TEMAS-SUBTEMAS

 

Sentencia T-241/25

 

CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-Se reconoció pensión de vejez

 

INCONSISTENCIAS EN HISTORIA LABORAL-Administradoras de pensiones deben desplegar las actuaciones necesarias para garantizar la veracidad, claridad y precisión de las historias laborales, y no trasladar la carga de su negligencia a los afiliados

 

[i] Colpensiones incurrió en una omisión al negar la corrección de la historia laboral de la accionante y el reconocimiento oportuno de su prestación pensional. Esto porque no verificó la disponibilidad de recursos para cubrir las obligaciones pensionales del sector salud causadas antes del 31 de diciembre de 1993 con las entidades competentes, así como tampoco solicitó el pago del cálculo actuarial al exempleador de la actora... [ii] si bien es cierto que Colfondos no suscribió el contrato de concurrencia, su rol como administrador del patrimonio autónomo le impone el deber mínimo de conocer los antecedentes contractuales que dieron origen a los recursos que administra... la falta de conocimiento evidente por parte de los colaboradores y agentes de la entidad sobre sus líneas de negocio y, en consecuencia, sobre su misión, termina impactando la realización de derechos en el ámbito de la seguridad social.

 

COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL EN TUTELA-Solo se predica en relación con la decisión de fondo

 

En el caso concreto, la Sala observa que no existió un pronunciamiento de fondo sobre los hechos y pretensiones de la presente acción, pues la sentencia de anterior declaró improcedente la acción. Además, la Sala observa que la vulneración de los derechos de la accionante persistía al momento de la presentación de la segunda acción de tutela, pues a esa fecha no se había corregido su historia laboral ni reconocido la prestación económica solicitada.

 

CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Reiteración de jurisprudencia

 

ACCION DE TUTELA PARA EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE PENSION DE VEJEZ-Procedencia excepcional

 

CONVENIOS DE CONCURRENCIA PARA PAGO DE PENSIONES DE BENEFICIARIOS DEL FONDO DEL PASIVO PRESTACIONAL DEL SECTOR SALUD-Concepto

 

MORA EN EL PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES PENSIONALES-Obligación de las entidades administradoras de cobrar a los empleadores morosos los aportes adeudados

 

PENSION DE VEJEZ Y MORA EN EL PAGO DE LOS APORTES POR PARTE DEL EMPLEADOR-Afiliado o beneficiario no debe soportar la mora en el traslado de los aportes al sistema ni la inacción de Colpensiones o las administradoras de fondos de pensiones en el cobro

 

ALLANAMIENTO A LA MORA POR PARTE DE ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES-Reiteración de jurisprudencia

 

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES-Deberes de las Administradoras de pensiones respecto de la información consignada en la historia laboral de sus afiliados

 

EXHORTO-Ministerio de Hacienda y Crédito Público/EXHORTO-Administradoras de Fondos de Pensiones

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Segunda de Revisión

 

T- 241 DE 2025

 

 

Referencia: expediente T-10.774.599

 

Acción de tutela interpuesta por María Doris Carvajal Franco en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones-, el Hospital Infantil Universitario Rafael Henao Toro, la Dirección Territorial de Salud de Caldas, Colfondos y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público

 

Procedencia: Juzgado 003 Civil del Circuito de Manizales, Caldas

 

Asunto: solicitud de corrección de la historia laboral de adulta mayor para el reconocimiento de su pensión de vejez

 

Magistrado ponente:

Juan Carlos Cortés González

 

 

Bogotá, D. C., nueve (9) de junio de dos mil veinticinco (2025)

 

La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por el magistrado (e) César Humberto Carvajal Santoyo y los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Juan Carlos Cortés González, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la presente

 

SENTENCIA

 

En el trámite de revisión del fallo dictado el 20 de noviembre de 2024 por el Juzgado 003 Civil del Circuito de Manizales, que declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por María Doris Carvajal Franco en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones- y otros.

 

Síntesis de la decisión 

 

 

I.                  ANTECEDENTES

 

1. Hechos[1]

 

1.            María Doris Carvajal Franco -la actora / la accionante-, de 65 años, se encuentra afiliada al Régimen de Prima Media con Prestación Definida -RPM- administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones-.

 

2.            La actora manifestó que fue empleada del Hospital Infantil Rafael Henao Toro – el Hospital- y que prestó sus servicios, sin interrupción, desde el 1º de julio de 1980 hasta el 2 de noviembre de 1987. Según la accionante no se realizaron aportes a seguridad social a su nombre durante dicho periodo.

 

3.            La accionante elevó una petición al referido hospital para que expidiera un certificado laboral para su trámite de su pensión[2]. Mediante oficio del 10 de octubre de 2017[3], el Hospital dio respuesta a la solicitante e indicó que: (i) afilió a sus trabajadores el 3 de noviembre de 1987 al Instituto de Seguro Social -ISS, hoy Colpensiones; (ii) el tiempo laborado y no cotizado sería reconocido a manera de título pensional, por lo cual solicitó a Colpensiones[4] que realizara la liquidación de dicho título por el periodo comprendido entre el 1º de julio de 1980 hasta el 2 de noviembre de 1987; (iii) la accionante es beneficiaria del Fondo de Pasivo Pensional del Sector Salud con el número de orden 39; y (iv) los salarios devengados por la actora se pagaron así: 1980: $4.500; 1981: $5.700; 1982: $7.410; 1983: $9.261; 1984: $11.298; 1985: $13.560; 1986: $16.850 y 1987: $20.900[5].

 

4.        En septiembre de 2023, la accionante presentó nueva reclamación al Hospital[6]. El 29 de septiembre siguiente, el Hospital emitió respuesta donde además de lo indicado en 2017 (§3) sostuvo que el tiempo laborado y no cotizado sería reconocido a manera de título pensional, en virtud del Contrato de Concurrencia n.° 083 del 14 de agosto de 2001, celebrado con el Fondo del Pasivo prestacional del Sector Salud del departamento de Caldas, hoy a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público –Ministerio de Hacienda–. 

 

5.            Según consta en el expediente, en febrero de 2024, la accionante interpuso una acción de tutela contra Colpensiones, el Hospital Infantil y la Dirección Territorial de Salud de Caldas[7]. En su escrito, la actora expuso que entre julio de 1980 y noviembre de 1987 prestó sus servicios en el Hospital, sin que aquel realizara aportes a seguridad social. Según indicó, en septiembre de 2023, se le informó que Colpensiones debía realizar el cálculo actuarial y gestionar el cobro correspondiente al patrimonio de la Nación. No obstante, a pesar de varias solicitudes, Colpensiones negó el reconocimiento de las semanas.

 

6.            Por lo expuesto, la actora solicitó (i) tutelar sus derechos a la vida digna, a la integridad personal, a la salud, a la seguridad social y al mínimo vital; (ii) se ordene el pago del tiempo de servicios y (iii) se sumen a las 950 semanas que se registran en la historia laboral de la actora, aquellas derivadas del tiempo laborado y no cotizado, para acreditar el número de semanas necesarias (1300) para acceder a su pensión de vejez.

 

7.            El 19 de febrero de 2024, el Juzgado 005 Laboral del Circuito de Manizales declaró la improcedencia de la acción por no cumplir con el requisito de subsidiariedad. Según ese despacho, no se demostró una situación de vulnerabilidad ni un perjuicio irremediable que justificara la procedencia de la tutela. En consecuencia, el juzgado concluyó que el proceso ordinario laboral era el medio adecuado para resolver la controversia.

 

8.            El 22 de marzo de 2024[8], el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Manizales confirmó la decisión de primera instancia, por razones similares a las de primera instancia.

 

9.            Posteriormente, la accionante, sin haber obtenido una solución definitiva a su caso, elevó petición al Ministerio de Hacienda[9] y solicitó “el reconocimiento liquidación y pago de cálculo actuarial en [su] nombre como trabajadora del sector salud (…)”. Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en comunicación del 8 de mayo de 2024[10], informó a la accionante que los recursos del Contrato de Concurrencia n.° 083 del 14 de agosto de 2001 fueron girados y se encuentran en Colpensiones.

 

10.        El 18 de julio de 2024, la accionante elevó una petición ante Colpensiones a través de la cual “solicit[ó] cálculo actuarial del Hospital Infantil Contrato de Concurrencia n.° 083 de 2001”. El 9 de agosto de 2024[11], Colpensiones dio respuesta a la petición elevada por la actora. Al respecto informó que ofició al Hospital[12] con el fin de que se pronunciara respecto a los periodos del 1 de julio de 1980 hasta el 2 de noviembre de 1987, que serían reconocidos a través del Contrato de Concurrencia. Señaló que, en el oficio remitido, reiteró comunicaciones de 2021[13] y 2022[14] a través de las cuales se comunicó que los recursos del Contrato de Concurrencia n.° 083 de 2021 estaban “agotados”[15] y se explicó la forma en que se ejecutó el valor de cada una de las liquidaciones del cálculo actuarial.

 

11.        El 7 de octubre de 2024, la accionante elevó una petición a Colpensiones[16] en la que solicitó información de “si en el trámite dado a la solicitud con el radicado No. 2024-14474163 del 18 de julio de 2024 (…) se tuvo en cuenta la comunicación entregada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 8 de mayo de 2024”. El 10 de octubre siguiente[17], Colpensiones respondió a la accionante y reiteró lo manifestado en el oficio del 9 de agosto de 2024 (§10).

 

12.        Finalmente, la actora manifestó que Colfondos le informó que en sus bases de datos no se registraba información sobre ella[18].

 

2. Fundamentos de la acción de tutela 

 

13.             Acción de tutela. El 6 de noviembre de 2024[19], María Doris Carvajal Franco interpuso acción de tutela en contra de la Colpensiones, el Hospital Infantil Universitario- Rafael Henao Toro, la Dirección Territorial de Salud de Caldas- la Dirección-, Colfondos y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público[20]. Lo anterior, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales: “a la vida en condiciones dignas, integridad personal, salud, seguridad social [y] al mínimo vital”[21], ocasionada por la negativa de Colpensiones de incluir en su historia laboral las semanas laboradas en el hospital para el reconocimiento de su pensión de vejez.

 

14.             Pretensiones. La actora solicitó: (i) que se tutelen los derechos invocados (§13); (ii) se ordene el pago de su tiempo de servicios y la inclusión de las semanas en su historia laboral, bien a “título CETIL o calculó actuarial o por el mecanismo idóneo”, con el fin de corregir su historia laboral y acreditar su tiempo de servicio; y (iii) que se contabilicen las 950 semanas que se registran en la historia laboral, así como aquellas derivadas del tiempo laborado, para acreditar el número de mil trescientes semanas (1300), necesarias para acceder a su pensión de vejez[22].

 

3. Trámite de la acción de tutela

 

15.             Admisión de la tutela[23]. El 7 de noviembre de 2024, el Juzgado 003 Civil del Circuito de Manizales admitió la acción de tutela. En el auto, ordenó notificar a la accionada y vinculó a la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP–.

 

16.   Respuestas de las partes y entidades vinculadas.

 

Tabla 1. Respuesta de partes y vinculadas dentro del trámite de la acción

 

 

4.                 Decisión judicial objeto de revisión

 

17.             Decisión de instancia[33]. El 20 de noviembre de 2024, el Juzgado 003 Civil del Circuito de Manizales declaró improcedente la acción de tutela. Luego de sostener que no existía cosa juzgada[34], argumentó que la accionante no logró demostrar un perjuicio irremediable que justifique la intervención del juez constitucional. Aunque la actora manifestó encontrarse en pobreza extrema y con problemas de salud, no presentó pruebas suficientes para acreditar estas afirmaciones. Por el contrario, al consultar las bases de datos públicas, se constató que pertenece al régimen contributivo de salud en calidad de cotizante. Por lo anterior, el despacho consideró que la actora podía acudir a la jurisdicción ordinaria laboral para debatir el asunto y que, en consecuencia, la acción de tutela no cumplió con el requisito de subsidiariedad.

 

18.             Esta decisión judicial no fue impugnada por las partes.

 

5.                 Actuaciones en sede de revisión ante la Corte Constitucional

 

19.             Selección y reparto. El 31 de enero de 2025[35], la Sala de Selección de Tutelas Número Uno de la Corte Constitucional seleccionó el expediente T-10.774.599, bajo el criterio objetivo de necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial y la exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental, y por el criterio subjetivo de urgencia de proteger un derecho fundamental, contenidos en el artículo 52 del Reglamento Interno de la corporación. Por sorteo, el expediente se asignó a la Sala Segunda de Revisión[36]. El 14 de febrero siguiente[37], la Secretaría General de esta corporación remitió el expediente al despacho del magistrado sustanciador para lo de su competencia.

 

20.             Auto de pruebas[38]. El 3 de marzo de 2025, el magistrado sustanciador decretó la práctica de pruebas de oficio, con el propósito de contar con mayores elementos probatorios para efectuar la revisión de la decisión judicial de instancia. En consecuencia, se ofició (i) a la accionante para indagar sobre su situación económica y pensional, así como sobre algunos de los hechos relevantes de la acción y su estado de salud, y (ii) a las accionadas para que remitieran información y documentación pertinente sobre las acciones adelantadas para la protección de los derechos de la actora. También (iii) se ordenó consultar la información de la accionante en bases de datos públicas (SISBEN, ADRES, RUAF, entre otras).

 

21.             Consulta en bases de datos. El 3 de marzo de 2025[39] se realizaron las consultas en bases de datos de información utilizando el documento de identidad de la actora. Los resultados de estas consultas fueron los siguientes:

 

Tabla 2. Resultados consulta bases de datos

 

22.   Respuestas de las partes y entidades vinculadas. A continuación, la Sala sintetiza las respuestas recibidas dentro del trámite de revisión:

 

Tabla 3. Respuesta de partes y vinculadas dentro del trámite de revisión

 

23.        Una vez recibidas las pruebas, se dio traslado de estas a las partes[62].

 

II.   CONSIDERACIONES

 

1.                 Competencia

 

24.             La Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela seleccionados, con fundamento en los artículos 86 y 241 de la Constitución Política.

 

2.                 Cuestiones previas

 

2.1.           Primera cuestión previa: verificación de la existencia de cosa juzgada y de temeridad

 

25.             En el presente caso, le corresponde a esta Sala de Revisión determinar si se configuraron los fenómenos de cosa juzgada constitucional y temeridad, en consecuencia, si es posible estudiar de fondo el asunto. Lo anterior, teniendo en cuenta que el Hospital accionado en la respuesta emitida dentro del trámite de la acción de tutela en instancia, aludió a que el 12 de febrero de 2024 la demandante presentó una acción de tutela por los mismos hechos (§5-8), que se declaró improcedente el 19 de febrero siguiente por el Juzgado 005 Laboral del Circuito de Manizales; esa decisión fue confirmada el 22 de marzo de 2024 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales. Aunque el despacho de instancia analizó tal situación, la Sala procederá a verificar si se configuró una cosa juzgada constitucional en el caso objeto de estudio y si existió una actuación temeraria por parte de la accionante.

 

26.             En relación con la cosa juzgada, esta corporación ha establecido que dicha figura otorga a las providencias el carácter de “inmutables, vinculantes y definitivas” [63], lo que implica que adquieren un valor definitivo para garantizar la seguridad jurídica. Por esta razón, se prohíbe proponer el mismo litigio, de conformidad con el artículo 243 de la Constitución Política[64].

 

27.             Además, esta Corte ha indicado que la presentación sucesiva o múltiple de acciones de tutela puede configurar una actuación temeraria y comprometer el principio de cosa juzgada constitucional.  En relación con la temeridad, el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 establece que “[c]uando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”. En este sentido, la actuación temeraria se configura cuando se presenta (i) identidad de partes, (ii) identidad de causa, (iii) identidad de objeto, y (iv) ausencia de justificación en la presentación de una nueva solicitud de amparo, en la que, además, se evidencia una actuación dolosa o de mala fe[65].  

 

28.             Ahora, para que se configure la cosa juzgada en un proceso posterior a la ejecutoria de un fallo de tutela, deben concurrir tres requisitos entre el nuevo proceso y el anterior: (i) identidad de partes, (ii) identidad de objeto, e (iii) identidad de causa. Sin embargo, de acuerdo con lo establecido en la Sentencia T-407 de 2022, a pesar de que en un caso concurra la identidad de partes, objeto y causa, la figura de cosa juzgada puede ser desvirtuada si hay hechos nuevos en relación con la tutela anterior[66].

 

29.             La Sala Segunda de Revisión procede a analizar los requisitos de la cosa juzgada en el presente caso, como se explica en la siguiente tabla.

 

Tabla 4. Requisitos y comparación de los elementos para la configuración de la triple identidad

 

30.             Conforme a lo expuesto, en el presente caso no concurren los tres elementos para que se configure la cosa juzgada. Existe identidad de partes, pues la acción de tutela fue interpuesta por la misma actora, María Doris Carvajal Franco, en contra de Colpensiones, el Hospital Infantil Universitario Rafael Henao, la Dirección Territorial de Salud de Caldas, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Colfondos. Aunque en la primera acción de tutela dicho fondo no figura como accionado, el juez lo vinculó al trámite e intervino en el proceso, por lo que existe identidad de partes. Sin embargo, a pesar de la identidad de partes no hay identidad de causa ni de objeto.

 

31.             Respecto a la identidad de causa, la Sala considera que, si bien ambas acciones tienen como sustento un mismo problema, el cual radica en que la actora laboró entre el 1° de julio de 1980 al 2° de noviembre de 1987 para el Hospital Infantil Rafael Henao Toro, sin que dicho periodo fuera cotizado ni tenido en cuenta por parte de Colpensiones para efectos del reconocimiento de su pensión de vejez, los hechos que las sustentan no son los mismos.

 

32.             Lo anterior teniendo en cuenta que en la segunda acción de tutela se aludió a tres hechos adicionales: (i) la respuesta de Colpensiones, (ii) la respuesta del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y (iii) la respuesta de Colfondos. Estas circunstancias no fueron conocidas en la primera acción de tutela. En efecto, y como se señaló en los antecedentes (§8), el Tribunal profirió fallo de segunda instancia el 22 de marzo de 2024. Por su parte, el Ministerio de Hacienda respondió la petición de la accionante el 8 de mayo de 2024, y Colpensiones el 18 de julio y 7 de octubre del mismo año. Dichas respuestas tienen como efecto modificar el sustento fáctico y jurídico de las pretensiones, pues las mismas dan cuenta de aspectos relevantes para el estudio de la acción, como la presunta inexistencia de recursos del Contrato de Concurrencia n.° 083 del 14 de agosto de 2001, la responsabilidad de Colpensiones en el trámite del cálculo actuarial y el rol de Colfondos en el proceso, cuestiones que no se evaluaron en la primera acción de tutela y que revisten de relevancia, dado que la actora depende de la gestión de dichas entidades para el reconocimiento de su pensión.

 

33.             En cuanto a la identidad de objeto, tampoco se encuentra acreditada. En la primera acción, la accionante no pretendía la inclusión de las semanas de historia laboral a “título, CETIL o calculó actuarial o por el mecanismo idóneo” para acreditar su tiempo de servicio. Esta pretensión implica un análisis jurídico diferente al efectuado en la primera acción, porque presenta una nueva vía jurídica para el reconocimiento del tiempo de servicio, lo que no fue planteado en la primera demanda y puede implicar obligaciones específicas para las entidades involucradas.

 

34.             Por otra parte, la Sala resalta que tal como lo expuso esta corporación en Sentencia SU 213 de 2023, en un caso relacionado con asuntos en materia pensional, la cosa juzgada queda debilitada cuando la vulneración de los derechos persiste y no fue valorada por los jueces de tutela de instancia. En el caso concreto, la Sala observa que no existió un pronunciamiento de fondo sobre los hechos y pretensiones de la presente acción, pues la sentencia de anterior declaró improcedente la acción. Además, la Sala observa que la vulneración de los derechos de la accionante persistía al momento de la presentación de la segunda acción de tutela, pues a esa fecha no se había corregido su historia laboral ni reconocido la prestación económica solicitada.

 

35.             Finalmente, la Sala considera que no se configura temeridad en el actuar de la actora. Como se expuso, en la presente acción, la actora presentó hechos nuevos que no fueron abordados en la primera acción y que tienen relación directa con el reconocimiento de su prestación económica. Además, no se probó mala fe en su actuar; por el contrario, la accionante con la nueva acción busca la protección de sus derechos pensionales que no ha sido objeto de pronunciamiento.

 

2.2.          Segunda cuestión previa: verificación de la configuración de carencia actual de objeto

 

36.             De acuerdo con información obtenida en el trámite de revisión, la Sala estudiará como segunda cuestión previa si se configura una carencia actual de objeto. Esto porque Colpensiones, en revisión, informó que el pago del cálculo actuarial de la accionante se gestionaría a través de Colfondos (§22). Asimismo, el 2 de abril del año en curso, allegó copia de la resolución por la cual reconoció la prestación económica “pensión de vejez” a la accionante (§22). 

 

37.             Así las cosas, la Sala Segunda de Revisión revisará si las acciones adelantadas por Colpensiones para obtener el pago de la liquidación de los tiempos laborados por la accionante en el Hospital Infantil Universitario Rafael Henao y el reconocimiento de la prestación económica satisfacen las pretensiones de la acción de tutela. 

 

38.             Reiteración de la jurisprudencia sobre la carencia actual de objeto. Esta Corte ha afirmado que el propósito de la acción de tutela es asegurar de manera efectiva y clara la protección del derecho que se considera vulnerado o amenazado, lo que justifica la necesidad de que el juez tome una decisión sobre el particular. No obstante, si en el trámite de la acción la situación es solucionada o satisfecha de alguna manera, no tendría sentido el pronunciamiento de la autoridad judicial, dado que cualquier orden que emitiera no tendría ningún efecto. Esta es la base del fenómeno de carencia actual de objeto[73].

 

39.             La Sentencia SU- 522 de 2019 realizó un balance sobre las categorías en las que se puede presentar la carencia actual de objeto: (i) el hecho superado, (ii) el daño consumado y (iii) la situación sobreviniente, precisando su contenido y efectos así:

 

Tabla 5. Categorías carencia actual de objeto

 

40.              De conformidad con lo anterior, la Sala analizara si en el caso concreto operó o no el fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado:

 

Tabla 6.  Estudio de configuración de una carencia actual de objeto por hecho superado

 

41.             De acuerdo con lo anterior, la Sala concluye que se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de las pretensiones de la acción de tutela, debido a que Colpensiones (i) solicitó el pago del cálculo actuarial al Hospital Infantil Rafael Henao Toro. Posteriormente, (ii) se incluyeron las 382,86 semanas que corresponden al lapso de tiempo entre el 1° de julio de 1980 y el 2° de noviembre de 1987 en la historia laboral de la accionante y (iii) como consecuencia del ajuste realizado en la historia laboral de la accionante, se reconoció la pensión de vejez, mediante la Resolución SUB-106076 del 2 de abril de 2025.

 

42.             A pesar de la configuración de la carencia actual de objeto, la Sala considera necesario emitir un pronunciamiento de fondo en cuanto hacer un llamado de atención a las entidades accionadas para evitar que se repitan situaciones como las que originaron la presentación de la presente acción de tutela. Al efecto, la Sala analizará la procedencia de la acción, para luego entrar al fondo del asunto.

 

3.                 Análisis de procedencia de la acción de tutela

 

43.        La Sala Segunda de Revisión considera que la acción de tutela cumple con los requisitos para su procedencia conforme al artículo 86 de la Constitución Política y 10° del Decreto Ley 2591 de 1991, tal como se detalla a continuación:

 

Tabla 7. Cumplimiento de requisitos de procedencia de la acción de tutela

 

 

 

4.                 Planteamiento del problema jurídico y metodología de decisión  

 

44.        Planteamiento del problema jurídico. Una vez determinada la procedencia de la presente acción, le corresponde a la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional resolver el siguiente problema jurídico:

 

¿Las Administradoras de los Fondos de Pensiones, los empleadores, las entidades territoriales y del orden nacional responsables del pago de los aportes a pensión o del pasivo prestacional de sus servidores públicos o trabajadores oficiales, vulneran los derechos a la vida en condiciones dignas, a la integridad personal, a la salud, a la seguridad social y al mínimo vital de una adulta mayor al negar la corrección de su historia laboral y el reconocimiento de su prestación económica por no reconocer el título pensional que cubrió su vinculación al sistema pensional al laborar en una entidad pública?

 

45.             Metodología de decisión. Para resolver el problema jurídico referido esta Sala (i) revisará los antecedentes del Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud – Contrato de Concurrencia n.° 083 de 2001. Seguidamente, (ii) reiterará la jurisprudencia sobre las obligaciones de las administradoras de fondos de pensiones derivadas de la mora del empleador en el pago de los aportes a pensión. Y con base en el análisis anterior, procederá a (iii) resolver el caso concreto.

 

5.                 Antecedentes del Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud – Contrato de Concurrencia n.° 083 de 2001

 

46.             La Ley 60 de 1993, en su artículo 33, creó el Fondo Nacional para el pago del pasivo prestacional de los servidores del sector salud, como una cuenta especial de la Nación para garantizar el pago del pasivo prestacional a favor de los servidores del sector salud, por concepto de cesantías, reservas de pensiones y pensiones de jubilación causadas hasta el 31 de diciembre de 1993.

 

47.             Por su parte, la Ley 100 de 1993, en su artículo 242, dispuso que el Fondo del Pasivo Prestacional cubriría las cesantías netas acumuladas y el pasivo laboral por pensiones de jubilación causados a 31 de diciembre de 1993 de este colectivo de trabajadores. Asimismo, indicó que el costo adicional generado por concepto de la retroactividad de cesantías del sector salud sería asumido por dicho fondo y por las entidades territoriales, en los plazos y términos de concurrencia que establece la misma ley. También prohibió que se pactara esta retroactividad para nuevos servidores del sector salud. Igualmente, la disposición estableció que: “las entidades del sector salud deberán seguir presupuestando y pagando las cesantías y pensiones a que están obligadas hasta tanto no se realice el corte de cuentas con el fondo prestacional y se establezcan para cada caso la concurrencia a que están obligadas las entidades territoriales en los términos previstos en la Ley 60 de 1993”. La concurrencia de las entidades se fijó por vía de contratos de esta naturaleza -concurrencia- entre el mencionado fondo y las entidades territoriales[90].

 

48.             Sobre el fondo al que se refiere la norma, la Sala destaca las siguientes normas:

 

Tabla 8. Disposiciones legales promulgadas

 

49.             En este contexto, el 14 de agosto de 2001, el Ministerio de Salud y Protección Social – Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud-, el departamento de Caldas, el municipio de Manizales y el Hospital Rafael Henao Toro suscribieron el Contrato de Concurrencia n.° 083. El objeto del contrato era pagar la deuda prestacional correspondiente a funcionarios y exfuncionarios de la Dirección Seccional de Salud de Caldas con sede en Manizales y de varios hospitales del sector público, así como del Hospital Rafael Henao Toro, entidad de derecho privado[94].

 

50.             En el marco de dicho contrato se estableció: (i) el valor de la deuda prestacional aprobada por el Consejo Administrador de las Instituciones de Salud del Departamento de Caldas, cuantía que podría ser ajustada por actualización de costos y liquidaciones individuales definitivas; (ii) la concurrencia para el pago de la deuda respecto de instituciones públicas[95] e instituciones privadas[96]; (iii) la forma de pago; (iv) la interventoría del contrato a cargo del Ministerio de Salud y Protección Social, quien ejercerá vigilancia sobre su ejecución; y (v) obligaciones de las partes[97], entre ellas las siguientes:

 

Tabla 9. Obligaciones de las partes[98]

 

51.             En el Contrato de Concurrencia n.° 083 de 2001[99] se estableció que los giros que se efectuaran por los diferentes entes concurrentes, por concepto de títulos pensionales del Hospital Rafael Henao Toro, se realizarían directamente al ISS para cubrir obligaciones pensionales.

 

52.             A partir de su suscripción, el contrato de concurrencia hasta la fecha ha sido objeto de diferentes modificaciones en las que se ajustó la forma de financiación del pasivo pensional de las instituciones de salud del departamento de Caldas, con diferentes plazos y montos. Dentro de los modificatorios más relevantes se resaltan el modificatorio n.° 9 del 8 de diciembre de 2016 y el n.° 11 del 26 de diciembre de 2023. 

 

53.             A través del modificatorio n.° 9 referido, se modificó el parágrafo séptimo de la cláusula séptima para especificar que los giros de los títulos pensionales del Hospital no deben realizarse a Colpensiones -anteriormente ISS-, sino a un patrimonio autónomo o encargo fiduciario gestionado por el departamento de Caldas. En el modificatorio n.° 11 se reiteró que la Nación pagaría la totalidad de la concurrencia a su cargo. Por su parte, el departamento que no cuenta con los recursos para cubrir la totalidad de la concurrencia a su cargo se comprometió a pagar parte del pasivo pensional, específicamente 1.000 millones de pesos. Además, se reafirmó que el municipio de Manizales y el Hospital Infantil Rafael Henao Toro son partes inactivas en el modificatorio.

 

54.             Por otra parte, como se mencionó en la tabla novena, el departamento tenía la obligación de constituir un encargo fiduciario o patrimonio autónomo para administrar los recursos por concepto de reserva pensional de activos y reserva pensional de jubilados girados por la Nación y el departamento de Caldas al Fondo Territorial de Pensiones de dicha entidad territorial. Aunque el artículo 61 de la Ley 715 suprimió el Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud, mantuvo la validez de los convenios interadministrativos que se encontraban en curso, como el Contrato de Concurrencia n.° 083 de 2001.

 

55.             En virtud de este contrato, la Dirección Territorial de Salud de Caldas y Colfondos suscribieron el Contrato n.°198 del 9 de julio de 2002, cuyo objeto es la administración y pago, a través de un patrimonio autónomo, de los recursos que se giren por concepto de reserva pensional de activos y de reserva pensional de jubilados de la Nación y el departamento de Caldas.

 

6.                 Obligaciones de las administradoras de fondos de pensiones derivadas de la mora del empleador en el pago de los aportes a pensión. Reiteración de jurisprudencia

 

56.             La jurisprudencia constitucional ha sostenido que el objeto del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones es amparar los riesgos de vejez, enfermedad y muerte del afiliado, a través de la constitución de una relación tripartita. El trabajador, durante su vida laboral, deberá aportar al sistema. El empleador deberá cotizar en forma oportuna sus aportes y los de sus trabajadores. Por su parte, las administradoras de fondos de pensiones deberán hacer los recaudos correspondientes y reconocer oportunamente las prestaciones que consagra el sistema, en los términos previstos en la ley[100]. De acuerdo con el parágrafo 1° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, para el cómputo de las semanas para efectos del reconocimiento de la prestación por vejez, debe tenerse en cuenta, entre otras, las semanas cotizadas en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones, incluyendo aquellas en las que el empleador no hubiera afiliado al trabajador[101].

 

57.             Al respecto, la Sentencia SU-226 de 2019 dispuso que cuando el empleador omite realizar la afiliación de un empleado al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, este debe subsanar su omisión con el pago del pasivo liquidado por la entidad administradora correspondiente. Por lo anterior, indicó que los deberes de la administradora se restringen a: “(i) fijar el monto total adeudado, (ii) recibir la cancelación por parte del incumplido o activar los medios de cobro con los que disponga y, superados los demás requisitos legales, (iii) asumir el reconocimiento y pago oportuno de la pensión respectiva, considerando siempre el tiempo de servicio prestado por el trabajador durante el lapso en el que se causó la omisión en el pago de aportes del empleador”[102]. Lo anterior, incluso en los casos en los que la afiliación se realizó de forma tardía[103].

 

58.             En esta línea, en la misma providencia la Corte señaló que “el incumplimiento de las obligaciones del empleador o de las entidades administradoras en materia de pensiones no es imputable ni oponible al trabajador. Así, las consecuencias negativas de estas omisiones no podrán serle adversas y nunca serán razón suficiente para enervar el acceso a una prestación pensional, pues estas dos partes (el empleador y las entidades administradoras) están llamadas a hacer uso de los instrumentos legales y administrativos dirigidos a cumplir o a exigirse mutuamente el acatamiento de sus deberes. Una actuación contraria a este presupuesto jurisprudencial trasgrede el derecho a la seguridad social del titular de la pensión a que haya lugar”[104].

 

59.             Asimismo, en la Sentencia SU-068 de 2022, la Corte estableció que las administradoras de pensiones son responsables de las consecuencias que puedan surgir debido al retraso o la omisión en el traslado de aportes por parte del empleador. En este sentido, se precisó que dichas administradoras tienen el deber de gestionar y exigir el pago de esos aportes. Por consiguiente, “su falta de diligencia implica admitir la mora del empleador. Es decir, se allanan a la mora”[105] y deben asumir el pago de las prestaciones económicas a las que tenga derecho el afiliado.

 

60.              De acuerdo con lo expuesto, es claro que, aunque la responsabilidad principal del incumplimiento recae en el empleador, las administradoras de fondos de pensiones tienen facultades para adelantar el proceso de cobro de los aportes en mora. Sin embargo, para tal ejercicio se requiere (i) que la omisión haya sido puesta en conocimiento de la entidad administradora de pensiones y (ii) que esta haya cumplido su deber de fijar el monto actuarial adeudado[106].

 

7.                 Análisis del caso concreto

 

61.             María Doris Carvajal Franco, de 65 años, en nombre propio, interpuso acción de tutela en contra de Colpensiones, el Hospital Infantil Universitario- Rafael Henao Toro, la Dirección Territorial de Salud de Caldas, Colfondos, y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La acción se fundamentó en la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a “la vida en condiciones dignas, integridad personal, salud, seguridad social y al mínimo vital”[107]. Esto por la negativa de Colpensiones de incluir en su historia laboral las semanas trabajadas en el Hospital Infantil Universitario Rafael Henao Toro entre el 1º de julio de 1980 y el 2 de noviembre de 1987 y, en consecuencia, por no incluir dichas semanas para el reconocimiento de su pensión de vejez.

 

62.             Por su parte, la Dirección Territorial de Salud de Caldas confirmó que la accionante registra como beneficiaria del Fondo del Pasivo Prestacional del Hospital, según da cuenta la Resolución n.° 02937 del 20 de noviembre de 2000 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, en la que figura la accionante con número de orden 39. También indicó que, según el último informe de Colfondos a enero de 2025, existe disponibilidad de recursos para cubrir el título pensional. En este mismo sentido, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público sostuvo que el pasivo pensional de la accionante fue reportado correctamente al Ministerio de Salud y Protección Social, y que la accionante aparece como beneficiaria activa del Fondo del Pasivo Prestacional. También indicó que los recursos para financiar su pensión están en el patrimonio autónomo administrado por Colfondos.

 

63.             Colfondos manifestó que, en su calidad de administrador del patrimonio autónomo, su papel es gestionar los recursos del fondo y verificar los beneficiarios y los pagos relacionados con las pensiones. Señaló que el patrimonio autónomo cuenta con los recursos suficientes para asumir el pago del título pensional de la accionante, correspondiente al periodo reclamado en la acción de tutela. Sin embargo, a la fecha de presentación de la acción Colpensiones, en su calidad de fondo de pensiones de la actora, no había realizado la respectiva solicitud del pago del título pensional.

 

64.             Por su parte, Colpensiones informó que, tras varias gestiones, entre ellas, una mesa de trabajo con las entidades accionadas logró actualizar la historia laboral de la accionante e incluyó 382,86 semanas, que corresponden al periodo reclamado en la acción, por lo que reconoció la prestación “pensión de vejez” junto con el retroactivo correspondiente (§22). 

 

65.             De acuerdo con lo anterior, la Sala concluye que Colpensiones incurrió en una omisión al negar la corrección de la historia laboral de la accionante y el reconocimiento oportuno de su prestación pensional. Esto porque no verificó la disponibilidad de recursos para cubrir las obligaciones pensionales del sector salud causadas antes del 31 de diciembre de 1993 con las entidades competentes, así como tampoco solicitó el pago del cálculo actuarial al exempleador de la actora, esto es al Hospital Infantil Rafael Henao Toro.

 

66.             Colpensiones se limitó a argumentar que los recursos del contrato se agotaron (§10), sin verificar con las partes de dicho contrato de concurrencia si ello era así. Además, está probado que la Dirección Territorial de Salud de Caldas, (§22) informó a Colpensiones los antecedentes del contrato de concurrencia y detalló que luego de las modificaciones correspondientes, los giros por concepto de títulos pensionales ya no se realizaban a Colpensiones (antes ISS) sino que se efectuaban al patrimonio autónomo constituido por el departamento, en este caso a Colfondos, como administrador de dicho patrimonio.

 

67.             Lo anterior da cuenta de la imposición de una barrera administrativa injustificada a la actora para obtener, por varios meses, incluso años, el reconocimiento de su pensión de vejez. Esta omisión y la falta de diligencia en la corrección de la historia laboral de la accionante vulneró los derechos a la vida en condiciones dignas, a la integridad personal, a la seguridad social y al mínimo vital de la accionante, al dilatar de manera injustificada el pago de su pensión a la que tenía derecho considerando el tiempo laborado en el Hospital y que es la fuente única de ingreso propio de la accionante, como mujer, adulta mayor, para atender con autonomía sus necesidades.

 

68.             La situación también pone en evidencia la falta de comunicación efectiva entre las entidades involucradas en el contrato de concurrencia y las administradoras de fondos de pensiones, quienes no adelantaron actuaciones coordinadas para el giro del título de pensional de la actora.  A pesar de la existencia de un mecanismo claramente establecido para el manejo de los recursos, la falta de gestión conjunta y la omisión de Colpensiones en verificar los recursos disponibles para la cobertura de las obligaciones pensionales del sector salud, generó confusión y retrasos para la accionante. Esta falta de colaboración entre las partes no solo obstaculizó el reconocimiento de la pensión solicitada, sino que también reflejó un problema en la administración y coordinación de los recursos destinados al pago de las deudas prestacionales, afectando a los beneficiarios del Fondo del Pasivo Pensional del Sector Salud del Hospital Rafael Henao Toro.

 

69.             El cumplimiento de los fines del Estado y el ejercicio coordinado de la acción administrativa no depende de la interposición de la acción de tutela, pues la garantía y la eficacia de los derechos fundamentales es un deber de las entidades públicas y de los particulares que tienen incidencia en su garantía, especialmente frente a quienes prestan un servicio público o colaboran en la administración de aquel. Colpensiones y las entidades concernidas en este caso están dotados de los medios jurídicos, físicos y operativos para llevar a cabo acciones de cara a resolver los asuntos que se ponen en su conocimiento, con mayor razón si se trata de problemas altamente técnicos que dificultan que el ciudadano – sujeto de especial protección constitucional como en este caso -entienda la entidad a la que debe acudir.

 

70.             Lo anterior, resalta la necesidad de que las entidades fortalezcan su relacionamiento y comunicación, así como la actualización y capacitación de sus equipos de trabajo para, de esta forma, evitar que existan vacíos de información y errores que afecten a los beneficiarios del sistema y vulneren sus derechos fundamentales.

 

71.             Por otro lado, es importante señalar que en la primera comunicación emitida por Colfondos a esta Corporación en el trámite de revisión (§22) dicho fondo expresó: “en ningún momento nombran a Colfondos S.A., que haya suscrito tal contrato por lo tanto se solicita la honorable Despacho allegar a esta Entidad el contrato de concurrencia n.° 083, con el fin de valorar probatoriamente el documento pues no existe tal relación y así dar respuesta al requerimiento realizado, sin embargo, si el Despacho avizora en el contrato de concurrencia No. 083 que Colfondos S.A., no hace parte integral del mismo (…)”[108]. 

 

72.             Al respecto, la Sala advierte que, si bien es cierto que Colfondos no suscribió el contrato de concurrencia, su rol como administrador del patrimonio autónomo le impone el deber mínimo de conocer los antecedentes contractuales que dieron origen a los recursos que administra. Tal como se mencionó, la Dirección Territorial de Salud de Caldas celebró el Contrato n.º 198 del 9 de julio de 2002 con Colfondos, mediante el cual se creó un patrimonio autónomo destinado a la administración y pago de las reservas pensionales de activos y jubilados derivadas de las obligaciones reconocidas en virtud del contrato de concurrencia n.°083 de 2001. Así las cosas, existe una relación directa entre ambos documentos.

 

73.             En este contexto, resulta reprochable que Colfondos como administrador del patrimonio autónomo desconozca la existencia del contrato de concurrencia. En consecuencia, ante la falta de conocimiento evidente por parte de los colaboradores y agentes de la entidad sobre sus líneas de negocio y, en consecuencia, sobre su misión, termina impactando la realización de derechos en el ámbito de la seguridad social. Por ello, la Sala exhortará a la entidad para que adopte medidas encaminadas a capacitar y actualizar a sus funcionarios sobre los antecedentes del Contrato n.º 198 del 9 de julio de 2002.

 

74.             Finalmente, sobre la mora de aportes la Sala considera que como lo ha sostenido esta Corte, el empleador debe cotizar de manera oportuna los que le corresponden y girar los correspondientes a sus trabajadores. Por su parte, las administradoras de fondos de pensiones deben recaudar las cotizaciones y reconocer las prestaciones del sistema de pensiones. Sin embargo, en este caso, está acreditado que existió una mora en el pago de aportes a favor de la actora, esto como consecuencia de la deuda prestacional del sector salud (§46).

 

75.              Como se mencionó (§49), para asumir el pago de dicha deuda, se suscribió el Contrato de Concurrencia n.° 083 y se constituyó el patrimonio autónomo en el cual las partes concurrentes dispusieron los recursos correspondientes a cubrir los periodos no cotizados por la accionante durante el tiempo laborado en el Hospital Infantil Rafael Henao Toro.  No obstante, sin la solicitud de pago del respectivo cálculo actuarial por parte de Colpensiones, no era viable el desembolso de dichos recursos destinados a cubrir la obligación pensional. Ahora, en el momento en que Colpensiones realizó la respectiva solicitud al exempleador, la omisión fue subsanada mediante el pago del pasivo liquidado por la entidad administradora.

 

7.1.          Conclusiones y remedios 

 

76.             Conclusiones. La Corte Constitucional constató que en el trámite de corrección de la historia laboral y del reconocimiento de la prestación económica pensional a la accionante, se presentó una barrera por parte de la Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones pues, a pesar de que existían los recursos necesarios para el pago del título pensional de la actora, la falta de coordinación de la entidad con las otras entidades involucradas en el correspondiente trámite, generó una demora innecesaria e injustificada en el reconocimiento de la pensión de vejez de María Doris Carvajal Franco, trasladándole una carga administrativa, lo que constituyó una barrera de acceso ilegítima al derecho. Además, sobre la mora de aportes, la Sala encontró que esta fue subsanada con el pago del pasivo liquidado por la entidad administradora, en este caso Colpensiones, a través del patrimonio autónomo constituido en virtud del contrato de concurrencia.

 

77.             Remedios. Por lo anterior, la Sala requerirá a Colpensiones para que, en lo sucesivo, se abstenga de negar la corrección de historia laboral y el reconocimiento de prestaciones económicas a sus afiliados, sin verificar con las entidades competentes la disponibilidad de recursos para cubrir las obligaciones pensionales del sector salud causadas antes del 31 de diciembre de 1993 y sin solicitar el pago del cálculo actuarial.

 

78.             Asimismo, exhortará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a Colpensiones y a la Dirección Territorial de Salud de Caldas para que establezcan un procedimiento, si no lo tienen o que adopten los mecanismos eficaces para que lo cumplan si tal existe, con el fin de revisar los casos de los beneficiarios del extinto Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud que se encuentran afiliados a Colpensiones y que aún no han resuelto sus solicitudes o no han recibido los pagos de bonos pensiones o títulos pensionales.

 

79.             Adicionalmente, exhortará a Colpensiones para que capacite a sus funcionarios en relación con los antecedentes del Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud, así como sobre los contratos de concurrencia derivados de este. De igual forma, a Colfondos para que capacite y actualice a sus funcionarios respecto a sus líneas de negocio, especialmente, en lo referente al Contrato n.° 198 del 9 de julio de 2002 (§55) suscrito entre la entidad y Dirección Territorial de Salud de Caldas, en virtud de las obligaciones que asumió esta última en el marco del Contrato de Concurrencia n.° 083 de 2001 (§49).

 

III.           DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución

 

RESUELVE

 

Primero. REVOCAR la sentencia del 20 de noviembre de 2024 proferida por el Juzgado 003 Civil del Circuito de Manizales, que declaró improcedente la acción de tutela. En su lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado.

 

Segundo.                        REQUERIR a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones- para que, en lo sucesivo, se abstenga de imponer barreras y de negar la corrección de historia laboral y el reconocimiento de prestaciones económicas a sus afiliados, sin verificar con las entidades competentes la disponibilidad de recursos y, en especial, para cubrir las obligaciones pensionales del sector salud causadas antes del 31 de diciembre de 1993 y sin solicitar el pago del cálculo actuarial.

 

Tercero.                        EXHORTAR al Hospital Infantil Universitario Rafael Henao Toro, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones- y la Dirección Territorial de Salud de Caldas que establezcan un procedimiento periódico si no lo tienen o que adopten los mecanismos eficaces para que lo cumplan si tal existe, para que se revisen los casos de los beneficiarios del extinto Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud que se encuentran afiliados a Colpensiones y que aún no han resuelto sus solicitudes o no han recibido los pagos de bonos o títulos pensionales.

 

Cuarto.                   EXHORTAR a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones- y a la Administradora de Fondos de Pensiones Colfondos para que capaciten a sus funcionarios. En relación con Colpensiones, sobre los contratos de concurrencia derivados del extinto Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud; y, en el caso de Colfondos, para que capacite y actualice a sus funcionarios respecto a sus líneas de negocio, especialmente, en lo referente al Contrato n.° 198 del 9 de julio de 2002 suscrito entre la entidad y la Dirección Territorial de Salud de Caldas.

 

Quinto.                      DESVINCULAR a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP de la presente acción. 

 

Sexto.                            Por Secretaría General de la Corte Constitucional, LÍBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

CÉSAR HUMBERTO CARVAJAL SANTOYO

Magistrado (e)

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General