TEMAS-SUBTEMAS

 

Sentencia SU-088/25

 

TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS-No se configura defecto sustantivo

 

(...), la Sala Plena concluye que no se evidencia una actuación judicial arbitraria o caprichosa que haya desconocido la Constitución o la ley en desconocimiento de los principios, derechos y deberes superiores por la errónea interpretación o aplicación de las disposiciones de la Ley 1448 de 2011.

 

ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Triple identidad/ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Para que se configure temeridad debe evidenciarse la mala fe en el actuar del peticionario/TEMERIDAD-Inexistencia para el caso

 

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia excepcional/ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad

 

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION-Naturaleza/RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION-Finalidad

 

DEFECTO SUSTANTIVO Y DEFECTO FACTICO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia

 

ERROR INDUCIDO O POR CONSECUENCIA COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos

 

DERECHO FUNDAMENTAL A LA RESTITUCION DE TIERRAS DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO-Contenido y alcance

 

RESTITUCION DE TIERRAS-Medida contemplada en la Ley de Víctimas, como parte de la reparación integral

 

DERECHO A LA RESTITUCION DE TIERRAS-Carácter fundamental

 

DERECHO A LA RESTITUCION-Componente preferente y principal de la reparación integral a víctimas

 

DERECHO A LA RESTITUCION DE TIERRAS-Jurisprudencia constitucional

 

PROCESO DE RESTITUCION DE TIERRAS-Contenido en la ley 1448 de 2011

 

LEY DE VICTIMAS Y RESTITUCION DE TIERRAS-Situación de despojo y abandono forzado de tierras

 

PROCESO DE RESTITUCION DE TIERRAS-Etapas administrativa y judicial

 

DERECHO A LA RESTITUCION DE TIERRAS-Límite temporal de la Ley de víctimas

 

APLICACION DEL CONCEPTO DE VICTIMA DEL CONFLICTO ESTABLECIDO EN LA LEY 1448 DE 2011-Reglas jurisprudenciales

 

VICTIMA EN DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO-Concepto

 

CONCEPTO DE VICTIMA-Jurisprudencia constitucional/VICTIMA-Alcance del concepto

 

(...) el concepto de víctima de la Ley 1448 de 2011 entraña una relación íntima con las personas humanas y la necesidad de amparar su dignidad. (...) las medidas de reparación establecidas en la ley en referencia tienen como finalidad tutelar derechos y atributos propios del ser humano en atención a la transversalidad de la dignidad humana en la Ley. En atención a lo anterior, para la Corte, el concepto de víctima en los términos del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011 incluye únicamente a personas naturales.

 

PRINCIPIO DE LA BUENA FE-Reconocimiento constitucional

 

BUENA FE SIMPLE Y BUENA FE EXENTA DE CULPA-Diferencias

 

BUENA FE EXENTA DE CULPA-Operancia/BUENA FE EXENTA DE CULPA-Elementos

 

(...) la buena fe exenta de culpa, entendida como un estándar de conducta calificado, requiere que el opositor acredite ante el juez de restitución de tierras que (i) obro con honestidad, rectitud y lealtad al momento de adquirir el predio objeto de la solicitud de restitución (elemento subjetivo); y (ii) que realizó actuaciones positivas encaminadas a averiguar y verificar la regularidad de la situación jurídica, es decir, que el negocio jurídico se ajustó a los parámetros legales y constitucionales (elemento objetivo).

 

BUENA FE EXENTA DE CULPA-Carga de la prueba y el hecho o conducta a probar

 

BUENA FE EXENTA DE CULPA-Estándar calificado con enfoque diferencial en el proceso de restitución de tierras

 

(...) por regla general, el opositor soporta la carga de probar que siguió un estándar de conducta conforme con los postulados de la buena fe exenta de culpa al momento de adquirir el predio, como se anticipó, a través de la presentación de los medios de prueba conducentes y pertinentes para tal efecto.

 

PRINCIPIO PRO VÍCTIMA-Alcance y contenido

 

DERECHO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DOCTRINA IUSINTERNACIONALISTA-Derecho blando

 

PROCESOS DE RESTITUCION DE TIERRAS-Reconocimiento de documentos internacionales

 

VICTIMAS Y RESTITUCION DE TIERRAS-Principio de enfoque diferencial

 

(...) el enfoque diferencial del estándar de buena fe exenta de culpa “no debe cobijar a quienes se encuentran en una situación ordinaria, o a quienes detentan poder económico, como empresarios o propietarios de tierras”.

 

PROCESO DE RESTITUCION DE TIERRAS-Alcance de las medidas de protección a favor de segundos ocupantes

 

BUENA FE EXENTA DE CULPA EN EL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS-Presupuestos excepcionales que flexibilizan el estándar probatorio a favor de segundos ocupantes

 

BUENA FE EXENTA DE CULPA EN EL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS-Parámetros de interpretación del estándar probatorio y aplicación del enfoque diferencial

 

Si las personas (segundos ocupantes) no enfrentan ninguna condición de vulnerabilidad no deben ser eximidos del requisito, pues no resulta admisible desde el punto de vista constitucional, que hayan tomado provecho de los contextos de violencia para su beneficio personal, ni que hayan seguido un estándar de conducta ordinario en el marco del despojo y la violencia generalizada, propios del conflicto armado interno.

 

BUENA FE EXENTA DE CULPA EN EL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS-Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia

 

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-No se configura defecto fáctico

 

(...) la Corte determinó que el análisis del material probatorio allegado al proceso de restitución de tierras se realizó con base en la sana crítica y atendió a los criterios de objetividad, racionalidad, legalidad y motivación. Lo anterior, por cuanto la autoridad judicial accionada: (i) si tuvo en cuenta, incluso, en varias oportunidades, el material probatorio que acreditaba las razones de fuerza mayor que llevaron a la sociedad accionante a suspender la explotación económica de los Predios LF. Así mismo, (ii) valoró y se pronunció sobre las resoluciones proferidas dentro del proceso de extinción de dominio que adelantó el INCODER sobre los predios objeto de restitución y, finalmente, (iii) analizó los argumentos planteados por la sociedad accionante respecto a que la posesión de los solicitantes de los Predios LF, se dio de “manera violenta, de mala fe y clandestina”, solo que concluyó que dichas afirmaciones no tenían sustento probatorio.

 

TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS-No se configura defecto por error inducido

 

(...) para que se configure este defecto, la Corte ha señalado que la sentencia se debe fundamentar en elementos adecuadamente aportados al proceso, pero con información falsa, equivocada o imprecisa, que ocasiona la vulneración de derechos fundamentales, situación que no aconteció en el caso objeto de estudio, más aún cuando las distintas pruebas fueron expuestas y ellas fueron valoradas conforme con la sana crítica.

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

-Sala Plena-

 

SENTENCIA SU-088 de 2025

 

Referencia: Expediente T-8.109.293.

 

Asunto: Acción de tutela promovida por La Francisca S.A.S. en contra de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena.

 

Magistrado ponente:

Vladimir Fernández Andrade.

 

Síntesis de la decisión: Correspondió a la Sala Plena de la Corte revisar los fallos de tutela que negaron el amparo solicitado dentro del proceso promovido por la sociedad La Francisca S.A.S contra la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena. La sociedad accionante pretendía la protección de su derecho fundamental al debido proceso, el cual consideró vulnerado con la sentencia proferida por el tribunal accionado, por presuntamente haber incurrido en varios defectos sustantivo, fáctico y por error inducido, al conceder a los solicitantes la protección del derecho a la restitución de tierras sobre predios que eran de propiedad de la sociedad demandante y negar a esta última el reconocimiento de la calidad de tercero de buena fe exenta de culpa y las correspondientes compensaciones, en los términos de la Ley 1448 de 2011.

 

Tras verificar el cumplimiento de los requisitos genéricos de procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte planteó tres problemas jurídicos, a saber:

 

·      ¿La Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena vulneró el derecho al debido proceso de la sociedad accionante, por haber incurrido en un defecto sustantivo, por una parte, (i) por la supuesta indebida aplicación de los artículos 74, 75 y 77 de la Ley 1448 de 2011, al reconocer a las personas a las que les fueron restituidos los Predios LF[1], como víctimas de despojo y desplazamiento forzado; y, a partir de ello, al haberles otorgado el reconocimiento de una posesión pública, pacífica e interrumpida sobre los predios de la referencia; y, por la otra (ii) por la aparente indebida aplicación del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, al no haber otorgado a la sociedad Agrícola Eufemia Ltda la calidad de víctima del conflicto armado?

 

·      ¿La Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena vulneró el derecho al debido proceso de la sociedad accionante, por haber incurrido en un defecto fáctico, al haber presuntamente valorado, de forma indebida, las pruebas^[2] que acreditaban la buena fe exenta de culpa de la sociedad La Francisca S.A.S. y que, por ende, permitían ordenar a favor de la accionante una compensación y la posibilidad de continuar administrando el proyecto productivo desarrollado en los Predios LF?

 

·      ¿La Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena vulneró el derecho al debido proceso de la sociedad accionante, por haber incurrido en un defecto por error inducido, por acoger los señalamientos de los Solicitantes de los Predios LF dirigidos a caracterizar (i) las sociedades La Francisca S.A.S. y Agrícola Eufemia Limitada como agentes de despojo forzado, particularmente esta última en el marco de las compraventas de mejoras celebradas en el año 2004; y (ii) a los propios Solicitantes de los Predios LF como poseedores de buena fe, al concluir que la ocupación que estos ejercieron fue derivada de una invitación del entonces director del INCORA, porque dichos terrenos estaban abandonados?

 

Para resolver los problemas jurídicos planteados, la Corte acudió a la siguiente metodología. Primero, hizo una breve caracterización de los defectos sustantivo, fáctico y por error inducido. Segundo, reiteró el contenido del derecho fundamental a la restitución de tierras. Tercero, abordó la estructura del proceso de restitución de tierras, destacando aspectos relevantes de las fases administrativa y judicial. Cuarto, analizó los componentes de la titularidad del derecho a la restitución de tierras. Para tal efecto, profundizó en el análisis (a) del ámbito temporal de aplicación de las medidas de restitución, y (b) en el concepto de víctima en ese marco jurídico. Quinto, examinó el estándar de la buena exenta de culpa en el trámite de restitución de tierras, sistematizando las reglas de interpretación fijadas en la jurisprudencia constitucional, especialmente, las previstas en las sentencias C-330 de 2016 y, por analogía, en la SU-424 de 2021, junto con los criterios expuestos por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en la materia.

 

Al abordar el caso concreto, con fundamento en las sub-reglas definidas en la parte motiva de esta providencia, la Corte concluyó que el tribunal accionado no incurrió en los defectos sustantivo, fáctico, ni por error inducido alegados por la sociedad accionante.

 

En el primer nivel de análisis, en lo que respecta al defecto sustantivo relacionado con la supuesta indebida aplicación de los artículos 74, 75 y 77 de la Ley 1448 de 2011, al reconocer a las personas que les fueron restituidos los Predios LF, como víctimas de despojo y desplazamiento forzado; y, a partir de ello, al haberles otorgado el reconocimiento de una posesión pública, pacífica e interrumpida sobre los predios de la referencia, la Corte consideró que las circunstancias fácticas del caso permitían aplicar dicha normatividad, toda vez que los Solicitantes de los Predios LF fueron objeto de actuaciones que vulneraron de manera grave sus DDHH y sus derechos bajo el DIH. En efecto, se demostró al interior del proceso de restitución de tierras que: (i) en el municipio Zona Bananera del Magdalena y su colindancia existieron actos de violencia generalizada; (ii) miembros de la comunidad de los solicitantes fueron asesinados y hostigados por parte de grupos al margen de la ley, particularmente por miembros de un grupo paramilitar^[3]; (iii) los predios objeto de restitución fueron abandonados por parte la sociedad Agrícola Eufemia Ltda.^[4]; y (iv) los solicitantes efectivamente explotaron económicamente y ejercieron posesión sobre los predios objeto de restitución, sin reconocer dominio ajeno de los mismos, durante el periodo comprendido entre 1996 y el 2004^[5].

 

Con base en dichas circunstancias, la Sala Plena encontró que: (a) no fue irrazonable, ni arbitraria la decisión del tribunal accionado de dar aplicación al artículo 74 de la Ley 1448 de 2011, consistente en reconocer que, a raíz de los asesinatos de los líderes de la comunidad de los solicitantes y la correspondiente presión de grupos al margen de la ley, estos se vieron en la obligación de abandonar los predios y de desplazarse, razón por la cual se vieron impedidos para ejercer la administración, explotación y mantener contacto directo con los predios restituidos.

 

Asimismo, (b) no constituyó un error judicial del tribunal accionado haber determinado que existió una posesión sobre los predios, al acreditarse la no explotación económica de los inmuebles por parte de la sociedad Agrícola Eufemia, por lo que era dable consignar la titularidad del derecho a la restitución de los solicitantes, en los términos del artículo 75 de la Ley 1448 de 2011, dado que se vieron en la obligación de abandonar los predios como consecuencia directa e indirecta de las violaciones graves a los DDHH y al DIH, de las cuales fueron objeto después del 1° de enero de 1991.

 

Adicionalmente, (c) se podía aplicar la no interrupción del término de prescripción a favor de los solicitantes prevista en el inciso 3° del artículo 74 de la Ley 1448 de 2011, al haberse acreditado la posesión y generado el abandono de los predios restituidos por ocasión del desplazamiento forzado generado por la violencia en la zona. Lo anterior, por cuanto en el expediente (i) se acreditó la posesión con base en inspecciones oculares efectuadas por el antiguo INCORA, a raíz de la aprehensión material de los predios restituidos y la voluntad de dueños de los solicitantes^[6]; y (ii) porque se cumplió con el término requerido de posesión, dado que los solicitantes efectivamente explotaron económicamente y ejercieron actos de señorío sobre los predios objeto de restitución, sin reconocer dominio ajeno sobre los mismos, durante el periodo comprendido entre 1996 y el 2004^[7], año en que fue interrumpida la posesión por su desplazamiento forzado.

 

Aunado a lo anterior, (d) se advirtió que no se incurrió en una aplicación caprichosa o arbitraria de la presunción legal prevista en el artículo 77 de la Ley 1448 de 2011, dirigida a presumir la falta de consentimiento de los contratos de compraventa de mejoras celebrados entre los solicitantes y la sociedad Agrícola Eufemia Ltda., dados los actos de violencia perpetrados directamente en contra de los solicitantes y la violencia generalizada en la zona de los predios y la región colindante.

 

Por otra parte, respecto de la presunta configuración de un defecto sustantivo por la aparente indebida aplicación del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, al no haber otorgado a la sociedad Agrícola Eufemia Ltda la calidad de víctima del conflicto armado, esta corporación advirtió que la sentencia acusada no desconoció los lineamientos constitucionales, ni legales en materia del reconocimiento y reparación de las víctimas del conflicto armado interno, bajo el régimen previsto en la citada Ley 1448 de 2011, pues el alcance de dicho compendio normativo se circunscribe a las personas naturales, por cuanto la finalidad perseguida por el Legislador fue amparar la dignidad humana de las personas que hayan sufrido violaciones a los DDHH y al DIH. No obstante, la Sala Plena precisó que esto no significa que las personas jurídicas no hayan podido ser afectadas por el conflicto armado, ni que no tengan otros derechos bajo la Ley 1448 de 2011, ni que su situación de afectación no pueda ser reconocida bajo otros regímenes legislativos, así como tampoco significa que opera una presunción de mala fe en cabeza de las personas jurídicas, en el marco del conflicto armado colombiano.

 

En el segundo nivel de análisis, en lo referente al haber incurrido en un defecto fáctico, al haber presuntamente valorado, de forma indebida, las pruebas^[8] que acreditaban la buena fe exenta de culpa de la sociedad La Francisca S.A.S. y que, por ende, permitían ordenar a favor de la accionante una compensación y la posibilidad de continuar administrando el proyecto productivo desarrollado en los Predios LF; la Corte determinó que el análisis del material probatorio allegado al proceso de restitución de tierras se realizó con base en la sana crítica y atendió a los criterios de objetividad, racionalidad, legalidad y motivación. Lo anterior, por cuanto la autoridad judicial accionada: (i) si tuvo en cuenta, incluso, en varias oportunidades, el material probatorio que acreditaba las razones de fuerza mayor que llevaron a la sociedad Agrícola Eufemia a suspender la explotación económica de los Predios LF. Así mismo, (ii) valoró y se pronunció sobre las resoluciones proferidas dentro del proceso de extinción de dominio que adelantó el INCODER sobre los predios objeto de restitución y, finalmente, (iii) analizó los argumentos planteados por la sociedad accionante respecto a que la posesión de los solicitantes de los Predios LF, se dio de “manera violenta, de mala fe y clandestina”, solo que concluyó que dichas afirmaciones no tenían sustento probatorio.

 

Aunado a lo anterior, la Sala Plena concluyó que la Sociedad La Francisca S.A.S no demostró que haya adelantado actuaciones encaminadas a verificar la regularidad en la propiedad de los referidos predios, aun cuando conocía de la ocupación por parte de los solicitantes y de las condiciones de violencia de las que éstos fueron objeto. Así, consideró que no se agotó el estándar de conducta calificado para probar la buena fe exenta de culpa, al adquirir los Predios LF.

 

Finalmente, en el tercer nivel de análisis, respecto de la configuración de un defecto por error inducido en la providencia acusada, por acoger los señalamientos de los Solicitantes de los Predios LF dirigidos a caracterizar (i) las sociedades La Francisca S.A.S. y Agrícola Eufemia Limitada como agentes de despojo forzado, particularmente esta última en el marco de las compraventas de mejoras celebradas en el año 2004; y (ii) a los propios Solicitantes de los Predios LF como poseedores de buena fe, al concluir que la ocupación que estos ejercieron fue derivada de una invitación del entonces director del INCORA, porque dichos terrenos estaban abandonados; la Corte señaló que el tribunal de restitución de tierras no sólo tuvo en cuenta lo manifestado por los solicitantes de los Predios LF, pues valoró todas las pruebas allegadas por las partes, incluyendo las de las sociedades opositoras, en las que se mencionaban las actuaciones adelantadas respecto a la ocupación realizada por los solicitantes a los predios objeto de restitución. Además, no se probó que se hubiere allegado información falsa, equivocada o imprecisa dentro del proceso, como requisito sine quo non para acreditar un error inducido.

 

Sobre la base de las razones expuestas, la Sala Plena confirmó la sentencia de tutela de segunda instancia dictada el 18 de marzo de 2020 por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la cual, a su vez, confirmó la sentencia de tutela de primera instancia dictada el 11 de noviembre de 2019 por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que negó la acción de tutela presentada por el apoderado de la sociedad accionante contra el tribunal accionado.

 

Bogotá D.C., doce (12) de marzo de dos mil veinticinco (2025).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en particular de aquellas previstas en los artículos 241.9 del texto superior y 61 del Acuerdo 02 de 2015, profiere la siguiente sentencia, con base en los siguientes:

 

I.                  ANTECEDENTES

 

Anotación: Con el propósito de facilitar la lectura y comprensión de esta providencia, en un documento anexo se incluirá un recuento detallado de las actuaciones adelantadas por el magistrado sustanciador en sede de revisión, la información y elementos probatorios allegados por las partes y terceros con interés vinculados, así como el resumen de las decisiones adoptadas por la Sala Plena dirigidas a suspender los términos del proceso, para efectos de asegurar el recaudo del material probatorio y verificar la integración del contradictorio (litis consorcio).

 

A.                La demanda de tutela.

 

1.                 La Francisca S.A.S. (en adelante, “accionante” o “sociedad accionante”), por intermedio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela en contra de la sentencia proferida el 24 de enero de 2018 por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena (en adelante, “accionado” o “tribunal accionado”), en el marco del proceso de restitución de tierras promovido por la Comisión Colombiana de Juristas (en adelante, “CCJ”), en nombre y a favor de la señora Petrona Meriño Cáceres y otros[9] (en adelante, los “Solicitantes de los Predios LF”) respecto de los fincas denominadas “La Francisca I” y “La Francisca II” (en adelante, los “Predios LF”) ubicados en el municipio Zona Bananera (Magdalena), propiedad de la sociedad accionante. A su juicio, en dicha providencia, el tribunal accionado (i) aplicó de forma incorrecta los artículos 74, 75 y 77 de la Ley 1448 de 2011; (ii) omitió valorar ciertos elementos probatorios; y (iii) fue inducido a error por parte de los Solicitantes de los Predios LF, en razón de lo cual accedió a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, ordenó la restitución de los bienes mencionados.

 

2.                 La sociedad accionante solicitó al juez constitucional amparar su derecho al debido proceso y, como órdenes en concreto, pidió (i) revocar la sentencia del 24 de enero de 2018 proferida por el tribunal accionado; (ii) ordenar a dicha autoridad proferir una nueva sentencia valorando todos los elementos probatorios que reposan en el expediente; (iii) disponer la cancelación de la inscripción del fallo cuestionado en los folios de matrícula pertenecientes a los Predios LF; y (iv) decretar una medida cautelar dirigida a suspender la ejecución de una de las órdenes proferidas por el tribunal accionado, referente a la entrega real y efectiva de los Predios LF a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras (en adelante, “URT”).

 

B.                Hechos relevantes.

 

(i)      Contexto particular de los Solicitantes de los Predios LF previó al despojo.

 

3.                 De acuerdo con la información consagrada en la solicitud colectiva de restitución de tierras despojadas y abandonadas presentada por la CCJ, en favor de los Solicitantes de los Predios LF, se advierte que, en 1987, se conformó la Asociación Campesina de Usuarios de Iberia[10]- AUCIBE, porque varios campesinos, que trabajaban como corteros en fincas cercanas, se enteraron directamente por el director del INCORA que algunos predios, ubicados en la zona de Orihueca, estaban en proceso de adquisición por parte de la entidad, para ser asignados a campesinos sin tierra. Entre ellos se encontraba el predio denominado “Las Franciscas”. Según se afirma en dicho documento, “[l]os campesinos y campesinas de la zona ya conocían esa tierra y se entusiasmaron. Fue así que, con miras a iniciar los trámites pertinentes ante el INCORA, constituyeron AUCIBE, organización base de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC, y siguiendo los protocolos que se usaban en materia de adjudicación, procedieron a tomarse de facto ambos predios, que para entonces se encontraban desocupados y en rastrojo. Así pues y con el aval del INCORA, el día 6 de marzo de 1987, cuentan algunos de los parceleros, entraron por primera vez a Las Franciscas, primero a limpiar la maleza y luego a sembrar. Recuerdan que hicieron un sancocho para celebrar y que ese mismo día levantaron un techado para cocinar, descansar del sol y resguardarse de la lluvia”[11]. (Negrilla por fuera del texto original)

 

4.                 La CCJ refirió que AUCIBE se dedicaba al cultivo de diversos alimentos, entre ellos limón, maíz, ahuyama, yuca, papaya, guanábana, zapote, tomate, ají, cebolla, ciruela, maracuyá, carambolo, guayaba y mango. Además, que debido a la gran productividad de las tierras, así como a su diversidad alimentaria, éstas proveían a la comunidad y a los pueblos de Orihueca y sus alrededores de los referidos productos. En palabras de los Solicitantes de los Predios LF: “nosotros éramos la despensa de toda esta región”.

 

5.                 No obstante lo anterior, la CCJ indicó que, a finales de 1987, un terrateniente y empresario de la zona conocido como Antonio Riascos se presentó en los predios con hombres armados, al parecer pertenecientes a la banda “El Polvorín” y valiéndose de medios violentos sacó a los habitantes de los Predios LF. Según uno de los solicitantes: “Un vecino dijo haber escuchado una conversación entre Riascos y su compadre Wilfrido Vives, otro terrateniente de la zona, cuando se tomaban una cerveza en una tienda cercana a la finca. Riascos se quejaba de su problema con los campesinos de Las Franciscas, cuando Vives le sugirió que para solucionar el asunto contratara a unos sicarios del Polvorín y mate a 5 líderes, los demás se abren”[12].

 

6.                 La CCJ sostuvo que, después del referido episodio, los habitantes de los Predios LF se fueron a vivir en el corregimiento de Orihueca hasta el año de 1996, fecha en la que regresaron, de forma pacífica, a dicho lugar, pues este había sido abandonado por las empresas bananeras, debido a la caída de los precios de ese producto entre 1993 y 1997 y al huracán Bret que azotó la zona. Así pues, la CCJ indicó que, el 4 de enero de 1996, los hermanos Terán y varios de los miembros de la Asociación retomaron los Predios LF y permanecieron allí hasta el momento de los hechos victimizantes.

 

7.                 La CCJ señaló que los Solicitantes de los Predios LF se asentaron en parcelas de dos a tres hectáreas por cada familia y que se dedicaron al cultivo de frutos de pancoger y actividades propias de la economía campesina. Así mismo, que AUCIBE se reunía cada ocho días en la vivienda de alguno de los miembros de los Predios LF, para tratar temas relativos a la economía campesina y al bienestar comunitario. Aunado a lo anterior, se afirmó que la comunidad continuó con las diligencias ante las autoridades para que se les adjudicaran los predios, motivo por el cual el INCORA adelantó trámites para la extinción del dominio y futura adjudicación. La CCJ sostuvo que, en general, el periodo comprendido entre 1996 y 2004 fue de relativa estabilidad, salvo a partir del año 2001, cuando la violencia paramilitar comenzó en los Predios LF, con la masacre de los hermanos Terán, quienes, en su momento, avisaron a los integrantes de la asociación que los referidos predios estaban abandonados y que era posible regresar.

 

8.                 La CCJ afirmó que el 7 de septiembre de 2001, Jorge, Gustavo y Miguel Terán fueron asesinados en los Predios LF, por miembros del Frente William Rivas y que dicho hecho violento generó el primer desplazamiento de las esposas[13] y las familias de los tres hermanos, quienes son parte de los solicitantes de la restitución de tierras. Así mismo, indicó que este hecho fue admitido por José Gregorio Mangones Lugo, comandante del Frente William Rivas, quien en versión libre rendida el 4 de marzo de 2008, señaló que hombres a su cargo asesinaron a los hermanos Terán[14].

 

9.                 A pesar de lo anterior, la CCJ afirmó que la comunidad campesina resistió pacíficamente en los Predios LF hasta que los paramilitares del Frente William Rivas comenzaron a asesinar y amenazar a los líderes de AUCIBE, con el fin de que desocuparan las tierras. Indicó que, el 13 de marzo de 2004, ingresaron hombres armados al predio de José Concepción Kelsy, líder de AUCIBE, a quien le notificaron que la comunidad tenía que desocupar la tierra y luego lo asesinaron. Advirtió que este hecho también fue confesado por el comandante del Frente William Rivas, José Gregorio Mangones Lugo, y por Rolando Rene Garavito, en versiones libres ante Fiscales de la Unidad de Justicia y Paz[15]. Sobre el particular, refiere que uno de los solicitantes afirmó:

 

“(...) marzo de 2004, llegó un grupo al margen de la ley, diciéndonos que teníamos que dejar la Finca, que si no salíamos de ahí íbamos a pagar las consecuencias y hubo unos compañeros que las pagaron, dejamos todos los cultivos de pan coger, plátano, banano, limón, zapote y un pozo artesanal. Al mes se presentaron los señores de Eufemia Agrícola Limitada [sic] diciéndonos que iban a reconocernos un dinero, eso era para que nosotros saliéramos de la tierra (...)”[16].

 

10.             Así mismo, la CCJ señaló que, en mayo de 2004, uno de los miembros más antiguos de AUCIBE asumió la presidencia de la organización y que los paramilitares lo buscaron en los Predios LF para asesinarlo, pero afortunadamente no lo encontraron y, con la ayuda de la comunidad, lograron que abandonara la zona inmediatamente. Después de lo anterior, Abel Bolaños asumió la presidencia de AUCIBE, quien también fue objeto de un intento de asesinato por hombres de “Carlos Tijeras”.

 

11.             La CCJ adujó que, entre junio y agosto de 2004, los campesinos de los predios LF fueron citados, dos veces, a la Finca “La Teresa”, propiedad de Agrícola Eufemia Ltda., para que vendieran sus parcelas. Señaló que, en la primera reunión, estuvieron Wilson Sotomonte y Humberto Díaz, empleados de dicha empresa y que, esa vez, les ofrecieron entre un millón y un millón y medio de pesos por cada hectárea. Luego, en la segunda reunión, “tres hombres armados encerraron a los habitantes de los Predios LF y los obligaron a firmar unos documentos. Después de firmar dichos documentos les dieron entre 150.000 y 650.000 pesos por sus predios no sin antes descontarles 50.000 como contribución a la ‘intermediación en el negocio jurídico’ por parte de los paramilitares”[17].

 

12.              En este contexto, la CCJ afirmó que, después de lo sucedido, la mayoría de los habitantes de los Predios LF los abandonaron y que sólo algunos buscaron la autorización de la empresa y de Wilson Sotomonte para recoger sus cosechas y pertenencias[18], específicamente Abel Bolaños y 20 personas más. Se indicó que, el 13 de enero de 2005, los paramilitares del Frente William Rivas, ingresaron a los Predios LF y dispararon en contra del señor Bolaños, de su hermano y de su sobrino, y que únicamente estos últimos lograron escapar. En razón de lo anterior, se aseveró que los habitantes que quedaban decidieron desplazarse definitivamente, con el fin de proteger su vida e integridad personal. Y que dicho homicidio, al igual que los anteriores, fue confesado por el Frente William Rivas de las AUC[19].

 

(ii)     Titulación de los Predios LF.

 

13.             A través de la escritura pública de venta No. 7582 del 12 de diciembre de 1985 protocolizada ante la Notaría Primera del Círculo de Bogotá, la Compañía Cacaotera Orihueca Ltda adquirió de los Bancos Colombo Americano, del Estado y Ganadero los predios “La Francisca I” y “La Francisca II”, identificados con los folios de matrícula Nos. 222-263 y 222-264.

 

14.             El 14 de mayo de 1991, la Compañía Cacaotera Orihueca Ltda., en la escritura No. 371 otorgada en la Notaría Única de Ciénaga (Magdalena), vendió los citados inmuebles a Agrícola Eufemia Ltda., sociedad que, para ese momento, hacía parte de un grupo de empresas vinculadas con la multinacional Dole Food Company Inc. (DOLE), para la producción y exportación de bananos, la cual se realizaba a través de C.I. Técnicas Baltime de Colombia S.A. (C.I. TECBACO S.A.)

 

15.             Posteriormente, el 21 de enero de 2009, Agrícola Eufemia Ltda transfirió sus derechos a La Francisca S.A.S., mediante Escritura Pública No. 22, protocolizada en la Notaría Única de Ciénaga.

 

16.             Cabe aclarar que sobre los Predios LF, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA, mediante Resolución No. 01079 del 14 de julio de 1989, dio inicio a “las diligencias administrativas tendientes a clarificar la situación jurídica, desde el punto de vista de la propiedad de los terrenos que conforman los predios rurales denominados FRANCISCA UNO Y FRANCISCA 2, ubicados en jurisdicción del municipio de Ciénaga, Departamento del Magdalena, con una extensión total aproximada de CIENTO TREINTA HECTÁREAS SEIS MIL METROS CUADRADOS (130-6.000) y comprendidos dentro de los siguientes linderos de conformidad con los Certificados de Registro números 222-000263 y 222-000264, respectivamente[20]”.

 

17.             Sin embargo, el 25 de agosto de 1989, mediante Resolución No. 01256, el INCORA puso fin al referido trámite administrativo, en el sentido de revocar en todas sus partes la providencia que ordenó adelantar el trámite administrativo de clarificación de la propiedad en relación con los Predios LF, por cuanto éstos ya salieron del patrimonio del Estado. Específicamente, se señaló que: “Al estudiar el presente caso, los antecedentes de tradición sobre los predios rurales denominados FRANCISCA UNO y FRANCISCA DOS, se desprende que éstos reúnen los requisitos señalados en la citada Ley para acreditar que los mencionados fundos son de propiedad privada”[21].

 

(iii)     Circunstancias particulares de los Predios LF.

 

18.             De acuerdo con lo expuesto por la sociedad accionante en el libelo de la demanda, el 6 de marzo de 1987, los predios LF fueron invadidos, “violenta e ilegalmente, por un grupo de personas denominado Asociación Campesina de Usuarios Campesinos de Iberia (AUCIBE), aprovechándose del complejo contexto de violencia que para la época se había generalizado en la zona bananera del departamento del Magdalena, y supuestamente invitados por funcionarios del entonces INCORA para acceder, posteriormente, a un programa oficial de adjudicación de predios”[22].

 

19.             Para la sociedad accionante, ante la referida invasión, la compañía Cacaotera Orihueca Ltda presentó denuncia ante las autoridades y, en consecuencia, el Ejército Nacional efectuó el desalojo de los invasores. Así lo declaró el señor Antonio José Riascos Torres, en el interrogatorio de parte absuelto bajo juramento el 04 de agosto de 2014, en el marco del proceso especial de restitución y formalización de tierras[23].

 

20.             Aunado a lo anterior, la sociedad sostiene que el 23 de febrero de 1994 fue asesinado el señor Juan José Tapias Hernández, celador de los Predios LF, al parecer por integrantes del Frente 19 de las FARC. Así mismo, que el 10 de septiembre de 1996, miembros del referido grupo armado quemaron las fincas Circasia, Bomba y Francisca, de propiedad de la sociedad Agrícola Eufemia Ltda., ubicadas a pocos kilómetros del casco urbano de Orihueca[24].

 

21.             La sociedad accionante señala que el 5 de enero de 1997, un grupo personas pertenecientes a la asociación ALCIBE invadieron nuevamente, con el apoyo del Frente 19 de las FARC, los predios LF. La invasión fue objeto de denuncia ante la Fiscalía General, por parte del entonces administrador de esos predios[25].

 

22.             La sociedad afirma que el 10 de enero de 1997, el alcalde municipal de Ciénaga admitió la querella de lanzamiento por ocupación de hecho contra personas indeterminadas en los predios LF. Así mismo, que el 15 de enero de 1997, se llevó a cabo, por parte del inspector de policía comisionado y en compañía del comandante del ejército y del director del CTI de la Fiscalía, la diligencia de inspección ocular y lanzamiento, en la que se resolvió “decretar el lanzamiento de las personas indeterminadas que se encuentran en la Finca ‘La Francisca’ de la Sociedad Agrícola Eufemia Ltda consecuencialmente ordenar la restitución ya especificada al querellante”. En el acta de la diligencia, entre otras, se señaló lo siguiente:

 

“(…) Acto seguido el señor José Quelcy Carrera, solicita la palabra al señor inspector, concediéndosele la misma: Señor inspector, nos encontramos en estas tierras por recuperación de las mismas, ya que fuimos despropiados, por el señor Antonio Riascos Gerente de Cacaotero de Orihueca Ltda. No tengo más nada que decir. En este estado el señor inspector pregunta al señor José Quelcy. PREGUNTADO: Diga el señor José Quelcy en qué año lo despropiaron de estas tierras. CONTESTÓ: Señor inspector en el año de 1989 nos entregaron las tierras y nos despropiaron en 1990, por eso decidimos ocuparla nuevamente el día cuatro (4) de los corrientes (…)

 

(...) solicita la palabra el Doctor Aquiles Enrique Núñez Valderrama, apoderado de la sociedad Agrícola Eufemia Ltda. concediéndole la misma: (...) Igualmente quiero que se tenga como prueba para el momento de fallar la presente querella policiva los siguientes hechos. PRIMERO. La sociedad Agrícola Eufemia Ltda. desde el año de 1991 posee para sí sin reconocer igual o mayor derecho a terceros o cualquier reclamante sobre el inmueble denominado ‘La Francisca’, como consta y esto a manera de información en los folios de matrícula inmobiliaria.

 

(…) CUARTO. Que dentro de la inspección ocular se constataron los hechos cuestionados por la sociedad querellante, además se adjuntaron las pruebas necesarias dirigidas para prevenir la invasión en el caso sub tilite (sic) (…)”.

 

23.             No obstante lo anterior, la sociedad afirma que el 21 de enero de 1997, el grupo de invasores ocupó nuevamente, de forma arbitraria, los predios LF, razón por la cual Agrícola Eufemia Ltda acudió ante las autoridades a solicitar la protección de los bienes de la sociedad y el respeto y acatamiento de la medida policiva decretada por el Inspector Permanente de Policía de Ciénaga. Sin embargo, dicha petición no fue ejecutada.

 

24.             Aduce que, en razón de los hechos victimizantes en contra de los bienes y trabajadores de Agrícola Eufemia Ltda., en junio de 1997, dicha sociedad se vio forzada a abandonar, contra su voluntad, los cultivos y la producción de banano que realizaba en los Predios LF. Esta circunstancia, aunada a la omisión de las autoridades para recuperar la posesión por parte de los legítimos dueños de los predios, tuvo como consecuencia que “los invasores consolidaran, [de forma momentánea], la invasión ilegal, amparados en el temor que generaba la posibilidad de una eventual incursión armada del Frente 19 de las FARC, y en el espiral de violencia que generó miedo constante y recurrente que impidió que las autoridades pudieran mantener las medidas adoptadas para recuperar la posesión de los predios invadidos”[26].

 

25.             La sociedad accionante advierte que el 4 de agosto de 2000, mediante Resolución No. 518, el INCORA inició las diligencias administrativas tendientes a establecer si conforme con la ley procedía declarar extinguido, en todo o en parte, por su falta de explotación económica, el derecho de dominio privado existente sobre los Predios LF. Dicha decisión fue confirmada mediante la Resolución No. 112 del 12 de marzo de 2002.

 

26.             En desarrollo del procedimiento administrativo de extinción del derecho de dominio antes referido, Agrícola Eufemia Ltda., a través del señor Wilson Sotomonte Carrillo, Ingeniero de manejo y confianza de la empresa, y gerente de producción de C.I. TECBACO S.A., ante la precaria explotación que existía en los Predios LF, a finales del año 2003, “entabló diálogo con el señor Modesto Miranda de la Hoz, invasor y a la vez, vocero autorizado por los invasores para mantener el diálogo con la empresa de cara a una eventual negociación de las mejoras que dichos invasores habían efectuado en [esos] predios. [Tal] diálogo se mantuvo por espacio de varios meses y solo a finales de julio se comenzó a finiquitar la compra de las mejoras plantadas por los invasores”.

 

27.             A dichas reuniones comparecieron igualmente los trabajadores de C.l. TECBACO S.A., Humberto Manjarrez y Oliver Narciso Mena Ramírez, contador público de dicha empresa, éste último delegado por la gerencia de la compañía para llevar los dineros y entregárselos a cada uno de los invasores, en el marco de los negocios de compraventa liderados por Wilson Sotomonte Carrillo. A dicho contador lo acompañaron, a las dos reuniones, los señores Juan Francisco Soto Hoyos, Hernán Alfonso Martínez Husman y Oscar Martínez Rodríguez, quienes para ese momento hacían parte del departamento de seguridad de la empresa[27].

 

28.             Adelantado el trámite correspondiente, refiere que, en el año 2007, mediante Resolución No. 0605, el INCODER declaró extinguido, a favor de la Nación, el derecho de dominio y los demás derechos reales existentes sobre los Predios LF por inexplotación de los mismos. Sin embargo, dicha decisión fue revocada el 14 de junio de 2007, mediante Resolución No. 1624, al considerar, entre otras, que:

 

“(…) una nueva valoración de las pruebas arrimadas al plenario, los argumentos expuestos por el recurrente y efectivamente la jurisprudencia traída a colación del Consejo de Estado en la sentencia 1572 del 30 de mayo del 2002, permiten concluir que la actividad guerrillera reviste particular importancia en la inexplotación económica de los inmuebles, como causal de fuerza mayor eximente de responsabilidad, porque es imprevisible e irresistible para el ciudadano común, y el despacho así lo declarará. En efecto, la presencia de grupos guerrilleros en la zona a que pertenece, entre otros, los inmuebles LA FRANCISCA NUMERO UNO Y NUMERO DOS, para la época en que se inició este procedimiento, está plenamente demostrada mediante la publicación en los periódicos regionales que se aportan y de sus distintos actos realizados, esto es, de la disputa por el control de dichas áreas. En tales publicaciones se menciona como la zona bananera del Magdalena, en la época de 1991 a 2000, aproximadamente, atraviesa una cruda guerra por su control y como son presionados los distintos propietarios de estos inmuebles para que contribuyan con determinado gestor de violencia.

 

Aunado a lo anterior, señaló que, “[e]n efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 160 del 1994 antes citado, para que opere la extinción del derecho de dominio privado, es necesario que los colonos y ocupantes no reconozcan dominio ajeno, ni tengan vínculo de dependencia con los titulares y en el presente caso, la extinción del derecho de dominio no estaría llamada a prosperar, como lo ha planteado la recurrente, y así lo reconocerá el despacho, porque los ocupantes han reconocido tácitamente, a través de los contratos de compraventa de mejoras, que el predio es propiedad particular de la Empresa AGRÍCOLA EUFEMIA LIMITADA.” (Subraya por fuera del texto original).

 

(iv)     Fase administrativa del proceso de restitución de tierras.

 

29.             Los Solicitantes de los Predios LF, por medio de la CCJ, requirieron ante la URT la inscripción de los Predios LF en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, bajo el argumento, entre otros, de que fueron despojados y desplazados forzosamente de dichos predios en el año 2004.

 

30.             Mediante las Resoluciones No. 23[28] y 32[29] de 2013, la URT accedió a la solicitud de los Solicitantes de los Predios LF a efectos de inscribir dichos bienes en el Registro Único de Tierras Despojadas y Abandonadas. En consecuencia, el día 28 de febrero de 2014, la CCJ presentó solicitud colectiva de restitución de tierras abandonadas y despojadas forzosamente respecto de los predios en mención.

 

31.             En consecuencia, el juez instructor dispuso (i) la inscripción de la demanda en los folios de matrícula de los Predios LF; (ii) la publicación de la demanda; y (iii) la vinculación y el traslado a la sociedad accionante, y a las sociedades Agrícola Eufemia Ltda y Técnicas Baltime de Colombia Limitada S.A. El día 6 de junio de 2014, estas sociedades presentaron oposición a las solicitudes de restitución, las cuales fueron admitidas por el juzgador instructor el 7 de julio de 2014, fecha en la cual se decretó también la apertura de la etapa probatoria. Una vez finalizado dicho periodo, se remitió el expediente al tribunal accionado. Por último, se ordenó al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (en adelante, el “IGAC”) efectuar el avalúo comercial de los Predios LF y del proyecto productivo.

 

(v)     Fase judicial del proceso de restitución de tierras.

 

32.             En el concepto de rigor, el agente del Ministerio Público se opuso a las pretensiones de los Solicitantes de los Predios LF, sosteniendo (i) la ausencia de un despojo en los términos del artículo 75 de la Ley 1448 de 2011, por lo que, en su criterio, no pueden aplicarse las presunciones legales establecidas en dicha norma; y (ii) la falta de certeza de la calidad de poseedores de los Solicitantes de los Predios LF y de la fecha de ingreso a tales bienes.

 

33.             El día 24 de enero de 2018, la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena profirió sentencia de única instancia, en la cual accedió a la petición de solicitud de restitución de los Solicitantes de los Predios LF[30]. En consecuencia, resolvió: (i) amparar el derecho fundamental a la restitución de tierras de los reclamantes; (ii) declarar impróspera las oposiciones presentadas por la sociedad accionante y demás sociedades opositoras; (iii) restituir los Predios LF, en sus respectivas parcelas, a cada uno de los Solicitantes de los Predios LF y, en esa medida, desenglobar los bienes; y (iv) que los Predios LF fuesen entregados a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, para su posterior restitución a favor de los solicitantes.

 

34.             En la sentencia cuestionada, el tribunal accionado concluyó que: (i) fueron acreditados los presupuestos de la acción de restitución de tierras[31]; (ii) no prosperaba la oposición de la sociedad accionante ni de las sociedades Agrícola Eufemia Ltda y Técnicas Baltime de Colombia Limitada S.A., como tampoco los alegatos del Ministerio Público; (iii) si bien se dio una compraventa de mejoras en el año 2004 entre los Solicitantes de los Predios LF y la sociedad Agrícola Eufemia Ltda., dicho negocio se dio bajo un hecho notorio de contexto de violencia y circunstancias intimidantes, en razón de la presencia de grupos al margen de la ley en la zona, dando lugar a aplicar la presunción establecida en el literal (a) numeral 2° del artículo 77 de la Ley 1448 de 2011[32]; (iv) la sociedad accionante, en relación con la adquisición de los Predios LF, no demostró la buena fe exenta de culpa, en la medida en que no se cumplió con la conciencia y certeza de que en la negociación de adquisición se actuó con diligencia y prudencia; y (v) “al ser una sociedad comercial se descarta la situación de vulnerabilidad”[33] de la accionante y, por lo tanto, no se puede considerar como ocupante secundario.

 

35.             Posteriormente, en auto del 23 de julio de 2018, el tribunal accionado resolvió de forma negativa un incidente de nulidad y una solicitud de aclaración presentadas por las sociedades opositoras (la sociedad accionante y las sociedades Agrícola Eufemia Ltda y Técnicas Baltime de Colombia S.A.)[34]. Contra este auto, las sociedades opositoras interpusieron una nueva solicitud de adición y de aclaración[35], la cual fue negada mediante auto del 21 de enero de 2019[36].

 

36.             Por otro lado, el día 27 de abril de 2018, la URT presentó solicitud de adición y/o corrección a efectos de ordenar la administración del proyecto productivo por parte de dicha entidad, en los términos del artículo 99 de la Ley 1448 de 2011. Esta petición fue concedida por el tribunal accionado mediante auto del 18 de marzo de 2019, a pesar de que había sido presentada de forma extemporánea. De esta manera, se corrigió, entre otros resolutivos, el vigésimo primero, en el sentido de ordenar la entrega del proyecto productivo a la URT para su administración.

 

37.             En el mismo auto, también se resolvió una solicitud de aclaración interpuesta por la sociedad accionante y las sociedades Agrícola Eufemia Ltda y Técnicas Baltime de Colombia S.A. y una solicitud de modulación interpuesta únicamente por esta última, en el sentido de negar dicha pretensión.

 

C.      Fundamentos jurídicos de la demanda de tutela, admisión e informe de la autoridad judicial accionada.

 

(i)                Fundamentos jurídicos de la demanda de tutela.

 

38.             El 30 de octubre de 2019, por intermedio de apoderado judicial[37], la sociedad demandante interpuso acción de tutela en contra de la sentencia proferida por el tribunal accionado, en el marco del proceso de restitución de tierras descrito en precedencia. Luego de realizar un extenso recuento de los antecedentes del proceso de restitución de tierras, y de señalar las razones por las cuales, a su juicio, se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción, se afirmó que la sentencia cuestionada vulneró el derecho al debido proceso de la parte demandante. Lo anterior, presuntamente, por haber incurrido en los siguientes defectos:

 

 

(ii)     Admisión de la acción de tutela.

 

39.             En auto del 1° de octubre de 2019, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia resolvió (i) admitir la demanda de tutela presentada por la sociedad accionante contra el tribunal accionado, (ii) vincular a todas las autoridades judiciales, partes e intervinientes dentro del proceso de restitución y formalización de tierras, con radicado No. 2014-0009, y (iii) notificar el auto en mención a las partes y demás intervinientes.

 

40.                 Cabe recordar que, con el propósito de facilitar la lectura y comprensión de esta providencia, en documento anexo se incluyen los informes allegados por las partes del proceso de restitución y formalización de tierras, tramitado bajo el radicado No. 2014-0009, y de los terceros con interés vinculados al proceso de tutela, motivo por el cual sólo pasara a exponerse la respuesta de la autoridad judicial accionada.

 

(iii)     Respuesta de la autoridad judicial accionada[41].

 

41.             La magistrada Martha Patricia Campo Valero del Tribunal del Distrito Judicial de Cartagena[42] solicitó negar las pretensiones, por cuanto, en su criterio, los argumentos presentados en el amparo constitucional guardan estrecha relación con la argumentación esgrimida por la sociedad La Francisca S.A.S. en el marco del proceso de restitución de tierras.

 

42.             Aunado a lo anterior, manifestó que los derechos fundamentales invocados no han sido vulnerados, habida cuenta de que todos los elementos señalados en el libelo, como constitutivos de los defectos alegados por la sociedad accionante, fueron efectivamente examinados y resueltos en el marco del proceso de restitución. Así, en relación con el supuesto desconocimiento de la calidad de víctima de la sociedad Agrícola Eufemia, la magistrada transcribió los argumentos de la sentencia cuestionada, que sirvieron de sustento para descartar dicha condición, a efectos de demostrar que esa temática fue tenida en cuenta en el fallo impugnado[43]. Adicionalmente, se opuso al argumento sobre la indebida interpretación y aplicación de los artículos 74 y 75 de la Ley 1448 de 2011, por cuanto el material probatorio acreditó los supuestos previstos en la normativa citada, para declarar la prescripción adquisitiva del dominio, en la medida en que se advirtió la relación jurídica de los solicitantes con los predios y su calidad de víctimas del delito de desplazamiento forzado.

 

43.             Por último, la magistrada puso de presente algunos hechos recientes, relacionados con advertencias dirigidas a la sociedad La Francisca S.A.S., con el objeto de que no se dilaté el cumplimento de las órdenes dictadas en el fallo de restitución. Asimismo, informó sobre la radicación de sendas acciones de tutela, por parte de trabajadores de la sociedad accionante[44].

 

D.          Decisiones judiciales objeto de revisión.

 

(i)          Primera instancia

 

44.             La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en providencia del 11 de noviembre de 2019, negó el amparo solicitado, al considerar que el análisis efectuado por el tribunal accionado no resultó caprichoso, infundado, ni irrazonable y, por el contrario, se encuentra corroborado con el material probatorio y fundado en la normativa aplicable.

 

45.             En concreto, la Sala señaló que (i) el accionado interpretó razonablemente los artículos 74 y 75 de la Ley 1448 de 2011, en tanto no extendió el concepto legal de despojo a meros usurpadores o detentadores ilegales de los Predios LF, ya que (a) no se demostró que los solicitantes hayan ingresado violenta y clandestinamente a dichos inmuebles[45]. Por el contrario, (b) se evidenciaron actos de señor y dueño sobre los mismos, una vez fueron abandonados esos predios y los solicitantes se enteraron de las diligencias administrativas dirigidas a la extinción de dominio. A ello se agrega que (c) la posesión de los Solicitantes de los Predios LF fue afectada en razón a la comisión de delitos en la zona, por parte de grupos armados al margen de la ley[46].

 

46.             En este orden de ideas, la Sala consideró que (ii) fueron aplicadas de forma adecuada las disposiciones relativas a la posesión[47] y a la prescripción adquisitiva del derecho de dominio, particularmente las relacionadas con la ininterrupción del término previsto para configurar la prescripción referida[48]. Con respecto (iii) a la presunta falta de valoración de las pruebas relacionadas con la imposibilidad de explotar económicamente los Predios LF, por causas de fuerza mayor (v.gr. violencia en la zona donde están ubicados y violencia en contra de los trabajadores y directivos de la sociedad accionante), no se demostró que dichos hechos constituyeran las verdaderas causas de ausencia de explotación de los Predios LF[49]. Por otra parte, (iv) la presunción legal establecida en el numeral 2 del artículo 77 de la Ley 1448 de 2011, fue aplicada de manera correcta en la evaluación de los contratos de compraventa de mejoras celebrados, en la medida en que no se logró desvirtuar que los negocios jurídicos se celebraron sin consentimiento o causa lícita[50] y “como secuela de ello, la declaratoria de nulidad absoluta del contrato celebrado el 21 de enero de 2009, mediante el cual la sociedad La Francisca S.A.S. le compró la totalidad de los predios ‘Las Franciscas’ a Agrícola Eufemia Ltda.”.

 

47.             En materia de buena fe exenta de culpa alegada por la sociedad accionante, la sala señaló que (v) no se demostró haber obrado con “la conciencia sobre que el derecho real de su predecesora carecía de vicios, fraude, o cualquier supuesto fáctico que pudiera afectarlo”[51], por lo que tampoco era aplicable el artículo 98 de la referida ley, sobre la compensación en favor de opositores, ni el reconocimiento de la condición de segundo ocupante, “(…) pues ésta tiene como destinatarios únicamente a las personas naturales que se encuentren en condición de vulnerabilidad, habiten en los predios o deriven de ellos su mínimo vital y no tengan relación directa o indirecta con el abandono forzado o el desalojo que motiva la solicitud de restitución”[52].

 

(ii)             Impugnación

 

48.             El apoderado de la sociedad accionante impugnó el fallo de primera instancia, en donde alegó que el a-quo omitió pronunciarse sobre la totalidad de los defectos planteados en contra de la sentencia cuestionada, razón por la cual reiteró los argumentos de la demanda relacionados con la configuración de los vicios alegados. Por otra parte, resaltó lo señalado en el salvamento de voto del magistrado Luis Armando Tolosa Villabona, para reiterar que sus argumentos sustentaban la reclamación por él realizada.

 

(iii)          Segunda instancia

 

49.             La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia del 18 de marzo de 2020, confirmó la sentencia de primera instancia con base en las mismas razones y precisó que la acción de tutela no tiene por objeto reabrir controversias para imponer el criterio jurídico defendido por la accionante.

 

E.           Actuaciones adelantadas y pruebas recaudadas en sede de revisión.

 

50.             Por medio de escrito del 18 de mayo de 2021, el magistrado José Fernando Reyes Cuartas se dirigió a los magistrados integrantes de la Sala de Selección Número Cinco de 2021, a efectos de presentar una insistencia de selección del expediente T-8.109.293. Con base en el artículo 33 del Decreto Ley 2591 de 1991, el magistrado Reyes señaló que, en el caso objeto de estudio, “puede estarse frente a la vulneración del derecho fundamental del debido proceso de la parte accionante por la configuración de defectos fácticos; unida a la necesidad de que la Corte aborde una problemática singular en la restitución de tierras, y tiene que ver con el aprovechamiento de situaciones de violencia para que terceros se hagan a la propiedad de terrenos que debían dejarse de explotar por presión de grupos ilegales, lo cual generaba una inactividad de explotación, usada de mala fe para procurar declaraciones positivas de propiedad”[53].

 

51.             A juicio del magistrado Reyes Cuartas, no puede establecerse como regla general de interpretación y conclusiva, sin sustento probatorio, que “siempre que esté involucrada una multinacional en una solicitud de restitución, que haya ejercido actividad de explotación bananera o similar en un terreno que le pertenezca, deba entenderse que tal propiedad fue adquirida de modo violento o ilegal”[54]. Tal contenido interpretativo, en su opinión, debe revalorarse, siendo necesaria para ello una especie de tarifa mínima probatoria o inclusive una exigente sana crítica que permita al juez llegar a determinadas conclusiones.

 

52.             En auto de fecha 31 de mayo de 2021, notificado el 17 de junio del mismo año, la Sala de Selección de Tutelas Número Cinco de la Corte decidió seleccionar para revisión los procesos T-8.101.824 y T-8.109.293, acumularlos por presentar unidad de materia y repartirlos al despacho del entonces magistrado Alejandro Linares Cantillo.

 

53.             El 10 de septiembre de 2021, el mencionado magistrado sustanciador, en aplicación del artículo 61 del Reglamento Interno de la corporación, presentó informe a la Sala Plena, con el fin de que considerara la posibilidad de asumir la competencia para resolver ambas tutelas acumuladas. Por ello, en sesión del 16 de septiembre de 2021, se accedió por el pleno del tribunal a esta solicitud.

 

54.             El 19 de octubre de 2022, la magistrada Diana Fajardo Rivera manifestó estar impedida para pronunciarse respecto del expediente T-8.109.293, acumulado con el expediente T-8.101.824. Sobre este particular, previo al debate, la Sala Plena decidió aceptar el impedimento presentado y retirar a la citada magistrada de la decisión del proceso en cuestión. 

 

55.             El 18 de mayo de 2023, el entonces magistrado sustanciador le presentó a la Sala Plena un proyecto de decisión que culminó con la sentencia SU-163 de 2023. En esta providencia, se revisó únicamente el fallo adoptado dentro del proceso de tutela promovido por la sociedad Agroindustrias Villa Claudia S.A. contra la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cúcuta, la cual corresponde al expediente T-8.101.824. Como consecuencia de lo resuelto, en el ordinal primero del fallo en mención, se dispuso “LEVANTAR la suspensión de términos declarada por medio del auto 940 de 2022 y proceder a desacumular los expedientes T-8.101.824 y T-8.109.293.” (Énfasis añadido). Bajo este entendido, este proceso no fue resuelto en la citada sentencia, y continuó a disposición de la Sala Plena para su futura decisión.

 

56.             El magistrado Alejandro Linares Cantillo finalizó su periodo constitucional en diciembre de 2023, por lo cual los asuntos que estaban a su cargo fueron asignados al magistrado Vladimir Fernández Andrade, quien fue elegido en su reemplazo.

 

57.             Posteriormente, en auto 823 del 02 de mayo de 2024, la Sala Plena de la Corte declaró la nulidad de oficio de la Sentencia SU-163 de 2023, al constatar una violación grave al debido proceso por la indebida conformación del juez natural para deliberar y decidir el asunto. Por consiguiente, ordenó a la Sala Plena que adopte una nueva providencia que remplace la anterior. Como consecuencia de tal determinación, entre otros efectos, perdió validez tanto la decisión de levantar la suspensión de términos como la desacumulación de los expedientes T-8.101.824 y T-8.109.293, que quedaron nuevamente acumulados.

 

58.             En auto del 20 de noviembre de 2024, el magistrado sustanciador en el proceso de la referencia resolvió levantar la suspensión de términos de los procesos antes mencionados. Ulteriormente, mediante providencia del 12 de marzo de 2025, la Sala Plena decretó la desacumulación del expediente T-8.109.293 del expediente T-8.101.824 por no presentar unidad de materia, para que cada uno sea fallado en una sentencia independiente.

 

59.             Hechas las anteriores precisiones, y como se mencionó con anterioridad, en aras de facilitar la lectura y comprensión de esta providencia, en el documento anexo se incluirá el recuento detallado de las actuaciones adelantadas por el magistrado sustanciador y la información y elementos probatorios allegados por las partes y terceros con interés de conformidad con lo establecido en el artículo 64 del Reglamento Interno de la Corte.

 

60.             A modo de anotación final, vale advertir que en el citado anexo se reseñan además las determinaciones de la Sala Plena en cuanto a la suspensión de los términos procesales, el recaudo efectivo del material probatorio y la verificación de la integración del contradictorio.

 

 

II.               CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

61.             Con miras a resolver el presente asunto, la Sala Plena seguirá el siguiente esquema: (i) se establecerá la competencia de la Corte para analizar el caso en concreto; (ii) se analizará si se configuró la figura de la temeridad en el ejercicio de la solicitud de amparo; (iii) se abordará el examen de procedibilidad de la acción y, en caso de que se supere esta etapa; (iv) se procederá con el planteamiento de los problemas jurídicos y se asumirá la revisión sustancial de los derechos invocados por la sociedad accionante.

 

A.          Competencia de la Corte Constitucional

 

62.             En auto de fecha 31 de mayo de 2021, notificado el 17 de junio del mismo año, la Sala de Selección de Tutelas Número Cinco de la Corte Constitucional decidió seleccionar para revisión los expedientes T-8.101.824 y T-8.109.293, acumularlos por presentar unidad de materia y repartirlos al despacho del magistrado sustanciador. Sin embargo, como se señaló en el apartado anterior, mediante providencia del 12 de marzo de 2025, la Sala Plena decidió desacumular dichos procesos, para que cada uno sea fallado en una sentencia independiente.

 

63.             Por lo demás, el 10 de septiembre de 2021, en aplicación del artículo 61 del Reglamento Interno de esta corporación, el magistrado sustanciador presentó informe sobre el presente proceso ante la Sala Plena, en atención a que los supuestos fácticos, el sentido de las decisiones adoptadas por los tribunales accionados en ambos trámites y los fundamentos de los fallos de tutela, versaban sobre temas de transcendencia constitucional, entre otros, en lo relacionado con la interpretación y aplicación de la buena fe exenta de culpa, y su incidencia en las garantías de los reclamantes y opositores en el marco delos  procesos de restitución de tierras. En sesión de día 16 de septiembre de 2021, el pleno de este tribunal decidió avocar el conocimiento de este asunto.

 

64.             Finalmente, la Sala Plena de la Corte reitera que es competente para revisar las decisiones judiciales adoptadas en el presente trámite de amparo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución y lo desarrollado en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

B.           De la posible temeridad ante una duplicidad en el ejercicio de la acción de tutela.

 

65.             Como cuestión preliminar, le corresponde a la Sala Plena determinar si se presentó la figura de la temeridad en el ejercicio de la solicitud de amparo. Al respecto, en el escrito que allegó la CCJ, con ocasión de las pruebas decretadas mediante auto del 7 de julio de 2022, dicha entidad alegó que la sociedad accionante había interpuesto otras acciones de tutela contra la misma autoridad judicial, por los mismos hechos e invocando la protección de iguales derechos. En este sentido, precisó que, si bien el apoderado y las pretensiones son distintas en apariencia, en lo sustancial compartían la finalidad de dejar sin efecto el fallo cuestionado en la tutela de la referencia.

 

(i)                Requisitos legales y jurisprudenciales, para el análisis y configuración de una actuación temeraria.

 

66.             El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 establece que la actuación temeraria se configura cuando se presenta la misma acción de tutela, por la misma persona o su representante, ante varios jueces o tribunales, sin motivo expresamente justificado, circunstancia que, ante su ocurrencia, como lo dispone la norma en cita, daría lugar a que se rechacen o decidan desfavorablemente todas las solicitudes. Esta figura, que encuentra fundamento en el deber de actuar conforme con los mandatos superiores de buena fe, busca impedir que se afecte el adecuado desempeño de la administración de justicia. Por ello, pese a la naturaleza informal del amparo constitucional, el Legislador dispuso un requisito adicional consistente en que los accionantes deben prestar juramento, en el sentido de no haber presentado otra tutela con identidad de hechos y pretensiones[55].

 

67.             El ejercicio temerario de la acción de tutela para efectos de obtener múltiples pronunciamientos, a partir de una misma situación fáctica, constituye entonces un uso desmedido e irracional de este recurso, que incide en la efectividad y agilidad de la administración de justicia. Así las cosas, para que se estructure una actuación temeraria es necesario que concurran los siguientes tres elementos:

 

(i) Identidad de partes, es decir, que las acciones de tutela se hayan interpuesto por la misma persona (de manera directa o por medio de apoderado o representante) y se dirija contra el mismo demandado.

 

(ii) Identidad de causa petendi, esto es, que el ejercicio repetido de la acción de tutela se fundamente en los mismos hechos que le sirven de sustento.

 

(iii) Identidad en el objeto, o lo que es lo mismo, que las demandas persigan la satisfacción de la misma pretensión o invoquen la protección de los mismos derechos fundamentales.

 

68.             La Corte ha entendido la temeridad desde dos perspectivas: (i) respecto de su estructuración, cuando una persona presenta simultáneamente varias acciones de tutela ante distintas autoridades judiciales (el ejercicio temerario en sí mismo); y (ii) respecto de aquellos eventos en los cuales la persona, de mala fe, ejerce de manera sucesiva la misma acción (en este caso, además de la temeridad, las nuevas acciones estarían cobijadas por el fenómeno de la cosa juzgada constitucional). Sobre el particular, este tribunal también ha sostenido que el juez de tutela, al realizar el análisis sobre el actuar temerario, debe trascender un juicio meramente formal y realizar un estudio pormenorizado del expediente, pues no sólo basta con que concurran los elementos antes mencionados, sino que debe desvirtuarse la presunción de buena fe a favor del accionante. Por lo anterior, sólo procederán las sanciones en caso de que se acredite la mala fe o el dolo en la actuación[56].

 

69.             Así, la labor del juez constitucional no es simplemente la de verificar la concurrencia de los elementos de la triple identidad antes referida, para concluir que hay una actuación temeraria y, en consecuencia, declarar su improcedencia[57] o la ocurrencia de una cosa juzgada constitucional[58]; por el contrario, deben estudiarse las circunstancias actuales que rodean el caso específico, para verificar si la duplicidad tiene alguna razón que la justifique.

 

(ii)             Excepciones a la configuración de una actuación temeraria.

 

70.             Este tribunal ha señalado que existen excepciones a la configuración de la actuación temeraria, lo que significa que pueden presentarse circunstancias que justifican la duplicidad en el ejercicio de la acción, en tanto excluyen la mala fe o el dolo en el actuar, a saber: (i) la condición de ignorancia o indefensión del actor, propia de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho; (ii) el asesoramiento errado de los abogado o profesionales del derecho; (iii) la consideración de eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a la interposición de la acción o que se omitieron en el trámite de la misma, o cualquier otra situación que no se haya tomado como base para decidir el amparo previamente interpuesto y que implique la necesidad de proteger los derechos fundamentales del demandante; y (iv) la existencia de una nueva sentencia de unificación, cuyos efectos sean extensivos a un grupo de personas que se consideran en igualdad de condiciones, incluso si con anterioridad a dicha sentencia presentaron alguna acción, por los mismos hechos y con la misma pretensión[59].

 

(iii)           Examen de la posible temeridad en el caso concreto.

 

71.             En el caso objeto de estudio, la Sala Plena advierte que no existe temeridad en el ejercicio de la acción de tutela por parte de la accionante, pues si bien –tal y como lo reconoció La Francisca S.A.S.– se han interpuesto varias solicitudes de amparo distintas a la acción de tutela bajo estudio, con ocasión de las actuaciones y posibles omisiones del tribunal accionado, no convergen en estas los elementos de la triple identidad:

 

 

72.             Con fundamento en lo anterior, para la Sala Plena, es claro que en las cuatro tutelas no convergen los elementos de la triple identidad. Si bien existe identidad de partes, al ser promovidas por la sociedad accionante en contra del mismo tribunal, lo cierto es que no hay correspondencia en la causa petendi, ni en el objeto, dado que cada acción se fundamenta en hechos diferentes y persiguen la satisfacción de pretensiones distintas.

 

73.             En efecto, la acción de tutela bajo estudio pretende (i) el amparo del derecho al debido proceso y, como consecuencia de ello, (ii) dejar sin efectos la sentencia proferida el 24 de enero de 2018. A partir de lo anterior, se pide (iii) ordenar al tribunal accionado dictar una nueva sentencia acreditando la calidad de víctima de violencia generalizada de la sociedad Agrícola Eufemia Ltda y reconociendo a la sociedad La Francisca S.A.S. como tercero de buena fe exento de culpa. Y, asimismo, (iv) se pretende la cancelación de la inscripción de la sentencia en los folios de matrícula de los predios objeto de restitución. Estas pretensiones se fundamentan en los defectos sustantivo, fáctico y por error inducido en que habría incurrido el tribunal accionado. Por consiguiente, y como se constata de la simple comparación del resumen de lo ocurrido, es innegable que ninguna de las acciones anteriores cuestiona (a) la sentencia del 24 de enero de 2018 e (b) invoca iguales pretensiones a las que se buscan con la tutela sometida a revisión. Por consiguiente, y contrario a lo señalado por la CCJ, no existe identidad de objeto ni de causa petendi entre las tutelas descritas en este acápite y, bajo esa reflexión, se excluye la ocurrencia de una actuación temeraria por parte de la sociedad accionante.

 

C.                Procedencia de la acción de tutela.

 

74.             El artículo 86 de la Constitución establece la posibilidad de acudir a la acción de tutela cuando quiera que los derechos fundamentales resulten vulnerados por “cualquier autoridad”. De allí se desprende que la jurisprudencia de esta Corte haya reconocido la procedencia excepcional de este mecanismo contra providencias judiciales, siempre y cuando se verifique el cumplimiento de ciertos requisitos concebidos, con el fin de salvaguardar los principios de seguridad jurídica y autonomía judicial[63].

 

75.             Para estos efectos, la sentencia C-590 de 2005 determinó seis causales genéricas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, las cuales deben ser acreditadas, en todos los casos, para que el juez constitucional pueda examinar el fondo del asunto. Al mismo tiempo, señaló que la acción de tutela resulta procedente contra un fallo judicial ante el cumplimiento de, por lo menos, alguna de las ocho causales específicas de procedibilidad^[64].

 

76.             De manera precisa, la jurisprudencia constitucional ha considerado que, para que el juez constitucional pueda entrar a analizar el fondo de un asunto como el presente, la acción de tutela debe cumplir con las siguientes causales generales de procedibilidad^[65]:

 

(i)          Que exista legitimación en la causa, tanto por activa, como por pasiva.

 

(ii)        Que la tutela se interponga en un plazo razonable, de acuerdo con el principio de inmediatez. Si bien es cierto que esta acción no está sometida a un término de caducidad, sí debe ser interpuesta en un plazo prudente y proporcionado a partir del hecho generador de la vulneración, en el caso de las providencias judiciales, desde que quedó en firme. En razón a ello, esta corporación ha considerado que, bajo ciertas hipótesis, “un plazo de seis (6) meses podría resultar suficiente para declarar la tutela improcedente y en otros eventos, un término de dos (2) años se podría considerar razonable para ejercer la acción de tutela”^[66].

 

(iii)     Que se cumpla con el carácter subsidiario de la acción de tutela, a través del agotamiento de todos los medios de defensa judicial. “En todo caso, este criterio puede flexibilizarse ante la posible configuración de un perjuicio irremediable”^[67].

 

(iv)      Que el accionante cumpla con unas cargas argumentativas y explicativas mínimas, al identificar los derechos fundamentales afectados y precisar los hechos que generan la vulneración. De igual manera, si se invoca la ocurrencia de una irregularidad procesal, justificar el motivo por el cual tendría un efecto decisivo en la sentencia cuestionada^[68]. A través de este requisito no se trata de convertir a la tutela en un mecanismo ritualista, sino de exigir una actuación razonable para conciliar la protección eficaz de los derechos fundamentales, con los principios y valores en juego, al controvertir una providencia judicial. De ahí que sea fundamental que el juez interprete adecuadamente la demanda, con el fin de evitar que imprecisiones intrascendentes sean utilizadas como argumento para declarar la falta de procedencia de la tutela, lo que afectaría la esencia misma del amparo constitucional.

 

(v)        Que la providencia judicial controvertida no sea una sentencia de acción de tutela^[69] ni la que resuelva el control abstracto de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional^[70], ni la acción de nulidad por inconstitucionalidad por parte del Consejo de Estado^[71].

 

(vi)      Que se concluya que el asunto reviste relevancia constitucional. Esto se explica en razón de su carácter subsidiario, logrando así establecer objetivamente qué asuntos competen al fallador del amparo, y cuáles son del conocimiento de los jueces ordinarios, ya que el primero solamente conocerá asuntos de dimensión constitucional; de lo contrario, podría estar arrebatando competencias que no le corresponden. Es a raíz del correcto entendimiento de los hechos y de la problemática planteada, que se puede identificar la importancia del asunto a la luz de la interpretación y vigencia de la Constitución Política.

 

77.             A continuación, con base en las reglas dispuestas desde la sentencia C-590 de 2005, la Sala analizará el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales[72].

 

(i)                    Legitimación en la causa por activa.

 

78.             Esta Corte ha sostenido que las personas jurídicas, aún las de derecho público, están legitimadas para ejercer la acción de tutela, pues son titulares de derechos constitucionales fundamentales por dos vías: (i) directamente, respecto de aquellos derechos que, por su naturaleza, son predicables de estos sujetos (como ocurre, por ejemplo, con la libertad de asociación), (ii) e indirectamente, cuando la vulneración puede afectar los derechos fundamentales de las personas naturales que las integran^[73]. En relación con la representación judicial, la Corte ha considerado que la instauración de una acción de tutela por parte de una persona jurídica debe respetar las reglas de postulación previstas en la Constitución y en el Decreto Ley 2591 de 1991, de manera que el amparo debe ser impetrado por el representante legal, directamente o a través de un apoderado^[74].

 

79.             En el caso concreto, la Sala Plena encuentra que La Francisca S.A.S. está legitimada en la causa por activa para promover el proceso constitucional sub examine[75]. Sumado al hecho de que la acción de tutela se interpuso por intermedio de apoderado judicial, el cual acreditó poder especialmente conferido para tal efecto[76], la Corte advierte que la citada sociedad efectivamente fungió como opositora dentro de la solicitud colectiva de restitución de tierras promovida por la CCJ en representación de los Solicitantes de los Predios LF. Se observa, además, que en la decisión controvertida bajo esta senda judicial el tribunal accionado declaró “no probados” los argumentos de oposición expuestos por La Francisca S.A.S. así como su “buena fe exenta de culpa”. En este punto cabe precisar que si bien, como quedó consignado en los antecedentes de esta providencia, a la solicitud de restitución de tierras se opusieron las sociedades Técnicas Baltime de Colombia Limitada S.A., Agrícola Eufemia Ltda. y La Francisca S.A.S., al paso que estas dos últimas ostentaron derechos de dominio sobre los Predios LF en determinadas franjas de tiempo, el presupuesto de legitimación en la causa por activa se circunscribe en esta ocasión a sociedad La Francisca S.A.S., persona jurídica que, como se dijo, acudió al juez constitucional en defensa de su derecho fundamental al debido proceso. Hecha la anterior distinción entre las personas jurídicas comprometidas en el proceso de restitución cabría insistir en que, en lo sucesivo, el análisis que adelantará la corporación estará ceñido a los reproches y supuestas afectaciones iusfundamentales esgrimidas por La Francisca S.A.S., las cuales serán escrutadas con fundamento en las competencias propias del juez constitucional.

 

 

(ii)             Legitimación en la causa por pasiva.

 

80.             Sin perjuicio de los casos puntuales en los que procede la acción de tutela contra particulares^[77], los artículos 86 de la Constitución Política y 5 del Decreto 2591 de 1991 establecen que el recurso de amparo procede contra toda acción u omisión de una autoridad pública que haya violado, viole o amenace un derecho fundamental. Según la jurisprudencia reiterada de este tribunal, para satisfacer este requisito se deben acreditar las siguientes condiciones: (i) que se trate de uno de los sujetos respecto de los cuales procede el amparo y (ii) que la conducta que genere la vulneración o amenaza del derecho fundamental se pueda vincular, directa o indirectamente, con su acción u omisión^[78]. Esto último dentro del examen específico de la capacidad que tiene el demandando para concurrir al restablecimiento de los derechos lesionados. 

 

81.             Este requisito se satisface en el asunto bajo examen, pues (i) el amparo se presenta en contra de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena, autoridad pública que forma parte de la Rama Judicial y que presta el servicio público de administrar justicia, es decir, es un sujeto respecto del cual procede el amparo. Aunado a lo anterior, dicho despacho judicial dictó (ii) la decisión judicial a la que se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales invocados, por lo que se trata de la autoridad con capacidad para concurrir a su restablecimiento, en caso de que se determine que el amparo es procedente y que existe alguna de las infracciones invocadas.

 

(iii)           Agotamiento de todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial - subsidiariedad.

 

82.             El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. A partir de esta regla general, y como se deriva de lo regulado en el numeral 1° del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, la jurisprudencia constitucional ha señalado que se presentan dos hipótesis específicas de procedencia del recurso de amparo, conforme con las cuales: (i) el tutela es procedente de forma definitiva, si no existen medios judiciales de protección que sean idóneos y eficaces para resolver el asunto sometido a consideración del juez; y, por el contrario, es (ii) procedente de manera transitoria, en el caso en que la persona disponga de dichos medios, pero exista la posibilidad de que se configure un perjuicio irremediable. En este último caso, la protección se extenderá hasta tanto se produzca una decisión definitiva por parte del juez ordinario (Decreto 2591 de 1991, art. 8).

 

83.             A partir de lo expuesto, se ha considerado que el medio de defensa es idóneo, cuando es materialmente apto para producir el efecto protector de los derechos fundamentales, y es eficaz, cuando está diseñado para brindar una protección oportuna de los mismos^[79].

 

84.             Ahora bien, respecto de este requisito, es importante anotar que la tutela resulta improcedente contra sentencias, cuando es utilizada como mecanismo alterno a los procesos ordinarios consagrados por la ley y/o cuando se pretende reabrir términos procesales por no haberse interpuesto oportunamente los recursos de ley^[80]. Así, la subsidiariedad implica haber recurrido oportunamente a las instancias, solicitudes y recursos a disposición, para efectos de concluir que, aparte de la acción de amparo, ya el accionante no cuenta con otra forma de defensa.

 

85.             En el caso sujeto a revisión, y en línea con lo señalado en la jurisprudencia constitucional[81], la Sala considera que la acción de tutela cumple con el requisito de subsidiariedad, por cuanto la sociedad accionante no tiene a su alcance un mecanismo de defensa judicial, ordinario o extraordinario, que sea idóneo y eficaz, para reclamar la protección de sus derechos presuntamente vulnerados.

 

86.             En primer lugar, La Francisca S.A.S dirigió la acción de tutela contra la decisión proferida por el tribunal accionado, por medio de la cual, entre otras, se concedió a los reclamantes la restitución de tierras, y se declararon imprósperas las oposiciones presentadas por la sociedad accionante. Al respecto, es necesario precisar que el marco legal especial en materia de restitución de tierras (Ley 1448 de 2011) no prevé mecanismos judiciales ordinarios mediante los cuales las accionantes hubieran podido cuestionar tales decisiones judiciales, pues dicha normativa prescribe que éstas se adoptan dentro de un trámite de única instancia (art. 79). Asimismo, se destaca que la accionante interpuso solicitudes de aclaración y modulación de la sentencia cuestionada, las cuales, en todo caso, no constituían un mecanismo ordinario de defensa judicial para alegar los defectos que se plantean a través de la acción de tutela, habiendo agotado así todos los mecanismos legales existentes en el marco del proceso de restitución.

 

87.             En segundo lugar, si bien es cierto que, de conformidad con el artículo 79 de la Ley 1448 de 2011, el fallo de única instancia dictado en el marco del proceso de restitución de tierras es susceptible de ser controvertido a través del recurso extraordinario de revisión, tal mecanismo carece de idoneidad y eficacia para dirimir los cargos enunciados en esta oportunidad. En efecto, es claro que las razones que sustentan los reproches formulados contra la providencia demandada no guardan relación con los presupuestos específicos que habilitan la interposición del recurso extraordinario de revisión[82].

 

88.             Lo anterior es igualmente predicable de la presunta configuración del error inducido. Si bien es verdad que entre las razones para invocar la existencia de tal defecto se alegó la supuesta falsedad de las afirmaciones realizadas por los reclamantes en el proceso de restitución de tierras, esta circunstancia tampoco encuadra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 355 del Código General del Proceso, incluido el que se establece en su numeral 6. Al respecto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha dejado sentado que en este último caso las maniobras fraudulentas deben ser ajenas al pleito y no haber sido materia de debate al interior de este, pues de lo contrario se estaría dando paso a examinar de nuevo lo que ya fue zanjado[83]. Dicho esto, por lo que hace al citado defecto, se tiene que lo discutido por la parte actora está íntimamente relacionado con un aspecto capital del proceso de restitución de tierras, a saber, la relación jurídica de los solicitantes con el predio. De ahí que ello no pueda ventilarse por conducto de alguna de las causales del recurso extraordinario de revisión, lo que descarta su idoneidad.

 

89.             Finalmente, en lo que atañe a este último punto, cabe recordar que la Sala Plena de la Corte, en sentencia SU-060 de 2024, señaló que: “El recurso de revisión es extraordinario, lo que implica que no es una instancia adicional en el proceso ordinario^[84] y, por lo tanto, ‘no puede ser usado como intento de revivir el debate probatorio, [y] volver sobre aspectos de pura interpretación legal’^[85]. Admitir que la existencia de deficiencias de valoración probatoria y otros vicios in iudicando constituye causal de revisión, desnaturalizaría el recurso”. Por lo tanto, esta Corte considera que se abre paso la acción de tutela como mecanismo definitivo de protección, para dirimir la controversia planteada por la sociedad accionante.

 

(iv)           Inmediatez.

 

90.             En el presente asunto se constata el ejercicio oportuno de la acción de tutela, toda vez que entre el fallo cuestionado y la demanda de amparo objeto de revisión transcurrieron cinco meses, término que la jurisprudencia ha considerado razonable para promover la acción contra una providencia judicial. Lo anterior, por cuanto si bien la sentencia impugnada fue proferida el 24 de enero de 2018, ésta quedó ejecutoriada el 28 de mayo de 2019, de acuerdo con la certificación proferida por la Secretaría de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras de Cartagena[86], pues fue objeto de recursos de aclaración y modulación. De ahí que, sobre la base de esta última fecha, debe tenerse en cuenta que la demanda de tutela fue radicada el 30 de octubre de 2019.

 

(v)       Relevancia constitucional.

 

91.             Esta Corte ha sido enfática en señalar que, al estudiar el requisito de relevancia constitucional, el juez debe ser cuidadoso en verificar que la controversia planteada verse sobre cuestiones que trasciendan la esfera legal o que constituyan asuntos eminentemente económicos. Así las cosas, para acreditar este requisito es preciso evidenciar una restricción que impacte en los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia en su faceta constitucional, y que dicha limitación se haya dado como consecuencia de una actuación ostensiblemente arbitraria e ilegítima, por parte de las autoridades jurisdiccionales cuestionadas[87].

 

92.             Por lo anterior, en esta materia, es preciso seguir la metodología planteada en la sentencia SU-295 de 2023, en la que la Corte indicó que este requisito se acredita a partir de tres criterios: (i) la tutela no debe versar sobre asuntos legales o económicos^[88]; (ii) la misma tiene que perseguir la protección de derechos fundamentales; y (iii) no puede buscar reabrir debates concluidos en el proceso ordinario.

 

93.             La Sala Plena constata que las alegaciones realizadas por la sociedad accionante revisten de relevancia constitucional, en tanto que las pretensiones formuladas en el escrito de tutela se sustentan en fundamentos fácticos y jurídicos que se relacionan con la eficacia del derecho fundamental al debido proceso, en el trámite judicial de restitución de tierras y que plantean un debate en torno a la interpretación constitucional de varios asuntos centrales de la Ley 1448 de 2011, como lo son: (i) la aplicación de los presupuestos para el reconocimiento de la calidad de víctima de despojo de tierras; (ii) la posibilidad de reconocer dicha condición a una persona jurídica propietaria de un inmueble; y (iii) la presunta valoración indebida de los elementos de prueba que, a juicio de la sociedad accionante, demostraban la falta de una posesión pacífica, pública e ininterrumpida por parte de los reclamantes sobre los Predios LF y, además, que éstos no fueron objeto de despojo.

 

(vi)     Identificación de los hechos que generan la vulneración y su debate en el proceso ordinario.

 

94.             La Francisca S.A.S expuso con claridad la situación fáctica que, en su sentir, sustenta la potencial vulneración de los derechos fundamentales alegados. En efecto, en el escrito de tutela se identificó el debido proceso como la garantía lesionada por los yerros en los que incurrió el tribunal accionado. En este sentido, la sociedad accionante sostiene que, en la decisión de este último, se aplicó de forma indebida los artículos 74, 75 y 77 de la Ley 1448 de 2011, pues se reconoció a los reclamantes como víctimas de despojo cuando, a su juicio, estos nunca fueron poseedores legítimos de los predios La Francisca I y II. A lo anterior le agregó que tampoco había sustento fáctico, ni jurídico, para reconocerles la prescripción adquisitiva sobre los inmuebles anotados. Asimismo, acusó a la autoridad judicial de (i) haber desconocido la calidad de víctima de Agrícola Eufemia Ltda., (ii) realizar una indebida valoración de las pruebas y actos administrativos aportados al proceso de restitución y formalización de tierras y, (iii) adoptar la decisión inducida por un error de los reclamantes.

 

95.             En consecuencia, la Sala considera que debe entenderse cumplida la carga argumentativa exigida para este tipo de actuaciones, toda vez que, a primera vista, la sociedad accionante identificó de manera adecuada los hechos que aparentemente generaron una vulneración de sus derechos fundamentales.

 

(vii)             No se alega en esta oportunidad una irregularidad procesal

 

96.             En esta oportunidad no se advierte ningún reproche asociado al acaecimiento de una irregularidad procesal que haya tenido incidencia en la providencia atacada. En rigor, ninguno de los defectos invocados por la sociedad demandante refiere a la desnaturalización de las formas procesales o del trámite judicial en el marco del cual se profirió la decisión cuestionada.

 

(viii)         La providencia cuestionada no es una sentencia de tutela, ni de control abstracto de constitucionalidad.

 

97.             La sentencia que se cuestiona fue proferida en el marco de un proceso de restitución de tierras. Por ende, se cumple con este requisito, pues tal fallo no corresponde a una sentencia de tutela ni de control abstracto de constitucionalidad. A su turno, tampoco se observa que la acción constitucional haya sido ejercida contra una sentencia interpretativa proferida por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz[89] ni contra una sentencia del Consejo de Estado adoptada en el curso de un proceso de nulidad por inconstitucionalidad[90].

 

98.             De lo anteriormente expuesto, la Sala concluye que la acción de tutela supera las causales genéricas de procedencia contra providencias judiciales, por lo que, a continuación, se abordará el examen de fondo del asunto sometido a consideración, a partir de los defectos alegados.

 

D.                Planteamiento de los problemas jurídico, método y estructura de la decisión.

 

99.             De acuerdo con los fundamentos fácticos expuestos en esta sentencia y en el documento anexo, la Sala Plena advierte que La Francisca S.A.S. acusó al tribunal accionado de haber incurrido en varios defectos en la sentencia que puso fin al proceso de restitución de tierras. Dichos defectos fueron sustentados en hechos similares y a partir de argumentos transversales a cada uno de ellos, de ahí que cabe agrupar su análisis en los siguientes problemas jurídicos, los cuales se plantean a partir de las alegaciones realizadas por la sociedad accionante, a saber:

 

·        ¿La Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena vulneró el derecho al debido proceso de la sociedad accionante, por haber incurrido en un defecto sustantivo, por una parte, (i) por la supuesta indebida aplicación de los artículos 74, 75 y 77 de la Ley 1448 de 2011, al reconocer a las personas a las que les fueron restituidos los Predios LF, como víctimas de despojo y desplazamiento forzado; y, a partir de ello, al haberles otorgado el reconocimiento de una posesión pública, pacífica e interrumpida sobre los predios de la referencia; y, por la otra, (ii) por la aparente indebida aplicación del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, al no haber otorgado a la sociedad Agrícola Eufemia Ltda la calidad de víctima del conflicto armado?

 

·        ¿La Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena vulneró el derecho al debido proceso de la sociedad accionante, por haber incurrido en un defecto fáctico, al haber presuntamente valorado, de forma indebida, las pruebas[91] que acreditaban la buena fe exenta de culpa de la sociedad La Francisca S.A.S. y que, por ende, permitían ordenar a favor de la accionante una compensación y la posibilidad de continuar administrando el proyecto productivo desarrollado en los Predios LF?

 

·        ¿La Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena vulneró el derecho al debido proceso de la sociedad accionante, al incurrir en un defecto por error inducido, por acoger los señalamientos de los Solicitantes de los Predios LF dirigidos a caracterizar (i) las sociedades La Francisca S.A.S. y Agrícola Eufemia Limitada como agentes de despojo forzado, particularmente esta última en el marco de las compraventas de mejoras celebradas en el año 2004; y (ii) a los propios Solicitantes de los Predios LF como poseedores de buena fe, al concluir que la ocupación que estos ejercieron fue derivada de una invitación del entonces director del INCORA, porque dichos terrenos estaban abandonados?

 

100.         Para resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala Plena seguirá la siguiente metodología. Primero, hará una breve caracterización de los defectos sustantivo, fáctico y por error inducido. Segundo, reiterará el contenido del derecho fundamental a la restitución de tierras. Tercero, abordará la estructura del proceso de restitución de tierras. Cuarto, analizará los componentes de la titularidad del derecho a la restitución de tierras. En este punto, profundizará en el examen (a) del ámbito temporal de aplicación de las medidas de restitución; y (b) en el concepto de víctima en este marco jurídico. Quinto, examinará el estándar de la buena exenta de culpa en el trámite en cuestión. A partir de estos parámetros, la Sala procederá a solucionar el caso concreto.

 

E.           Caracterización de los defectos sustantivo, fáctico y por error inducido. Reiteración de jurisprudencia.

 

101.         En múltiples sentencias, esta corporación se ha ocupado de precisar el contenido de las circunstancias que determinan si una decisión judicial ha incurrido o no en una violación al debido proceso, y que la jurisprudencia constitucional ha denominado causales o requisitos específicos de procedibilidad^[92]. En atención a los cargos sobre los cuales se estructura la solicitud de amparo objeto de estudio, la Sala reiterará los supuestos en los que se configuran los defectos sustantivo, fáctico y por error inducido.

 

                      (i)            Defecto sustantivo.

 

102.        La Corte ha señalado que este yerro se materializa cuando el juez, en claro desconocimiento de la Constitución y la ley, entre otras, (i) aplica una norma que es claramente ajena al caso, ya sea por impertinente o inexistente^[93]; (ii) utiliza una disposición sin realizar una interpretación integral y sistemática del ordenamiento jurídico, contrariando su rigor normativo^[94]; (iii) deja de hacer uso de una norma que es evidentemente aplicable al caso^[95]; (iv) resuelve con sujeción a un texto abiertamente inconstitucional, sin emplear la excepción prevista en el artículo 4 de la Carta^[96]; (v) le da valor a un precepto legal cuya interpretación contraría la ratio decidendi de una sentencia erga omnes; o (vi) realiza una aproximación irrazonable de un mandato con un sentido o alcance manifiestamente erróneo^[97]. De igual forma, (vii) se configura esta irregularidad cuando el juez no justifica su decisión de forma suficiente, de modo tal que se afectan derechos fundamentales; o (viii) cuando se presenta una abierta contradicción o falta de congruencia entre los fundamentos jurídicos expuestos en la parte motiva y la resolutiva de una providencia.

 

103.        La Corte ha advertido que “ante una acción de tutela interpuesta contra una decisión judicial por presunta arbitrariedad en la interpretación del derecho legislado –vía de hecho sustancial por interpretación arbitraria– el juez constitucional debe limitarse exclusivamente a verificar que la interpretación y aplicación del derecho por parte del funcionario judicial no obedezca a su simple voluntad o capricho o que no viole los derechos fundamentales. En otras palabras, no puede el juez de tutela, en principio, definir cuál es la mejor interpretación, la más adecuada o razonable del derecho legislado, pues su función se limita simplemente a garantizar que no exista arbitrariedad y a proteger los derechos fundamentales y no a definir el sentido y alcance de las normas de rango legal”^[98].

 

                        (ii)            Defecto fáctico.

 

104.        Esta corporación ha decantado que los jueces tienen amplias facultades para efectuar el análisis del material probatorio. Sin embargo, dicha potestad está sujeta (i) a la sana crítica; (ii) a criterios de objetividad, racionalidad, legalidad y motivación, entre otros; y (iii) debe sujetarse a la Constitución y la ley^[99], pues “de lo contrario, la discrecionalidad judicial sería entendida como arbitrariedad, hipótesis en la cual se configuraría la causal por defecto fáctico y el juez de tutela podría revocar la providencia [cuestionada]”^[100].

 

105.        El defecto fáctico surge entonces “(…) cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión”^[101], razón por la cual la jurisprudencia ha indicado que se trata de un yerro ostensible, flagrante y manifiesto en el decreto y práctica de pruebas, así como en su valoración^[102], el cual, para efectos de considerar que tiene la capacidad de afectar el debido proceso, debe tener incidencia directa en la decisión adoptada^[103]. De esta manera, se respeta la autonomía del juez natural y no se convierte al juez de tutela en una instancia adicional.

 

106.        También se ha expresado que este defecto tiene una dimensión positiva y una negativa^[104]. La primera ocurre cuando el juzgador aprecia pruebas que no han debido ser valoradas, y la segunda cuando la autoridad omite erróneamente el decreto o práctica de pruebas, o “(…) la[s]valora de una manera arbitraria, irracional y caprichosa u omite su valoración y sin una razón valedera considera que no se encuentra probado el hecho o la circunstancia que de la misma deriva clara y objetivamente. En esta dimensión se incluyen las omisiones en la valoración de las pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez”^[105].

 

107.        Igualmente, se ha reiterado pacíficamente en la jurisprudencia de este tribunal tres eventos en los que se configura el defecto fáctico, a saber^[106]: “(i) omisión en el decreto y la práctica de pruebas indispensables para la solución del asunto jurídico debatido; (ii) falta de valoración de elementos probatorios debidamente aportados al proceso que, de haberse tenido en cuenta, deberían haber cambiado el sentido de la decisión adoptada; e (iii) indebida valoración de los elementos probatorios aportados al proceso, dándoles [un] alcance no previsto en la ley^[107]”.

 

108.        En particular, se destaca que “la jurisprudencia constitucional ha sido enfática al señalar que los accionantes tienen la carga de demostrar las hipótesis en que se presenta la irregularidad en materia probatoria y que la intervención del juez constitucional al momento de evaluar la posible configuración de un defecto fáctico es limitada en virtud de los principios de autonomía judicial, juez natural e inmediación, y en atención a que la acción de amparo no tiene la vocación de convertirse en una nueva instancia, razón por la cual, no se puede adelantar un nuevo examen del material probatorio”^[108].

 

109.        Por último, cabe señalar que el esfuerzo de la Corte por precisar a través de reglas los supuestos en los que se configura cada uno de los defectos, obedece a la necesidad de asegurar que la acción de tutela no pierda su carácter excepcional y subsidiario, más aún cuando se ejerce contra decisiones proferidas por jueces de la República al amparo de la autonomía que los artículos 113, 228 y 230 de la Carta les otorga, para el ejercicio de su función constitucional de administrar justicia^[109].

 

                      (iii)            Defecto por error inducido.

 

110.        La Corte ha reiterado que se configura el defecto por error inducido cuando “la autoridad judicial fue objeto de engaños por parte de terceros, que la condujeron a adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales”[110]. En este sentido, la jurisprudencia ha explicado que: “[e]l error inducido acaece cuando una providencia judicial en apariencia no tiene defectos endógenos, pues fue adoptada con respeto al principio del debido proceso, con base en los elementos probatorios que obran en el expediente y con fundamento en una interpretación razonable de la ley, sin embargo, presenta vicios exógenos, ya que si bien fue proferida bajo la determinación o influencia de aspectos correctamente aportados al proceso, estos fueron irregulares o equivocados. Luego la sentencia se fundamenta en elementos adecuadamente aportados al proceso, pero con información falsa, equivocada o imprecisa, que ocasiona la vulneración de derechos fundamentales. (…) De esta manera, la Corte en la sentencia SU-014 de 2001, expresó que la ocurrencia de esta causal exige la acreditación de al menos dos presupuestos: i) que la decisión judicial se fundamente en la apreciación de hechos o situaciones jurídicas, en cuya determinación se hayan violado derechos fundamentales por la actuación irregular de terceros; y ii) que tenga como consecuencia un perjuicio ius fundamental”[111].

 

F.           El derecho fundamental a la restitución de tierras, como componente preferente y esencial de la reparación de víctimas en el conflicto armado interno.

 

111.        En Colombia, el conflicto armado interno, entre otras cosas, ha producido un masivo y sistemático despojo de tierras, desplazamiento forzado de personas e intensificación de la concentración de la propiedad de la tierra^[112]. Al respecto, de manera reciente, siguiendo lo revelado en el informe final por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (Comisión de la Verdad), la Corte señaló que, “aunque no existe información concluyente sobre el número de hectáreas despojadas con ocasión del desplazamiento forzado, sí es posible hablar de un consenso académico e incluso institucional acerca de la existencia de una relación entre el acceso a la tierra y el conflicto armado”^[113]. De ahí que, “los territorios y sus recursos se volvieron un codiciado botín de guerra en el que confluyeron un complejo entramado criminal por hacerse al poder militar, económico, político o social. Esta espiral de violencia que se extendió por los campos trajo graves consecuencias para sus víctimas, quienes quedaron condenadas a sobrevivir en condiciones de desarraigo y pobreza, además de la pérdida de vínculos e identidad que supone para la población campesina y étnica”^[114].

 

112.        En este contexto, el despojo y el abandono forzado de tierras han servido de instrumentos para que históricamente actores del conflicto consigan apropiarse de la propiedad y territorios de personas y diversas comunidades. Sobre este particular, la Comisión de la Verdad señaló que:

 

“El despojo es una empresa criminal mediante la cual fueron arrebatadas propiedades y territorios a personas y comunidades durante el conflicto armado, y posibilitó o condujo a su apropiación por parte de terceros que se beneficiaron de la violencia y el sufrimiento causado a las víctimas. El despojo de tierras y territorios junto a la usurpación ilegítima de bienes comunes estuvo mediado por la participación, en diferentes niveles, de grupos armados ilegales, políticos, servidores públicos civiles, élites locales económicas y empresariales, además de narcotraficantes. Estos consolidaron un complejo de alianzas con el propósito común de controlar la tierra en distintas regiones estratégicas en lo económico o lo militar. También se llevó a cabo para asegurar y robustecer actividades empresariales en zonas de conflicto armado; controlar las economías ilícitas; concentrar y acumular la tierra en manos de pocos propietarios mediante el uso de mecanismos violentos, políticos, administrativos y judiciales y así para acrecentar sus capitales. Este entramado de alianzas para el despojo produjo una contrarreforma agraria impulsada por graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos”^[115].

 

113.        Con el propósito de proteger a las víctimas de estos actos violentos, la Constitución Política y los tratados internacionales que integran el bloque de constitucionalidad en sentido estricto, consagran los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición^[116]. En lo que respecta a la reparación de las víctimas del conflicto armado interno, en reiteradas oportunidades, la Corte ha señalado que se trata de un derecho fundamental, cuyo componente preferente y principal es el derecho –igualmente fundamental– a la restitución de tierras^[117]. En virtud de este último, las personas que fueron despojadas de sus propiedades o que tuvieron que salir de ellas por causa de la violencia tienen derecho a que el Estado, en la mayor medida de lo posible, les garantice el retorno a sus tierras en unas condiciones similares a las que tenían antes de que ocurrieran los hechos victimizantes.

 

114.        El derecho fundamental a la restitución de tierras^[118], como elemento esencial de reparación a las víctimas del conflicto armado, encuentra fundamento en múltiples instrumentos de derecho internacional, tales como: (i) la Declaración Universal de Derechos Humanos (Arts. 1, 2, 8 y 10); (ii) la Declaración Americana de Derechos del Hombre (art. XVII); (iii) la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Arts. 1, 2, 8, 21, 24, 25 y 63); (iv) el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Arts. 2, 3, 9, 10, 14 y 15); (v) el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra (art. 17); (vi) los Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

 

115.        Además de los tratados y las declaraciones internacionales, la Corte ha reconocido que en el DIDH existen importantes documentos que han sistematizado y definido, con mayor precisión, las reglas y directrices en materia de restitución de tierras a las víctimas. Estas reglas denominadas por la doctrina iusinternacionalista como “derecho blando”, son parámetros de interpretación relevantes para los operadores jurídicos, dado que les ayuda a comprender el contenido y alcance de las obligaciones de los Estados frente a las víctimas en general, específicamente, en cuanto a la garantía de restitución de tierras^[119]. En particular, la jurisprudencia constitucional ha aplicado y destacado los siguientes:

 

a.          Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones^[120].

b.          Principios sobre la Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de los Refugiados y las Personas Desplazadas (Principios Pinheiro) del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas^[121].

c.          Principios Rectores de los Desplazamientos Internos (Principios Deng) del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas^[122].

 

116.        En el plano interno, el derecho a la restitución tiene sustento constitucional en el preámbulo y en los artículos 2, 29 y 229 de la Constitución Política, así como en las siguientes disposiciones que integran el bloque de constitucionalidad en sentido estricto: los artículos 1, 8, 25 y 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), y en los preceptos 2, 9, 10, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)^[123]. Precisamente, a partir de una exegesis sistemática de tales normas constitucionales y de los estándares internacionales previstos en los instrumentos anotados, en la sentencia C-330 de 2016, que reitera lo expuesto en las sentencias C-715 de 2012 y C-795 de 2014, la Corte recordó los parámetros bajo los cuales se enmarca el derecho a la restitución como componente preferencial y esencial del derecho a la reparación integral, a saber:

 

“(i) La restitución debe entenderse como el medio preferente y principal para la reparación de las víctimas, al ser un elemento esencial de la justicia restitutiva.

 

(ii) La restitución es un derecho en sí mismo y es independiente de que las víctimas despojadas, usurpadas o que hayan abandonado forzadamente sus territorios retornen o no de manera efectiva.

 

(iii) El Estado debe garantizar el acceso a una compensación o indemnización adecuada para aquellos casos en que la restitución fuere materialmente imposible o cuando la víctima de manera consciente y voluntaria optare por ello.

 

(iv) Las medidas de restitución deben respetar los derechos de terceros ocupantes de buena fe quienes, de ser necesario, podrán acceder a medidas compensatorias.

 

(v) La restitución debe propender por el restablecimiento pleno de la víctima y la devolución a la situación anterior a la violación en términos de garantía de derechos; pero también por la garantía de no repetición en cuanto se trasformen las causas estructurales que dieron origen al despojo, usurpación o abandono de los bienes.

 

(vi) En caso de no ser posible la restitución plena, se deben adoptar medidas compensatorias, que tengan en cuenta no solo los bienes muebles que no se pudieron restituir, sino también todos los demás bienes para efectos de indemnización como compensación por los daños ocasionados.

 

(vii) El derecho a la restitución de los bienes demanda del Estado un manejo integral en el marco del respeto y garantía de los derechos humanos, constituyendo un elemento fundamental de la justicia retributiva, siendo claramente un mecanismo de reparación y un derecho en sí mismo, autónomo e independiente”.

 

117.        En este orden de ideas, el derecho fundamental a la restitución de la tierra no sólo se agota con la recuperación material y jurídica del territorio, sino que apunta hacia un objetivo más integral: “una política dirigida a favorecer la recomposición del tejido social y la construcción de una paz sostenible, especialmente, en los territorios golpeados por la violencia”^[124].

 

118.        Sobre la base de estos postulados, así como en el marco regional y universal de los derechos de las víctimas del conflicto armado interno a la verdad, a la justicia y a la reparación integral con garantía de no repetición, el Legislador implementó y articuló –a través de la Ley 1448 de 2011^[125]– una serie de medidas administrativas y judiciales encaminadas a resolver los fenómenos del despojo y abandono de tierras, con el fin de restaurar el daño causado a las víctimas^[126].

 

119.        Con el propósito de introducir los elementos de juicio relevantes para la solución de los problemas jurídicos enunciados, se hará a continuación una breve descripción de la estructura del proceso de restitución de tierras.

 

G.               Proceso de restitución de tierras: fases administrativa y judicial. Ámbito temporal de aplicación, concepto de víctima y estándar de la buena fe exenta de culpa.

 

120.        La Ley 1448 de 2011 como respuesta institucional al restablecimiento de los derechos constitucionales de las víctimas del conflicto armado interno. En un contexto de justicia transicional, el Congreso de la República expidió la Ley 1448 de 2011^[127], por medio de la cual se establece un conjunto de medidas en beneficio de las víctimas del conflicto armado interno, con el fin de “hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición” (art. 1º)^[128]. Por medio de sus mandatos se busca que se reconozca la condición de víctimas y que ella sea objeto de dignificación, a través de la materialización de sus derechos constitucionales^[129].

 

121.        Este marco jurídico le permitió al Legislador adaptar los elementos y reglas procedimentales a las necesidades propias de las víctimas, dispuso una mayor participación para ellas dentro de todo el proceso de reclamación, e introdujo importantes avances en materia sustancial y procesal^[130]. Todo ello con el propósito de que el funcionario judicial disponga de las herramientas suficientes y necesarias para remover las barreras legales, judiciales y administrativas que impiden el goce efectivo de los derechos de las víctimas y se pueda tomar la mejor decisión a favor de ellas.

 

122.        Sobre la acción atípica, de naturaleza especial, para obtener la restitución jurídica y material de las tierras a los despojados y desplazados de la violencia. En punto a la reparación de los daños sufridos con ocasión del conflicto armado interno, el artículo 69 de la Ley 1448 de 2011, modificado por el artículo 28 de la Ley 2421 de 2024^[131], establece que: “Las víctimas de que trata esta ley, tienen derecho a obtener las medidas de reparación que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima dependiendo de la vulneración en sus derechos y las características del hecho victimizante. Se tendrá en cuenta el enfoque diferencial, [y] el colectivo al cual pertenecen para llevar a cabo dichas medidas”. (Énfasis añadido).

 

123.        En armonía con lo anterior, la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras define el despojo como la “acción por medio de la cual, aprovechándose de la situación de violencia, se priva arbitrariamente a una persona de su propiedad, posesión u ocupación, ya sea de hecho, mediante negocio jurídico, acto administrativo, sentencia, o mediante la comisión de delitos asociados a la situación de violencia”. Por otra parte, se señala que el abandono forzado de tierras se entiende como “la situación temporal o permanente a la que se ve abocada una persona forzada a desplazarse, razón por la cual se ve impedida para ejercer la administración, explotación y contacto directo con los predios que debió desatender en su desplazamiento [entre el 1º de enero de 1991 y el término de vigencia de la Ley 1448 de 2011]”^[132].

 

124.        A su turno, el artículo 72 de esta normatividad establece que el Estado adoptará las medidas requeridas para la restitución jurídica y material de las tierras a los despojados y desplazados. En caso de no ser posible la restitución, las medidas estarán encaminadas a determinar y reconocer la compensación correspondiente. Para implementar lo anterior, la restitución se instituyó como una acción atípica y de naturaleza especial^[133], concentrada en un proceso mixto. Dicho proceso consta de dos etapas, la primera de carácter administrativo a cargo de la URT (art. 82 de la Ley 1448 de 2011) y la segunda de naturaleza judicial, sometida a la dirección de los jueces y magistrados especializados de restitución de tierras.

 

                         (i)              Fase administrativa en el proceso de restitución de tierras.

 

125.        La Ley 1448 de 2011 establece que, previo al inicio de la fase judicial, los solicitantes deben agotar el requisito de procedibilidad ante la URT, trámite de naturaleza administrativa del cual se destacan los siguientes aspectos.

 

 

126.        La Corte ha exaltado la importancia de la fase administrativa del proceso de restitución de tierras, al considerar que permite “adelantar un recaudo probatorio muy significativo que facilita la labor del juez de restitución, en la medida en que [permite] (…) determina[r] las víctimas despojadas, la época en que tuvieron ocurrencia los hechos victimizantes, y se identifican plenamente los predios que se pretenden restituir; de manera que el juez[,] cuando conoce del asunto, cuenta con un expediente bastante completo desde el inicio, lo que le permite fácilmente comprobar la veracidad de los hechos y adoptar la decisión que en derecho corresponda”^[137]. El grado de dificultad en la verificación de los hechos que sustentan la pretensión de restitución, dependerá –en mayor o menor grado– de las circunstancias del caso concreto y si existe o no opositores reconocidos dentro de este trámite. La etapa administrativa es requisito de procedibilidad para iniciar la fase judicial de restitución (art. 76^[138]).

 

                        (ii)            Fase judicial en el proceso de restitución de tierras.

 

127.        Una vez agotada la inscripción en el RTDAF inicia la etapa judicial a cargo de los jueces especializados en restitución. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras prescribe que, desde que se admite la solicitud de restitución, el proceso judicial, que es de única instancia, debe tomar máximo cuatro (4) meses hasta que se profiera el fallo^[139]. A continuación, se presentan algunos de los aspectos procesales relevantes de la fase judicial del proceso de restitución de tierras^[140].

 

 

128.        Finalmente, y sin perjuicio de las diferencias entre las etapas administrativa y judicial, la Corte ha precisado que se trata de un mismo proceso, que no debe ser interpretado de forma rígida, sino de manera razonable de acuerdo con la Constitución y con los principios generales de protección de los derechos de las víctimas. En la sentencia SU-648 de 2017, la Sala Plena señaló que “los jueces de restitución de tierras deben (…) propender por garantizar, al más alto nivel posible, el goce efectivo del derecho constitucional fundamental a la restitución. (…) En otras palabras, no es dado al intérprete de una ley que busca respetar, proteger o garantizar el derecho a la restitución, dejar de lado el espíritu de la ley, para apegarse a su letra”^[144].

 

129.        Una vez presentada, de manera breve, la estructura general del proceso de restitución de tierras, la Sala Plena pasa a analizar, en detalle, en primer lugar, la titularidad del derecho a la restitución de tierras, especialmente, (i) el ámbito temporal de aplicación de las medidas de restitución contenidas en la Ley 1448 de 2011; y (ii) el concepto de víctima en ese marco jurídico específico. En segundo lugar, se examinará el estándar probatorio para acreditar la calidad de tercero de buena fe exenta de culpa, con especial énfasis en el estándar de conducta exigido a las empresas que se encuentren en una situación que involucre la eficacia de los derechos humanos.

 

H.          Titularidad del derecho a la restitución de tierras.

 

(i)          Ámbito temporal de aplicación de las medidas de restitución de tierras.

 

130.        El Legislador introdujo dos límites temporales para la aplicación de las medidas contenidas en la Ley 1448 de 2011. El primero, en el inciso 1º del artículo 3º, para referirse al universo de víctimas beneficiarias de las medidas de reparación económica^[145]. Y, el segundo, en el artículo 75, con el fin de definir los titulares del derecho a la restitución de tierras^[146].

 

131.        Antecedentes legislativos de los límites temporales establecidos en la Ley 1448 de 2011. En el trámite legislativo del Proyecto de Ley 213 de 2010 Senado, 107 de 2010 Cámara de Representantes^[147], que concluyó con la promulgación de la Ley 1448 de 2011, la definición de tales límites no fue pacífico, sino que estuvo precedido de un amplio debate entre distintos sectores políticos, con la participación de organizaciones representantes de víctimas, la academia y el Gobierno nacional. A continuación, se hará referencia a las etapas y puntos de discusión más relevantes sobre la necesidad de fijar las fechas en las disposiciones legales precitadas, con énfasis en el límite temporal aplicable a la restitución de tierras:

 

 

132.        De lo anterior, se interpreta que el origen del conflicto armado interno en Colombia suscitó en el seno del órgano legislativo dificultades y amplios debates al momento de definir la delimitación temporal para la aplicación de las medidas contenidas en la Ley 1448 de 2011. Sin embargo, producto de la deliberación y acuerdos entre las distintas corrientes políticas representadas al interior de ambas cámaras, se llegó al consenso de que era necesario fijar unos límites temporales para efectos de reconocer las medidas económicas de reparación a las víctimas y de restitución de tierras. Sin que ello, de manera alguna, significara una invisibilización de las personas que fueron víctimas de hechos ocurridos antes del 1º de enero de 1985 (art. 3º) o que fueron obligados a abandonar sus tierras o despojados de las mismas antes del 1º de enero de 1991 (art. 75), pues estas se encuentran cobijadas por otro tipo de medidas de reparación señaladas en el parágrafo 4º del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011: derecho a la verdad, medidas de reparación simbólica y garantías de no repetición.

 

133.        Los límites temporales fijados en los artículos 3º y 75 de la Ley 1448 de 2011 son constitucionales, según lo ha advertido este tribunal, en tanto no desconocen el derecho a la igualdad de las víctimas. En la sentencia C-052 de 2012, la Corte resolvió varias demandas de inconstitucionalidad presentadas contra los artículos 3º y 75 de la Ley 1448 de 2011, por violación del principio y derecho a la igualdad (CP art. 13)^[156]. En dicha sentencia, se declaró la exequibilidad de los límites temporales previstos en las normas señaladas, únicamente respecto del cargo objeto de examen.

 

134.        En cuanto al artículo 75, sobre la titularidad del derecho a la restitución de tierras, asunto que en esta ocasión ocupa la atención de la Sala, se consideró que la selección de la fecha entre 1º de enero de 1991 y el término de vigencia de la ley fue producto del amplio margen de configuración del Legislador, el cual se sustentó en elementos de carácter objetivo^[157], y estuvo motivado por la realización de una finalidad constitucionalmente legítima, esto es, preservar la seguridad jurídica^[158]. Así, se encontró que el criterio temporal referido es un medio idóneo para garantizar el fin propuesto, dado que “delimita la titularidad del derecho a la restitución e impide que se pueda reabrir de manera indefinida el debate sobre los derechos adquiridos respecto de bienes inmuebles”. Además, la Corte concluyó que dicho límite temporal no fue arbitrario, sino que estuvo precedido por un amplio consenso al interior del Congreso de la República, luego de haber explorado distintas alternativas temporales; y que no fue desproporcionado, pues “cobija el período histórico en el cual se produce el mayor número de víctima de despojos y desplazamientos[,] según se desprende de los datos estadísticos aportados por el Ministerio de Agricultura”.

 

135.        Conclusiones sobre el ámbito de aplicación temporal de la Ley 1448 de 2011. A partir de lo anterior, la Sala concluye que el ámbito de aplicación de la Ley 1448 de 2011, como consecuencia de un amplio debate en el trámite legislativo y la declaratoria de exequibilidad por parte de esta corporación, se delimita bajo un criterio temporal en lo que se refiere, de un lado, al universo de las víctimas beneficiarias de las medidas de reparación económica, y del otro, de la definición de los titulares del derecho a la restitución de tierras. Por lo tanto, a fin de garantizar las medidas de que trata la ley en ambos supuestos (arts. 3 y 75), el juez o tribunal de restitución de tierras, según sea el caso, deberá analizar si los hechos victimizantes se encuadran o no en el marco temporal definido por el Legislador, bajo el prisma de los derechos de las víctimas, con base en un examen razonable de los elementos de prueba y con sujeción a la jurisprudencia constitucional sobre la materia.

 

(ii)             Concepto de víctima en la Ley 1448 de 2011.

 

136.        Antecedentes legislativos sobre la definición del concepto de víctima en la Ley 1448 de 2011. De conformidad con la jurisprudencia constitucional^[159] y las mismas discusiones generadas a lo largo del trámite legislativo, el artículo 3º, al determinar quién es y quién no es considerada víctima y beneficiaria de los derechos de la ley de referencia, fue de los artículos más complejos y discutidos^[160]. En efecto, la deliberación se centró sobre (i) la delimitación temporal de los hechos que constituyen un hecho victimizante y que generan el derecho a la reparación de índole patrimonial; (ii) la exclusión de ciertos sujetos del concepto de víctima, particularmente de los integrantes de los grupos armados al margen de la ley; y (iii) la exclusión del concepto de víctima respecto a quienes hayan sufrido un daño en sus derechos como consecuencia de actos de delincuencia común^[161]. Dichos asuntos también han sido objeto de análisis por parte de la Corte a raíz de demandas de inconstitucionalidad dirigidas a cuestionar las restricciones impuestas por el Legislador respecto al concepto de víctima de la Ley 1448 de 2011^[162].

 

137.        Definición operativa del término víctima en el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011. Este tribunal ha establecido que el propósito de la citada ley y, particularmente, del artículo 3º, no es definir el concepto de víctima sino “(…) identificar, dentro del universo de las víctimas, entendidas éstas, en el contexto de la ley, como toda persona que haya sufrido menoscabo en su integridad o en sus bienes como resultado de una conducta antijurídica, a aquellas que serán destinatarias de las medidas especiales de protección que se adoptan en ella. Para eso la ley acude a una especie de definición operativa, a través de la expresión “[s]e consideran víctimas, para los efectos de esta ley (…)”, giro que implica que se reconoce la existencia de víctimas distintas de aquellas que se consideran tales para los efectos de esta ley en particular, o, en sentido inverso, que, a partir del conjunto total de las víctimas, se identifican algunas que serán las destinatarias de las medidas especiales contenidas en la ley”^[163]. Así, resulta posible concluir que la norma contiene una definición operativa del término “víctima”, en la medida en que no precisa una condición fáctica, sino que determina un ámbito de destinatarios para las medidas especiales de protección contempladas en la Ley 1448 de 2011^[164].

 

138.        De esta manera, a efectos de delimitar el campo de acción de la ley, el artículo 3º establece tres (3) criterios para configurar la calidad de víctima: (i) el temporal, conforme al cual los hechos de los que se deriva el daño deben haber ocurrido a partir del 1º de enero de 1985; (ii) el relativo a la naturaleza de las conductas dañosas, que deben consistir en infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) o violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos (DDHH); y (iii) uno de contexto, de acuerdo con el cual tales hechos deben haber ocurrido con ocasión del conflicto armado interno^[165]. A su vez, el mismo precepto contempla ciertas exclusiones de ese concepto operativo de víctimas. De esta manera, quienes cumplan con dichos requisitos tienen acceso a las medidas especiales de protección que se han adoptado en la ley, en el marco de un proceso de justicia transicional^[166].

 

139.        No obstante el amplio desarrollo del concepto de víctima establecido en el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, se advierte que la discusión sobre su consagración ha girado exclusivamente en torno a los criterios establecidos por el Legislador para delimitar el campo de acción de la norma: (i) delimitación temporal de los hechos que constituyen un hecho victimizante y que generan el derecho a la reparación de índole patrimonial; (ii) la exclusión de ciertos sujetos del concepto de víctima, particularmente de los integrantes de los grupos armados al margen de la ley; y (iii) la exclusión del concepto de víctima respecto de quienes hayan sufrido un daño en sus derechos como consecuencia de actos de delincuencia común.

 

140.        En esta medida, el término “personas”, sin calificativo incluido en el artículo de referencia, no fue objeto de discusión a lo largo del trámite legislativo, ni ha sido objeto de pronunciamientos por parte de esta corporación^[167]. De esta manera, podría existir la duda sobre si el término “personas”, incluye a personas naturales y a personas jurídicas o, si, por el contrario, el artículo excluye a las personas jurídicas como destinatarias de las medidas contempladas en la Ley 1448 de 2011. Lo anterior, en la medida en que el derecho colombiano diferencia dos tipos de personas: las personas naturales y las personas jurídicas (artículo 73 del Código Civil)^[168]. Sobre este particular, encuentra la Sala Plena que es dado concluir que el concepto de víctima previsto en la Ley 1448 de 2011 cobija únicamente a las personas naturales, por las razones que se indican a continuación.

 

141.        En primer lugar, la Corte Constitucional ha sostenido que se reconoce como víctimas a todas las personas que hubieren sufrido un daño, como consecuencia de los hechos que el mismo precepto determina, es decir, una afectación grave de los DDHH o de una infracción de las normas del DIH ocurridas a partir del 1° de enero de 1985 y con ocasión del conflicto armado. Conforme con lo anterior, por un lado, la jurisprudencia de esta corporación se ha referido sobre el DDHH y el DIH^[169], identificando al primero como un sistema internacional que propende por el respeto de los hombres y las mujeres y de su dignidad, buscando la maximización de las garantías inherentes al ser humano –por su condición de tal^[170]–, tanto negativas (garantías de libertad), como positivas (derechos sociales, económicos y culturales) durante los tiempos en que el Estado se encuentre en paz. Por su parte, el segundo se erige como un sistema que busca establecer una “medida mínima”^[171] de tratamiento en todos los conflictos armados internacionales y no internacionales estableciendo reglas detalladas que las partes en conflicto deben respetar^[172], aun en las situaciones extremas que plantean las confrontaciones bélicas.

 

142.        En segundo lugar, la titularidad de los derechos humanos de personas jurídicas en el sistema interamericano ha sido restringida en la medida en que el artículo 1.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, para los efectos de dicho instrumento, persona es todo ser humano^[173]. En esta medida, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos^[174] ha sostenido que se limita a la protección de personas naturales, excluyéndose a las personas jurídicas, ya que éstas no se encuentran amparadas por la convención de referencia y, como tales, no pueden ser víctimas de una violación de derechos humanos. No obstante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que, si bien la figura de las personas jurídicas no ha sido reconocida expresamente por la Convención Americana, ello no obsta para que las personas naturales, en calidad de accionistas de una persona jurídica, puedan reclamar la protección de sus derechos humanos, a pesar de que sobre ellos pese el velo de una persona jurídica, ya que, en el fondo, las personas jurídicas son vehículos por medio de los cuales las personas naturales desarrollan determinadas actividades^[175].

 

143.        En línea con lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado expresamente que las personas jurídicas “no pueden ser consideradas como presuntas víctimas en el marco de los procesos contenciosos ante el sistema interamericano”^[176]. Así lo determinó con ocasión de una solicitud de Opinión Consultiva presentada por el Estado de Panamá con el fin de obtener respuesta, entre otros, al siguiente interrogante: “¿El artículo 1°, párrafo segundo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, restringe la protección interamericana de los derechos humanos a las personas físicas y excluye del ámbito de protección de la Convención a las personas jurídicas?”

 

144.        La Corte IDH arribó a tal conclusión a partir de (i) una interpretación literal de los términos “persona” y “ser humano”^[177]; y (ii) de reconocer que el objeto y fin de la CADH es “la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos”, lo cual excluye a las personas jurídicas. Además, argumentó que dicha conclusión (iii) surge de una lectura sistemática de las disposiciones que integran la convención^[178]; y (iv) de realizar un ejercicio de derecho comparado con los sistemas universal y regional de protección de Derechos Humanos^[179]. Así, por ejemplo, encontró que si bien en el Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos se ha dado cabida para que varias clases de personas jurídicas sometan demandas ante el mismo, dicha circunstancia no se ha presentado en los Sistemas Universal, ni Americano^[180].

 

145.        En tercer lugar, para la Sala Plena es evidente que las personas jurídicas pueden sufrir daños con ocasión de la ocurrencia de infracciones al DIH, máxime cuando el derecho consuetudinario establece el deber de reparar íntegramente a quienes hayan sufrido violaciones al DIH, tanto en el marco de conflictos armados internacionales como en conflictos armados internos^[181]. No obstante, el alcance del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011 se circunscribe a las personas naturales. Lo anterior, ya que la finalidad perseguida por el Legislador fue amparar la dignidad humana de las personas que hayan sufrido violaciones del DDHH y del DIH.

 

146.        En efecto, dicha finalidad se evidencia (i) con los términos de la Ley sobre la necesidad de reivindicar la dignidad humana de las víctimas del conflicto armado^[182];(ii) las disposiciones relativas a no discriminar a las víctimas con base en sus atributos inherentes a la persona humana, explícitamente respecto al género, orientación sexual, raza, condición social, profesión, origen nacional o familiar,  lengua, credo religioso, opinión política o filosófica^[183]; y (iii) a la luz de los debates dados a lo largo del trámite legislativo sobre las medidas que debía establecer la Ley, para amparar la dignidad humana de los afectados^[184], específicamente las cuatro (4) millones de víctimas del conflicto armado colombiano^[185].

 

147.        Conclusiones sobre la definición de persona natural, como beneficiaria única de la Ley 1448 de 2011. De conformidad con lo anterior, para la Sala Plena resulta claro que el concepto de víctima de la Ley 1448 de 2011 entraña una relación íntima con las personas humanas y la necesidad de amparar su dignidad. Así, de las disposiciones de la Ley 1448 de 2011, tomadas en conjunto y de los debates suscitados a lo largo del trámite legislativo, se desprende que las medidas de reparación establecidas en la ley en referencia tienen como finalidad tutelar derechos y atributos propios del ser humano en atención a la transversalidad de la dignidad humana en la Ley. En atención a lo anterior, para la Corte, el concepto de víctima en los términos del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011 incluye únicamente a personas naturales.

 

148.        Ahora bien, lo anterior no significa que las personas jurídicas no hayan podido ser afectadas por el conflicto armado ni que no puedan ser reconocidas como víctimas bajo otros regímenes jurídicos o que no tengan otros derechos bajo la Ley 1448 de 2011. Por su parte, con base en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los criterios interpretativos del artículo 3 de la Ley 1448 a los que aquí se ha hecho alusión, la Sala debe hacer hincapié en que el concepto de víctima antes referido no obsta para que los socios de una sociedad comercial, individualmente considerados, puedan ser catalogados como víctimas y, por esa vía, gozar del derecho a la restitución de tierras. Tal posición, dicho sea de paso, no ha sido extraña a la jurisprudencia de las autoridades judiciales en Restitución de Tierras. A título ilustrativo, en la sentencia del 26 de febrero de 2016, la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. reconoció que los socios de una sociedad en comandita ostentaban la calidad de víctimas del conflicto armado en razón a que la pérdida de sus bienes inmuebles fue consecuencia de las amenazas e intimidaciones perpetradas contra su humanidad por grupos al margen de la ley[186].

 

149.        Sumado a lo anterior, vale anotar que las definiciones referidas tampoco dan pábulo para que opere una presunción de mala fe en cabeza de las personas jurídicas en el marco del conflicto armado colombiano. Por el contrario, las disposiciones de la ley en referencia^[187] y los respectivos debates durante el trámite legislativo evidencian que se reconoció la necesidad de proteger los derechos de actores de buena fe, distintos a las víctimas^[188]. Lo anterior, particularmente en el marco de restitución de tierras a efectos de resolver los conflictos sociales existentes y prevenir el surgimiento de nuevas problemáticas. Así pues, que las personas naturales sean las únicas que puedan ser consideradas como víctimas –en los términos del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011– significa que estas personas pueden acceder a las prerrogativas y derechos previstos en la ley en referencia para las víctimas, sin perjuicio de que las personas jurídicas puedan hacer valer sus derechos tanto en el marco de procesos regidos por la Ley 1448 de 2011 en calidad de terceros, como en los demás procesos correspondientes que prevé el ordenamiento jurídico colombiano.

 

                      (iii)            Conclusiones sobre la titularidad del derecho a la restitución de tierras.

 

150.        A partir de las consideraciones expuestas hasta este punto, es posible colegir lo siguiente en cuanto a los componentes que debe acreditar el solicitante para ser reconocido como titular del derecho a la restitución de tierras, en los términos de la Ley 1448 de 2011 y la jurisprudencia constitucional.

 

 

I.      La buena fe exenta de culpa en el trámite de restitución de tierras.

 

151.        Como se mencionó, en la fase administrativa del proceso de restitución de tierras, frente a la solicitud de inscripción del predio en el registro, la URT debe comunicar dicho trámite al propietario y al poseedor u ocupante que se encuentre en el predio objeto de registro, a fin de que pueda aportar las pruebas documentales que acrediten la propiedad, posesión u ocupación de buena fe, conforme a la ley. Luego, en la fase judicial, con posterioridad al auto de admisión, el juez de restitución de tierras inicia la etapa de oposición, con el traslado de la solicitud a quienes figuren como titulares inscritos de derechos en el certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria donde esté comprendido el predio sobre el cual se solicite la restitución y a la URT, cuando la solicitud no haya sido tramitada con su intervención (art. 87, Ley 1448 de 2011). De acuerdo con el artículo 88 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, si alguno de estos sujetos se hace parte en el proceso judicial adquiere la condición de opositor^[189].

 

152.        Sobre este particular, la Corte ha señalado que “la problemática del despojo envuelve la participación no sólo de la víctima que persigue la restitución de sus bienes, sino también la de terceros de buena fe, que han celebrado negocios jurídicos sobre los predios a restituir y, además, del Estado que en algunos casos pudo haber intervenido en la titulación de predios baldíos”^[190]. En esa medida, existen unos eventuales opositores a los que también se debe salvaguardar sus derechos. De ahí que, para proceder a la compensación^[191], debe tratarse de un tercero que haya conseguido probar la buena fe exenta de culpa, concepto esencial para la solución del problema jurídico planteado en el asunto bajo estudio. 

 

153.        La Ley 1448 de 2011 no incluye un concepto sobre la buena fe exenta de culpa, por lo cual, para una adecuada comprensión de su significado y de su estándar en el contexto de una justicia transicional, a continuación, la Sala Plena analizará los parámetros de interpretación que la jurisprudencia constitucional ha construido a partir de una lectura sistemática del principio de la buena fe, los principios y normas que informan el trámite de restitución de tierras y la hermenéutica desarrollada por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en esta materia.

 

(i)               Parámetros de interpretación de la buena fe exenta de culpa en materia de restitución de tierras.

 

154.        El artículo 83 de la Constitución Política establece que “las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas”. Tales postulados han sido entendidos por la jurisprudencia de esta corporación como “una conducta honesta, leal y acorde con el comportamiento que puede esperarse de una persona correcta”, lo cual presupone una correspondencia recíproca de los demás^[192].

 

155.        En la sentencia SU-424 de 2021, al examinar la buena fe exenta de culpa en el marco del proceso de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), la Corte recordó que el principio constitucional de buena fe no tiene un carácter absoluto, puesto que encuentra limitaciones razonables en la garantía de otros principios de igual jerarquía, como el bien común y la seguridad jurídica. De ahí que, en determinados escenarios, por ejemplo, cuando sea necesario proteger los derechos de terceros, no es dado que se presuma que la persona actuó de manera honesta, leal y correcta, sino que será necesario comprobar que, en efecto, así se comportó en una situación específica. Este requerimiento no resulta desproporcionado, pues, en estos casos, “quien desee justificar sus actos, o evitar la responsabilidad que de ellos se deriva, (…) [es quien debe] dar [las] pruebas, de su apropiada e irreprochable conducta”^[193].

 

156.        En términos generales, la Corte ha identificado dos categorías de la buena fe: simple y cualificada o exenta de culpa:

 

(i)          La buena fe simple es la que se exige a las personas normalmente en todas sus actuaciones. Se trata de obrar con lealtad, rectitud y honestidad en las gestiones que los particulares realizan ante el Estado, de ahí que sea éste quien deba desvirtuarla. Se denomina simple, “por cuanto, si bien surte efectos en el ordenamiento jurídico, estos sólo consisten en cierta protección que se otorga a quien así obra”^[194]. De esta manera, por ejemplo, “si alguien de buena fe adquiere el derecho de dominio sobre un bien cuyo titular no era el verdadero propietario, la ley le otorga ciertas garantías o beneficios, que si bien no alcanzan a impedir la pérdida del derecho si aminoran sus efectos”^[195].

 

(ii)        En cambio, la buena fe cualificada o exenta de culpa produce efectos superiores porque es “creadora de derecho”. En efecto, “tiene la virtud de crear una realidad jurídica o dar por existente un derecho o situación que realmente no existía”. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en consonancia con el criterio de la Corte Constitucional, ha señalado que esta buena fe cualificada parte del principio “el error común crea derecho”, según el cual si en la adquisición de un derecho o una posición jurídica, alguien comete un error o equivocación de tal naturaleza que cualquier persona prudente y diligente también lo hubiera cometido, pero fue imposible descubrir esa falsedad o inexistencia, esta persona habrá obrado con buena fe exenta de culpa^[196]. Esta exige ser probada por quien requiere consolidar jurídicamente una situación determinada^[197].

 

(iii)     Esta Corte ha precisado que la buena fe exenta de culpa en la adquisición de un bien exige la concurrencia de dos elementos: subjetivo y objetivo. “El primero, se refiere a la conciencia de obrar con lealtad. El segundo, exige tener la seguridad de que el tradente es realmente el propietario, lo cual exige averiguaciones adicionales que comprueben tal situación. Es así como la buena fe simple exige solo conciencia, mientras que la buena fe cualificada requiere conciencia y certeza, la cual sólo puede ser resultado de la realización de actuaciones positivas encaminadas a consolidar dicha certeza” (énfasis añadido)^[198].

 

157.        En lo que respecta al ámbito de la Ley 1448 de 2011, la buena fe es un principio general que sirve de parámetro de interpretación de las normas procesales y sustanciales que regulan la reparación de las víctimas del conflicto armado interno (art. 5º). Asimismo, debe señalarse que es un elemento relevante del diseño institucional de este proceso, que persigue la realización de finalidades legítimas e imperiosas, tales como la protección de los derechos fundamentales de las víctimas en materia de restitución de tierras, revertir el despojo y desenmascarar las estrategias legales e ilegales que se articularon en el contexto del conflicto armado interno para producirlo^[199]. Por consiguiente, busca evitar el abuso del derecho en estos trámites, asegurar la transparencia en las transacciones entre los particulares e impedir que no se compense a quien no lo merece, lo cual repercute en la protección de los recursos del Estado. 

 

158.        En el proceso de restitución de tierras el principio de buena fe tiene diferentes implicaciones procesales dependiendo de la calidad del sujeto que comparece al trámite. De un lado, desde la perspectiva de la víctima, impone al Estado el deber de presumir la buena fe en sus actuaciones y le confiere la posibilidad para que acredite el daño sufrido por cualquier medio legalmente aceptado (art. 5º), lo cual no significa que la ley la releve por completo de la carga de la prueba, sino que las faculta para probar de manera sumaria su calidad de víctima y la relación jurídica con el predio objeto de la solicitud de restitución. Esto, a su vez, implica una inversión de la carga de la prueba en cabeza de quien se oponga a la solicitud de restitución de la víctima de despojo o abandono forzado (art. 78) y la aplicación de un conjunto de presunciones de despojo en relación con los predios objeto del litigio (art. 77).

 

159.        Por otro lado, como consecuencia de lo anterior, visto desde la óptica del opositor, el principio de buena fe le impone asumir la inversión de la carga de la prueba, salvo en el caso de las personas que ostenten la doble calidad de opositor y segundo ocupante en situación de vulnerabilidad. Asimismo, le exige allegar los elementos probatorios que demuestren que actuó conforme con los postulados de la buena fe exenta de culpa al momento de adquirir o poseer el inmueble cuya restitución se pretende^[200]. De la acreditación de la buena fe exenta de culpa dependerá que el juez de restitución de tierras ordene en favor del opositor el pago de las compensaciones a las que hubiere lugar por el predio restituido. Adicionalmente, si en este hubiera un proyecto agroindustrial, podrá autorizar que el opositor celebre contratos con el beneficiario de la restitución para continuar con su explotación (arts. 98 y 99).

 

160.        En lo que respecta a la interpretación de la buena fe exenta de culpa exigida para los opositores en el proceso de restitución de tierras, la Corte ha señalado que esta “se circunscribe a la acreditación de aquellos actos que el tercero pretenda hacer valer en relación con la tenencia, la posesión, el usufructo, la propiedad o dominio de los predios objeto de restitución. Estos actos pueden ser, entre otros, posesiones de facto, negocios jurídicos de carácter dispositivo o situaciones que tienen origen en órdenes judiciales o actos administrativos”^[201]. De manera concreta, el opositor debe demostrar al juez la legalidad y legitimidad de su relación jurídica con el predio objeto de solicitud de restitución. En este último caso, y como se precisará más adelante, la valoración de la buena fe exenta de culpa por parte de la autoridad judicial exige un análisis contextual, de reconstrucción de los hechos materiales de cada caso, así como un escrutinio integral de los elementos de convicción allegados al proceso a fin de “alcanzar la verdad real y dar prevalencia al derecho sustancial”[202]. 

 

161.        Tal cometido únicamente puede ser alcanzado por el opositor si allega el material probatorio suficiente para acreditar que actuó conforme con los postulados de la buena fe exenta de culpa (también, “BFEC”), es decir, “(…) demostrando no solo la conciencia de haber actuado correctamente [elemento subjetivo] sino también la presencia de un comportamiento encaminado a verificar la regularidad de la situación [elemento objetivo]”^[203]. Vista en estos términos, la Corte ha definido la BFEC como “un estándar de conducta calificado” que se verifica al momento en que una persona establece una relación (jurídica o material) con el predio objeto de restitución^[204] y que tiene por objeto evitar una legalización de la apropiación irregular de la tierra basada en tres factores inadmisibles constitucionalmente: “(i) el aprovechamiento abusivo de las condiciones de violencia, que viciaron el consentimiento jurídico de las víctimas; (ii) la corrupción, que puso parte de la institucionalidad al servicio de los despojadores; y (iii) el formalismo del derecho, que favoreció a la parte más poderosa en el ámbito administrativo y judicial”^[205].

 

162.        A partir de lo expuesto, siguiendo la conceptualización realizada por la jurisprudencia constitucional en esta materia, la Sala Plena concluye que la buena fe exenta de culpa, entendida como un estándar de conducta calificado, requiere que el opositor acredite ante el juez de restitución de tierras que (i) obró con honestidad, rectitud y lealtad al momento de adquirir el predio objeto de la solicitud de restitución (elemento subjetivo); y (ii) que realizó actuaciones positivas encaminadas a averiguar y verificar la regularidad de la situación jurídica[206], es decir, que el negocio jurídico se ajustó a los parámetros legales y constitucionales (elemento objetivo)^[207].

 

                        (ii)            El estándar calificado de la buena fe exenta de culpa no está sometido a una tarifa legal de prueba.

 

163.        La actividad intelectual del juez de restitución de tierras en la verificación de la calidad de tercero de buena fe exenta de culpa y, en efecto, de las actuaciones realizadas por el opositor tendientes a constatar que el predio no fue objeto de despojo o abandono forzado, no está sometida a una tarifa legal de prueba, caracterizada por la poca o nula discrecionalidad del funcionario judicial a la hora de analizar la controversia, sino por el principio de la libre valoración probatoria y sana crítica que, de acuerdo con la doctrina procesal, se basa en la libertad del juzgador para establecer el valor de los medios de prueba con base en las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia^[208].

 

164.        Lo anterior se sostiene a partir de una interpretación sistemática de los artículos 88 y 89 de la Ley 1448 de 2011, según la cual los opositores pueden aportar todos los documentos que quieran hacer valer como prueba de la buena fe exenta de culpa, del justo título del derecho, o de la tacha de la calidad de despojado de la persona o grupo en cuyo favor se presentó la solicitud de restitución. Este cuerpo normativo no prescribe un medio de prueba específico para demostrar alguna de las condiciones o situaciones anotadas, por el contrario, expresamente señala que serán admisibles todas las pruebas reconocidas por la ley. De esta manera, el juez de restitución de tierras podrá llegar al convencimiento de la situación litigiosa, a partir de los elementos probatorios que resulten pertinentes y conducentes para probar el supuesto de hecho previsto en la norma v.gr. la buena fe exenta de culpa.

 

                        (iii)          El estándar de la buena fe exenta de culpa con enfoque diferencial en el proceso de restitución de tierras.

 

165.         De acuerdo con lo expuesto, el opositor tiene la libertad de aportar los medios de prueba que estime pertinentes y conducentes para demostrar la buena fe exenta de culpa en la adquisición del predio objeto de restitución. No obstante, la inexistencia de una tarifa legal de prueba no significa que todas las personas que presenten oposición a la solicitud de restitución deban asumir la misma carga probatoria. De acuerdo con lo dispuesto en la sentencia C-330 de 2016, por regla general, el juez de restitución debe exigir al opositor que aporte las pruebas que demuestren la buena fe exenta de culpa, salvo que se trate de un segundo ocupante que enfrenta alguna condición de vulnerabilidad y no tuvo ninguna relación ni tomó provecho del despojo. En este supuesto, de manera excepcional, se impone al funcionario judicial aplicar un estándar diferencial que flexibiliza la carga probatoria en cabeza del opositor. A continuación, la Sala Plena pasa a explicar en qué consiste el estándar probatorio frente a cada uno de los grupos mencionados.

 

a.            Por regla general, en el proceso de restitución de tierras, los opositores deben cumplir con un estándar estricto de la buena fe exenta de culpa.

 

166.        Como se señaló, la estructura del proceso de restitución de tierras busca proteger los derechos de la víctima del despojo o el abandono forzado de tierras, y pretende evitar que ciertos actos violentos se legitimen a través de actuaciones con apariencia de legalidad^[209]. Por tal razón, por regla general, el opositor soporta la carga de probar que siguió un estándar de conducta conforme con los postulados de la buena fe exenta de culpa al momento de adquirir el predio, como se anticipó, a través de la presentación de los medios de prueba conducentes y pertinentes para tal efecto.

 

167.        El Legislador no estableció un listado de los comportamientos que se espera hubieran cumplido los terceros que acreditan un derecho sobre el predio y que se oponen a la solicitud de restitución del reclamante. De ahí que, como lo ha señalado esta Corte, corresponde al juez de restitución de tierras tomar en consideración la situación de hecho de los opositores a fin de comprobar si tuvieron alguna relación con el despojo o abandono forzado del predio, o si sacaron provecho de tales hechos victimizantes. Esto procura asegurar que, sin perjuicio de que se garantice un enfoque en favor de las víctimas, se respeten los derechos al debido proceso y a la administración de justicia del extremo pasivo del litigio^[210].

 

168.        Como se desprende de la configuración del proceso de restitución de tierras soportada en el principio pro víctima y lo ratificó la jurisprudencia de esta corporación, el estándar de la buena fe exenta de culpa no distingue, salvo la excepción que se explicará a continuación, el tipo de persona que ejerce la oposición, pues se aplica con el máximo rigor tanto para la persona que se encontraba en una situación ordinaria, así como para la persona, natural o jurídica, que ocupaba una posición de poder económico, ya sea, por ejemplo, gracias a sus recursos o actividad empresarial. En tal sentido, siguiendo el parámetro de interpretación previsto en la sentencia C-330 de 2016, la Sala Plena reitera que el enfoque diferencial del estándar de buena fe exenta de culpa “no debe cobijar a quienes se encuentran en una situación ordinaria, o a quienes detentan poder económico, como empresarios o propietarios de tierras”.

 

169.        En ese contexto, aunque las iniciativas internacionales de referencia no generan obligaciones vinculantes en cabeza de las empresas ni del Estado colombiano, únicamente, con el fin de ilustrar la tendencia en el plano internacional en la exigencia de responsabilidades a las empresas en materia de protección de DDHH^[211], particularmente respecto a cuáles son las obligaciones éticas y jurídicas en cabeza de los Estados y de las empresas en tal esfera^[212], resulta pertinente mencionar que, en el 2011, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas aprobó Los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos liderado por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, John Ruggie^[213]. Los pilares del instrumento son (i) el deber del Estado de proteger contra las violaciones de derechos humanos cometidas por terceros, incluyendo empresas; (ii) la responsabilidad empresarial en materia de derechos humanos, dirigida a exigir una debida diligencia en las actuaciones de las empresas para evitar la violación de derechos humanos; y (iii) proveer a las víctimas de violaciones de derechos humanos un mayor acceso a medidas judiciales y administrativas^[214].

 

170.        Por lo demás, la Sala Plena debe precisar que estos Principios Rectores como norma de soft law  o “derecho blando” y en tanto fueron concebidos en un ambiente de normalidad, no se pueden extrapolar de manera automática al proceso de restitución de tierras, pues este fue creado en un marco de justicia transicional que, con el fin de garantizar los derechos de las víctimas, exige al opositor que acredite haber actuado con buena fe exenta de culpa, estándar de conducta que, como se explicó, es más riguroso que aquel aplicado en situaciones de normalidad (buena fe simple). Por tal razón, al momento de verificar la buena fe exenta de culpa, los jueces de restitución de tierras deben sujetarse al marco constitucional, legal y jurisprudencial vigente, recordando que este tipo de instrumentos sólo representan un desarrollo doctrinal sobre la materia de DDHH, razón por la cual no tienen carácter vinculante, a diferencia de los tratados ratificados por Colombia y las normas consuetudinarias en materia de derechos humanos que integran el bloque de constitucionalidad^[215].

 

b.     De forma excepcional, en el proceso de restitución de tierras, el estándar probatorio de la buena fe exenta de culpa debe aplicarse con un enfoque diferencial, cuando se trate de opositores que tienen la calidad de segundos ocupantes en situación de vulnerabilidad y que no tuvieron ninguna relación ni tomaron provecho del despojo.

 

171.        En la referida sentencia C-330 de 2016, la Corte introdujo una excepción a la regla general según la cual el opositor debe acreditar con suficiencia la buena fe exenta de culpa. Así lo dispuso al declarar la exequibilidad de la expresión “exenta de culpa” contenida en los artículos 88, 91, 98 y 105 de la Ley 1448 de 2011^[216], en el entendido de que es un estándar que debe ser interpretado por los jueces de forma diferencial, frente a los segundos ocupantes, que demuestren condiciones de vulnerabilidad, y que no hayan tenido relación directa o indirecta con el despojo ni el abandono forzado de tierras; y exhortó al Congreso de la República y al Gobierno nacional para establecer e implementar una política pública comprensiva de la situación de los segundos ocupantes en el marco de la justicia transicional.

 

172.        Para arribar a esta conclusión, la Corte desarrolló varios razonamientos que permiten comprender el estándar estricto de la buena fe exenta de culpa y los presupuestos excepcionales que habilitan su flexibilización o inaplicación. Por ello, a continuación, de manera concreta, la Sala Plena hará referencia a aquellos que fueron centrales para tal determinación y que constituyen un parámetro de interpretación relevante para el ejercicio de la función encomendada al juez de restitución de tierras.

 

173.        Primero. El segundo ocupante en el contexto de la restitución de tierras. Aunque ninguna de las disposiciones de la Ley 1448 de 2011 hace referencia a los segundos ocupantes, la ocupación secundaria de predios en conflictos armados es ampliamente conocida en el ámbito internacional. Por tal razón, tomando como referente interpretativo lo dispuesto en los Principios Pinheiro^[217] y el Manual de aplicación de los mismos –bloque de constitucionalidad en sentido lato–^[218], en la sentencia C-330 de 2016, la Corte señaló que “se consideran ocupantes secundarios todas aquellas personas que hubieran establecido su residencia en viviendas o tierras abandonadas por sus propietarios legítimos a consecuencia de, entre otras cosas, el desplazamiento o el desalojamiento forzosos, la violencia o amenazas, o las catástrofes naturales así como las causadas por el hombre”. (Énfasis añadido)

 

174.        En línea con esta definición, la Corte enfatizó que los segundos ocupantes son entonces “quienes, por distintos motivos, ejercen su derecho a la vivienda en los predios que fueron abandonados o despojados en el marco del conflicto armado interno”. (énfasis añadido) Asimismo, aclaró que no se trata de una población homogénea, pues “tienen tantos rostros, como fuentes diversas tiene la ocupación de los predios abandonados y despojados”. En efecto, la ocupación secundaria es un fenómeno que obedece a distintas causas, de modo que puede involucrar sujetos o grupos que participaron o se beneficiaron de las dinámicas del despojo o, por el contrario, tratarse de aquellos que merecen especial protección estatal^[219].

 

175.        Conforme con la regla fijada en la sentencia C-330 de 2016, solo respecto de estos últimos el juez de restitución de tierras debe aplicar un enfoque diferencial al verificar la buena fe exenta de culpa, es decir, segundos ocupantes en situación de vulnerabilidad y que no tuvieron ninguna relación ni tomaron provecho del despojo. En cambio, si se trata de segundos ocupantes en una situación ordinaria y/o que tuvieron que ver o se aprovecharon de la situación de despojo, la BFEC se les aplica con todo el rigor.

 

176.        Segundo. La aplicación generalizada del estándar estricto de la BFEC causa una discriminación indirecta contra los segundos ocupantes en situación de vulnerabilidad y que no tienen relación con las circunstancias de violencia que forzaron el abandono de tierras, por lo tanto, se justifica la aplicación de un enfoque diferencial. En la providencia en cuestión, la Corte constató que la exigencia de acreditar la BFEC presentaba un problema de igualdad, puntualmente porque generaba una discriminación indirecta dado el impacto negativo que en la práctica podía tener sobre ciertos grupos poblacionales que se encuentran en situación de vulnerabilidad, específicamente, “los segundos ocupantes que enfrentan alguna condición de vulnerabilidad y no tuvieron ninguna relación con las circunstancias de violencia que forzaron el abandono de tierras”. Al pasar por alto su situación, y no prever un trato especial para este grupo especial de opositores, las normas acusadas generaban una lesión inaceptable a otros mandatos constitucionales, asociados a la equidad en el campo, el acceso y la distribución de la tierra, el mínimo vital y el derecho al trabajo.

 

177.        Tercero. La identificación de los escenarios en que procede la aplicación de un enfoque diferencial del estándar de la BFEC es una verificación compleja que el juez de restitución de tierras debe abordar teniendo en cuenta (i) las condiciones de vulnerabilidad de la persona al momento de llegar u ocupar el predio y, dependiendo de ello, (ii) el nivel de diligencia con el que debió actuar. Como se señaló, la Corte ha señalado que, la defensa de las víctimas como fin último del proceso de restitución de tierras, por regla general, impone al opositor el deber de demostrar que actuó conforme a un estándar de conducta calificado (BFEC) al momento de adquirir el predio, de modo que desvirtúe las presunciones sobre la participación o el aprovechamiento del despojo.

 

178.        Por lo anterior, la Sala Plena insiste en que solo en casos excepcionales, marcados por la vulnerabilidad de personas que ocuparon secundariamente el predio objeto de disputa, por ejemplo, por problemas relacionados con el acceso a la tierra, la vivienda digna o el trabajo agrario de subsistencia, y siempre que estas no tuvieron que ver con el despojo, el juez de restitución “deberá analizar el requisito con flexibilidad o incluso inaplicarlo, siempre al compás de los demás principios constitucionales a los que se ha hecho referencia y que tienen que ver con la equidad, la igualdad material, el acceso a la tierra por parte de la población campesina, o la protección de comunidades vulnerables. De no ser así, las decisiones podrían tornarse en fuente de las mismas injusticias que se pretenden superar”^[220].

 

179.        Cuarto. Parámetros de interpretación que los jueces de restitución de tierras deben tener en cuenta para aplicar el enfoque diferencial en la verificación de la buena fe exenta de culpa. Colofón de los razonamientos expuestos, y con el fin de delimitar los casos excepcionales en que debe flexibilizarse o inaplicarse la buena fe exenta de culpa, en la sentencia C-330 de 2016, la Corte definió los parámetros de interpretación que guían la actividad judicial en el trámite de restitución de tierras. Por su relevancia para el análisis del presente asunto, se citan in extenso:

 

“Primero. Los parámetros para dar una aplicación flexible o incluso inaplicar el requisito de forma excepcional deben ser de tal naturaleza que (i) no favorezcan ni legitimen el despojo (armado o pretendidamente legal) de la vivienda, las tierras y el patrimonio de las víctimas; (ii) no debe favorecer a personas que no enfrentan condiciones de vulnerabilidad en el acceso a la tierra y (iii) no puede darse para quienes tuvieron una relación directa o indirecta con el despojo.

 

No es posible ni necesario efectuar un listado específico de los sujetos o de las hipótesis en que se cumplen estas condiciones. Ello corresponde a los jueces de tierras, quienes deben establecer si la persona cumple todas las condiciones descritas, y evaluar si lo adecuado es, entonces, entender la buena fe exenta de culpa de manera acorde a su situación personal, exigir buena fe simple, o aceptar la existencia de condiciones similares al estado de necesidad, que justifiquen su conducta.

 

En cambio, debe señalarse de forma expresa que personas que no enfrentan ninguna condición de vulnerabilidad no deben ser eximidos del requisito, pues no resulta admisible desde el punto de vista constitucional, que hayan tomado provecho de los contextos de violencia para su beneficio personal, ni que hayan seguido un estándar de conducta ordinario en el marco del despojo y la violencia generalizada, propios del conflicto armado interno.

 

Segundo. La compensación económica persigue fines de equidad social. Y se basa en los derechos de los segundos ocupantes, derivados de los principios Pinheiro y, principalmente, del principio 17, en el principio de igualdad material, en los derechos fundamentales a la vivienda digna y el mínimo vital, y en los artículos que promueven el acceso a la tierra y el fomento del agro (artículos 64 y 64 CP). Aunque sin ánimo de exhaustividad, son estas las normas que deben guiar la aplicación flexible del requisito.

 

Tercero. La vulnerabilidad procesal debe ser asumida por los jueces de tierras a partir de su papel de directores del proceso. El apoyo de la Defensoría del Pueblo y la facultad de decretar pruebas de oficio, siempre que existan suficientes elementos que permitan suponer que estas son necesarias para alcanzar la verdad real y dar prevalencia al derecho sustancial, son un presupuesto del acceso a la administración de justicia.

 

Los jueces de tierras deben tomar en consideración la situación de hecho de los opositores dentro del proceso de restitución de tierras para asegurar el acceso a la administración de justicia. Esta obligación es independiente de qué tipo de segundo ocupante se encuentra en el trámite.

 

Cuarto. Existe, para algunos intervinientes, la percepción de que los contextos de violencia eliminan cualquier posibilidad de desvirtuar la ausencia de relación con el despojo, debido a que si la violencia, el despojo y el abandono eran hechos notorios en algunas regiones, nadie puede alegar que no conocía el origen espurio de su derecho, o que actuó siquiera de buena fe simple.

 

Los contextos descritos hacen parte de los medios de construcción de la premisa fáctica, es decir, de los elementos a partir de los cuales los jueces establecen los hechos materiales de cada caso, y deberán ser valorados en conjunto con los demás elementos probatorios. Por ello, a través del principio de inmediación de la prueba, serán los jueces quienes determinen, caso a caso, si es posible demostrar el hecho.

 

Para ciertas personas vulnerables, en términos de conocimientos de derecho y economía, puede resultar adecuada una carga diferencial, que podría ser la buena fe simple, la aceptación de un estado de necesidad, o incluso una concepción amplia (transicional) de la buena fe calificada.

 

Quinto. Además de los contextos, los precios irrisorios, la violación de normas de acumulación de tierras, o la propia extensión de los predios, son criterios relevantes para determinar el estándar razonable, en cada caso.

 

Sexto. La aplicación diferencial o inaplicación del requisito, en los términos del artículo 4º Superior, exige una motivación adecuada, transparente y suficiente, por parte de los jueces de tierras. Aunque, en general, la validez y legitimidad de las sentencias yace en su motivación, en este escenario ese deber cobra mayor trascendencia, dada la permanente tensión de principios constitucionales que deben resolverse, y en virtud a las finalidades constitucionales que persigue la buena fe exenta de culpa.

 

Séptimo. Los jueces deben establecer si proceden medidas de atención distintas a la compensación de la ley de víctimas y restitución de tierras para los opositores o no. Los acuerdos de la Unidad de Tierras y la caracterización que esta efectúe acerca de los opositores constituyen un parámetro relevante para esta evaluación. Sin embargo, corresponde al juez establecer el alcance de esa medida, de manera motivada.

 

De igual manera, los jueces deben analizar la procedencia de la remisión de los opositores a otros programas de atención a población vulnerable por razones económicas, desplazamiento forzado, edad, o cualquier otra, debe ser evaluada por los jueces de tierras”^[221] (énfasis añadido).

 

180.        Quinto. El juez de restitución de tierras debe motivar con claridad, transparencia y suficiencia la decisión de aplicar un enfoque diferencial en la verificación de la buena exenta de culpa. La motivación de los fallos judiciales es una garantía del debido proceso y rasgo característico del Estado Social y democrático de Derecho, pues asegura que la decisión del juez no sea producto de su arbitrio^[222]. En el trámite de la restitución de tierras la materialización de tal garantía, a su vez, redunda en la protección de los derechos de las víctimas en un marco de la justicia transicional y previene la concesión injustificada de prerrogativas procesales a quien no se encuentra en una situación de vulnerabilidad y tuvo relación, directa o indirecta, con el acto de despojo. Por ello, el juez de restitución de tierras debe identificar en sus decisiones cuáles son las razones de hecho y de derecho que está empleando para la resolución del conflicto, y si se acreditan los presupuestos definidos por la jurisprudencia constitucional, para justificar la flexibilización o inaplicación del estándar de la BFEC.

 

181.        Sexto. La aplicación de un enfoque diferencial sobre la BFEC no cobija a las personas, naturales o jurídicas, que se encuentran en una situación ordinaria, ni mucho menos a quienes detentan poder económico, como empresarios o propietarios de tierras. Este tipo de sujetos o grupos deben acreditar que actuaron conforme al estándar calificado de la buena fe exenta de culpa al momento de adquirir o incluso de ocupar el predio, como ocurre en el caso de los segundos ocupantes en una situación ordinaria. La estructura del proceso de restitución de tierras responde a un contexto de conflicto en el cual el despojo se encubrió en el tiempo a través de diversas modalidades, incluso valiéndose de la institucionalidad y de formalidades jurídicas. Por lo tanto, desde una perspectiva constitucional y transicional, el Legislador radicó en cabeza del opositor que busca obtener una compensación, la carga de demostrar que su actuación corresponde a un estándar de diligencia superior (buena fe exenta de culpa) al que se esperaría en una situación de normalidad (buena fe simple), sin distinguir, por ejemplo, si se trata de una persona en una situación ordinaria (no de vulnerabilidad en los términos señalados) o de una persona jurídica (v.gr. empresa o sociedad) dedicada a la compraventa y explotación de la tierra.

 

                           (iv)        La jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia sigue los parámetros de interpretación definidos por la jurisprudencia constitucional para verificar la buena fe exenta de culpa en el proceso de restitución de tierras.

 

182.        Sin desconocer que el proceso de restitución de tierras no tiene un órgano de cierre^[223], la Sala Plena considera importante destacar que, con ocasión de los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra los fallos de los Tribunales de Restitución de Tierras, la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha aplicado los parámetros de interpretación fijados por la jurisprudencia constitucional en materia de la buena fe exenta de culpa^[224].

 

183.        En línea con los criterios definidos por esta corporación, la Sala de Casación Civil ha considerado que la BFEC es un estándar cualificado de conducta que el opositor debe demostrar ante el juez de restitución de tierras, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: “i) Cuando el derecho o situación jurídica aparente, tenga en su aspecto exterior todas las condiciones de existencia real, de manera que cualquier persona [aplicada] (…) no pueda descubrir la verdadera situación; ii) una prudencia de obrar, esto es, que en la ‘adquisición del derecho’ se haya procedido diligentemente, al punto de ser imposible descubrir el error al momento de su consecución, aspecto que requiere el convencimiento de actuar conforme a los requisitos exigidos por la ley; y iii) la conciencia y persuasión en el adquirente de recibir ‘el derecho de quien es legítimo dueño’ (…)”^[225]. 

 

184.        Asimismo, con observancia de los lineamientos interpretativos dispuestos en la sentencia C-330 de 2016, el alto tribunal ha reconocido la aplicación del enfoque diferencial al examinar el estándar de la BFEC. Expresamente, ha señalado que: “en los procesos de restitución de tierras el principio de buena fe exenta de culpa debe aplicarse siguiendo los derroteros fijados por la Corte Constitucional en sentencia C-330 de 2016, de acuerdo con la cual se trata de un «estándar que debe ser interpretado por los jueces de forma diferencial, frente a los segundos ocupantes, que demuestren condiciones de vulnerabilidad, y no hayan tenido relación directa o indirecta con el despojo», lo que se traduce en que su aplicación no corresponde a parámetros objetivos y absolutos para todos los casos, sino a la atención de las circunstancias especiales de cada caso”^[226] (énfasis añadido).

 

185.        Por lo demás, la Sala de Casación Civil ha precisado que, ante la falta de material probatorio que demuestre la BFEC al momento de adquirir el predio, corresponde a los Tribunales de Restitución de Tierras negar a los opositores el reconocimiento de la compensación y la posibilidad de celebrar contratos de explotación sobre proyectos agroindustriales en el predio restituido^[227]. En todo caso, fungiendo como juez de tutela, dicha corporación también ha advertido que el material probatorio aportado para demostrar la BFEC debe ser valorado en debida forma y con respeto del debido proceso de los opositores^[228].

 

                             (v)        Conclusiones sobre el estándar de buena fe exenta de culpa.

 

186.         De conformidad con lo expuesto, se pueden decantar los siguientes parámetros de interpretación jurisprudencial en relación con la buena fe exenta de culpa en materia de restitución de tierras, a saber:

 

 

J.     Solución del caso concreto.

 

187.        La sociedad La Francisca S.A.S solicitó que se deje sin efectos el fallo proferido en el marco del proceso de restitución de tierras seguido en su contra, por la Sala Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena. Por lo anterior, a continuación, se procederá a abordar la solución del caso concreto, con fundamento en lo dispuesto en las reglas señaladas en esta sentencia.

 

188.        El apoderado de la sociedad accionante señaló al tribunal accionado como responsable de la violación del derecho fundamental al debido proceso de su representada. Por lo tanto, solicitó al juez constitucional que declare que dicha autoridad incurrió en varios defectos sustantivo, fáctico y por error inducido, en atención a los señalamientos de las personas a las que les fueron restituidos los Predios LF.

 

(i) El tribunal accionado no incurrió en los defectos sustantivos relacionados.

 

189.        Frente a la problemática planteada, la Sala concluye que el Tribunal accionado no incurrió en los defectos sustantivos por (i) indebida aplicación de los artículos 74, 75 y 77 de la Ley 1448 de 2011, (ii) ni del artículo 3° de la misma normativa, por las razones que a continuación pasan a explicarse:

 

190.        No se incurrió en una indebida aplicación de los artículos 74, 75 y 77 de la Ley 1448 de 2011. En lo que atañe al primer punto, se reitera que la sociedad accionante alegó que el tribunal accionado le otorgó equivocadamente la calidad de víctimas de despojo a los solicitantes y declaró la prescripción extraordinaria, sin cumplir los requisitos exigidos en la ley. Al respecto, señaló que los solicitantes ocuparon de forma ilegal los predios en cuestión, valiéndose de las acciones criminales que sufrió la sociedad Agrícola Eufemia Ltda., de tal manera que no se encontraba acreditada la posesión pacífica, pública y continua. Además, se indicó que, a pesar de no poder mantener las actividades de explotación en esos terrenos, dicha sociedad continuó ejerciendo actos de señor y dueño de forma ininterrumpida. En este orden de ideas, en criterio del accionante, no era dable aplicar la ininterrupción de la prescripción prevista en el artículo 74 de la ley de víctimas[230], ni la presunción legal establecida en el literal a) del numeral 2 del artículo 77 de la Ley 1448, sobre la ausencia de consentimiento en la celebración de los contratos de compraventa de mejoras, pues estos no eran titulares de la restitución de tierras en los términos de la mencionada ley[231].

 

191.        Frente a estos señalamientos, el tribunal accionado adujo que durante el trámite de restitución se probó tanto la calidad de víctimas de los solicitantes como los requisitos para declarar la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio. Así las cosas, sostuvo que, a pesar de que la sociedad accionante alegó fuerza mayor como razón para no haber explotado económicamente dichos predios, lo cierto es que estos estuvieron abandonados y fueron explotados económicamente por los solicitantes durante el periodo comprendido entre los años 1996 a 2004, anualidad última en la que se efectuaron las compraventas de las mejoras que éstos realizaron y se produjo su desplazamiento forzado por parte de grupos paramilitares con presencia en la zona. Añadió que, aunque las sociedades opositoras enfatizaron que no tuvieron relación con dichos hechos de violencia y desplazamiento, sí reconocieron que estos sucedieron. Por último, alegó que no hay material probatorio para soportar las afirmaciones respecto a que la posesión de los predios por parte de los solicitantes fue ejercida de forma clandestina, violenta o de mala fe.

 

192.        Con fundamento en lo anterior, la Sala Plena concluye que no se evidencia una actuación judicial arbitraria o caprichosa que haya desconocido la Constitución o la ley en desconocimiento de los principios, derechos y deberes superiores por la errónea interpretación o aplicación de las disposiciones de la Ley 1448 de 2011. En efecto, de conformidad con la jurisprudencia constitucional[232], todas las normas relacionadas con las víctimas del conflicto armado interno deberán ser interpretadas teniendo en cuenta los principios propios de un Estado Social de Derecho. Por consiguiente, con fundamento en los principios de favorabilidad y buena fe, para las víctimas procede, entre otros, la inversión de la carga de la prueba, es decir, que deben tenerse como ciertos, prima facie, las declaraciones y pruebas aportadas por los solicitantes.

 

193.        Los anteriores principios sirvieron de base para que el Tribunal accionado determinara: (i) la calidad de víctimas de abandono forzado de los solicitantes en los términos del artículo 74 de la Ley 1448 de 2011; y (ii) que ellos ejercieron una posesión pacífica, siendo, por lo tanto, titulares de la restitución de tierras, toda vez que se configuró en su favor la prescripción adquisitiva de dominio, en aplicación de la figura de la ininterrupción del término prevista en la referida ley. De acuerdo con lo anterior y con el material probatorio que obra en el expediente, la Sala Plena advierte que las circunstancias fácticas del caso permitían aplicar los artículos 74, 75 y 77 de la Ley 1448 de 2011.

 

194.        Lo anterior, por cuanto no se discute que los miembros de la Aucibe (ahora Usuarios Campesinos Desplazados de las Franciscas I y II), de la que hacen parte los Solicitantes de los Predios LF, fueron objeto de actuaciones que vulneraron de manera grave sus DDHH y sus derechos bajo el DIH. En efecto, se demostró al interior del proceso de restitución de tierras que: (i) en el municipio Zona Bananera del Magdalena y su colindancia existieron actos de violencia generalizada; (ii) miembros de la comunidad de los solicitantes fueron asesinados y hostigados por parte de grupos al margen de la ley, particularmente por miembros de un grupo paramilitar[233]; (iii) los predios objeto de restitución fueron abandonados por parte la sociedad Agrícola Eufemia Ltda[234]; y (iv) los solicitantes efectivamente explotaron económicamente y ejercieron posesión sobre los predios objeto de restitución, sin reconocer dominio ajeno, durante el periodo comprendido entre 1996 y el 2004[235].

 

195.        Con base en dichas circunstancias, la Sala Plena encuentra que, para comenzar, no fue irrazonable ni arbitraria la decisión del tribunal accionado de dar aplicación al artículo 74, consistente en reconocer que, a raíz de los asesinatos de los líderes de la comunidad de los solicitantes y la correspondiente presión de grupos al margen de la ley, éstos se vieron en la obligación de abandonar los predios y desplazarse, razón por la cual se vieron impedidos para ejercer la administración, explotación y contacto directo con los inmuebles restituidos.

 

196.        En sentido complementario, la Sala advierte que el tribunal demandado examinó exhaustivamente una serie de elementos de juicio que le permitieron dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1448. En efecto, la autoridad judicial partió de la base de que las empresas opositoras no cuestionaron en ningún momento la calidad de víctima de los campesinos reclamantes. Sumado a ello, recabó en la relación jurídica de los reclamantes con el predio a partir de las inspecciones oculares realizadas por el INCORA en el año 2003 dentro del trámite administrativo de extinción de dominio iniciado por aquella entidad. Por ese entonces, como se dejó en claro a lo largo de esta providencia, se reportó que el predio Las Franciscas I y II se encontraba ocupado por 54 familias campesinas, las cuales ejercían la explotación agrícola de los fundos con cultivos de pan coger[236].

 

197.        Aunado a lo anterior, la autoridad judicial dejó en claro que si bien mediante la Resolución No. 1624 del 14 de junio de 2007 el INCODER revocó la orden de extinción de dominio de los predios en favor de la Nación, al advertir circunstancias de fuerza mayor “como causal eximente de responsabilidad por la inexplotación del predio”, del estudio de los actos administrativos en referencia concluyó que efectivamente existió un lapso en el que los predios fueron abandonados (1996-2004). Tiempo en el cual los solicitantes, en su calidad de campesinos, ejercieron la posesión y explotación económica de los referidos predios hasta que se efectuó la cuestionada compra de mejoras (año 2004)[237].

 

198.        Al hilo de lo anterior, el tribunal puso de manifiesto que la afirmación esgrimida por la parte opositora, relativa a que “la posesión por parte de los hoy solicitantes se dio de manera violenta, de mala fe y clandestina”, carece de fundamento desde dos puntos de vista. De un lado, porque existen elementos de juicio sólidos (inspecciones oculares de una entidad estatal como lo era el INCORA) que dan cuenta de que los campesinos establecieron una relación material con los predios Las Franciscas I y II. De otro lado, porque también hay elementos de convicción que dan cuenta de que tal relación material tuvo lugar con ocasión del abandono de las tierras por parte de Agrícola Eufemia Ltda. Circunstancia que, sin perjuicio de las razones que la motivaron, quedó efectivamente probada en el proceso[238].

 

199.        Finalmente, habría que anotar que la autoridad judicial accionada analizó los hechos de violencia de que fue objeto Agrícola Eufemia Ltda. Con todo, concluyó que no mediaban pruebas contundentes encaminadas a demostrar que las situaciones alegadas habían tenido lugar en los predios objeto de estudio. Y que si bien la empresa informó sobre una lista de trabajadores que al parecer habrían sido asesinados en el contexto de la violencia que azotó a la región entre los años 1998 y 2000, “no se aclaró el lugar de trabajo o la finca, ni las circunstancias de muerte, punto esencial toda vez que la empresa no solo tiene los predios objeto de estudio, sino que es propietaria de otros predios entre los que se identifican Finca Teresa, Finca Circasia, Finca Bomba”[239].

 

200.        Así pues, con base en los elementos anotados, en particular la no explotación económica de los predios por parte de la sociedad Agrícola Eufemia, no constituyó un error judicial del tribunal accionado haber determinado que existió una posesión sobre los predios; por lo que (i) era dable consignar la titularidad del derecho a la restitución de los solicitantes en los términos del artículo 75, dado que se vieron en la obligación de abandonar los predios como consecuencia directa e indirecta de violaciones graves a los DDHH y al DIH de los miembros de Aucibe, las cuales ocurrieron después del 1° de enero de 1991. Además, (ii) se podía aplicar la no interrupción del término de prescripción a favor de los solicitantes prevista en el inciso 3° del artículo 74 de la Ley 1448 de 2011, al haberse acreditado la posesión. En este sentido, se resalta, además, que la jurisprudencia constitucional[240] ha determinado que la imposibilidad absoluta de hacer valer los derechos no suspende la prescripción adquisitiva extraordinaria, salvo en casos de secuestro, desaparición forzada y despojo, por lo que dicha institución no podía ser aplicada para el caso de la sociedad Agrícola Eufemia.

 

201.        En concreto, con respecto a la prescripción adquisitiva extraordinaria declarada por el tribunal accionado, se señala que (i) el artículo 91 de la Ley 1448 establece que la sentencia de restitución de tierras se debe pronunciar de manera definitiva sobre la propiedad, posesión del bien u ocupación del baldío objeto de la demanda; y, a su vez, (ii) el literal f) del artículo citado sostiene que la sentencia, en el caso de que proceda la declaración de pertenencia, “si se hubiese sumado el término de posesión exigido para usucapir previsto por la normativa”, debe incluir las órdenes a la oficina de registro de instrumentos públicos para que se inscriba dicha declaración de pertenencia. Así las cosas, para la Corte es claro que el tribunal accionado cumplió con los preceptos citados, por las razones que a continuación se exponen.

 

202.        La normativa prevista para la figura de la prescripción adquisitiva de dominio o usucapión la establece como un modo de adquirir las cosas ajenas, por haberlas poseído durante cierto tiempo y con arreglo a los demás requisitos definidos en la ley[241]. La prescripción adquisitiva, a su vez, tiene dos modalidades, ordinaria y extraordinaria, para cada una de las cuales el Legislador ha previsto unos presupuestos especiales que deben ser cumplidos de forma concurrente para que sea viable la declaración judicial[242].

 

203.        A efectos del caso concreto, para la configuración de la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio[243], (i) se requiere la posesión, como requisito y presupuesto fundamental de la usucapión[244]. (ii) El tiempo necesario de la posesión para adquirir una cosa es de diez (10) años sin interrupciones; (iii) dicho tiempo únicamente se suspende en favor del demandado en el proceso de pertenencia, en caso de ser una persona víctima de los delitos de secuestro, toma de rehenes, desplazamiento forzado[245], y desaparición forzada, mientras el delito continúe[246]; y (iv) no se exige título alguno y se presume la buena fe, salvo cuando exista de por medio un título de mera tenencia[247]. Por su parte, (v) no se interrumpe el término de prescripción a favor del poseedor cuando se haya perturbado la posesión o se haya abandonado el inmueble, con ocasión de la situación de violencia que obliga al desplazamiento del poseedor[248].

 

204.        En razón de lo anterior, reitera la Sala que no constituyó un error judicial del tribunal accionado haber declarado la prescripción adquisitiva extraordinaria en favor de los Solicitantes de los Predios LF, por cuanto en el expediente: (i) se acreditó una posesión por parte de estos con base en inspecciones oculares efectuadas por el antiguo INCORA, a raíz de la aprehensión material de los predios restituidos y la voluntad de dueños de los solicitantes[249]; y (ii) se cumplió el término requerido de posesión, dado que los solicitantes efectivamente explotaron económicamente y ejercieron posesión sobre los predios objeto de restitución, sin reconocer dominio ajeno de los mismos, durante el periodo comprendido entre 1996 y el 2004[250], año en que fue interrumpida la posesión por su desplazamiento forzado.

 

205.        A pesar de que, prima facie, no se cumplirían los diez años requeridos por la normativa civil (1996 a 2004), en los términos del inciso 3º del artículo 74 de la Ley 1448, al haberse generado el abandono de los predios restituidos por ocasión al desplazamiento forzado generado por la violencia en la zona, no se interrumpió el término de prescripción a favor de los solicitantes, por lo que procedía la declaración de la prescripción. De hecho, aplicando esa figura de la no interrupción de la posesión prevista en la Ley 1448 y en los términos del artículo 41 de la Ley 153 de 1887[251], si se optara por contabilizar los términos de la posesión ejercida por los solicitantes, de acuerdo con la normativa vigente anterior a la Ley 791 de 2002[252], al momento del fallo impugnado (24 de enero de 2018), ya se hubiesen cumplido los 20 años requeridos para su declaratoria (1996 a 2018), circunstancia que le permitía al tribunal accionado declarar la prescripción extraordinaria. Máxime, si no se desvirtuó la buena fe de los solicitantes, de conformidad con el material probatorio que obra en el expediente.

 

206.        En igual sentido, dados los actos de violencia perpetrados directamente en contra de los solicitantes y la violencia generalizada en la zona de los predios y la región colindante, tampoco se considera que se incurrió en una aplicación caprichosa o arbitraria de la presunción legal prevista en el artículo 77 de la Ley 1448, dirigida a presumir la falta de consentimiento de los contratos de compraventa de mejoras celebrados entre los solicitantes y la sociedad Agrícola Eufemia Ltda.

 

207.        De conformidad con lo anterior, la Sala colige que no está llamada a prosperar la tacha sobre la condición de víctimas de despojo de los Solicitantes de los Predios LF y su titularidad de las medidas de protección derivadas del derecho a la restitución de tierras, por la presunta indebida aplicación de los artículos 74, 75 y 77 de la Ley 1448 de 2011, debido a que el tribunal accionado aplicó de manera razonable el concepto de despojo, los elementos de la titularidad del derecho a la restitución de tierras, la ininterrupción del término de prescripción adquisitiva y la presunción de despojo por ausencia de consentimiento debido a la ocurrencia de violencia generalizada en la zona, para la época en que se celebraron los contratos de compraventa de mejoras.

 

208.        Dicho esto, habría que hacer una anotación final sobre uno de los argumentos esgrimidos por la empresa accionante al momento de alegar la configuración del defecto objeto de análisis. Como quedó reseñado supra, la parte actora en el presente proceso constitucional sostuvo que las aseveraciones emitidas por el INCODER en el año 2007, según las cuales Agrícola Eufemia Ltda. era titular de los predios y víctima de violencia, suscitó en la sociedad accionante una confianza legítima en materia de adquisición.

 

209.        A este específico respecto, la Sala advierte que este argumento pretende dar fundamento a una regla conforme a la cual tener relaciones comerciales o societarias con personas naturales o jurídicas que resultaron afectadas por el conflicto armado anula la carga de la prueba en relación con el estándar de la conducta desplegada en la celebración de negocios jurídicos. Este planteamiento tiene efectos muy graves en el marco del sistema de justicia transicional, pues podría dar paso a una suerte de compensación de actos de violencia y dar apariencia de legalidad al despojo y a la transferencia forzada, lo cual está proscrito por el ordenamiento constitucional[253].

 

210.        Por esa vía, hay que decir que las afectaciones que otrora sufrió Agrícola Eufemia Ltda. por actos violentos de terceros –que, en todo caso, y desde el punto de vista probatorio, no podrían achacarse a los campesinos reclamantes– no tienen el efecto de desconocer la victimización de los campesinos de Aucibe, su desplazamiento forzado y el despojo que sufrieron, ni mucho menos convierte al adquirente opositor en un tercero de buena fe exenta de culpa.

 

211.        Sobre el particular, no puede perderse de vista que la autoridad judicial accionada dio aplicación a los artículos 74 y 77 de la Ley 1448, entre otras cosas, al advertir que la compra de las mejoras se dio en un contexto de violencia contra Aucibe, lo cual se tradujo en el asesinato selectivo y desplazamiento forzado de las personas que allí residían[254]. En este punto, es preciso señalar categóricamente que la decisión del tribunal accionado se sustentó en una premisa clara: los campesinos reclamantes se vieron obligados a despojarse de la posesión sobre sus fundos debido a los hechos de violencia acaecidos en la zona donde se encuentran los predios pretendidos[255].

 

212.        En ese orden de ideas, es posible admitir que en el predio se presentaron dos situaciones de violencia. La primera, dirigida contra Agrícola Eufemia Ltda. en los años noventa y que motivó el abandono inicial de los predios. Y la segunda, relativa a la recuperación violenta de los inmuebles en el año 2004 por grupos armados al margen de la ley, que produjo el desplazamiento de los campesinos reclamantes. De ese modo, hay que aclarar que las dos situaciones mencionadas no pueden ser confundidas ni mucho menos “compensadas”, al paso que tampoco permiten acreditar una actuación de buena fe creadora de derechos por parte de La Francisca S.A.S. Si bien es cierto que esta última tuvo conocimiento de los episodios de violencia que afectaron los intereses materiales de Agrícola Eufemia Ltda., no podía dejar de considerar el segundo escenario de violencia, que es justamente el que motivó el proceso de restitución de tierras.

 

213.        No se incurrió en una indebida interpretación y aplicación del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011. En adición al defecto sustantivo resuelto en los numerales precedentes, la sociedad accionante reprochó la negación de la calidad de víctima de la sociedad Agrícola Eufemia Ltda., en los términos del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011. En su concepto, el tribunal accionado interpretó indebidamente dicha disposición, por cuanto el mismo no excluye la posibilidad de que una persona jurídica sea considerada víctima, en la medida en que se refiere a personas en general y, por lo tanto, incluye tanto a personas naturales como a personas jurídicas. Así, la sociedad accionante considera que la interpretación restringida del tribunal accionado resultó arbitraria, máxime si se acreditó que la sociedad Agrícola Eufemia sufrió daños reales, concretos y específicos, por lo que debía ser reconocida como víctima.

 

214.        De conformidad con lo señalado en las consideraciones del presente fallo sobre el concepto de víctima bajo la Ley 1448 de 2011, la Corte no encuentra que la interpretación del artículo 3º de la Ley 1448 haya sido caprichosa o lejana al margen de razonabilidad del operador judicial. En efecto, el alcance del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011 se circunscribe a las personas naturales. Lo anterior, ya que la finalidad perseguida por el Legislador fue amparar la dignidad humana de las personas que hayan sufrido violaciones a los DDHH y al DIH. Así, para la Corte, el concepto de víctima de la Ley 1448 de 2011 entraña una relación íntima con las personas humanas y la necesidad de amparar su dignidad.

 

215.        De las disposiciones de la Ley 1448 de 2011, tomadas en conjunto y de los debates suscitados a lo largo del trámite legislativo, se desprende que las medidas de reparación establecidas en dicha ley tienen como finalidad tutelar derechos y atributos propios del ser humano, en atención a la transversalidad de la dignidad humana, plasmada en el texto y en los antecedentes de la ley de víctimas. En atención a lo anterior, para la Corte, la decisión del tribunal accionado de negar la calidad de víctima de la sociedad Agrícola Eufemia Ltda., en los términos del artículo 3º de la citada ley, no desconoció los lineamientos constitucionales ni legales en materia del reconocimiento y reparación de las víctimas del conflicto armado interno, bajo el régimen previsto por la Ley 1448 de 2011. 

 

216.        No obstante, según se explicó anteriormente, lo anterior no significa que las personas jurídicas no hayan podido ser afectadas por el conflicto armado, ni que no tengan otros derechos bajo la Ley 1448 de 2011, ni que su situación de afectación no pueda ser reconocido bajo otros regímenes legislativos. Tampoco significa lo anterior que opere una presunción de mala fe en cabeza de las personas jurídicas, en el marco del conflicto armado colombiano.

 

217.        Por ello, como se concluyó con anterioridad en esta providencia, lo que significa que únicamente sean consideradas víctimas las personas naturales en los términos del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, es que estas personas pueden acceder a las prerrogativas y derechos previstos en la ley en referencia para las víctimas, sin perjuicio de que las personas jurídicas puedan hacer valer sus derechos tanto en el marco de procesos regidos por la Ley 1448 de 2011 en calidad de terceros, como en los demás procesos correspondientes que prevé el ordenamiento jurídico colombiano.

 

(ii)    El tribunal accionado no incurrió en un defecto fáctico.

 

218.        La sociedad accionante sostiene que el tribunal demandado incurrió en un defecto fáctico, al momento de declarar no probada su buena fe exenta de culpa dentro del referido proceso de restitución de tierras. Señaló que en la providencia cuestionada dicha autoridad judicial “no valoró debidamente las pruebas aportadas al proceso especial de restitución y formalización de tierras, por la empresa LA FRANCISCA S.A.S.”. En primer lugar, refiere que no tuvo en cuenta las pruebas que corroboran que la actividad empresarial realizada en los Predios LF se suspendió por razones de fuerza mayor, como consecuencia de la violencia generalizada en la zona, la cual fue ejercida por actores armados contra los directivos y trabajadores de los predios. Particularmente, refiere que “el Tribunal no valoró debidamente las pruebas aportadas al proceso de restitución que demuestran que las empresas COMPAÑÍA CACAOTERA DE ORIHUECA LTDA y AGRÍCOLA EUFEMIA LTDA fueron objeto de hechos violentos, que iniciaron el 6 de marzo de 1987 cuando los inmuebles FRANCISCA I y la FRANCISCA II fueron invadidos, violenta e ilegalmente, por un grupo de personas denominado Asociación Campesina de Usuarios Campesinos de Iberia (AUCIBE), quienes tomaron provecho del complejo contexto de violencia que para la época se había generalizado en la zona bananera del Magdalena, supuestamente invitados por funcionarios del entonces INCORA, para acceder posteriormente a un programa oficial de adjudicación de predios”.

 

219.        En segundo lugar, señala que el tribunal acusado no valoró como pruebas las Resoluciones No. 01256 de 1989 del INCORA y 1624 de 2007 del INCODER[256], mediante las cuales se reconocen derechos de propiedad de los predios a las empresas Compañía Cacaotera de Orihueca Ltda y Agrícola Eufemia Ltda., respectivamente. De tal manera, que el Tribunal “no tuvo en cuenta lo decidido en el trámite administrativo de clarificación de la propiedad de los predios y en el procedimiento administrativo para establecer la procedencia legal de declarar o no extinguido el derecho de dominio privado sobre los predios en cuestión”[257].

 

220.        Aunado a lo anterior, y en tercer lugar, señala que el tribunal accionado desconoció las pruebas aportadas respecto a que sobre los Predios LF no se ejerció una posesión pacífica, pública y continua, que diera lugar a la declaratoria de pertenencia, prescripción adquisitiva y extintiva del dominio. Al respecto, sostuvo que “hay una indebida valoración probatoria, la cual es incompleta y parcializada, en la medida en que para unos aspectos (la determinación de la calidad de víctimas de los solicitantes) la sentencia del Tribunal tiene en cuenta el contexto tanto del departamento del Magdalena, el de la Zona Bananera y el de los inmuebles FRANCISCA I y FRANCISCA II, y para otros aspectos, como son los argumentos de inexplotación del predio por parte de las empresas opositoras, solo considera el supuesto "abandono" (forzado en realidad) de los inmuebles FRANCISCA I y FRANCISCA II por parte de AGRÍCOLA EUFEMIA LTDA y no el contexto general de violencia que las afectó. Igualmente, la sentencia desconoce la Resolución 1624 de 2007 proferida por el INCODER que, basada en el contexto de violencia generalizado de la región, encontró justificada la inexplotación del predio v revocó la decisión de declarar extinguido el dominio a favor de la Nación, con fundamento en jurisprudencia del Consejo de Estado”[258].

 

221.        Revisado el fallo acusado, encuentra la Sala que el tribunal accionado no incurrió en el defecto fáctico alegado, tal y como pasa a explicarse:

 

222.        Luego de realizar el recuento de los antecedentes, del trámite procesal adelantado y de enunciar las pruebas aportadas en el referido proceso de restitución de tierras, el tribunal accionado planteó el siguiente problema jurídico: “Corresponde a esta Sala abordar las solicitudes arriba relacionadas, determinando en cada uno de los casos si se encuentra identificado el predio objeto de restitución; si está demostrada la relación jurídico del inmueble rural con cada uno de los solicitantes; para luego definir si en ellos se cumple la condición de víctima consagrada en el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, y si es procedente la declaratoria de adquisición del predio por prescripción adquisitiva de dominio; finalmente, acreditado dichos presupuestos, establecer si se encuentra probada la buena fe exenta de culpa que alegaron los opositores[259].

 

223.        Para resolver dicho interrogante, el tribunal accionado se pronunció en relación con: (i) la Ley 1448 de 2011 en el marco de la justicia transicional; (ii) el contexto de violencia en el municipio de Zona Bananera (Magdalena) y su incidencia en los predios Las Franciscas I y II; (iii) la relación jurídica de los solicitantes con los predios; (iv) la calidad de víctima y, (vi) las excepciones de mérito propuestas por las opositoras, entre ellas, la buena fe exenta de culpa, para finalmente analizar el caso concreto de cada uno de los solicitantes[260].

 

224.        Al revisar el fallo cuestionado, se advierte que el tribunal demandado se pronunció, en varias oportunidades, respecto al contexto general de violencia que afectó a los Predios LF, inclusive con base en el contenido documental que obra en el proceso administrativo de extinción de dominio que cursó en el INCODER y que finalizó con la Resolución 1624 de 2007, la cual, según la sociedad accionante, no fue valorada por la referida autoridad judicial. Al respecto, en la página 61 de la providencia acusada se advierte lo siguiente:

 

“Del contenido documental en el proceso administrativo de extinción de dominio que cursó en el INCODER, respecto a los predios objeto de restitución, se extrae que la Zona Bananera fue decretado Municipio mediante Ordenanza #011 de 1999 de la Asamblea del Departamento del Magdalena, producto de la lucha incansable de un Movimiento Ciudadano liderando por el Dr. Jesús Alberto Avendaño Miranda (Q.E.P.D.), quien se convertiría en su primer Alcalde elegido por voto popular el 5 de marzo del año 2000. En la década de los noventa y años posteriores al 2000, este ente territorial resultó notablemente afectado por el fenómeno de la violencia, reflejado en actos de terrorismo como detonación de artefactos explosivos en instalaciones de empresas bananeras, la quema de fincas, asesinato de campesinos que laboraban como obreros del sector agropecuario de la zona, secuestros, hurto de vehículos, quema de vehículos transportadores de banano, extorsión entre otros delitos. (…)

 

Concretamente refiriéndose al predio objeto de solicitud de restitución, reposa nota periodística del Hoy Diario del Magdalena de fecha del 3 de septiembre de 1996; en la cual se hace alusión a tres atentados terroristas cometidos en contra de la Multinacional Dole, empresa que solicitó en su momento ante las autoridades competentes garantías para seguir en el país en la actividad de exportación de banano. En dicha noticia se relató: ‘El jefe de operaciones de Técnicas Boltime de Colombia-Tecbaco, empresa que representa a la Dole en Colombia, Samuel Ramírez, expresó que, tras los hechos de la noche del martes, los directivos de la compañía evalúan lo situación que es propia de dicha empresa y establecen, a la vez, las condiciones mínimas para seguir funcionando en el departamento. (...) Tecbaco y la Dole, en consecuencia, generan aproximadamente cinco mil empleos directos e indirectos, de ahí el impacto social que podría causar el retiro de esa compañía del departamento. Entre tanto, se supo que por lo menos seiscientos millones de pesos ascienden las pérdidas causadas a los propietarios de las fincas que fueron quemados por lo subversión. Dichas fincas son propiedad de una asociación agrícola que vende toda su producción a la Dole. Las fuentes consultadas expresaron que con las acciones de lo guerrilla en dichas fincas-La Bomba, La Circasia y La Francisca- se afectó directamente lo fuente de cien obreros que laboraban en dichos tierras”. (Subraya fuera del texto original)

 

225.        Ahora bien, en relación con el análisis que hizo el tribunal accionado respecto a la posesión que ejercieron los solicitantes de los Predios LF, dicha autoridad judicial, contrario a lo afirmado en la demanda, sí tuvo en cuenta los argumentos planteados por las sociedades opositoras respecto a que la inexplotación de los Predios LF sucedió por razones de fuerza mayor, como consecuencia de la violencia generalizada en la zona ejercida por actores armados contra los directivos y trabajadores de los predios. Así, en la página 80 del fallo cuestionado, se señala que:

 

“Por otro lado, encontramos que, en su mayoría, los solicitantes afirmaron haber entrado en posesión de los predios entre los años 1996 y 1997, y otros que lo hicieron en la década de los 80’. Sin embargo de la posesión alegada para esa época no se tiene prueba, lo que si se encuentra probado es que para el año 1996 los inmuebles Francisca I y II, (FMI 2223-263 y FMI 222-264), tenían como titular del derecho de dominio la empresa AGRICOLA EUFEMIA SAS.

 

Teniendo en cuenta que los solicitantes invocaron que la posesión de los predios se debió al abandono de los propietarios, encontramos que respecto a este punto la empresa AGRICOLA EUFEMIA SAS, de manera textual en el escrito de oposición indicó:

 

‘...En resumen y para concluir, toda la situación vivida por las Compañías y por Eufemia en particular del año 1991 a 2005 conllevó o que Eufemia se viera impedido para desarrollar sus actividades en “La Francisca I” y “La Francisca II” fuera despojada de su predio, siendo por lo tanto victima también del conflicto armado. En el presente asunto lo presencia guerrillera y los ataque de ésta, fueron un factor determinante para que la Eufemia no pudiese ejercer plenamente los actos de señor y dueño, que además fue aprovechado por los solicitantes inescrupulosamente para realizar una invasión ilegal, clandestina, arbitraria, contraria a derecho, con presión y violencia, todo ellos, repito, facilitado por el ambiente de inseguridad que imperaba en la zona, tal y como se ha mostrado o lo largo del presente escrito (...). La inexplotación, reitero, de los predios denominados La Francisca I y La Francisca II está probada de manera plena, tuvo causa en un fenómeno de violencia generalizada que constituye un hecho imprevisible e irresistible pata la sociedad opositora. El artículo 52 de la Ley 160 del 94 al igual que los artículos 3 y 4 del Decreto 2665 de 1994 establecen que la inexplotación de predios es causal de extinción de dominio, salvo que esto se deba o un caso fortuito o fuerza mayor.

 

Lo anterior resulta de fundamental relevancia toda vez que fue durante la época de la inexplotación, en que los solicitantes ingresaron a los predios con el propósito claro de apropiárselos. Dicho caso fortuito o fuerza mayor exime de cualquier responsabilidad a la sociedad que represento, respecto del presunto daño que alegan haber sufrido los accionantes’.

 

Así mismo, dentro de las pruebas allegados al proceso encontramos que efectivamente la empresa Agrícola Eufemia, después del mes de Enero del año 1997, dejó de ejercer explotación en los predios objeto de estudio, de lo anterior dan cuenta las pruebas documentales que obran en el expediente aportadas por el extinto Incoder, de las cuales se puede establecer con una línea de tiempo las acciones ejercidas por la empresa mencionada:

 

•      ‘El 23 de octubre de 992, el señor Peter Kessler que actuaba como jefe de agricultura y gerente de producción de Tecbaco (visitaba los fincas de propias de los Compañías y de otros productores con quienes Tecbaco tenía contrato de suministro de fruta), es secuestrado y posteriormente asesinado en la zona, por grupos armados al margen de la Ley.

•      El 14 de abril de 1993, grupos al margen de la ley secuestran y asesinan a José Vélez, empleado de administración y confianza de Eufemia.

•      El 15 de diciembre de 1993, grupos aliados en armas secuestran y asesinar a Alberto Monsalve empleado de administración y confianza de San Pedro.

•      El 23 de febrero de 1994, grupos alzados en armas asesinan a dos empleados de Eufemia que trabajaban en la región.

•      En Septiembre de 1995, disminuye la productividad de “La Francisca”. La finca se iba a renovar: la idea era renovar variedades, cambiar el sistema de riego y drenaje y subsolar. Cuando se compró la finca, esta no estaba en buenas condiciones en cuanto o infraestructura, suelos y variedades. La variedad sembrada de banano al momento de lo compra no era buena y el piso no estaba subsolado (es decir, el suelo estaba muy compactado).

•      El 11 de septiembre de 1995, grupos alzados en armas destruyen e incendian tres contenedores de la marca Dole, utilizados en labores de comercio internacional.

•      En Noviembre o Diciembre de 1995, debido a los problemas de seguridad, se ofrece en venta “Las Franciscas”. Dicho intento resulto infructuoso por ausencia de oferentes.

•      En marzo de 1996, Eufemia corta 59 hectáreas cultivadas, de las 118 hectáreas cultivables, con el fin de que ‘descanse lo tierra’, realizar labores de preparación del suelo (subsolar) y hacerla altamente productiva nuevamente.

•      El 13 de mayo de l996, un viento “huracanado” que pasó por lo zona destruye completamente las otras 59 hectáreas que se encontraban cultivadas (Brent).

•      El 11 de septiembre de l996, los guerrilleros autodenominados fuerzas armadas revolucionarias (FARC) ingresan a las fincas La Francisca. Bomba y Circasia, todas de propiedad de lo Eufemia, incendiándolas y destruyéndolas completamente. Dicha destrucción incluye las facilidades (planta empacadora y oficinas) al igual que las bodegas y las plantaciones mismas.

•      El 5 de enero de 1997, aproximadamente 30 o 40 personas ingresan ilegalmente e ‘invaden’ Las Franciscas.

•      En Enero 15 de l997, una vez presentada la denuncia, se realiza inspección ocular en ‘Las Franciscas’ y, las autoridades en compañía de las fuerzas armadas decretan y practican el lanzamiento de los ocupantes ilegales.

•      Dicha acción fue autorizada y ordenada por la Alcaldía de Ciénaga, mediante auto del 1l de enero de 1997, en donde se decreta ‘el lanzamiento de las personas sin determinadas’, ordenando la restitución del inmueble a Eufemia.

•      El 15 de enero de 1997, Eufemia firma y empieza a ejecutar un contrato para lo adecuación, siembra y atención de 3.000 árboles de roble en ‘Las Franciscas’.

•      El 18 de enero de 1997, se inició la adecuación y plantación de los robles. Se alcanzaron a plantar 500 robles; sin embargo, días después, dichos arboles fueron arrancados ilegalmente, por personas ajenas a Eufemia.

•      El 2l de enero de 1997, Eufemia conoce que nuevamente un grupo de ocupantes ilegales invaden ‘Las Franciscas’ e inmediatamente se solicita a las autoridades la protección por dicha invasión ilegal.

•      En Febrero de 1997, lo fuerza pública se traslada nuevamente a ‘Lo Francisca’ no encuentra a ninguno de los ocupantes ilegales.

•      Indica que por la fuerte presencia de grupos armados ilegales en la zona no fue posible que las gestiones realizadas fueran efectivas paro lograr la recuperación total de ‘Las Franciscas’ y además debido a las presiones ilegales en la zona y la intimidación en la que se encontraba las Compañías por lo que decidieron no continuar en esas condiciones’.

 

Adicionalmente la empresa Agrícola Eufemia admite en el escrito de oposición que ‘...En Junio de 1997, debido a intimidaciones y amenazas de grupos al margen de la ley, se hace necesario reubicar a trabajadores de ‘Las Franciscas’ en otras fincas (...). En realidad, por lo fuerte presencia de grupos armados ilegales en la zona no fue posible que las gestiones realizadas fueran efectivas para lograr lo recuperación total de ‘Las Franciscas’ y además debido a las presiones ilegales en lo zona y la intimidación en la que se encontraban los Compañías, se decidió no continuar, así como tampoco iniciar más gestiones tendientes o recuperar el terreno, teniendo en consideración, además, la conservación de los otras plantaciones que las compañías tenían en la región y su negocio de exportación, y por consiguiente protegiendo las demás inversiones y empleos en la zona...’ (…)”.

 

226.        Frente a lo anterior, en la sentencia de 24 de enero de 2018, el tribunal accionado consideró que[261]:

 

“Siendo importante aclarar que la empresa Agrícola Eufemia [Ltda], si bien es cierto admite la no explotación de sus inmuebles desde el mes de junio del año 1997 y referencia algunos hechos de violencia y acciones ante autoridades públicas entre los años 1998, 1999 y 2000, no obstante ello se denota que las circunstancias acreditadas a través de pruebas documentales, no son situaciones ocurridas en los predios objeto de estudio, si no que se trata de atentados denunciados ante la Fiscalía General de la Nación por el gerente de seguridad industrial de la empresa TECNICAS BALTIME DE COLOMBIA S.A S ’, entidad que si bien está vinculada al proceso, no era la titular de los predios objeto de estudio, ni nunca ha ostentado tal condición.

 

En atención a las muertes de trabajadores entre los [años] 1998-2000, las cuales informa en una lista la empresa Agrícola Eufemia (…), se debe precisar que respecto a esas muertes, no se aclara el lugar de trabajo o la finca, ni las circunstancias de muerte, punto esencial toda vez que la empresa no solo tiene los predios objeto de estudio, sino que es propietaria de otros predios entre los que se identifican FINCA TERESA, FINCA CIRCASIA, FINCA BOMBA.

 

También encontramos que, dentro del trámite administrativo adelantado por el INCORA, que fue iniciado según la información aportada en el expediente administrativo en el año 2000’, se extraen dos (2) decisiones, la primera a través de la Resolución No. 0605 de fecha 20 de marzo de 2007, por la cual se declaró la extinción a favor de la Nación del derecho de dominio privado de los predios rurales denominados LA FRANCISCA I y LA FRANCISCA II, el motivo principal de la decisión fue ‘Los predios se encontraban ocupados por personas diferentes a los propietarios, quienes no reconocen dominio ajeno’ y la segunda decisión proferida mediante Resolución No. 1624 del 14 de junio de 2007, en la cual revoca la orden de extinción a favor de la Nación del derecho de dominio privado de los predios rurales denominados LA FRANCISCA I y LA FRANCISCA II, reconociendo que si bien la empresa AGRICOLA EUFEMIA en ‘...el acto administrativo recurrido, alegaron esta circunstancia de fuerza mayor como causal de eximente de responsabilidad por lo inexplotación del predio, no acreditaron plenamente prueba de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que la presencia de los actores armados impidieron realizar la explotación económica del predio o de denuncias ante autoridades competentes por tales hechos o de los medidos adoptadas por autoridades competentes (...) sin embargo, en el caso que nos ocupa (...) obran fotocopias de los contratos de compraventa de mejoras entre la sociedad y los colonos ocupantes del predio...’ fue coincidente el Incora en señalar que los denominados colonos no reconocieron el dominio ajeno”.

 

Del estudio de las Resoluciones emitidas, se puede precisar que pese a las alegadas razones de fuerza mayor u otro tipo circunstancias dadas por la empresa Agrícola Eufemia, sobre los impedimentos para la explotación de los predios LA FRANCISCA I y LA FRANCISCA ll, existió un tiempo determinado en que los predios fueron abandonados, en el cual entraron los solicitantes en su condición de campesinos, permaneciendo en estos hasta el año 2004, cuando se efectúa la aducida compra de mejoras, adicionalmente existió la confianza Legítima de los solicitantes frente a las actuaciones y decisiones administrativas de un organismo que representa el Estado como es INCORA, cuando se estaban realizando las diligencias tendientes a la extinción, lo que generó en los solicitantes la expectativa legitima de poder obtener una adjudicación de los lotes explotados entre los años 1996 y 1998, como ellos lo indicaron, circunstancia no controvertida por la parte opositora.

 

Un punto que se debe aclarar es que si bien la empresa AGRICOLA EUFEMIA alega que la compra de mejoras efectuadas a los solicitantes, es un hecho que determina el reconocimiento de dueños, es importante precisar que la referida compra se efectuó en el año 2004 bajo un contexto de violencia y en circunstancias intimidantes, de acuerdo a las declaraciones dadas por los solicitantes, quienes fueron coincidentes en expresar que la suscripción y venta de mejoras, aun cuando no es un hecho probado, fue por presiones de grupos armados al margen de la ley, y aunado a ello la muerte de sus compañeros líderes de la comunidad, lo que los llevó a abandonar los fundos.

 

Las situaciones descritas llevan a dar por acreditado el hecho de que los predios Franciscas I y Francisca II, estuvieron sin explotación por parte de la empresa Agrícola Eufemia, durante los años 1997 a 2004, siendo el marco temporal de posesión que indican los solicitantes, y resulta importante aclarar que algunos relatan su entrada en el año 1996. sin embargo, tal fecha no es posible admitirla por cuanto existen evidencias de la presencia de la empresa AGRICOLA EUFEMIA en los fundos, por cuanto intentó hasta el mes de enero de 1997 el desalojo de los campesinos, la cual resultó infructuoso, y los colonos quedaron explotando el inmueble luego de la última diligencia de desalojo que tuvo lugar el 15 de enero de 1997 hasta el año 2004”. (Subraya fuera del texto original)

 

227.        Aunado a lo anterior, al analizar la condición de víctimas de los solicitantes de los Predios LF, el tribunal accionado señaló[262]:

 

“De acuerdo a la situación descrita por los solicitantes y las pruebas obrantes en el plenario, se presentó un fenómeno masivo de desplazamiento en el predio Las Franciscas I y II en el mes de marzo de 2004, el cual fue denunciado ante la Personería Municipal de Zona Bananera en su momento y reconocido por algunos miembros de los grupos de Autodefensas en sus versiones libres rendidas ante la Fiscalía General de la Nación, tal como se pudo evidenciar de los relatos reseñados de los postulados Rene Rolando Garavito y José Gregorio Mangones y las providencias judiciales proferidas por el Tribunal Superior de Barranquilla -Sala de Justicia y Paz, la cual fue referenciada en párrafos que anteceden.

 

En el presente caso, quedó demostrado el desplazamiento forzado del cual fueron víctimas los solicitantes y sus núcleos familiares, por la amenaza de parte de un grupo armado al margen de la Ley al parecer denominado frente William Rivas de las AUC, el 13 de marzo de 2004, fecha en la cual también asesinaron a uno de sus compañeros parceleros, señor JOSE CONCEPCION KELSI CARRERA (Q.E.P.D.), cuando el grupo de hombres armados llegó hasta Las Franciscas para pedirle que abandonara el inmueble que ocupaba y éste al negarse fue asesinado y lanzó la advertencia a los demás campesinos para que salieran de los predios hoy reclamados en restitución.

 

En el escrito de oposición presentado por la empresa LAS FRANCISCAS S.A.S., no se observa una controversia en cuanto la calidad de víctimas de los solicitantes, la apoderada judicial de la empresa enfatiza en la contestación de la demanda que los hechos victimizantes alegados no resultan imputables a las empresas y que la ocupación ilegal de los predios por los solicitantes no puede catalogarse como pacifica, que la misma fue de manera arbitraria, planeada de tiempo atrás, mal intencionada y en detrimento de los derechos de Agrícola Eufemia, es más reconocen que la zona donde se ubica el predio estuvo notablemente afectada por la violencia, tal como lo señaló en su escrito:

 

‘Como se mencionó, las compañías no fueron las únicos que sufrieron por los actos de violencia que se sucedieron en la zona desde 1992 hasta 2004. todos los habitantes, trabajadores, agricultores y comercios les fueron afectados por dichas incursiones, siendo ello de público, notorio y amplio conocimiento en lo región, y en el país en general, por la incapacidad notoria del Estado Colombiano para proteger lo vida, honra y bienes de los habitantes y empresas del país y de la zona.’

 

Es decir, que la condición de víctimas de los reclamantes no se discute y estima la Sala se encuentra debidamente acreditada, pues tanto las pruebas documentales y los interrogatorios surtidos dan cuenta de los hechos que dieron lugar al abandono y desplazamiento forzado de los predios. Ahora bien, frente al argumento de la parte opositora, en el que señala que la posesión por parte de los hoy solicitantes se dio de manera violenta, de mala fe y clandestina, son afirmaciones sin fundamento probatorio, en tanto a que se trató de un grupo de campesinos que establecieron una relación material con las fincas Las Franciscas I y II, cuando estas se encontraban en abandono y se posesionaron en esas tierras para dedicarse a labores de explotación agrícola.

 

Por otra parte, en cuanto a las excepciones de fondo planteadas en la oposición de la solicitud como son la improcedencia de la acción de restitución por el no cumplimiento de los requisitos de Ley, la presunción de legalidad de los negocios jurídicos, la temeridad de la acción por uso indebido de la Ley 1448/2011, presunción de legalidad de los actos administrativos, la ilegalidad de las pretensiones, el caso fortuito o fuerza mayor, pago de indemnizaciones e inexistencia de nexo causal entre el supuesto daño, supuesto desplazamiento y despojo, resultan imprósperas luego de haberse definido la relación jurídica de posesión de los solicitantes con los predios Francisca I y Francisca II, se demostró su calidad de víctima del conflicto armado interno y el nexo causal del despojo con la situación de violencia que afectó el vínculo de los accionantes con los inmuebles solicitados en restitución.” (subraya y negrilla fuera del texto original)

 

228.        Sumado a lo expuesto, al determinar la declaración de pertenencia y la configuración de la prescripción adquisitiva de dominio de los solicitantes de los Predios LF, el tribunal demandado sostuvo[263]:

 

“Tratándose de una presunción legal que no se logró desvirtuar, se tiene además que la celebración del negocio de compraventa de las mejoras mediante los cuales los accionantes perdieron el vínculo material con los predios Las Fráncicas I y II, tal como quedó acreditado de manera precedente el contexto de anormalidad en la zona, producto del accionar y asentamiento de miembros de grupos paramilitares, resulta determinante para motivar el desarraigo y consecuente abandono. Aunado a que resulta evidente la concomitancia entre los actos de violencia acusados por la parte actora y los negocios suscritos por los campesinos de las fincas solicitadas en restitución que se encuentran ubicadas en el Municipio de Zona Bananera (Magdalena) con representantes de la empresa Agrícola Eufemia lo que permite establecer con claridad la existencia de un nexo causal entre una y otra.

 

En el presente caso, ya se ha dejado claro en esta sentencia, sobre la acreditación de la relación jurídica de los solicitantes con los predios Las Franciscas I y Francisca II: inmuebles que tenían en posesión el grupo de campesinos en el corregimiento de Orihueca, Municipio Zona Bananera (Magdalena) y del cual suscribieron un documento de venta de mejoras a favor de la empresa entonces titular de los predios Agrícola Eufemia, explotados económicamente por la Sociedad Las Franciscas I y II, quien figura como titular del predio la empresa opositora Sociedad Las Franciscas S.A.S., pues de ello da cuenta los certificados de matrícula inmobiliaria obrante a folios 537-547 del cuaderno principal.

 

También se ha referido esta providencia, sobre la condición de víctima de desplazamiento forzado de los solicitantes, quienes por causa de la violencia por el conflicto armado interno, se vieron obligados a desplazarse de forma masiva de los lotes que tenían en posesión en las fincas las Franciscas I y ll en el año 2004, quienes a pesar de haber negociado las mejoras constituidas en los predios tales como cultivos de frutas a la empresa Agrícola Eufemia E.U., entre los meses de julio y agosto de 2004, manifestaron haber intentado volver a establecerse en los predios, luego del asesinato de uno de sus compañeros lideres el señor José Concepción Kelsy (q.e.p.d.) ocurrida el día 14 de marzo de 2004, pero el campesino que intentó liderarlos nuevamente, es decir, el señor Abel Bolaño Morales fue igualmente asesinado por parte de miembros de grupos armados al margen de la Ley el 3 de enero de 2005, tal como se dejó expuesto en el acápite que abordó el tema de la calidad de víctima de los reclamantes, por lo que se percibe que en la zona la presencia activa de los grupos armados ilegales continuaron generando temor en la población.

 

No puede desconocerse que para la época de las ventas, esto es, en el año 2004 era un hecho notorio que existía anormalidad del orden público en la zona que requería de intervención estatal.

 

Sobre la motivación de las ventas de mejoras que tenían plantadas las familias solicitantes en los predios Francisca I y Francisca II y el contexto en el que estás se realizaron, en testimonio rendido por la solicitante María del Rosario Sarabia Bustamante en la etapa instructivo, manifestó:

 

‘PREGUNTADO: Indique al despacho si usted y su grupo familiar en algún momento tuvieron que salir de los predios denominados FRANCISCAS I y II. En caso de ser afirmativo su respuesta diga en qué fecha sucedió esto y que motivos lo llevaron a tomar eso determinación. CONTESTO: le puedo comentar que cuando nos sacaron los paramilitares nos llevaron a una finca llamada la teresa, ahí estaban esperándonos unos hombres armados de esos paramilitares, ellos nos pusieron a (firmar unos papeles en blanco y a mí me dieron 270.000 pesos, de eso teníamos que darle 30.000 pesos a los paramilitares, y teníamos que hacerlo porque si no lo hacíamos nos iban a matar Ahí había un administrador, eso fue en lo oficina de lo finca la teresa, eso los abogados tienen el nombre, yo les dije que eso era un delito…’

 

Lo anterior fue ratificado por la también solicitante Nileth del Carmen Díaz Fuentes:

 

‘PREGUNTADO: Indique al despacho si usted y su grupo familiar en algún momento tuvieron que salir de los predios denominados FRANCISCAS I y II. En caso de ser afirmativa su respuesta diga en qué fecha sucedió esto y que motivos lo llevaron o tomar esa determinación. CONTESTO: si salimos, eso fue el l4 de marzo de 2004, porque personas de un grupo nos mandaron o desocupar las casas y mataron o muchos compañeros, en ese entonces se decía que era ese señor Tijeras, a quien no conocí peros si lo vi. Bueno eso fue un día que ellos mataron al señor Kelsy y dijeron que teníamos que desocupar. de ahí no pudimos que recoger nada y yo deje todo allí, de allí estando en el pueblo nos dijeron que teníamos que ir a la finca la Teresa que ahí nos iban a pagar las tierras y todo lo dejamos ahí, estando ahí nos encerraron en una bodega y colocaron candado, después nos pasaron para otro cuarto más pequeño que este (se refiere al despacho de la oficina del señor Jueza, después nos llamaban uno a uno, y nos colocaron o firmar un papel en blanco y me decían que lo firmáramos bien porque si no ya sabíamos que nos pasaba que sabían dónde vivían, después de firmar me dieron un sobre con doscientos mil pesos, Y Saliendo me pararon los paramilitares y me dijeron que tenía que darles cincuenta mil pesos y yo les dije que si querían se llevaran todos los doscientos mil pesos porque mi tierra no valía eso y que si querían acabaran con todo lo de mi casa hasta con el nido de la perra, ahí caí en el suelo y me puse a llorar, de ahí me recogieron los compañeros y me sacaron de ahí, nos fuimos de la tierra...’

 

Todo lo anterior conduce a tener por acreditada la inexistencia de liberalidad en la negociación celebrada mediante la cual perdieron los solicitantes la relación jurídica con los fundos que tenían en posesión, esto es, la incidencia del contexto de violencia y el temor del retorno a los mismos ante la persistencia de la alteración del orden público en la zona.

 

Ahora bien, no puede pasar por alto la Sala que el derecho de propiedad adquirido por la sociedad Las Franciscas S.A.S. pese a no haberlo derivado de los solicitantes, desconoció un contexto empírico de conflictividad en torno al acceso de los campesinos a la propiedad rural, en un contexto en que no se tiene estimado al restablecimiento de las condiciones de orden público, que permiten tener por acreditado los presupuestos de la presunción contenida en el literal a) del numeral 2 del artículo 77 de la Ley 448 de 201 .

 

Todo lo anterior, evidencia que existieron circunstancias externas, que lograron provocar una ausencia de consentimiento en los campesinos hoy solicitantes en la suscripción de los documentos de compraventa entre los meses de julio y agosto de 2004, sobre los lotes de terreno que hacen parte de los predios Las Francisca I y Francisca II, a favor de la empresa Agrícola Eufemia E.U., provocado por las amenazas infundidas por un grupo paramilitar y la falta de seguridad en la zona de ubicación de los predios.

 

Por todo lo anterior, esta Sala concluye que en este caso existió en los campesinos poseedores de los inmuebles solicitados en restitución la falta de consentimiento en la venta de sus mejoras, por lo tanto se impone dar aplicación a la presunción establecida en el numeral 2º, literal a) del artículo 77 de la ley 1448/2011, arriba transcrita y en consecuencia se reputará la inexistencia de los contratos de compra venta de mejoras que se relacionan en el siguiente cuadro y se declarará la nulidad absoluta del contrato de compraventa celebrado entre AGRICOLA EUFEMIA S.A.S. y la sociedad FRANCISCAS S.A.S. elevado a Escritura Pública No. 22 de fecha 21 de enero de 2009.

 

En consecuencia, quedan desvirtuadas las alegaciones presentadas por la Sociedad Las Franciscas S.A.S., como fundamento de su oposición, por tanto, al estar demostrada la calidad de víctima de los solicitantes y su grupos familiares, bajo las directrices señalados en el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, así como, la titularidad que tienen sobre el derecho de restitución de acuerdo al art. 75 y la legitimación para iniciar esta acción (art. 81), se ordenará la restitución jurídica y material de los lotes de terreno que integran los predios Las Franciscas I y Las Franciscas II, a favor de los solicitantes…”. (Subraya y negrilla fuera del texto original)

 

229.        Finalmente, al evaluar la buena fe exenta de culpa de la sociedad La Franciscas S.A.S en la compra de los predios objeto de restitución, a la compañía Agrícola Eufemia, en el año 2009, el tribunal accionado advirtió[264]:

 

“Previo a entrar al estudio de la Buena Fe Exenta de Culpa, es necesario señalar que a pesar de que las empresas LA FRANCISCA S.A.S., y AGRÍCOLA EUFEMIA (…), tengan la misma persona jurídica como representante legal, y tengan la misma dirección de notificación, no es suficiente para la Sala determinar que se trate de la misma empresa, por cuanto no solo está el hecho de que AGRICOLA EUFEMIA S.A.S., transfirió la titularidad a LA FRANCISCA S.A.S., sino que además tienen certificados de existencia y representación legal diferentes, no quedando entonces el tema claro para esta Sala.(…)

 

La Sociedad LA FRANCISCA S.A.S., en su escrito de oposición, alega la excepción de Buena Fe Exenta de Culpa, afirmando que ésta consiste en la concurrencia de dos elementos: la conciencia de que se obra con rectitud, lealtad, y la convicción de quien se presenta como titular del derecho, realmente lo es. Para soportar dicha calidad en la negociación del predio, advierte que hasta donde tiene conocimiento la empresa Agrícola Eufemia, en su condición de titular del derecho de dominio, actúo conforme a derecho y de manera diligente frente a las ocupaciones ilegales en el predio, ejerciendo las respectivas acciones policivas ante las autoridades competentes.

 

Sin embargo, tales argumentos no son suficientes para acreditar la buena fe exenta de culpa, toda vez que la sociedad LA FRANCISCA S.A.S., no puede desconocer que después del mes de enero de 1997 la empresa Agrícola Eufemia dejó de ejercer la explotación de los predios, y aunque la sociedad intentó el desalojo de los campesinos mediante una acción policiva en el año 1997, la misma fue infructuosa ya que los solicitantes conservaron la posesión del predio desde ese año hasta el 2004, fecha en que se vieron obligados a despojarse de la posesión sobre sus fundos debido a los hechos de violencia acaecidos en la zona donde se encuentra los predios pretendidos. (…)

 

De lo anterior se desprende, que resulta evidente que a la luz de la Ley de restitución de tierras que a los adquirientes se les exige en su comportamiento negocial frente al inmueble objeto de la solicitud, el deber de haber realizado averiguaciones adicionales a las normales o habituales para esta clase de asuntos, dirigidas a comprobar la situación jurídica del bien, puntualmente la circunstancias relacionadas con sus anteriores propietarios en la tradición o poseedores, máxime por ejemplo cuando en el presente asunto quedó en evidencia la grave situación de orden público existente en la región donde se encuentran los predios objeto de reclamación y los hechos de violencia acaecidos en la zona con ocasión al conflicto armado, es decir, actuar con la conciencia y la certeza de haber sido enajenado a sus anteriores propietarios sin vicio alguno o afectados por el accionar de grupos armados al margen de la Ley.

 

Para el caso concreto encontramos que la sociedad LA FRANCISCA S.A.S, en su escrito de oposición fue clara al indicar su conocimiento expreso sobre los hechos de violencia específicos que padeció la zona, los cuales son de público conocimiento (…)

 

Así las cosas, si bien la empresa opositora tenía la propiedad de los predios La Francisca I y La Francisca II, en el caso concreto, se cumple con lo prescrito en el Principio 17.4 de los Principios Sobre la Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de los Refugiados y las Personas Desplazadas, de obligatoria aplicación por integrar el bloque de constitucionalidad al tenor de lo señalado en el art. 93 de la Constitución Nacional que señala:

 

‘En los casos en que los ocupantes secundarios hayan vendido las viviendas, las tierras o el patrimonio a terceros que las hayan adquirido de buena fe, los Estados pueden considerar la posibilidad de establecer mecanismos para indemnizar a los compradores que hayan resultado perjudicados. No obstante, cabe sostener que la gravedad del desplazamiento que originó el abandono de los bienes puede entrañar una notificación implícita de la ilegalidad de su adquisición, lo cual excluye en tal caso la formación de derechos de buena fe sobre la propiedad’.

 

Adicionalmente encontramos unas actas denominadas compras de mejora, visibles a folios 689 a 750 del cuaderno del Incoder, las cuales se encuentran suscritas por los solicitantes y otras personas que no presentaron solicitud de restitución de tierras, que datan del mes de julio del año 2004, en las que venden a la Sociedad Agrícola Eufemina LTDA, unas mejoras al respecto de cultivos que tenían en las parcelas objeto de estudio (…) página 80.

 

Aunado a ello, es necesario tener en cuenta que, en la valoración probatoria realizada por el Incoder, al interior de la resolución 1624 del 14 de junio de 2007, se consignó que hubo presencia de grupos guerrilleros en los predios La Francisca I y II, y que la zona bananera en la que se encuentran ubicados tales predios, los habitantes fueron presionados por distintos gestores de violencias (…)

 

Así las cosas, verifica esta Sala que la sociedad LA FRANCISCA S.A.S, no cumple con los parámetros exigidos para la compensación del bien objeto de restitución, relativos a la conciencia y certeza de que la negociación se actuó con diligencia y prudencia en el marco de las condiciones exigidas por la Ley 1448 de 2011.

 

Corolario a lo expuesto, no se encuentra acreditada la buena fe exenta de culpa alegada por LA FRANCISCA S.A.S., por lo tanto, no se accederá a la compensación que contempla el artículo 98 de la Ley 1448 de 2011.

 

Por tratarse de una sociedad comercial se descarta situación de vulnerabilidad, razón por la cual no se recocerán medidas a LA FRANCISCA S.A.S., como ocupante secundario…”. (Subraya fuera del texto original)

 

230.        De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que el tribunal accionado no incurrió en el defecto fáctico planteado, por cuanto se advierte que el análisis del material probatorio allegado al proceso de restitución de tierras se realizó con base en la sana crítica y atendió a los criterios de objetividad, racionalidad, legalidad y motivación. Lo anterior, por cuanto dicha autoridad judicial: (i) sí tuvo en cuenta, incluso, en varias oportunidades, el material probatorio que acreditaba las razones de fuerza mayor que, según la sociedad Agrícola Eufemia, la llevaron a suspender la explotación económica de los Predios LF. Así mismo, (ii) valoró y se pronunció sobre las resoluciones proferidas dentro del proceso de extinción de dominio que adelantó el INCODER (y el INCORA) sobre los predios objeto de restitución; y finalmente, (iii) analizó los argumentos planteados por la sociedad accionante respecto a que la posesión de los solicitantes de los Predios LF se dio de “manera violenta, de mala fe y clandestina”, sólo que concluyó que dichas afirmaciones no tenían sustento probatorio.

 

231.        Esto último le permite a la Sala descartar los argumentos de la accionante en lo que se refiere a la presunta omisión probatoria. Nótese que en la solicitud de amparo se cuestionó, entre otras cosas, la falta de valoración de los actos administrativos proferidos por el INCODER y el desconocimiento de las pruebas que acreditaban la inexistencia de una posesión pacífica, pública e ininterrumpida de los campesinos reclamantes. Con todo, los extractos de la providencia cuestionada que fueron citados in extenso revelan que tales circunstancias y elementos de juicio sí fueron valorados, esto es, el contexto de violencia que afectó a Agrícola Eufemia Ltda. y las decisiones que, con base en tal situación, adoptó el INCODER. Así pues, se advierte que el tribunal accionado hizo un genuino ejercicio de contrastación entre las pruebas presentadas por los solicitantes y las allegadas por la sociedad accionante, al punto que, como se vio, fundamentó su decisión en tales medios de convicción. De esto se sigue que la discusión que a la fecha propone la accionante, luego del análisis referido, revela un interés por rebatir el ejercicio intelectivo de la autoridad judicial al momento de escrutar el acervo probatorio, lo cual es impropio de la acción constitucional.

 

232.        Aunado a lo anterior, cabe recordar que, de acuerdo con las consideraciones expuestas en esta providencia, en lo que respecta a la interpretación de la buena fe exenta de culpa exigida para los opositores en el proceso de restitución de tierras, este tribunal ha señalado que esta “se circunscribe a la acreditación de aquellos actos que el tercero pretenda hacer valer en relación con la tenencia, la posesión, el usufructo, la propiedad o dominio de los predios objeto de restitución. Estos actos pueden ser, entre otros, posesiones de facto, negocios jurídicos de carácter dispositivo o situaciones que tienen origen en órdenes judiciales o actos administrativos”. De manera concreta, y con fundamento en el citado estándar de conducta calificado, el opositor debe demostrar al juez la legalidad y legitimidad de su relación jurídica con el predio objeto de solicitud de restitución. En el caso objeto de estudio, la Sala Plena advierte que la Sociedad Las Franciscas S.A.S no demostró que haya adelantado actuaciones encaminadas a verificar la regularidad en la propiedad de los referidos predios, aun cuando conocía de la ocupación por parte de los solicitantes y de las condiciones de violencia de las que estos fueron objeto. De ahí que no se acredite el estándar de conducta calificado para probar la buena fe exenta de culpa al adquirir los Predios LF.

 

233.        Por su parte, cabe destacar que las pruebas cuya presunta valoración defectuosa se discute no eran pertinentes ni conducentes para comprobar que, previo a adquirir el predio mediante contrato de compraventa elevado a escritura pública el 21 de enero de 2009, La Francisca S.A.S. desplegó actuaciones positivas para verificar que aquel no fue despojado o abandonado forzosamente. Nótese, por ejemplo, que la Resolución 1624 del 14 de junio de 2007 expedida por el INCODER no revela cómo fue la negociación entre La Francisca S.A.S. y Agrícola Eufemia en 2009 ni da cuenta de las actuaciones de debida diligencia que desplegó aquella al momento de suscribir el contrato compraventa. Si bien el citado acto administrativo alude al contexto de violencia que afectó los intereses materiales de Agrícola Eufemia Ltda., por sí solo este hecho no permite tener convicción sobre dos cuestiones capitales en este caso: (i) la regularidad de los negocios jurídicos celebrados entre los campesinos solicitantes y Agrícola Eufemia entre los meses de julio y agosto de 2004, y (ii) la buena fe exenta de culpa de La Francisca S.A.S. a la hora de finiquitar la compraventa que tuvo lugar en el 2009.

 

234.        Por último, habría que anotar que las conclusiones a las que llegó el tribunal accionado, así como el concepto de víctima que razonablemente empleó, no desdicen de las circunstancias de violencia alegadas por las sociedades opositoras y que pudieron afectar sus intereses materiales. Es verdad que durante el proceso de restitución estas últimas hicieron hincapié en que la falta de explotación del predio obedeció a circunstancias de fuerza mayor asociadas a la violencia generalizada en la zona. Entre otras cosas, sostuvieron que “la presencia guerrillera y los ataques de ésta” fueron un factor determinante para que Agrícola Eufemia Ltda. no pudiese ejercer actos de señor y dueño. Aunado a lo anterior, manifestaron que la imposibilidad de ejercer las prerrogativas propias del derecho real de dominio obedeció, entre otras cosas, a que la fuerte presencia de grupos armados ilegales en la zona impidió que se llevaran a cabo las diligencias de orden policivo encaminadas a la restitución del inmueble.

 

235.        Sobre estas circunstancias valdría la pena precisar dos cuestiones. La primera de ellas es que, como se dijo supra, los motivos de fuerza mayor que llevaron a Agrícola Eufemia Ltda. a suspender la explotación económica de los Predios L.F. no marchitan las razones con fundamento en las cuales el tribunal accionado declaró la prescripción adquisitiva extraordinaria en favor de los Solicitantes de los Predios LF. En este último caso se acreditaron: (a) tanto la posesión ejercida sobre los predios objeto de restitución entre los años 1996 y 2004 (b) como los actos de violencia perpetrados contra los solicitantes, lo que llevó a presumir la falta de consentimiento de los contratos de compraventa de mejoras celebrados entre estos últimos y la sociedad Agrícola Eufemia Ltda. Sobre esto último, dicho sea de paso, no hubo elementos de prueba que desvirtuaran las presunciones que cobijaban a los reclamantes de los predios.

 

236.        La segunda circunstancia consiste en que, a juicio de la Sala Plena, las afectaciones materiales alegadas por la empresa con ocasión del contexto de violencia en los años noventa pudieron haber sido reclamadas por conducto de la acción de reparación directa. Al respecto, en la Sentencia SU-353 de 2020, esta corporación tuvo ocasión de aludir al régimen de responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados por actos violentos de terceros. Con base en el exhaustivo análisis jurisprudencial hecho por el pleno de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia del 20 de junio de 2017 (Rad. 18860), la Corte recordó que la responsabilidad del Estado puede ser declarada bajo el título de atribución de falla del servicio: “cuando el daño se produce como consecuencia del acto violento perpetrado por agentes no estatales y el mismo era previsible y resistible para el Estado”[265].

 

237.        En ese sentido, para la Corte es claro que las circunstancias puestas de manifiesto por las empresas opositoras daban cuenta de una posible omisión de los agentes del Estado frente a daños causados por actos violentos de terceros, cuestión que perfectamente pudo haber sido ventilada ante los jueces de lo contencioso administrativo. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala Plena no encuentra que esto último debilite el análisis probatorio que el tribunal accionado hizo en relación con la situación fáctica de los solicitantes. Al respecto, es perentorio señalar que las aseveraciones del tribunal accionado de ninguna manera eclipsan las posibles afectaciones materiales que los opositores pudieron padecer. No obstante, debe insistirse en que estas pudieron haber sido reclamadas por conducto de las acciones contenciosas de rigor. 

 

(iii)   El tribunal accionado no incurrió en un defecto por error inducido.

 

238.         En relación con el defecto por error inducido, la Sala Plena encuentra que el mismo no se configuró. A juicio de la sociedad accionante, la autoridad judicial demandada incurrió en dicho defecto, por cuanto los Solicitantes de los Predios LF faltaron a la verdad, al sostener que ingresaron a dichos inmuebles al estar abandonados, ya que “el entonces administrador de los predios interpuso la respectiva denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por presencia de personal armado en los inmuebles que protegían a los invasores sin que en la solicitud elevada por los solicitantes se viese en algún punto mención a este hecho; ni mucho menos se evidencia como aporte al plenario pruebas encaminadas a demostrar esta situación por resultar adversa a sus pretensiones”. Al respecto, se observa de la lectura de los extractos que se citaron del fallo acusado, que el tribunal de restitución de tierras no solo tuvo en cuenta lo manifestado por los solicitantes de los Predios LF, pues valoró todas las pruebas allegadas por las partes, incluyendo las de las sociedades opositoras, en las que se mencionaban las actuaciones adelantadas respecto a la ocupación realizada por los solicitantes a los predios objeto de restitución.

 

239.        Cabe recordar que, para que se configure este defecto, la Corte ha señalado que la sentencia se debe fundamentar en elementos adecuadamente aportados al proceso, pero con información falsa, equivocada o imprecisa, que ocasiona la vulneración de derechos fundamentales, situación que no aconteció en el caso objeto de estudio[266], más aún cuando las distintas pruebas fueron expuestas y ellas fueron valoradas conforme con la sana crítica. Al respecto, merece hacer hincapié en que la circunstancia probada de que los predios objeto de restitución fueron abandonados por parte de la sociedad Agrícola Eufemia Ltda. se desprende de las actas de inspección ocular elaboradas por el antiguo INCORA, cuyo contenido fue reseñado en las resoluciones que posteriormente profirió el INCODER en el año 2007. Por tal virtud, la Sala no tiene elementos de juicio que le indiquen que la convicción sobre dicho hecho, aunado a la falta de explotación económica de los predios, obedeció al acopio de información deliberadamente falsa o equivocada por parte de los campesinos reclamantes. Por otra parte, cabría destacar que los reproches relativos a la ausencia de valoración probatoria de las actuaciones policivas desplegadas en el año de 1997 atienden en estricto rigor a una controversia de naturaleza fáctica, frente a lo cual basta con que la Sala se remita a lo dicho sobre la ausencia de configuración de tal defecto. En consecuencia, la Corte no encuentra que el tribunal accionado haya incurrido en un error inducido.

 

(iv)           Conclusión.

 

240.        Sobre la base de las razones expuestas, la Sala Plena concluye que la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena no violó el debido proceso de La Francisca S.A.S., por cuanto en la sentencia del 24 de enero de 2018 no incurrió en ninguno de los defectos alegados (sustantivos, fáctico y por error inducido). En consecuencia, confirmará la sentencia de tutela de segunda instancia dictada el 18 de marzo de 2020 por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la cual a su vez confirmó la sentencia de tutela de primera instancia proferida el 11 de noviembre de 2019 por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que negó la acción de tutela presentada por el apoderado de la sociedad accionante contra el tribunal accionado.

 

III.      DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

 

RESUELVE

 

Primero: CONFIRMAR la sentencia proferida el 18 de marzo de 2020 por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a través de la cual se confirmó la sentencia adoptada 11 de noviembre de 2019 por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que, a su vez, resolvió NEGAR el amparo solicitado por la sociedad La Francisca S.A.S., por las razones expuestas en esta providencia.

 

Segundo: LIBRAR las comunicaciones por la Secretaría General de la Corte Constitucional, así como DISPONER las notificaciones a las partes y terceros intervinientes previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991, a través de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, quien fungió como juez de tutela de primera instancia en el proceso T-8.109.293.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Presidente

Con aclaración de voto

 

 

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

Ausente con permiso

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

Ausente con excusa

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

Referencia: SENTENCIA SU-088 DE 2025. Expediente T-8.109.293. Acción de tutela promovida por la sociedad La Francisca S.A.S. en contra de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena

 

ANEXO

 

A.   Respuestas de los terceros vinculados. Decreto y práctica de pruebas. Verificación de la integración del contradictorio (litis consorcio). Suspensión de términos procesales.

 

(i)   Respuesta de las partes del proceso de restitución y formalización de tierras, tramitado bajo el radicado No.2014-0009 y los terceros con interés vinculados.

 

 

(ii) Auto de pruebas del día 22 de noviembre de 2021

 

1.                 De conformidad con lo establecido en el artículo 64 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional –Acuerdo 05 de 1992, modificado por el Acuerdo 02 del 22 de julio de 2015-, mediante auto del día 22 de noviembre de 2021, el magistrado sustanciador dispuso la práctica y decreto de pruebas a fin de recaudar los elementos de juicio necesarios para mejor proveer, así como la realización de las gestiones necesarias para confirmar que los terceros con interés en el proceso de tutela hubiesen sido notificados en debida forma, de modo que se absolvieran las dudas en relación con la integración correcta del contradictorio por el juez de tutela de primera de instancia. Por tal razón, mediante auto 1017 de día 24 de noviembre de 2021, la Sala Plena de la corporación dispuso la suspensión de términos por tres (3) meses, contados a partir de la fecha del vencimiento de los expedientes acumulados.

 

2.                 Vencido el término otorgado para dar respuesta y pronunciarse respecto el traslado probatorio, se recibió por parte de la Secretaría General de esta corporación la información que se relaciona a continuación:

 

Tabla No. 1 – Información relacionada con el auto del 22/11/21

 

 

Tabla No.2 -Información allegada en el traslado del auto de pruebas del 22/11/21

 

 

3.                 Una vez examinada la anterior información, el magistrado sustanciador advirtió la necesidad de complementar el material probatorio que obra en el expediente, especialmente, insistir en las gestiones para determinar si los reclamantes en los procesos de restitución de tierras respecto del predio “La Francisca I y II” tuvieron conocimiento de las actuaciones surtidas en el trámite de las tutelas acumuladas. Por tal razón, el día 7 de marzo de 2022, profirió auto disponiendo la realización de las actuaciones que se pasa a exponer, y respecto de las cuales se recibió la siguiente información. En consideración al tiempo que se requería para llevar a cabo lo anterior, y ante la complejidad del asunto y la necesidad de examinar con detalle la información, mediante auto 281 del 9 de marzo de 2022 la Sala Plena dispuso extender la suspensión de términos para decidir los asuntos acumulados, por tres (3) meses adicionales, contados desde la finalización del plazo previsto en el Auto 1017 de 2021, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015.

 

Tabla No. 3 – Información relacionada con el auto del 07/07/22

 

 

4.                 De lo anterior se evidencia que, con ocasión de las múltiples gestiones decretadas por el magistrado sustanciador, finalmente se obtuvo respuesta de los apoderados de los reclamantes de restitución de tierras en los procesos de tutela acumulados. Aunque esta información se recibió por fuera del término de traslado probatorio, por razones externas a las gestiones adelantadas por esta corporación, la Sala Plena consideró que esto no era óbice para que dichos elementos de juicio se tuvieran en cuenta para emitir una decisión en el caso concreto[275]. Por ello, con el fin de evitar que quedaran por fuera de este juicio los alegatos y elementos de pruebas que pretendieran hacer valer los reclamantes y opositores de restitución de tierras, mediante auto del 14 de junio de 2022, se dispuso que se adelantaran las actuaciones que permitieran garantizar el derecho al debido proceso de las partes y terceros con interés, así como complementar el material probatorio que obra en el expediente. En consideración al tiempo que se requería para llevar a cabo lo anterior, ante la complejidad del asunto y necesidad de examinar con detalle la información, en auto 940 del 30 de junio de 2022, la Sala Plena estimó necesario, como medida excepcional[276], actualizar la suspensión de términos para decidir el asunto de la referencia, por lo cual, la fecha para adoptar la decisión de fondo se contabilizaría a partir del momento en el que la Secretaría General de esta corporación allegara al despacho del magistrado sustanciador las pruebas decretadas.

 

Tabla No. 4 – Información relacionada con el auto del 14/06/22

 

 

Tabla No. 5 – Amicus curiae