REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Sexta de Revisión

 

SENTENCIA T-174 DE 2026

 

Referencia: expediente T-11.529.685.

 

Asunto: acción de tutela instaurada por César Augusto Lorduy Maldonado en contra de la red social X y otros.

 

Tema: tutela contra red social por cierre definitivo de la cuenta verificada derivado de un ataque de ciberseguridad a un usuario.

 

Magistrado ponente:

Vladimir Fernández Andrade.

 

Bogotá D.C., cinco (05) de junio dos mil veintiséis (2026).

 

La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, y los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Vladimir Fernández Andrade quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ha proferido la siguiente

 

SENTENCIA

 

I.                  SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

 

El señor César Augusto Lorduy Maldonado promovió acción de tutela contra la red social X y varias entidades públicas, al estimar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, libertad de expresión, debido proceso, acceso a la información y hábeas data, por la suspensión definitiva de su cuenta verificada luego de un incidente de ciberseguridad ocurrido en diciembre de 2023. Sostuvo que esa cuenta era utilizada para participar en el debate público y que, además de perder acceso a su historial y seguidores, sufrió cobros no autorizados asociados al hackeo. Ante la ausencia de una solución efectiva por parte de la plataforma, acudió a la jurisdicción constitucional.

 

En sede de revisión, la Sala concluyó que la tutela no era procedente respecto de los derechos al debido proceso, igualdad, libertad de expresión, acceso a la información y hábeas data, principalmente por falta de inmediatez y subsidiariedad. No obstante, en aplicación del principio de oficiosidad, delimitó el análisis al derecho fundamental de petición, a partir de la solicitud elevada por el actor el 14 de mayo de 2025 ante la red social X.

 

Frente a ese punto específico, la Sala encontró acreditado que la plataforma sí recibió una solicitud formal, pero las respuestas emitidas entre el 14 y el 22 de mayo de 2025 fueron automáticas, incompletas y no resolvieron de fondo lo pedido. Por ello, la Sala concluyó que X vulneró el derecho fundamental de petición del accionante y, en consecuencia, ordenó responder de manera clara, precisa, congruente y de fondo. Asimismo, debido a la complejidad de los temas y la falta de regulación sobre la materia, exhortó al Congreso y a la Presidencia de la República para que avancen en la regulación de mecanismos efectivos de interlocución con plataformas digitales que prestan servicios en Colombia y exhorto al Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de Colombia, a la Comisión de Regulación de Comunicaciones y a la Superintendencia de Industria y Comercio para que, en el marco de sus competencias normativas, participen en el referido debate público.

 

II.              ANTECEDENTES

 

1.                 Hechos relevantes[1]

 

1.                 El señor César Augusto Lorduy Maldonado fue elegido representante a la Cámara de Representantes por el departamento del Atlántico para el periodo comprendido entre los años 2018 y 2022 y posteriormente, fue designado como magistrado del Consejo Nacional Electoral, dignidad que ocupó hasta el momento de su renuncia, a finales de 2024[2].

 

2.                 Desde el año 2010 y hasta el 2023, el señor Lorduy Maldonado fue propietario de la cuenta verificada “@clorduy” en la red social X que contaba con alrededor de 11 mil seguidores, en los que se encontraban “ciudadanos, periodistas, colegas del ámbito político, organizaciones sociales, actores institucionales y medios de comunicación, tanto del nivel nacional como regional”[3]. A través de esta cuenta ejercía sus derechos políticos y su libertad de expresión, con el fin de promover y participar en debates sobre asuntos de interés nacional que se planteaban en esta red social.

 

3.                 Entre el 14 y 16 de diciembre de 2023, el accionante fue víctima de vulneraciones de ciberseguridad en su cuenta de la red social X, lo que permitió que terceros publicaran mensajes maliciosos y promocionales en contra de su voluntad, y que se generaran unos cobros por concepto de publicidad a su tarjeta de crédito personal inscrita[4]. Debido a esta situación, la red social X suspendió dicha cuenta.

4.                 El 31 de enero de 2024, el señor Lorduy Maldonado interpuso denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de acceso abusivo a un sistema informático por los hechos ocurridos con su cuenta de X. En virtud de lo anterior, el 31 de enero de 2024 el Centro Cibernético Policial de la Policía Nacional envió un correo electrónico dirigido a “globalaffairs@twitter.com, Twitter Support, Twitter Gobierno, Políticas Públicas y Filantropía (Hispanoamérica y Caribe)”, en el que solicitó el restablecimiento de las credenciales para acceder a la cuenta del accionante. Sin embargo, la red social X nunca dio respuesta a dicha petición, razón por la cual, el actor no pudo obtener el restablecimiento de su cuenta[5].

 

5.                 Bajo ese panorama, el accionante decidió crear una nueva cuenta en la plataforma X con el usuario “@clorduym”, la cual, aduce también fue suspendida por la red social sin que se le informara ninguna razón. No obstante, creó una tercera cuenta “@LorduyCesar”, la cual usa en la actualidad.

 

6.                 A pesar de lo expuesto, el 14 de mayo de 2025, el accionante envió a los correos electrónicos copyright@x.com, legal@x.com y lawenforcement@x.com una “solicitud de restablecimiento de cuenta verificada @clorduy, y de reembolso por cargos indebidos y reparación de perjuicios”[6], en la que requirió a la red social X:

 

a.         Una explicación clara, detallada y por escrito sobre las razones técnicas y administrativas que motivaron la suspensión permanente de la cuenta @clorduy, y sobre el proceso interno seguido por la plataforma para adoptar tal decisión.

b.        El restablecimiento inmediato de la cuenta @clorduy, con la restitución íntegra de su historial de publicaciones, interacción y base de seguidores (más de 64.000[7]), o, en su defecto, la migración completa de dicha información a la cuenta actual @LorduyCesar.

c.         El reembolso total de los dineros cobrados indebidamente como consecuencia de las transacciones no autorizadas derivadas del hackeo, esto es, la suma equivalente a USD 833,29, conforme a los registros proporcionados y la trazabilidad de pagos a favor de la red social.

d.        La emisión de una disculpa pública o constancia oficial escrita de que la cuenta fue suspendida por error atribuible a un acceso indebido de terceros y no por una conducta intencional del titular de la cuenta, en aras de salvaguardar su buen nombre, reputación y credibilidad ante su audiencia.

e.         La implementación de garantías de no repetición que incluyan mecanismos de verificación reforzada para evitar suspensiones automáticas por actividad fraudulenta de terceros, así como la habilitación de una vía directa de contacto o atención prioritaria para cuentas verificadas de interés público.

f.          Una respuesta formal a la presente solicitud en un término no superior a cinco (5) días hábiles, en ejercicio de los derechos del usuario y conforme al principio de buena fe contractual que debe regir las relaciones entre la plataforma y sus usuarios.

 

7.                 El 20 y 22 de mayo de 2025, la red social X emitió una respuesta en la que invitó al accionante a adelantar sus protocolos para reclamaciones y a que se comunicara con “su proveedor de servicios para obtener ayuda”, pues para la plataforma no fue posible verificar la titularidad de su cuenta a partir de los datos que le requirió suministrar[8]. Inconforme con estas respuestas y después de haber intentado nuevamente usar los canales autorizados[9], el accionante optó por interponer la presente acción de tutela.

 

2.                 Trámite de la acción de tutela

 

2.1.          Presentación y admisión de la acción de tutela[10]

 

8.                 El 5 de junio de 2025, a través de apoderado, el señor César Augusto Lorduy Maldonado interpuso acción de tutela en contra de la red social X, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC), el Ministerio de Relaciones Exteriores – Cancillería, la Agencia Nacional del Espectro (ANE), la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), al considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad, libertad de expresión, debido proceso, acceso a la información y hábeas data.

 

9.                 Como fundamento de la acción, el actor resaltó que en Colombia no existen mecanismos judiciales ordinarios idóneos que permitan controvertir decisiones adoptadas por plataformas digitales extranjeras que operan en el país y que tales empresas no ofrecen canales efectivos de reclamación, apelación o contradicción. En su criterio, esta ausencia de herramientas institucionales configura un estado de indefensión estructural frente al poder que ejercen dichos intermediarios sobre los derechos fundamentales de los usuarios. Asimismo, aseveró que la acción también se dirige ante las entidades públicas accionadas debido a las omisiones regulatorias o de supervisión que, a su juicio, permitieron que plataformas privadas con presencia operativa en Colombia actuaran sin límites institucionales y sin garantizar estándares mínimos de protección de derechos.

 

10.            En virtud de lo anterior, solicitó que se ordenara a la plataforma X (i) explicar técnica y administrativamente las razones de la suspensión; (ii) restablecer la cuenta original o migrar su información a la cuenta actual; (iii) reembolsar los valores cobrados durante el hackeo; (iv) habilitar un mecanismo efectivo para la defensa y apelación de decisiones adoptadas por la empresa; (v) expedir una constancia pública en la que se aclare que la suspensión obedeció a la intervención de terceros; e (vi) implementar garantías de no repetición, incluyendo la creación de canales de verificación y atención preferente para cuentas de interés público. Finalmente, pidió evaluar la existencia de un vacío normativo en el entorno digital que, en su criterio, exige una respuesta estructural por parte del juez constitucional.

 

11.            El 5 de junio de 2025, el Juzgado 037 Administrativo del Circuito de Bogotá inadmitió la acción de tutela y requirió a la parte accionante para que aclarara la vulneración de cada una de las entidades y para que aportara el correo de notificaciones de la red social X. La solicitud fue atendida por el apoderado del señor Lorduy Maldonado y el 9 de junio siguiente, se admitió la acción de tutela y se ordenó notificar a las accionadas. Respecto de la red social X, la notificación se realizó a través de los correos electrónicos legalnotices@twitter.com, privacy@twitter.com y support@twitter.com.

 

2.2.          Respuesta de las entidades accionadas y vinculadas

 

12.            En el trámite de la acción, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) se opuso al amparo solicitado. Sostuvo que carecía de legitimación en la causa por pasiva, pues los hechos que motivaron la tutela relacionados con el hackeo de la cuenta del actor, su suspensión por parte de la red social X y los cargos no autorizados, no se encuentran dentro de sus competencias funcionales. Explicó que, conforme con la Ley 1341 de 2009 y sus modificaciones, la entidad se limita al diseño de políticas del sector TIC, sin ejercer funciones de inspección, control o vigilancia sobre plataformas digitales ni sobre las decisiones que estas adopten respecto de sus usuarios. Por ello, solicitó su desvinculación del proceso al no existir una acción u omisión atribuible a su actuación administrativa.

 

13.            Por su parte, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) también alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva. Indicó que sus funciones regulatorias recaen sobre servicios de telecomunicaciones y contenidos audiovisuales, pero no comprenden la supervisión de redes sociales ni la intervención en controversias derivadas de la moderación de contenidos o suspensión de cuentas. La CRC subrayó que no tiene competencia para ordenar a las plataformas digitales restablecer perfiles, modificar decisiones internas o reparar daños patrimoniales, y que la neutralidad de la red exige no interferir en el tráfico, contenido o decisiones privadas de estos intermediarios, en consecuencia, estimó que no había lugar a un pronunciamiento de fondo.

 

14.            La Agencia Nacional del Espectro (ANE) se opuso a la concesión del amparo, al afirmar que su ámbito funcional se restringe a la administración, vigilancia y control del espectro radioeléctrico. Precisó que las redes sociales no son usuarias directas del espectro y operan sobre infraestructura previamente habilitada por los proveedores de telecomunicaciones, razón por la cual sus actuaciones no se encuentran sometidas a supervisión de la entidad. Señaló que tampoco tiene competencia relacionada con transacciones electrónicas, tratamiento de datos personales o mecanismos de protección frente a suspensiones de cuentas digitales, por lo que no tiene legitimación en la causa por pasiva. Finalmente, resaltó que, a su juicio, el actor no agotó los mecanismos dispuestos por la plataforma antes de acudir a la tutela, lo que afecta el cumplimiento del requisito de subsidiariedad.

 

15.            La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en su calidad de autoridad nacional de protección de datos y del consumidor, igualmente solicitó negar la acción. Argumentó que la controversia planteada no se relaciona con ninguna de sus funciones legales, pues no se discutía un tratamiento indebido de datos personales atribuible a la entidad ni una conducta que exigiera el ejercicio de facultades jurisdiccionales en materia de protección al consumidor. Recordó que la Constitución impone el principio de legalidad en el ejercicio de funciones administrativas y que no existe norma que le atribuya competencia para ordenar a una red social restablecer cuentas, revertir cobros o modificar decisiones privadas adoptadas en el marco de un contrato de adhesión. En virtud de lo anterior, solicitó su desvinculación del trámite al considerar que no tiene legitimación en la causa por pasiva.

 

16.            Finalmente, la Cancillería y la red social X guardaron silencio pese a haber sido notificadas a los correos electrónicos institucionales, sin emitir respuesta sobre los hechos o las pretensiones de la tutela.

 

2.3.          Decisiones judiciales objeto de revisión

 

2.3.1.   Sentencia de primera instancia

 

17.            El 19 de junio de 2025, el Juzgado 037 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá declaró improcedente la acción de tutela. Para llegar a esa conclusión, el despacho indicó que la controversia planteada se enmarcaba en una relación contractual entre el usuario y la plataforma X y que la tutela no podía utilizarse como mecanismo supletorio para resolver disputas de naturaleza económica, patrimonial o derivadas del incumplimiento de términos y condiciones aceptados por un particular en el ámbito privado. Asimismo, señaló que las órdenes solicitadas por el actor, como el restablecimiento de la cuenta, la migración de datos o la regulación del funcionamiento de plataformas digitales, excedían la competencia del juez constitucional, al corresponder a ámbitos reservados al legislador o a las autoridades administrativas especializadas.

 

18.            Ahora, aun cuando el juzgado advirtió que el accionante alegaba vulneraciones a diversos derechos fundamentales debido a la suspensión permanente de su cuenta “@clorduy” luego de un hackeo, así como la ausencia de mecanismos eficaces para controvertir dicha decisión dentro de la plataforma, consideró que el señor Lorduy Maldonado contaba con medios judiciales ordinarios idóneos para cuestionar las decisiones derivadas de contratos de adhesión, tales como las acciones previstas en el Código Civil (CC) y el Código General del Proceso (CGP) para reclamar la nulidad, el cumplimiento o la indemnización de perjuicios derivados de relaciones contractuales. Bajo ese panorama, concluyó que la acción de tutela no podía convertirse en una tercera vía para revisar la validez de la suspensión ni para ordenar reparaciones económicas que debían discutirse ante la jurisdicción ordinaria.

 

19.            La sentencia enfatizó en que el actor no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que habilitara la procedencia excepcional de la tutela como mecanismo transitorio. Para el despacho, aunque el actor perdió alcance en su comunicación pública y alegó afectaciones a su reputación y a su participación política, ello no constituía un daño grave, inminente o irreparable, pues tenía acceso a la plataforma mediante una tercera cuenta creada posteriormente y podía ejercer su libertad de expresión por otros canales. Asimismo, señaló que la reclamación por el cobro de USD 833,29 efectuado durante el hackeo correspondía a una controversia patrimonial privada que debía ventilarse a través de las autoridades administrativas competentes, como la SIC o ante la jurisdicción ordinaria, y no por vía de tutela.

 

20.            Por último, la autoridad judicial concluyó que no era procedente impartir órdenes dirigidas al MinTIC, la Cancillería, la ANE, la CRC o la SIC, pues ninguna de estas entidades vulneró de manera directa o indirecta los derechos fundamentales invocados. Explicó que el actor buscaba que el juez de tutela llenara supuestos vacíos regulatorios sobre el funcionamiento de plataformas digitales, pero indicó que la definición de tales reglas requiere un desarrollo normativo que rebasa el ámbito de la acción de tutela. Por tanto, señaló que el juez constitucional no podía asumir funciones regulatorias ni ordenar la expedición de políticas públicas o lineamientos técnicos que corresponden a otras autoridades del Estado.

 

2.3.2.   Recurso de impugnación

 

21.            En desacuerdo con lo anterior, el accionante impugnó la sentencia de primera instancia al considerar que el juez constitucional omitió examinar aspectos centrales del caso y aplicó de manera indebida el requisito de subsidiariedad. En primer lugar, sostuvo que el juzgado no garantizó un debate efectivo de contradicción, pues la red social X no fue notificada adecuadamente, pese a que él aportó múltiples direcciones electrónicas, enlaces oficiales y canales institucionales para lograr la comunicación efectiva. Señaló que la omisión en la vinculación de la plataforma vicia el procedimiento y priva al proceso de la participación del sujeto llamado a responder por la presunta vulneración de derechos, por lo que solicitó a la segunda instancia disponer de la notificación efectiva “utilizando los canales institucionales que ya fueron aportados por el accionante en el escrito de subsanación, tales como los correos legalnotices@twitter.com y privacy@twitter.com, así como su formulario oficial de requerimientos legales” en su plataforma.

 

22.            En segundo lugar, el impugnante afirmó que la sentencia de primera instancia redujo el caso a una controversia contractual, desconociendo la dimensión constitucional de las afectaciones derivadas de la suspensión definitiva de su cuenta verificada. Sostuvo que las plataformas digitales ejercen un poder estructural que incide directamente en la libertad de expresión, el acceso a la información, la participación política y el hábeas data, por lo que la tutela procede para examinar actos de moderación que tengan impacto en derechos fundamentales. Reiteró que la red social X no brindó canales efectivos para recuperar la cuenta, no analizó la documentación que acreditaba su titularidad y aplicó sanciones automáticas sin permitirle ejercer un derecho real de defensa.

 

23.            En tercer lugar, reprochó que el juzgado considerara existentes mecanismos ordinarios idóneos para controvertir la decisión de la plataforma. Sostuvo que en Colombia no existen vías judiciales eficaces para demandar a empresas digitales extranjeras que no tienen domicilio en el país y que operan mediante contratos de adhesión que no prevén recursos reales de apelación. Según expuso, la imposibilidad de acceder a un mecanismo judicial ordinario, sumada al silencio sistemático de la plataforma frente a sus solicitudes, lo ubica en una situación de indefensión estructural que activa la procedencia excepcional de la tutela. Además, aclaró que sí agotó las rutas internas de reclamación ofrecidas por X, sin obtener solución alguna.

 

24.            Por cuarto y último lugar, cuestionó igualmente que el juez de primera instancia descartara la procedencia del amparo frente a las entidades públicas accionadas ya que afirmó que estas ejercen funciones regulatorias en el ecosistema digital y han incurrido en omisiones que permiten que plataformas extranjeras ejerzan poder sobre derechos fundamentales sin controles institucionales mínimos. Por tanto, la tutela no buscaba que el juez legislara, sino que ordenara a dichas entidades cumplir sus mandatos legales de protección, vigilancia y coordinación frente a servicios digitales que afectan a usuarios en el país.

 

2.3.3.   Sentencia de segunda instancia

 

25.            El 28 de julio de 2025, la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la decisión de primera instancia, que declaró improcedente la acción de tutela. Lo anterior, con base en la jurisprudencia constitucional sobre el carácter residual y subsidiario de la acción de amparo, según la cual, cuando existen mecanismos ordinarios idóneos para la protección de los derechos invocados, la tutela no puede fungir como instancia adicional ni como vía sustitutiva de los procedimientos ordinarios o de los instrumentos previstos para controvertir decisiones de particulares o de autoridades administrativas.

 

26.            En primer lugar, el Tribunal verificó la presunta indebida notificación a la red social X alegada por el apoderado del accionante. En concreto, encontró que el despacho de primera instancia si realizó la notificación y vinculación a la plataforma a través de los correos electrónicos oficiales de la red social: legalnotices@twitter.com, privacy@twitter.com y support@twitter.com.

 

27.            En segundo término, al abordar el caso concreto, el Tribunal advirtió que el propio diseño de la plataforma tecnológica contempla mecanismos internos de reclamación y apelación frente a decisiones de suspensión de cuentas, así como alternativas externas de protección relacionadas con la responsabilidad contractual, la defensa del consumidor y la protección de datos personales. En esa línea, resaltó que, aunque X informó que por razones de privacidad no podía suministrar ciertos datos asociados a la cuenta, recomendó al accionante acudir a su proveedor de servicios de telefonía móvil para acreditar la titularidad de la línea vinculada al registro. Sin embargo, la Sala constató que el actor no desplegó gestiones ante su operador (Claro, Movistar, Tigo o WOM) para probar dicha titularidad, sino que acudió directamente a la acción de tutela sin agotar los canales ofrecidos por la plataforma para intentar recuperar el acceso a su cuenta.

 

28.            De igual modo, el Tribunal determinó que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que habilitara la procedencia transitoria del amparo. Señaló que las afectaciones alegadas por el accionante, las cuales tenían un carácter reputacional, económico y derivadas de la pérdida de alcance comunicativo de la cuenta original, no alcanzan el umbral de daño grave, inminente e irreparable exigido por la jurisprudencia para desplazar los medios ordinarios de defensa judicial. A su juicio, la principal inconformidad del accionante se relaciona con la pérdida de seguidores de su antigua cuenta en X que no configura una vulneración del derecho a la libertad de expresión, puesto que el señor Lorduy pudo crear una nueva cuenta desde la cual continúa difundiendo sus ideas y contenidos.

 

2.4.          Trámite de selección

 

29.            El 31 de octubre de 2025, la Sala de Selección de Tutelas Número Diez seleccionó el expediente bajo el criterio objetivo de “exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental” y el subjetivo de “urgencia de proteger un derecho fundamental”. De acuerdo con el sorteo realizado, repartió el asunto a esta Sala de Revisión e ingresó al despacho del magistrado sustanciador el 18 de noviembre siguiente[11].

 

2.5.          Actuaciones adelantadas en sede de revisión

 

30.            En auto del 22 de enero de 2026, en ejercicio de las facultades probatorias previstas en el artículo 63 del Acuerdo 01 de 2025, Reglamento Interno de la Corte, y con el fin de recaudar, complementar y actualizar los elementos de juicio que obran en el expediente, el magistrado ponente decretó la práctica de pruebas.

 

31.            Por un lado, requirió al señor Lorduy Maldonado[12] y a la red social X[13], profundizar en algunos aspectos que permitan esclarecer cuáles fueron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, y quiénes son los responsables de las actuaciones cuestionadas en la tutela. Por otro lado, requirió al juez de primera instancia informar cuál fue el procedimiento que aplicó para realizar la notificación de la acción de tutela a la red social X, asimismo realizó algunas preguntas a las entidades accionadas[14] e invitó a ciertas instituciones, organizaciones y/o entidades a participar en calidad de amicus curiae[15] para que aportaran análisis especializados que contribuyan a la formación de un juicio ponderado e ilustrado en el caso concreto[16].

 

32.            El 30 de enero de 2026, las organizaciones El Veinte, Fundación Karisma y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), presentaron una solicitud ante el despacho del magistrado ponente encaminada a que se concediera una prórroga de siete días hábiles adicionales a dichas organizaciones y demás convocadas, “con el fin de garantizar un concepto completo, riguroso y fundamentado que permita aportar los elementos de juicio necesarios para la resolución del caso”. Dicha solicitud fue resuelta favorablemente por el magistrado a través del auto del 4 de febrero de 2026, por medio del cual se concedió la prórroga.

 

33.            Mediante informe del 5 de marzo de 2026[17], la Secretaría General indicó al despacho del magistrado sustanciador que, dentro del término establecido en el auto de pruebas, se recibieron las respuestas que se sintetizan a continuación:

 

Tabla I. Síntesis de respuestas al auto de pruebas y amicus curiae.

 

34.            El 23 de febrero de 2026, la Secretaría General remitió al despacho del magistrado ponente una solicitud presentada por la CRC, con el fin de que se le concediera acceso al expediente de la referencia “con el fin de conocer la totalidad de las piezas procesales que allí reposan”. A través de auto del 10 de marzo de 2026, se accedió a la petición.

 

III.           CONSIDERACIONES

 

35.            Con miras a resolver el presente asunto, la Sala seguirá el siguiente esquema: (i) se establecerá la competencia de la Sala para analizar el caso en concreto; (ii) se abordará el examen de procedibilidad de la acción de tutela y en caso de que se supere esta etapa; (iii) se procederá con el planteamiento de los problemas jurídicos para finalmente hacer la revisión sustancial de la problemática planteada por el accionante.

 

1.                 Competencia

 

1.1.          Competencia del juez de tutela sobre casos relacionados con redes sociales y controversias de internet

 

36.            La progresiva digitalización de la vida social ha generado nuevos escenarios de interacción y participación pública en los que el ejercicio de derechos fundamentales se desarrolla a través de plataformas digitales globales. En particular, las redes sociales se han consolidado como espacios relevantes para la circulación de información, la deliberación pública y el ejercicio de la libertad de expresión, lo que ha planteado importantes desafíos para los sistemas jurídicos nacionales al momento de determinar la competencia de sus autoridades para conocer de controversias derivadas del funcionamiento de estos servicios, incluyendo a Colombia.

 

37.            Es importante destacar que el carácter transnacional del Internet y la ausencia de una localización física única del ciberespacio no excluyen, por sí mismos, la jurisdicción constitucional colombiana. Una conclusión distinta conduciría a admitir la existencia de espacios inmunes al control del derecho, en los que conductas con aptitud de afectar derechos fundamentales quedarían sin juez natural y, en la práctica, en escenarios de impunidad. Ello sería incompatible con el deber de las autoridades de garantizar la vigencia del orden constitucional y la protección efectiva de los derechos fundamentales. En ese sentido, aunque el entorno digital desborda las fronteras físicas tradicionales, los derechos comprometidos en él no son virtuales, ni puede serlo la obligación del juez constitucional de protegerlos.

 

38.            A partir de esta premisa, la jurisprudencia constitucional[29] ha reconocido que el carácter transnacional de las plataformas digitales no constituye, por sí mismo, un obstáculo para la intervención del juez constitucional cuando las decisiones adoptadas en estos entornos producen efectos relevantes en el territorio nacional o afectan directamente los derechos fundamentales de personas que se encuentran bajo la jurisdicción del Estado colombiano[30].

 

39.            Así, el principio de territorialidad debe ser interpretado de manera funcional en el contexto del ciberespacio, de modo que la jurisdicción constitucional se activa cuando existe una conexión sustancial entre los hechos alegados y el ordenamiento jurídico colombiano, particularmente cuando los servicios digitales son ofrecidos a usuarios ubicados en el país o cuando la presunta vulneración de derechos fundamentales se materializa en su territorio, y exista la posibilidad de vincular a las plataformas al proceso mediante mecanismos de notificación idóneos, tales como los canales electrónicos dispuestos por las propias empresas para la recepción de requerimientos legales. Por consiguiente, cuando una red social permite la apertura y administración de cuentas de usuarios en Colombia, recibe de ellos información personal y adopta decisiones sobre el acceso, uso o permanencia de dicha cuenta, es claro que desarrolla actividades de tratamiento de datos con incidencia constitucional directa.

 

40.            Recientemente, en la Sentencia T-256 de 2025, la Sala Primera de Revisión de la Corte acogió un enfoque de territorialidad país-de-destino moderado, conforme al cual los jueces nacionales tienen competencia para conocer de casos que, aunque se originan en el entorno digital, se dirigen de forma específica al país o producen en él efectos jurídicamente relevantes. Siguiendo este mismo enfoque, esta Sala recuerda que el desarrollo de los entornos digitales no desplaza la vigencia de la Constitución ni limita la capacidad de los jueces para garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales. Por el contrario, exige adaptar las categorías tradicionales del derecho a las particularidades del ciberespacio, con el propósito de evitar que la naturaleza global de las plataformas digitales se convierta en un obstáculo para la garantía de los derechos de las personas.

 

41.            Este entendimiento no implica afirmar una competencia universal del juez constitucional respecto de toda actuación desplegada por una plataforma digital global. Por el contrario, supone verificar la existencia de un vínculo suficiente entre la controversia y el ordenamiento constitucional colombiano. Ese vínculo puede configurarse, entre otros supuestos, cuando la plataforma ofrece sus servicios a usuarios ubicados en Colombia, permite la creación y administración de cuentas desde el territorio nacional, adopta decisiones que inciden en el acceso, permanencia o uso de dichas cuentas, y produce efectos verificables sobre el ejercicio de derechos fundamentales en el país.

 

42.            En esa misma dirección, la ausencia de domicilio o presencia jurídica de X en Colombia no excluye, por sí sola, la competencia del juez de tutela. Lo relevante no es únicamente el lugar desde el cual la plataforma adopta sus decisiones, sino el impacto que estas producen sobre personas sometidas a la Constitución colombiana. Así, cuando la actuación de la red social afecta el ejercicio de derechos fundamentales en el país, en especial en escenarios de deliberación pública digital, libertad de expresión, acceso a la información o debido proceso frente a decisiones privadas con incidencia constitucional, el juez de tutela tiene competencia para examinar una controversia que tenga relación con lo anterior.

 

43.            Además, la prestación del servicio por parte de redes sociales como X ordinariamente supone la recolección, administración y tratamiento de datos personales de usuarios ubicados en Colombia. Este elemento refuerza la conexión territorial de la controversia, pues el ordenamiento colombiano, en particular la Ley 1581 de 2012, consagra reglas y mecanismos de protección del hábeas data frente al tratamiento de información personal, incluso cuando el responsable no tenga presencia física o jurídica en el país. Por tanto, aunque el debate constitucional no se reduzca al tratamiento de datos, ese componente muestra que la operación de la plataforma produce efectos jurídicamente relevantes en Colombia y no puede quedar sustraída del control constitucional por el solo carácter transnacional del servicio.

 

44.            En consecuencia, esta Sala de Revisión ratifica su competencia para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política, los artículos 31 a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991, el principio de territorialidad funcional aplicable a controversias digitales y el Auto del 31 de octubre de 2025, proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Diez. Lo anterior, en tanto la controversia presenta una conexión suficiente con Colombia y plantea una posible afectación de derechos fundamentales producida en el marco de un servicio digital ofrecido a usuarios ubicados en el territorio nacional.

 

2.                 Procedencia de la acción de tutela

 

45.            De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 2591 de 1991, para el ejercicio de la acción de tutela debe acreditarse el cumplimiento de ciertos requisitos, con el fin de establecer su procedencia y así poder pronunciarse sobre el fondo del asunto. Por esta razón, la Sala pasará a estudiar cada uno de los requisitos.

 

2.1.          Legitimación en la causa por activa[31]

 

46.            En el asunto objeto de revisión, la Sala encuentra acreditado el requisito de legitimación en la causa por activa, toda vez que el señor Lorduy Maldonado instauró la acción de tutela a través de apoderado, con poder debidamente conferido, y con la finalidad de proteger sus derechos fundamentales.

 

2.2.          Legitimación en la causa por pasiva[32]

 

47.            De manera reiterada[33], esta corporación ha entendido a la legitimación en la causa por pasiva como aquella capacidad legal de quien es el destinatario de la acción de tutela para ser accionado, pues es el que está llamado a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental. Esta definición parte de los artículos 5º y 42 del Decreto 2591 de 1991, en los que se establece que la tutela procede contra autoridades públicas o contra particulares cuando presten un servicio público, su conducta afecta grave y directamente el interés colectivo, o cuando el accionante se encuentra en una situación de indefensión o de subordinación respecto del particular en cuestión.

 

48.            Respecto de este último escenario, la jurisprudencia[34] ha señalado que la subordinación supone la existencia de una relación jurídica de dependencia originada en la obligatoriedad de un determinado orden jurídico o social. Por su parte, la indefensión es aquella situación relacional que implica la dependencia de una persona respecto de otra, por causa de una decisión o actuación desarrollada en el ejercicio irrazonable, irracional o desproporcionado de un derecho del que el particular es titular.

 

49.            En el presente caso, concurren al trámite de tutela una persona jurídica como accionada y distintas entidades públicas, por lo que la Sala procederá a pronunciarse por separado sobre la legitimación por pasiva de cada una de ellas.

 

2.2.1.   Legitimación por pasiva de la red social X

 

50.            En esta oportunidad, la acción de tutela fue dirigida en contra de la red social X, la cual corresponde a “una red de información global en tiempo real que permite a los usuarios crear y compartir ideas e información instantáneamente para servir a la conversación públic[a]”[35]. En sus términos y condiciones, señala que las solicitudes y trámites judiciales por parte de autoridades, deben ser dirigidas a X Corp., empresa con domicilio en San Francisco, California (Estados Unidos) o a X Internet Unlimited Company en Dublín (Irlanda).

 

51.            Como se mencionó previamente, la Corte ha reconocido[36] que la acción de tutela procede contra particulares, entre otros escenarios, cuando estos afectan gravemente derechos fundamentales de personas que se encuentran en estado de subordinación o indefensión frente a ellos. A partir de esta premisa, esta Corporación ha concluido en asuntos en los que se acciona a redes sociales y las multinacionales que las administran, que los usuarios pueden encontrarse en una situación de indefensión frente a las plataformas digitales cuando estas adoptan decisiones que afectan el acceso a sus servicios y los mecanismos internos de reclamación resultan insuficientes o ineficaces para controvertir dichas determinaciones. En tales eventos, la acción de tutela se erige como un mecanismo idóneo para garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales eventualmente comprometidos.

 

52.            Con fundamento en estos criterios, la Sala considera que la red social X se encuentra legitimada en la causa por pasiva dentro del presente trámite, a pesar de no estar legalmente constituida en Colombia. En efecto, la controversia constitucional se origina en la decisión adoptada por dicha plataforma de suspender o restringir el acceso del accionante a su cuenta, determinación que fue adoptada unilateralmente por la empresa en ejercicio de sus facultades de administración del servicio digital que ofrece a los usuarios. Esta actuación tiene una relación directa con la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados en la acción de tutela, lo que permite establecer un vínculo material entre el sujeto accionado y los hechos que dieron origen al litigio.

 

53.            Además, la Sala advierte que, en el caso concreto, concurren los presupuestos de subordinación e indefensión que habilitan la procedencia de la acción de tutela frente a particulares. Esto, debido a que se configura una relación de subordinación derivada del vínculo jurídico existente entre el accionante y la plataforma digital, que surge a partir de la aceptación de los términos y condiciones que regulan el uso del servicio. En virtud de ese vínculo contractual, el usuario se encuentra obligado a acatar las decisiones adoptadas por la plataforma respecto de la administración de las cuentas, como ocurrió en este caso con la suspensión de la cuenta del accionante.

 

54.            Asimismo, la situación de indefensión se evidencia, de manera particular, en la decisión adoptada por X de suspender la cuenta del accionante. Esa determinación fue tomada unilateralmente por la plataforma, en ejercicio del control técnico y operativo que tiene sobre el acceso, permanencia y funcionamiento de las cuentas de sus usuarios. A partir de esa decisión, el actor quedó privado de la posibilidad de administrar su perfil, acceder a la información asociada a este y ejercer las funcionalidades propias de la red social. Además, la revisión de las razones de la suspensión, la verificación de la titularidad de la cuenta y la eventual restauración del acceso dependían exclusivamente de X, es decir, del mismo particular que adoptó la determinación cuestionada. Por ello, para efectos de la legitimación por pasiva, la suspensión de la cuenta muestra una relación materialmente asimétrica entre las partes, en la que el accionante quedó sometido a la decisión de la plataforma.

 

55.            Ahora bien, de acuerdo con los términos y condiciones de uso vigentes para diciembre de 2023, fecha en que ocurrió el cierre de la cuenta, la utilización de los servicios de la red social X implicaba la aceptación de un acuerdo de usuario que establecía, entre otras disposiciones, que cualquier disputa derivada del uso de la plataforma debía someterse a las leyes del Estado de California y presentarse ante los tribunales federales o estatales ubicados en el condado de San Francisco (Estados Unidos). Asimismo, dichas condiciones preveían que el usuario aceptaba la jurisdicción personal de dichos tribunales y renunciaba a objeciones relacionadas con el foro elegido por la empresa.

 

56.            No obstante, la Sala encuentra que estas estipulaciones contractuales no pueden interpretarse en el sentido de excluir la competencia del juez constitucional colombiano cuando la controversia involucra la posible vulneración de derechos fundamentales de personas ubicadas en el territorio nacional. En efecto, si bien los términos y condiciones constituyen el marco contractual que regula la prestación del servicio digital y pueden prever cláusulas relativas a la ley aplicable o al foro competente para resolver disputas contractuales, dichas disposiciones no tienen la virtualidad de sustraer a las plataformas digitales del cumplimiento de la Constitución ni de impedir el ejercicio de los mecanismos de protección de derechos fundamentales previstos en el ordenamiento jurídico colombiano.

 

57.            En este sentido, conforme al principio de territorialidad adaptado al entorno digital, las autoridades judiciales colombianas conservan competencia para conocer de controversias cuando las actuaciones realizadas en el ciberespacio producen efectos jurídicamente relevantes en el territorio nacional o afectan derechos fundamentales de personas sometidas a la protección constitucional del Estado colombiano. Así, aun cuando los términos contractuales de la plataforma establezcan la aplicación de la ley de un Estado extranjero o la sumisión a determinados tribunales, tales cláusulas no pueden prevalecer sobre el deber del Estado de garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales cuando estos se alegan vulnerados dentro de su ámbito de jurisdicción.

 

58.            Conclusión. En síntesis, la Sala concluye que la red social X se encuentra legitimada en la causa por pasiva dentro del presente trámite, pues fue la plataforma que adoptó la decisión de suspender la cuenta del accionante, en el marco de una relación jurídica que lo situaba en una posición de subordinación e indefensión frente a sus determinaciones. Además, al prestar sus servicios a usuarios ubicados en Colombia y realizar tratamiento de datos personales de residentes en el país, sus actuaciones producen efectos jurídicamente relevantes en el territorio nacional. En este contexto, si bien los términos y condiciones de la plataforma prevén la aplicación de la ley del Estado de California y la sumisión de las controversias a los tribunales de San Francisco, dichas cláusulas contractuales no pueden excluir la competencia del juez constitucional colombiano cuando se alega la vulneración de derechos fundamentales, en virtud de los principios de supremacía constitucional y territorialidad funcional aplicables a las controversias que surgen en el entorno digital.

 

2.2.2.   Legitimación por pasiva de las entidades públicas accionadas: el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), el Ministerio de Relaciones Exteriores – Cancillería, la Agencia Nacional del Espectro (ANE), la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC)

 

59.            El MinTIC. En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva del MinTIC, se advierte que el accionante vincula a dicha entidad al presente trámite, al considerar que las autoridades del sector TIC han incurrido en una omisión institucional frente a la protección de los derechos fundamentales de los usuarios de plataformas digitales que operan en el país. En particular, en el escrito de tutela, sostiene que la falta de regulación y supervisión estatal respecto del funcionamiento de redes sociales extranjeras ha permitido que estas adopten decisiones unilaterales sin garantías mínimas de debido proceso ni mecanismos efectivos de revisión. Según el accionante, esta situación configura un vacío institucional derivado de la inacción normativa y supervisora de entidades estatales competentes, entre ellas, el MinTIC, lo que habría permitido que plataformas como X operen en Colombia sin garantías jurídicas suficientes para la protección de los derechos fundamentales de sus usuarios.

 

60.            De manera más concreta, señaló que frente al Ministerio existe una omisión regulatoria respecto de las plataformas digitales que operan sobre la infraestructura de internet y redes móviles en el país, al no haberse exigido mecanismos mínimos de protección de los derechos de los usuarios frente a decisiones adoptadas por estas empresas privadas. A juicio del actor, dicha omisión contribuye a la indefensión de los usuarios frente a medidas unilaterales como la suspensión de cuentas, especialmente, cuando estas inciden directamente en el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión o el acceso a la información.

 

61.            Ahora bien, según la información allegada en sede de revisión, el Decreto 1064 de 2020, mediante el cual se modificó la estructura del Ministerio y se definieron sus objetivos, funciones y organización interna, atribuye a esa cartera, entre otras materias, la formulación, adopción y ejecución de la política pública del sector TIC, la promoción del acceso universal y el cierre de la brecha digital, la administración del espectro radioeléctrico, el otorgamiento de permisos, licencias y concesiones, el ejercicio de funciones de inspección, vigilancia y control respecto de los servicios de telecomunicaciones, televisión, radiodifusión sonora y servicios postales, así como la dirección de la representación internacional del sector TIC. Además, el referido decreto reorganizó la entidad a través de los Viceministerios de Conectividad y de Transformación Digital, con sus respectivas dependencias.

 

62.            A partir de ese marco funcional, la Sala observa que el Ministerio no tiene asignada una competencia directa para revisar o controlar actuaciones particulares de plataformas digitales extranjeras, como la suspensión de cuentas o la eliminación de contenidos. En ese mismo sentido, al responder el auto de pruebas, la entidad precisó que dentro de sus funciones expresamente asignadas no se encuentra la protección directa de los derechos de los usuarios frente a decisiones adoptadas por plataformas digitales extranjeras que prestan servicios en el país, ni la revisión o control de actuaciones concretas de esa naturaleza. Asimismo, informó que no ha promovido ni expedido acuerdos, lineamientos técnicos, circulares, recomendaciones o proyectos normativos relacionados específicamente con el debido proceso en entornos digitales, la transparencia en la toma de decisiones por parte de plataformas digitales o la implementación de mecanismos de apelación en redes sociales[37].

 

63.            Con todo, esas precisiones no desvirtúan su legitimación por pasiva en el presente trámite puesto que, aunque el MinTIC carece de competencia para intervenir de manera individual en la decisión de suspensión adoptada por la plataforma X, el reproche planteado por el actor sí guarda una relación material con el ámbito general de atribuciones del Ministerio en materia de diseño, formulación y ejecución de la política pública del sector TIC. En particular, la queja del accionante se vincula con la eventual ausencia de instrumentos regulatorios, lineamientos institucionales o estrategias de política pública orientadas a establecer estándares mínimos de protección de los derechos fundamentales de los usuarios en el entorno digital. En otras palabras, la controversia constitucional no se agota en la actuación concreta de la plataforma accionada, sino que también comprende un cuestionamiento sobre el marco institucional y de política pública desde el cual el Estado ha abordado o dejado de abordar la actividad de estas plataformas en Colombia. Por esta razón, la Sala estima que, para efectos del presente trámite de tutela, se encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva del MinTIC.

 

64.            La SIC. Ahora bien, al igual que con el MinTIC, la justificación expuesta por el accionante de vincular a la SIC como entidad accionada se funda en la eventual omisión institucional frente a la protección de los derechos fundamentales de los usuarios de plataformas digitales, pues, en su criterio, esta también tiene responsabilidad en el diseño e implementación de políticas públicas que aseguren mecanismos de supervisión o resolución de controversias en el ecosistema digital.

 

65.            Por su parte, en la respuesta allegada al auto de pruebas, la Superintendencia explicó que, conforme al régimen vigente de protección de datos personales, sus competencias se circunscriben a vigilar el tratamiento de datos personales por parte de responsables y encargados del tratamiento, lo cual no incluye, en principio, la facultad de intervenir directamente en decisiones de las plataformas relacionadas con la habilitación o suspensión de cuentas en redes sociales, dado que tales decisiones se han considerado tradicionalmente vinculadas con la libertad de expresión y el derecho a la información. No obstante, la entidad también reconoció que una interpretación más amplia del artículo 15 de la Constitución, acorde con las dinámicas actuales de las redes sociales, podría permitir entender que la cancelación arbitraria de cuentas afecta el acceso y control de los datos personales del titular, lo que eventualmente podría situar este tipo de controversias dentro del ámbito del hábeas data y, por ende, bajo su órbita de vigilancia.

 

66.            A partir de lo anterior, la Sala también encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva de la SIC, pues existe una relación material entre las pretensiones de la tutela y sus competencias institucionales[38] establecidas en las leyes 1341 de 2009 y 1955 de 2019, suficiente para justificar su vinculación al proceso y permitir que el juez constitucional examine, en el caso concreto, el alcance de sus deberes en la protección de los derechos invocados.

 

67.            La CRC. En igual sentido, el accionante vinculó a la Comisión al considerar que hace parte del sector TIC que ha incurrido en la omisión de regular el ecosistema digital. Por esta razón, en la respuesta allegada al auto de pruebas, la CRC explicó que, conforme a la Ley 1341 de 2009[39] y demás normas concordantes, sus funciones se orientan principalmente a regular los mercados de redes y servicios de comunicaciones, con el propósito de promover la competencia, proteger a los usuarios de servicios de telecomunicaciones y garantizar el funcionamiento eficiente del sector. En ese contexto, la entidad precisó que las redes sociales y las plataformas digitales de internet no se encuentran comprendidas dentro de su ámbito regulatorio directo, en la medida en que no constituyen proveedores de redes ni de servicios de telecomunicaciones sujetos a su régimen regulatorio.

 

68.            No obstante, la Sala considera que, para efectos del presente trámite de tutela, se encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva de la CRC. En efecto, al igual que con las anteriores entidades públicas, el accionante formula reproches relacionados con una presunta omisión institucional en el desarrollo del marco regulatorio aplicable al ecosistema digital, particularmente en lo relativo a la protección de los derechos de los usuarios frente a decisiones adoptadas por plataformas digitales que operan en Colombia. En ese sentido, existe una relación material entre los cuestionamientos planteados en la acción de tutela y las competencias institucionales de la Comisión en materia de regulación del sector de las comunicaciones, lo cual justifica su vinculación al proceso con el fin de que el juez constitucional pueda examinar el alcance de sus funciones y eventuales deberes frente a las problemáticas planteadas en el caso concreto.

 

69.            La ANE. De la misma manera que las anteriores entidades, el accionante incluyó a la Agencia dentro de las entidades accionadas. No obstante, en la respuesta allegada al auto de pruebas, la Agencia precisó que sus competencias legales se encuentran estrictamente delimitadas por los artículos 25 y 26 de la Ley 1341 de 2009 y se circunscriben a la gestión técnica, planificación, vigilancia y control del espectro radioeléctrico, así como al apoyo al MinTIC en el diseño de políticas relacionadas con dicho recurso. En ese sentido, indicó expresamente que no cuenta con competencias regulatorias sobre redes sociales ni sobre otros servicios digitales similares, ni tampoco adelanta proyectos regulatorios o planes de acción dirigidos a la regulación de plataformas digitales que prestan servicios masivos en el país.

 

70.            Con fundamento en lo anterior, la Sala estima que no se encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva de la ANE dentro del presente trámite. En efecto, aunque el accionante le atribuye de manera general una presunta omisión estatal en la regulación de plataformas digitales, de la información allegada al proceso se desprende que las funciones de dicha entidad se limitan exclusivamente a la gestión del espectro radioeléctrico y no guardan relación material con la administración, supervisión o regulación de redes sociales o servicios digitales como el que es objeto de controversia en esta acción de tutela. En consecuencia, no se advierte un vínculo funcional o competencial que permita imputarle a la ANE la presunta vulneración de los derechos fundamentales alegados por el accionante.

 

71.            Cancillería. Finalmente, la Sala debe pronunciarse sobre la legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Relaciones Exteriores, entidad que fue accionada. Al respecto, se advierte que, pese a haber sido notificada tanto de la acción como del auto de pruebas proferido en el curso del proceso, dicha cartera ministerial no allegó respuesta ni presentó intervención alguna encaminada a pronunciarse sobre los hechos o las pretensiones planteadas por el accionante.

 

72.            No obstante lo anterior, la ausencia de respuesta por parte de la entidad no resulta suficiente, por sí misma, para entender acreditada su legitimación en la causa por pasiva. Esto, debido a que las pretensiones de la acción de tutela se relacionan principalmente con la decisión adoptada por la red social X de suspender la cuenta del accionante y con la eventual responsabilidad u omisión de las autoridades del sector de las TIC frente a la regulación, supervisión o protección de los derechos de los usuarios de plataformas digitales que operan en el país. Sin embargo, no se advierte que dentro de las funciones asignadas al Ministerio de Relaciones Exteriores exista alguna competencia relacionada con la regulación de plataformas digitales, la supervisión de redes sociales o la protección administrativa de los derechos de los usuarios en el entorno digital.

 

73.            En efecto, de acuerdo con el marco normativo que regula sus funciones[40], el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene a su cargo, entre otras, la formulación y ejecución de la política exterior del Estado colombiano, la dirección de las relaciones diplomáticas y consulares, la coordinación de la participación del país en escenarios internacionales y la representación del Estado ante otros Estados y organismos multilaterales. Tales competencias no guardan relación material con los hechos que dieron origen a la presente controversia constitucional, ni con las pretensiones formuladas por el accionante.

 

74.            En consecuencia, la Sala concluye que no se encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Relaciones Exteriores – Cancillería dentro del presente trámite de tutela, toda vez que no existe un vínculo funcional o competencial que permita imputarle la presunta vulneración de los derechos fundamentales alegados por el accionante. Por esta razón, no resulta procedente examinar su eventual responsabilidad dentro del marco del presente proceso constitucional.

 

75.            Conclusión. En síntesis, la Sala considera que se encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva de la red social X, del MinTIC, de la CRC y de la SIC, en la medida en que las pretensiones de la acción de tutela se relacionan materialmente con sus actuaciones o con las competencias institucionales que el accionante cuestiona en el marco del funcionamiento del ecosistema digital y la eventual protección de los derechos de los usuarios de plataformas digitales que operan en Colombia, por lo que se negará la solicitud de estas entidades de ser desvinculadas por falta de legitimación. Por el contrario, no se acredita la legitimación en la causa por pasiva de la ANE ni de la Cancillería toda vez que, conforme a sus funciones legales, dichas entidades no cuentan con competencias relacionadas con la regulación, supervisión o intervención frente a decisiones adoptadas por redes sociales o plataformas digitales como la que dio origen a la presente controversia y por esta razón, se desvincularán de la presente acción de tutela.

 

2.3.          Inmediatez[41]

 

76.            Si bien la Constitución y la ley no establecen un término de caducidad para la acción de tutela, la Corte ha precisado que corresponde al juez constitucional verificar en cada caso si es razonable el tiempo transcurrido entre la ocurrencia de los hechos que implica una vulneración o amenaza de los derechos fundamentales y el momento en el que se presenta la acción de tutela. Para ello, deben examinarse, entre otros aspectos, las circunstancias personales del accionante, su diligencia para reclamar la protección de sus derechos, sus posibilidades reales de defensa y la eventual consolidación de derechos de terceros. En tal sentido, el análisis de este requisito implica establecer el lapso comprendido entre el momento en que se produce la actuación que genera la presunta vulneración o amenaza y aquel en el que el afectado acude al juez constitucional para solicitar la protección de sus derechos.

 

77.            La Corte también ha señalado que este examen debe considerar dos hipótesis adicionales. De una parte, cuando la vulneración alegada se mantiene en el tiempo y tiene carácter continuo o permanente, caso en el cual la exigencia del requisito de inmediatez se atenúa, en tanto el amparo puede conservar la potencialidad de brindar una protección inmediata. De otra, cuando la aplicación estricta de este requisito puede comprometer la protección de sujetos de especial protección constitucional, circunstancia que exige un análisis más flexible por parte del juez de tutela, en atención al deber estatal de adoptar medidas reforzadas en favor de personas o grupos que se encuentran en condiciones de especial vulnerabilidad.

 

78.            A partir de estos criterios, la Sala advierte que en el presente caso no se satisface el requisito de inmediatez. En efecto, en el expediente se encuentra acreditado que la suspensión definitiva de la cuenta del accionante en la red social X ocurrió entre el 14 y el 16 de diciembre de 2023, luego de que terceros accedieran de manera irregular a su perfil y realizaran publicaciones y transacciones no autorizadas. A partir de ese momento, el actor tuvo conocimiento de la decisión adoptada por la plataforma y de los efectos que esta generaba sobre su cuenta y su actividad en dicha red social.

 

79.            No obstante, la acción de tutela fue presentada el 5 de junio de 2025, es decir, aproximadamente un año y medio después de ocurridos los hechos que dieron origen a la controversia. Este lapso evidencia un intervalo considerable entre la presunta vulneración de los derechos invocados y la activación del mecanismo constitucional, el cual excede ampliamente el término que, en condiciones ordinarias, se ha considerado razonable para acudir al amparo constitucional[42].

 

80.            Las explicaciones ofrecidas por el apoderado del accionante para justificar dicho intervalo temporal no resultan suficientes para desvirtuar esta conclusión. En la respuesta al auto de pruebas, el apoderado indicó que entre el 31 de enero de 2024, día en el que se instauró la denuncia penal por el delito de acceso abusivo a un sistema informático, y el 14 mayo de 2025, fecha en que radicó una “solicitud de restablecimiento de cuenta verificada @clorduy, reembolso por cargos indebidos y reparación de perjuicios”, el actor se limitó a evaluar posibles alternativas para restablecer su cuenta y mitigar los efectos del ataque sufrido, sin que existieran avances concretos por parte de la red social. Sin embargo, el mismo escrito reconoce que durante ese periodo no se adelantaron gestiones adicionales relevantes ante la plataforma, ni se aportaron elementos que acrediten actuaciones constantes o diligentes orientadas a obtener la restitución de la cuenta o a activar otros mecanismos de protección.

 

81.            Por el contrario, se desprende que las reclamaciones ante la plataforma solo se reactivaron en mayo de 2025, cuando el accionante remitió correos electrónicos a diferentes direcciones institucionales de X, respecto de las cuales recibió respuestas automatizadas que lo remitían a formularios de apelación de cuentas suspendidas. Esta circunstancia evidencia que, durante un periodo prolongado, el actor no desplegó actuaciones sostenidas dirigidas a controvertir la decisión de suspensión.

 

82.            A ello se suma que, al valorar las circunstancias personales del accionante y sus posibilidades reales de defensa, la Sala no advierte elementos que justifiquen una flexibilización del análisis de inmediatez. En efecto, el actor no es un sujeto de especial protección constitucional ni se encuentra acreditada una situación personal que hubiera dificultado de manera objetiva y significativa el ejercicio oportuno de los mecanismos de defensa a su alcance. Por el contrario, la información obrante en el expediente muestra que tuvo conocimiento de los hechos desde diciembre de 2023, que interpuso denuncia penal en enero de 2024 y que, pese a ello, no mantuvo una actuación constante encaminada a procurar el restablecimiento de su cuenta o la protección judicial de los derechos que estimaba comprometidos.

 

83.            Asimismo, la naturaleza de la afectación alegada y la conducta desplegada por el accionante tampoco permiten concluir que la tardanza en acudir a la tutela resulte razonable. Aunque la suspensión de la cuenta pudo generarle inconformidad o dificultades en su actividad digital, el propio accionante reconoció que durante ese periodo se limitó a evaluar alternativas para mitigar sus efectos y que, además, utilizó perfiles alternativos en la misma red social. Esta circunstancia revela que, si bien la decisión de la plataforma mantuvo efectos en el tiempo, ello no se tradujo en una reacción diligente y sostenida por parte del actor para reclamar la protección de sus derechos.

 

84.            En consecuencia, la inactividad prolongada entre enero de 2024 y mayo de 2025 constituye un indicio relevante de la falta de diligencia con la que el accionante reclamó la protección de sus derechos. Ello impide tener por satisfecho el requisito de inmediatez respecto de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, libertad de expresión y acceso a la información de los que se pretende el amparo. Esta conclusión se adopta sin perjuicio de que las vías ordinarias de protección sean analizadas posteriormente al estudiar el requisito de subsidiariedad.

 

85.            No obstante lo anterior, la Sala estima necesario examinar la eventual afectación del derecho fundamental de petición, a la luz del principio de oficiosidad que orienta el trámite de la acción de tutela[43]. En virtud de este principio, el juez constitucional no se limita estrictamente a los derechos expresamente invocados por la parte actora, sino que puede adoptar las medidas necesarias para proteger aquellos cuya vulneración resulte acreditada en el expediente, incluso si no fueron formulados de manera explícita en la solicitud de amparo. Ello se explica por la naturaleza prevalente, informal y material de la tutela, que impone al juez un deber reforzado de asegurar la protección efectiva de los derechos fundamentales comprometidos en el caso concreto.

 

86.            En el presente asunto, la Sala advierte que el 14 de mayo de 2025 el accionante remitió comunicaciones a la red social X solicitando el restablecimiento de su cuenta, actuación que constituye una manifestación del ejercicio del derecho fundamental de petición frente a un particular, de conformidad con el artículo 32 de la Ley 1755 de 2015[44]. Desde esta perspectiva, la eventual vulneración de dicho derecho se proyecta a partir de la ausencia de una respuesta de fondo frente a las solicitudes formuladas en esa fecha. Así, aunque el actor no estructuró de manera autónoma un cargo específico por vulneración del derecho de petición, los elementos obrantes en el expediente sí permiten advertir, de forma suficiente, la posible afectación de esa garantía fundamental.

 

87.            Conclusión. En consecuencia, esta Sala concluye que, respecto de este específico derecho fundamental, sí se configura el requisito de inmediatez, en tanto la acción de tutela fue presentada pocas semanas después de la radicación de dicha solicitud. Por esta razón, y en aplicación del principio de oficiosidad, la Sala también examinará la posible afectación del derecho de petición en el análisis del requisito de subsidiariedad, sin perjuicio de lo ya concluido respecto de los demás derechos fundamentales invocados por el accionante.

 

2.4.          Subsidiariedad

 

88.            De conformidad con los artículos 86 de la Constitución y 6 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela es improcedente cuando existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para resolver la controversia planteada y, además, no se acredita la configuración de un perjuicio irremediable. A la inversa, el amparo procede de manera definitiva cuando no existen medios ordinarios aptos para brindar una protección suficiente, y de manera transitoria cuando, aun existiendo, se requiere una intervención inmediata para evitar un daño inminente, grave, urgente e impostergable. Ese examen debe hacerse en concreto, a la luz de las particularidades del caso y no a partir de fórmulas abstractas.

 

89.            En esa medida, un mecanismo judicial es idóneo si resulta materialmente apto para resolver el problema jurídico y brindar el efecto protector buscado, y es eficaz si permite hacerlo de manera oportuna y suficiente. Por ello, la subsidiariedad no se satisface o se descarta en abstracto: el juez constitucional debe verificar si, dadas las condiciones del accionante, la naturaleza de las pretensiones y el contexto fáctico y probatorio del expediente, los cauces ordinarios permiten ventilar integralmente la controversia y adoptar, en caso de ser procedente, las medidas de restablecimiento correspondientes.

 

90.            La Sala reconoce que, en asuntos relacionados con plataformas digitales, las sentencias T-453 de 2024 y T-256 de 2025 constituyen antecedentes jurisprudenciales relevantes para el presente asunto, en tanto ambas se ocuparon de controversias derivadas del cierre o restricción de cuentas en redes sociales y del alcance del requisito de subsidiariedad frente a decisiones adoptadas por plataformas digitales. Sin embargo, la relevancia de esos antecedentes no implica que su solución deba trasladarse automáticamente a este caso, pues corresponde verificar si las razones que llevaron a la Corte a considerar satisfecho ese requisito en aquellas oportunidades concurren también en esta ocasión.

 

91.            En la Sentencia T-453 de 2024, la Corte concluyó que la subsidiariedad se encontraba acreditada porque los mecanismos internos ofrecidos por la plataforma TikTok no resultaban idóneos para la protección de los derechos comprometidos. En particular, la apelación interna exigía iniciar sesión en una cuenta que precisamente se encontraba bloqueada, lo que colocaba al usuario en una situación circular que le impedía acceder materialmente al canal previsto para controvertir la medida. A ello se sumó que el accionante había presentado varias solicitudes ante la plataforma sin obtener una respuesta satisfactoria, de modo que los mecanismos dispuestos por el intermediario no ofrecían una vía real y efectiva de defensa.

 

92.            Por su parte, en la Sentencia T-256 de 2025, la Corte sostuvo que la controversia suscitada por la eliminación de una cuenta de Instagram no podía entenderse como un asunto exclusivamente contractual, pues involucraba de manera directa la posible afectación de derechos fundamentales como la libertad de expresión, la igualdad, el mandato de no discriminación, el trabajo y la libertad de escoger profesión u oficio. En esa oportunidad, se consideró que la acción de protección al consumidor y los procesos ordinarios disponibles no eran idóneos ni eficaces para brindar una respuesta integral e inmediata frente a ese tipo de afectaciones, bien porque estaban orientados principalmente a reclamos patrimoniales, bien porque no ofrecían una protección suficiente para impedir o remediar de manera oportuna la restricción del ejercicio de esos derechos fundamentales en el entorno digital.

 

93.            Aunque tales criterios resultan pertinentes para orientar el análisis del presente caso, esta Sala estima que aquí no conducen a la misma conclusión. En efecto, la controversia sometida a consideración no versa únicamente sobre la restricción del acceso a una cuenta en una plataforma digital, sino sobre un conjunto amplio de pretensiones encaminadas a obtener la explicación técnica y administrativa de la suspensión, el restablecimiento de la cuenta o la migración íntegra de su contenido, el reembolso de cobros presuntamente no autorizados, la expedición de una disculpa pública y la adopción de garantías de no repetición. Además, a diferencia de lo ocurrido en la Sentencia T-256 de 2025, en este asunto no se advierte la afectación de derechos como el trabajo o la libertad de escoger profesión u oficio, ni una imposibilidad total de continuar ejerciendo la libertad de expresión en la misma plataforma, dado que el accionante mantiene una cuenta activa en X desde la cual sigue difundiendo sus ideas y contenidos. Por ello, el núcleo del litigio tiene una marcada dimensión contractual, patrimonial y probatoria que no puede ser desplazada sin más por la vía de la tutela.

 

94.            En ese contexto, la Sala coincide con las instancias en que el ordenamiento jurídico sí prevé otros cauces de protección que, al menos en principio, resultan aptos para conocer de este tipo de controversias. Uno de ellos es la acción de protección al consumidor, prevista en el artículo 56.3 de la Ley 1480 de 2011, a través de la cual los usuarios pueden acudir ante la SIC para reclamar por la afectación de sus derechos como consumidores en el marco de relaciones de consumo, incluso cuando estas se proyectan sobre servicios prestados por plataformas digitales. Preliminarmente, se trata de un mecanismo judicial disponible para ventilar controversias derivadas de la relación de consumo que puede surgir de los contratos de adhesión celebrados al crear y utilizar una cuenta en este tipo de plataformas.

 

95.            En cuanto a su trámite, de conformidad con el parágrafo 3 del artículo 390 del Código General del Proceso, en concordancia con los artículos 24.1.a) del CGP y 58.1 de la Ley 1480 de 2011, las controversias sobre derechos del consumidor deben surtirse mediante proceso verbal o verbal sumario ante la Superintendencia de Industria y Comercio o ante el juez competente. A su vez, esos procesos se encuentran sometidos al término de duración previsto en el artículo 121 del CGP. A ello se suman, según lo destacaron las instancias, la posibilidad de acudir a la jurisdicción civil para discutir la nulidad de cláusulas contractuales abusivas, exigir el cumplimiento de las condiciones pactadas o reclamar la indemnización de perjuicios, así como la eventual intervención de la SIC respecto del tratamiento de datos personales o de cobros no autorizados, en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control. El hecho de que la plataforma opere desde el exterior no excluye, por sí mismo, la posibilidad de activar estos mecanismos cuando sus servicios producen efectos directos en Colombia.

 

96.            La Sala también advierte que, en las relaciones entre particulares estructuradas a través de términos y condiciones de uso, la sola invocación del derecho al debido proceso no torna procedente la tutela. Si bien la Constitución irradia el ámbito privado y somete las actuaciones contractuales a límites como la buena fe y la prohibición del abuso del derecho, no toda consecuencia desfavorable derivada de la ejecución o terminación del vínculo contractual activa, sin más, el andamiaje del artículo 29 superior. Por ello, cuando la discusión gira en torno a la validez y aplicación de cláusulas contractuales, a la razonabilidad de la decisión adoptada con base en ellas, y a los eventuales excesos de la plataforma en el marco de la relación privada, el escenario natural para ese debate sigue siendo el del juez del contrato, salvo que se acrediten circunstancias excepcionales que hagan indispensable desplazarlo por vía de tutela.

 

97.            Precisamente, en el expediente persisten controversias fácticas y jurídicas que requieren un debate probatorio amplio y contradictorio, ajeno a la naturaleza sumaria de la acción de tutela. En particular, es necesario esclarecer el alcance del acceso irregular sufrido por la cuenta en diciembre de 2023, su relación con la posterior suspensión, la información efectivamente asociada al perfil, la suficiencia de las verificaciones adelantadas por la plataforma, la procedencia de los cobros reclamados, la viabilidad técnica y jurídica de restaurar la cuenta o migrar su historial y audiencia, así como la eventual configuración de una actuación contraria a la buena fe o constitutiva de abuso del derecho. De hecho, la respuesta remitida por la red social X el 22 de mayo de 2025, en la que afirmó que no podía verificar al actor como titular de la cuenta y que, por ello, no podía ayudarle a recuperar el acceso, evidencia que el núcleo de la controversia está atravesado por un problema de verificación de titularidad e información asociada a la cuenta, cuestión que no puede dilucidarse adecuadamente en sede de tutela.

 

98.            Ahora bien, aun cuando en este caso también se presentó una dificultad semejante a la advertida en la Sentencia T-453 de 2024, consistente en que algunos de los mecanismos sugeridos por la plataforma remitían a formularios o canales que exigían operar desde una cuenta suspendida, la Sala observa una diferencia relevante: aquí la propia red social indicó al accionante una vía adicional para intentar acreditar la titularidad de la cuenta, referente acudir a su operador de servicios móviles para verificar la línea telefónica asociada al registro. Sin embargo, no obra en el expediente elemento alguno que permita concluir que el actor hubiese adelantado diligencias concretas en ese sentido. En esa medida, a diferencia de lo ocurrido en esa oportunidad, no puede afirmarse que el accionante hubiera agotado todos los mecanismos que la plataforma puso a su disposición para intentar la recuperación del acceso.

 

99.            A ello se suma que la propia SIC, al responder el auto de pruebas, informó que este tipo de actuaciones no estarían, en principio, bajo su competencia en materia de hábeas data, pero reconoció que una interpretación sensible del artículo 15 de la Constitución podría permitir que situaciones como la del ahora accionante entren en su ámbito de actuación. Además, señaló que en 2025 la entidad tramitó diez reclamos y dos denuncias relacionados con suspensiones arbitrarias de cuentas en redes sociales, y que existen canales institucionales para tramitar quejas incluso frente a plataformas sin domicilio en Colombia. Sin atribuirle competencias distintas de las previstas en el ordenamiento, esta respuesta confirma que el asunto no carece por completo de cauces institucionales alternativos a la acción de tutela.

 

100.       En este contexto, la Sala concluye que la tutela no fue asumida como un mecanismo verdaderamente residual frente a la activación de otros medios de defensa judicial y administrativa que el accionante tenía a su disposición, pues el actor no acudió a la acción de protección al consumidor, no explicó por qué dicho mecanismo carecería de idoneidad en su caso, tampoco promovió actuaciones ante la jurisdicción ordinaria para ventilar los aspectos contractuales y patrimoniales de la controversia, ni agotó integralmente la alternativa adicional señalada por la plataforma para verificar la titularidad de la cuenta.

 

101.       En consecuencia, para la Sala la presente acción de tutela no supera el requisito de subsidiariedad respecto de las pretensiones principales formuladas por el actor y de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, libertad de expresión y acceso a la información cuya protección solicita. Ello es así porque, de un lado, existen otros mecanismos de defensa judicial y administrativa que, en principio, permiten ventilar la controversia y obtener en su caso, las medidas correspondientes y de otro, porque el asunto requiere un debate probatorio robusto sobre la relación contractual, la titularidad de la cuenta, la razonabilidad de la suspensión, la trazabilidad de los cobros y el eventual tratamiento de datos, debate que no puede ser sustituido en sede de tutela. Todo ello, además, sin que se haya acreditado un perjuicio irremediable que habilite el amparo transitorio.

 

102.       Ahora bien, como se indicó al analizar el requisito de inmediatez, en aplicación del principio de oficiosidad, la Sala advierte una posible afectación del derecho fundamental de petición del accionante derivada de la solicitud presentada el 14 de mayo de 2025 ante la red social X. Sobre este punto, es preciso recordar que la acción de tutela constituye el único mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz para obtener la protección de ese derecho fundamental. En efecto, esta Corporación ha sostenido de manera reiterada que, en el ordenamiento colombiano, no existe otra vía judicial ordinaria encaminada a garantizar directamente su amparo, salvo en el evento excepcional de las solicitudes dirigidas a obtener información reservada en poder de autoridades públicas, supuesto en el cual el artículo 26 de la Ley 1755 de 2015 prevé el recurso de insistencia[45].

 

103.       Conclusión. En síntesis, la Sala concluye que la presente acción de tutela no satisface el requisito de subsidiariedad respecto de las pretensiones principales formuladas por el accionante y de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, libertad de expresión y acceso a la información cuya protección solicita, pues existen otros mecanismos judiciales y administrativos que, en principio, resultan idóneos y eficaces para ventilar la controversia. No obstante, la Sala advierte una posible afectación del derecho fundamental de petición derivada de la solicitud presentada por el actor el 14 de mayo de 2025 ante la red social X, respecto de la cual la tutela sí supera el examen de subsidiariedad, en la medida en que constituye el único mecanismo judicial idóneo y eficaz para obtener su protección.

 

104.       En suma, la acción de tutela es procedente respecto del derecho fundamental de petición del señor César Augusto Lorduy Maldonado y corresponde a la Sala proceder a su estudio de fondo.

 

3.                 Formulación del problema jurídico

 

105.       Con fundamento en los antecedentes fácticos expuestos, la Sala delimitará los derechos fundamentales objeto de análisis y centrará su examen en la eventual vulneración del derecho fundamental de petición del accionante, a partir de la falta de respuesta de fondo a la solicitud presentada el 14 de mayo de 2025 ante la red social X.

 

106.       En atención a lo expuesto, le corresponde a la Sala determinar si la red social X vulneró el derecho fundamental de petición del accionante, al no haber brindado una respuesta clara, de fondo, congruente y oportuna a la solicitud radicada el 14 de mayo de 2025, mediante la cual pidió el restablecimiento de su cuenta y la atención de las consecuencias derivadas de su suspensión. En particular, la Sala deberá establecer si las comunicaciones automáticas remitidas por la plataforma satisfacen las exigencias constitucionales y legales propias de este derecho cuando la petición se formula ante un particular, o si, por el contrario, dichas respuestas resultaron insuficientes para entender cumplido el deber de dar contestación material a lo solicitado por el actor.

 

107.       Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala desarrollará un apartado de consideraciones y posteriormente, resolverá el caso concreto. En primer lugar, reiterará los elementos y condiciones del derecho fundamental de petición, en particular sus elementos estructurales y su proyección frente a particulares cuando estos se encuentran en posición de incidir en el ejercicio de derechos fundamentales y con relación a las empresas que prestan servicios digitales sin domicilio en Colombia. A partir de estas consideraciones, la Sala determinará si, en el caso concreto, la actuación de la red social X satisfizo o no las exigencias constitucionales derivadas del derecho fundamental de petición.

 

4.                 Elementos y condiciones del derecho fundamental de petición y su procedencia respecto de plataformas digitales sin domicilio en Colombia[46]

 

108.       El artículo 23 de la Constitución prevé la posibilidad de “presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución” y que el Legislador puede reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar otros derechos constitucionales. Según lo ha reconocido esta Corporación, el derecho de petición es fundamental, de aplicación inmediata y resulta indispensable para el logro de los fines esenciales del Estado Social de Derecho y tiene una naturaleza fundamental, aplicación inmediata y un carácter instrumental, en la medida en que constituye un mecanismo que permite asegurar la efectividad de otros derechos constitucionales, tales como la libertad de expresión, el acceso a la información y los mecanismos de participación democrática.

 

109.       En este sentido, la Corte Constitucional ha destacado que el derecho de petición no se agota en la posibilidad de formular una solicitud, sino que comprende un conjunto de garantías que buscan asegurar que la comunicación entre el ciudadano y quien recibe la petición produzca una respuesta efectiva y útil. En cuanto a su contenido esencial, la Corte ha identificado varios elementos estructurales que delimitan el alcance de este derecho.

 

110.       En primer lugar, se encuentra la formulación de la petición, que supone la facultad de cualquier persona de presentar solicitudes respetuosas ante el destinatario correspondiente, quien tiene el deber correlativo de recibirlas y tramitarlas conforme a las reglas legales. En segundo lugar, se exige la pronta resolución, lo cual implica que la respuesta debe emitirse dentro de los términos establecidos por la ley, evitando dilaciones injustificadas que desnaturalicen la garantía constitucional.

 

111.       En tercer lugar, la respuesta debe ser de fondo, lo que significa que debe atender efectivamente lo solicitado por el peticionario. Para cumplir con este estándar, la contestación debe ser clara, de modo que resulte comprensible; precisa, en tanto responda específicamente a lo pedido; congruente, porque debe abordar la materia objeto de la solicitud; y consecuencial, esto es, coherente con el estado del trámite o con las competencias de quien responde. Finalmente, el derecho de petición comprende la notificación o comunicación de la respuesta, pues el conocimiento efectivo de la decisión es indispensable para que el peticionario pueda valorar su contenido y en su caso, controvertirla o ejercer otros mecanismos de defensa.

 

112.       En virtud de lo anterior, la vulneración del derecho de petición se configura cuando no se emite respuesta dentro del término legal o cuando la contestación ofrecida no satisface los criterios mínimos de claridad, precisión, congruencia y sustantividad exigidos por la jurisprudencia constitucional. No obstante, la Corte ha reiterado que la garantía constitucional no implica necesariamente que la respuesta deba acceder a lo solicitado, pues basta con que exista una contestación oportuna y debidamente motivada.

 

113.       Adicionalmente, el ejercicio de este derecho se encuentra sujeto a ciertas condiciones en la formulación de las peticiones. Una de ellas es la prohibición de reiteración abusiva de solicitudes idénticas. Cuando una petición reproduce sustancialmente otra que ya fue respondida de fondo, la autoridad o el particular pueden remitir al peticionario a la respuesta previamente emitida, en aplicación de los principios de economía y eficacia administrativa. Sin embargo, esta posibilidad solo es válida cuando exista identidad sustancial entre las solicitudes y la respuesta anterior haya satisfecho los requisitos de fondo. En los casos en que se trate de derechos imprescriptibles o de solicitudes que inicialmente fueron negadas por falta de requisitos, la autoridad debe emitir una nueva respuesta que permita al interesado ejercer nuevamente su derecho.

 

114.       En relación con su ejercicio frente a particulares, la Constitución autorizó al legislador para reglamentar esta posibilidad cuando resulte necesario para garantizar derechos fundamentales. Inicialmente, ante la ausencia de regulación legal, la jurisprudencia constitucional permitió su ejercicio en dos supuestos: cuando el particular prestaba un servicio público o cumplía funciones de interés general y cuando el derecho de petición constituía un medio necesario para proteger otros derechos fundamentales frente a organizaciones privadas.

 

115.       Posteriormente, la Ley Estatutaria 1755 de 2015 desarrolló esta habilitación constitucional y estableció expresamente que toda persona puede ejercer el derecho de petición ante organizaciones privadas con el fin de garantizar derechos fundamentales. En virtud de esta regulación, las peticiones dirigidas a particulares se rigen, en lo pertinente, por las reglas generales previstas para las solicitudes formuladas ante autoridades públicas. En consecuencia, los particulares deben respetar principios básicos del derecho de petición, tales como la posibilidad de presentar solicitudes sin formalidades excesivas, el respeto de los términos para responder, la emisión de respuestas de fondo y la comunicación efectiva de la decisión.

 

116.       No obstante, la Corte ha precisado que la aplicación de estas reglas debe armonizarse con los principios de autonomía de la voluntad privada y libertad económica. Por esta razón, algunas obligaciones propias de las autoridades públicas no pueden trasladarse automáticamente a los particulares, especialmente aquellas relacionadas con la organización administrativa interna para el trámite de las peticiones. De igual manera, las reglas especiales relativas a la insistencia frente a documentos reservados no resultan aplicables a las organizaciones privadas, sin perjuicio de que estas puedan invocar las reservas previstas en otras normas legales.

 

117.       En síntesis, el derecho fundamental de petición frente a particulares constituye un mecanismo de protección constitucional que permite a las personas solicitar información o formular requerimientos a organizaciones privadas cuando ello resulte necesario para la garantía de sus derechos fundamentales. Aunque su ejercicio se rige en gran medida por las reglas generales aplicables a las autoridades públicas, su alcance debe interpretarse de manera compatible con la naturaleza de las actividades desarrolladas por los particulares y con los principios que rigen la autonomía privada. De este modo, la jurisprudencia constitucional ha consolidado un modelo que busca equilibrar la protección efectiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos con el respeto por la esfera de libertad propia de las organizaciones privadas.

 

118.       Ahora bien, el desarrollo de entornos digitales y la expansión de los servicios prestados a través de internet han generado nuevas formas de interacción entre los usuarios y organizaciones privadas que operan a escala global. Las plataformas digitales, entre ellas las redes sociales, los servicios de intermediación tecnológica o los proveedores de servicios en línea, administran infraestructuras privadas que permiten el acceso a información, la interacción entre usuarios y el ejercicio de múltiples libertades constitucionales. En la medida en que estos servicios se ofrecen de manera abierta al público y se convierten en espacios relevantes para la circulación de información, la participación social y la actividad económica, las decisiones adoptadas por quienes los administran pueden incidir directamente en el ejercicio de derechos fundamentales de las personas.

 

119.       Bajo estas condiciones, el derecho de petición adquiere una especial relevancia como mecanismo para que los usuarios puedan solicitar información, explicaciones o aclaraciones respecto de decisiones adoptadas por dichas plataformas que incidan en su esfera jurídica y personal. En particular, la posibilidad de formular solicitudes dirigidas a obtener información sobre el funcionamiento de los servicios, los motivos de determinadas decisiones o los mecanismos disponibles para controvertirlas constituye una manifestación del principio de transparencia y una garantía mínima para la protección de los derechos fundamentales en entornos digitales. Ahora bien, el carácter transnacional de muchas plataformas digitales plantea interrogantes respecto de la exigibilidad de este derecho cuando las empresas que administran dichos servicios no cuentan con domicilio o presencia societaria en el territorio colombiano. Sin embargo, desde una perspectiva constitucional, la ausencia de domicilio formal en el país no constituye, por sí sola, una razón suficiente para excluir la aplicabilidad de los derechos fundamentales cuando la actividad desarrollada por dichas empresas produce efectos directos en el territorio nacional.

 

120.       Un ejemplo ilustrativo de esta aproximación puede encontrarse en decisiones recientes de las Salas de Revisión de esta Corporación. En particular, en la Sentencia T-256 de 2025, la Corte profirió órdenes dirigidas a empresas multinacionales que administran plataformas digitales, como Meta Platforms Inc., pese a que dicha compañía no cuenta con domicilio en Colombia. En esa providencia, la Sala de Revisión partió de una interpretación funcional del principio de territorialidad, conforme a la cual la jurisdicción constitucional puede proyectarse sobre actuaciones de particulares que, aun desarrolladas desde el extranjero, producen efectos directos en el ejercicio de derechos fundamentales de personas ubicadas en el territorio nacional.

 

121.       Esta tesis toma fuerza a partir de la obligación del Estado de garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de la Constitución Política, así como la fuerza normativa de la Carta Política, lo que implica que las garantías constitucionales se interpreten de manera que puedan desplegar efectos reales frente a aquellas actuaciones que inciden en la esfera jurídica de las personas sometidas a la jurisdicción constitucional colombiana. De igual forma, el artículo 95 superior reconoce que tanto las autoridades como los particulares se encuentran sujetos al deber de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, lo cual implica que las actividades privadas desarrolladas en entornos digitales no se encuentran exentas de los límites derivados del orden constitucional.

 

122.       Desde esta perspectiva, cuando una empresa presta servicios digitales de manera continua a usuarios ubicados en Colombia, establece relaciones contractuales con ellos a través de términos y condiciones de uso, y adopta decisiones que inciden en su acceso o participación en dichos servicios, sus actuaciones generan efectos jurídicos que se proyectan sobre el ámbito de protección de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. En tales circunstancias, la exigibilidad de las garantías mínimas asociadas al derecho de petición constituye una manifestación del principio según el cual la actividad privada que incide en el ejercicio de derechos fundamentales debe desarrollarse de conformidad con el orden constitucional.

 

123.       Este entendimiento no implica imponer a las plataformas digitales la obligación de establecer presencia societaria en el país ni alterar el régimen jurídico aplicable a la prestación transfronteriza de servicios. Por el contrario, se limita a reconocer que la ausencia de domicilio formal en Colombia no puede convertirse en un obstáculo absoluto para la efectividad de un derecho fundamental que, por su naturaleza, busca precisamente garantizar la posibilidad de interlocución entre las personas y aquellos actores cuyas decisiones pueden afectar sus derechos. En consecuencia, en el entorno digital contemporáneo, el derecho de petición debe interpretarse de manera que permita su ejercicio efectivo frente a aquellas organizaciones privadas que, a través de servicios digitales accesibles desde el territorio nacional, participan de forma significativa en la configuración de espacios en los que se desarrollan diversas dimensiones de la vida social, comunicativa y económica.

 

5.                 Solución al caso concreto

 

124.       Con el fin de resolver el presente asunto, la Sala Sexta de Revisión se pronunciará sobre el problema jurídico planteado, siendo necesario contextualizar los antecedentes del asunto objeto de revisión.

 

125.       Del examen de los antecedentes se advierte que el señor César Augusto Lorduy Maldonado interpuso acción de tutela en contra de la red social X y diversas autoridades estatales, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, libertad de expresión, debido proceso, acceso a la información y hábeas data.

 

126.       Según expuso, entre el 14 y el 16 de diciembre de 2023 su cuenta verificada en dicha plataforma que utilizaba desde 2010 para participar en el debate público fue objeto de un ataque de ciberseguridad que permitió la publicación de contenidos no autorizados y la generación de cobros asociados a publicidad. Como consecuencia de estos hechos, la plataforma procedió a suspender definitivamente la cuenta del accionante, decisión que, a su juicio, afectó su presencia digital y su participación en discusiones de interés público.

 

127.       Posteriormente, el actor presentó una denuncia penal en enero de 2024 por el acceso abusivo al sistema informático y luego, el 14 de mayo de 2025 radicó una solicitud ante la red social X encaminada a obtener información y el eventual restablecimiento de su cuenta. Ante la ausencia de una respuesta satisfactoria por parte de la plataforma, el accionante acudió a la acción de tutela el 5 de junio de 2025 para solicitar el amparo de sus derechos fundamentales y la adopción de medidas que permitieran la recuperación de su cuenta o, en su defecto, una respuesta clara sobre las razones de su cancelación definitiva. No obstante, como se explicó en el análisis de procedibilidad de la acción de tutela, la Sala concluyó que la acción de tutela no cumple los requisitos de procedencia respecto de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, libertad de expresión, acceso a la información y habeas data, por el incumplimiento de los requisitos de inmediatez y subsidiariedad.

 

128.       La Sala advierte, además, que en el expediente también se hizo referencia a la segunda cuenta creada por el accionante en la plataforma X, identificada como “@clorduym”, la cual, según lo expuesto en sede de revisión, fue suspendida posteriormente por la red social. Sin embargo, este aspecto no modifica la conclusión alcanzada en esta providencia. En primer lugar, porque el núcleo de la controversia y de las pretensiones formuladas en la acción de tutela se estructuró, de manera principal, alrededor del cierre de la cuenta “@clorduy” y de la solicitud radicada el 14 de mayo de 2025 respecto de esa cuenta. En segundo lugar, porque no obra en el expediente un desarrollo autónomo y suficientemente detallado sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la suspensión de “@clorduym” que permita adelantar un examen constitucional independiente con el mismo grado de precisión exigible para el estudio de fondo. Aunque el accionante afirmó en sede de revisión que intentó recuperar esa cuenta a través de formularios automatizados, no se acreditó una reclamación claramente delimitada, equivalente a la formulada respecto de la cuenta principal, ni una controversia específica que desborde lo ya analizado por la Sala.

 

129.       En todo caso, aun si se tomara en consideración esa segunda suspensión, las razones expuestas por la Sala en materia de procedibilidad conducirían a la misma conclusión. En efecto, frente a “@clorduym” tampoco se acreditan circunstancias que desvirtúen el incumplimiento de los requisitos de inmediatez y subsidiariedad respecto de los derechos fundamentales inicialmente invocados. Además, obra en el expediente que el accionante cuenta actualmente con una tercera cuenta activa, “@LorduyCesar”, desde la cual continúa difundiendo sus ideas y contenidos en la misma plataforma. Por ello, la referencia a la suspensión de “@clorduym” no tiene la entidad suficiente para alterar el sentido de la decisión adoptada en esta providencia.

 

130.       Ahora bien, la Sala considera necesario agregar que una parte importante de las pretensiones formuladas por el accionante no se dirigía únicamente a obtener la protección concreta de sus derechos en el caso particular, sino también a que el juez de tutela corrigiera supuestos vacíos regulatorios sobre el funcionamiento de las plataformas digitales extranjeras que operan en Colombia y, a partir de ello, impartiera órdenes con alcance estructural frente a distintas autoridades del sector. De hecho, desde la primera instancia se advirtió que el actor buscaba que el juez constitucional llenara esos vacíos regulatorios, pese a que la definición de tales reglas exige un desarrollo normativo que desborda el ámbito propio de la acción de tutela y corresponde, en principio, a las autoridades con competencia legislativa, regulatoria y de política pública.

 

131.       En ese contexto, la Sala reitera que la tutela no es el escenario institucional para sustituir al Congreso de la República, al Gobierno nacional ni a las autoridades regulatorias en la definición de estándares generales sobre representación local, canales de interlocución, mecanismos de apelación, transparencia o supervisión de plataformas digitales. Dichas materias exigen una valoración amplia, técnica y sistemática de los diversos intereses constitucionales comprometidos, así como un diseño normativo estable que permita armonizar la protección de los derechos fundamentales, la libertad de expresión, la innovación tecnológica y la seguridad jurídica. De ahí que, aunque el caso exponga dificultades reales en la interacción entre usuarios colombianos y plataformas digitales transnacionales, el juez de tutela no pueda asumir funciones regulatorias ni ordenar la expedición de políticas públicas o lineamientos técnicos de alcance general, sin perjuicio de los exhortos institucionales que puedan resultar procedentes y que se revisarán posteriormente.

 

132.       En consecuencia, el análisis constitucional del caso, a partir del principio de oficiosidad, se circunscribe exclusivamente a la presunta vulneración del derecho fundamental de petición, derivada de la solicitud presentada por el actor el 14 de mayo de 2025 ante la plataforma digital, respecto de la cual se verificó el cumplimiento del requisito de inmediatez y la procedencia del mecanismo de tutela como instrumento principal de protección.

 

133.       Antes de resolver el problema jurídico, la Sala hará una precisión metodológica, puesto que considera que las actuaciones realizadas por las instancias satisfacen las exigencias derivadas de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991 y del artículo 2.2.3.1.1.4 del Decreto 1069 de 2015, conforme a los cuales las providencias dentro del trámite de tutela deben notificarse por el medio que el juez considere más expedito y eficaz. En este caso, el juzgado de primera instancia no acudió de manera automática a un mecanismo formal carente de aptitud real de comunicación, el despacho inadmitió la acción el 5 de junio de 2025 con el fin de evitar nulidades y garantizar el debido proceso, y requirió al accionante para que aportara los canales de contacto correspondientes[47].

 

134.       En cumplimiento de esa orden, la parte actora suministró los correos legalnotices@twitter.com, privacy@twitter.com y support@twitter.com, identificados como canales electrónicos utilizados por la empresa para la recepción de requerimientos legales y de contacto institucional. Posteriormente, mediante auto del 9 de junio de 2025, el juzgado admitió la tutela y dispuso la notificación a la red social X, la cual fue efectivamente remitida ese mismo día a dichas direcciones electrónicas, lo que evidencia un uso razonable y proporcionado de los instrumentos técnicos disponibles para poner en conocimiento de la accionada la existencia del proceso.

 

135.       A lo anterior se suma que, según los documentos allegados por la Secretaría General de la Corte Constitucional y el informe del 5 de marzo de 2026 sobre el cumplimiento del auto de pruebas, también se remitió el requerimiento a las direcciones legalnotices@twitter.com, privacy@twitter.com y support@twitter.com. En dicho informe, se dejó constancia de que se intentó efectuar la comunicación a través del formulario web indicado en la providencia, sin que fuera posible diligenciarlo en su totalidad, debido a que dicho mecanismo exigía ingresar un correo electrónico de autoridad legal válido para la propia plataforma. Esta circunstancia evidencia que se desplegaron actuaciones razonables y suficientes para procurar la comparecencia y comunicación efectiva de la red social X por los canales electrónicos que la misma empresa dispone o reconoce para este tipo de comunicaciones, de modo que no puede afirmarse que la falta de respuesta obedeciera a una omisión del despacho o a una indebida notificación.

 

136.       En esa medida, mal podría sostenerse que la falta de comparecencia de X obedeció a la inactividad judicial, cuando precisamente fue la arquitectura cerrada de los canales definidos por la plataforma la que limitó la posibilidad de una interacción más amplia, por lo que el silencio de la accionada no puede atribuirse a una falla en su vinculación procesal, sino a su propia inactividad frente al requerimiento. Sin embargo, aunque en principio ello habilitaría la aplicación de la presunción de veracidad prevista en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991[48], la Sala recuerda que esta figura no releva al juez constitucional de verificar, a partir de los elementos de juicio obrantes en el expediente, si existe una base fáctica seria y suficiente para establecer la vulneración alegada. Por ello, no se tendrá por demostrados automáticamente todos los hechos expuestos en el escrito de la acción, sino únicamente aquellos que cuentan con respaldo documental suficiente y que permiten adoptar una decisión fundada en la realidad probatoria del proceso.

 

137.       Bajo ese entendimiento, la Sala encuentra acreditado que el 14 de mayo de 2025 el accionante presentó ante la red social X una solicitud formal mediante la cual requirió: (i) una explicación clara, detallada y por escrito sobre las razones técnicas y administrativas que motivaron la suspensión permanente de la cuenta “@clorduy” y sobre el proceso interno seguido para adoptar tal decisión; (ii) el restablecimiento de la cuenta o, en subsidio, la migración íntegra de su información a la cuenta actual; (iii) el reembolso de los cobros no autorizados derivados del hackeo; (iv) la expedición de una constancia o disculpa pública; (v) la adopción de garantías de no repetición; y (vi) una respuesta formal dentro de los cinco días hábiles siguientes.

 

138.       Igualmente, está acreditado que la plataforma emitió varias comunicaciones entre el 14 y el 22 de mayo de 2025. Sin embargo, su contenido se limitó, primero, a remitir al accionante a formularios generales del centro de ayuda o a mecanismos de apelación para cuentas suspendidas y a solicitar información adicional para intentar verificar la titularidad de la cuenta. Finalmente, en la respuesta del 22 de mayo de 2025, indicó que no había sido posible verificar al accionante como propietario de la cuenta y que, por consiguiente, no podía ayudarle a acceder a ella, sugiriéndole acudir a su proveedor de servicios, recomendación que no fue acogida por el señor Lorduy Maldonado, quien decidió acudir directamente a la acción de tutela.

 

139.       A juicio de la Sala, tales comunicaciones no satisfacen las exigencias constitucionales y legales del derecho fundamental de petición. En efecto, aunque formalmente existió una contestación, la misma no fue clara, de fondo ni congruente con lo solicitado, pues la plataforma no explicó las razones técnicas y administrativas de la suspensión, no informó cuál fue el procedimiento interno aplicado al caso, no se pronunció materialmente sobre la posibilidad o imposibilidad de restablecer la cuenta o migrar la información, no resolvió la solicitud de reembolso, no contestó la petición relativa a una constancia o disculpa, ni se pronunció sobre las garantías de no repetición. Por el contrario, se limitó a reenviar al peticionario a protocolos estandarizados y a emitir una negativa genérica por imposibilidad de verificación, sin atender de manera individualizada el contenido integral de la solicitud.

 

140.       La insuficiencia de la respuesta se hace aún más evidente si se advierte que la remisión a formularios o recursos internos no podía entenderse, en este caso, como una contestación material. Según las constancias allegadas por el accionante[49], los mecanismos sugeridos por la plataforma exigían iniciar sesión en una cuenta que se encontraba precisamente suspendida, lo cual colocó al peticionario en una situación circular que le impedía materialmente acceder al canal indicado. Así, la plataforma no solo omitió responder sustancialmente lo solicitado, sino que remitió al actor a una ruta que, conforme con los elementos de juicio obrantes, no resultaba adecuada en las condiciones concretas del caso.

 

141.       Por esta razón, la Sala concluye que la red social X vulneró el derecho fundamental de petición del señor César Augusto Lorduy Maldonado. En consecuencia, se amparará dicho derecho y se ordenará a la plataforma que emita una respuesta clara, precisa, congruente y de fondo frente a la solicitud que aquel radicó el 14 de mayo de 2025, sin que ello implique, en modo alguno, una orden anticipada de acceder favorablemente a lo pretendido por el peticionario.

142.       Aunado a lo anterior, como se mencionó al inicio de este capítulo, la Sala estima necesario advertir que el presente expediente pone de relieve un problema de carácter estructural que excede la controversia individual aquí resuelta. En concreto, varias de las intervenciones allegadas en sede de revisión coincidieron en señalar que en Colombia no existe todavía una regulación integral y suficientemente articulada sobre los mecanismos de reclamación, interlocución institucional, debida motivación y revisión de decisiones adoptadas por plataformas digitales globales que prestan servicios en el país, en especial cuando estas no cuentan con domicilio, representación o punto de contacto formal en el territorio nacional. Del mismo modo, los amicus curiae resaltaron que esta carencia normativa se traduce en remedios dispersos, dificultades de exigibilidad transfronteriza y una situación de indefensión práctica para los usuarios, quienes con frecuencia quedan sometidos a protocolos automatizados, respuestas estandarizadas o canales que no permiten una revisión real y oportuna de las decisiones que afectan sus derechos.

 

143.       En esa misma línea, algunos intervinientes propusieron avanzar en una agenda regulatoria mínima que incluya, entre otros aspectos, criterios de jurisdicción digital, reglas de notificación electrónica, la exigencia de representantes o puntos de contacto oficiales para plataformas con presencia significativa de usuarios colombianos, así como estándares básicos de debido proceso digital, transparencia, recursos internos efectivos, revisión humana de decisiones complejas y canales de comunicación accesibles para los usuarios. Tales planteamientos encuentran respaldo adicional en las reflexiones comparadas allegadas al expediente, según las cuales existe una tendencia internacional orientada a exigir a estas plataformas mecanismos claros de respuesta y fórmulas de interlocución con autoridades nacionales, precisamente para evitar vacíos de protección frente a su operación transnacional.

 

144.       Por ello, sin perjuicio de las competencias propias de cada rama y autoridad del poder público, la Sala exhortará al Congreso de la República y a la Presidencia de la República, para que, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, avancen en la adopción de las medidas legislativas, regulatorias, de política pública e institucionales encaminadas a establecer mecanismos efectivos de interlocución con las plataformas digitales y multinacionales que prestan servicios digitales en Colombia. En particular, dicho desarrollo deberá orientarse a garantizar que los usuarios cuenten con canales claros, accesibles y eficaces para formular reclamaciones, obtener respuestas de fondo, controvertir decisiones que los afecten y evitar escenarios de indefensión frente a la aplicación de términos y condiciones o a decisiones unilaterales adoptadas por estas plataformas. Este exhorto no prejuzga sobre el diseño normativo específico que deba adoptarse, pero sí subraya la necesidad constitucional de que el Estado colombiano avance hacia una respuesta institucional más robusta frente a los desafíos que plantea la protección de los derechos fundamentales en el entorno digital.

 

145.       Así mismo, la Sala exhortará al Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de Colombia, a la Comisión de Regulación de Comunicaciones y a la Superintendencia de Industria y Comercio para que, en el marco de sus competencias normativas, participen en el debate público acerca de la regulación de los mecanismos efectivos de interlocución con las plataformas digitales y multinacionales que prestan servicios digitales en Colombia.

 

146.       Finalmente, en relación con las solicitudes formuladas por algunas de las organizaciones intervinientes encaminadas a acumular este expediente con otros casos similares, promover una decisión unificada por parte de la Corte y convocar una mesa técnica para recibir conceptos especializados adicionales, la Sala estima que no hay lugar a acceder a dichas solicitudes, por las siguientes razones:

 

147.       Aun cuando el Reglamento Interno de la Corte (Acuerdo 01 de 2025) contemple hipótesis de acumulación de expedientes en materia de tutela, tanto en sede de selección como con posterioridad al reparto, dicha posibilidad debe valorarse en función de la utilidad de una decisión conjunta para resolver los problemas jurídicos sometidos a consideración de la Corte. En esta oportunidad, dado que la controversia sustancial quedó delimitada al análisis del derecho de petición del actor frente a una solicitud específica, a juicio de la Sala, la acumulación con otros asuntos no resultaba necesaria ni determinante para la solución del caso.

 

148.       En el mismo sentido, cabe recordar que el Reglamento Interno de la Corte Constitucional prevé distintos mecanismos para la intervención de la Sala Plena en asuntos de tutela, particularmente cuando se está ante un eventual cambio o unificación de jurisprudencia, o cuando la trascendencia del tema amerite su conocimiento por todos los magistrados. No obstante, dicha competencia no opera de manera automática ni a solicitud de los intervinientes. En particular, el artículo 5 atribuye a la Sala Plena la decisión sobre los casos de cambio o unificación de jurisprudencia en tutela, en los eventos previstos en los artículos 58 y 60; a su vez, el artículo 58 regula la posibilidad de someter a su consideración la asunción del conocimiento por cambio de jurisprudencia, y el artículo 60 dispone que, cuando a juicio de la Sala Plena un proceso dé lugar a un fallo de unificación o su trascendencia lo amerite, podrá disponerse que la sentencia sea proferida por esa Sala.

 

149.       En el presente asunto, a partir del análisis integral del expediente y de la delimitación final del problema constitucional, la Sala advierte que la controversia sustancial quedó circunscrita a una posible vulneración del derecho fundamental de petición derivada de una solicitud concreta elevada por el accionante ante la plataforma X. Ello, aunado al hecho de que la presente acción de tutela solo cumplió parcialmente los requisitos de procedencia de subsidiariedad e inmediatez, tal y como se explicó en precedencia. En suma, lo expuesto anteriormente permite concluir que el asunto objeto de estudio no se enmarca en los supuestos previstos en el artículo 60 del Reglamento Interno para que la Sala Plena asumiera su conocimiento.

 

150.       Por último, tampoco considera la Sala que haya lugar a acceder a la petición de convocar a una mesa técnica, pues en sede de revisión, se recaudó un conjunto amplio de elementos de juicio, mediante el auto de pruebas y de las diversas intervenciones y conceptos allegados por entidades públicas, amicus curiae y las partes, que fueron suficientes para adoptar la decisión correspondiente.

 

IV.           DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

 

RESUELVE

 

PRIMERO: En virtud de lo expuesto en esta providencia, CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 28 de julio de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se confirmó la sentencia del 19 de junio de 2025 proferida por el Juzgado 037 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que declaró improcedente la presente acción de tutela respecto de los derechos fundamentales a la igualdad, la libertad de expresión, el debido proceso, el acceso a la información y el hábeas data, por las razones expuestas en esta providencia.

 

SEGUNDO: TUTELAR el derecho fundamental de petición del señor César Augusto Lorduy Maldonado por las razones expuestas en esta providencia y, en consecuencia, ORDENAR a la red social X que, en el lapso de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, responda la petición elevada por el accionante el 14 de mayo de 2025 de manera clara, precisa, congruente y de fondo.

 

TERCERO: NEGAR la solicitud de declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de Colombia, a la Comisión de Regulación de Comunicaciones y la Superintendencia de Industria y Comercio y, DESVINCULAR de la presente acción de tutela al Ministerio de Relaciones Exteriores – Cancillería y a la Agencia Nacional del Espectro – ANE, por las razones expuestas en esta providencia.

 

CUARTO: EXHORTAR al Congreso de la República y a la Presidencia de la República, para que, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, avancen en la adopción de las medidas legislativas, regulatorias, reglamentarias, de política pública e institucionales encaminadas a establecer mecanismos efectivos de interlocución con las plataformas digitales y multinacionales que prestan servicios digitales en Colombia.

 

QUINTO: EXHORTAR al Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de Colombia, a la Comisión de Regulación de Comunicaciones y a la Superintendencia de Industria y Comercio para que, en el marco de sus competencias normativas, participen en el debate público acerca de la regulación de los mecanismos efectivos de interlocución con las plataformas digitales y multinacionales que prestan servicios digitales en Colombia.

 

SEXTO: Por Secretaría General de la Corte Constitucional, LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General