 de la Ley 916 de 2004. Cada una de estas actividades puede definirse de la siguiente manera.

 

157.       El rejoneo es una forma de toreo en la que el torero está montado en un caballo, y con un rejón, lidia al toro. El rejoneador debe tener una amplia habilidad para manejar el caballo, y al mismo tiempo, lidiar y clavar en el lomo del toro los rejones. Por su parte, el caballo también debe estar entrenado para no asustarse con las embestidas del toro. Las novilladas son corridas de toros en las que se lidian novillos o toros jóvenes en lugar de toros de lidia. Las becerradas son corridas con becerros, es decir, con una cría de vaca que no pasa los dos años de vida. Las tientas son una prueba que los ganaderos les hacen a los bovinos para medir su bravura y resistencia para la lidia. Los ganaderos utilizan una garrucha o polea para provocar al animal.

 

158.       En este punto, es importante recordar la importancia histórica de las corridas de toros en el ámbito colombiano[111]. Al respecto, las “corridas de toros” o “fiesta nacional”, como las llaman los españoles, tienen un origen muy antiguo. Fragmentos de pinturas hallados en Mecenas, en Tirinto, en Creta y en Cnosos aluden con claridad a la lidia de toros bravos. Quienes se han ocupado del tema distinguen, en la historia de la tauromaquia, cuatro fases: cazadores de toros, matatoros, toreo caballeresco y toreo profesional, para reducirlas luego a dos: toros “alanceados” por caballeros, con el objeto exclusivo de demostrar valor y destreza, elevada esta cualidad al rango de arte desde el Siglo XII y el toreo “de a pie”, que nace y se mantiene como profesión.

 

159.       Según la opinión más extendida, al dejar de practicar los nobles el toreo a la jineta, nació un simulacro del mismo, la suerte de detener y picar los toros con vara, a la que se entregaron, no las gentes de la nobleza sino las gentes del pueblo, quienes, al imitar las costumbres de los caballeros se valieron también de auxiliares de a pie. Estos auxiliares serán, andando el tiempo, quienes den origen al toreo “de a pie”.

 

160.       En efecto, durante el reinado de Felipe V (Siglo XVIII), tales ayudantes introdujeron algunas “suertes” que empezaron a practicar con riesgo, toreando con los capotes y desplazaron, con su arrojo, a los lanceros o picadores como protagonistas del espectáculo. Pero fue a partir de la invención de la muleta, atribuida al torero de ronda, Francisco Romero, que se configura la “fiesta de los toros” o “la lidia del toro bravo”, tal como hoy en día la conocemos. La muleta permite someter al toro, para obligarlo a ir donde el torero desea, lo que constituye la esencia del toreo moderno. A raíz de su invención se desarrolla toda la tauromaquia actual con la división de la lidia en “tercios” y los distintos “pases”, que conforman la parte fundamental de la lidia.

 

161.       Pero si la historia de las corridas es tan antigua, no lo es menos la de las prohibiciones que la han acompañado. Por ejemplo, durante el Siglo XVI existió la prohibición de Pío V, fundada en que moralmente es inadmisible el peligro de muerte provocado voluntariamente. Tal anatema fue vencido por el tiempo, a tal punto que la Iglesia permitió, luego a sus sacerdotes, actuar como capellanes de las plazas de toros, o ser homenajeados a través de las largas festividades taurinas, como ocurrió, según cuenta la historia, con las primeras corridas de toros que se celebraron en Colombia, en la antigua ciudad de Santafé, cuyo propósito era festejar la llegada de los obispos de Cartagena y Santa Marta hacia el 20 de agosto de 1583^[112].

 

162.       En el Siglo XVIII, las prohibiciones de los toros provinieron ya no del poder eclesiástico, sino del político, alegando razones de tipo económico. Así, se consideró que el toro de lidia es un animal desde todo punto de vista inútil para su explotación agrícola o para el transporte, faenas en las que, según su naturaleza, debería emplearse y, además, se estimó que para su crianza absorbía grandes extensiones de pastos y dehesas que se aprovecharían mejor utilizándolos en la crianza de animales más útiles. El Consejo de Castilla prohibió las corridas de toros, veto que en la práctica fue frecuentemente burlado, en unos casos con el argumento de que con los productos de la fiesta se atendía a perentorias necesidades del municipio o a la beneficencia y, en otros, porque se trataba de fiestas votivas las que no era posible suspender, pues implicaban el escándalo por el incumplimiento de la promesa. Esa prohibición fue finalmente revocada por José I, y luego, por Fernando VII.

 

163.       Desde entonces la “fiesta brava” ha sido reconocida como parte de la cultura española, siendo divulgada e incorporada en toda la península ibérica (España, Portugal, Andorra, Marruecos y sur de Francia) y a su vez en Latinoamérica (México, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú). 

 

164.       Frente a la tradición taurina en Colombia, la misma se remonta al Nuevo Reino de Granada en 1532, seis años antes de la fundación de Bogotá, se realizó una corrida en Acla (Darién), como parte de las celebraciones por la llegada del gobernador Julián Gutiérrez[113]. Posteriormente, en 1543, se tienen registros sobre las naves del conquistador Alonso Luis de Lugo, con los primeros vacunos en la ciudad de Santafé. El 20 de agosto de 1583, se realizaron eventos de corridas de toros, como homenaje a la llegada de los obispos de Cartagena y Santa Marta. Estas actividades eran espectáculos públicos cuyo desarrollo se surtía en plazas públicas con el objetivo de lograr “participación popular en torno a coronaciones reales, festividades patronales y eventos religiosos que reforzaban las estructuras de poder colonial”[114].

 

165.       Las corridas tenían lugar en la Plaza Mayor (hoy en día, Plaza de Bolívar), a través del cerramiento de las esquinas y el levantamiento de palcos en donde podían situarse los concurrentes, allí llegaban miembros de toda la sociedad que habitaban la ciudad, y disfrutaban de los espectáculos taurinos de la época, conocidos como “los toros enmaromados”, “toros alanceados”, “toreo de a pie” y, con posterioridad, la denominada “vaca-loca”, origen de las actuales corralejas. Textualmente la literatura histórica sobre la materia ha expuesto que:

 

“Los santafereños no tardaron, pues, en hacer fiestas de toros, cuya celebración tenía lugar en la plaza Mayor y en las estrechas calles de la ciudad. Durante los Siglos XVI y XVII se practicaba en España el toreo caballeresco y es lógico admitir que los españoles así lo interpretaran aquí. Las fiestas se hacían en base al toreo a caballo, encierros por las calles, en lazar al ganado, un arte popular y típicamente del país, algunas suertes pie, (...) y la buena montada, consistente en cinchar al toro y, como punto de apoyo, cogerse el hombre a la cuerda para montarlo. (...) Cuando se celebraban corridas en la actual plaza de Bolívar, se cerraban las esquinas con barreras, levantándose palcos para la concurrencia.

 

En la mayor parte de las corridas se jugaban los toros enmaromados, o sujetos por los cuernos por una larga reata de cuero, llamada rejo, que manejaba un experto orejón a caballo, reteniendo los fieros impulsos del toro cuando el luchador era inhábil o estaba en trance de ser alcanzado. El toro, así enmaromado, tenía un cierto campo de acción y con él se atrevían los mozos, indios, mestizos y criollos de raza española, desafiando con ruanas y ponchos la embestida siempre limitada por el rejo. (...)”^[115].

 

166.       En esos tiempos las fiestas taurinas se celebraban en honor de grandes acontecimientos, como la llegada de algún virrey, agasajos a presidentes de la real audiencia u obispos, o para conmemorar el onomástico de los soberanos españoles, la coronación de reyes, el nacimiento de infantes, las fiestas religiosas y de los santos patronos. Así, las corridas de toros se consideraron como la solemnidad protocolaria por excelencia de cualquier fiesta religiosa o civil de la época^[116]. 

 

167.       En la etapa republicana, estas actividades eran celebraciones en las que participaban todos los habitantes de la región, fiestas que estaban acompañadas de música, danzas, festines, banquetes y bebidas e incluso podían perdurar varios días, representando así, una expresión de la cultura popular[117]. Desde esa época estas festividades se arraigaron en todos los sectores de la población, y perduraron aún como fiesta para celebrar la proclamación de la independencia^[118].

 

168.       Antes de 1846 las corridas de toros se organizaban por todos los barrios de Santafé de Bogotá, comenzando por el de Las Nieves y terminando por San Victorino, hasta que el presidente Tomás Cipriano de Mosquera decidió –en dicho año– implantarlas como costumbre para celebrar el día de la independencia.

 

169.       Al mismo tiempo que la tauromaquia era percibida y apropiada como una fiesta ícono para los eventos políticos y sociales, en esta época también hubo intentos por prohibirla. El ICANH señala que, “en 1826, Francisco de Paula Santander[,] en su condición de Vicepresidente de la República [y] encargado del poder ejecutivo […] emitió un decreto de carácter nacional en que (…) prohibía la fiestas de toros y novillos de muerte en todo el territorio colombiano. Empero, la aceptación social de las corridas llevó a que la prohibición no lograra su cometido. La tauromaquia fue adaptándose a los nuevos ideales de nación, pero conservando elementos coloniales. Bogotá vivió un proceso de consolidación de la fiesta brava, primero a través de circos taurinos itinerantes y luego con la construcción de plazas fijas, como la Santamaría”.

 

170.       La primera plaza de toros se construyó en la ciudad de Bogotá en el año de 1890, en lo que hoy es el centro de la ciudad, y se le denominó “La Bomba”, con posterioridad se edificaron alrededor de más de 10 plazas en misma la ciudad^[119]. El fenómeno se expandió por toda Colombia, siguiendo en la ciudad de Cali en el año de 1892, luego Cartagena en 1893 y a continuación Medellín en 1895. De allí en adelante un número considerable de municipios procedieron al montaje de su propia plaza, entre ellos, se destacan: Armenia, Barranquilla, Bello, Bucaramanga, Buga, Cereté, Cúcuta, Chinácota, Chocontá, Dorada, Duitama, Espinal, Fontibón, Ibagué, Ipiales, Líbano, Neiva, Pamplona, Pereira, Popayán, Sincelejo y Sogamoso.

 

171.       De ese modo, en el siglo XX, la práctica taurina en Colombia tuvo un proceso de institucionalización, pues se consolidó la figura de torero profesional, se regularon las corridas de toros con el obligatorio sacrificio del animal (a diferencia de las versiones coloniales), y se impulsaron formas de organización empresarial, clubes taurinos, revistas especializadas, ganaderías especializadas, entre otros. Estos eventos tendrían lugar en celebraciones patrias y con carácter periódico en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Manizales[120].

 

172.       Esta referencia histórica es necesaria para mostrar por qué las corridas de toros son consideradas una manifestación cultural en Colombia. No obstante, como lo reconoce el ICANH en el concepto allegado a este proceso: “desde finales del siglo XX la aceptación social de las corridas de toros ha experimentado un viraje hacia el cuestionamiento ético de una celebración social en torno al sufrimiento y la muerte de un animal (…) Desde esta perspectiva, la tauromaquia ha pasado de ser exaltada como tradición relevante a ser vista como una forma de violencia normalizada contra los animales”. El impulso de la crítica a la realización cultural de las corridas de toros surgió desde los movimientos sociales dedicados a la protección animal y, especialmente, el movimiento antitaurino. Una de las referencias en este campo es el libro de Rodolfo Khon Olaya sobre “[l]a ímpia tauromaquia y su corruptor influjo” del año 1952, un ensayo contra esta práctica cultural. En este texto, el autor sostiene que no es posible considerar cultura una práctica cruel contra los animales, como lo son las corridas de toros. Años después, en 1972, se crearon las juntas defensoras de animales en cada municipio del país (Ley 5ª).

 

173.       A finales del siglo XX, entre los avances del movimiento animalista –como se precisará más adelante en esta providencia– estuvo la expedición de la Ley 84 de 1989, “[p]or la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia”, en la cual se estableció como objeto: “a) prevenir y tratar el dolor y el sufrimiento de los animales; b) promover la salud y el bienestar de los animales, asegurándoles higiene, sanidad y condiciones apropiadas de existencia; c) erradicar y sancionar el maltrato y los actos de crueldad para con los animales; d) desarrollar programas educativos a través de medios de comunicación del Estado y de los establecimientos de educación oficiales y privados, que promuevan el respeto y el cuidado de los animales; [y] e) desarrollar medidas efectivas para la preservación de la fauna silvestre”. Sin embargo, esta normativa tuvo unas excepciones relacionadas con las actividades que se vincularon con manifestaciones culturales, entre las que se encuentran el rejoneo, el coleo, las corridas de toros, las novilladas, las corralejas, las becerradas y las tientas, así como las riñas de gallos y los procedimientos utilizados en estos espectáculos (art. 7).

 

174.       Durante los últimos 14 años, la actividad animalista ha estado presente en el campo legislativo, a través de las Leyes 1638 de 2013 y la Ley 1774 de 2016. En cuanto a la tauromaquia, desde el año 2017, se presentaron cuatro iniciativas legislativas para regular y/o prohibir las corridas de toros y actividades asociadas, pero no tuvieron éxito y fueron todas archivadas[121]. Posteriormente, se presentó el proyecto de ley número 309 de 2023 Senado, 219 de 2023 Cámara, que constituye la actual Ley 2385 de 2024, objeto de reproche. Sobre su alcance, el representante a la Cámara, Juan Carlos Lozada, manifestó que:

 

“(…) durante esos 14 años se sucedieron múltiples proyectos de ley que resultaron archivados. En el curso de esos proyectos por el Congreso confluyó el trabajo mancomunado y persistente de cientos de ciudadanos y de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la protección de los animales y se sucedió un diálogo participativo que culmina con la aprobación de la Ley 2385 de 2024. La renuencia legislativa durante este tiempo no obedeció únicamente a la dificultad inherente de estos temas, sino respondió, en gran medida, a la resistencia de un grupo mayoritario dentro del Congreso de la República que se negaba a dar la discusión y a confrontar sus gustos y actividades de preferencia con los profundos cambios sociales que rechazan la crueldad recreativa, el sufrimiento innecesario, el maltrato contra los seres sintientes y la violencia como parte de las manifestaciones culturales”[122]

 

175.       Dentro de esta perspectiva histórica y de encuentro entre sectores que avalan y que cuestionan la práctica del toreo fue sancionada la Ley 2385 de 2024, la cual cuenta con siete artículos, incluida su vigencia. La ley tiene por objeto “aportar en una transformación cultural que se fundamente en el reconocimiento y respeto por la vida animal, y que contribuya al avance de la cultura de la paz, mediante la prohibición de las corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas, así como de los procedimientos utilizados en estos espectáculos, que socavan la integridad de formas de vida no humana” (art. 1). Es decir, por un lado, se pretende un cambio cultural a favor del respeto de la vida animal; y, por el otro, se busca la superación de prácticas sociales violentas y la consolidación de una ética de respeto hacia toda forma de vida. Todo ello alrededor de la consolidación de una “cultura de la paz”, en un sentido formativo y simbólico[123].

 

176.       Para lograr este objetivo adopta las siguientes determinaciones: (i) prohíbe la realización de aquellas actividades en todo el territorio nacional a partir del tercer año de la entrada en vigencia de la ley (arts. 2 y 3); (ii) encomienda al Ministerio de Culturas, las Artes y los Saberes que, en articulación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamente las actividades taurinas en el transcurso de los primeros tres años. Esta reglamentación que debe sustentarse “en los más altos estándares de bienestar y protección animal” (art. 3, parágrafo 2); (iii) contempla una reconversión laboral y cultural (arts. 4 y 5) y (iv) establece que se debe implementar la educación en “cuidado y protección animal” en los proyectos ambientales escolares, y otras estrategias dentro de la Política Nacional de Educación Ambiental (art. 6).

 

177.       El artículo 3 contempla el núcleo de la ley. En efecto, allí se establece que “queda prohibido en todo el territorio nacional el desarrollo de corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas”. En el parágrafo primero aclara que las actividades que se encuentran en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI)[124], únicamente quedarán vigentes respecto de “los elementos artísticos asociados a estas actividades, que no impliquen maltrato animal, después de la entrada en vigencia de la prohibición”. El parágrafo segundo encomienda al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes que, en articulación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamenten las condiciones de desarrollo de las actividades taurinas durante los tres años permitidos. Para cumplir con este objetivo, el propio legislador impone los siguientes requisitos (parágrafo tercero):

 

“El Gobierno Nacional hará pedagogía sobre las condiciones de desarrollo de actividades taurinas a las entidades territoriales durante los tres años permitidos, las cuales podrán autorizar dichos espectáculos siempre que se dé estricto cumplimiento de condiciones de bienestar y protección animal, así como de lo siguiente:

 

a) Las actividades señaladas en los artículos 1 y 3 de la presente ley sólo podrán realizarse en aquellos lugares en que se trate de una manifestación ininterrumpida de tradición de la población.

 

b) La realización de las actividades señaladas en los artículos 1 y 3 de la presente ley deberá estar limitada a las precisas ocasiones en que usualmente estas se han llevado a cabo, no pudiendo extenderse a otros momentos del año o lugares distintos a aquellos en los que resulta tradicional su realización.

 

c) Las autoridades municipales y departamentales en ningún caso podrán destinar dinero público a la construcción de instalaciones o a la financiación de estas actividades.

 

d) Las entidades territoriales tendrán la responsabilidad de tomar parte activa en la prevención y eliminación del maltrato, crueldad y violencia contra los animales”.

 

178.       Esta reglamentación debe ser emitida en los siguientes dos meses de expedida la Ley 2385 de 2024 y el cumplimiento de las condiciones mencionadas está a cargo de las entidades territoriales, en las que todavía se realicen estas prácticas culturales. En caso de incumplimiento, la ley impone la suspensión o cancelación del evento en cualquier tiempo. Del mismo modo, señala que la prohibición no es extensiva para “el resto de [las] actividades y prácticas diarias que se realizan en la ganadería nacional[,] ni para otras actividades y prácticas no descritas en la presente ley”, y precisa que quedarán excluidas de la prohibición, “las cabalgatas, las actividades sobre los toros coleados, las corralejas y las peleas de gallos” (parágrafo cuarto).

 

179.       En cuanto a los artículos 4 y 5, los cuales establecen la reconversión laboral y cultural, respectivamente, se adoptan las siguientes medidas. Para la laboral, el legislador señaló que le corresponde al Gobierno nacional, en coordinación con las entidades territoriales, “garantizar programas efectivos de reconversión económica y laboral para las personas que se dedican a la actividad taurina y que demuestren que sus ingresos y sustento económico principal, se derivan de las actividades reguladas” en la presente ley. Con el fin de cumplir con esta misión, se contemplan las siguientes acciones:

 

(i)       Se crea una Comisión Interinstitucional liderada por el Ministerio de Trabajo y conformada por los Ministerios del Interior, Agricultura y Desarrollo Rural, así como del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, y las asociaciones de toreros o cualquier gremio u organización del sector, a cargo de definir los programas requeridos para la reconversión económica y laboral de estas personas.

 

(ii)     Se le impone la tarea al DANE para apoyar técnicamente a la Comisión Interinstitucional “en la elaboración de los instrumentos para desarrollar un registro administrativo para determinar el número de personas que dependen directa y exclusivamente de las actividades a las que hace referencia este artículo. Así mismo, se determinará el número de personas que, aunque no dependan directamente de estas actividades, se ven beneficiados con su realización. Una vez se conozca el resultado del diagnóstico, se adoptarán las medidas necesarias para facilitar el tránsito de las personas que dependen de estas actividades hacia otras actividades económicas y/o laborales”.

 

(iii)   El Gobierno nacional deberá garantizar “planes especiales de articulación con los municipios”, dirigidos a las personas que hacen parte del comercio indirecto, incluyéndose los vendedores informales, y que rodean estos espectáculos públicos en las temporadas previstas, para que desarrollen sus actividades económicas en otros eventos artísticos, culturales, deportivos y de cualquier otra índole.

 

180.       Por su parte, para la reconversión cultural, el Gobierno nacional, en coordinación con las entidades territoriales involucradas y “respetando la autonomía territorial”, “tendrá un plazo de un (1) año contado a partir de la entrada en vigencia de la prohibición referida en el artículo 3 de la presente ley, para llevar a cabo el proceso de reconversión de los escenarios de propiedad pública y con participación mayoritaria del Estado, usados para el desarrollo de las prácticas taurinas, en espacios destinados a actividades culturales, lúdicas, deportivas y artísticas, priorizando la vinculación y participación de las personas señaladas en el artículo 4 de la presente ley”. El parágrafo de este artículo faculta a las entidades a aplicar figuras jurídicas como las Alianzas Público-Privadas y Público-Populares, para la debida reconversión de los escenarios mencionados. Por último, el artículo 7 fija que la ley rige a partir de su expedición y “deroga todas las demás disposiciones que le sean contrarias”.

 

181.       La Sala Plena observa que la Ley 2385 de 2024 no solo expresa la voluntad popular, mayoritaria y democrática de iniciar una transformación cultural a través de la prohibición de las corridas de toros, el rejoneo, las novilladas, las becerradas y las tientas, sino que, a la vez, establece un proceso de transición de tres años que incluye varias acciones que reconocen la trayectoria de estos eventos en la historia del país y en los territorios en los que existe un arraigo cultural comprobado.

 

182.       En la exposición de motivos del proyecto de ley se pone de presente la siguiente afirmación que sustenta el núcleo esencial de la medida de prohibición de estas prácticas:

 

“la crueldad hacia los animales ha sido un aspecto presente en toda la historia de la humanidad; ha sido una práctica justificada en muchos escenarios, con base en argumentos culturales o de entretenimiento. Sin embargo, hoy en día existe una creciente conciencia que rechaza su sufrimiento con ocasión a este tipo de prácticas. La importancia de abandonar la cultura de crueldad animal radica en la necesidad de establecer una relación más ética y justa con los demás seres vivos con los que compartimos el planeta, y en reconocer el valor inherente que tienen en sí mismos. Colombia se transforma, a diario las sociedades transitan hacia múltiples cambios y, consecuentemente, sus cosmovisiones y formas de relacionamiento mutan. No resulta coherente con dicha innegable realidad, privar de sustento legal a las cada vez más arduas peticiones de ejercer nuestros derechos culturales sin incurrir en prácticas nocivas para la convivencia y la armonía”^[125]

 

183.       En el marco de los debates del proyecto de ley se pudo observar que la voluntad del legislador está enfocada en lograr una transformación cultural, con la prohibición de las actividades de las corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas. Durante los debates y las audiencias públicas que se realizaron en el marco del proceso legislativo, se pusieron de presente los siguientes temas que dan sustento al objeto de la ley: (i) la necesidad de prohibir estas actividades para materializar el mandato de bienestar animal como valor constitucional; (ii) atender a la jurisprudencia constitucional más reciente que prohíbe actividades recreativas a costa del maltrato animal; (iii) terminar con prácticas sangrientas que afectan el valor constitucional de la paz y la convivencia pacífica en la sociedad; (iv) la necesidad de reconocer un relacionamiento armónico entre los seres humanos, la naturaleza y los animales^[126], a partir de las implicaciones del cambio climático; y (v) la disminución del apego del público taurino a lo largo del país, hecho que, según se expresa, demuestra que existe un cambio cultural respecto de estas prácticas.

 

184.       Por su parte, en cuanto a los argumentos que se formularon en contra de la iniciativa, se pueden resaltar: (i) la afectación económica del sector taurino, tanto desde una perspectiva de infraestructura como de talento humano dedicado a estas prácticas; (ii) la necesidad de mantener una manifestación cultural que se sustenta en cimientos históricos y coloniales importantes para el patrimonio y la identidad territorial; y (iii) la posibilidad de morigerar y reglamentar las corridas de toros para evitar el sufrimiento animal.

 

185.       En cuanto a la implementación de la Ley 2385 de 2024, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes^[127] informó a la Corte que, el pasado 30 de mayo de 2025, se abrió la convocatoria pública para la inscripción de los representantes del sector taurino que quieran participar de la comisión interinstitucional. El objetivo de esta comisión, según se expuso con anterioridad, es el de diseñar e implementar los programas de reconversión laboral y cultural, en conjunto con asociaciones de toreros y con las entidades territoriales en las que tienen lugar estos espectáculos.

 

F.           La evolución legal y constitucional de la prohibición del maltrato animal

 

186.       La Sala Plena presentará algunas consideraciones sobre las principales ideas filosóficas y políticas en torno a la relación de los seres humanos con los animales. El propósito de este análisis no es brindar exhaustividad en los trabajos académicos y doctrinales, sino presentar una muestra interdisciplinaria de los asuntos que han girado en torno al debate de la protección y el bienestar animal. En suma, la relación entre las personas y los animales cada vez se hace más estrecha, con distintos matices, y se presenta un consenso en que existen deberes de comportamiento de los hombres con los animales, que reconocen su capacidad de sentir sufrimiento y placer, que buscan asegurar su bienestar, y que imponen el mandato categórico de prevenir y castigar cualquier forma de maltrato animal.

 

187.       Como lo ha admitido la Corte^[128], desde 1975, autores como Peter Singer planteaban un debate sobre la necesidad de revaluar las prácticas que prescinden de la capacidad de los animales para sentir placer y dolor, y, desde otras vertientes conceptuales, autores como Tom Regan, Steven Wise, Martha Nussbaum, Will Kimlicka, Sue Donaldson y Mark Rowlands formulan la necesidad de determinar un valor moral a favor de los animales. Las diversas posiciones, más allá de invocar el bienestar animal, reflexionan sobre su inclusión en el contrato social y las diversas relaciones con los seres humanos.

 

188.       La consideración de la relación moral, política y jurídica con los animales ha estado presente a lo largo de la historia del ser humano^[129]. Desde la edad antigua, Pitágoras fomentó el vegetarianismo como forma de respeto hacia los seres animales; en la edad media, Santo Tomás de Aquino, a pesar de que no reconocía un status a los animales, sí afirmó que el ser humano debía ser piadoso con ellos, para serlo en igualdad de condiciones con otros seres humanos; y finalmente, en la edad contemporánea, se ha desarrollado con mayor profundidad esa relación moral, política y jurídica, con los estudios filosóficos relevantes que inician en las décadas de los años 60 y 70, con el famoso libro de Peter Singer: “Liberación Animal” y de Tom Reagan: “En defensa de los derechos de los animales”^[130].

 

189.       El primero aborda la cuestión desde la teoría utilitarista, en el sentido de que todo ser vivo evita el sufrimiento y busca el placer o bienestar. A partir de esta premisa, Singer sostuvo que la categoría de “especie” es irrelevante en términos morales para justificar tratos desiguales con los animales, respecto de intereses similares a los de los seres humanos, como lo son la libertad, la vida, la integridad física, etc. De ahí adquiere valor el concepto de sintiencia, como la capacidad que tienen todos los seres vivos de sentir sufrimiento y placer. Según este autor, la sintiencia es la característica relevante para reconocer que los intereses de los animales coinciden con los de los humanos y, por ello, merecen la misma protección y preservación^[131].

 

190.       El segundo autor mencionado parte de la teoría del deontologismo kantiano y considera a los animales como fines en sí mismos y, por tanto, con un valor inherente. Con sustento en esta premisa, el autor planteó una teoría de los derechos de los animales, con base en que ellos, al igual que las personas, tienen un valor inherente que los hace titulares de derechos morales que deben ser traducidos en derechos positivos. Este reconocimiento se sustentó en la distinción entre pacientes morales y agentes morales. En este sentido, defendió la existencia de derechos negativos hacia los animales, con capacidades más parecidas a los seres humanos (como agentes morales), esto es, con un grado de conciencia similar a la nuestra, a partir del principio de respeto y no daño; mientras que, a los animales con características alejadas al ser humano, su posición de agente moral no gozaba de la misma fuerza, lo que disminuía el alcance de su protección. Si bien debe reconocerse que las aproximaciones teóricas no han avanzado en una línea constante y unánime, según el profesor Suárez, ambos autores mencionados (Peter Singer y Tom Reagan) coinciden en la “la igualdad como valor ético decisivo para la cuestión animal”^[132].

 

191.       Posteriormente, en la década de los años 90, Mark Rowlands formuló una teoría contractualista de los derechos de los animales^[133]. Lo esencial de este autor es que reconoció que ellos, al igual que los humanos, regulan sus comportamientos de acuerdo con sus intereses, responden a estímulos de sufrimiento y placer, y tienen actitudes colaborativas y comunitarias, entre otros. Estas características les dan un estatus moral que debe ser reconocido por los acuerdos contractuales de las sociedades actuales. En este sentido, “el hecho de que los suscriptores hipotéticos del contrato sean concebidos como seres racionales, no implica que los beneficiarios de la protección acordada por el contrato deban también necesariamente ser agentes racionales”^[134].

 

192.       Hasta aquí algunos autores que reflexionaron sobre la consideración moral de los animales desde el utilitarismo, la igualdad y las críticas al especismo. Luego, otros autores profundizaron en las ideas de la relación entre los animales y sus distintas formas de regulación en las sociedades actuales. Por ejemplo, Will Kymlicka y Sue Donaldson, con el libro “Zoópolis, una revolución animalista”^[135], formularon una teoría de la ciudadanía a favor de los animales y el reconocimiento de su estatus político. Para el efecto, los autores proponen una división entre los animales salvajes, los liminales (salvajes que viven en estrecha relación con los humanos) y los domesticados. Partiendo de esta división, los autores recordaron que los derechos de los animales requieren de un territorio para su goce y ejercicio, y, en ese sentido, su ciudadanía es reconocida dentro de un lugar político y en comunidad. Con ello plantean una relación entre la ciudadanía, la residencia y la soberanía, como dimensiones diferentes según el grupo animal. Cada uno de estos conceptos le atribuyen de manera gradual y progresiva, la participación y el reconocimiento de intereses a los animales dentro de las comunidades políticas.

 

193.       Otra de las posiciones relevantes es la propuesta por Martha Nussbaum que sostiene la teoría de las capacidades (que parte del reconocimiento de la dignidad humana), según la cual los seres sintientes cuentan con una serie de capacidades que deben ser promovidas con el fin de permitirles florecer y vivir con dignidad dentro de las sociedades humanas^[136]. Según Nussbaum, cada animal desde su diferencia cuenta con diferentes capacidades y necesidades. Una vez estas son reconocidas deben ser cumplidas como una forma de justicia. En este sentido, existen unas necesidades centrales y básicas que deben ser garantizadas, como lo son la vida, la salud e integridad física, los pensamientos y emociones, la razón práctica, el relacionamiento con otras especies, la recreación y el control sobre su ambiente o entorno de vivencia.

 

194.       Finalmente, existen teorías desde el ecofeminismo que plantean críticas a varias de las posturas descritas. Un estudio reciente es el libro “Crisis animal: una nueva teoría crítica”^[137], en el cual las autoras, a pesar de que reconocen la importancia de los distintos trabajos sobre ética animal, afirman que no son suficientes para mejorar la relación con los animales. Señalan que “la disciplina de la ética animal se ha desarrollado, en gran medida, aislada de las tradiciones de pensamiento social crítico que se dedican a descubrir las estructuras opresivas que afectan a los humanos y al mundo no humano”. De acuerdo con ellas, las tendencias dominantes de la ética animal ignoran las estructuras sociales perjudiciales y los mecanismos de poder estatales y sociales que mantienen estructuras que incentivan actos que se quieren prevenir. Lo que pretenden estas autoras es superar el aislamiento social y político en el que las teorías de la ética animal se han venido desarrollando y proponer nuevas alternativas de inclusión de la ética animal dentro de los sistemas humanos.

 

195.       Actualmente, los estudios científicos se han concentrado en analizar la consciencia animal en varias especies y eso también ha llevado a sacar conclusiones sobre la necesidad de cubrir las necesidades, según el hábitat y sus relaciones con los seres humanos[138]. Existen algunos puntos de amplio consenso: “En primer lugar, existe un sólido respaldo científico que respalda la atribución de experiencias conscientes a otros mamíferos y a las aves. En segundo lugar, la evidencia empírica indica al menos una posibilidad realista de experiencia consciente en todos los vertebrados (incluidos reptiles, anfibios y peces) y muchos invertebrados (incluidos, como mínimo, moluscos cefalópodos, crustáceos decápodos e insectos). En tercer lugar, cuando existe una posibilidad realista de experiencia consciente en un animal, es irresponsable ignorarla al tomar decisiones que lo afecten. Debemos considerar los riesgos para el bienestar y utilizar la evidencia para fundamentar nuestras respuestas ante estos riesgos”[139].

 

196.       Sin duda, los debates en torno a la protección de los animales y su consideración como sujetos con un mandato moral, no se agotan en los estudios referenciados arriba. Existe un desarrollo también amplio en Latinoamérica^[140]. No obstante, la contribución especial desde el Sur Global ha sido, principalmente, a través del litigio estratégico y su respuesta con decisiones judiciales a favor de la protección y bienestar de los animales.

 

G.          Marco normativo y jurisprudencial de protección de los animales

 

197.       En este acápite, la Sala Plena (i) expondrá el marco normativo vigente en materia de protección y bienestar animal; (ii) presentará la línea jurisprudencial que se ha venido desarrollando a lo largo de los años, especialmente entre el 2005 y 2025, haciendo especial énfasis en los años más recientes, en los que se consolida una posición constitucional de prohibición de maltrato animal; finalmente, (iii) la Sala se referirá a la jurisprudencia relevante sobre las corridas de toros y actividades similares como manifestaciones culturales. En este último asunto, se resaltarán las reglas jurisprudenciales sobre la libertad de configuración legislativa en esta materia y la importancia cultural de estas actividades.

 

(i)    Marco normativo de protección y bienestar animal

 

198.       La relación del ser humano y los animales en el territorio colombiano ha variado a lo largo de su historia^[141]. En el siglo XIX existen algunos hallazgos de líderes políticos que se pronunciaron sobre el utilitarismo y los animales. Entre ellos, puede mencionarse a Miguel Antonio Caro, quien en un libro publicado en 1869 afirmó que los animales están destinados a servir al hombre por designio de la ley natural y divina^[142]. Sin embargo, advirtió que el hombre tiene el deber de tratarlos con benevolencia y evitar cualquier trato cruel contra ellos, pues la razón de dicha generosidad “no es la utilidad, que es naturalmente para con los demás o indiferente o rigurosa, sino la caridad que es agradecida a los servicios que recibe, moderada en los castigos que inflige, y respetuosa a aquella semejanza o figura de virtud que vemos en algunos animales y es lo que los hace nobles y dignos de consideración y de cariño”^[143].

 

199.       En cuanto a su regulación legal, cabe resaltar el Código Penal de los Estados Unidos de Colombia de 1873, en el cual se consagró por primera vez un deber de protección animal de forma explícita, en los siguientes términos^[144]:

 

“Artículo 639. El que infiriere dolores inútiles, innecesarios o excesivos a un animal cualquiera, aun cuando sea para obligarle a moverse o desempeñar algún trabajo a que estuviere destinado, pagará una multa de dos a veinte pesos, o sufrirá arresto por uno a ocho días”.

 

200.       Luego, al pasar a la época del siglo XX, especialmente desde la década de 1970, el legislador colombiano inició el camino de regulación del deber de protección animal. A continuación, la Sala Plena hará referencia al marco normativo correspondiente, destacando inicialmente a la Constitución Política y luego a otras fuentes normativas, con la idea de resaltar su importancia evolutiva.

 

201.       Constitución Política. El ordenamiento constitucional colombiano establece un marco de protección y bienestar animal derivado de una interpretación integral de varias disposiciones de la Constitución Política de 1991. Desde la sentencia T-411 de 1992, la Corte identificó un conjunto de normas que conforman lo que ha denominado la Constitución ecológica^[145], que fundamentan la obligación del Estado y los deberes de los ciudadanos de proteger el medio ambiente y, dentro de él, a los animales.

 

202.       En primer lugar, el artículo 79 consagra el derecho colectivo a gozar de un ambiente sano, y asigna al Estado la obligación de proteger la diversidad e integridad del ambiente, de planificar su manejo y aprovechamiento, y de garantizar su desarrollo sostenible. El concepto de ambiente acogido por la Constitución es complejo e integrador, e incluye expresamente a la fauna como parte constitutiva de este. La protección que se deriva de esta visión constitucional incluye a todos los animales presentes en el territorio colombiano, en tanto integrantes de la fauna y del ambiente.

 

203.       En segundo lugar, los artículos 8 y 95.8 consagran deberes complementarios de protección que vinculan tanto al Estado como a los ciudadanos. El primero dispone que “es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”, lo que incluye a los animales como parte del medio ambiente. El segundo refuerza este mandato al establecer que toda persona debe “proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano”. Estas disposiciones configuran un doble deber constitucional de protección. Por un lado, imponen al Estado la obligación de diseñar un sistema normativo que garantice efectivamente la protección de los animales^[146]. Y, por el otro, establecen una carga en cabeza de los ciudadanos, por virtud de la cual deben respetar los elementos que conforman el ambiente –incluidos los animales–, abstenerse de causarles daño y actuar conforme con el deber de preservación del entorno natural, en coherencia con los valores de un Estado social de derecho, en el que la conservación de la naturaleza constituye un principio constitucional y un límite al ejercicio de los derechos individuales.

 

204.       Adicionalmente, la Corte ha sostenido que de una lectura sistemática de los artículos 1, 2, 8 y 94 de la Constitución, se desprende un deber jurídico y ético de los seres humanos frente a otras especies. En este sentido, la dignidad humana, como principio fundacional y eje transversal del Estado social de derecho, no solo implica el reconocimiento de derechos fundamentales para los seres humanos, sino también la asunción de deberes hacia los animales^[147]. Por lo tanto, el comportamiento digno exigido al especie humana no se limita a su interacción con otros humanos, sino que también se extiende al trato hacia los animales. De ahí que, la Corte ha señalado que la dignidad humana –en armonía con el principio de solidaridad– impone límites éticos y jurídicos a las acciones humanas, y exige una actitud respetuosa y responsable hacia los animales, que excluya el maltrato, la crueldad y el sufrimiento injustificado.

 

205.       Por otra parte, el artículo 58 de la Constitución establece que la propiedad privada está sometida a una función social y ecológica, lo que impide concebirla como un derecho absoluto. En el marco del Estado social de derecho, la Corte ha señalado que la propiedad debe ejercerse de forma que beneficie a la comunidad y no vulnere otros bienes constitucionales. Así, el dominio sobre los animales no confiere libertad ilimitada para disponer de ellos, sino que está limitado por deberes éticos y jurídicos que protegen su condición de seres sintientes. Así, la Corte ha afirmado que la “ecologización de la propiedad” implica una transformación del derecho de dominio: ya no puede entenderse como un poder absoluto sobre los bienes, sino como un derecho condicionado por valores como la solidaridad, la protección de los seres vivos y el desarrollo sostenible^[148].

 

206.       En suma, la Constitución impone un deber de protección hacia los animales, que recae tanto en el Estado como en las personas en general. Esta obligación se basa en su condición de seres sintientes, en su vínculo con el ambiente y en el principio de dignidad humana, que exige un trato respetuoso hacia todas las formas de vida. También limita el ejercicio de derechos como la propiedad, que debe ajustarse a valores como la solidaridad, la sostenibilidad y el respeto por la vida. Con sustento en las normas constitucionales mencionadas, la jurisprudencia ha desarrollado un contenido importante que establece una consideración moral de los animales dentro del ordenamiento jurídico. Más adelante esta Sala hará referencia a las decisiones más importantes.

 

207.       Código Penal. Este incorpora actualmente varios delitos relacionados con la protección animal, que han sido incluidos en modificaciones recientes. El artículo 45.12 incluye como un tipo de pena accesoria “la prohibición de adquisición, tenencia, cuidado o albergue de animales”, que, conforme con el artículo 50A, se aplica con carácter amplio e integral, e impide al condenado adquirir o tener animales por cualquier título, ya sea a través de negocios jurídicos como la compra o donación, decisiones judiciales, sucesiones u otras formas de transferencia de dominio o custodia^[149].

 

208.       El artículo 339A tipifica el delito de muerte al animal, que sanciona al responsable cuando, mediante actos de maltrato, cause la muerte de un animal vertebrado. A su vez, el artículo 339C tipifica el delito de lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física del animal, cuando, con ánimo de maltratar, se produzcan daños severos a su integridad. En ambos casos, la norma prevé penas que combinan prisión, multa, inhabilidad especial para ejercer actividades relacionadas con animales, y prohibición de adquisición o tenencia^[150].

 

209.       Por su parte, el artículo 339B establece diversas circunstancias de agravación punitiva para estos delitos, que aumentan las penas entre la mitad y tres cuartas partes cuando, por ejemplo, la conducta se comete con sevicia, en presencia de menores, con fines de explotación económica, o es difundida en medios digitales. También se contemplan agravantes por la utilización de venenos, el daño a terceros o el uso de menores de edad.

 

210.       La Ley 2455 de 2025^[151], además de introducir los delitos mencionados, reforzó el marco normativo penal con mecanismos orientados a garantizar su eficacia. El artículo 26 ordena al Gobierno nacional expedir protocolos o guías técnicas para la realización de los estudios forenses que sean necesarios en la investigación de delitos asociados al maltrato animal. Ello, con el fin de facilitar que médicos veterinarios en distintos municipios del país tengan herramientas para rendir un dictamen pericial que cumpla con estándares metodológicos mínimos, y superar el déficit de soporte técnico en materia probatoria en estos procesos. Por otro lado, el artículo 28 crea una base de datos, administrada por la Policía Nacional, con la información de personas inhabilitadas para ejercer actividades relacionadas con animales o a quienes se les haya prohibido su tenencia por delitos de maltrato. Esta información se incluirá en los antecedentes judiciales y podrá ser consultada por entidades públicas o privadas que trabajen con animales, como mecanismo de prevención y control institucional.

 

211.       Código Civil. En esta área, el artículo 655 del Código Civil^[152] ubica a los animales dentro de la categoría de bienes muebles, pero, en su parágrafo, introducido por la Ley 1774 de 2016, reconoce expresamente su calidad de seres sintientes. Este reconocimiento marca un punto relevante de inflexión dentro de un régimen tradicionalmente enfocado en regular relaciones patrimoniales, como lo evidencian otras disposiciones del Código Civil, que se refieren a los animales como inmuebles por destinación (art. 658), objetos de ocupación (art. 686), bienes susceptibles de dominio (arts. 687, 695 a 698), o generadores de frutos (art. 716), entre otras.

 

212.       Estas normas no tienen como propósito definir el trato que deben recibir los animales, sino que fijan su tratamiento jurídico en el tráfico civil. De hecho, como lo explicó la Corte Constitucional en la sentencia C-467 de 2016, estas disposiciones tienen un carácter estipulativo y operativo: establecen que los animales pueden ser objeto de relaciones jurídicas en el derecho civil, sin que ello implique asimilarlos ontológicamente a cosas inanimadas, ni conferir a las personas autorización para maltratarlos.

 

213.       La Corte fue enfática en señalar que el régimen civil opera en un plano normativo distinto al del bienestar animal, y que el solo hecho de que los animales sean considerados bienes no vulnera la prohibición constitucional de maltrato. Esa calificación legal no tiene efectos jurídicos materiales que habiliten actos que generen sufrimiento, pues se limita a organizar el tráfico jurídico de manera funcional. Sin embargo, con la entrada en vigor de la Ley 1774 de 2016, se aclaró que incluso dentro del ámbito civil, el trato hacia los animales debe respetar los estándares mínimos de bienestar, lo que implica reconocer un régimen especial y diferenciado.

 

214.       Recientemente, mediante la Ley 2473 de 2025[153], el Congreso de la República modificó el artículo 687 del Código Civil y el 594 del Código General del Proceso, al declarar la inembargabilidad de los animales domésticos de compañía y de soporte emocional, con el fin de que “no puedan ser sustraídos de sus núcleos familiares producto del decreto de medidas cautelares impuestas dentro de procesos judiciales”. Esta decisión del legislador tuvo como origen y sustento la reciente sentencia C-408 de 2024, en la cual se incluyó en el artículo 594 del CGP a los animales de compañía como bienes inembargables.

 

215.       Ley 5ª de 1972 y Decreto 497 de 1973: Juntas Defensoras de Animales. La Ley 5ª de 1972 estableció la creación de Juntas Defensoras de Animales en cada municipio del país, las cuales tienen como propósito velar por la protección de los animales y prevenir el maltrato. Estas juntas deben estar integradas por representantes del alcalde, del personero, del sector educativo y de entidades defensoras de animales^[154].

 

216.       Aunque esta ley fue pionera en el marco normativo de protección animal, su implementación ha sido limitada. Solo 602 municipios del país contaban con juntas activas para el año 2022, de un total de 1.104^[155]. Pese a ello, sigue siendo un instrumento relevante dentro del régimen jurídico colombiano de protección animal, por su potencial para fortalecer la apropiación ciudadana del tema, impulsar procesos pedagógicos y fomentar una cultura de respeto hacia los animales^[156].

 

217.       Estatuto Nacional de Protección de los Animales. La Ley 84 de 1989 adoptó el Estatuto Nacional de Protección de los Animales, primera regulación integral sobre bienestar animal en Colombia y una de las más estructuradas del ordenamiento jurídico vigente. Establece un sistema de deberes, prohibiciones, procedimientos y sanciones orientado a prevenir el maltrato y garantizar condiciones mínimas de existencia para los animales, tanto domésticos como silvestres. El artículo 1° proclama que todos los animales en el territorio nacional deben recibir especial protección frente al sufrimiento y el dolor causados por los seres humanos, y extiende esta protección a todos ellos, sin distinción de especie, entorno o estado de domesticación.

 

218.       La ley impone como deber general abstenerse de causar daño a los animales y denunciar actos de crueldad, e impone obligaciones específicas a sus tenedores, como mantenerlos en condiciones sanitarias adecuadas, proveerles alimento, agua, atención veterinaria y protección frente al clima. En el artículo 6 consagra un listado de conductas que se presumen como crueles, entre las cuales se encuentran el abandono, las lesiones físicas o las intervenciones quirúrgicas innecesarias, entre otras.

 

219.       Estas conductas dan lugar a sanciones de tipo policivo, incluyendo multas cuya cuantía depende de la gravedad del daño. Aunque originalmente simbólicas en su monto, dichas sanciones marcaron el primer reconocimiento normativo de los animales como sujetos de protección, y establecieron un procedimiento específico para castigar su maltrato. Sin embargo, en los artículos 7, 8 y 9 se previeron actividades exceptuadas de las consecuencias sancionatorias previstas en la ley. Entre estas ellas se mencionaron, el rejoneo, el coleo, las corridas de toros, las novilladas, las corralejas, las becerradas y las tientas, así como las riñas de gallos; los actos de aprehensión o apoderamiento en la caza y pesca deportiva, comercial, industrial, de subsistencia o de control de animales silvestres, bravíos o salvajes; y la muerte de plagas domésticas o agropecuarias mediante el empleo de plaguicidas o productos químicos o similares autorizados por las autoridades sanitarias competentes.

 

220.       La ley también incluyó prácticas como el sacrificio de animales, su uso en educación o experimentación, y su transporte, caza o pesca, buscando minimizar el sufrimiento y promover una relación responsable con ellos.

 

221.       La Ley 2455 de 2025^[157] reformó estructuralmente el Estatuto, fortaleciendo su carácter sancionatorio y sus herramientas de prevención. Introdujo una arquitectura operativa que lo articula con el Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal (SINAPYBA) y con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

 

222.       Uno de los cambios más relevantes fue la creación del procedimiento verbal de maltrato animal, que permite a los inspectores de policía tramitar con celeridad las quejas por actos de crueldad. Este procedimiento, que puede iniciarse de oficio o por denuncia, exige convocar audiencia en un plazo de cinco días y permite imponer sanciones, ordenar decomisos y definir medidas de custodia. Incluye garantías como el derecho a presentar pruebas, descargos, testigos y recursos. Además, incorpora la figura del “tercero interviniente”, que faculta a las Juntas Defensoras de Animales y a organizaciones sin ánimo de lucro a participar en el proceso, reforzando su carácter participativo.

 

223.       En el plano institucional, la reforma obligó a los municipios y distritos a crear fondos exclusivos para la protección animal, financiados con el recaudo de las multas. Estos deben destinarse a campañas educativas, atención de animales maltratados y fortalecimiento institucional. Se introdujo además la figura de la aprehensión material preventiva, que autoriza a la Policía o a inspectores a retirar de forma inmediata un animal en riesgo, sin orden judicial, bajo condiciones y plazos estrictos.

 

224.       En suma, el Estatuto Nacional de Protección de los Animales constituye el régimen especial más robusto sobre bienestar animal en Colombia. Su diseño inicial, pionero y general, ha sido fortalecido por la reforma de la Ley 2455 de 2025, que dotó al sistema de herramientas más eficaces y consolidó un enfoque integral basado en la sanción efectiva, la pedagogía, la participación ciudadana y la coordinación interinstitucional. Lo anterior, sin perjuicio de los ajustes incorporados por la Ley 2385 de 2024, objeto de control.

 

225.       Derecho policivo. Este derecho constituye una herramienta fundamental dentro del marco normativo de protección y bienestar animal.  Su propósito principal es preservar la convivencia pacífica entre los habitantes, y cumple un rol preventivo y correctivo frente a comportamientos que puedan afectar la vida, la salud y la integridad de los animales.

 

226.       La Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana) incluye –en el Título XIII– una regulación detallada sobre el trato hacia los animales. A través de esta ley se establece un conjunto de medidas correctivas aplicables a conductas que afectan su bienestar, se fijan obligaciones concretas para los propietarios y cuidadores, y se reconoce la necesidad de una intervención estatal efectiva en escenarios de maltrato o negligencia.

 

227.       Entre los comportamientos prohibidos se encuentran la venta de animales en la vía pública (art. 116), la omisión de medidas de control en el espacio público, tales como permitir que semovientes deambulen libremente, y la participación de ejemplares caninos en peleas o espectáculos violentos (art. 125). Además, se regulan aspectos como el transporte, la tenencia, el acceso a espacios comunes y la necesidad de cumplir condiciones de salubridad, registro y vacunación.

 

228.       Por otra parte, el Código contiene un conjunto normativo detallado sobre los ejemplares caninos de manejo especial. La Ley 2054 de 2020 sustituyó el concepto de “perros potencialmente peligrosos” por el de “perros de manejo especial”, con el fin de eliminar estigmas injustificados. A partir del artículo 126, se regulan criterios para su clasificación, las obligaciones del propietario (registro, póliza de responsabilidad civil, bozal y traílla), las condiciones de alojamiento, las prohibiciones de cría e importación, y las consecuencias contravencionales y patrimoniales por ataques o daños causados por estos ejemplares^[158].

 

229.       En suma, el derecho policivo articula medidas preventivas y correctivas que permiten garantizar el bienestar animal dentro de una perspectiva de convivencia ciudadana.

 

230.       Ley 2294 de 2023. El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 creó el Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal (SINAPYBA), consagrado en el artículo 31. Este sistema busca articular las políticas, programas, orientaciones, normas e instituciones que intervienen en la protección y el bienestar de los animales en Colombia. Su propósito central es coordinar e implementar una política nacional coherente que promueva el respeto por los animales como seres sintientes y armonice los esfuerzos institucionales en los distintos niveles del Estado.

 

231.       El SINAPYBA no constituye una autoridad única, sino un entramado interinstitucional liderado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con participación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Transporte y el Departamento Nacional de Planeación. Esta estructura refleja una concepción transversal del bienestar animal, que reconoce su impacto en ámbitos como la salud pública, la movilidad, el ambiente y la planeación territorial.

 

232.       Ahora bien, el alcance del sistema no está exento de tensiones. El parágrafo 3 del artículo 31 establece una cláusula de salvaguarda cultural que impide al SINAPYBA prohibir, limitar o suspender actividades con animales que tengan origen en la tradición, la costumbre o las prácticas culturales, y que se encuentren permitidas por la legislación vigente. En este sentido, la evolución legal sujetará el alcance del sistema.

 

233.       Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto 1076 de 2015 y Ley 2153 de 2021 - Protección de la fauna silvestre. El Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente fue adoptado mediante el Decreto Ley 2811 de 1974, expedido por parte del presidente en ejercicio de facultades extraordinarias, con el propósito de mitigar la contaminación del medio ambiente y proteger los recursos renovables^[159]. Aunque fue promulgado en un momento previo al desarrollo del enfoque actual de bienestar animal, incorpora disposiciones relevantes sobre la fauna silvestre que, con posterioridad, han sido reinterpretadas a la luz de principios constitucionales y legales actuales.

 

234.       El artículo 248 establece que la fauna silvestre presente en el territorio nacional pertenece a la Nación. A partir de este criterio de titularidad pública, el Código regula diversas formas de aprovechamiento, entre ellas la caza (arts. 250 y ss.), e incorpora medidas sanitarias orientadas a prevenir enfermedades zoonóticas (arts. 289 a 293), lo que permite vincular el régimen de conservación ambiental con consideraciones de salud pública y bienestar animal.

 

235.       El Decreto 1076 de 2015, que compila la normativa ambiental vigente, complementa y actualiza este marco normativo, desarrollando un régimen más detallado para la protección de la fauna silvestre. Define esta categoría en términos análogos, excluyendo animales domesticados o de cría regulada, e incluyendo aquellos que hayan retornado a su estado salvaje. Reafirma la titularidad estatal sobre la fauna silvestre, incluso cuando se encuentra en predios privados, y condiciona su uso al otorgamiento de autorizaciones expresas por parte de la autoridad ambiental (arts. 2.2.1.2.1.2 a 2.2.1.2.1.7).

 

236.       Asimismo, impone restricciones estrictas al uso de estos animales: exige permisos personales e intransferibles para actividades como el transporte (art. 2.2.1.2.4.2), prohíbe la introducción de especies exóticas sin evaluación previa de impacto ecológico (arts. 2.2.1.2.14.1 y 2.2.1.2.14.2), y establece figuras de conservación como santuarios, reservas y territorios faunísticos (arts. 2.2.1.2.3.4 y ss.).

 

237.       Desde el punto de vista institucional asigna al Ministerio de Ambiente la responsabilidad de formular la política de manejo de fauna silvestre, y a las autoridades ambientales regionales (CAR) la ejecución de dicha política. Entre sus funciones se encuentran la clasificación de especies, el establecimiento de vedas, la creación de áreas protegidas y la supervisión de zoológicos, museos o centros de conservación (arts. 2.2.1.2.26.1 y 2.2.1.2.26.2).

 

238.       Este régimen ha sido fortalecido mediante la Ley 2153 de 2021, que ordena la creación de un sistema nacional de información, registro y monitoreo orientado a prevenir y controlar el tráfico ilegal de fauna y flora silvestre. Esta normativa establece lineamientos técnicos para la adopción de tecnologías de vigilancia, el uso de bases de datos genéticas, la cooperación institucional y la participación comunitaria en la denuncia de estas conductas. Además, impone obligaciones específicas a empresas de transporte, regula el funcionamiento de los Centros de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, y contempla medidas de capacitación para el personal encargado de operativos y rescate.

 

239.       En conjunto, el Decreto Ley 2811 de 1974 y el Decreto 1076 de 2015 conforman un régimen jurídico robusto y estructurado, orientado a la conservación de la fauna silvestre bajo un modelo de conservación y control ambiental, susceptible de ser armonizado con los principios actuales del derecho animal.

 

240.       Decreto 1071 de 2015. Este decreto, por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, contiene disposiciones relevantes sobre la protección de los animales de producción y el deber estatal de garantizar su bienestar. Aunque su propósito principal es reglamentar aspectos técnicos y sanitarios del sector agropecuario, el decreto incorpora estándares mínimos que reconocen explícitamente la necesidad de evitar el sufrimiento animal y de promover condiciones adecuadas durante las distintas fases del sistema productivo.

 

241.       En particular, el artículo 2.13.3.5.3 establece los principios del bienestar animal, mediante la enunciación de cinco libertades fundamentales: (i) estar libre de hambre, sed y desnutrición; (ii) libre de temor y angustia; (iii) libre de molestias físicas y térmicas; (iv) libre de dolor, lesión y enfermedad; y (v) libre para manifestar un comportamiento natural. Estos principios –como mandatos previstos por la Ley 1774 de 2016, para servir de fundamento del régimen jurídico de protección animal– guían la reglamentación de actividades como la producción, el transporte, la comercialización y el sacrificio de animales.

 

242.       El decreto también define estándares específicos de manejo, como el acceso permanente a agua y alimento (art. 2.13.3.5.5.7), la obligación de evitar procedimientos dolorosos cuando existan métodos alternativos (num. 9), la adecuación ambiental para permitir el descanso y la expresión de comportamientos naturales (nums. 1, 2, 3 y 5), y el deber de evitar el maltrato o el estrés evitable en la relación con los seres humanos (num. 10).

 

243.       Aunque estas disposiciones se dirigen a animales usados en producción agropecuaria, su contenido normativo tiene una implicación transversal: el bienestar animal no es un interés accesorio, sino un estándar jurídico que rige las relaciones humanas con los animales, incluso cuando existe una finalidad económica o utilitaria.

 

244.       Ley 2385 de 2024, “[p]or medio de la cual se aporta a una transformación cultural mediante la prohibición de las corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas, así como de los procedimientos utilizados en estos espectáculos que socavan la integridad de formas de vida no humana”. El contenido de esta ley fue expuesto antes en esta providencia, y se volverá a mencionar en el análisis de las demandas. Sin embargo, es necesario referir a ella como parte del corpus normativo de protección animal en Colombia. El objeto de esta ley es “aportar en una transformación cultural que se fundamente en el reconocimiento y respeto por la vida animal, y que contribuya al avance de la cultura de la paz (…)”. Para el efecto, prohíbe ciertas prácticas que se consideraban hasta el momento como manifestaciones culturales o espectáculos y establece una serie de medidas para la reconversión laboral, educativa y cultural en los sectores involucrados.

 

245.       Ley 2454 de 2025: Protección y bienestar de perros usados en seguridad privada (Ley Lorenzo). Esta ley constituye un hito normativo en la protección de los perros utilizados en actividades de vigilancia, seguridad privada e inspección. Su objetivo es doble: mejorar las condiciones de bienestar animal en este sector y promover la transición hacia alternativas tecnológicas que reduzcan progresivamente el uso de perros, fundamentalmente en especialidades no esenciales como la defensa controlada (arts. 1 y 4).

 

246.       La norma impone estándares obligatorios sobre edad, alimentación, descanso, enriquecimiento ambiental, ejercicio, protección frente al clima, uso de bozales y collares, transporte, atención médica y retiro digno (art. 6). Se crea el Registro Nacional de Perros de Vigilancia y Seguridad Privada, que consolida datos clínicos, comportamentales y de historial laboral de cada animal (art. 12), y se exige un plan obligatorio de retiro y adopción para los perros que envejecen o enferman, con garantía financiera por parte de las empresas (art. 14).

 

247.       La ley también introduce corresponsabilidad para las personas y empresas que contraten servicios con medio canino (art. 8) y fortalece el rol de inspección y control de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que deberá realizar visitas no anunciadas y operativos conjuntos con las autoridades territoriales de bienestar animal (arts. 10 y 11).

 

248.       En conjunto, la Ley 2454 de 2025 es un instrumento fundamental para lograr un modelo de seguridad más respetuoso con los animales y compatible con los mandatos constitucionales de dignidad, solidaridad y protección frente al sufrimiento evitable.

 

249.       Algunos casos en el derecho comparado. Este aparte se presenta de forma ilustrativa para exponer experiencias de regulación en otros Estados. En el panorama del derecho comparado se evidencia una tendencia hacia el amparo de los animales como seres sintientes y a la prohibición de su maltrato. Esta protección está operando como restricción al ejercicio de manifestaciones culturales, especialmente frente a las corridas de toros. Así, en los siguientes países existen diversas medidas en la materia[160]:

 

·        Argentina. La Ley 2.786 de 1891 definió la prohibición al maltrato animal y, en consecuencia, estableció multas a su comisión.^[161] A su vez, la Ley 14.346 de Protección Animal, promulgada en 1954, prohibió los actos de maltrato y crueldad a los animales y estableció pena de prisión al que incurra en esos delitos. Entre las conductas prohibidas se encuentran las corridas de toros, las cuales fueron definidas como actos de crueldad^[162].

 

·        Nicaragua. La ley para la protección y el bienestar de los animales domésticos y animales silvestres domesticados promulgada en 2011, definió que los gobiernos municipales deben reglamentar las corridas de toros, con el fin de evitar el uso de objetos cortopunzantes y sustancias químicas que maltraten o lesionen a los animales. A su vez, prohibió las corridas de toros donde el resultado final era la muerte del animal^[163].

 

·        Francia. La Ley 2015-177 reconoció a los animales como “seres vivos dotados de sensibilidad”^[164]. En consecuencia, dejó de categorizarlos como bienes muebles. A su vez, la Ley 2021-1539^[165] prohibió el uso de animales en circos itinerantes y estableció sanciones por maltrato y abandono. En igual sentido, en el Código Penal, se introdujo el artículo 521-1, en el cual se establecieron sanciones y multas por actos de maltrato animal. En cuanto a las corridas de toros, estas se encuentran prohibidas en la mayor parte del país. Sin embargo, en las regiones donde existe una tradición local ininterrumpida opera una excepción al delito de maltrato innecesario a animales, que aplica a los actos propios de esa tradición y, por ende, se permite su realización. Esta excepción fue declarada constitucional por el Consejo Constitucional Francés^[166] y se precisó que les corresponde a los jueces determinar si existe efectivamente una tradición local. 

 

·        Portugal. En la Ley No. 12-B de 2000, se prohibieron las corridas de toros en las que se cause la muerte del animal a la vista del público^[167]. No obstante, la Ley 19 de 2002 estableció que están excepcionalmente autorizadas cuando se cumplan los siguientes requisitos: (i) se trate de una tradición local; (ii) la tradición local se haya mantenido de forma ininterrumpida, al menos en los 50 años anteriores a la entrada en vigencia de la ley, y (iii) se trate de una expresión de cultura popular^[168].

 

·        España. En Cataluña se profirió la Ley 28 de 2019, mediante la cual se prohibieron las corridas de toros por el sufrimiento y tratamiento antinatural que se les causaba a los animales. Sin embargo, el Tribunal Constitucional de España, mediante la sentencia 177 de 2016, declaró la inconstitucionalidad de la prohibición. Su decisión la fundamentó en que se excedió el ejercicio de las competencias autonómicas, toda vez que las corridas de toros son reconocidas como patrimonio cultural en todo el territorio^[169]. Por su parte, en las Islas Baleares se promulgó la Ley 9 de 2017, a través de la cual se prohibió, en las corridas de toros, el uso de utensilios que puedan casuar la muerte del animal o producirle heridas. No obstante, el Tribunal Constitucional de España, mediante la sentencia 134 de 2018, declaró inconstitucional esa medida, toda vez que se desconoció la competencia estatal sobre patrimonio cultural inmaterial y atentó contra la cultura y tradición española^[170].

 

·        Perú.  En 2016 se promulgó la Ley 30407 de Protección y Bienestar Animal^[171], mediante la cual se consagró el deber de proteger la vida y salud de los animales y se incorporó el artículo 206-A al Código Penal, que tipificó el delito de abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres^[172]. No obstante, dicha normativa excluyó de su ámbito de aplicación a las corridas de toros, por haber sido declaradas manifestaciones culturales en el territorio nacional. En sentencia 00022-2018-PI/TC^[173], el Tribunal declaró infundada la demanda al considerar que la exclusión no resulta arbitraria al ser un espectáculo cultural. Sin perjuicio de ello, y en armonía con el régimen de protección legal de los animales, estableció los siguientes límites:  (i) Las autoridades deben verificar que los animales no sean víctimas de maltratos previos a ingresar al ruedo que menoscaben su integridad, salud o capacidades; (ii) las corridas deben realizarse de acuerdo con las prácticas y usanzas tradicionales, que son las que justifican la excepción, y (iii) el legislador, cada veinte años, debe analizar el estado del debate en torno a una eventual prohibición de las prácticas que, en la actualidad, se consideran culturales.

 

^·          México. La Ley Federal de Bienestar Animal^[174] establece principios para procurar su bienestar, aunque la prohibición de las corridas de toros varía según los Estados. Al respecto, El Estado de Ciudad de México, en abril de 2025, aprobó una reforma a las Leyes de Protección y Bienestar Animal y la Celebración de Espectáculos Públicos, a través de la cual se transformaron las corridas tradicionales de toros a “corridas sin violencia, en las que no se cause ningún tipo de lesión a los animales ni se les provoque la muerte durante o después del evento”.^[175]

 

Sobre el particular, también se destaca la decisión de la Suprema Corte de Justicia, en sentencia 80/2022^[176], que declaró inconstitucional el Decreto del Estado de Nayarit, a través del cual, se reconocía a la fiesta taurina como patrimonio cultural inmaterial. La Corte precisó que, al traducirse en actividades que generan sufrimiento, agonía e incluso la muerte de especies sintientes de manera innecesaria o injustificada, resultan incompatibles con el derecho humano a un ambiente sano. Igualmente, el 18 de marzo de 2025, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una nueva legislación que permite las corridas de toros, novilladas y becerradas, pero impide la muerte y prohíbe cualquier acto de violencia contra el toro[177].

 

250.       Las medidas legislativas referenciadas reflejan en gran medida un compromiso global con la protección de los animales. Particularmente, en el marco normativo de las corridas de toros se observa la implementación de medidas que velan por su bienestar. En este sentido, se advierte una creciente inclinación a restringir o prohibir los actos de crueldad, tales como el uso de objetos cortopunzantes y actos que los lesionen o les causen su muerte. Adicionalmente, se identifica una tendencia hacia una eventual prohibición, como consecuencia de la transformación cultural, en algunos casos de manera definitiva y en otros de forma paulatina, teniendo en cuenta la existencia de tradiciones persistentes en algunas comunidades. Lo anterior, sin perjuicio de reconocer el tratamiento favorable que ha tenido la tauromaquia en España y las limitaciones que se han dado a decisiones locales respecto de una política de permisión o prohibición, que se considera propia del gobierno central.

 

(ii) Protección y bienestar de los animales en la jurisprudencia constitucional

 

251.       La Constitución Política de Colombia no contempla ninguna disposición que mencione de forma textual a los animales. Sin embargo, la jurisprudencia cuenta con un largo desarrollo del reconocimiento de los animales no humanos en el ordenamiento jurídico. Los escenarios han sido variados y muestran que la relación del ser humano con los animales es multifacética^[178]. Como se mostrará a continuación, la protección de la fauna es uno de los elementos esenciales de la protección del medio ambiente y el baluarte principal de lo que la jurisprudencia ha denominado como la Constitución Ecológica. Con base en ello, la prohibición del maltrato a los animales, y en consecuencia, la garantía de su bienestar encuentra sustento constitucional en el Preámbulo y los artículos 2, 8, 11, 44, 49, 58, 66, 67, 78, 79, 80, 81, 82, 215, 226, 268.7, 277.4, 282.5, 294, 289, 300.2, 301, 310, 313.9, 317, 330.5, 331, 332, 333, 334, 339, 340 y 366 de la Constitución Política^[179].

 

252.       Una de las primeras sentencias en las que se analizaron las diferentes relaciones entre el ser humano y los animales es la T-035 de 1997. En esta providencia, la Corte revisó dos expedientes de tutela en los que las propiedades horizontales multaron la tenencia de animales domésticos. Sobre esta decisión cabe subrayar el reconocimiento de la convivencia entre los seres humanos y los animales en términos de amor y afecto. La Corte señaló que muchas personas asumen el cuidado de animales y los incluyen “a su núcleo familiar y a sus actividades como miembros importantes a los cuales brindan su amor, atención y afecto”.

 

253.       Igualmente, vinculó el ejercicio de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad personal y familiar, con la tenencia de animales domésticos. Con sustento en lo anterior, la Sala concluyó que “el mantenimiento de un animal doméstico, como el caso de un perro, en el lugar de habitación, siempre que no ocasione perjuicios a los copropietarios o vecinos, constituye un claro desarrollo del derecho al libre desarrollo de la personalidad (C.P, art.16) y a la intimidad personal y familiar (C.P., art.15) que el Estado debe respetar, como medio para que el ser humano exprese su autonomía y sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico”.

 

254.       Fue más tarde que la Corte Constitucional emprendió la construcción de una línea jurisprudencial de protección animal desde la concepción de la Constitución Ecológica. En la sentencia T-760 de 2007, la Corte conoció una acción de tutela en la que se pretendía la recuperación de una lora llamada “Rebeca” a su cuidadora, toda vez que Corpocaldas se la habría decomisado al ser una especie silvestre. Este Tribunal resolvió que el decomiso, como mecanismo para proteger la fauna silvestre, había sido adecuado. Sin embargo, reconoció que la pérdida del animal afectó la salud emocional de la accionante.

 

255.       La Corte se refirió a la Constitución ecológica como fundamento de la materia y señaló que –en virtud de los artículos 8, 79, 80 y 95.8 de la Constitución– existe la obligación estatal e individual de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, a través de un esquema en el que se establecen las pautas principales entre los derechos colectivos y las obligaciones específicas que rigen la relación entre el ser humano y el ecosistema. Sobre este punto, en sus propias palabras, esta Corporación aseguró que:

 

“Con claridad, en dichas disposiciones se consigna una atribución en cabeza de cada persona para gozar de un medio ambiente sano, una obligación Estatal y de todos los colombianos de proteger la diversidad e integridad del ambiente y una facultad en cabeza del Estado tendiente a prevenir y controlar los factores de deterioro y garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración y sustitución.  Obsérvese que la Carta prevé una estrategia definida frente a la relación entre la persona y su entorno natural: el aprovechamiento de los recursos no puede engendrar de manera alguna un perjuicio de la salubridad individual o social y tampoco puede acarrear un daño o deterioro que atente contra la diversidad y la integridad medio ambiental.” 

 

256.       Del mismo modo, recordó la sentencia C-150 de 2005^[180], en la que la Corte adujo que “el Estado Social debe hacer lo que esté a su alcance por establecer un ‘mínimo social de existencia’ que salvaguarde los derechos fundamentales de los individuos. // El medio ambiente (art. 78 C.P.), es uno de los mecanismos mínimos de existencia del ser humano”. La Sala hizo referencia a los distintos tratados y protocolos de protección al medio ambiente y a la fauna silvestre que se habían aprobado hasta el momento^[181], para señalar que cada recurso natural exige diferentes formas de protección y, por lo tanto, el legislador es el encargado de definir cuáles son las potestades en cabeza del Estado para prevenir, controlar y mitigar los factores que produzcan daños al medio ambiente y todos sus componentes. De esta forma, entre otras normas relevantes en la materia, resaltó que el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente (Decreto 2811 de 1974) define al medio ambiente como patrimonio común e involucra al Estado y los particulares en su preservación y manejo, haciendo énfasis en su utilidad pública e interés social. 

 

257.       En igual sentido, resaltó que el legislador a través de la Ley 84 de 1989^[182] fijó un hito en materia de relacionamiento de las personas humanas con los seres vivos no humanos, pues desde su artículo 1º señala que “los animales tendrán en todo el territorio nacional especial protección contra el sufrimiento y el dolor, causados directa o indirectamente por el hombre” (art. 1º). Igualmente, dentro de sus objetivos, la misma ley insiste en rechazar el dolor y sufrimiento animal, plantea la promoción de su salud, bienestar, respeto y cuidado, y propone desarrollar medidas efectivas para la preservación de la fauna silvestre. Como tal, la ley impone un conjunto de obligaciones específicas para lograr su cometido. Con todo, la Corte concluyó que el ordenamiento jurídico, desde la Constitución y su desarrollo a través de diferentes cuerpos normativos, objeta el maltrato y la crueldad contra los animales y, en consecuencia, se establecen diferentes mecanismos para su protección y preservación^[183].

 

258.       Luego de este pronunciamiento, es necesario mencionar la sentencia C-666 de 2010^[184], toda vez que fue la primera providencia en la que la Corte Constitucional se refirió a los animales como seres sintientes. Para el efecto, reiteró que el fundamento del mandato de la protección de los animales se encuentra en la Constitución Ecológica y la función social y ecológica de la propiedad privada. De acuerdo con lo anterior, resaltó que la protección del ambiente (fauna y flora) debe cumplirse per se y no por su utilidad para el ser humano. En palabras de la Sala: “la visión del ambiente como elemento transversal en el sistema constitucional trasluce una visión empática de la sociedad, y el modo de vida que esta desarrolle, y la naturaleza, de manera que la protección del ambiente supera la mera noción utilitarista, para asumir una postura de respeto y cuidado que hunde sus raíces en concepciones ontológicas”. Esta visión se aleja de la concepción antropocentrista e “inserta (…) la visión de los animales como otros seres vivos que comparten el contexto en que se desarrolla la vida humana, siendo determinantes en el concepto de naturaleza y, por consiguiente, convirtiéndose en destinatarios de la visión empática de los seres humanos por el contexto –o ambiente– en el que desarrolla su existencia”.

 

259.       En ese sentido, la Sala Plena afirmó que el deber de proteger a los animales de maltratos se materializa bajo dos perspectivas que implican distintas relaciones con las personas: (i) la de proteger la fauna, en virtud del mantenimiento de la biodiversidad y el equilibrio natural de las especies; y (ii) la de proteger a la fauna “del padecimiento, maltrato y crueldad sin justificación legítima, protección esta última que refleja un contenido de moral política y conciencia de la responsabilidad que deben tener los seres humanos respecto de los otros seres sintientes”. De igual modo, la Corte resaltó que es necesario superar el enfoque utilitarista, para pasar a un reconocimiento de los animales como seres que comparten los mismos ecosistemas de los seres humanos:

 

“El resultado, se reitera, será el entender el ambiente como el contexto en el que distintos seres sintientes llevan a cabo su existencia, base conceptual que excluye cualquier visión meramente utilitarista que valore a los animales exclusivamente en cuanto recurso, es decir, como elemento de explotación por parte de los seres humanos. (…) En este sentido resalta la Corte que el concepto protegido como parte del ambiente es la fauna, siendo ésta ‘el conjunto de animales de un país o región’; la protección que se deriva de la Constitución supera la anacrónica visión de los animales como cosas animadas, para reconocer la importancia que éstos tienen dentro del entorno en que habitan las personas, no simplemente como fuentes de recursos útiles al hombre, sino en cuanto seres sintientes que forman parte del contexto en que se desarrolla la vida de los principales sujetos del ordenamiento jurídico: los seres humanos”.

 

260.       Luego de señalar esta necesidad de superar las ideas del antropocentrismo y el utilitarismo entorno a la relación con los animales, la Corte adujo que el principio de dignidad humana es también fundante de la obligación que tienen los seres humanos con la protección y bienestar animal. En ese sentido, este Tribunal mencionó que “el concepto de dignidad humana (entendida en ese contexto como el fundamento de las relaciones que un ser sintiente –humano– tiene con otro ser sintiente –animal–) consagrado en el artículo 1º de la Constitución, [conduce a] establecer un sistema jurídico de protección que garantice la integridad de los animales en cuanto seres sintientes que hacen parte del contexto natural en el que hombres y mujeres desarrollan su vida”.

 

261.       La Corte resaltó que en el marco de un Estado Social uno de los objetivos primordiales debe ser el de la protección y el bienestar animal, todo ello bajo la concepción de los principios de dignidad humana y la solidaridad prescritos en el preámbulo de la Carta Política. Con esto, esta Corporación se dedicó a definir cuáles son los límites del deber de protección animal. Sobre este asunto, la Sala Plena reconoció que aquel deber puede entrar en tensión con otros valores constitucionales, y en ese orden, le corresponde al legislador y al juez constitucional, evaluar caso a caso para lograr una adecuada armonización. Como ejemplos, resaltó el ejercicio de los hábitos alimenticios de los seres humanos, la investigación con animales y ciertas manifestaciones culturales. Sobre esta última limitación, la Sala se pronunciará con mayor detalle en un siguiente acápite.

 

262.       Posteriormente, en la sentencia C-283 de 2014, la Sala Plena consideró ajustada a la Constitución Política la prohibición en todo el país del uso de animales silvestres, nativos o exóticos, en circos fijos e itinerantes. La Corte reiteró que, en ejercicio de su libertad de configuración normativa, el legislador “puede llegar a prohibir las manifestaciones culturales que implican maltrato animal, si considera que debe primar el deber de protección sobre la excepcionalidad de las expresiones culturales que implican agravio a seres vivos, ya que, como lo ha defendido esta Corporación en numerosas oportunidades, la Constitución de 1991 no es estática y la permisión contenida en un cuerpo normativo preconstitucional no puede limitar la libertad de configuración del órgano representativo de acuerdo a los cambios que se produzcan en el seno de la sociedad”. La Sala consideró que el interés superior del medio ambiente implica también proteger a los animales de actividades que les generen dolor, maltrato o constituyan crueldad contra ellos, toda vez que esto refleja la moral política y la conciencia que deben tener los seres humanos con los seres sintientes cualquiera sea su especie.

 

263.       En esta providencia, la Sala encontró que los animales silvestres, nativos y exóticos durante las campañas y ferias de los circos sufrían de distintas formas de maltrato, al verse forzados a realizar actos contrarios a su naturaleza y bienestar. Igualmente, las largas jornadas de traslados y viajes para cada espectáculo afectaban su libre desarrollo natural. Con todo ello, la Corte consideró que la prohibición establecida por el legislador resultaba acorde con la Constitución y configuraba una medida proporcional, razonable y necesaria.

 

264.       En la sentencia C-467 de 2016, la Corte revisó la constitucionalidad de los artículos 655.2 y 658 del Código Civil, que clasifican a los animales como bienes muebles o bienes inmuebles por destinación. Para su análisis, la Sala se refirió a la prohibición de maltrato animal como estándar constitucional, aplicable a los animales individualmente considerados, cuyo contenido está dado por los mandatos de bienestar animal. Este Tribunal concluyó que el tratamiento legal de los animales como bienes no se oponía al mandato constitucional de su protección. Además, desarrolló la siguiente reflexión que vale la pena citar:

 

“… el deber constitucional de protección animal está vinculado con la obligación de garantizar que en las relaciones entre seres humanos y animales se preserve el bienestar de estos últimos, bienestar que, a su turno, no guarda relación directa ni con los signos lingüísticos mediante los cuales estos son designados, ni con las categorizaciones que se haga de ellos en el ordenamiento jurídico, sino con los postulados básicos del bienestar animal, postulados a la luz de los cuales estos deben, al menos: (i) no ser sometidos a sed, hambre y malnutrición, lo cual se garantiza a través de un acceso permanente a agua, de bebida, así como a una dieta adecuada a sus necesidades; (ii) no ser mantenidos en condiciones de incomodidad, en términos de espacio físico, temperatura ambiental, nivel de oxigenación del aire, entre otros, (iii) ser atendidos frente al dolor, enfermedad y las lesiones; (iv) no ser sometidos a condiciones que les genere miedo o estrés; (v) tener la posibilidad de manifestar el comportamiento natural propio de su especie.”

 

265.       Esta posición sería luego reiterada en la sentencia T-391 de 2024, en la cual se revisó una acción de tutela contra providencias judiciales que ordenaron una medida cautelar de secuestro sobre dos animales en el marco de un proceso civil. La Corte reiteró que, “conforme a la ley, son muebles semovientes; actuación que per se no constituye maltrato animal, conforme a la jurisprudencia constitucional”.

 

266.       En la sentencia C-045 de 2019, la Corte resolvió una demanda de inconstitucionalidad contra varias disposiciones del Decreto 2811 de 1974 y la Ley 84 de 1989, que permitían la caza deportiva en el país. Al respecto, determinó que esta caza constituye una forma de maltrato animal que no puede ser tolerada por el ordenamiento constitucional. Advirtió que esta actividad no se encuentra bajo ninguna de las excepciones o límites reconocidos en la jurisprudencia, como lo son los hábitos alimenticios de la población, las manifestaciones culturales, entre otros. Para la Sala, la caza deportiva es una actividad meramente recreativa, causa que no justifica el maltrato y sufrimiento del animal. La Sala Plena concluyó que ella no constituye una excepción válida a la prohibición del maltrato animal.

 

267.       Cabe resaltar de esta providencia que la Corte insistió en que las prácticas culturales que implican maltrato animal solo están permitidas por la jurisprudencia, si gozan de un arraigo social demostrado, deben limitarse a tiempos y espacios acordes con las costumbres culturales de las que hacen parte y no pueden ser auspiciadas con recursos públicos. En ese sentido, constató que la caza deportiva no satisfacía ningún objetivo ni finalidad compatible con la Constitución, ni tampoco que fuera una actividad de arraigo cultural, pues a pesar de que se demostró que se llevaba a cabo desde hace varios siglos en distintos territorios del país, desde los años 70 habían disminuido drásticamente los permisos para su ejercicio.

 

268.       En la sentencia SU-016 de 2020, la Corte estudió la acción de tutela interpuesta por la Fundación Botánica y Zoológica de la ciudad de Barranquilla contra la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que concedió el habeas corpus a favor de un oso de anteojos llamado “Chucho”. Esta acción constitucional pretendió que se ordenara su traslado a un lugar donde pudiese vivir en condiciones de semi-cautiverio, o incluso de libertad, pues se encontraba en custodia del Zoológico de Barranquilla. En la acción de tutela se alegó la violación al debido proceso, toda vez que se había desnaturalizado el habeas corpus. La Corte concluyó que se había configurado un defecto procedimental absoluto, toda vez que el habeas corpus no es el mecanismo judicial adecuado para este tipo de solicitudes.

 

269.       No obstante, cabe resaltar que la Sala Plena reconoció una vez más que dentro del ordenamiento jurídico los animales son protegidos, no solo en función de su aporte ecosistémico, sino en tanto seres sintientes individualmente considerados. Del mismo modo, la Corte llamó la atención “sobre la necesidad de utilizar los instrumentos ya existentes en el ordenamiento jurídico para garantizar el mandato de bienestar animal en contextos que, como el presente, involucran a animales silvestres que se encuentran en cautiverio para la entera responsabilidad humana. Asimismo, resulta indispensable seguir avanzando en la identificación y en el perfeccionamiento de las herramientas procesales para garantizar este mandato, y para canalizar los debates relacionados con el confinamiento y el cautiverio de animales silvestres”.

 

270.       En los últimos cinco años la Corte emitió cinco sentencias que consolidan la línea de protección y bienestar animal e insisten en el mandato de prohibición del maltrato animal. Estas son las sentencias C-148 de 2022, T-142 de 2023, C-408 de 2004, C-468 de 2024 y C-332 de 2025.

 

271.       En la sentencia C-148 de 2022, la Corte Constitucional conoció una demanda de inconstitucionalidad contra varias normas que permitían la pesca deportiva. En esta providencia, como un asunto novedoso en la línea jurisprudencial, este Tribunal desarrolló unas consideraciones profundas sobre el contenido del término “sintiencia” en los animales y, especialmente, en los peces. La Sala Plena resaltó que “la decisión legislativa de calificar a todos los animales como seres sintientes establece una línea o umbral a partir del cual la carga de la prueba o las cargas de la argumentación se encuentran en cabeza de quien cuestione la sintiencia de una especie”. Este Tribunal señaló que la relevancia de este concepto radica en reconocer que los animales sienten dolor y evitarlo hace parte de sus intereses y de su bienestar como seres vivos. Esto, explicó la Corte, adquiere un valor moral y jurídico que responde a la pregunta de cuál es el trato digno que se les debe asegurar.

 

272.       Ahora bien, frente a la práctica de la pesca deportiva, esta Corporación reconoció que, aunque no fue posible establecer con certeza los efectos negativos de la pesca deportiva, tanto para los animales como para los hábitats en los que se ejerce, sí existe evidencia científica de su nocividad y, en ese orden, aplicó el principio de precaución y afirmó que debe preferirse la exclusión de estas prácticas. De acuerdo con ello, expresó que la pesca deportiva “al estar orientada exclusivamente a la recreación, se fundamenta en una aproximación que no considera a los animales como parte del ambiente sino como un mero recurso disponible para la diversión del ser humano, lo cual vulnera el derecho al ambiente sano y a la educación orientada a su protección, y, por lo tanto, constituye una práctica contraria a la Constitución (…) Para la Corte Constitucional, una definición de la pesca deportiva que se limita a expresar que esta se caracteriza por tener como única finalidad la diversión del ser humano resulta incompatible con el mandato de bienestar animal y de protección de la fauna”.

 

273.       Conforme con lo anterior, se concluyó que la permisión de la pesca deportiva también era contraria al deber de las autoridades estatales de proteger a los animales de todo maltrato y de tratos crueles que implican padecimientos, mutilaciones o lesiones injustificadas.

 

274.       En la sentencia T-142 de 2023, la Corte conoció de una acción de tutela interpuesta por un ciudadano contra la Alcaldía de Zambrano (Bolívar) y otras entidades organizadoras de corralejas, por estimar que la realización de estas actividades se estaba haciendo en condiciones que no permitían la protección de los animales. El ciudadano argumentó que esto desconocía la salubridad pública y el debido proceso.

 

275.       La Corte reiteró la línea jurisprudencial del mandato de protección animal e insistió que a la luz de la Constitución no es correcta una visión antropocéntrica, ni utilitarista en relación con el medio ambiente y los seres vivos que hacen parte de él. Frente a la realización de las corralejas, este Tribunal reconoció que se trataba de una práctica cultural y tradicional. En consecuencia, aseguró que “el legislador en ejercicio de su libertad de configuración normativa puede llegar a prohibir las manifestaciones culturales que implican maltrato animal, si considera que debe primar el deber de protección sobre la excepcionalidad de las expresiones culturales que implican agravio a los seres vivos”.

 

276.       Con base en lo anterior, determinó que la acción de tutela era improcedente para exigir la protección de los animales para este tipo de actividades y consideró que le correspondía al juez contencioso, vía acción popular, evaluar “la prohibición de sufrimiento animal en esta clase de espectáculos”. La Sala sustentó esta afirmación en dos razones: “Primero, porque tiene conocimiento de la cultura y las tradiciones de una determinada región. Segundo, porque es el encargado de proteger derechos colectivos como el ambiente sano y, consecuencia de ello, vela por el deber de protección animal y la prohibición de maltrato”. A pesar de lo anterior, esta Corporación halló que, en el caso concreto, se había demostrado que las corralejas se celebraban en escenarios precarios y sin condiciones mínimas de seguridad, lo que atentaba contra la vida y la integridad personal de las personas y los animales participantes. Por lo tanto, realizó una serie de exhortos a distintas autoridades nacionales y territoriales, para que garantizaran el bienestar animal en el marco de estas actividades.

 

277.       En la sentencia C-408 de 2024, la Corte declaró la exequibilidad condicionada del artículo 594 del Código Civil, bajo el entendido de que la lista de bienes inembargables allí contenida incluye a los animales de compañía. En esta sentencia se subrayó la centralidad de estos animales en la vida de las personas. La Sala Plena, al abordar el mandato de protección animal y su alcance, explicó que la tenencia de animales de compañía como seres con los que se generan relaciones emocionales y de mutuo apoyo hace parte del ejercicio de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad familiar y personal. En esta materia, la Corte sintetizó las siguientes reglas:

 

“i) existe un deber de protección animal y una prohibición de maltrato innecesario de los seres sintientes, para cuya consolidación ha sido fundamental la jurisprudencia de la Corte; (ii) la protección de los animales es “diferencial y ponderada en atención al tipo de especie involucrada”; (iii) la tenencia de animales domésticos de compañía por parte de los seres humanos está protegida por el ejercicio de algunos derechos fundamentales; y (iv) la concreción de los deberes de protección de los animales es competencia del legislador”.

 

278.       Con sustento en lo anterior, la Corte concluyó que: “los animales solo están sometidos al régimen jurídico de los bienes cuando: (i) las disposiciones que lo componen no son incompatibles con su carácter de seres sintientes o con el deber de protegerlos y (ii) no existen normas especiales destinadas a regular las relaciones jurídicas en las que ellos puedan estar implicados”^[185].

 

279.       Conforme con estas consideraciones, la Sala Plena encontró que el legislador debió incluir dentro del listado de bienes inembargables a los animales de compañía, puesto que esto responde a dos deberes constitucionales: (i) garantizar la dignidad humana, la cual exige dar un trato respetuoso y digno a los animales al ser seres sintientes, y (ii) proteger los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y la intimidad familiar y personal del deudor.

 

280.       En la sentencia C-468 de 2024, la Corte resolvió declarar inexequible la expresión “estéticas” contenida en el literal c) del artículo 6 de la Ley 84 de 1989, “[p]or la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se regula lo referente a su procedimiento y competencia”. Este Tribunal reiteró que el mandato de protección animal y el de prohibición al maltrato “son susceptibles de ponderación, no solo por tratarse de principios, sino porque el calificativo ‘injustificado’ que suele acompañar a la prohibición de maltrato supone que existen conductas que, a pesar de afectar el bienestar de los animales (y constituir por lo tanto maltrato) se encuentran permitidas por el orden constitucional, como sucede, hasta ahora, con las prácticas del toreo, las corralejas y las riñas de gallos”. Lo anterior se ve respaldado con las decisiones de esta Corte en las que la decisión de inconstitucionalidad viene acompañada por un exhorto al legislador para “morigerar progresivamente el sufrimiento, y en las decisiones con efectos diferidos para establecer períodos de transición que permitan el ajuste de la actividad humana a una protección creciente de los animales”. 

 

281.       La Sala consideró que permitir intervenciones quirúrgicas en animales con fines estéticos era contrario a los mandatos de protección animal y el deber específico de no maltrato, sustentados en los artículos 8, 79 y 95 de la Constitución Política. La Corte precisó que las intervenciones estéticas en los cuerpos de los animales no pretenden alcanzar un bienestar de ellos, sino satisfacer criterios humanos de belleza, lo cual corresponde a intereses superfluos y antropocentristas. En palabras de la Corte:

 

“(…) permitir intervenciones estéticas en animales no contribuye a su protección ni bienestar, sino que, por el contrario, puede someterlos a sufrimientos innecesarios. Por el contrario, el fin de alcanzar un ideal estético en los animales, que caracteriza a la norma demandada, se persigue a costa de un profundo maltrato, pues, como se puede observar directamente en el texto de la ley, el artículo parcialmente cuestionado se refiere a actos de crueldad, expresión que supone una intensidad especial, incluso dramática, en términos de la afectación a los intereses de los animales. Esta es una regulación que no solo atañe al maltrato, sino a actos de crueldad contra los animales”

 

282.       De esa manera, la Sala Plena afirmó que la excepción a la prohibición del maltrato animal por razones estéticas no cumple un fin constitucionalmente admisible y sí puede generar profundo sufrimiento en los seres sintientes. La Corte concluyó que permitir mutilaciones por razones estéticas viola el deber de protección animal, y tales prácticas no pueden justificarse ni bajo el marco del bienestar animal ni de los derechos humanos.

 

283.       Finalmente, en la sentencia C-332 de 2025, la Corte conoció de una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 12 del Código de Ética de la Medicina Veterinaria y la Zootecnia[186] por vulnerar el mandato de protección de los animales. La Corte declaró la inexequibilidad de las expresiones “son medios que” y “en la medida de su utilidad respecto de éste”, y declaró la exequibilidad condicionada de “Tanto los animales (…) sirven al hombre para el mejor desarrollo y perfeccionamiento de su vida y al tener la condición jurídica de cosas, constituyen fuente de relación jurídica para el hombre”, en el entendido de que los animales son seres sintientes y están sometidos a normas especiales de protección acordes con esta condición.

 

284.       La Sala Plena recordó la jurisprudencia sobre el mandato de bienestar y protección animal y señaló que el contenido de la norma demandada fomentaba una visión antropocéntrica ya superada por el ordenamiento constitucional. Además, resaltó la necesidad de concebir a los animales como seres sintientes valiosos, por su propia existencia y no como meros medios plenamente instrumentalizables. En este sentido, se señaló que: (i) los animales son seres sintientes; (ii) que cuentan con una protección constitucional derivada de importantes mandatos superiores; (iii) que sus intereses deben ponderarse con otros, de jerarquía constitucional; (iv) que existe una prohibición general de maltrato injustificado, que debe desarrollarse mediante medidas para su bienestar; y (v) que no son simples instrumentos del ser humano.

 

285.       En síntesis, luego de este recorrido jurisprudencial descrito, es claro que la Corte a lo largo de los años ha dado un lugar especial a los animales dentro del ordenamiento constitucional. Con ello ha construido una línea con deberes de protección y bienestar animal, así como de prohibición de maltrato y tratos crueles y degradantes contra ellos. Lo anterior, se ha sustentado no solo desde una perspectiva ecológica y de protección al medio ambiente y los mandatos de la Constitución Ecológica, sino en el principio de la dignidad humana. Este valor y principio asegura la interacción necesaria de las personas con los animales, y admite el hecho de que sean seres sintientes, que pueden ser afectados por los actos de las personas y exige una relación de cuidado entre los seres vivos para su armónica convivencia.

 

(iii) Las corridas de toros y actividades similares como manifestaciones culturales en la jurisprudencia constitucional

 

286.       El toreo y sus actividades asociadas (rejoneo, novilladas, becerradas y tientas) son una práctica de origen colonial introducida en el siglo XVI desde el periodo de colonización en las Américas. En concepto del ICANH, “desde una perspectiva histórica, representa un fenómeno de transculturación que evidencia la combinación de tradiciones ibéricas y realidades locales, no de forma armónica y homogénea, sino como un entrecruce conflictivo de tradiciones, discursos y prácticas sociales (García-Canclini, 1989)”[187]. Por su desarrollo histórico, estas prácticas han sido reconocidas como símbolos de identidad nacional y patrimonio cultural en varios territorios del país. Sin embargo, el patrimonio cultural “no es una esencia inmutable, sino una construcción social en permanente disputa, atravesada por conflictos éticos y simbólicos”. Desde esta perspectiva, para el ICANH, “la tauromaquia ha pasado de ser exaltada como tradición relevante a ser vista como una forma de violencia normalizada contra los animales”[188].

 

287.       Por ello, estas actividades no han pasado desapercibidas para la jurisprudencia constitucional, pues tanto la sociedad civil que apoya estas actividades, como la que se opone a ellas, ha acudido a acciones judiciales. De tal forma, luego de definir las reglas jurisprudenciales más relevantes en materia de protección y bienestar animal, ahora la Sala Plena se referirá especialmente a lo desarrollado sobre los espectáculos taurinos. Este aparte es importante en la medida en que la Corte ha reconocido que existen escenarios que, por ser prácticas justificadas, permiten el maltrato animal, estas son, básicamente, los hábitos alimenticios, la experimentación científica y las manifestaciones culturales. Tratándose de las corridas de toros, desde la sentencia  C-1192 de 2005, la Corte las consideró como una manifestación cultural protegida por el ordenamiento jurídico.

 

288.       Con base en lo anterior, la Sala procederá hacer un recorrido de las decisiones más relevantes y hará especial énfasis en las consideraciones que la Corte ha fijado entorno a las siguientes temáticas: (i) la libertad de configuración legislativa; (ii) la ponderación entre las manifestaciones culturales y el mandato de prohibición de maltrato animal; y (iii) la convergencia de estas consideraciones con el ejercicio de otros derechos fundamentales, como lo son, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de expresión artística y el trabajo.

 

289.       En la sentencia C-1192 de 2005, la Corte conoció de una demanda contra varios artículos del Reglamento Nacional Taurino (Ley 916 de 2004)^[189]. El demandante aseguró que esta norma desconocía la dignidad humana, la diversidad cultural y los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Para resolver los problemas jurídicos, la Sala Plena se refirió a la cultura y a sus diferentes manifestaciones. Precisó que la Constitución, en los artículos 7, 8, 70 y 71, dispone que el Estado reconoce y protege las riquezas culturales y la diversidad étnica y cultural de la Nación, al tiempo que debe promover por el acceso a la cultura en igualdad de condiciones a todos los colombianos, garantizando el libre desarrollo de diversas expresiones artísticas.

 

290.       La Corte recordó que la diversidad cultural de la Nación hace alusión a “formas de vida y concepciones del mundo no totalmente coincidentes con las costumbres de la mayoría en aspectos, tales como, la raza, religión, lengua, arte, folclor y tradiciones artísticas. Los grupos humanos que por sus características culturales no se ajustan a las creencias, costumbres y parámetros sociales propios de la mayoría o difieren de los gustos y anhelos de ésta, tienen derecho constitucional al reconocimiento de sus diferencias con fundamento en los principios de dignidad humana (Preámbulo y C.P. art. 1°), pluralismo (C.P art. 1°) y protección de las minorías (C.P. arts. 1° y 7), así como en los derechos fundamentales a la identidad personal y al libre desarrollo de la personalidad (C.P. art. 16)”.

 

291.       La Sala resaltó que es la misma Constitución, en los artículos 70, 71 y 150, la que le asigna al legislador la potestad de definir qué actividades son consideradas como expresiones artísticas y culturales. Sobre este punto, precisó que, en todo caso, es la sociedad a través de sus costumbres y creencias históricas la que determina los contornos de su cultura, y con ello, las prácticas que considera valiosas. Del mismo modo, explicó que la potestad del legislador no es absoluta, y debe estar cimentada en límites razonables y proporcionales encaminados a “la protección del interés general y a la reducción de riesgo sociales en que se puede incurrir con su práctica”. En lo ateniente al criterio de la razonabilidad, la Corte afirmó:

 

“es preciso recordar que conforme al preámbulo y a los artículos 1, 2, 4 y 13 de la Constitución Política, esta Corporación ha reconocido que el criterio jurídico de razonabilidad –en tanto límite a la potestad de configuración normativas– implica la exclusión de toda decisión que éste adopte y que resulte manifiestamente absurda, injustificada o insensata, vale decir, que se aparte por completo de los designios de la recta razón, lo que ocurriría, por ejemplo, al pretenderse categorizar como expresiones artísticas y culturales del Estado, comportamientos humanos que única y exclusivamente manifiesten actos de violencia o de perversión (v.gr. la pornografía, el voyerismo y el sadismo), que además de considerarse lesivos de los valores fundamentales de la sociedad, desconocen principios y derechos fundamentales como los de la dignidad humana (C.P. art. 1 y 12) y la prohibición de tratos crueles (C.P. art. 12)”

 

292.       En lo relacionado con las corridas de toros y, en general, los espectáculos taurinos, la Corte señaló que el legislador los catalogó como una expresión artística que atiende al principio de razonabilidad, pues, según esta Corporación, estaba demostrado que estas prácticas se reconocen como un arte y son manifestación de la diversidad y pluralismo de la sociedad. Sin embargo, para el año 2005, ya admitió que un sector de la población condena las corridas de toros como expresión cultural y artística, debido a que considera que es una forma de maltrato animal. La Sala Plena adujo que, “aun cuando en su desarrollo se pone en peligro la integridad del diestro o torero, se infringe dolor y se sacrifica el toro, dichas manifestaciones no corresponden a actos de violencia, crueldad, salvajismo o barbarie, sino a demostraciones artísticas, y si se quiere teatrales, de las disyuntivas constantes a las que se enfrenta el quehacer humano: fuerza y razón, arrojo y cobardía, vida y muerte”.

 

293.       Con todo, la Corte expresó que las manifestaciones de la tauromaquia son concebidas en la sociedad –de aquella época–, como arte y espectáculo, ambas manifestaciones inescindiblemente ligadas a la cultura y comprendidas en una “manifestación viva de la tradición espiritual e histórica de los pueblos iberoamericanos”.

 

294.       En esta misma línea, la Corte corrigió la interpretación que el demandante estaba haciendo del artículo 12 de la Constitución Política. La Sala explicó que la prohibición de la tortura y los tratos crueles es una garantía de la dignidad humana y, en ese sentido, desde una perspectiva antropológica, solo exigible a favor de los seres humanos.

 

295.       Conforme con lo anterior, esta Corporación afirmó que el margen de configuración legislativa en relación con las expresiones artísticas y culturales es amplio y solo se encuentra limitado en el evento de que el Congreso pretenda adscribir el carácter de expresión artística a actos violentos o perversos, o respecto de comportamientos lesivos en términos de principios y valores de relevancia constitucional, en especial, la dignidad humana y la prohibición de tratos crueles.

 

296.       En segundo lugar, frente al argumento del demandante que sostuvo que la Ley 916 de 2004 violaba el artículo 7, porque desconocía las manifestaciones culturales a nivel local y territorial, pues la ley reglamentaba estas prácticas en todo el territorio nacional, la Corte recordó el carácter unitario del Estado colombiano y precisó que el legislador tiene la potestad para regular el ejercicio de la libre iniciativa privada y empresarial. En este orden de ideas, se encontraba justificada la intervención del Estado, con el fin de regular aspectos mínimos de estos espectáculos en todo el territorio, entre ellos, “un conjunto de reglas para salvaguardar la integridad artística de la fiesta, preservar la pureza, sanidad y bravura del toro de lidia y evitar su maltrato”.

 

297.       En tercer lugar, la Corte expresó que la restricción de la edad prevista en la norma demandada no debe ser mirada únicamente como una limitante de los derechos fundamentales a la cultura, recreación y educación –que indudablemente, lo es–, sino, además, como una medida para proteger a los niños y niñas de las circunstancias o elementos de riesgo a que se pueden ver expuestos al ingresar a un espectáculo público. Con lo anterior, esta Corporación declaró la exequibilidad de las normas cuestionadas de la Ley 916 de 2004.

 

298.       Posteriormente, la sentencia C-666 de 2010 avanzó considerablemente en el análisis de ponderación entre el mandato de protección animal y las manifestaciones culturales, aspecto que no fue desarrollado en la sentencia de 2005. Así, aunado a las consideraciones resaltadas en el capítulo anterior, que se relacionan con el concepto de sintiencia –novedoso para este momento de la jurisprudencia constitucional–, en lo referente a las corridas de toros estableció los argumentos que en seguida se exponen.  

 

299.       La decisión en esta sentencia se sustentó en la ponderación del mandato de protección animal y las corridas de toros como una expresión cultural. Por lo tanto, la Sala Plena adoptó una decisión de exequibilidad condicionada con medidas para la eliminación progresiva del maltrato animal.

 

300.       Se refirió primero a las corridas de toros y afirmó que estas actividades, a pesar de considerarse por la jurisprudencia como artísticas y culturales, contienen ciertos actos que implican el maltrato del animal. Subrayó los siguientes actos:

 

“i. Picar el toro, operación que implica clavar una punta de lanza de catorce centímetros de largo en el morrillo del toro, acción que eventualmente puede repetirse hasta dos veces; ii. Poner banderillas, operación que implica clavar en el lomo del toro las banderillas, las cuales son palos de madera rectos y resistentes en cuyo extremo se encuentra el Arpón, que consiste en una piedra de hierro afilada provista de otras menores que salen en dirección contraria para que al hundirse en la carne del toro prenda e impida su caída –arts. 12 y 50 ley 916 de 2004–. iii. Clavar el estoque, operación que implica que el encargado de la lidia clave una espada en el toro que estaba lidiando.

 

Eventualmente, una corrida de toros también puede implicar la realización de otras actividades que causen daño a los animales, como son: i. La puesta de banderillas negras, las cuales tienen un Arpón más largo y ancho, causando una herida de mayor profundidad y grosor. ii. El apuntillar, que implica dar muerte con una daga al toro que, luego de que le fue clavado el estoque, cayó al suelo pero no ha muerto. iii. Descabellar, que implica dar muerte al toro mediante una estocada que se propina entre los anillos que rodean la médula espinal. Este procedimiento se realiza en aquellos casos que, luego de seis (6) minutos de haber recibido la primera estocada con la intención de darle muerte, el toro no ha caído –ya sea muerto o agonizante– en la arena de la plaza”

 

301.       La Corte explicó que en el caso de las novilladas y becerradas también cuentan con actividades consistentes en “clavar banderillas en el lomo del animal que se esté lidiando y el clavar una espada que atraviesa el lomo del toro con la intención de darle muerte”. Por su parte, en el rejoneo se hacen los mismos actos que en las corridas de toros, “con la diferencia que éstas se realizan estando el torero montado en un caballo y valiéndose de instrumentos de maltrato adaptados a esta situación”.

 

302.       Una vez describió con detalle las actividades que contienen las corridas de toros, las novilladas, las becerradas, el rejoneo, las riñas de gallos, el coleo y las corralejas, constató que todas estas actividades contienen diversas formas de maltrato contra los animales que participan en ellas. En todas, existe algún tipo de daño y sufrimiento en aras de realizar la actividad o espectáculo cultural.

 

303.       Luego de desarrollar las consideraciones relacionadas con el concepto de medio ambiente en la Constitución y el deber constitucional de proteger su diversidad, así como la dignidad humana como fundamento del deber constitucional de protección animal, la Corte se refirió a los límites legítimos del deber constitucional de protección animal. En lo que concierne al estudio del presente caso, la Sala afirmó que la cultura es un bien constitucional que configura un límite legítimo, toda vez que la propia Constitución le confiere una protección especial en los artículos 2, 7, 8, 70 y 71 de su texto. De este modo, “el desarrollo cultural de la Nación y el apoyo a las expresiones artísticas de los nacionales son objetivos primordialmente perseguidos por la Constitución de 1991, la cual destaca un claro interés por favorecer, promover, reforzar y divulgar los valores culturales como medio efectivo para consolidar la unidad del territorio colombiano”.

 

304.       De acuerdo con lo anterior, la Sala precisó que las diversas manifestaciones culturales cuentan con un triple propósito dentro del ordenamiento constitucional: (i) permiten la concreción del libre desarrollo de la personalidad en sus diferentes versiones; (ii) incentivan una unidad nacional sustentada en diferentes expresiones relevantes para sectores de la sociedad; y (iii) fomentan la tolerancia y el pluralismo en un Estado democrático.

 

305.       Pues bien, con base en ello, la Sala Plena resaltó que le corresponde al juez constitucional determinar que cualquier regulación o actividad que se entienda “manifestación cultural”, se adecúe a los parámetros que prevé la Constitución. Lo anterior, implica realizar un ejercicio de ponderación cuando se constate que una práctica cultural afecta otro derecho o valor constitucional relevante, pues es necesario garantizar las diversas experiencias étnicas y culturales que conviven en el Estado. En esta misma línea, en relación con la cultura y sus diversas manifestaciones, la Corte resaltó: “debe decirse que el concepto de actividad cultural no es un desarrollo de la Constitución, sino fruto de la interacción de los distintos actores sociales determinados por un tiempo y un espacio específicos. De manera que no puede entenderse que las manifestaciones culturales, en sí mismas consideradas, sean desarrollo de la Constitución, ni que, por consiguiente, tengan blindaje constitucional alguno que las haga inmunes a la regulación por parte del ordenamiento infra-constitucional cuando quiera que se concluya sobre la necesidad de limitarlas o, incluso suprimirlas, por ser contrarias a los valores que busque promocionar la sociedad”.

 

306.       Con base en las anteriores consideraciones, la Corte analizó la demanda contra el artículo 7 de la Ley 84 de 1989 (Estatuto Nacional de Protección de los Animales), precepto que exceptuaba a determinadas actividades del régimen general previsto en el artículo 6 del mismo cuerpo normativo, disposición esta última con la que se crea un régimen general de conductas que configuran maltrato animal. En efecto, mientras esta disposición fija una lista de conductas que causan daño y que son consideradas crueles contra los animales; el artículo 7 consagraba las excepciones de conductas que, a pesar de configurar maltrato, no conllevaban una sanción. Estas son, “el rejoneo, coleo, las corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas y tientas, así como las riñas de gallos y los procedimientos utilizados en estos espectáculos”. La Corte formuló los siguientes problemas jurídicos a resolver:

 

“Si la excepción del artículo 7 de la ley 84 de 1989 encuentra fundamento en la consideración de hechos o manifestaciones culturales y sociales de las actividades en ella incluidas; y de ser así,  (…) si, partiendo de que en Colombia está prohibido el maltrato animal y los actos de crueldad contra animales porque desconocen el deber constitucional de protección a los mismos, las actividades incluidas en el artículo 7 de la Ley 84 de 1989 resultan acordes a la Constitución en cuanto son manifestaciones culturales y expresiones del pluralismo que se deriva de una interpretación incluyente de la misma”.

 

307.       La Corte encontró que las actividades exceptuadas por las disposiciones demandadas se encontraban dentro de los escenarios de protección constitucional al ser manifestaciones culturales. Sobre ello expresó que “el concepto constitucional de ‘manifestación cultural’ puede sustentarse en que una determinada actividad sea practicada hace largo tiempo y esté arraigada dentro de las costumbres sociales, ya que el contenido de la Constitución debe estar en conexión con los usos reinantes o arraigados en la sociedad a la que se aplican dichas normas”.

 

308.       Sin embargo, subrayó que la cultura no puede estar sustentada en cualquier tipo de expresión o tradición y, por lo tanto, tampoco puede ser comprendida como un principio o valor absoluto dentro del ordenamiento constitucional, pues no pueden aceptarse actividades que contradicen valores axiales de la Constitución, como lo son, la no discriminación por razones de raza o sexo/género, o la libertad religiosa, o, en este caso, el deber de cuidado con los animales y la prohibición de no maltrato. De este modo, la Sala Plena afirmó que era necesario armonizar las manifestaciones culturales (corridas de toros, corralejas, becerradas, novilladas, tientas, riñas de gallos, rejoneo o coleo) con el deber de protección animal que, como antes se concluyó, tiene también rango constitucional en el ordenamiento jurídico colombiano. Según esto, la Sala precisó que el legislador, a través de la norma cuestionada, concedió un privilegio desproporcionado a las manifestaciones culturales, y esto condujo a un déficit de protección de los animales y una omisión del deber y valor constitucional del bienestar animal.

 

309.       La Corte subrayó la obligación del legislador de regular estas actividades y determinar con exactitud qué acciones implican maltrato animal, así como buscar una solución que de forma razonable armonice el deber de protección animal, con los derechos que justifican la realización de estas actividades como manifestaciones culturales. Precisó que dicha regulación “deberá prever protección contra el sufrimiento y el dolor de los animales empleados en estas actividades y deberá propugnar porque en el futuro se eliminen las conductas especialmente crueles para con ellos”. Así, afirmó que el legislador –en ejercicio de su libertad de configuración normativa– “puede llegar a prohibir las manifestaciones culturales que implican maltrato animal, si considera que debe primer el deber de protección sobre la excepcionalidad de las expresiones culturales que implican agravio a seres vivos”.

 

310.       De acuerdo con lo anterior, para el año 2010 y hasta antes de la expedición de la ley cuestionada, la Corte estableció las siguientes reglas de decisión sobre la permisión de maltrato animal en el desarrollo de las actividades mencionadas:

 

(i)       es una excepción que debe ser interpretada de forma restrictiva y, “por consiguiente, no debe tener vacíos que dificulten o, incluso, hagan nugatorio el deber de protección de los animales que se deriva de la Constitución; en este sentido, la excepción prevista en el artículo 7 de la Ley 84 de 1989 debe incluir elementos mínimos que garanticen en la mayor medida posible el bienestar de los animales involucrados en dichas manifestaciones culturales”;

 

(ii)     le corresponde al legislador establecer con el mayor detalle y exactitud qué acciones que impliquen maltrato animal pueden ser realizadas en desarrollo de corridas de toros, becerradas, novilladas, rejoneos, riñas de gallos, tientas y coleo, y en las actividades conexas con dichas manifestaciones culturales, tales como la crianza, el encierro, el adiestramiento y el transporte de los animales involucrados en las mismas. Estas deberán ser reguladas bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad, “y deberá prever protección contra el sufrimiento y el dolor de los animales empleados en estas actividades y deberá propugnar porque en el futuro se eliminen las conductas especialmente crueles para con ellos”;

 

(iii)   “el resultado acorde con un ejercicio de armonización de los valores y principios constitucionales involucrados conduce a concluir que la excepción del artículo 7 de la ley 84 de 1989 se encuentra acorde con las normas constitucionales únicamente en aquellos casos en donde la realización de dichas actividades constituye una tradición regular, periódica e ininterrumpida de un determinado municipio o distrito dentro del territorio colombiano”;

 

(iv)    estas actividades podrán realizarse únicamente en los lugares en donde constituyan tradición cultural y en las ocasiones dispuestas para el efecto;

 

(v)      las entidades nacionales y territoriales en donde se practiquen estas actividades culturales no podrán invertir recursos públicos a la construcción de instalaciones para la realización exclusiva de estas actividades. Incentivar estas actividades con recursos públicos, según la Corte, es incompatible con el deber de protección animal. En ese sentido, “respecto de estas precisas actividades y de cualquiera que involucre maltrato animal se concluye que el Estado podrá permitirlas cuando se consideren manifestación cultural de la población de un determinado municipio o distrito, pero deberá abstenerse de difundirlas, promocionarlas, patrocinarlas o cualquier otra forma de intervención que implique fomento a las mismas por fuera de los límites establecidos en esta sentencia”.

 

311.       Conforme con estas reglas de armonización entre el deber de protección animal y las manifestaciones culturales reguladas por la norma demandada, la Corte adoptó la siguiente decisión:

 

“Declarar EXEQUIBLE el artículo 7 de la Ley 84 de 1989, “por la cual se adopta el estatuto nacional de protección de los animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia”, en el entendido:

 

1) Que la excepción allí planteada permite, hasta determinación legislativa en contrario, si ello llegare a ocurrir, la práctica de las actividades de entretenimiento y de expresión cultural con animales allí contenidas, siempre y cuando se entienda que estos deben, en todo caso, recibir protección especial contra el sufrimiento y el dolor durante el transcurso de esas actividades. En particular, la excepción del artículo 7 de la Ley 84 de 1989 permite la continuación de expresiones humanas culturales y de entretenimiento con animales, siempre y cuando se eliminen o morigeren en el futuro las conductas especialmente crueles contra ellos en un proceso de adecuación entre expresiones culturales y deberes de protección a la fauna. 2) Que únicamente podrán desarrollarse en aquellos municipios o distritos en los que las mismas sean manifestación de una tradición regular, periódica e ininterrumpida y que por tanto su realización responda a cierta periodicidad; 3)  que solo podrán desarrollarse en aquellas ocasiones en las que usualmente se han realizado en los respectivos municipios o distritos en que estén autorizadas; 4)  que sean estas las únicas actividades que pueden ser excepcionadas del cumplimiento del deber constitucional de protección a los animales; y 5)  que las autoridades municipales en ningún caso podrán destinar dinero público a la construcción de instalaciones para la realización exclusiva de estas actividades”. (Énfasis por fuera del texto original).

 

312.       Posteriormente, en la sentencia C-889 de 2012, la Corte conoció de una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 14 y 15 (parciales) de la Ley 916 de 2004, “por la cual se establece el Reglamento Nacional Taurino”. Los demandantes argumentaron que las normas demandadas desconocían la autonomía territorial al “obligar” a las entidades territoriales a permitir espectáculos taurinos, sin la aprobación de los concejos municipales, como entes de control del patrimonio cultural.

 

313.       La Corte precisó que, a pesar de que puede entenderse que las prácticas tradicionales y culturales tienen lugar en las comunidades locales y regionales en las que se practican, y en ese sentido, correspondería a las entidades territoriales su regulación, la jurisprudencia constitucional ha considerado que el legislador se encuentra habilitado para reconocer determinada tradición cultural, a condición de que “ese reconocimiento no signifique un tratamiento privilegiado para la práctica correspondiente, que afectaría el pluralismo varias veces mencionado”. La Corte precisó lo siguiente:

 

“se concluye como regla de decisión que el legislador está habilitado, de acuerdo con el artículo 7 C.P. para regular e identificar determinadas expresiones culturales y artísticas, materiales o inmateriales. Esta identificación puede encontrar un vínculo con el uso o destinación de bienes de las entidades territoriales, por lo que la ley puede válidamente fijar aspectos propios de esos asuntos, a condición que (i) se trate efectivamente de un inmueble que participa de un criterio cultural arraigado y, por ende, identificable; (ii) el mandato del legislador opere de manera articulada con las competencias de la entidad territorial correspondiente; y (iii) el uso o destinación previstas por la ley estén intrínsecamente vinculadas con el mantenimiento de la práctica cultural reconocida.” 

 

314.       Por otra parte, la Sala Plena precisó que las condiciones que se impongan a los espectáculos públicos por parte de las entidades territoriales se ejercen con base en las competencias propias de la función de policía. Así, en la medida en que esta función está sometida al principio de legalidad, “dichas autoridades solo pueden exigir aquellas condiciones que hayan sido fijadas por la Constitución y la ley para la celebración de tales espectáculos. Esto debido a que el titular del poder de policía, de índole normativa, es el Congreso (…)”.

 

315.       Conforme con ello, la Corte explicó que es el legislador el que tiene la potestad de fijar las condiciones para el ejercicio de espectáculos públicos, entre ellos la actividad taurina, competencia que se ejerce al atender el principio democrático, así como el principio de Estado unitario. Sobre este punto, es necesario transcribir las consideraciones de la Corte:

 

“Se ha expuesto, de la misma manera, que ni de la legislación ni de la Carta Política se deriva una prohibición general para el ejercicio de la actividad taurina, sino solo unas particulares restricciones, en todo caso intensas, para que se lleve a cabo de manera compatible con el mandato superior de bienestar animal.  En tal sentido, si la autoridad municipal o distrital ejerce el control de los espectáculos taurinos en su condición de agente de la función de policía, no resulta válido desde la perspectiva constitucional que prohíba esa actividad cuando no tiene respaldo normativo, de índole legal –en tanto el poder de policía corresponde al Congreso– para imponer esa condición.

 

En consecuencia, la afirmación realizada por la Corte en la sentencia C-666/10 debe interpretarse en el marco de las limitaciones propias del ejercicio de la función de policía, que está precedida de la existencia de un mandato legal previo para que los entes locales puedan imponer restricciones al ejercicio de actividades ciudadanas, entre ellas la celebración de espectáculos taurinos.  Por lo tanto, las entidades territoriales podrían válidamente prever una prohibición general de la actividad taurina, solo cuando esa opción administrativa esté respaldada por el ordenamiento legal”. (Énfasis por fuera del texto original).

 

316.       La Sala Plena reiteró que, de acuerdo con la sentencia C-666 de 2010, el legislador puede optar por prohibir de manera general la actividad taurina con base en que se trata de una práctica que implica maltrato y crueldad animal, “opción que, además, es plenamente compatible con la Constitución colombiana”. La Corte recordó que la jurisprudencia hasta el momento ha optado por conservar un equilibrio entre la protección de los animales y la vigencia de las manifestaciones culturales. En ese orden de ideas, la Corte subrayó que: “aunque concurren razones de primera índole para imponer restricciones, incluso al grado de prohibición, a la tauromaquia, la vía institucionalmente aceptable para esa decisión es el debate democrático y no la extensión riesgosa y jurídicamente injustificada de las competencias de las autoridades locales, en tanto ejercen la función de policía”.

 

317.       Finalmente, afirmó que, si en un futuro el legislador decide prohibir la práctica taurina, tal decisión es compatible con el mandato constitucional de protección animal. Esta circunstancia impediría que cualquier entidad pública permitiera este tipo de prácticas, pues el legislador ya habría zanjado el equilibrio constitucional entre los valores en tensión. Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala Plena declaró la exequibilidad de los artículos 14 y 15 de la Ley 916 de 2004.

 

318.       En la sentencia T-296 de 2013, la Corte Constitucional ordenó restituir la plaza de toros para espectáculos taurinos en la ciudad de Bogotá, luego de que se terminara unilateralmente el contrato por parte del Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD. La Corte reiteró que las corridas de toros eran una manifestación cultural reconocida y protegida por el Estado y retomó las consideraciones de las sentencias C-666 de 2010 y C-889 de 2012. Del mismo modo, señaló que los alcaldes municipales y distritales carecen de un poder discrecional para definir la autorización de la práctica taurina.

 

319.       Luego, la Corte emitió dos sentencias que fueron posteriormente anuladas por desconocimiento de la cosa juzgada constitucional de las sentencias C-666 de 2010 y C-889 de 2012^[190]. En reemplazo, en la sentencia SU-056 de 2018, la Corte reiteró las providencias mencionadas y precisó que estas determinaron una ratio decidendi conforme con la cual “el legislador es el único que puede prohibir las corridas de toros en Colombia y que las autoridades locales cuentan solo con una función de policía”. Por lo tanto, “permitir que el alcalde convoque a una consulta popular sobre la prohibición de las corridas de toros en la ciudad de Bogotá D.C. contraría dicho precedente pues él no tiene la competencia para ejecutar dicho mandato”.

 

320.       Por su parte, en la sentencia C-133 de 2019, la Corte encontró que la norma demandada (parágrafo 3 del artículo 5 de la Ley 1774 de 2016) definía las actividades exceptuadas del régimen sancionatorio por maltrato animal y que los cargos propuestos por el demandante eran iguales a los estudiados en la citada sentencia           C-666 de 2010. Por lo tanto, concluyó que existía cosa juzgada constitucional de carácter material frente a la norma demandada. En dicha oportunidad, la Corte estudió dos demandas de inconstitucionalidad mediante las cuales se solicitó la inexequibilidad del parágrafo 3 del artículo 339B del Código Penal, disposición que excluyó de las sanciones previstas para el delito de maltrato animal las actividades descritas en el artículo 7 de la Ley 84 de 1989. En criterio de las accionantes, la norma desconocía el mandato de protección animal, pues excluía de su ámbito de aplicación a los toros, gallos, becerros y demás animales que participan en determinados espectáculos, pese a su condición de seres sintientes. Al respecto, la Corte concluyó que se configuraba una cosa juzgada material, en relación con la sentencia C-666 de 2010, que se había pronunciado sobre la constitucionalidad del artículo 7 de la Ley 84 de 1989. No obstante, recordó que el legislador, en virtud del principio democrático, podía proscribir las expresiones culturales que implicaran maltrato animal, con el fin de adecuar dichas manifestaciones al deber constitucional de protección animal.

 

321.       En síntesis, la jurisprudencia constitucional en materia de corridas de toros y actividades similares ha establecido que: (i) se trata de manifestaciones culturales y artísticas protegidas por la Constitución y la ley, que no se limitan al espectáculo con el animal, sino que son expresiones con un alcance histórico y artístico más amplio; (ii) sin embargo, la Constitución, a través de la protección del medio ambiente y sus componentes de fauna, así como el principio de dignidad humana, contempla el mandato de protección y bienestar animal, y reconoce que los animales son seres sintientes y los humanos les deben un comportamiento de cuidado y bienestar; (iii) el legislador otorgó una protección desproporcionada a estas manifestaciones culturales que tuvo que ser equilibrada por la Corte a favor de la prohibición de maltrato animal; (iv) en la sentencia C-666 de 2010, esta Corporación definió un marco delimitado de estas prácticas (modo, tiempo y lugar de continuidad) y concedió al legislador la posibilidad de morigerar o hasta prohibir estas manifestaciones culturales, especialmente, en lo relacionado con los actos que configuran sufrimiento y muerte de los animales; y (v) las entidades públicas deberán abstenerse de difundirlas, promocionarlas, patrocinarlas o cualquier otra forma de intervención que implique fomento a las mismas.

 

H.           Solución de los cargos propuestos en la demanda: la transformación cultural a través de la prohibición legal de las corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas en todo el territorio nacional es constitucional

 

322.       La Sala Plena procederá a resolver los problemas jurídicos que fueron formulados al comienzo de esta ponencia. Sin embargo, antes de iniciar, es importante precisar dos cuestiones con el fin de poder pasar al test de proporcionalidad de la medida definida por el legislador en la Ley 2385 de 2024. En primer lugar, cabe aclarar que el ejercicio de la manifestación cultural de las corridas de toros y actividades similares que prohíbe la ley demandada es en sí mismo una expresión cultural y artística que subsume las libertades que los demandantes también entienden como vulneradas con la decisión del legislativo. Es decir, la libertad de expresión y el libre desarrollo de la personalidad, son libertades intrínsecas a la materialización de las manifestaciones culturales objeto de revisión.

 

323.       Al respecto, el artículo 16 de la Constitución Política reconoce que toda persona tiene derecho al libre desarrollo de la personalidad. La Corte ha señalado que su protección radica en que constituye una extensión de la autonomía. Por consiguiente, le permite al ser humano construir su identidad y elegir de manera libre y espontánea sus convicciones y criterios sin interferencias indebidas^[191]. En este sentido, la Corte ha identificado que el derecho al libre desarrollo de la personalidad tiene una relación intrínseca con la libertad de expresión artística^[192]. Esto, debido a que esta última, “constituye el medio por excelencia para la realización del potencial creador de todo ser humano”^[193] Por tal razón, refleja una dimensión del libre desarrollo de la personalidad^[194].

 

324.       A su vez, esta Corporación ha sostenido que este derecho está íntimamente relacionado con las manifestaciones culturales, en la medida en que, a través de estas, las personas expresan su identidad^[195]. De esa manera, se protege la libertad de cada individuo para decidir de forma autónoma si participa o no en el ejercicio de esas prácticas^[196]. Para el caso concreto de las corridas de toros, en la sentencia C-1192 de 2005, la Corte expresó que se trata de manifestaciones artísticas y culturales reconocidas en la ley. En la sentencia C-666 de 2010, luego de reiterar lo mencionado, afirmó que mediante la cultura se expresa el “conjunto de creaciones, instituciones y comportamientos colectivos de un grupo humano, [esto es], el sistema de valores que caracteriza a una colectividad. En ese conjunto se entienden comprendidos elementos como la lengua, las instituciones políticas, los recuerdos históricos, las creencias religiosas, las costumbres, el folclor, la mentalidad o psicología colectiva y las manifestaciones vivas de una tradición que surgen como consecuencia de los rasgos compartidos de una comunidad”.

 

325.       En este orden de ideas, el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de expresión, en este caso, se concretan en la realización de las manifestaciones culturales que fueron prohibidas por el legislador. En cuanto al presente asunto, el ejercicio de estos derechos se encuentra en cabeza de un sector específico de la población. El sector taurino, es decir, el conjunto de personas naturales y jurídicas, escenarios e infraestructura que se dedica a estos espectáculos, se compone de diferentes participantes y agentes, (i) por un lado, están aquellas personas que propician y participan directamente de los eventos, al ser organizadores, miembros que cumplen alguna función dentro de la arena (torero, matador, banderilleros, picadores, etc.), ganaderos y empresarios que prestan sus animales para las corridas; (ii) y, por el otro, se encuentra el público en general que asiste al espectáculo taurino. Ambos grupos de personas, desde las posiciones que asumen en el evento, ejercen sus derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de expresión, a partir de la perspectiva que ocupan. El reconocimiento de estas libertades le permite a esta población, elegir libremente la convicción de practicar el toreo o disfrutarlo, y al mismo tiempo, define su identidad a través de una expresión que consideran artística, cultural e histórica. Todo ello, en sí mismo, materializado en una manifestación que ha sido considerada, incluso jurisprudencialmente, como cultural.

 

326.       Del mismo modo, la presunta vulneración del derecho a la propiedad, e incluso de las expectativas legítimas expuestas por los demandantes, es una consecuencia de aquella prohibición. En esta medida, la Sala Plena estima que, al resolverse el primer problema jurídico, se solucionará, en el mismo sentido, los otros dos interrogantes formulados, pues el objeto de análisis de la Corte se concentrará en definir si la prohibición de este tipo de manifestaciones culturales –como formas de ejercer la libertad de expresión y el desarrollo de la personalidad– es una medida razonable y proporcional a la luz de los principios y valores constitucionales.

 

327.       En todo caso, en el desarrollo del juicio de proporcionalidad, la Corte hará mención a las afectaciones concretas que recaen en el libre desarrollo de la personalidad y en la libertad de expresión, teniendo en cuenta los diferentes actores que participan de estos espectáculos.

 

328.       En cuanto a la segunda cuestión antes anunciada, la Sala Plena quisiera referirse a la facultad del legislador para prohibir las manifestaciones culturales reguladas en la Ley 2385 de 2024. Como fue descrito en las consideraciones de esta providencia, para la Corte es claro que la Constitución –en los artículos 70, 71 y 150– le asigna al legislador la potestad de definir qué actividades son consideradas como expresiones artísticas y culturales, de tal forma, le asiste una amplia potestad de configuración para regular este tipo de prácticas.

 

329.       En las sentencias en las que la Corte ha estudiado asuntos de tauromaquia, entre otras actividades, como manifestación cultural protegida^[197], ha señalado que le corresponde al legislador regular estas actividades, inclusive, puede considerar la prohibición de estas, en aras de cumplir con el mandato constitucional de protección y bienestar animal. En la sentencia C-666 de 2010, la Corte afirmó que le corresponde al legislador establecer con el mayor detalle y exactitud qué acciones que impliquen maltrato animal pueden ser realizadas en desarrollo de corridas de toros, becerradas, novilladas, rejoneos, riñas de gallos, tientas y coleo, y en las actividades conexas con dichas manifestaciones, tales como la crianza, el encierro, el adiestramiento y el transporte de los animales involucrados en las mismas. Estas deberán ser reguladas bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad, “y deberá prever protección contra el sufrimiento y el dolor de los animales empleados en estas actividades y deberá propugnar porque en el futuro se eliminen las conductas especialmente crueles para con ellos”.

 

330.       Del mismo modo, la Corte volvió a admitir la competencia al legislador en asuntos en los que las autoridades de entidades territoriales intervinieron para impedir la realización de este tipo de manifestaciones culturales. En las sentencias T-296 de 2013 y SU-056 de 2018, se reiteró que cae dentro de la órbita exclusiva del legislador regular las actividades taurinas. Cualquier intento de una alcaldía o concejo municipal de prohibir estas prácticas desconoce el precedente constitucional. En este sentido, en la sentencia T-296 de 2013, la Corte afirmó que le corresponde al legislador “el establecimiento de nuevas restricciones a la permisión de actividades y espectáculos taurinos –y otros exceptuados de prohibición legal–”. En palabras de la Corte:

 

“Como fundamento para el reconocimiento exclusivo de competencias legislativas en la realización del ‘proceso de adecuación entre expresiones culturales y deberes de protección a la fauna’ conducentes a que ‘en el futuro’ se ‘eliminen o morigeren las conductas especialmente crueles’ contra los animales, y su protección especial durante los espectáculos y actividades exceptuadas, la Corte adujo el principio constitucional de reserva legislativa. Así, por involucrar principios y deberes constitucionales, sólo el Congreso de la República, a través de leyes, podrá adelantar el ‘proceso de adecuación entre expresiones culturales y deberes de protección a la fauna’; y en desarrollo del mismo, establecer nuevas limitaciones al derecho de expresión cultural y adicionales expansiones al deber de protección animal^[198]”

 

331.       En iguales términos, en la sentencia SU-056 de 2018, la Sala Plena afirmó que “el legislador es el único que puede prohibir las corridas de toros en Colombia y que las autoridades locales cuentan solo con una función de policía. Dicha regla estaba además contenida en la parte motiva en las sentencias C-666 de 2010 y                T-296 de 2013”.

 

332.       Con sustento en aquellas reglas, a la Sala Plena no le queda la menor duda de que el legislador tiene competencia constitucional para regular o prohibir las actividades taurinas, pues, por un lado (i) es la autoridad competente para regular las  tradiciones, costumbres y manifestaciones culturales que tienen arraigo en algunos territorios, al ser el órgano representativo del pueblo, de conformidad con sus competencias constitucionales, como se admitió en la sentencia C-1192 de 2005 (art. 150 CP)^[199]; y, por el otro, (ii) porque tratándose de manifestaciones culturales que implican actos de maltrato animal, se presenta una tensión entre valores constitucionales, que el legislador es el llamado, en principio, a balancear a través de sus competencias. Frente a ello, en la sentencia C-889 de 2012, la Corte señaló que el legislador puede optar por prohibir de manera general la actividad taurina, con base en que se trata de una práctica que implica maltrato y crueldad animal, “opción que además es plenamente compatible con la Constitución colombiana”^[200].

 

333.       Lo anterior, además, debe entenderse bajo la regla de que “las manifestaciones culturales no son una expresión directa de la Constitución, sino fruto de la interacción de los distintos actores sociales determinados por un tiempo y un espacio específicos. De manera que no puede entenderse que en sí mismas consideradas, sean concreción de postulados constitucionales, ni que, por consiguiente, tengan blindaje alguno que las haga inmunes a la regulación por parte del ordenamiento jurídico cuando quiera que se estime necesario limitarlas o, incluso suprimirlas, por ser contrarias a los valores que busque promocionar la sociedad, decisión que se encuentra dentro del ámbito competencial del órgano legislativo (…)”^[201]. En este sentido, los motivos de arraigo territorial de estas actividades, tampoco son suficientes y determinantes para no restringirlas o prohibirlas, pues es el propio legislador con base en su competencia constitucional, el órgano que define si estas son contrarias a valores y mandatos constitucionales prevalentes.

 

334.       Pues bien, hasta el momento, las sentencias en las que la Corte analizó la actividad taurina como manifestación cultural y la tensión con el mandato de protección animal fueron resueltas en un escenario normativo y jurisprudencial distinto, al que hoy la Sala Plena encuentra para resolver el problema jurídico de este caso. A diferencia de los anteriores asuntos, (i) el legislador ha expedido varias leyes que propenden por la materialización de la protección de los animales contra el maltrato y los tratos crueles; y buscan el alcance de su mayor bienestar^[202]; y (ii) la jurisprudencia constitucional en los años recientes ha desarrollado con mayor profundidad el alcance de las obligaciones del Estado frente a la protección de los animales y su relación con los seres humanos, incluso en la reciente sentencia C-332 de 2025, como ya se dijo, se señaló que: “[a] los animales son seres sintientes, [b] que cuentan con una protección constitucional derivada de importantes mandatos superiores, [c] que sus intereses deben ponderarse con otros, de jerarquía constitucional[;] [d] que existe una prohibición general de maltrato injustificado, [que debe desarrollarse mediante medidas para su bienestar]; y (v) que no son simples instrumentos del ser humano”[203]. En esta providencia, esta Corporación reiteró que, en virtud de la Constitución, los animales no pueden ser considerados como meros instrumentos al servicio del ser humano, pues son titulares de una protección especial y una prohibición de maltrato injustificado.

 

335.       Igualmente, no puede pasar desapercibido que la susceptibilidad cambiante de las manifestaciones culturales estudiadas en este asunto fue puesta de presente por organizaciones intervinientes como la “Organización internacional dedicada a proteger los derechos de todos los animales” (PETA), quien señaló que una encuesta reciente de Datexco evidenció que el 85% de los encuestados manifestó apoyar la prohibición de las corridas de toros en Colombia[204]. A pesar de que estos datos no deben considerarse determinantes para fundamentar la prohibición de estos espectáculos realizados por un sector minoritario de la población, sí muestran una tendencia que, además, parece verse reflejada en el espíritu del legislador.

 

336.       De esta forma, la Sala Plena considera con claridad que, a partir de los avances  legislativos, del entendimiento que la jurisprudencia le ha dado al deber de protección animal y de la pérdida del raigambre social que acompaña las prácticas que afectan la integridad y vida de los seres sintientes, se ha forjado un consenso pacífico, sustentado en una ética social, universal o si se quiere general, y refrendado en nuestra Constitución viviente, sobre el deber de no provocar dolor, sufrimiento o muerte de forma deliberada a otro ser sintiente, so pretexto de placer o diversión, aun cuando tal manifestación pueda tener connotaciones históricas de carácter artístico o cultural. Para este Tribunal, las sociedades no son estáticas, como tampoco lo son los mandatos constitucionales que las rigen, los cuales permiten, precisamente, incorporar en su lectura nuevos valores y principios, o ajustar los existentes, para que sean acordes con los postulados de una sociedad que fija nuevas reglas de comportamiento y que busca excluir aquellas conductas que, hoy en día, no resultan tolerables, entre otras, porque se desarrollan en el marco de escenarios de violencia y de agresiones arbitrarias a otros seres sintientes. 

 

337.       Dentro de este nuevo escenario normativo y social, la Ley 2385 de 2024 fue expedida por el legislador con el objeto de lograr una “transformación cultural que se fundamente en el reconocimiento y respeto por la vida animal, y que contribuya al avance de la cultura de la paz, mediante la prohibición de las corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas, así como de los procedimientos utilizados en estos espectáculos que socavan la integridad de formas de vida no humana”. De esa manera, mientras en las decisiones anteriores la Corte se enfrentó a solventar el déficit de protección de los animales de la regulación permisiva de las actividades taurinas como manifestaciones culturales protegidas por el legislador y a definir que esto le correspondía al Congreso de la República; hoy este Tribunal se enfrenta a un nuevo interrogante. Con la Ley 2385 de 2024 el Congreso se pronunció a favor de la protección animal y, por lo tanto, resolvió prohibir las actividades taurinas, y actividades asociadas, en todo el territorio nacional.

 

338.       Al mismo tiempo, el legislador decidió excluir de esta prohibición otras actividades culturales que también constituyen formas de sufrimiento y maltrato animal, decisión que puede configurar en sí misma un déficit de protección en el proceso de transformación cultural que fue dispuesto en la ley que se estudia. Este punto debe ser estudiado por el juez constitucional luego de determinar la razonabilidad de la medida cuestionada por los accionantes.

 

339.       Por ello, en este caso, a la Corte le corresponde evaluar si la prohibición adoptada por el legislador es una medida razonable y proporcional en el marco del Texto Superior. En otras palabras, dado que las libertades involucradas en este caso son susceptibles de restricción constitucional, y entran en conflicto con el nuevo paradigma de protección que se deriva de la Constitución viviente, le corresponde al juez constitucional evaluar si la medida adoptada por el legislador obedece a argumentos razonables. Así, en razón a que este Tribunal se encuentra en un escenario en el que están en tensión valores constitucionales y el ejercicio de derechos fundamentales, como lo son la libertad de expresión y el libre desarrollo de la personalidad, la cultura y la propiedad privada, por un lado, y el mandato constitucional de prohibición de maltrato animal, por el otro, es necesario acudir a un test intermedio de proporcionalidad^[205].

 

340.       Para la Sala no es aplicable un test estricto de proporcionalidad[206], toda vez que no se configura ninguno de los criterios jurisprudenciales para ello. En primer lugar, pertenecer al colectivo taurino no encaja en las categorías sospechosas del artículo 13 de la Constitución. Al respecto, es preciso aclarar que esta población no constituye una “minoría” en términos de la jurisprudencia constitucional, puesto que este grupo no enfrenta un patrón histórico, sistemático o estructural de discriminación, como sucede, por ejemplo, con las comunidades étnicas, las mujeres o la población LGBTIQ+, entre otros. Además, la ley demandada no prohíbe la tauromaquia como expresión cultural y artística, sino solo en cuanto a los actos que implican maltrato y sufrimiento animal. Finalmente, la ley permite y fomenta la reconversión laboral y cultural, dentro de un periodo de transición.

 

341.       Por su parte, tampoco puede aplicarse un test leve, ya que la prohibición dispuesta por el legislador incide de manera significativa en el ejercicio de derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el libre desarrollo de la personalidad, aunado a la protección de la diversidad cultural y del patrimonio cultural de la Nación. Dichos derechos y libertades, aun cuando no son del todo anulados de forma absoluta, se ven fuertemente limitados por la prohibición de prácticas que implican maltrato animal en este tipo de manifestaciones culturales. En este escenario, la jurisprudencia ha señalado que el escrutinio no puede reducirse a constatar la legitimidad del fin y la adecuación del medio, como ocurre en el juicio leve, sino que debe avanzar en un análisis más riguroso sobre la importancia del fin constitucional perseguido, la idoneidad de la medida adoptada y la proporcionalidad de la carga impuesta a los derechos involucrados (sentencia C-084 de 2020). Finalmente, de acuerdo con la jurisprudencia descrita en esta providencia, la Corte ha señalado, de manera invariable, que la prohibición o permisión de la tauromaquia y sus actividades conexas es un asunto que se inserta dentro del margen de configuración del legislador. Con base en estas apreciaciones, la Sala Plena adelantará un juicio intermedio de proporcionalidad.

 

a)           La prohibición de las actividades taurinas y asociadas a ellas es una medida que persigue un fin constitucionalmente importante

 

342.       La Ley 2385 de 2024 tiene por objeto “aportar en una transformación cultural que se fundamente en el reconocimiento y respeto por la vida animal, y que contribuya al avance de la cultura de la paz”. Tal como fue descrito en las consideraciones de esta providencia, la prohibición de tratos crueles contra los animales encuentra fundamento en la protección a la naturaleza y al ambiente, así como en la función social y ecológica de la propiedad, y en la realización del derecho a la dignidad humana. Para la Corte, “a partir de (i) una Constitución comprometida con el medio ambiente, (ii) de instrumentos normativos y criterios internacionales previos y posteriores al año 1991 sobre su protección –con carácter vinculante o no– y (iii) de una realidad incontestable –que compromete con mayor razón nuestra responsabilidad– y que tiene que ver con la existencia de un país megadiverso”^[207], se ha consolidado el mandato constitucional de prohibición de maltrato injustificado a los animales, en tanto integrantes del recurso faunístico de los ecosistemas, y cuya consideración es necesaria e imperiosa en el marco de la Constitución ecológica ^[208].

 

343.       Además, como se ha dicho, la jurisprudencia va más allá del ámbito exclusivamente ambiental, al establecer que otro fundamento constitucional de la obligación de protección y bienestar animal es la dignidad humana, “y en especial de lo que este atributo exige de los seres humanos en lo que concierne al trato y relaciones con quienes comparten su entorno”^[209]. Es así como la jurisprudencia más reciente de la Corte también ha resaltado la decisión legislativa de calificar a todos los animales como seres sintientes (Ley 1774 de 2016), y ha señalado que “si un ser tiene la capacidad de sentir (es sintiente), ello implica que puede sentir dolor y no sentirlo hace parte de sus intereses y de su bienestar. De esa manera, la sintiencia adquiere relevancia moral, pero, además, contribuye a responder en el plano jurídico la pregunta acerca de cuál es el trato digno que se le debe prodigar”^[210]. En efecto, la citada ley establece los tipos penales que protegen los valores a la vida y la integridad física y emocional de los animales. De acuerdo con ello, la prohibición del sufrimiento injustificado protege al animal individualmente considerado, sin depender de que el espectáculo amenace el equilibrio de un ecosistema.

 

344.       El desarrollo legal y jurisprudencial demuestra que la medida de prohibición de las corridas de toros y las actividades similares aspira a una finalidad constitucionalmente importante, esto es, cumplir con el mandato de protección y bienestar animal.

 

345.       A partir de la evolución legal y jurisprudencial referida en esta sentencia, se puede afirmar que el mandato de protección animal ha superado la visión antropocéntrica-ética de la Carta Política y, en el presente, la postura constitucional reconoce que la dignidad humana le impone al ser humano obligaciones frente a seres que comparten su entorno y vida. Lo anterior, dentro de una Constitución viviente, enmarca las relaciones entre los seres humanos y los animales en un entorno de convivencia armonioso y deja de lado la concepción especista, la cual invoca una supremacía de la persona humana sobre otras especies[211]. La Corte ha considerado este fundamento constitucional en los siguientes términos:

 

“El fundamento para esta vinculación radica en su capacidad de sentir. Es este aspecto la raíz del vínculo en la relación entre dignidad y protección a los animales: el hecho de que sean seres sintientes que pueden ser afectados por los actos de las personas. En otras palabras, la posibilidad de que se vean afectados por tratos crueles, por acciones que comportan maltrato, por hechos que los torturen o angustien obliga a que las acciones que respecto de ellos se realicen por parte de los seres humanos sean expresión del comportamiento digno que hacia ellos deben tener seres dignos. En efecto, la superioridad racional –moral– del hombre no puede significar la ausencia de límites para causar sufrimiento, dolor o angustia a seres sintientes no humanos”^[212].

 

346.       En el mismo sentido, la Corte ha precisado que “la naturaleza y el medio ambiente son un elemento transversal al ordenamiento constitucional colombiano. Su importancia recae por supuesto en atención a los seres humanos que la habitan y la necesidad de contar con un ambiente sano para llevar una vida digna y en condiciones de bienestar, pero también en relación a los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, entendidas como existencias merecedoras de protección en sí mismas. Se trata de ser conscientes de la interdependencia que nos conecta a todos los seres vivos de la tierra; esto es, reconocernos como partes integrantes del ecosistema global –biósfera–, antes que a partir de categorías normativas de dominación, simple explotación o utilidad”[213].

 

347.       Así, se reconoce a los animales como fines en sí mismos y no como objetos y medios cuya existencia sirve a los seres humanos. De acuerdo con lo anterior, la Corte ha reconocido que los animales no pueden ser objeto de actos violentos o de maltrato, en aras de proteger actividades recreativas o de entretenimiento. Por ello, se ha avalado como medida razonable y proporcional, la prohibición de la caza y la pesca deportiva, y la prohibición de uso de animales silvestres en los circos. Con este mismo objetivo, en la sentencia C-468 de 2024, esta Corporación resolvió que las intervenciones quirúrgicas en animales con fines estéticos, son contrarias a los mandatos de protección animal y al deber específico de no maltrato. Con base en estas providencias, la Corte ha establecido que “la prohibición del maltrato animal, como expresión de la obligación constitucional de protección a la diversidad e integridad del ambiente, constituye un límite al ejercicio de otros derechos constitucionales como los derechos a la cultura, a la recreación, al deporte, a la educación, al libre desarrollo de la personalidad y a la libre iniciativa privada”[214].

 

348.       La cultura y sus componentes no son un fenómeno estático, sino una “construcción social en permanente disputa, atravesada por conflictos éticos y simbólicos”[215]. Como bien lo ha reconocido la Corte en sus sentencias, la cultura es un fenómeno dinámico y sujeto al comportamiento humano y colectivo de las civilizaciones a lo largo del tiempo[216]. Para las ciencias humanas, como la antropología y la sociología, la cultura es el conjunto de cualidades compartidas y procesos sociales que hacen único a cada grupo de individuos que los comparten. La cultura responde a cómo los grupos sociales desarrollan y mantienen distintas cualidades que los identifican en determinados periodos de tiempo[217]. La cultura incluye y sostiene prácticas –manifestaciones– humanas que son consideradas importantes para mantener la identidad de los grupos humanos. Los cambios culturales se producen a través de distintas vías, bien sea por los cambios generacionales y de comportamiento de los individuos de los distintos grupos humanos, pero también pueden ocurrir con decisiones institucionales, a través de los medios legales o de política pública (por influencias externas)[218].

 

349.       La tauromaquia como actividad y espectáculo público ha sido reconocida como una manifestación cultural en algunos lugares de Colombia. Sin embargo, a lo largo de los años esta manifestación cultural ha sido fuertemente cuestionada debido al sufrimiento y maltrato animal que genera. Del mismo modo, este cambio social ha venido acompañado por las problemáticas ambientales que hoy el ser humano enfrenta. Para el ICANH, existen varias perspectivas que han impulsado esta visión cultural sobre las practicas del toreo:

 

“Desde esta perspectiva, la tauromaquia ha pasado de ser exaltada como tradición relevante a ser vista como una forma de violencia normalizada contra los animales.

 

El cambio de perspectiva se ha nutrido de debates éticos provenientes de la crítica poscolonial, la bioética, la filosofía política, la bioética y el giro ontológico. Gaitán (2017) interpreta la tauromaquia como un performance de dominación que reproduce esquemas coloniales y patriarcales: el torero, figura viril y dominante, representa la imposición del orden humano sobre lo no humano, lo salvaje, encarnado por el toro. Esta representación no sólo establece una jerarquía entre humanos y animales, sino que configura la base del pensamiento especista, entendida como una forma de discriminación moral basada en las diferencias entre humanos y las demás especies. No se trata de un cuestionamiento al trato diferencial hacia seres no humanos, sino hacia su subordinación y explotación que sería resultado del proceso de imposición cultural colonial, que se articula con otras formas de discriminación en el ámbito social, como el racismo, el clasismo o el sexismo (Gonzáles y Ávila Gaitán, 2022). Desde la bioética se cuestiona el antropocentrismo, se reconoce que los seres no humanos y en este caso los animales tienen un valor moral propio, no solo instrumental (Kottow, 2009). Desde la filosofía política, se cuestiona quién debe ser considerado como sujeto de derechos. Sostiene que el derecho moderno es cómplice de la crisis ecológica porque legitima la explotación de la naturaleza y propone que las leyes deben orientarse por los procesos de la vida y no por la dominación humana (Cullinan, 2011; Kauffman & Martin 2021). La perspectiva del giro ontológico hace contribuciones disruptivas al debate, al cuestionar las categorías modernas que separan y jerarquizan la naturaleza y la cultura. Más que centrarse en extender derechos desde marcos legales occidentales, aboga por quitar los velos coloniales de dominación sobre la naturaleza para comprender los sistemas ontológicos de sociedades no occidentales que han construido su realidad basada en las relaciones de interdependencia y reciprocidad entre la gente y la naturaleza. De esta forma los seres no humanos se conciben en un humanismo ampliado como parte de la sociedad con capacidad de interlocución y agencia que puede ser comprendida de la lectura de las señales se la selva, los ríos los bosques y la diversidad de seres que los habitan (Descola 2012; Duchesne 2015; Viveiros de Castro 2003; Ruiz y Del Cairo 2016). Las distintas contribuciones confluyen en la consideración de una ética radical de la vida que interpela las relaciones de poder entre humanos y no humanos.

 

Las perspectivas teóricas han surgido de la mano de procesos de transformación cultural y movilización social más amplios que analizan y cuestionan la crisis civilizatoria y ambiental global en búsqueda del reconocimiento de los derechos de la naturaleza, también llamados derechos ‘más allá del humano’. A continuación, analizaremos brevemente los fundamentos del debate, los avances jurisprudenciales y el caso paradigmático de la tauromaquia como expresión de la tensión entre tradición cultural y ética ecológica”[219]

 

350.       Por lo anterior, el Instituto sostiene que en la prohibición del toreo no se trata solo de defender a los animales del maltrato, sino que también se trata de desmontar los sistemas de explotación “de la vida en todas sus formas y que han legitimado históricamente la violencia contra los cuerpos –humanos y no humanos– en nombre de la tradición o del desarrollo”. La Ley 2385 de 2024 pretende entonces lograr una transformación cultural que se fundamenta en el reconocimiento y respeto por la vida animal y que contribuye al avance de la cultura de la paz. Es decir, en estos términos, el legislador le apostó a un giro cultural sobre las corridas de toros y actividades asociadas, todo con sustento en lograr una materialización real del mandato constitucional de protección y bienestar animal. Pues bien, con lo expuesto, la Sala Plena concluye que la medida adoptada por el legislador en la Ley 2385 de 2024 persigue un fin constitucionalmente importante.

 

b)     La prohibición dispuesta en la Ley 2385 de 2024 es un medio efectivamente conducente para alcanzar la finalidad que persigue

 

351.       La Corte considera que la prohibición de las corridas de toros y sus actividades asociadas es una medida efectivamente conducente para alcanzar la finalidad que persigue. Las actividades prohibidas por la Ley 2385 de 2024 implican actos de maltrato animal, que le infligen dolor y sufrimiento durante todo el espectáculo.

 

352.       En efecto, como fue documentado en la sentencia C-666 de 2010, las corridas de toros son un acto violento contra el animal. Esta actividad reconocida como manifestación cultural debido a su relación histórica y social en muchos territorios de Colombia, incluye actos de dolor y sufrimiento contra el toro. En la providencia citada, la Corte hizo alusión a los siguientes actos que se desarrollan en la lidia, los cuales, si bien fueron transcritos con anterioridad, se incluyen nuevamente en este acápite para poder examinar la conducencia de la medida:  

 

“i. Picar el toro, operación que implica clavar una punta de lanza de catorce centímetros de largo en el morrillo del toro, acción que eventualmente puede repetirse hasta dos veces;

 

ii. Poner banderillas, operación que implica clavar en el lomo del toro las banderillas, las cuales son palos de madera rectos y resistentes en cuyo extremo se encuentra el Arpón, que consiste en una piedra de hierro afilada provista de otras menores que salen en dirección contraria para que al hundirse en la carne del toro prenda e impida su caída –arts. 12 y 50 ley 916 de 2004–.

 

iii. Clavar el estoque, operación que implica que el encargado de la lidia clave una espada en el toro que estaba lidiando.

 

Eventualmente, una corrida de toros también puede implicar la realización de otras actividades que causen daño a los animales, como son: i. La puesta de banderillas negras, las cuales tienen un Arpón más largo y ancho, causando una herida de mayor profundidad y grosor. ii. El apuntillar, que implica dar muerte con una daga al toro que, luego de que le fue clavado el estoque, cayó al suelo, pero no ha muerto. iii. Descabellar, que implica dar muerte al toro mediante una estocada que se propina entre los anillos que rodean la médula espinal. Este procedimiento se realiza en aquellos casos que, luego de seis (6) minutos de haber recibido la primera estocada con la intención de darle muerte, el toro no ha caído –ya sea muerto o agonizante– en la arena de la plaza”

 

353.       En la misma sentencia se precisa que en las novilladas tienen lugar las mismas actividades de maltrato animal que en las corridas de toros, “con eventual excepción de la suerte de varas, es decir, aquel momento en que, montado en un caballo, el ‘picador’ introduce en repetidas ocasiones una punta de lanza en el morrillo del toro, es decir, la zona abultada entre la nuca y el lomo del animal”. En el caso de las becerradas y novilladas se clavan banderillas en el lomo del animal que se está lidiando. El rejoneo sigue las mismas actividades mencionadas, con la diferencia que éstas se realizan estando el torero montado en un caballo y valiéndose de instrumentos de maltrato adaptados a esta situación. En estos casos, no solo sufre el toro, sino también los caballos que sostienen a la persona, pues son susceptibles de ser heridos por el toro o el mismo torero.

 

354.       El toro es un animal –bos taurus– mamífero bóvido que sufre no solo al momento en que se inicia la lidia en la arena, sino que toda su preparación implica un trato que le genera altos niveles de sufrimiento, porque sus entrenamientos y domesticación exigen provocación. Con el fin de que el toro responda al espectáculo se incita a su bravura: “(…) la bravura es la valentía que el toro lleva adentro; la violencia que lo enciende; el instinto de defensa que lo pone en acción de ataque furioso; el miedo que lo colocó en la encrucijada de tener que huir… hacia adelante (…) sea lo que sea la bravura, al toro, desde que pisa la arena, se le acosa en todo momento, se le molesta a cada instante, no se le deja vivir. Es lógico que el toro, a lo largo de su martirio sin pausa, tenga crisis de desfallecimiento (…)”^[220]. El animal se mantiene en un estado de alerta que le genera fatiga durante todo el espectáculo, sin mencionar que cada herida y punzada que se le propina en su cuerpo, con el ánimo de cumplir con cada una de las fases del evento taurino, le hace su defensa más difícil.

 

355.       De tal forma, la medida adoptada por el legislador busca eliminar aquellas prácticas que generan sufrimiento y daño a la integridad física del animal que participa en el espectáculo. No obstante, en aras de mantener otras dimensiones de la expresión cultural, la ley permite continuar con los elementos artísticos asociados a estas actividades (par. 1, art. 3). En este punto, la Sala comprende que podrían mantenerse exposiciones de arte o historia relacionadas con la tauromaquia, en las que se muestre a través de distintas formas de expresión cómo era esta manifestación cultural. Así, la libertad de expresión artística y el libre desarrollo de la personalidad de los diferentes actores del sector taurino deberán adaptarse a un nuevo escenario que evite del todo el uso del animal para someterlo a provocación. La expresión de la manifestación cultural se modifica gradualmente y se mantendrá únicamente aquello que no reviste un acto de maltrato.  

 

356.       Respecto de esto, la Sala considera que las libertades artísticas, de acuerdo con los cambios y necesidades culturales, deben ser escrutadas constantemente. El hecho de que una actividad cuente con origen histórico y tradicional, no implica que no pueda ser cuestionada en virtud de los principios que rigen en determinado contexto. Autores como Martha Nussbaum[221] argumentan que las prácticas culturales deben evaluarse no solo en términos de tradición o identidad, sino también en función de principios éticos y de justicia que trasciendan el contexto cultural específico. Según esta teoría, el bienestar de los individuos (humanos y no humanos) se basa en la posibilidad de desarrollar y ejercer ciertas capacidades fundamentales necesarias para llevar una vida digna y plena. Nussbaum subraya que las tradiciones culturales no son inherentemente justas, ni éticamente válidas, solo por su antigüedad o relevancia en la identidad colectiva de una comunidad. Por el contrario, deben someterse a un escrutinio ético, especialmente cuando afectan negativamente a los humanos o a los animales. De acuerdo con lo anterior, el arraigo cultural de las prácticas que se prohíben en la Ley 2385 de 2024, no es razón suficiente para mantener su existencia, toda vez que el mandato constitucional de protección y bienestar animal es prevalente frente a cualquier motivación cultural o histórica.

 

357.       En este orden de ideas, prácticas culturales que infligen sufrimiento innecesario y solo por diversión del ser humano, como las corridas de toros o cualquier forma de entretenimiento basado en el maltrato animal, es claro que contravienen no solo los principios de justicia hacia los animales, sino también la dignidad humana[222]. La sociedad debe propender por eliminar prácticas que implican maltrato o sufrimiento en contra de los animales por motivos de placer o recreación, o solo porque históricamente han sido aceptadas, o porque no se han concluido, como lo exige la ley, los procesos integrales de reconversión en la sociedad. La dignidad impone a los seres humanos brindarnos un trato conforme a nuestra identidad, pero igualmente esa dignidad reclama que se debe exigir como sociedad, y sin perjuicio de algunas voces discrepantes, un trato igual de digno con todos los seres que nos rodean.

 

358.       En efecto, como lo señaló el Ministerio de Culturas en la intervención remitida a este proceso, desde la Ley General de Cultura (Ley 397 de 1997) se protegen las diferentes manifestaciones culturales, que materializan diferentes líneas de artes, creatividad y cultura. Este cuerpo normativo se complementó con la Convención de la Unesco sobre la protección y promoción a la diversidad de las expresiones culturales de 2005. La Política de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (Decreto 2941 de 2009, Resolución 0330 de 2010 y el Decreto 1080 de 2015), constituye el marco normativo relevante para la gestión del patrimonio cultural inmaterial en el país[223]. Sin embargo, la entidad resaltó que la protección del patrimonio cultural inmaterial no es absoluta y estática, pues debe responder a la armonización de la garantía de los derechos humanos. En palabras de la entidad:

 

“De los anteriores contenidos normativos derivan: (i) la exigencia de que las prácticas, saberes o tradiciones consideradas como patrimonio cultural sean compatibles con los derechos humanos; (ii) la necesidad de que dichos elementos aporten al respeto mutuo entre comunidades y grupos; (iii) la sostenibilidad y aporte al desarrollo sostenible como característica del patrimonio cultural, y (iv) el carácter dinámico del patrimonio cultural (en últimas, de la cultura), que le permite recrearse constantemente en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia. La definición de patrimonio cultural inmaterial adoptada en la Convención es amplia; sin embargo, su contenido no es absoluto. En efecto, distintos órganos de la Convención, como el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del PCI, se han pronunciado sobre sus límites. Por ejemplo, en 2014, el Comité decidió rechazar la candidatura del "Festival de la Antorcha del pueblo Yi", debido a la inclusión de peleas de animales en sus actividades. Esta decisión se fundamentó en dos consideraciones principales. De un lado, que dichas prácticas resultaban incompatibles con el requisito de respetar las sensibilidades de las diversas comunidades y los principios de desarrollo sostenible establecidos en el criterio de inscripción R.1. De otro lado, que utilizar animales con fines de entretenimiento contradice la necesidad de fomentar el diálogo entre comunidades con sensibilidades distintas, como se establece en el criterio de inscripción”.

 

359.       Conforme con lo anterior, la Sala Plena encuentra que la transformación cultural que impulsa el legislador con la Ley 2385 de 2024 es acorde con las nuevas exigencias de protección del patrimonio cultural inmaterial, pues responde a eliminar prácticas que incentivan el daño a los animales a costa de lograr entretenimiento o recreación de los seres humanos. Esto, desde una perspectiva ética actual, no está en el ámbito de protección del ejercicio del libre desarrollo de la personalidad, ni de la libertad de expresión, pues transciende del ámbito meramente individual de actuación, y reproduce escenarios de violencia y de agresiones arbitrarias a otros seres sintientes.

 

360.       Por su parte, es preciso recordar que la medida dispuesta por el legislador le apuesta a una transformación cultural transicional y gradual que merece ser protegida, pues aspira al más alto nivel de protección del animal. El Instituto Colombiano de Antropología e Historia afirmó:

 

“(…) la Ley 2385 de 2024, prohíbe progresivamente las corridas de toros y espectáculos afines, abriendo un periodo de transición cultural hacia formas de relación más respetuosas con los animales. Este tipo de transformación no implica una ruptura absoluta con el pasado, sino su revisión crítica y una adaptación activa al presente ético y jurídico, donde la sensibilidad hacia el sufrimiento animal, opera como eje estructurante de nuevas formas de convivencia simbólica entre humanos y no humanos.

 

De ahí que el tránsito desde la comprensión de la tauromaquia como expresión festiva, hacia su cuestionamiento como forma de violencia estructural legada de las formas de dominación colonial, refleja un profundo giro ético y cultural que resignifica las relaciones entre humanos, animales y naturaleza. Este giro, anclado en los principios del reconocimiento, el bienestar y los derechos de seres no humanos, no niega la historicidad de la práctica, pero sí desafía su permanencia en un contexto donde la convivencia simbólica se redefine más allá de la dominación y la violencia”^[224] (énfasis propio)

 

361.       Así, la Sala encuentra que el legislador tiene la facultad de prohibir las prácticas que, como el toreo y similares, conllevan necesariamente el sufrimiento del animal. De hecho, la Corte ha afirmado en su jurisprudencia que el legislador es el órgano llamado principalmente a regular estas conductas para eliminar el déficit de protección hacia los animales. De manera que, para la Sala, la medida que adoptó el legislador de prohibir las corridas de toros y actividades asociadas es conducente para acabar con el maltrato de los toros, caballos y demás animales que participan de estas actividades, y lograr una efectiva transformación cultural.

 

362.       Por otra parte, la Sala Plena estima que la medida adoptada por el legislador es efectivamente adecuada, toda vez que no solo acaba con el sufrimiento animal en este tipo de certámenes, sino que también propende por una transformación cultural en torno a la relación entre los seres humanos y los animales, que es acorde con los términos de protección animal que impone actualmente la Constitución viviente.

 

363.       Al respecto, algunos argumentos opuestos a la medida, y que fueron discutidos en el seno del legislativo, pidieron la regulación o morigeración de las corridas de toros y actividades asociadas, en vez de su prohibición. En la regulación propuesta, por ejemplo, podía contemplarse la prohibición de la muerte del animal o de cualquier acto de violencia. Mantener únicamente la lidia en la plaza. Esta posición parecería más equilibrada frente al ejercicio de los derechos a la cultura, la libertad de expresión y el libre desarrollo de la personalidad, pues se permite el espectáculo taurino, pero se impide el maltrato contra el animal.

 

364.       Para dar respuesta a este argumento de oposición a la medida, la Sala considera que mantener estos espectáculos regulados y contemplarlos sin la muerte o maltrato del toro, no es una medida alternativa. En efecto, es preciso recordar la posición de la Corte sobre el mandato de protección animal y la necesaria tendencia a lograr el bienestar animal. En la sentencia C-666 de 2010, la Sala Plena reconoció un déficit de protección de los animales en este tipo de manifestaciones culturales. Por ello, optó por restringir el ejercicio de estas actividades en términos de modo, tiempo y lugar, debido al alto maltrato animal que se presenciaba^[225]. La Corte en esta providencia afirmó:

 

“Del anterior contraste resulta un déficit normativo del deber de protección animal, porque el legislador privilegia desproporcionadamente las manifestaciones culturales tales como las corridas de toros, las corralejas, las becerradas, las novilladas, el rejoneo, las tientas y las riñas de gallos, las cuales implican un claro y contundente maltrato animal. Este déficit de protección resulta más evidente cuando se examina el ordenamiento jurídico en su conjunto y se aprecia que la satisfacción de otros intereses también valiosos para el sistema constitucional colombiano no desconoce el deber constitucional de protección animal. Así, el interés de procurar la alimentación de los seres humanos no ha impedido que el sacrificio de animales con este fin sea tributario del deber de evitar sufrimientos y procurar su bienestar, siendo obligatoria la insensibilización antes de proceder a su sacrificio; en igual medida las actividades investigativas encuentran limitaciones basadas en el sufrimiento producido a los animales, estando prohibido que se cause dolor innecesario a los seres vivos empleados en dichas actividades.

 

Una lectura sistemática de la Constitución obliga a armonizar los dos valores constitucionales en colisión en este caso concreto. Así, se resalta que la excepción de la permisión de maltrato animal contenida en el precepto acusado debe ser interpretada de forma restrictiva y, por consiguiente, no debe tener vacíos que dificulten o, incluso, hagan nugatorio el deber de protección de los animales que se deriva de la Constitución; […]

 

Con este propósito, dicha regulación deberá prever protección contra el sufrimiento y el dolor de los animales empleados en estas actividades y deberá propugnar porque en el futuro se eliminen las conductas especialmente crueles para con ellos. Excede el ámbito de la Corte Constitucional el determinar al detalle los elementos normativos que debe incorporar dicha regulación, que cae dentro de la órbita exclusiva del legislador. Sin embargo, una interpretación conforme a la Constitución conduce a la conclusión que el cuerpo normativo que se cree no podrá, como ocurre hasta el momento en regulaciones legales –ley 916 de 2004– o de otra naturaleza –resoluciones de organismos administrativos o, incluso, de naturaleza privada–^[226], ignorar el deber de protección animal –y la consideración del bienestar animal que del mismo se deriva– y, por tanto, la regulación creada deberá ser tributaria de éste.

 

Incluso el legislador en ejercicio de su libertad de configuración normativa puede llegar a prohibir las manifestaciones culturales que implican maltrato animal, si considera que debe primar el deber de protección sobre la excepcionalidad de las expresiones culturales que implican agravio a seres vivos, pues como lo ha defendido esta Corporación en numerosas oportunidades, la Constitución de 1991 no es estática y la permisión contenida en un cuerpo normativo preconstitucional no puede limitar la libertad de configuración del órgano representativo de acuerdo a los cambios que se produzcan en el seno de la sociedad”.

 

365.       Esta posición de la Corte debe ser interpretada en conjunto con las sentencias posteriores y de la última década, en las que se ha reforzado el contenido del mandato de prohibición de maltrato animal. Por ejemplo, en las sentencias que encontraron razonable la prohibición (i) de uso de animales silvestres en los circos, (ii) la caza deportiva y (iii) la pesca deportiva. En todas estas providencias, la Corte precisó que “el interés superior del medio ambiente implica también la protección de la fauna ante el padecimiento, el maltrato y la crueldad, lo cual refleja un contenido de moral política y conciencia de la responsabilidad que deben tener los seres humanos respecto de los otros seres sintientes”^[227]. Además, afirmó que las prácticas que implicaban el maltrato de animales solo con fines recreativos para el ser humano son contrarias a la Constitución, pues “se fundamenta en una aproximación que no considera a los animales como parte del ambiente que debe ser protegido constitucionalmente, sino como recurso disponible para la realización de fines recreacionales particulares del ser humano, sin otra finalidad que su realización misma”^[228].

 

366.       La tendencia en el derecho comparado para regular las corridas de toros sin la muerte del animal o las punzadas con banderillas –expuesta en las consideraciones de esta providencia–, muestra que se trata de medidas parciales o graduales, pero con el objeto de disminuir los daños o sufrimientos a los animales participantes. En el caso de Colombia, al momento de expedirse la Ley 2385 de 2024, no se presentaron opciones que garantizaran un nivel de protección animal igual o superior al alcanzado por la prohibición. De ese modo, lo que la Sala observa es que la medida propuesta es conducente en el contexto actual, y responde a la voluntad democrática vigente en relación con la naturaleza y los animales. De esa forma, en el marco de la libertad de configuración del legislador en esta materia, se valoraron las opciones existentes, y se adoptó aquella que el Congreso estimó es la más ajustada a la ponderación de principios y valores constitucionales en tensión. Esa decisión responde de manera integral y completa al deber imperativo que actualmente impone la Constitución viviente, que, como ya se dijo, exige el deber de no provocar dolor, sufrimiento o muerte de forma deliberada a otro ser sintiente, so pretexto de placer o diversión, aun cuando tal manifestación pueda tener connotaciones históricas de carácter artístico o cultural. Así, la prohibición de las corridas de toros y actividades asociadas en todo el territorio nacional, demuestra la voluntad democrática clara de otorgar el mayor grado de optimización al mandato constitucional de bienestar animal como un fin imperativo de la Carta Política.

 

367.       En segundo lugar, la Sala Plena observa que otras alternativas (a) no aseguran el bienestar animal y perpetúan prácticas de violencia contra los animales, y (b) la Ley 2385 de 2024 busca promover una transformación cultural basada en el reconocimiento y respeto por la vida animal. Mantener las corridas de toros, pero prohibir solo las prácticas que generan daño y sufrimiento a los animales que participan, en aras de mantener parte de la manifestación cultural, al menos en su mínima expresión, no es una medida que cumpla con el fin constitucional. Los toros que son objeto de lidia, al eliminarse los cortes y espadas hasta llevarlos a su muerte, reduce su sufrimiento durante la actividad, pero no lo previene por completo. Esto, porque estos animales son objeto de entrenamientos que les implican su provocación permanente y altos niveles de estrés al ser transportados a la arena en la que se enfrentarán con el torero. El toro es un animal gregario, el solo hecho de verse rodeado en un lugar que no es su hábitat natural, lleno de personas que les gritan y una persona que los provoca, sin una salida, les produce sufrimiento^[229]. 

 

368.       Ahora bien, estas prácticas son espectáculos que incentivan la violencia contra los animales, más allá de solo ser consideradas manifestaciones culturales. En efecto, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia en el concepto allegado a la Corte señaló que el derecho a la cultura debe ejercerse en armonía con el mandato constitucional de proteger a los animales, evitando que el amparo cultural justifique conductas que perpetúan un sistema de creencias y de valores soportado en el maltrato. Por ello, afirmó que la Ley 2385 de 2024 acoge una línea que responde de forma correcta a los nuevas demandas éticas de la sociedad, con miras a transformar nuevas prácticas que no se sustenten en el sufrimiento o daño a otros seres vivos. En palabras del ICANH:

 

“Las corridas de toros han funcionado, históricamente, como espacios de cohesión social en determinadas regiones del país, particularmente en municipios de tradición ganadera donde han adquirido significaciones culturales y afectivas específicas. Sin embargo, esta dimensión histórica y simbólica no constituye, per se, un argumento definitivo para su preservación inalterada. La continuidad de una práctica cultural no se garantiza únicamente por su antigüedad, sino por su capacidad de seguir generando sentido dentro de marcos éticos contemporáneos. Así, desde una perspectiva antropológica, el ICANH considera que, si bien las corridas de toros han tenido presencia histórica en algunas regiones del país, su continuidad no es automática ni garantizada por su antigüedad. La condición de práctica cultural no exime a ninguna manifestación de estar sujeta a los principios constitucionales, a la evolución de los derechos fundamentales, ni a los cambios en los valores de la sociedad.

 

Desde la antropología cultural, la tauromaquia puede ser analizada como una práctica que encarna simbolismos relacionados con procesos coloniales, la masculinidad y el dominio sobre la naturaleza. No obstante, estos simbolismos no son estáticos, están sujetos a reinterpretaciones según los marcos valorativos, en donde esta perspectiva occidental del dominio humano sobre la naturaleza ha sido fuertemente cuestionada y considerada como responsable de la crisis civilizatoria y ambiental global. El viraje hacia una ética de la interdependencia y la coexistencia con lo no humano implica una revisión crítica de prácticas culturales que perpetúan relaciones de poder coloniales con la naturaleza (Gonzáles y Ávila Gaitán, 2022). […]

 

En este sentido, la aproximación antropológica reconoce que las manifestaciones culturales adquieren legitimidad no solo por su historicidad, sino por su capacidad de generar sentido sin contravenir los principios de las sociedades que las practican, pues las prácticas culturales no son entidades fijas, sino procesos dinámicos susceptibles de adaptación y cambio”^[230].

 

369.       Con lo expuesto, la Sala Plena considera que la cultura no es un fenómeno estático que mantiene sus tradiciones, sino que envuelve las dinámicas cambiantes de la naturaleza humana. Actualmente, la relación entre los seres humanos y los animales ha trascendido de tal forma, que es reprochable mantener actividades que infligen daños a los animales a costa de la recreación o el placer de las personas, así las mismas supongan la existencia de una tradición cultural histórica, que aun cuando pueda ser todavía apreciada por ciertos colectivos, refleja simbolismos que la mayoría de la sociedad ya no comparte y que cuestiona, por incitar al sufrimiento y a la violencia, en un contexto en el que debe privilegiarse la paz y la realización integral de los seres en su dignidad intrínseca. Este último como principio fundante de la Carta de 1991.

 

370.       De acuerdo con ello, la Ley 2385 le apuesta a impulsar una transformación cultural basada en el reconocimiento y respeto por la vida animal. Este objetivo no se agota en reducir ciertos actos de violencia ni en morigerar la práctica taurina, como ha ocurrido hasta ahora –y que la Corte Constitucional precisó hace 15 años-, sino que apunta a modificar de raíz una tradición que se ha fundado en el maltrato como componente esencial del espectáculo. Desde esta perspectiva, puede afirmarse que no existen medidas alternativas capaces de alcanzar dicho objetivo. Ninguna fórmula intermedia, como por ejemplo permitir la lidia sin muerte o suprimir las prácticas más agresivas, lograría, en el mismo grado, la transformación cultural que el legislador quiso impulsar. Por eso, la prohibición absoluta se presenta como la única medida adecuada para materializar este fin constitucional.

 

371.       Conforme con lo anterior, la medida adoptada por el legislador es adecuada para (i) eliminar del todo el sufrimiento de los animales de estos certámenes, y (ii) desmontar sistemas de violencia y opresión normalizados en la relación entre los seres humanos y estos últimos. Además, impulsa una transformación cultural que se sustenta en el respeto por la vida animal, más allá de las connotaciones tradicionales de las prácticas involucradas. Así, la prohibición dispuesta por el legislador es una medida que es legítima, importante y efectivamente conducente para alcance los citados propósitos, puesto que pretende la maximización del principio constitucional de bienestar animal, no habiendo otras alternativas para lograr estos objetivos.

 

c) Es una medida que no es evidentemente desproporcionada

 

372.       Finalmente, la Corte considera que la prohibición adoptada por el legislador no es una medida evidentemente desproporcionada, ya que se obtienen mayores beneficios en el marco de un Estado Social de Derecho, el cual pretende lograr una armonía genuina y humanista con la naturaleza, y especialmente con los animales. De esta forma, lejos de plantearse un debate alrededor de una autonomía que pueda considerarse absoluta o de un pluralismo irrestricto para justificar todo tipo de comportamiento, las actividades prohibidas no ocurren en escenarios en los que sus efectos se ajusten a la sola voluntad o manifestación artística de un individuo o de un conglomerado, y en donde aparentemente se restringe el desarrollo puro de una libertad individual, sino que se trata de eventos o espectáculos que impactan a seres sintientes, respecto de los cuales se debe activar un deber especial de protección, y que trasciende hacia una sociedad mayoritaria que, en términos de dignidad humana y como parte de la evolución de una Constitución viviente, busca lograr, como lo adoptó el legislador, una transformación hacia una cultura de paz que excluya la violencia que socava la integridad de formas de vida no humana.

 

373.       Un ejemplo del impacto que tienen estas actividades, no solo frente a la relación entre los animales y las personas, sino en relación con la comunidad en general, nos lo ha hecho evidente el Comité de Derechos del Niño, el cual en sus observaciones finales sobre los informes periódicos a Colombia (2015) manifestó la preocupación por el trabajo infantil en actividades violentas como la tauromaquia y aconsejó como parte de las medidas para erradicar la violencia física y emocional a la que está sometido ese grupo poblacional: “prohibir la participación de niños en las corridas de toros, así como en las corralejas, tomar las medidas legislativas y administrativas necesarias para proteger a todos los niños que reciben formación para participar en corridas de toros y espectáculos conexos, así como en su condición de espectadores, y crear conciencia sobre la violencia física y mental asociada con las corridas de toros y su impacto en los niños”[231].

 

374.       Las prácticas de maltrato contra los animales en estas actividades representan escenarios violentos que afectan intereses de la comunidad en general. Precisamente por ello, la transformación cultural a través de la prohibición de las corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas, se enfoca también en propender por una cultura de paz entendida más allá de las relaciones humanas.

 

375.       En este sentido, la Sala encuentra que la medida adoptada por el legislador no es evidentemente desproporcionada, porque obedece a lo que la jurisprudencia constitucional ha sostenido en los años recientes, en el sentido de que la lidia de toros es una actividad que se basa en el maltrato animal, lo que entra en contradicción con el mandato de bienestar animal que contiene la Constitución Política de 1991 en su contenido esencial y en sus preceptos relativos a la protección del medio ambiente y, entre ella, la fauna (C-889 de 2012). Esta premisa permite establecer, por una parte, que la protección y bienestar animal ha sido un mandato constitucional cuyo alcance se ha ampliado progresivamente y que ha incluido como parte de su desarrollo, y dentro de su reconocimiento, las medidas que ha adoptado el legislador y las decisiones de salvaguarda que se han prohijado por este Tribunal; y por la otra, que la manifestación cultural que reside en las corridas de toros y sus actividades asociadas no ha tenido, ni mantenido, el mismo valor y peso constitucional, tan es así que la Corte optó por restringir su ejercicio y prohibir su fomento desde la sentencia C-666 de 2010^[232].

 

376.       En este sentido, la transformación cultural que contempló el legislador con la Ley 2385 de 2024 es una medida que avanza y que resulta plenamente compatible con el cumplimiento de los fines constitucionales, y cuya implementación debe ser respaldada por el juez constitucional, pues no podría esta autoridad impedir o retrasar su materialización social y cultural.

 

377.       Conforme con lo anterior, la Corte reconoce que existe un mayor beneficio asociado al deber de protección animal, teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades prohibidas: (i) desde una perspectiva social y de cultura de paz; (ii) desde una perspectiva que brinda armonía con los seres sintientes y la naturaleza, y que parte del principio de que cualquier forma de maltrato o sacrificio de animales con fines recreativos es incompatible con la Constitución; y (iii) desde una perspectiva de los fines del Estado Social de Derecho, y especialmente, de los mandatos de la Constitución Ecológica y de la protección de los animales. En otras palabras, porque son más los beneficios constitucionales de la medida legislativa obtenidos por la protección del bienestar animal y el avance de una transformación cultural respetuosa de la vida, que el impacto frente a las prácticas culturales que son proscritas, las cuales, por lo demás, incluyen medidas de reconversión, que permiten proteger las expectativas del conglomerado afectado con la decisión que actualmente se impone.   

 

378.       Al respecto, como lo señaló la Corte en la sentencia C-283 de 2014, en relación con la prohibición de uso de animales en los circos, el libre desarrollo de la personalidad y la libre expresión en estos espectáculos se ven limitadas “por el orden jurídico y el deber de la sociedad de garantizar la protección del medio ambiente, así como el acceso a una cultura que eduque y dignifique los valores de los demás seres sintientes”.

 

379.       En todo caso, la Sala Plena estima importante resaltar que la medida adoptada por el legislador tampoco es evidentemente desproporcionada, ya que, como previamente se anunció, contempla un proceso de transición que es respetuoso con el sector taurino. La Ley 2385 de 2024 establece en sus artículos 4 y 5 un régimen de transición gradual de tres años para que el sector taurino, entre ellos, ganaderos, toreros, aprendices, y todas las personas que organizan las ferias de estas actividades, acojan otras alternativas distintas a las de su actual oficio. El artículo 4 contempla una reconversión laboral, la cual exige que el Gobierno nacional, en coordinación con las entidades territoriales, garantice programas efectivos de reconversión laboral y económica para las personas que se dedican a la actividad taurina y que demuestren que sus ingresos y sustento económico principal derivan de las actividades prohibidas en la Ley 2385. Para el efecto, el mismo artículo establece que debe realizarse un censo de toda la población que se dedica a estas actividades. Igualmente, se garantiza la participación de las asociaciones de toreros y los gremios involucrados en las ferias taurinas para definir los programas de reconversión.

 

380.       Por su parte, el artículo 5 de la Ley 2385 de 2024 establece la reconversión cultural, en la cual se contempla el proceso de reconversión de los escenarios usados para el desarrollo de las prácticas taurinas de propiedad pública y con participación mayoritaria del Estado, en espacios destinados a actividades culturales, lúdicas, deportivas y artísticas. Del mismo modo, la ley mantiene todas las expresiones artísticas (por ejemplo, conciertos o exposiciones) que representan la historia de la tauromaquia y que no implican maltrato animal. Con ello, se mantiene el ejercicio de la libertad de expresión artística de estas actividades. El legislador solo reduce su alcance para hacerlo armónico con el cumplimiento de otros fines constitucionales.

 

381.       Debido a que el legislador contempló un proceso gradual que garantiza la protección de las fuentes de ingresos del sector y estableció un término razonable de tres años para tomar estas medidas de adaptación, la Corte considera que la medida no es evidentemente desproporcionada, pues establece medidas de compensación y no se impone una restricción o prohibición de otras formas de expresión o defensa de esa cultura, siempre y cuando no implique el sufrimiento animal.

 

382.       Conforme con lo anterior, la Sala estima que con la prohibición de las corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas se alcanzan mayores beneficios para el ordenamiento constitucional, en contraste con las restricciones impuestas a la manifestación cultural arraigada en solo algunos sectores del país. La transformación cultural a la que le apuesta el legislador con las medidas adoptadas en la Ley 2385 de 2024 acelera la resignificación de una tradición que se sustenta en “una transformación ontológica profunda en el relacionamiento humano con seres no humanos”.

 

383.       En síntesis, la Corte concluye que la prohibición dispuesta en la Ley 2385 de 2024 persigue un fin constitucionalmente importante, al propender por la protección de los animales en la garantía de la preservación del medio ambiente (deberes constitucionales). Los medios empleados resultan adecuados a la protección reforzada a los animales en cuanto integrantes de la fauna del Estado colombiano. Igualmente son conducentes para garantizar la protección real de los toros, caballos y todos los animales involucrados en estas actividades contra todo acto de maltrato y sufrimiento. En igual sentido que en la sentencia C-283 de 2014, la Corte reitera que “siempre podrá exigirse de los seres humanos un actuar conforme a parámetros dignos y, en este sentido, coherente con su condición de ser moral. Ello hace proporcional la medida legislativa adoptada en la consecución de los objetivos constitucionales”. En últimas lo que se refuerza es la propia dignidad humana y el valor moral que envuelve la protección de todas las formas de vida.

 

I.     Solución de los cargos propuestos en la demanda: ¿La Ley 2385 de 2024 desconoce los derechos a la propiedad y los derechos adquiridos de quienes participan en el sector taurino y que se dedican a las actividades económicas que fueron prohibidas en su artículo 1?

 

384.       Los demandantes aseguraron que la prohibición dispuesta en la Ley 2385 de 2024 afecta gravemente los derechos adquiridos del sector ganadero, y especialmente, la población que se dedica a criar y entrenar a los toros de lidia para cada una de las festividades destinadas para este tipo de actividades. Afirmaron que, de acuerdo con la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN), un total de 37 Ganaderías de Ganado Bravo en el territorio nacional resultarían afectadas con la prohibición introducida por el legislador. Igualmente, manifestaron que el periodo de transición que contempla la ley “es insuficiente para mitigar el impacto sobre las expectativas y derechos adquiridos de los ganaderos que planeaban lidiar animales en corridas de toros y novilladas”.

 

385.       La Sala Plena considera que el derecho a la propiedad privada y los derechos adquiridos son susceptibles de ser restringidos en el marco de un Estado Social de Derecho. En el caso de la Ley 2385 de 2024 existen razones suficientes para justificar la limitación impuesta por el legislador. Con el ánimo de no ser reiterativa, la prohibición de las corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas es una medida razonable y proporcional, en tanto, como ya se explicó en el título anterior: (i) persigue un fin constitucionalmente importante (mandato de protección y bienestar animal); (ii) el medio para lograrlo es efectivamente conducente, pues permite proteger a los animales que participan en estas actividades y presentar alternativas para el sector taurino; y (iii) la medida no es evidentemente desproporcionada, pues se generan mayores beneficios en términos constitucionales.  

 

386.       Para resolver este cargo, lo primero que debe aclararse es que la jurisprudencia constitucional expuesta en esta providencia demuestra que ha sido superada la concepción meramente patrimonial sobre los animales. Como lo reiteró la Corte en la sentencia C-332 de 2025, a pesar de que en el ordenamiento civil los animales siguen siendo considerados como bienes, este tratamiento está destinado a regular el ejercicio de la propiedad privada y otros derechos reales. Sin embargo, bajo la ley y la jurisprudencia constitucional actual, los animales son reconocidos como seres sintientes, lo que los hace titulares de un régimen de protección y bienestar, que implica cargas y deberes en relación con ellos. En este contexto, el derecho a la propiedad se encuentra limitado por la prohibición de maltrato injustificado y por el deber de asegurar condiciones mínimas de bienestar.

 

387.       De acuerdo con ello, en este acápite la Sala se referirá a la proporcionalidad de la medida en relación con el impacto que tiene frente al sector taurino y, especialmente, frente a quienes se dedican a la cría de ganado y entrenamiento de los toros de lidia y de la caballería que participa de estos eventos. La Corte argumentará que la medida no es evidentemente desproporcionada, pues la Ley 2385 de 2024 establece una serie de medidas para atender estas actividades y contempla un periodo amplio de transición.

 

388.       Según el artículo 58 de la Constitución se “garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores”. Por su parte, la Corte ha señalado que los derechos adquiridos son “aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han creado y definido bajo el imperio de una ley y, que, por lo mismo, han instituido en favor de sus titulares un derecho subjetivo que debe ser respetado frente a leyes posteriores que no puede afectar lo legítimamente obtenido al amparo de una ley anterior”^[233].

 

389.       La Constitución también señala que “la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica”. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, estas características de la propiedad privada permiten al legislador, entre otras, restringir su ejercicio cuando se persiguen fines constitucionales prioritarios relacionados con la protección del ambiente. En efecto, en casos en los que se han definido áreas de reserva minera, la Corte ha afirmado que “la protección del ambiente prevalece frente a los derechos económicos adquiridos por particulares mediante licencias ambientales y contratos de concesión en las circunstancias en que esté probado que la actividad produce un daño, o cuando exista mérito para aplicar el principio de precaución para evitar un daño a los recursos naturales no renovables y a la salud humana”^[234]. Del mismo modo, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de los animales, su reconocimiento como seres sintientes y su especial protección frente al sufrimiento y al dolor (conforme con la Ley 1774 de 2016), es claro que esta condición no impide que exista un derecho de propiedad sobre los animales, pero sí excluye que el dominio confiera una facultad absoluta e inmodificable para destinarlos a cualquier actividad.

 

390.       En casos en los que la Corte ha declarado que es constitucional la prohibición de una práctica deportiva o recreativa, por constituir maltrato contra los animales, ha mencionado que el mandato de bienestar animal tiene tres grandes pilares constitucionales^[235]: “(i) la dignidad humana y lo que este atributo exige en el comportamiento de los seres humanos hacia y con las especies que comparten su entorno; (ii) la Constitución ecológica y (iii) la función ecológica de la propiedad”^[236]. Este Tribunal, por ejemplo, admitió que con la decisión del legislador en el caso de los circos y la declaratoria de inexequibilidad de las actividades de caza y pesca deportiva, se afectaba un sector comercial y empresarial. Por lo tanto, al considerar que la medida era necesaria y adecuada para proteger a los animales en las distintas actividades, profirió decisiones diferidas para que cada sector se acomodara al cambio.

 

391.       Con la prohibición de las actividades establecidas en la Ley 2385 de 2024, se impactan múltiples actividades económicas que sostienen y hacen posible la realización de los espectáculos taurinos. En efecto, para la preparación de una feria taurina, se contempla la contratación de un escenario, la logística de entradas del público en general, las ganaderías asociadas que prestan sus servicios para entregar los animales participantes (principalmente, toros y caballos), los toreros, banderilleros, entre otros, que han cumplido con una formación técnica y profesional para participar de estos certámenes. De igual forma, existe un sector de vendedores informales alrededor de los escenarios que venden diferentes productos a los espectadores. Todas estas personas ven restringidas sus actividades comerciales y laborales con la prohibición de las corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas.

 

392.       La Sala Plena estima necesario aclarar que no existen derechos adquiridos en lo que respecta a las actividades taurinas. La categoría de “derechos adquiridos” se refiere a situaciones jurídicas consolidadas bajo la vigencia de una ley que no pueden ser desconocidas por disposiciones posteriores[237]. Sin embargo, no puede predicarse de actividades cuya existencia depende del desarrollo legislativo del Congreso de la República y del deber de protección animal que emana de la Constitución y que ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte. Además, es importante recordar que la continuidad de la tauromaquia siempre estuvo condicionada a las decisiones democráticas sobre su permisibilidad y el alcance del control constitucional, conforme lo expuso la Corte en la sentencia C-666 de 2010, donde advirtió que el Congreso estaba facultado para restringir, e incluso prohibir, estas prácticas, decisión que, como se explicó, satisface el deber constitucional de no provocar dolor, sufrimiento o muerte de forma deliberada a otro ser sintiente, so pretexto de placer o diversión, aun cuando tal manifestación pueda tener connotaciones históricas de carácter artístico o cultural.

 

393.       Ahora bien, lo que podría alegarse es la configuración de expectativas legítimas, las cuales, en todo caso, no resultan desconocidas en tanto la misma legislación prevé, de manera expresa, un régimen de transición de tres años, así como medidas de reconversión laboral y cultural destinadas a mitigar el impacto sobre quienes derivan su sustento de esta actividad. Esto, además, demuestra que la prohibición fue diseñada con criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Justamente para superar el conflicto entre el sector ganadero que se dedica a criar toros y caballos para estos eventos, el propio ordenamiento incluyó medidas de reconversión laboral y cultural, lo cual además debe entenderse armónicamente articulado con las obligaciones estatales en materia de empleabilidad y fomento a la productividad.

 

394.       Con base en lo anterior, la Sala advierte que la Ley 2385 de 2024 establece una serie de medidas adecuadas para compensar al sector taurino y permitirle modificar sus labores y fuentes de ingreso. Igualmente, el término de tres años es una término amplio y razonable para ejecutar el censo y diseñar e implementar los programas de reconversión laboral y cultural.

 

395.       El jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes^[238] informó a la Corte que el pasado 30 de mayo se abrió convocatoria pública para la inscripción de los representantes del sector taurino que quieran participar de la comisión interinstitucional. Esta comisión tendrá la misión de (i) definir los programas requeridos para la reconversión económica y laboral, (ii) diseñar las medidas necesarias para facilitar el tránsito de las personas que dependen de estas actividades hacia otras actividades económicas y/o laborales; y (iii) desarrollar un plan de trabajo para definir los hitos, acciones, el sistema de medición y de articulación del Gobierno nacional y los entes territoriales, en donde se aborden específicamente: a. “La implementación de planes especiales en articulación con los municipios, dirigido a las personas que hacen parte del comercio indirecto que rodean los espectáculos taurinos, a fin de que desarrollen sus labores en el marco de otros eventos de carácter artístico, cultural, deportivo o de cualquier otra índole, que se encuentren a cargo de la respectiva entidad territorial”, y b. “La delimitación de la estrategia de reconversión de los escenarios de propiedad pública y con participación mayoritaria del Estado, usados para el desarrollo de las prácticas taurinas en espacios destinados a actividades culturales, lúdicas, deportivas y artísticas, priorizando la vinculación y participación de las personas que se dedican a la actividad taurina”.

 

396.       Además, debe advertirse que en el entre tanto, es decir, en estos tres años desde 2024, la ley permite la realización de los espectáculos taurinos bajo condiciones precisas (art. 3, parágrafo 3): (i) pueden realizarse en estricto cumplimiento de condiciones de bienestar y protección animal; (ii) solo en los lugares en que se trate de una manifestación ininterrumpida de tradición de la población, (iii) deberán estar limitadas a las precisas ocasiones en que usualmente se han llevado a cabo, no pudiendo extenderse a otros momentos del año o lugares distintos; (iv) las autoridades municipales y departamentales en ningún caso podrán destinar dinero público a la construcción de instalaciones o a la financiación de estas actividades; y (v) las entidades territoriales tendrán la responsabilidad de tomar parte activa en la prevención y eliminación del maltrato, crueldad y violencia contra los animales.

 

397.       Con todo lo anterior, la Corte encuentra que la medida adoptada por el legislador, aunque impacta las expectativas empresariales y laborales del sector taurino, es razonable y justificada con miras a lograr el más alto estándar de protección animal y la transformación de una cultura más humana y acorde con la convivencia armónica con los seres sintientes.

 

398.       Por las razones expuestas, la Corte declarará que la Ley 2385 de 2024 es constitucional, debido a que la transformación cultural que consagra a través de la prohibición de las corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas en todo el territorio nacional, es una medida que avanza en la dirección correcta respecto del mandato constitucional de protección y bienestar animal.

 

399.       Finalmente, cabe hacer dos precisiones. La primera, la Sala Plena advierte que durante el período de transición previsto en el artículo 3 de la Ley 2385 de 2024, los municipios y distritos en los que las actividades taurinas sean una manifestación ininterrumpida de tradición de la población podrán continuar autorizando su realización, exclusivamente en los lugares y en las precisas ocasiones en que tradicionalmente se hayan celebrado, hasta que se haga efectiva la prohibición legal el 22 de julio de 2027, con observancia de las condiciones de bienestar y protección animal y de los demás requisitos legalmente exigibles. En consecuencia, la potestad reglamentaria del Gobierno nacional o las autoridades locales deberá ejercerse dentro de ese marco, sin modificar el plazo establecido por el Congreso y en esta providencia para las actividades incluidas en la prohibición. Y, la segunda, las razones de arraigo territorial o cultural de estas actividades no son razones suficientes para desobedecer la decisión del poder legislativo, y por lo tanto, deberá prevalecer el mandato de protección y bienestar animal refrendado a través de esta sentencia, en todo el territorio nacional.

 

J.     Las actividades excluidas por la Ley 2385 de 2024, en el parágrafo 4, del artículo 3, esto es, los toros coleados, las corralejas y las peleas de gallos, también deben ser proscritas en el ordenamiento constitucional vigente

 

400.       La Ley 2385 de 2024 establece en el parágrafo 4, artículo 3, una excepción a la prohibición general de prácticas lesivas contra los animales, en los siguientes términos: “La prohibición de la que trata este artículo no es extensiva para el resto de actividades y prácticas diarias que se realizan en la ganadería nacional ni para otras actividades y prácticas no descritas en la presente ley. Por tanto, quedarán excluidas de la prohibición las cabalgatas, las actividades sobre los toros coleados, las corralejas y las peleas de gallos”. Las demandas estudiadas en esta ocasión se dirigieron contra la integralidad de la ley, sin embargo, reprocharon especialmente la prohibición general de las actividades de las corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas. Ambas demandas se refirieron a todas las prácticas como manifestaciones culturales protegidas por la Constitución y la ley; y también, aceptaron que, a pesar de que las peleas de gallos y las corralejas “tienen mucho más maltrato animal”, fueron excluidas por el legislador^[239].

 

401.       La Sala Plena considera que el objeto de análisis de esta providencia debe extenderse a estas actividades excluidas, debido a que se trata de una norma que se encuentra inescindiblemente relacionada con las demás disposiciones de la ley. Además, el mandato de protección y bienestar animal reconocido en la Constitución, tal y como fue abordado en esta sentencia, no permite dejar incólume esta disposición, pues salta a plena vista su inconstitucionalidad.

 

402.       En este orden de ideas, la Sala encuentra que se cumple con la tercera hipótesis que la jurisprudencia ha previsto para que proceda la integración de la unidad normativa^[240]. En efecto, la exclusión que estableció el legislador presenta serias dudas de inconstitucionalidad y exige un pronunciamiento por parte de la Corte. La Sala Plena estima que las actividades excluidas, específicamente, los toros coleados, las corralejas y las peleas de gallos, tienen una relación estrecha con las actividades expresamente prohibidas por el legislador, al menos por dos razones: (i)  se trata de eventos que utilizan animales para infligirles dolor o muerte, con el fin de generar placer o diversión para el ser humano[241]; y (ii) su falta de prohibición, es decir, su permisión, es contraria al mandato constitucional de protección y bienestar animal, y retrasa la transformación cultural a la que le apuesta la Ley 2385 de 2024, en su integridad. El primero de los supuestos en mención no se predica, en su integridad, de las cabalgatas, pese a la forma como a veces se desarrolla dicha práctica[242], lo que excluye su inserción en el examen que a continuación se llevará a cabo.

 

403.       Estas prácticas culturales implican maltrato y sufrimiento animal, y requieren de su uso con fines de entretenimiento, de manera que, para la Corte, es necesario analizar también estas actividades y determinar si su excepción al régimen general de prohibición es una medida razonable y no es evidentemente desproporcionada. De esta manera, por la coherencia de los mandatos constitucionales comprometidos, la Sala se anticipa a considerar que deben estar también prohibidas.

 

404.       Se insiste en que el examen que se adelantará por vía de la unidad normativa se concreta en los toros coleados, las corralejas y las peleas de gallos, pues respecto de las cabalgatas, a diferencia de los otros actos, en principio, se trata de un desfile o excursión a caballo, cuya actividad no representa en sí misma un maltrato. Es decir, a diferencia de las otras, en las cabalgatas no hay una intención o un objetivo de generar daño al animal para alcanzar una victoria. En las demás actividades mencionadas, el animal es un objeto de placer y recreación a costa de su sufrimiento. En todo caso, esta aproximación no excluye que el legislador en un futuro adopte regulaciones frente a las cabalgatas que comprometan la integridad de los caballos o que no aseguren su debida protección.

 

405.       Para desarrollar el examen propuesto, y con la salvedad ya anotada, la Sala procederá a presentar las siguientes consideraciones: (i) una breve caracterización de cada una de las actividades dispuestas en el parágrafo 4, del artículo 3, es decir, de los toros coleados, las corralejas y las peleas de gallos; (ii) la reiteración del concepto de la Constitución viviente como dispositivo fundamental para determinar que el mandato constitucional de protección y bienestar animal excluye el maltrato arbitrario, motivado en razones culturales, de esparcimiento o placer; y (iii) la inclusión de estas actividades en la prohibición general de la Ley 2385 de 2024, como un avance en la transformación cultural, bajo el entendido que la exclusión inicialmente prevista no satisface el juicio de proporcionalidad.

 

(i)          Breve caracterización de los toros coleados, las corralejas y las peleas de gallos

 

406.       La coleada es una actividad que consiste en que una persona montada a caballo sujeta a un toro por la cola y mediante una halada hace que este caiga o ruede por el suelo^[243]. Su origen se remonta al trabajo de los vaqueros en los hatos ganaderos de las llanuras colombo-venezolanas, donde la maniobra se utilizaba como mecanismo para controlar los bovinos que se apartaban de las manadas. Una vez derribado el animal, el vaquero lo inmovilizaba para reconducirlo^[244].

 

407.       Con el tiempo, la faena dejó de ser exclusivamente un recurso rural y comenzó a integrarse a las celebraciones colectivas de las comunidades llaneras^[245]. Las primeras expresiones del coleo como espectáculo público se desarrollaron en las calles de los pueblos llaneros. Para ello, se cerraban sus entradas con guaduas y los balcones y ventanas de las viviendas eran utilizados como palcos. Los vaqueros perseguían al animal con el propósito de derribarlo, sin que existieran reglas sobre la forma de ejecutar la maniobra. Posteriormente, la práctica se trasladó a escenarios más definidos mediante la construcción de mangas que comenzaron a congregar a un mayor número de espectadores y participantes. Este tránsito favoreció la consolidación del coleo como una atracción central de las festividades locales acompañado de otras expresiones festivas, como la música y los bailes propios de la región^[246]. Posteriormente, la práctica se consolidó en escenarios diseñados para tal fin, con tribunas, graderías y sistemas de riego e iluminación^[247].

 

408.       A finales del siglo XX, el coleo experimentó un proceso de institucionalización. Hacia la década de 1990 se adoptaron reglamentos que buscaban unificar criterios. El crecimiento de la actividad derivó en su reconocimiento como un deporte organizado por Coldeportes y el Comité Olímpico Colombiano^[248]; y existe una Federación Colombiana de Coleo que es una organización privada que tiene como objeto la promoción y organización de esta actividad^[249]. Desde 2005, existe un reglamento único reconocido por Coldeportes y el Comité Olímpico Colombiano, que define las condiciones de las mangas, las categorías de los competidores y el trato a los animales^[250].

 

409.       De acuerdo con el Reglamento Nacional de Coleo, los toros deben llegar a la manga con dos horas de anticipación al inicio de la competencia y deben estar descornados, salvo los novillos respecto de los cuales no se considere necesario. La manga de coleo debe medir entre 250 y 330 metros de largo y entre 10 y 15 metros de ancho, con corrales en sus extremos para los toros y los caballos. El piso debe estar cubierto con gramilla o arena. El reglamento define como caídas aceptadas la “coleada normal, por derecha o tradicional”, que ocurre cuando el toro cae por el mismo lado hacia el cual fue halado, y la “coleada contraria”, que tiene lugar cuando el animal, por fuerza opuesta, gira y cae en dirección inversa a la jalada. Asimismo, establece varias modalidades de ejecución, entre ellas: a un solo brazo, a un solo estribo, a media silla, a dos manos, por debajo de la pierna y “huesiada”.

 

410.       Con base en la forma de la caída, el reglamento distingue diferentes tipos de coleadas: (i) caída de costado, cuando el toro apoya costilla, pierna y paleta; (ii) vuelta de campana, cuando el toro, al levantar las extremidades, gira sobre sí mismo o sobre su eje y cae en sentido contrario al inicio, apoyándose en el lomo, la anca o en el aire; (iii) vuelta de campanilla, consistente en una doble vuelta de campana; y (iv) remolino, que corresponde a la triple vuelta de campana. El sistema de puntuación asigna el mayor puntaje al remolino, seguido de la vuelta de campanilla, la vuelta de campana y, en último lugar, la caída de costado. Al respecto, la Corte señaló en la sentencia C-666 de 2010 que “la asignación de puntos en el coleo se incrementa de forma directamente proporcional a lo aparatosa que sea la caída de la res derribada”.

 

411.       El reglamento también incorpora una disposición sobre la crueldad. Reconoce la dificultad de definir este concepto, pero tipifica ciertas infracciones como golpear al caballo en forma excesiva, usar violentamente las espuelas o aplicar descargas eléctricas. Sin embargo, no contempla sanciones ni califica como actos de crueldad aquellos dirigidos contra los toros. Sobre este punto, la Corte precisó en la citada sentencia C-666 de 2010: “Finalmente, debe anotarse que el Reglamento incluye previsiones respecto de actos de crueldad en que pueda incurrirse durante las faenas de coleo, aunque éstas, paradójicamente, no están previstas en protección de las reses que son revolcadas, sino de los caballos utilizados”. No debe perderse de vista que el ganado empleado puede llegar a pesar hasta 500 kilos, lo que permite inferir que una caída de estas características produce sufrimiento en el animal.

 

412.       A través de la Ley 1907 de 2018^[251], el coleo fue reconocido como deporte y, al mismo tiempo, como elemento integrante de la riqueza y patrimonio cultural de la Nación, en particular dentro de las expresiones culturales de los llanos orientales. Adicionalmente han existido iniciativas legislativas orientadas a regular esta práctica. Un ejemplo de esto fue el Proyecto de Ley No. 053 de 2017, “[p]or medio del cual se adopta el Reglamento Nacional del Coleo y se dictan otras disposiciones”. Este proyecto contenía definiciones de la actividad, reglas sobre el registro de coleadores, categorías de competencia, pautas para el uso de caballos y un régimen de puntajes. También incluía disposiciones relativas a la manga de coleo y un sistema de sanciones.

 

413.       En materia de protección animal, el proyecto incorporaba una cláusula de prohibición del maltrato, enfocada principalmente en impedir el uso de elementos distintos a la rienda o a la espuela para animar al caballo, así como cualquier forma de castigo o maltrato contra caballos, toros o novillos. A diferencia del Reglamento Nacional de Coleo vigente, este proyecto sí preveía sanciones frente a actos de crueldad sobre todos los animales involucrados. No obstante, partía de la premisa de que el coleo en sí mismo no constituía un acto de maltrato hacia el toro.

 

414.       En suma, el coleo ha pasado de ser una práctica de manejo ganadero a consolidarse como deporte y expresión cultural reconocida por la ley, con reglamentos que estandarizan su ejecución y puntaje. Sin embargo, las disposiciones vigentes evidencian una protección diferenciada, centrada en los caballos y no en los toros, pese al peso y las caídas que implican sufrimiento, lo que refleja la tensión persistente entre su valoración como patrimonio cultural y las preocupaciones por el bienestar animal.

 

415.       Las corralejas son un espectáculo taurino popular de la región Caribe colombiana, en particular de las sábanas de Córdoba y Sucre. Consisten en la lidia no profesional de toros bravos en un ruedo circular, cercado de manera artesanal con palcos de madera, en el que intervienen distintos actores: capoteros, banderilleros, garrocheros a caballo y participantes espontáneos. La lidia se realiza con instrumentos como franelas, capotes, muletas, banderillas, garrochas y parasoles, y no tiene como desenlace necesario la muerte del toro^[252]. Alrededor del ruedo concurren otras expresiones propias de la fiesta, como bandas de porro y fandango, bailadores, venta de comidas y la participación de personajes populares que recorren los palcos, que aportan autenticidad a la fiesta en corraleja^[253].

 

416.       Las corralejas se originaron en las haciendas ganaderas de las sábanas del Caribe colombiano, donde los vaqueros, al finalizar las labores de recolección del ganado, se entretenían burlando las embestidas de los toros^[254]. Este juego espontáneo se practicó inicialmente en los espacios abiertos de la sábana y sin encierros. Consistía en provocar al animal hasta lograr reacciones agresivas y pasar largas horas en esa dinámica. Con el tiempo, para facilitar estas prácticas, comenzaron a construirse cercas de madera que permitieron contener a los toros y desarrollar el juego en condiciones más controladas^[255].

 

417.       Posteriormente, el espectáculo pasó a ser organizado por los hacendados, quienes lo ofrecían en celebraciones privadas y aportaban los elementos necesarios para su realización (toros, mantas, comida, música y licor). De este modo, esta forma de lidia pasó a ser un acto de hospitalidad que reforzaba la posición social y política de los dueños de las haciendas. Esta transformación marcó el tránsito de una práctica recreativa de los trabajadores a un espectáculo organizado por los propietarios, con un creciente número de invitados y espectadores. La expansión llevó a que las corralejas se integraran luego a las fiestas patronales en los pueblos de la región, con lo que adquirieron un carácter público y colectivo^[256].

 

418.       Cuando el espectáculo empezó a trasladarse a los pueblos, los terratenientes mantuvieron un rol protagónico: donaban los toros como gesto de generosidad y se consolidaban como figuras centrales en la vida local. Solo posteriormente comenzó a cobrar fuerza la práctica de cobrar por los animales, lo que suscitó críticas por la transformación de la fiesta en un negocio^[257].

 

419.       En ese marco, Sincelejo se convirtió en el núcleo de consolidación de la práctica: en 1845, Benito Jaraba donó toros para la fiesta patronal de San Francisco de Asís y, años después, Sebastián Romero dirigió la celebración durante décadas, trasladándola al mes de enero. De este modo, las corralejas pasaron de ser una recreación de los trabajadores de las fincas a un espectáculo auspiciado por los hacendados y luego incorporado a las festividades públicas del Caribe colombiano^[258].

 

420.       En la arena se desarrolla la puesta en escena de la corraleja, donde el toro es enfrentado por manteros, banderilleros, garrocheros y participantes espontáneos. El espectáculo carece de un orden rígido: mientras unos ejecutan pases o suertes con el toro, otros se disfrazan, recorren los palcos o interactúan de manera improvisada en la arena. Surgen personajes que se esconden en barriles, se burlan del animal o saltan sobre su lomo. Al mismo tiempo, bandas de porro y fandango animan el ambiente, circula alcohol y se multiplican escenas paralelas que hacen difícil identificar un hilo conductor único^[259].

 

421.       Pese a la apariencia de desorden, la faena suele seguir ciertas etapas. Durante la jornada se presentan sucesivamente varios toros –con frecuencia hasta cuarenta en una tarde–, cada uno con una lidia breve de tres a cinco minutos. Al abrirse el toril, el animal es recibido por los manteros o un banderillero, que lo provoca con pases iniciales. Después intervienen los garrocheros, montados a caballo, para hacerlo correr por el ruedo; si el toro no responde, los capataces lo sujetan con sogas y lo devuelven al toril, dando paso a un nuevo ejemplar. Aunque la secuencia puede variar, según la bravura del toro y la iniciativa de los participantes, este relevo constante de animales confiere una organización mínima a la jornada, que combina repeticiones reconocibles con la improvisación propia del espectáculo^[260].

 

422.       En las corralejas participan distintos tipos de toros, cuya procedencia y características influyen en el desarrollo del espectáculo. Uno de los principales es el toro criollo, más apto para la lidia por una bravura semejante a la de los toros de casta. Se distingue por su pelaje berrendo, con manchas blancas y negras o rojizas. No obstante, este tipo de ganado ha disminuido progresivamente en la región debido a los cruces con otras razas, a pesar de que fue el primer tipo de toro utilizado para las corralejas^[261].

 

423.       A comienzos del siglo XX, los criollos comenzaron a mezclarse con ganado de carne y leche y, más adelante, con cebú, lo que dio lugar a animales más pesados, pero menos aptos para la lidia. En la década de 1950 se introdujeron toros de pura casta española, que al cruzarse con los criollos dieron origen al llamado toro mestizo o de media casta. Este último, considerado un equilibrio entre bravura y manejabilidad, terminó por consolidarse como el más utilizado en las corralejas^[262]. Pese a esta tendencia, algunos ganaderos de la región han procurado conservar el linaje criollo, con el propósito de obtener ejemplares que ofrezcan mejores resultados en la arena^[263].

 

424.       Los garrocheros ocupan el lugar de mayor prestigio en la arena. Su función es comparable a la del picador en la corrida española, pues pican al toro, pero lo hacen persiguiéndolo a caballo junto con otros jinetes. Aunque algunos conocedores consideran que la faena debería realizarse con tres o cuatro caballos como máximo para reducir riesgos, en la práctica participan entre veinte y treinta, lo que incrementa la probabilidad de accidentes graves contra los animales^[264].

 

425.       El caballo desempeña un papel central en esta faena, en condiciones que implican un alto grado de sufrimiento. Es empleado por los garrocheros para perseguir al toro, clavarle la garrocha y forzarlo a correr en círculos alrededor de la valla con el fin de avivar su bravura. No obstante, los caballos son expuestos sin medidas de protección frente al embiste del toro, a pesar de que, por instinto, experimentan temor ante su presencia. Si bien han sido objeto de doma y entrenamiento para inhibir esa reacción, las cornadas suelen ocasionar lesiones de diversa gravedad: desde laceraciones en piel y tejido muscular, hasta daños irreversibles en articulaciones y tendones, o perforaciones abdominales que provocan salida de contenido intestinal y contaminación bacteriana, generando peritonitis séptica y muerte inmediata o a los pocos días. En muchos casos, los caballos heridos son suturados en quirófanos improvisados a la intemperie, sin anestesia ni manejo del dolor, pero aun así la mayoría muere poco después por la evolución de la infección^[265].

 

426.       Además de los garrocheros, participan en la corraleja los manteros, también llamados capoteros o muleteros. Su papel es enfrentar al toro de manera directa, obligándolo a embestir y a repetir movimientos, mientras ellos procuran esquivarlo. Aunque lo hacen de manera empírica, sin formación técnica, el efecto sobre el animal consiste en someterlo a reiteradas provocaciones y desgastarlo físicamente hasta que cede. Por otra parte, los banderilleros constituyen el grupo más numeroso. Se caracterizan por clavar banderillas en el lomo del toro, lo que implica infligir heridas sangrantes al animal. Para aumentar la espectacularidad, suelen hacerlo desde posiciones de riesgo –sentados en el suelo, sobre mesas o carretas, o incluso dentro de tanques–, lo que multiplica las ocasiones de punzar y hostigar al toro en repetidas oportunidades.

 

427.       También participan aficionados que entran sin preparación al ruedo para provocar al toro. En muchos casos, estas personas lo hacen para recoger dinero o dulces que les lanzan desde la tribuna. Su intervención no tiene una técnica definida, pero con frecuencia acaban golpeando u hostigando al animal, cuando este ya está fatigado. Aunque carecen de un rol formal, su participación incrementa la presión sobre el toro y prolonga su agotamiento^[266]. En varias ocasiones se ha documentado el uso de cuchillos, botellas, palos y piedras para agredir a los animales en la arena^[267]. Estos episodios han incluido el desmembramiento de caballos aún con vida^[268], así como la muerte de toros mediante apuñalamientos, golpes y patadas en plena plaza pública^[269].

 

428.       La Fiesta en Corralejas del 20 de enero en Sincelejo fue reconocida por el legislador como expresión cultural de alcance nacional. En la Ley 1272 de 2009, el Congreso de la República la declaró Patrimonio Cultural de la Nación y dispuso que el Ministerio de Cultura podría promover su fomento, protección, conservación y divulgación. Además, autorizó al Gobierno nacional para efectuar las asignaciones presupuestales necesarias a fin de garantizar el desarrollo de los valores culturales y artísticos asociados a esta celebración.

 

429.       Aun antes de su declaratoria como patrimonio cultural, las corralejas habían sido objeto de controversia en la opinión pública. Desde mediados del siglo XX se registraban posturas críticas que señalaban la crudeza del espectáculo y el sufrimiento que implicaba para animales y personas. Frente a esas objeciones, quienes defendían la tradición resaltaban su carácter festivo, su capacidad de congregar a las comunidades y los beneficios económicos que generaba^[270]. Estas tensiones muestran que, junto con el reconocimiento de la fiesta como manifestación cultural, siempre han coexistido voces que cuestionan el espectáculo, por estar basado en la exposición de toros y caballos a la violencia.

 

430.       En los últimos años se han impulsado proyectos legislativos para reglamentar las corralejas. Por ejemplo, el Proyecto de Ley No. 228 de 2017 buscaba definir los actores e instrumentos de la faena, limitar el número de banderillas y garrochas, sancionar su exceso y establecer medidas de cuidado para los toros y caballos, incluyendo dictámenes veterinarios, restricciones de uso y la obligación de garantizarles protección; sin embargo, fue archivado. Posteriormente, el Proyecto de Ley No. 009 de 2024 propuso un enfoque alternativo, al reconocer como manifestación cultural el “Toro de Carnaval”, que recrea las corralejas sin animales, y al imponer requisitos estrictos para los eventos con toros reales, tales como la prohibición de ingreso a menores de 14 años y a personas bajo efectos de sustancias psicoactivas, la obligación de contar con servicios médicos y veterinarios de urgencias, seguros de accidentes y de responsabilidad civil, y la prohibición de elementos que ocasionaran lesiones o la muerte de los animales, aunque finalmente fue retirado por su autor.

 

431.       En síntesis, las corralejas constituyen una práctica festiva con profundas raíces históricas en el Caribe colombiano y fueron reconocidas por la ley como manifestación cultural. Sin embargo, su permanencia está marcada por la tensión entre ese valor cultural y las reiteradas denuncias sobre el sufrimiento de toros y caballos, así como por intentos legislativos recientes que han buscado reglamentarlas, sin que hasta ahora se haya alcanzado una regulación definitiva.

 

432.       Las peleas de gallos, aunque existen reglamentaciones y prácticas formalizadas en torno a estas actividades, en su mayoría se desarrollan en contextos informales que presentan variaciones en su organización y condiciones. Por ese motivo, la caracterización que sigue se formula con base en las normas y estudios disponibles, pero no pretende agotar ni homogeneizar la totalidad de modalidades que pueden existir en su práctica

 

433.       El inicio de las peleas de gallos no puede fijarse con exactitud, aunque se estima que las primeras prácticas son muy antiguas, situadas entre los años 5000 y 1500 A.C. En distintos lugares de Asia, como India, Persia, Japón y China, el gallo fue percibido inicialmente como un animal sagrado y se valoraba su capacidad combativa. Con el tiempo, esta práctica se vinculó a la vida cotidiana rural en países como Vietnam, Indonesia, Tailandia y Filipinas^[271]. En Europa, hay indicios de que fueron practicadas por los griegos y los romanos. Existen referencias a la afición de personajes como Alejandro Magno y Temístocles, quienes lo valoraban como símbolo de lucha y victoria, asociado a virtudes que se transmitían a los miembros del ejército^[272]. En España fueron introducidas en la edad media, y se volvieron comunes durante esta época y la modernidad^[273].

 

434.       La llegada de estas aves a América ocurrió en el marco de la colonización, donde los españoles empezaron a introducir razas de gallos y gallinas domésticas como parte de su alimentación y entretenimiento. Por lo tanto, las peleas de gallo en América tienen un origen colonial^[274]. Desde entonces, comenzaron a documentarse juegos y apuestas en torno a los combates de gallos, lo que motivó regulaciones tempranas que intentaron prohibirlos o restringirlos. Para el siglo XVII, las peleas de gallos se habían expandido en ciudades de la América hispana, donde movilizaban poblaciones y se realizaban en plazas o patios acondicionados para tal fin. Su desarrollo se vinculó estrechamente al crecimiento de los juegos de azar, al punto que las prohibiciones derivaron en prácticas clandestinas en casas particulares^[275].

 

435.       Hacia mediados del siglo XVII, en el contexto de la crisis económica de la monarquía española, los juegos de naipes y gallos fueron incorporados al sistema de rentas administradas por la Corona y, en ese marco, se endurecieron las sanciones contra sus infractores. Aunque hacia 1720-1730 se redujeron las prohibiciones, se mantuvieron requisitos para su práctica, como realizarlos en lugares públicos, en horarios determinados y con restricciones de acceso. Ello dio lugar a la construcción de coliseos y palenques de gallos en varias zonas de América hispana, con graderías y balcones que diferenciaban los espacios de las élites y de los sectores populares. Las peleas de gallos se consolidaron en el periodo colonial y republicano, con un desarrollo destacado en México, Colombia, Venezuela, Chile, Ecuador, Argentina y Bolivia, aunque con menos referencias sobre sus manifestaciones iniciales^[276].

 

436.       Las peleas de gallos son un espectáculo que consiste en enfrentar a dos gallos de razas seleccionadas, por sus características combativas, hasta que alguno de ellos se rinda por muerte, debido a las heridas recibidas o por agotamiento que le impide continuar la riña. Los animales utilizados corresponden a razas pertenecientes a la subespecie Gallus gallus domesticus, domesticadas y reconocidas por su aptitud para la pelea^[277]. Previo al combate, los gallos suelen ser preparados de manera sistemática: se les cortan las carnosidades de la cabeza como la cresta, se liman los picos y espolones naturales y se acondicionan con dietas y entrenamientos específicos, lo que refuerza su destino como animales de pelea y no como aves de compañía^[278]. También son emparejados de acuerdo con su peso, con el fin de que los contrincantes sean equivalentes^[279].

 

437.       La riña se realiza en un recinto cerrado de forma circular, denominado ruedo, con piso de tierra, arena o tapete^[280]. En la mayoría de los casos, los gallos son armados con espuelas postizas. Aunque poseen espolones naturales, estos pueden desgastarse o ser de tamaño reducido, por lo que se fabrican espuelas artificiales en materiales como acero, que operan como cuchillas, o en plásticos menos agresivos. Estas espuelas tienen como propósito que los gallos hieran a su oponente durante el combate^[281], lo que evidencia el sufrimiento animal propio de la práctica, pues las armas se clavan en pecho y cabeza, provocando heridas graves e incluso la muerte durante la pelea^[282].

 

438.       En el momento del enfrentamiento está presente una persona que funge como juez, como la autoridad encargada de verificar las condiciones del combate. Entre sus funciones se encuentran, medir las espuelas, supervisar el estado sanitario de los animales, controlar el tiempo, definir el ganador y efectuar el pago de premios. El resultado de la riña se determina por distintas modalidades: cuando un gallo permanece caído durante un minuto o al conteo de nueve y no logra reincorporarse; en el careo con gallo de prueba, donde gana el que pique al contrario y, si ninguno lo hace, la pelea queda empatada; por condición de huido, al rehuir tres veces consecutivas o tras careo de huido, lo que lo hace perdedor, salvo empate con gallo muerto o caído. Cuando, pese a estar de pie, un gallo no pelea ni pica durante un minuto y tres careos consecutivos, en cuyo caso pierde; por la gabela de bomba, que da ganador al gallo favorecido si no hay quien cubra la apuesta; o por imposibilidad de continuar, como cuando un gallo queda ciego o hay suspensión eléctrica sin solución en diez minutos, supuestos en los que se declara empate^[283].

 

439.       En síntesis, las peleas de gallos implican la estimulación del instinto combativo de los animales, el uso de espuelas postizas con potencial lesivo y la exposición a heridas, agotamiento e inclusive la muerte. Además, la práctica de las peleas de gallos se encuentra precedida por un proceso de selección de los animales considerados aptos para el combate. Los manuales especializados destacan como características deseables la fuerza, resistencia, agresividad y capacidad de continuar peleando aun heridos, mientras que califican como indeseables la debilidad, la huida o la falta de combatividad. Este proceso responde a un ideal de perfeccionamiento de la raza, asociado a valores de virilidad y a la antropomorfización de los animales, en tanto se proyectan sobre ellos cualidades humanas como el coraje, la nobleza o el espíritu de lucha^[284].

 

440.       La regulación estatal de las riñas de gallos en Colombia ha estado relacionada con su dimensión como juego de azar. El Decreto 248 de 2003 regula el régimen de concesión, explotación económica y control de las apuestas realizadas en las peleas de gallos. El Acuerdo 009 de 2005 del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, expedido en desarrollo de la Ley 643 de 2001^[285], tiene por objeto reglamentar el juego de apuestas en eventos gallísticos. En esta normativa, la pelea constituye el presupuesto para la realización de apuestas, cuya concertación, publicación y pago son objeto de regulación específica.

 

441.       No obstante, se identifican iniciativas legislativas que reconocen la falta de regulación de la actividad propiamente dicha, y han propuesto regular o prohibir la actividad. En este sentido, el Proyecto de Ley No. 214 de 2028 Senado^[286] proponía la definición del gallo fino de combate, la regulación del desarrollo del encuentro de estos gallos y los requisitos para la celebración de estos eventos. En la exposición de motivos de este proyecto de ley se resaltó el carácter cultural de los juegos de gallo, su contribución económica y laboral, así como la ausencia de maltrato animal, al sostener que el gallo de combate es un ave con instinto combativo innato, cuidado y protegido por el hombre, y con características fisiológicas y genéticas que reducen o anulan la percepción del dolor durante la riña.

 

442.       Por su parte, el Proyecto de Ley No. 123 de 2022 Senado, “por el cual se prohíben las riñas de gallos y se dictan otras disposiciones”, tuvo como objeto reconocer estas prácticas como una forma de crueldad y maltrato animal, disponiendo su prohibición en todo el territorio nacional. Asimismo, contemplaba medidas transitorias y de desincentivo, tales como la eliminación de instrumentos que pudieran lacerar, cortar o herir a los gallos utilizados, la limitación del tiempo de las riñas y la obligación de contar con la presencia de médicos veterinarios.

 

443.       A nivel local, el Acuerdo 826 de 2021 del Concejo de Bogotá estableció lineamientos generales orientados a desincentivar las riñas de gallos en el Distrito Capital. Reconoció a los animales como seres sintientes y sujetos de protección especial, e impuso medidas restrictivas como la prohibición de mutilaciones y del uso de instrumentos que generen sufrimiento, la exigencia de concesiones autorizadas por Coljuegos para su realización, la definición de horarios y lugares específicos por parte de la administración distrital y la prohibición de ingreso de menores de edad. Asimismo, dispuso controles a cargo de la Policía Metropolitana y del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, con facultades de incautación y decomiso de los animales, así como la obligación de adelantar campañas pedagógicas para transformar la relación con ellos.

 

444.       Previo a la expedición del acuerdo, el Proyecto de Acuerdo 115 de 2021, en su exposición de motivos, se refirió al sufrimiento que padecen los gallos durante las peleas. Encontró que estos animales, en tanto seres sintientes dotados de sistema nervioso central, son capaces de experimentar dolor, miedo, frustración y otras emociones, por lo cual tienen la capacidad de sufrir tanto en la preparación como en el desarrollo de la riña. El documento advirtió que los gallos suelen ser mantenidos atados o enjaulados, sometidos a prácticas como la mutilación de crestas y barbillas o el corte de espolones, y que en las peleas se les imponen armas artificiales destinadas a aumentar la letalidad. Resaltó, además, que la dinámica del combate los expone a heridas graves, agotamiento y muerte, y que incluso el animal perdedor puede ser desechado aún con vida.

 

445.       En suma, las peleas de gallos se configuran como un espectáculo en el que aves seleccionadas y entrenadas son enfrentadas en un ruedo cerrado, usualmente armadas con espuelas postizas, bajo la supervisión de un juez que controla las condiciones y determina el resultado conforme con reglas específicas. La práctica combina dinámicas de preparación, combate y apuestas, y ha estado atravesada por regulaciones estatales y debates legislativos que reflejan tanto su consideración como manifestación cultural y económica, como las preocupaciones por el sufrimiento animal que conlleva.

 

446.       De acuerdo con la caracterización realizada, es posible afirmar que los toros coleados, las corralejas y las peleas de gallos son entendidas como manifestaciones culturales y deportivas, y, por lo tanto, reguladas a través de diferentes marcos jurídicos. Del mismo modo, puede evidenciarse que se trata de actividades que implican el uso de animales (toros, caballos y gallos), y en las que, para el cumplimiento de sus objetivos, se requiere de actos de sufrimiento o maltrato animal. Además, puede reconocerse que, a través de distintos reglamentos y disposiciones legales, se ha intentado minimizar los daños, sin embargo, las prácticas se mantienen.

 

(ii)   El mandato constitucional de protección y bienestar animal exige prohibir el maltrato arbitrario contra los animales, así como aquel motivado en razones culturales, de esparcimiento o placer

 

447.       Como ya fue explicado de manera profunda en esta sentencia, la Sala Plena insiste en que hoy en día a nivel normativo y jurisprudencial, y como mandato que se deriva de la Constitución viviente, existe un consenso pacífico, sustentado en una ética social, universal o si se quiere general, sobre el deber de no provocar dolor, sufrimiento o muerte de forma deliberada a otro ser sintiente, so pretexto de placer o diversión, aun cuando tal manifestación pueda tener connotaciones históricas de carácter artístico o cultural. La Constitución Ecológica (CP arts. 8, 58, 79 y 80) contiene el deber de protección que no solo involucra actos que tienen la potencialidad de poner en riesgo la diversidad y equilibrio del ecosistema, sino que exige proteger a los animales como sujetos individuales y sintientes, de manera que los seres humanos no pueden disponer a su antojo de los demás seres vivos o de los recursos naturales.

 

448.       Por ello, para este Tribunal, las sociedades no son estáticas, como tampoco lo son los mandatos constitucionales que las rigen, y estos, en su aproximación actual, buscan excluir aquellas conductas que no resultan tolerables, entre otras, porque se desarrollan en el marco de escenarios de violencia y de agresiones arbitrarias a otros seres sintientes. 

 

449.       El carácter dinámico de la Constitución, que resulta de su permanente tensión con la realidad, puede conducir a que en determinados casos resulte imperativo que el juez constitucional deba modificar su interpretación de los principios jurídicos para ajustarlos a las necesidades concretas de la vida colectiva –aun cuando no haya habido cambios formales en el texto fundamental–, lo que incide necesariamente en el juicio de constitucionalidad de las normas jurídicas. Del mismo modo, le corresponde al juez constitucional, acompañar e impulsar los cambios culturales que son propuestos por el legislador en el marco de sus competencias, con el objeto de hacer efectivos los mandatos constitucionales. Esto, sin duda, es una labor de equilibrio y coordinación entre los poderes públicos articulados a favor de los valores de un Estado Social de Derecho que incluye, en este caso, una armonía con la naturaleza y sus componentes.

 

450.       Al respecto, se tornan relevantes los conceptos de interpretación evolutiva de la Constitución y del derecho viviente^[287]. El primero, hace especial referencia al deber del juez constitucional de interpretar el contenido de las normas superiores a las cambiantes situaciones sociales y políticas que regulan, con el objeto de no hacerlas inoperantes o contrarias a los mandatos y principios de la Constitución.

 

451.       Respecto a la necesidad de actualizar las instituciones jurídicas a los contextos sociales y jurídicos, desde la sentencia C-447 de 1997, esta Corporación se pronunció de la siguiente manera: “Se debe entonces aceptar que todo sistema jurídico se estructura en torno a una tensión permanente entre la búsqueda de la seguridad jurídica –que implica unos jueces respetuosos de los precedentes– y la realización de la justicia material del caso concreto –que implica que los jueces tengan capacidad de actualizar las normas a las situaciones nuevas–”.  

 

452.       En el mismo sentido, en la sentencia C-774 de 2001, la Sala Plena se refirió al concepto de la constitución viviente, precisando lo siguiente: “El carácter dinámico de la Constitución, que resulta de su permanente tensión con la realidad, puede conducir a que en determinados casos resulte imperativo que el juez constitucional deba modificar su interpretación de los principios jurídicos para ajustarlos a las necesidades concretas de la vida colectiva –aun cuando no haya habido cambios formales en el texto fundamental–, lo que incide necesariamente en el juicio de constitucionalidad de las normas jurídicas. El concepto de ‘Constitución viviente’ puede significar que en un momento dado, a la luz de los cambios económicos, sociales, políticos, e incluso ideológicos y culturales de una comunidad, no resulte sostenible, a la luz de la Constitución, –que es expresión, precisamente, en sus contenidos normativos y valorativos, de esas realidades–, un pronunciamiento que la Corte haya hecho en el pasado, con fundamento en significaciones constitucionales materialmente diferentes a aquellas que ahora deben regir el juicio de Constitucionalidad de una determinada norma.” 

 

453.       Este deber del juez constitucional de adaptar el contenido de la Carta a las dinámicas y a las nuevas demandas sociales, no se produce de forma súbita e inconsulta, sino que evidencia el resultado de un proceso progresivo que demuestra la necesidad de un cambio y de su reconocimiento por el Texto Superior. En palabras de la Corte:

 

“al explicar el concepto de constitución viviente, que ‘puede significar que en un momento dado, a la luz de los cambios económicos, sociales, políticos e incluso ideológicos y culturales de una comunidad, no resulte sostenible a la luz de la Constitución, –que es expresión, precisamente, en sus contenidos normativos y valorativos de esas realidades–, un pronunciamiento que la Corte haya hecho en el pasado, con fundamento en significaciones constitucionales materialmente diferentes a aquellas que ahora deben regir el juicio de constitucionalidad de una determinada norma’, sin que ello implique vulneración de la cosa juzgada, ‘ya que el nuevo análisis parte de un marco o perspectiva distinta, que en lugar de ser contradictorio conduce a precisar los valores y principios constitucionales y permiten aclarar o complementar el alcance y sentido de una institución jurídica’”^[288].

 

454.       Con base en estas premisas, la Corte ha reconocido que la Carta Política es “un instrumento viviente, que tiene la capacidad de crecer, evolucionar y adaptarse”^[289], ya que “dicho Texto Superior es sensible o receptivo a la evolución de las necesidades sociales y a los ideales de justicia fundamental”^[290]. La interpretación evolutiva del texto constitucional es consecuente con las demandas sociales y las transformaciones culturales que el Congreso de la República, como órgano representativo del pueblo, inicia o propone a una sociedad en constante movimiento. Es así como el juez constitucional ha dado valor al mandato de protección y bienestar animal. En efecto, al reconocer la fauna como el conjunto de seres sintientes dentro del concepto de Constitución Ecológica, y que, por tanto, merecen un reconocimiento especial dentro del ordenamiento constitucional –más allá de ser bienes–, el juez constitucional desde la sentencia C-666 de 2010, cambió la perspectiva constitucional en relación con los animales, y reparó el déficit de protección legislativa que existía para ese momento en cuanto a las actividades culturales aceptadas.

 

455.       Sin embargo, ya para esa época el propio legislador, a través de la Ley 84 de 1989, había definido un vértice esencial entre los seres humanos y los animales, pues estableció en su artículo 1º que “los animales tendrán en todo el territorio nacional especial protección contra el sufrimiento y el dolor, causados directa o indirectamente por el hombre”. Igualmente, dentro de sus objetivos, la misma ley insiste en rechazar el dolor y sufrimiento animal, plantea la promoción de su salud, bienestar, respeto y cuidado.

 

456.       Ahora bien, a pesar de que es cierto que se protegieron prácticas de maltrato debido a ser representativas de manifestaciones culturales, y sobre las cuales la misma Corte señaló que le correspondía al legislador determinar su regulación, en la situación actual, la lectura de la Constitución viviente, relacionada con el estándar de protección y bienestar animal, exige que el juez constitucional intervenga con el objeto de eliminar todas aquellas prácticas similares que menoscaban la integridad de los animales justificadas en diversión, placer o cultura. Es importante destacar nuevamente, que la Ley 2385 de 2024 tiene como objetivo principal una transformación cultural, y para lograrla, prohíbe actividades que representan maltrato y sufrimiento animal. Esto solo materializa el mandato constitucional que se ha venido construyendo con las sentencias que declararon constitucionales prohibiciones de la pesca y la caza, así como el uso de animales silvestres en circos, según el cual: cualquier forma de maltrato o sacrificio de animales con fines recreativos es incompatible con la Constitución. En este sentido, todo intento por mejorar nuestra relación con los seres sintientes y el entorno natural es un imperativo que debe ser impulsado a través de la Carta Política.

 

457.       De esta manera, la transformación cultural propuesta por la Ley 2385 exige una nueva lectura de la Carta Política que debe estar respaldada por el juez constitucional para su efectiva implementación hacia futuro. De este modo, los anteriores pronunciamientos de la Corte al concederle la competencia al legislador para regular estas prácticas, se sustentaron en significados constitucionales que hoy han variado profundamente. Para la Corte, no resulta sostenible permitir otras prácticas que, a pesar de representar también manifestaciones culturales, se despliegan con actos de sufrimiento y maltrato animal. La exclusión que dispone la misma ley, representa en el escenario actual, (i) un déficit de protección a favor de otros seres sintientes; y (ii) un obstáculo para materializar el mandato de protección animal.

 

458.       Esta nueva ponderación, en el ámbito de la Constitución viviente, y por el impulso dado por el legislador y la evolución de la jurisprudencia constitucional, exige a la Corte a avanzar en la comprensión y definición del alcance del mandato constitucional de protección y bienestar animal, por virtud del cual se impone el imperativo de excluir de nuestra sociedad, como ya se dijo, todo tipo de dolor, sufrimiento o muerte de forma deliberada a otro ser sintiente, so pretexto de placer o diversión, aun cuando esa expresión pueda tener sustento histórico de carácter artístico, cultural o deportivo, y sea representativa de regiones o de ciertos colectivos que la practican y la reconocen como propia. En este escenario, la Sala Plena constata que el parágrafo 4 del artículo 3 de la Ley 2385 de 2024 excluye las actividades sobre los toros coleados, las corralejas y las peleas de gallos, que deben seguir la misma regla de derecho prevista en esta sentencia.

 

459.       En efecto, la Sala Plena de la Corte encuentra que, a pesar de que estas últimas también han sido admitidas como manifestaciones culturales y deportivas, e incluso gozan de instituciones que las representan en esos ámbitos, son actividades que, al igual que las prohibidas, perpetúan una cultura violenta contra los animales y la convivencia en sociedad. En este orden de ideas, esta Corporación estima que la transformación cultural debe iniciar también con este tipo de eventos, pues so pretexto de generar diversión, se cometen actos de sufrimiento y dolor contra caballos, gallos y toros.

 

(iii) La inclusión de estas actividades en la prohibición general de la Ley 2385 de 2024, como un avance en la transformación cultural, bajo el entendido que la exclusión inicialmente prevista no satisface el juicio de proporcionalidad

 

460.       La Sala Plena observa que a pesar de que el legislador definió una prohibición general para unas actividades, en virtud de la transformación cultural, así como el mandato constitucional de protección y bienestar animal; dispuso una excepción en el parágrafo 4, del artículo 3, al establecer que “quedarán excluidas de la prohibición (…) las actividades sobre los toros coleados, las corralejas y las peleas de gallos”. Para la Corte esta exclusión no supera el juicio de proporcionalidad, en el mismo test intermedio que fue acogido, por las siguientes razones.

 

461.       La Sala Plena considera que la exclusión de los toros coleados, las corralejas y las peleas de gallos de la prohibición general establecida en la Ley 2385 de 2024 carece de un fin constitucionalmente importante, en la medida en que dichas actividades, como ya fue descrito de manera detallada, requieren para su desarrollo del maltrato y el sufrimiento animal solo por placer y recreación. De manera que se hace necesaria su inclusión dentro de la prohibición general, toda vez que solo así se cumple con el mandato constitucional de acabar con el maltrato y crueldad animal como fuente de diversión o espectáculo, so pretexto incluso de desarrollar un deporte o de ejercitar una actividad cultural.

 

462.       En el caso de los toros coleados, el propósito es jalar al toro por el rabo para que caiga estruendosamente en la arena. Se requiere de caballos que también se someten a un miedo al enfrentar al toro. La sentencia C-666 de 2010 constató que “la asignación de puntos en el coleo se incrementa de forma directamente proporcional a lo aparatosa que sea la caída de la res derribada”. En el caso de las corralejas, el toro es enfrentado por manteros, banderilleros, garrocheros y participantes espontáneos. El caballo desempeña un papel central en esta faena, en condiciones que implican un alto grado de sufrimiento. Es empleado por los garrocheros para perseguir al toro, clavarle la garrocha y forzarlo a correr en círculos alrededor de la valla, con el fin de avivar su bravura. Si bien han sido objeto de doma y entrenamiento para inhibir esa reacción, las cornadas suelen ocasionar lesiones de diversa gravedad: desde laceraciones en piel y tejido muscular hasta daños irreversibles en articulaciones y tendones. Por su parte, en las peleas de gallos, la riña se realiza en un recinto cerrado de forma circular, denominado ruedo, con piso de tierra, arena o tapete^[291]. En la mayoría de los casos, los gallos son armados con espuelas postizas. Aunque poseen espolones naturales, estos pueden desgastarse o ser de tamaño reducido, por lo que se fabrican espuelas artificiales en materiales como acero, que operan como cuchillas, o en plásticos menos agresivos. Estas espuelas tienen como propósito que los gallos hieran a su oponente durante el combate^[292], lo que evidencia el sufrimiento animal propio de la práctica, pues las armas se clavan en pecho y cabeza, provocando heridas graves e incluso la muerte durante la pelea. Los gallos, en tanto seres sintientes, están dotados de sistema nervioso central, son capaces de experimentar dolor, miedo, frustración y otras emociones, por lo cual tienen la capacidad de sufrir tanto en la preparación como en el desarrollo de la riña.

 

463.       Para la Sala es claro que estas actividades también deben ser sometidas a una transformación cultural, y por lo tanto, ser prohibidas gradualmente en los términos de la Ley 2385 de 2024, pues carecen de un fin constitucionalmente importante que las justifique y, por el contrario, entran en abierta contradicción con el mandato constitucional de protección y bienestar animal, derivado de la actual Constitución viviente.

 

464.       Por lo demás, la exclusión de estas actividades de la prohibición general definida por la Ley 2385 de 2024, es asimismo inconducente para alcanzar el objetivo principal de lograr una transformación cultural. De hecho, mientras que actividades que son también consideradas manifestaciones culturales con uso de animales son gradualmente prohibidas, se mantendrían otras (toros coleados, corralejas y peleas de gallos), que tienen similares características, y que desconocen el deber de protección animal. Además, es preciso resaltar que la Corte, en la sentencia C-666 de 2010, ya había identificado estas prácticas como actividades culturales que debían ser reguladas y restringidas por el legislador a favor de los animales que participaban en ellas.

 

465.       La exclusión de estas actividades de la transformación cultural a la que le apostó el legislador es evidentemente desproporcionada, toda vez que es mayor el sacrificio de valores constitucionales trascendentales, como lo son la paz, la cultura digna y el mandato de protección y bienestar de todos los seres sintientes. Como el mismo legislador lo expresó en los antecedentes de la Ley 2385 de 2024, acabar con estas prácticas implica incentivar también una cultura de paz, en el sentido de finalizar tratos que representan violencia contra seres vulnerables y que dependen enteramente del ser humano. Esto es reconocido en el concepto del Instituto Colombiano de Antropología e Historia allegado al proceso:

 

“la crítica va más allá del estatus de la naturaleza y los seres no humanos sino que se pregunta por los fundamentos civilizatorios de la tradición occidental. Como afirman Clavijo-Ospina (2020) y Escobar (2022), el paradigma de los Derechos de la Naturaleza no solo busca el reconocimiento de nuevos sujetos y nuevos marcos normativos, sino como los señala Acosta (2012), desmontar los pilares coloniales y eurocéntricas que han naturalizado la explotación de la vida en todas sus formas y que han legitimado históricamente la violencia contra los cuerpos –humanos y no humanos– en nombre de la tradición o del desarrollo (…)”

 

466.       De esta forma, la decisión de incluir estas actividades dentro de la prohibición prevista en la Ley 1385 de 2024, en contraste con la determinación del legislador de dejarlas por fuera, logra mayores beneficios que sacrificios en el marco de una sociedad que busca volverse cada vez más humana y respetuosa con la naturaleza y los seres sintientes. Mantener este tipo de prácticas culturales que utilizan el sufrimiento de los animales a costa de lograr entretención, placer o diversión, no pueden ser permitidas en el ordenamiento constitucional vigente.

 

467.       Por ello, el parágrafo 4, del artículo 3, en cuanto excluye las actividades sobre los toros coleados, las corralejas y las peleas de gallos debe ser declarado inexequible, al no ser una medida razonable y proporcional, y desconocer el mandato de protección y bienestar animal. En consecuencia, para el ordenamiento constitucional, representa mayores ventajas la prohibición de estas actividades y la necesaria transformación cultural de estas manifestaciones, toda vez que configura nuevas relaciones con los animales, la naturaleza y los seres humanos. No es viable que el Estado continúe aceptando espectáculos en los que el objeto es causar sufrimiento y maltrato animal, a costa de creencias históricas o culturales. Causar daño a un ser sintiente justificándolo en placer o entretenimiento, no es un acto que deba ser protegido por un Estado que propende por la convivencia pacífica en todas sus modalidades. Conforme con lo expuesto, el motivo del arraigo cultural de las prácticas que se prohíben en la Ley 2385 de 2024, y aquellas que esta sentencia incluye, no es razón suficiente para mantener su existencia, toda vez que el mandato constitucional de protección y bienestar animal es prevalente frente a cualquier motivación cultural o histórica. La decisión adoptada por esta Corte tiene implicaciones a nivel general en todo el territorio nacional, independientemente del arraigo cultural que tuviesen estas prácticas en algunas regiones más que en otras. De este modo, como lo ha sostenido la Sala durante toda esta sentencia, la condición de práctica cultural no exime a ninguna manifestación de estar sujeta a los principios constitucionales, a la evolución de los derechos fundamentales, ni a los cambios en los valores de la sociedad.

 

468.       La Sala Plena es consciente de que, tal como lo previó el legislador con la Ley 2385 de 2024, la prohibición de estas actividades debe ser gradual, toda vez que alrededor de ellas existe un sector de la población que concentra sus fuentes de ingresos en estos eventos con gallos, caballos y toros en diferentes regiones del país. Así, en la medida en que esta decisión afecta situaciones preexistentes que no habían sido objeto de cuantificación ni por el Estado, ni por quienes realizan dichas prácticas, la Corte considera necesario aplicar a estos sectores una transición gradual con medidas de reconversión laboral y cultural similares a las dispuestas en los artículos 4 y 5 de la Ley 2385 de 2024, las cuales deberán ser implementadas por el Gobierno nacional en coordinación con las entidades territoriales que puedan verse afectadas, en las prácticas tradicionales y en las labores de sus habitantes, con la decisión adoptada por este Tribunal. Esto implica, de acuerdo con los términos del artículo 4 de la misma Ley 2385 de 2024, que el Gobierno Nacional, en coordinación con las entidades territoriales, (i) tendrán un plazo de tres años contados a partir de esta decisión para garantizar programas efectivos de reconversión económica y laboral para las personas que se dedican a estos eventos y que demuestren que sus ingresos y sustento económico principal, se derivan de ellos; y (ii) la necesidad de desarrollar un registro administrativo para determinar las personas afectadas directa e indirectamente por la prohibición de estas actividades. Para el efecto, se aplicará           –con igual rigor– todo lo contenido en el artículo 4 de la Ley 2385 de 2024.

 

469.       Igualmente, se dará aplicación al artículo 5 de la Ley 2385 de 2024 relacionado con la reconversión de los escenarios de propiedad pública y con participación mayoritaria del Estado usados para el desarrollo de las prácticas de toros coleados, las corralejas y las peleas de gallos.

 

470.       Así las cosas, y con base en lo señalado, la Sala Plena declarará la exequibilidad de (i) los artículos 4 y 5 de la Ley 2385 de 2024, por el cargo referente al examen del impacto fiscal previsto en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, en armonía con el artículo 151 y 334 de la Constitución Política; (ii) la Ley 2385 de 2024, por los cargos examinados referentes a la protección de la diversidad cultural y al patrimonio cultural de la Nación, al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de expresión, y a los derechos adquiridos y propiedad privada de quienes se dedican a las actividades prohibidas en esta ley; y (iii) en cuanto a las actividades excluidas por el legislador que también representan maltrato animal, la Sala declarará la inexequibilidad de la expresión“las actividades sobre los toros coleados, las corralejas y las peleas de gallos” contenida en el parágrafo 4 del artículo 3 de la Ley 2385 de 2024, pero aplazará los efectos de la inexequibilidad, por el término de tres (3) años a partir de esta decisión, con el fin de que se inicien los procesos de reconversión laboral y cultural correspondientes a estas actividades. Entre tanto, estas actividades deberán someterse a los términos dispuestos en el parágrafo 3, del artículo 3, de la misma Ley 2385 de 2024, para su desarrollo temporal[293].

 

471.       En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

 

RESUELVE

 

PRIMERO: Declarar EXEQUIBLES los artículos 4 y 5 de la Ley 2385 de 2024, “[p]or medio de la cual se aporta a una transformación cultural mediante la prohibición de toros, rejoneo, novilladas, becerradas, y tientas, así como de los procedimientos utilizados en estos espectáculos, que socavan la integridad de formas de vida no humana”, por el cargo referente al examen del impacto fiscal previsto en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, en armonía con los artículos 151 y 334 de la Constitución Política.

 

SEGUNDO: Declarar EXEQUIBLE la Ley 2385 de 2024, “[p]or medio de la cual se aporta a una transformación cultural mediante la prohibición de toros, rejoneo, novilladas, becerradas, y tientas, así como de los procedimientos utilizados en estos espectáculos que socavan la integridad de formas de vida no humana”, por los cargos examinados referentes a la protección de la diversidad cultural y al patrimonio cultural de la Nación, al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de expresión, y a los derechos adquiridos y propiedad privada de quienes se dedican a las actividades contempladas en esta ley.

 

TERCERO: Declarar INEXEQUIBLE la expresión “las actividades sobre los toros coleados, las corralejas y las peleas de gallos” contenida en el parágrafo 4, del artículo 3, de la Ley 2385 de 2024. DIFERIR los efectos de la inexequibilidad declarada en este numeral, por el término de tres (3) años a partir de la presente decisión, con el fin de que se inicien los procesos de reconversión laboral y cultural correspondientes a estas actividades.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Presidente

Con aclaración de voto

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO

Magistrado

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ

Magistrada

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

Aclaración de voto

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

Intervenciones ciudadanas

1.              Intervenciones que solicitan la exequibilidad

 

 

2.              Intervenciones que solicitan la exequibilidad condicionada

 

 

 

3.             Intervenciones que solicitan la inexequibilidad

 

 

4.              Intervenciones sin ninguna solicitud

 

 

5.              Intervenciones presentadas por fuera de la fijación en lista

 

 

 

 

6.                  Respuestas al auto de pruebas OPC075/25