REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

-Sala Sexta de Revisión-

 

SENTENCIA T-290 DE 2025

 

Referencia: expediente T-10.855.489

 

Asunto: revisión de los fallos de tutela que resuelven la solicitud presentada por la señora Lucía contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Penal y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

 

Tema: requisito de convivencia para acceder a la sustitución pensional

 

Magistrado ponente:

Miguel Polo Rosero

 

Bogotá D.C., dos (02) de julio de dos mil veinticinco (2025).

 

La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional[1], en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, decide sobre la revisión del fallo de tutela proferido en segunda instancia el 6 de diciembre de 2024 por la Sala Segunda de Decisión de Familia del Tribunal Superior de Medellín, mediante el cual revocó la sentencia del 2 de noviembre del año en cita proferida por el Juzgado Octavo de Familia del Circuito de Medellín de Oralidad, que accedió a las pretensiones y, en su lugar, declaró la improcedencia del amparo, con fundamento en los siguientes:

 

I.                  ANTECEDENTES

 

1.            En este acápite, la Sala hará una aclaración previa, presentará la síntesis de la providencia, resumirá los hechos relevantes del caso, y dará cuenta de las decisiones de instancia y del trámite en sede de revisión.

 

A.          Aclaración previa

 

2.            En aplicación de lo dispuesto en la Circular No. 10 de 2022, la Sala adopta, como medida de protección a la intimidad de la accionante la supresión de los datos que permitan su identificación, razón por la cual sus nombres serán reemplazados por unos ficticios y se excluirá la información que conduzca a su caracterización. Además, en la parte resolutiva de esta sentencia, se ordenará a la Secretaría General de esta Corporación, a las partes, a las autoridades judiciales de instancia y a aquellas vinculadas al trámite, guardar estricta reserva respecto de los datos aquí tratados. Para tales efectos se utilizarán los nombres ficticios dispuestos en el auto de pruebas proferido por el despacho sustanciador el 7 de abril de 2025: la demandante será identificada con el nombre Lucía, y su cónyuge con el nombre Bernardo.

 

B.           Síntesis de la decisión

 

3.            Correspondió a la Sala Sexta de Revisión decidir la acción de tutela presentada por la señora Lucía contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), en la que solicitó la protección de sus derechos a la seguridad social y al mínimo vital, presuntamente vulnerados por la negativa de la entidad accionada a reconocerle la sustitución pensional, con el argumento de no haber acreditado la convivencia con su cónyuge durante los cinco años anteriores a su fallecimiento.

 

4.            Al realizar el análisis de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, la Sala verificó el cumplimiento de todos ellos, incluido el referente a la legitimación en la causa por activa. En particular, frente a este último y contrario a lo sostenido por el juez de segunda instancia, encontró que el mandato conferido al abogado designado por la parte accionante cumple con las exigencias requeridas para acreditar su validez, pues (i) consta por escrito enviado a través de correo electrónico; (ii) es especial, en cuanto señala con claridad: (a) el nombre e identificación de la interesada en calidad de poderdante, y del apoderado; (b) la individualización de la UGPP como persona jurídica de naturaleza pública en contra de la cual se debe interponer la acción; (c) la causa del litigio, esto es, que se reconozca y pague la sustitución pensional a la que considera que tiene derecho; y (d) la identificación de los derechos a la seguridad social y al mínimo vital como presuntamente vulnerados; (iii) se otorgó, además, para la defensa de los intereses en un proceso determinado; y (iv) se confirió mediante una persona jurídica que presta servicios de asesoría en derecho como objeto social.

 

5.            Una vez fijado el objeto del litigio, y con el fin de establecer si se vulneraron los derechos alegados, la Corte concluyó que la entidad accionada desconoció los precedentes de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, según los cuales el requisito de convivencia por cinco años de forma continua, permanente e ininterrumpida con el causante puede acreditarse en cualquier tiempo y no solo durante los años anteriores a su muerte. Dicho desconocimiento, en el caso concreto, conllevó a la vulneración de los derechos a la seguridad social y al mínimo vital de la accionante, al negarse la UGPP a reconocer la prestación que esta solicitó, y frente a la cual acreditó los requisitos exigidos en la ley, pues, al adoptar esa determinación, cuestionando el tiempo requerido de coexistencia en el mismo techo, también se aportó de la jurisprudencia que admite que la pareja puede vivir en ciudades diferentes, y que, a pesar de la distancia, no se afecta la convivencia, siempre que se mantengan incólumes los vínculos afectivos, el apoyo emocional, la solidaridad y el acompañamiento espiritual necesario que consolidan la vida en pareja.

 

6.            En consecuencia, la Corte revocó la decisión proferida en segunda instancia por el Tribunal Superior de Medellín, que había declarado improcedente la acción por falta de legitimación en la causa por activa, y en su lugar, confirmó la decisión adoptada en primera instancia por el Juzgado Octavo de Familia del Circuito de Medellín, que concedió el amparo solicitado y ordenó a la UGPP expedir el acto administrativo de reconocimiento de la sustitución pensional con la inclusión de las mesadas adicionales, incrementos y retroactivo desde el 14 de enero de 2024.

 

C.          Hechos y pretensiones

 

7.            En Resolución 08823 del 10 de agosto de 1984, la Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL) reconoció pensión de jubilación en favor del señor Bernardo, cuyo último cargo fue el de Jefe de Liquidación Grado IV-26 del Ministerio de Hacienda[2]. Posteriormente, mediante Resolución 07067 del 28 de febrero de 2014, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante, UGPP) reliquidó la citada pensión, indexando el valor de la mesada pensional[3].  

 

8.            Bernardo estuvo unido en matrimonio con Lucía desde el 23 de diciembre de 1960 y hasta el 14 de enero de 2024, cuando éste falleció.

 

9.            El 31 de enero de 2024, Lucía solicitó a la UGPP el reconocimiento de la “sustitución pensional” en calidad de cónyuge supérstite, la cual fue negada[4]  mediante la Resolución RDP 008118 del 7 de mayo del año en cita[5], con fundamento en que no se evidenció que la accionante y su marido hubieran convivido durante los últimos cinco (5) años previos a su fallecimiento, en los términos del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993[6]. Contra esa decisión, Lucía interpuso recurso de apelación, pero la negativa fue confirmada en la Resolución RDP 012968 del 31 de julio de 2024[7].

 

10.        El 18 de octubre de 2024, Lucía, a través de apoderado judicial, solicitó la tutela de sus derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital, los cuales habrían sido vulnerados por la UGPP, al negar el reconocimiento de la prestación solicitada[8]. Sostuvo que compartió techo, lecho y mesa con el causante hasta el año 1989, época en la que se trasladó a la ciudad de Medellín por razones laborales. No obstante, afirmó que con su cónyuge “convinieron sostener su vínculo matrimonial”[9]. Además, indicó que tiene 80 años, no devenga pensión o ingreso que le permita solventar sus gastos básicos, y está diagnosticada con hipertensión, enfermedad coronaria, insuficiencia cardiaca y gonartrosis[10]. Con base en ello, sostuvo que, si bien podría acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para solicitar la nulidad de las resoluciones que negaron el reconocimiento de la mesada pensional, lo cierto es que la demora de los procesos ante dicha jurisdicción podría ocasionarle un perjuicio irremediable por su avanzada edad, delicado estado de salud, y difícil situación económica[11].

 

11.        Agregó que tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia han sostenido que “la convivencia de 5 años puede haber ocurrido ‘en cualquier tiempo’, es decir, no necesariamente en los años inmediatamente anteriores al fallecimiento del causante, y por ende él o la cónyuge supérstite tiene derecho a la sustitución pensional si acredita que (i) tenía vínculo matrimonial vigente con el causante al momento de su fallecimiento y (ii) convivió durante un lapso no inferior a 5 años en cualquier tiempo con el pensionado”[12].

                                                                                           

12.        El asunto fue repartido el 21 de octubre de 2021[13] al Juzgado Octavo de Familia del Circuito de Medellín de Oralidad, el cual admitió la solicitud y vinculó a la UGPP y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público[14].

       

D.          Respuesta de la entidad demandada y de la tercera vinculada

 

13.        El 24 de octubre de 2024, la UGPP sostuvo, por un lado, que la tutela es improcedente por incumplir el requisito de subsidiariedad, en tanto la accionante puede ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Y, por el otro, que no vulneró ningún derecho, por cuanto la negativa al reconocimiento de la prestación solicitada se fundamentó en el incumplimiento de los requisitos legales para ser acreedora de la “pensión de sobreviviente”[15] que reclama. Reiteró los argumentos esbozados en las resoluciones que negaron el derecho, e insistió en la ausencia de prueba de la convivencia continua, permanente e ininterrumpida con la solicitante durante los últimos cinco (5) años anteriores a la muerte del causante[16].

 

14.        El 24 de octubre de 2024, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitó la desvinculación del proceso. Adujo que no es la entidad responsable de la presunta vulneración de los derechos alegados, porque no tiene competencia para reconocer y pagar la “sustitución pensional” solicitada. Sostuvo que, si bien la UGPP es una entidad adscrita a dicho ministerio, lo cierto es que cuenta con personería jurídica, autonomía presupuestal y financiera, y ejerce sus funciones autónomamente[17].

 

E.            Decisiones objeto de revisión

 

15.        Primera instancia. En sentencia del 5 de noviembre de 2024[18], el Juzgado Octavo de Familia de Circuito de Medellín concedió el amparo y ordenó a la UGPP reconocer la “sustitución pensional” en favor de la accionante, así:

 

“PRIMERO. CONCEDER el amparo constitucional al derecho fundamental al mínimo vital y a la seguridad social deprecado por el apoderado de la señora LUCÍA (C.C. xx.xxx.xxx).

 

SEGUNDO. ORDENAR a la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, cuyo director general es el señor LUCIANO GRISALES LONDOÑO, y cuyo director de pensiones es el señor ALEXANDER FLÓREZ GARCÍA, dejar sin efectos la resolución RDP 008118 del 7 de mayo de 2024, que resolvió negar la sustitución pensional solicitada por la señora LUCÍA, y la resolución RDP 012968 del 31 de julio de 2024 la cual confirmó en su totalidad el acto administrativo que denegó conceder la sustitución pensional.

 

TERCERO. ORDENAR a la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, cuyo director general es el señor LUCIANO GRISALES LONDOÑO, y cuyo director de pensiones es el señor ALEXANDER FLÓREZ GARCÍA, que en el término de DOS (2) DÍAS contados a partir del día siguiente a la notificación de esta sentencia, expida acto administrativo que conceda la sustitución pensional a la que es legalmente acreedora la señora LUCÍA (C.C. xx.xxx.xxx), de ochenta años, como cónyuge supérstite del señor BERNARDO (x.xxx.xxx); en el mismo monto devengado por el pensionado fallecido, con sus aumentos y mesadas adicionales anuales, y con el retroactivo pensional causado desde el fallecimiento del causante (14 de enero de 2024) y hasta la fecha del pago.

 

CUARTO. ORDENAR a la parte accionada que acredite en este trámite la gestión del cumplimiento a lo ordenado, en un término de DOS (2) DÍAS contados a partir del día siguiente a la finalización de los términos concedidos en la parte resolutiva de esta sentencia.

 

QUINTO. DESVINCULAR de esta acción al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por falta de legitimidad en la causa por pasiva.

 

SEXTO. NOTIFÍQUESE a las partes por el medio más expedito.

 

SÉPTIMO. DE NO SER IMPUGNADA esta decisión dentro de los tres días siguientes a su notificación, remítase al día siguiente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión”.

 

16.        La citada autoridad judicial, por un lado, encontró satisfecho el requisito de subsidiariedad, porque resultaba desproporcionado someter a Lucía al trámite ordinario debido a su avanzada edad y su delicado estado de salud. Y, por el otro, verificó que se satisfacían los requisitos para acceder a la prestación solicitada, pues, en los términos de la sentencia SU-453 de 2019, “no es necesario demostrar, por parte del cónyuge supérstite, una convivencia con el causante de cinco años inmediatamente anteriores a la muerte, sino que dicho término de convivencia pudo haberse dado en cualquier tiempo” (subrayado original).

 

17.        Impugnación. En escrito del 7 de noviembre de 2024[19], el subdirector de defensa judicial pensional (E) de la UGPP impugnó el fallo, solicitó revocar la decisión y negar el amparo. De mantener el reconocimiento de la prestación, de manera subsidiaria, solicitó hacerlo como mecanismo transitorio mientras la accionante interpone el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, ya que le corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo dirimir el conflicto y determinar la legalidad de los actos administrativos objeto de reproche.

 

18.        Segunda instancia. En sentencia del 6 de diciembre de 2024[20], la Sala Segunda de Decisión de Familia del Tribunal Superior de Medellín revocó la decisión y, en su lugar, declaró improcedente el amparo, al incumplir el presupuesto de legitimación en la causa por activa. Sostuvo que el poder conferido por la accionante a la sociedad Acción Legal Servicios Jurídicos Integrales S.A.S no cumple con los requisitos de especialidad establecidos por la jurisprudencia porque

 

“el poder conferido por la señora Lucía a la sociedad Acción Legal Servicios Jurídicos Integrales S.A.S., y aceptado por quien es su representante legal, la abogada Juliana María Vinasco Grajales, y finalmente utilizado por el togado Javier Castañeda Taborda, como inscrito a la citada sociedad, para el ejercicio de la acción, no congrega las características de especialidad establecidas por los órganos de cierre constitucional y de la justicia ordinaria en su reiterada jurisprudencia, pues en su otorgamiento se limitó a facultarla “para que en mi nombre y representación instaure ACCIÓN DE TUTELA en contra de la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES - UGPP, con el fin de que se le ordene, dentro de un plazo prudencial perentorio y en amparo del derecho fundamental a la seguridad social y al mínimo vital, que reconozca y pague la sustitución pensional a la que tiene derecho mi prohijada con ocasión del fallecimiento de su cónyuge, el señor BERNARDO (Q.E.P.D.) (Sic)”, sin determinar la actuación u omisión que originó el ejercicio de la salvaguarda, aspectos que para el caso de marras cobraban significativa importancia en consideración a los fundamentos fácticos expuestos en el escrito rector, lo que hace que tal acto no cumpla con los elementos del apoderamiento en materia de tutela, y, por tanto, no perfecciona la legitimación por activa en esta causa, situación que impedía adoptar una decisión de fondo en la controversia planteada” (subrayado fuera de texto).

 

19.        Señaló que admitir el poder sin el cumplimiento de todos los presupuestos “sería tanto como dejar de lado la disposición que la poderdante tiene frente a sus derechos y el origen o fundamentos de su alegada afrenta, así como la finalidad de la especificidad del poder para el ejercicio de esta excepcional acción”.

 

F.           Trámite en sede de revisión

 

20.        Con fundamento en el artículo 33 del Decreto Ley 2591 de 1991, el expediente fue escogido para su revisión en auto del 28 de febrero de 2024 por la Sala de Selección de Tutelas número Dos de la Corte Constitucional. Posteriormente, el 15 de marzo de 2025 fue repartido para su sustanciación.

 

21.        Luego, en auto del 7 de abril del año en curso[21], el magistrado sustanciador decretó pruebas con el fin de obtener elementos de juicio para adoptar una decisión en el asunto objeto de análisis. Al efecto, solicitó (i) a Lucía, información sobre su situación personal, familiar, económica y laboral, además de la explicación sobre su vínculo con Bernardo; (ii) a la UGPP, la remisión de la totalidad del expediente pensional de Bernardo y copia legible de las resoluciones mediante las cuales se le reconoció y reliquidó la pensión de jubilación; (iii) al Juzgado Octavo de Familia del Circuito de Medellín de Oralidad, información sobre la práctica de los testimonios solicitados en sede de tutela; y (iv) a Susana, Elsa, Hugo, Omar, Luis Manuel, Camilo y Gladys, la respuesta a un cuestionario sobre su conocimiento acerca de la relación y la convivencia de los señores Bernardo y Lucía.

 

22.        El 9 de abril de 2025, el Juzgado Octavo de Familia del Circuito de Medellín respondió a la solicitud e informó que los testimonios solicitados en la acción de tutela no fueron decretados ni practicados[22]. 

 

23.        El 10 de abril de 2025, Lucía allegó respuesta e informó que (i) su grupo familiar está conformado por dos hijos de 58 y 61 años y que no cuenta con personas a su cargo; (ii) en la actualidad no cuenta con ingresos mensuales propios debido a que, por su edad y delicado estado de salud, no puede desarrollar ninguna actividad económica; (iii) no tiene pensión; (iv) no tiene bienes que le generen rentas; (v) trabajó como abogada independiente hasta el año 2019, momento a partir del cual sobrevivía únicamente con los recursos provenientes de la pensión de su esposo y de la ayuda económica provista por su hijo menor; y (vi) en la actualidad, su hijo menor se encarga de cubrir la vivienda, la seguridad social, la alimentación, el transporte a citas médicas y un cuidador cuando ha sido requerido. Finalmente, con el fin de acreditar la convivencia con Bernardo, aportó el registro civil de matrimonio, los registros civiles de nacimiento de sus hijos, fotos familiares, y la certificación de la EPS donde aparece como su beneficiaria[23].

 

24.        Entre el 10 y 11 de abril del año en cita, Susana, Elsa, Hugo, Omar, Luis Manuel, Camilo y Gladys, respondieron el cuestionario enviado[24]. En síntesis, manifestaron lo siguiente:

 

 

25.        El 11 de abril de 2025, la UGPP allegó copia digital del expediente pensional solicitado.

 

II.          CONSIDERACIONES

 

A.          Competencia

 

26.            Esta Sala es competente para revisar los fallos de tutela proferidos en la presente actuación, de conformidad con lo previsto en los artículos 86.2 y 241.9 de la Constitución Política; y 31 a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.

 

B.           Análisis de los requisitos generales de procedencia de la tutela

 

27.            En virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución, la reiterada jurisprudencia constitucional dictada en la materia^[25] y los artículos concordantes del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela tiene un carácter residual y subsidiario, razón por la cual solo procede excepcionalmente como mecanismo de protección definitivo, (i) cuando el presunto afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, o (ii) cuando existiendo ese medio carezca de idoneidad o eficacia para proteger de forma adecuada, oportuna e integral los derechos fundamentales en las circunstancias del caso concreto. Asimismo, procederá como mecanismo transitorio, cuando la acción se interponga para evitar la consumación de un perjuicio irremediable. En el evento de proceder como mecanismo transitorio, el accionante deberá ejercer la acción principal en un término máximo de cuatro meses contados a partir del fallo de tutela^[26].

 

28.            Antes de realizar el estudio de fondo de la acción de tutela seleccionada, la Sala procederá a verificar si se cumplen los requisitos formales de procedencia en este caso concreto.

 

(i)          Legitimación por activa

 

29.            El artículo 86 de la Constitución establece que la solicitud de tutela es un mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales. Por su parte, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 señala que “podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales”.

 

30.            Con fundamento en las disposiciones mencionadas, la solicitud de tutela puede ser ejercida: (i) directamente por la persona afectada; (ii) por quien actúe a su nombre (representante o apoderado); (iii) por conducto de agente oficioso (cuando el titular de los derechos no esté en condiciones de promover su propia defensa); o (iv) por medio del Defensor del Pueblo y de los personeros municipales.

 

31.         En el caso concreto, la acción fue presentada por Lucía, a través de apoderado, siendo dicha ciudadana la titular de los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital que considera vulnerados con ocasión de las resoluciones proferidas por la UGPP que resolvieron “[n]egar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de BERNARDO”.

 

32.         La jurisprudencia constitucional ha establecido que el poder, como acto jurídico formal, debe (i) constar por escrito; (ii) ser especial, o si se quiere específico y particular para promover la acción de tutela; (iii) ser otorgado para la defensa de los intereses en un determinado proceso y no para instaurar procesos diferentes; y (iv) ser presentado por un profesional del derecho habilitado con tarjeta profesional[27].

 

33.        El cumplimiento del requisito de especialidad del poder en sede de tutela permite al juez identificar con claridad si existe o no legitimación en la causa por activa, a partir del reconocimiento de la situación fáctica que origina el proceso, los sujetos procesales y las actuaciones cuestionadas en la solicitud de amparo. Al respecto, la Corte ha establecido una serie de requisitos que deben concurrir para acreditar este elemento. De forma clara y expresa el poder debe señalar “(i) los nombres y datos de identificación tanto del poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jurídica contra la cual se va a incoar la acción de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar”[28].

 

34.        En el caso concreto, el juez de segunda instancia en sede de tutela revocó la decisión de amparo y, en su lugar, declaró la improcedencia, por incumplir el presupuesto de legitimación en la causa por activa. Sostuvo que el poder conferido por la accionante a la sociedad Acción Legal Servicios Jurídicos Integrales S.A.S no cumple con el requisito de especialidad establecido por la jurisprudencia[29], porque no determinó “la actuación u omisión que originó el ejercicio de la salvaguarda”.

 

35.        El poder aportado con el escrito de demanda establece lo siguiente[30]:

 

“LUCÍA, mayor de edad, identificada como aparezco al pie de mi correspondiente firma, obrando en mi propio nombre, por medio del presente escrito me dirijo a Usted con todo respeto, para manifestar que confiero poder especial amplio y suficiente a la sociedad ACCIÓN LEGAL SERVICIOS JURÍDICOS INTEGRALES S.A.S. identificada con NIT. 900.902.274 – 7 y cuyo representante legal es JULIANA MARÍA VINASCO GRAJALES, para que en mi nombre y representación instaure ACCIÓN DE TUTELA en contra de la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES - UGPP, con el fin de que se le ordene, dentro de un plazo prudencial perentorio y en amparo del derecho fundamental a la seguridad social y al mínimo vital, que reconozca y pague la sustitución pensional a la que tiene derecho mi prohijada con ocasión del fallecimiento de su cónyuge, el señor BERNARDO (Q.E.P.D.), quien en vida se identificaba con cédula de ciudadanía No. x.xxx.xxx.

 

La sociedad apoderada tiene las facultades generales previstas en el Art. 77 del Código General del Proceso y las especiales de recibir, conciliar, desistir, transigir, solicitar y tachar documentos, renunciar, sustituir y reasumir este mandato, y en general para realizar todos los trámites inherentes al mismo” (subrayado fuera de texto).

 

36.        Analizado por la Sala el contenido del poder recién transcrito, se encuentra que el mandato conferido cumple con las exigencias requeridas para acreditar su validez, pues (i) consta por escrito enviado a través de correo electrónico; (ii) es especial y específico en cuanto señala con claridad (a) el nombre e identificación de Lucía, en calidad de poderdante, y de la sociedad Acción Legal Servicios Jurídicos Integrales S.A.S., en calidad de apoderado; (b) la individualización de la UGPP como persona jurídica de naturaleza pública en contra de la cual se debe interponer la acción de tutela; (c) la causa del litigio, este es, que se reconozca y pague la sustitución pensional a la que considera que tiene derecho; y, (d) la identificación de los derechos fundamentales a la seguridad social y mínimo vital como presuntamente vulnerados; (iii) se otorga para la defensa de los intereses en un proceso determinado (acción de tutela); y (iv) se confiere a una persona jurídica que tiene como objeto social “la prestación de servicios jurídicos. En tal virtud, los abogados que estén inscritos en el certificado de existencia y representación legal de la sociedad, expedido por la Cámara de Comercio de Pereira, podrán representar judicial y extrajudicialmente a las personas jurídicas o naturales, que le hubieren otorgado poder a la sociedad”[31].

 

37.        Asimismo, es importante resaltar que la tutela fue presentada por Javier Castañeda Taborda, con tarjeta profesional vigente No. 197.733 del Consejo Superior de la Judicatura. Dicho profesional del derecho aparece inscrito en el certificado de existencia y representación legal de la sociedad Acción Legal Servicios Jurídicos Integrales S.A.S., y está facultado para ejercer la representación de Lucía, en virtud de lo prescrito en el artículo 75 del Código General del Proceso[32].

 

38.        En todo caso, la Sala también considera relevante señalar que, dado el carácter informal de la acción de tutela, el ejercicio de la acción no requiere presentación de un poder o actuación a través de abogado. Cualquier ciudadano está legitimado para presentar solicitudes cuando considere que se le han vulnerado sus derechos fundamentales. Al respecto, la jurisprudencia de este Tribunal ha señalado que, “por el principio de informalidad[,] la acción de tutela no se encuentra sujeta a fórmulas sacramentales ni a requisitos especiales, que puedan desnaturalizar el sentido material de protección que la propia Constitución quiere brindar a los derechos fundamentales de las personas por conducto de los jueces. En aplicación de este principio, la presentación de la acción solo requiere de una narración de los hechos que la originan, el señalamiento del derecho que se considera amenazado o violado, sin que sea necesario citar de manera expresa la norma constitucional infringida, y la identificación de ser posible de la persona autora de la amenaza o agravio. Adicionalmente, la presentación de la acción no requiere de apoderado judicial, y en caso de urgencia, o cuando el solicitante no sepa escribir, o sea menor de edad, podrá ser ejercida de manera verbal” (subrayado fuera de texto).

 

39.             En consecuencia, el fallo de tutela de segunda instancia que declaró la improcedencia de la acción por encontrar incumplido el requisito de falta de legitimación en la causa por activa será revocado, por lo que la Sala continuará con el estudio del cumplimiento de los demás requisitos de procedencia. De encontrarlos superados, conocerá el fondo del asunto.

 

(ii)        Legitimación por pasiva

 

40.            La legitimación en la causa por pasiva hace referencia a la aptitud legal de la autoridad o, excepcionalmente el particular^[33], contra quien se dirige el amparo, para ser llamado a responder por la alegada vulneración o amenaza del derecho fundamental. Así las cosas, para efectos de acreditar el cumplimiento de este requisito, este tribunal ha señalado que se deben justificar las siguientes condiciones: (i) que se trate de uno de los sujetos respecto de los cuales procede el amparo; y (ii) que la conducta que genera la vulneración o amenaza del derecho fundamental se pueda vincular, directa o indirectamente, con su acción u omisión^[34].

 

41.        En el caso bajo estudio, la acción de tutela se instauró contra la UGPP, (i) como autoridad pública[35] que negó la prestación solicitada mediante las resoluciones números RDP 008118 del 7 de mayo de 2024 y RDP 012958 del 31 de julio de 2024. De ahí que, (ii) es la llamada a responder por la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la accionante, en cuanto tiene a su cargo el reconocimiento de la sustitución pensional solicitada, por ser la autoridad que reemplazó en sus funciones a la Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL), como entidad que inicialmente otorgó la pensión de jubilación al señor Bernardo, por virtud de lo previsto en los artículos 3 y 4 del Decreto 2196 de 2009. En este sentido, se acredita el requisito de legitimación en la causa por pasiva respecto de la UGPP.

 

42.        Por el contrario, la Sala evidencia que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público carece de la citada legitimación, pues más allá de su condición de autoridad pública, no es la entidad responsable de la presunta vulneración de los derechos fundamentales alegados, porque no tiene competencia para reconocer y pagar la sustitución pensional solicitada, al ser una atribución exclusiva de la UGPP. Respecto de esta decisión cabe aclarar que, dado el caso, si se revoca el fallo de tutela de segunda instancia y se confirma el de primera, no es necesario que la Sala emita pronunciamiento alguno en la parte resolutiva frente a la falta de legitimación del citado ministerio, en tanto el juez de primera instancia ya lo había desvinculado. En caso contrario, se incluirá un resolutivo en el que se plasme esta determinación.

 

(iii)     Inmediatez

 

43.        La acción de tutela debe ser presentada en un plazo razonable desde la vulneración o amenaza del derecho fundamental alegado, so pena de que se determine su improcedencia, en tanto es el mecanismo que pretende garantizar su protección inmediata^[36]. La inmediatez es un requisito temporal que “pretende combatir la negligencia, el descuido o la incuria de quien la ha presentado, pues es deber del accionante evitar que pase un tiempo excesivo, irrazonable o injustificado desde que se presentó la actuación u omisión que causa la amenaza o vulneración de las garantías constitucionales hasta la presentación del recurso de amparo”^[37].

 

44.        En el caso concreto, la Resolución RDP 012968 del 31 de julio de 2024, que resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución RDP 008118 del 7 de mayo de 2024, que negó el reconocimiento de la “pensión de sobreviviente”[38] en favor de la solicitante, fue notificada a través de correo electrónico el 20 de agosto de 2024[39]. La solicitud de tutela fue radicada en la secretaría del Juzgado Octavo de Familia del Circuito de Medellín de Oralidad el 18 de octubre del mismo año^[40]. Ello significa que transcurrieron un mes y veintisiete días entre el momento en que se notificó la resolución que se cuestiona y la presentación de la acción de tutela, lo que, en opinión de la Sala, corresponde a un tiempo razonable. Por lo anterior, se encuentra satisfecho el requisito de inmediatez para la presentación de la acción de tutela.

 

(iv)      Subsidiariedad

 

45.        Al ser la tutela un mecanismo de protección de derechos de carácter residual y subsidiario únicamente procede cuando no existe otro medio de defensa judicial, o cuando existiendo, (i) aquel no es idóneo ni eficaz para otorgar un amparo integral, o (ii) es necesario acudir al amparo como medio transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

 

46.        Un mecanismo judicial es idóneo, si es materialmente apto para resolver el problema jurídico planteado y es capaz de producir el efecto protector de los derechos fundamentales. Lo anterior implica que el juez constitucional no puede valorar la idoneidad y la eficacia del medio de defensa judicial en abstracto. Por el contrario, debe determinar si, de acuerdo con las condiciones particulares del accionante y los hechos y circunstancias que rodean el caso, dicho medio le permite ejercer la defensa de los derechos que estima vulnerados de manera oportuna e integral^[41].

 

47.         De conformidad con lo expuesto, se debe tener en cuenta, a su vez, que la jurisprudencia constitucional ha reiterado que, en abstracto, un medio ordinario es eficaz si “está diseñado para brindar una protección oportuna a los derechos amenazados o vulnerados”[42]. Para verificar tal supuesto, en concreto, se deben tener en cuenta las condiciones particulares del solicitante. En otras palabras, si de acuerdo con la situación fáctica, el mecanismo es lo suficientemente expedito para la protección de los derechos que se consideran vulnerados[43].

 

48.        La improcedencia general de la acción de tutela con fines pensionales se fundamenta en la existencia de otro medio de defensa judicial, ya que los litigios que surjan entre afiliados o beneficiarios del Sistema General de Pensiones y las entidades administradoras de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (CPTSS), son competencia de la Jurisdicción Ordinaria Laboral y de la Seguridad Social, salvo que se trate de servidores públicos que tengan relación legal y reglamentaria y la entidad del Sistema de Seguridad Social sea de naturaleza pública, caso en el cual el asunto compete a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con el numeral 4 del artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

 

49.        Con sujeción a lo anterior esta disputa es, prima facie, de competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, debido a que el presente caso involucra la solicitud del reconocimiento de la sustitución de una prestación que previamente había sido reconocida por una entidad pública (CAJANAL), en beneficio de un servidor público que se desempeñaba como Jefe de Liquidación Grado IV-26 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al momento de adquirir el derecho a la pensión de jubilación[44]. Dicha solicitud fue decidida mediante la Resolución RDP 012968 del 31 de julio de 2024, que resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución RDP 008118 del 7 de mayo de 2024, que negó el reconocimiento de la “pensión de sobreviviente”[45]. Por tratarse de actos administrativos de contenido particular, son susceptibles de control en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.   

 

50.        En efecto, esta Corporación ha sostenido que, por regla general, la acción de tutela “no procede para controvertir la validez ni la legalidad de los actos administrativos, en razón a que, la naturaleza residual y subsidiaria de este mecanismo constitucional impone al ciudadano la carga razonable de acudir previamente, a través de los respectivos medios de control, ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con el fin de solucionar los conflictos con la Administración y proteger los derechos de las personas (…)”[46].

 

51.        Excepcionalmente, la Corte ha admitido la procedencia de la acción de tutela atendiendo a las circunstancias especiales y a la situación de cada individuo, que hacen que la intervención del juez constitucional sea necesaria, máxime cuando la pretensión de la acción de tutela excede el control de legalidad del acto, y busca la protección de los derechos fundamentales que se ven afectados como consecuencia de dicho acto.

 

52.        Así, en diferentes pronunciamientos[47], con el fin de determinar la procedencia de la acción de amparo cuando median este tipo de pretensiones, se ha sostenido que procede cuando “(i) se verifica que “su falta de otorgamiento ha generado un alto grado de afectación de los derechos fundamentales del accionante, en particular de su derecho al mínimo vital; (ii) se ha desplegado cierta actividad administrativa o judicial por el interesado tendiente a obtener la salvaguarda de sus derechos; y (iii) aparecen acreditadas las razones por las cuales el medio ordinario de defensa judicial es ineficaz para lograr la protección integral de los derechos presuntamente afectados o, en su lugar, se está en presencia de un perjuicio irremediable. Y, adicionalmente, se constata que (iv) (…) en el trámite de la acción de tutela –por lo menos sumariamente– se cumplen con los requisitos legales para acceder a la prestación reclamada”[48].

 

53.        En relación con el tercero de los requisitos recién señalado, referido a la acreditación de las razones por las cuales el medio ordinario de defensa judicial resulta ineficaz para lograr la protección de los derechos presuntamente vulnerados, corresponde al juez constitucional valorar “entre otros, (i) la edad del accionante, puesto que las personas de la tercera edad y los menores son, en principio, sujetos de especial protección constitucional; (ii) su estado de salud y las condiciones de vulnerabilidad en las que pueda encontrarse; (iii) la composición de su núcleo familiar; (iv) las circunstancias económicas que lo rodean; (v) el hecho de haber agotado cierta actividad administrativa y judicial tendiente a obtener el derecho; (vi) el tiempo transcurrido entre la primera solicitud y el momento de radicación del amparo constitucional; (vii) el grado de formación escolar del accionante y el posible conocimiento que tenga sobre la defensa de sus derechos; y (viii) la posibilidad de que se advierta, sin mayor discusión, la titularidad sobre las prestaciones reclamadas”.   

 

54.        Tal como se pasa a explicar, la Sala verifica la falta de eficacia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el caso concreto, y con ello tiene por superado el requisito de subsidiariedad, por la situación de debilidad manifiesta en la que se encuentra Lucía.

 

55.        Edad, estado de salud y condiciones familiares y económicas de la accionante. Esta Sala constata que la falta de reconocimiento de la sustitución pensional genera un alto grado de afectación de los derechos fundamentales de la accionante. Ello, comoquiera que (i) la acción de tutela pretende la protección de los derechos fundamentales de una mujer de 80 años, diagnosticada con distintas patologías que le impiden tener un trabajo o realizar actividades económicas para satisfacer sus derechos[49]; (ii) del material probatorio aportado en sede de revisión, Lucía dependía económicamente de su cónyuge, por lo que, al fallecer, quedó sin el apoyo económico para su sostenimiento básico mensual[50]; (iii) de acuerdo con lo dicho por la propia accionante en declaración allegada a este despacho, actualmente vive de la escasa ayuda que le proporciona uno de sus hijos[51]. En este sentido, se advierte que están seriamente comprometidos sus derechos al mínimo vital y a la seguridad social.

 

56.        Actividad administrativa y judicial tendiente a obtener el derecho. Observa la Sala que la accionante solicitó ante la UGPP el reconocimiento del derecho a la sustitución pensional[52]. Contra la negativa, interpuso de manera oportuna los recursos de reposición y apelación[53]. Además, otorgó poder para ser representada en el proceso de tutela[54].

 

57.        Razones idas para justificar el ejercicio directo de la acción de tutela. La accionante manifestó que, si bien podría acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, someterla a los tiempos de sus procesos resulta desproporcionado debido a su avanzada edad y delicado estado de salud[55].

 

58.        Tiempo transcurrido entre la primera solicitud y el momento de radicación del amparo constitucional. Bernardo falleció el 14 de enero de 2024, y apenas una semana después, el 31 de enero siguiente, Lucía radicó la solicitud de reconocimiento de sustitución pensional ante la UGPP. El 31 de julio del año en cita fue resuelto desfavorablemente el recurso de apelación, decisión que fue notificada a través de correo electrónico el 20 de agosto de 2024, y el 18 de octubre siguiente radicó la acción de tutela.

 

59.        Titularidad sobre las prestaciones reclamadas. En principio, la accionante aporta los elementos de juicio que demuestran de forma sumaria la titularidad del derecho a la sustitución pensional causada por la muerte de su cónyuge, en los términos del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. En efecto, demostró tener más de 30 años, y haber convivido en unión marital hasta la fecha del fallecimiento de su cónyuge.

 

60.        Expuestas las circunstancias específicas del caso concreto, la Sala concluye que, aun cuando existe un mecanismo ordinario de defensa, la tutela es procedente en este caso concreto porque la accionante es una persona de la tercera edad, diagnosticada con varias patologías, que dependía de la pensión de su cónyuge fallecido para subsistir, y actualmente considera en riesgo sus derechos al mínimo vital y a la seguridad social.  

 

61.        Ello, en reiteración de su propia jurisprudencia con base en la cual, la tutela procede en los eventos en los que “el accionante es un sujeto de especial protección constitucional (personas de la tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población desplazada, niños y niñas), y por lo tanto su situación requiere de particular consideración por parte del juez de tutela”[56] (subrayado propio). En estos casos se deben destruir las barreras que impiden el fácil y rápido acceso a la administración de justicia, con lo que se evitan “situaciones de exclusión social que repercuten negativamente en el acceso a oportunidades de orden económico, social y cultural, lo que justifica una diferenciación positiva para suprimir las barreras que se opongan a la igualdad material y enfrentar las causas que la generan. La supresión de dichas barreras no se limita al derecho sustancial, sino que también se aprecia en los mecanismos del derecho procesal que deben ser abiertos y buscar la protección de los derechos de los adultos mayores”[57].

 

62.        En todo caso, también se advierte que “la posibilidad de otorgar una protección constitucional en materia pensional es excepcional y no se orienta a soslayar los medios judiciales ordinarios con que cuenta el accionante, sino a garantizar la efectividad de los derechos a la seguridad social y al mínimo vital, conforme lo dispone el artículo 2 de la Constitución, en el que se consagra como fin del Estado garantizar la efectividad de los derechos constitucionales”[58]. (Subrayado por fuera del texto)

 

63.             Con base en los anteriores argumentos, si la Sala decide acceder a las pretensiones de la demanda, el amparo deberá ser definitivo[59], pues, como ya se explicó, el medio de control de nulidad y restablecimiento, en todo caso, no resulta eficaz en el caso concreto.

 

C.          Problema jurídico y estructura de la decisión

 

64.              De acuerdo con las pretensiones de la demanda y los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos, la Sala deberá determinar si la UGPP vulneró los derechos a la seguridad social y al mínimo vital de Lucía, al negarse a reconocer la “sustitución pensional” que solicitó, por la falta de acreditación del requisito de convivencia durante los cinco (5) años inmediatamente anteriores a la muerte de su cónyuge.

 

65.             Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala de Revisión reiterará la jurisprudencia de esta Corporación sobre (i) el derecho a la sustitución pensional y el alcance del requisito de convivencia exigido para acceder a la sustitución pensional, y (ii) resolverá el caso concreto.

 

D.          El derecho a la sustitución pensional. Reiteración de jurisprudencia[60]

 

66.             Dentro del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones se consagró, por parte del Legislador, un conjunto de prestaciones económicas con la finalidad de prevenir contingencias propias de los seres humanos, tales como la viudez, la invalidez, la muerte y la vejez. Así, las normas que al efecto se dictaron reconocieron derechos pensionales para aquellos afiliados a los que les sobrevenga alguna de estas eventualidades (previo el cumplimiento de unos requisitos), en procura de evitar la consolidación de mayores daños a sus condiciones de vida. En este sentido, el sistema estableció, entre otras, la pensión de vejez, de invalidez, de sobrevivientes y la sustitución pensional.

 

67.             Dado que, en las distintas instancias y etapas procesales dentro del presente proceso, se hizo referencia de manera indistinta a las figuras de sustitución pensional y pensión de sobrevivientes[61], la Sala considera necesario mantener la distinción conceptual y explicar la distinción jurisprudencial de los dos conceptos.

 

68.             La sustitución pensional se deriva del numeral 1° del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, en el que se advierte que tienen derecho a la prestación “los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o invalidez por riesgo común, que fallezca”. La Corte ha sostenido que se trata de “un derecho que permite a una o varias personas entrar a gozar de los beneficios de una prestación económica antes percibida por otra, lo cual no significa el reconocimiento del derecho a la pensión sino la legitimación para reemplazar a la persona que venía gozando de este derecho”[62].

 

69.             Por su parte, la pensión de sobrevivientes está regulada en el numeral 2° del mismo artículo, en el que se otorga dicha prestación a “[l]os miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca[63], siempre y cuando se demuestre que el causante cotizó: (i) cincuenta semanas dentro de los tres años anteriores a la fecha del fallecimiento, o (ii) el número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos de que trata el artículo 66 de esta ley”[64]. Constituye, entonces, una “nueva prestación de la que no gozaba el causante, sino que se genera en razón de su muerte previo el cumplimiento de unos requisitos que el legislador ha previsto. Se trata, entonces, del cubrimiento de un riesgo con el pago de una prima que lo asegure y no del cambio de titular de una prestación ya causada”[65].

 

70.             Tanto la sustitución pensional como la pensión de sobrevivientes “(…) buscan impedir que, ocurrida la muerte de una persona, quienes dependían de ella se vean obligados a soportar individualmente las cargas materiales y espirituales de su fallecimiento”[66], pues “suple[n] la ausencia repentina del apoyo económico del pensionado o del afiliado del grupo familiar[,] con el fin de evitar que su muerte se traduzca en un cambio radical de las condiciones de subsistencia mínimas de los beneficiarios de dicha prestación”[67].

 

71.             En este orden de ideas, se destaca que la sustitución pensional constituye una prestación económica reconocida a los beneficiarios del pensionado que fallece, “para reclamar, ahora en su nombre, la prestación que ya venía siendo recibida por el causante”[68]; mientras que la pensión de sobrevivientes se otorga a los beneficiarios del afiliado quien, sin haber adquirido el estatus de pensionado fallece habiendo cumplido los requisitos mínimos exigidos por la ley para causar dicha prestación. Lo anterior, sin perjuicio de los casos en los que el Legislador les da un tratamiento igualitario, o que incluso las denomina de la misma manera (por lo general, como pensión de sobrevivientes).

 

72.             En el presente caso, lo que se discute es el derecho a la sustitución pensional reclamada por Lucía, en tanto al momento del fallecimiento de su cónyuge, éste disfrutaba de la pensión de jubilación reconocida por la Caja Nacional de Previsión (CAJANAL) mediante Resolución 08823 del 10 de agosto de 1984[69].

 

73.             Tal como su nombre lo indica, la sustitución pensional pretende, entonces, sustituir el derecho que otro ha adquirido una vez el titular haya fallecido con el propósito de que el apoyo monetario recaiga en quienes dependían económicamente del causante y evitar que queden sin un ingreso que les permita su congrua subsistencia. Así, cuando muere la persona con cuya pensión se sufragaban los gastos familiares y del hogar, sus familiares cercanos tienen el derecho a sustituirlo en su posición pensional en virtud de la seguridad social. 

 

74.             Esto, porque el reconocimiento y pago de la sustitución pensional se vincula estrechamente con la protección de derechos los fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social y a una vida en condiciones dignas, los cuales pueden verse gravemente afectados por la pérdida súbita de los ingresos que proveía el causante[70]. Así lo sostuvo la Corte en la sentencia T-184 de 2022, en la que explicó que la relación entre el derecho a la seguridad social, la sustitución pensional y el mínimo vital “gira alrededor del principio de dignidad humana que permea el ordenamiento jurídico y la Constitución. Esto pues la figura de la sustitución pensional propende por evitar la desprotección de los familiares de los cotizantes y pensionados en el sistema de pensiones de la seguridad social. Es precisamente esta conexión con el mínimo vital la que ha facultado que los potenciales beneficiarios de una eventual sustitución pensional acudan directamente al recurso de tutela para reivindicar sus derechos prestacionales”.

 

75.             Para determinar el orden de prelación de los beneficiarios de la sustitución pensional, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, establece que serán beneficiarios del causante –en primer orden– el cónyuge supérstite o compañero permanente, los hijos menores de 18 años, aquellos que estudian hasta los 25 años y quienes se encuentran en estado de invalidez. A falta de estos, serán beneficiarios los padres del causante y luego los hermanos en condición de invalidez, si dependían económicamente de éste.

 

76.             En lo que respecta a la situación jurídica del cónyuge supérstite o compañero permanente, el literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, indica que serán beneficiarios en forma vitalicia, siempre que a la fecha del fallecimiento tenga 30 años o más, y esté acreditado que, “estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte”[71].

 

77.             Sobre el requisito de convivencia por cinco años continuos antes de la muerte, esta Corporación ha sostenido, de manera reiterada y pacífica, que el cónyuge supérstite tiene derecho a la sustitución pensional, siempre que se puedan acreditar cinco años de convivencia en cualquier tiempo, durante los cuales permanezca vigente el lazo matrimonial, “aun cuando no hayan habitado bajo el mismo techo, siempre que haya una causal justificada para ello”[72]. Lo anterior, condicionado a que se mantenga el proyecto de vida común[73]. En efecto, la falta de cohabitación no implica, necesariamente, la falta de convivencia. En este escenario, “el juez debe evaluar las circunstancias de cada caso, a fin de acreditar la configuración de [la] justa causa”[74], pues ésta se define por la existencia de vínculos afectivos, apoyo emocional y mutuo, solidaridad y acompañamiento espiritual. Así lo explicó la Corte en la sentencia SU-169 de 2024:  

 

“esta exigencia [convivencia] puede presentarse y predicarse incluso en eventos en que los cónyuges o compañeros no puedan estar permanentemente juntos bajo el mismo techo físico, en razón de circunstancias especiales de salud, trabajo, fuerza mayor o similares, pues ello no conduce de manera inexorable a que desaparezca la comunidad de vida de la pareja, si claramente se mantienen vigentes los lazos afectivos, sentimentales y de apoyo, solidaridad, acompañamiento espiritual y ayuda mutua, rasgos esenciales y distintivos de la convivencia entre una pareja y que supera su concepción meramente formal relativa a la cohabitación en el mismo techo[75]. (…) la convivencia entre los cónyuges no desaparece por la sola ausencia física de alguno de los dos, cuando ello ocurre por motivos justificables, como de salud, oportunidades u obligaciones laborales, imperativos legales o económicos, entre otros^[76]” (subrayado propio).

 

78.             Esta Corporación coincide con la postura de la Corte Suprema de Justicia, en cuya jurisprudencia se afirma que la convivencia puede acreditarse en cualquier tiempo, siempre que se mantenga vigente el vínculo conyugal[77]. A diferencia de la cohabitación, la convivencia “busca proteger la unidad familiar y por ello es entendida como la comunidad de vida, lazos de amor, ayuda mutua, solidaridad, apoyo económico, asistencia solidaria, acompañamiento espiritual, con vocación de consolidación de vida en pareja”[78].

 

79.             Para probar la convivencia existe libertad probatoria[79]. En la sentencia T-787 de 2002, la Sala Novena de Revisión encontró que la entidad demandada había incurrido en “vía de hecho”, al desconocer las declaraciones extrajudiciales allegadas por la peticionaria, mediante las cuales buscaba demostrar que, aunque en los últimos meses de vida de su cónyuge no vivieron bajo el mismo techo debido a graves quebrantos de salud, la convivencia nunca se interrumpió. En el mismo sentido, en la sentencia T-921 de 2010, la misma Sala indicó que la forma de acreditar la existencia de vida marital entre el solicitante y el causante podría ser a través de una declaración juramentada extraproceso del requirente y otra de un tercero que certifique la convivencia y su duración. Además, explicó que no es válido que la entidad encargada de reconocer la prestación exija requisitos formales o medios probatorios adicionales, cuando de dicha mesada pensional depende la satisfacción del mínimo vital de la accionante, más aún cuando se trata de una persona de la tercera edad aquejada de graves problemas de salud. En este sentido, precisó que la ley “no establece ni restringe los medios de prueba que avalan dicho supuesto; por ello, de acuerdo con una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico, se permite cierta libertad probatoria, verificando la idoneidad en cada caso concreto”[80].

 

80.             Así, la Corte ha enfatizado que la ley no establece ni restringe los medios de prueba permitidos para acreditar el cumplimiento del requisito de convivencia, en casos en que se solicite el reconocimiento de la sustitución pensional en favor del cónyuge supérstite. Lo mencionado permite un amplio margen de libertad probatoria en este tipo de procesos.

 

E.           Solución del caso concreto. La UGPP desconoció el derecho a la seguridad social y al mínimo vital de la accionante

 

81.             Tal como se señaló en los antecedentes, Lucía solicitó la tutela de sus derechos a la seguridad social y al mínimo vital, los cuales habrían sido vulnerados por la UGPP, al negarle el reconocimiento de la sustitución pensional que reclamó. Argumentó que mantuvo una relación conyugal constante y estable con su esposo por más de cinco años continuos, desde el 23 de diciembre de 1960 hasta el año 1989, cuando se presentó su relocalización laboral a la ciudad de Medellín. Con posterioridad a dicha relocalización, la pareja mantuvo permanente su vínculo a través de comunicaciones constantes, apoyo emocional y viajes. Además, enfatizó su condición de sujeto de especial protección constitucional, pues tiene 80 años, presenta quebrantos de salud diagnosticados por su avanzada edad (hipertensión, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca y gonartrosis), y no percibe pensión ni otro ingreso que le permita cubrir sus necesidades básicas.

 

82.             La UGPP sostuvo que Lucía no cumple con los requisitos para ser beneficiaria de la sustitución pensional, porque no acreditó haber convivido de forma continua, permanente e ininterrumpida con el causante durante los últimos cinco (5) años anteriores a su muerte, en los términos del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 2003. El juez de primera instancia amparó el derecho por encontrar acreditados los requisitos para ello, mientras que el juez de segunda instancia revocó la decisión y declaró la improcedencia de la acción, por considerar que se incumplió el requisito de legitimación en la causa por activa. Sin embargo, esta Sala encontró que sí se satisfacía este último requisito, por cuanto el poder cumplía con todos los requisitos necesarios para su validez, siendo la razón que había llevado a la improcedencia de la acción en sede de segunda instancia.

 

83.             Como se dijo, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 señala que el cónyuge supérstite puede acceder al reconocimiento pensional siempre que (i) a la fecha del fallecimiento del causante tenga por lo menos 30 años, y (ii) acredite que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos, con anterioridad a su muerte[81].

 

84.             Realizado el estudio de fondo del asunto, la Sala encuentra que la UGPP vulneró los derechos a la seguridad social y al mínimo vital de Lucía, al negarse a reconocer la “pensión de sobrevivientes”[82] que solicitó, con el argumento de no haber acreditado el requisito de convivencia durante los cinco años anteriores a la muerte, pues, evaluadas las circunstancias que conllevaron a la pareja a vivir en ciudades diferentes, las encuentra razonables para afirmar que, a pesar de la distancia, se mantuvieron incólumes los vínculos afectivos, el apoyo emocional y mutuo, la solidaridad y el acompañamiento espiritual necesarios para ser beneficiario de la sustitución pensional.  

 

85.             Respecto del vínculo marital, la Sala pudo constatar que la pareja contrajo matrimonio el 23 de diciembre de 1960 en la ciudad de Pereira, tal y como consta en el registro civil de matrimonio aportado con la tutela[83]. Además, reposa en el expediente comunicación del 3 de septiembre de 2004 enviada por el señor Bernardo a Coomeva EPS, solicitando el ingreso “como beneficiaria a mi cónyuge Lucía, con cédula No. xx.xxx.xxx”[84]. Así mismo, la accionante aportó copia de una ratificación de cónyuge superviviente dirigida a CAJANAL el 8 de abril de 2017, donde el señor Bernardo manifiesta que “la Señora LUCÍA. Identificada con la cédula de ciudadanía No. xx.xxx.xxx es mi cónyuge sobreviviente. Por lo tanto, es la única que tiene derecho a reclamar y recibir la pensión a mi otorgada”[85].

 

86.             En sede de revisión se solicitó la declaración de varias personas con el fin de que expusieran las características de la relación marital alegada[86]. En general, dijeron que (i) conocían a la pareja desde principios de los años ochenta; (ii) se trataba de una pareja normal, muy “cercana y familiar”[87], dedicada a la crianza y formación de sus hijos, compartiendo buenos y malos momentos, a pesar de haber residido en diferentes ciudades debido a que Lucía consiguió un buen trabajo en la ciudad de Medellín, y Bernardo tenía un buen trabajo en la ciudad de Pereira, (iii) la relación marital fue estable por más de cincuenta años continuos; y, (iv) la pareja siguió en comunicación no solo telefónica, sino que realizaban viajes constantes salvo cuando la condición de salud de ambos se los impidió.

 

87.             Las pruebas documentales, junto con las declaraciones aportadas en sede de revisión, acreditan la existencia de un vínculo afectivo y una relación marital duradera, estable y cercana entre la accionante y el causante, a pesar de la falta de cohabitación causada por la mutua decisión de promover el desarrollo profesional de ambos en diferentes ciudades. De conformidad con las sentencias SU-108 de 2020 y SU-169 de 2024, la separación física por motivos laborales constituye una causa justificada para que una pareja resida en ciudades diferentes y sin que, por ello, pierdan la convivencia[88].

 

88.             Por estas razones, tal como lo manifestó el juez de primera instancia en sede de tutela, la Sala concluye que la UGPP vulneró los derechos a la seguridad social y al mínimo vital de Lucía, sujeto de especial protección por ser un adulto mayor con un delicado estado de salud, y las necesidades inminentes que presenta, respecto a su subsistencia en condiciones mínimas, al negarle el reconocimiento pensional cuando era fácilmente comprobable que cumplía con los requisitos de ley para el efecto. Por un lado, Lucía tiene más de 30 años, según se comprueba en el registro civil de nacimiento aportado con la demanda[89]. Por otro lado, la pareja cohabitó por veintinueve (29) años de forma ininterrumpida previo a la relocalización laboral de Lucía; ese solo hecho era suficiente para demostrar la convivencia, la cual, en todo caso, permaneció intacta incluso después de la relocalización de la accionante.  

 

89.             En efecto, la negativa se fundamentó únicamente en la falta de cohabitación, sin valorar de manera integral las circunstancias particulares de la relación, la justificación de la separación física y los medios probatorios allegados que apuntaban a la persistencia del vínculo. Esto vulneró el derecho fundamental de la accionante a la seguridad social, que se concretaba en el acceso a la sustitución pensional de su difunto cónyuge y, como consecuencia, vulneró sus derechos al mínimo vital y a la seguridad social, pues la accionante se encuentra desprotegida, más allá de las ayudas que le son otorgadas por sus hijos, las cuales no le otorgan una condición de autosuficiencia, que se obtiene a través de la sustitución pensional reclamada.

 

90.             En consecuencia, la Sala Sexta de Revisión (i) revocará la sentencia proferida por la Sala Segunda de Decisión de Familia del Tribunal Superior de Medellín. que declaró la improcedencia del amparo y, en su lugar, (ii) confirmará la sentencia dictada por el Juzgado Octavo de Familia del Circuito de Medellín, que accedió a las pretensiones y ordenó a la UGPP reconocer la sustitución pensional en favor de la señora Lucía, en el mismo monto devengado por el causante, con sus aumentos y mesadas adicionales anuales, y con el retroactivo pensional causado desde el fallecimiento y hasta la fecha del pago, por haberse verificado que cumplió con los requisitos señalados por los artículos 46 y 47 de la ley 100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13, respectivamente, de la Ley 797 de 2003.

 

91.             Por lo demás, como se expuso en el examen de legitimación en la causa por pasiva[90], no es necesario adoptar un resolutivo respecto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en tanto que se confirma lo resuelto por el juez de primera instancia.

 

III.           DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

 

RESUELVE

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida 6 de diciembre de 2024 por la Sala Segunda de Decisión de Familia del Tribunal Superior de Medellín y, en su lugar, CONFIRMAR la dictada el 5 de noviembre del año en cita por el Juzgado Octavo de Familia de Circuito de Medellín, en la que se accedió al amparo y se le ordenó a la UGPP expedir el acto administrativo que reconozca la sustitución pensional en favor de la señora Lucía, en el mismo monto devengado por el causante, con sus aumentos y mesadas adicionales anuales, y con el retroactivo pensional causado desde el fallecimiento y hasta la fecha del pago.

 

SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría General de esta Corporación que suprima de toda publicación del presente fallo, los nombres y los datos que permitan identificar a la accionante y a su difunto esposo. Igualmente, ordenar por Secretaría General a los jueces de tutela competentes que se encarguen de salvaguardar la intimidad de las personas mencionadas, manteniendo la reserva sobre el expediente, so pena de las sanciones legales que correspondan por el desacato a esta orden judicial.

 

TERCERO: Por Secretaría General de la Corte Constitucional, LIBRAR la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.

 

Notifíquese, comuníquese, cúmplase.

 

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CAROLINA RAMÍREZ  PÉREZ

Magistrada (e)

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General