TEMAS-SUBTEMAS

 

Sentencia T-188/26

 

ACCION DE TUTELA CUANDO UNA PERSONA DISFRUTA EL SERVICIO DE AGUA DE MANERA ILEGAL-Improcedencia

 

(...) la tutela no puede ser utilizada como una herramienta para convalidar una situación de hecho derivada de una conexión irregular al sistema de acueducto, ni para sustituir los procedimientos técnicos, administrativos y judiciales previstos para la regularización del servicio público domiciliario o discutir cobros asociados a su prestación.

 

ACCION DE TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARACTER PARTICULAR Y CONCRETO-Improcedencia por cuanto el accionante puede interponer acción de nulidad y restablecimiento del derecho y no se evidencia un perjuicio irremediable

 

(...) se trata de asuntos que deben ser discutidos y resueltos mediante los mecanismos ordinarios de defensa judicial previstos para tal fin, entre ellos los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho y la reparación, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

 

ACCIÓN DE TUTELA-Requisitos de procedencia

 

AGENCIA OFICIOSA EN TUTELA-Alcance y contenido

 

AGENCIA OFICIOSA EN TUTELA-Necesidad de probar imposibilidad de accionar

 

AGENCIA OFICIOSA EN TUTELA-Requisitos

 

AGENCIA OFICIOSA EN TUTELA-Necesidad de ratificación

 

PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA-Improcedente porque el accionante tiene a su alcance otros medios de defensa

 

DERECHOS DE LOS ANIMALES-Acciones populares como medio adecuado para su protección

 

(...) si bien existe un mandato constitucional de protección del bienestar animal, “la acción de tutela es improcedente para la protección del deber constitucional de protección animal, como quiera que no se puede extraer la existencia de un derecho fundamental, ni la exigibilidad para ser protegido por medio de la acción de tutela”.

 

DERECHO AL CONSUMO DE AGUA POTABLE-Fundamental autónomo

 

DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA POTABLE-Naturaleza y alcance

 

DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA POTABLE-Evolución normativa y jurisprudencial

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

 

SENTENCIA T -188 DE 2026

 

Referencia: expediente T-11.630.276

 

Asunto: acción de tutela presentada por

Héctor actuando en nombre propio y en representación[1] de Camilo, su perro de compañía Sam, Sonia y Matías, contra la Empresa de Servicios Públicos de San Miguel ESPO S.A. E.S.P.

 

Tema: acceso al agua potable y garantía del consumo mínimo frente a la suspensión o negativa del servicio por presunta conexión irregular

 

Magistrada ponente: Lina Marcela Escobar Martínez

 

 

Bogotá, D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintiséis (2026)

                                                                                                    

La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar, Vladimir Fernández Andrade y la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución Política, profiere la siguiente:

SENTENCIA

 

Aclaración previa

 

Conforme al artículo 61 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional y a la Circular Interna No. 10 de 2022, y teniendo en cuenta que el presente asunto involucra la situación de un adulto mayor en condición de discapacidad e información relacionada a su historia clínica, así como referencias a un menor de edad, la Sala de Revisión dispondrá la reserva de la identidad de las partes y de aquellos datos que permitan su identificación.

 

En consecuencia, se suscribirán dos providencias. La primera, que será comunicada a las partes del proceso, incluirá los nombres reales. La segunda, que será publicada en la página web de la Corte Constitucional, empleará nombres ficticios y omitirá la información que permita su identificación.

SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

 

La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional conoció la acción de tutela interpuesta por el señor Héctor en nombre propio y en representación de su padre Camilo de 88 años con discapacidad auditiva (sordera), su perro de compañía Sam, un bulldog francés, la señora Sonia y el niño Matías. Solicitó la protección de sus derechos fundamentales al agua, vida digna, salud e igualdad, presuntamente vulnerados por la Empresa de Servicios Públicos de San Miguel -ESPO S.A. E.S.P., al no materializar la conexión del servicio de agua en el inmueble de su propiedad ubicado en San Miguel y exigir el pago de $3.000.000 por concepto de consumos no facturados derivados de una conexión irregular. El accionante indicó que ha tenido que acudir a la ayuda de vecinos para acceder al recurso y que la suma exigida como “sanción”[2] es injusta, mientras que la empresa accionada sostuvo que el inmueble actualmente se abastece de manera irregular y que el usuario debe adelantar el procedimiento legal para la conexión formal del servicio.

 

Luego de analizar los requisitos de procedibilidad, la Sala concluyó que el accionante únicamente se encontraba legitimado para actuar en nombre propio y que la acción de tutela resultaba improcedente, por cuanto: (i) se verificó la existencia de una conexión irregular al servicio de agua que permanecía vigente; y (ii) no se cumplió el requisito de subsidiariedad, dado que el accionante cuenta con mecanismos ordinarios de defensa judicial para controvertir y resolver de fondo el asunto. Lo anterior, sin que se acreditaran circunstancias de vulnerabilidad o condiciones excepcionales que justificaran flexibilizar el análisis.

 

En consecuencia, la Sala Quinta de Revisión confirmó la decisión de segunda instancia que declaró improcedente la acción de tutela presentada por el señor Héctor, pero por las razones expuestas en esta providencia. Por último, invitó al accionante a que acuda a los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico para adelantar el trámite de conexión conforme a la normativa sobre la materia.

      I.            ANTECEDENTES

 

1.     Hechos probados[3]

1.                 Héctor es propietario del inmueble ubicado en San Miguel, el cual corresponde a una vivienda destinada a uso multifamiliar[4]. De acuerdo con la visita técnica realizada el 19 de marzo de 2026 por la Empresa de Servicios Públicos de San Miguel ESPO S.A. E.S.P. (en adelante, ESPO o empresa accionada), el primer nivel es ocupado por terceros arrendatarios y los niveles superiores, por el accionante[5]. Este último indicó que dicho inmueble constituye su lugar de residencia principal en el cual vive solo con su mascota[6], aunque viaja de manera periódica a otro país, para visitar a sus hijos y a su madre, así como para trabajar por temporadas[7]. Su padre, Camilo, tiene 88 años[8] vive en otro inmueble en San Miguel y está al cuidado de otra familiar[9], asimismo la señora Sonia y su niño Matías viven en otra casa[10].

 

2.                 El 17 de febrero de 2025, el accionante radicó ante la ESPO solicitud de disponibilidad para la conexión del servicio de acueducto[11]. Con ocasión de dicha solicitud, los días 19 y 21 de febrero de 2025 la empresa realizó visitas técnicas al inmueble y, en esta última fecha, evidenció la existencia de una conexión irregular de agua desde el predio de Rafael, vecino del predio[12], situación que quedó consignada en el “Acta Única de Revisión” del 21 de febrero de 2025[13]. Como consecuencia, se ordenó el taponamiento y sellamiento de dicha conexión y se impuso al mencionado vecino una  ‘‘sanción”[14] de $1.000.000 por concepto de consumos dejados de facturar[15], valor que fue aceptado y pagado[16]. Sin embargo, Héctor cuestionó dicho cobro porque lo consideró abusivo, además señaló que ello correspondía a una “[extorsión] por parte de la empresa”[17].

 

3.                 En esa misma fecha, la empresa fijó[18]al accionante una “sanción”[19] de $3.000.000 por concepto de consumos no facturados derivados del acceso irregular al servicio en su inmueble. Al respecto, el señor Héctor advirtió que ‘‘no [recibió] ningún requerimiento, pliego de cargos ni fue notificado de la decisión por parte de la empresa accionada, y no le quisieron dar más información’’[20]. Además, señaló que ‘‘[ni] a él ni al señor David [le entregaron] [ningún] documento donde [se evidenciara] la sanción’’[21].

 

4.                 Se acreditó que, a pesar de no contar con una conexión formal ni contrato con la ESPO, el inmueble del accionante sí ha tenido, y en la actualidad tiene, acceso al servicio de agua de manera irregular[22]. Asimismo, obra en el expediente que el accionante presentó alrededor de 22 peticiones ante la empresa accionada, así como solicitudes ante la Personería y la Defensoría del Pueblo, las cuales fueron resueltas. En contra de las respuestas dadas por la ESPO, el señor Héctor presentó recursos de reposición ante la empresa accionada respecto de (i) la negativa de declarar la prescripción de algunas facturas asociadas a otro inmueble de su propiedad y (ii) la negativa de exonerarlo del pago de los $3.000.000. Recursos que fueron atendidos y resueltos[23]. Igualmente, interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por presuntos hechos de corrupción en contra del funcionario de la ESPO que “atendió inicialmente a [su] apoderado David y después a la señora Sonia, y a ambos le[s] solicit[ó] el pago de 4 millones de pesos por liberar [su] solicitud de agua”[24].

 

5.                 Así, el 19 de agosto de 2025[25], presentó la acción de tutela en contra de la ESPO con el fin de que, entre otras pretensiones, materialice la conexión del servicio de acueducto en su inmueble. El señor Héctor advirtió que a la fecha continúa sin una conexión formal[26] y mantiene su inconformidad con la exigencia del pago señalado como condición para ello[27].

 

 

2.     La solicitud de tutela[28]

 

6.                 El 19 de agosto de 2025[29], Héctor presentó acción de tutela en nombre propio y “en representación”[30] de su padre Camilo, de 88 años y en condición de discapacidad auditiva (sordera); su perro de compañía, un perro bulldog francés llamado Sam; la señora Sonia y el niño Matías, en contra de la Empresa de Servicios Públicos de San Miguel ESPO S.A. E.S.P., por cuanto consideró vulnerados sus derechos fundamentales al agua potable, a la vida digna, a la salud y a la igualdad, con ocasión de la falta de conexión del servicio de agua en su inmueble[31].

 

7.                 En el escrito de tutela, el accionante solicitó: (i) que se ordene la conexión inmediata del servicio de agua; (ii) que se garantice el suministro mediante carrotanques u otro mecanismo mientras se materializa la conexión; (iii) que se protejan sus derechos fundamentales al agua, a la vida, a la salud y demás derechos reconocidos por los tratados internacionales y la Constitución Política; (iv) que se ordene la devolución del dinero pagado por sus vecinos; (v) la investigación de las multas impuestas y la remisión de los documentos respectivos; (vi) que se manifieste públicamente que donar agua no es un delito; y (vii) el reconocimiento y pago de una indemnización equivalente a un salario mínimo mensual por cada mes de retraso, así como por los daños y perjuicios ocasionados[32].

 

8.                 Señaló que es propietario y residente de un inmueble ubicado en San Miguel, (en adelante, el inmueble). Asimismo, en el escrito de tutela indicó que allí reside su padre Camilo de 88 años en condición de discapacidad, junto a su perro Sam que ‘‘[es] cuidador y animal de compañía’’[33]. Además, señaló que ‘‘la señora Sonia [ocasionalmente] habita el inmueble [en calidad de] familiar y cuidadora del señor Camilo y al igual que su hijo, Matías, quien también habita el lugar porque de allí va a la escuela’’[34].

 

9.                 De igual forma, en el escrito de tutela, el accionante afirmó que el inmueble en cuestión no cuenta con el servicio público de agua. Al respecto, indicó que en el mes de febrero de 2025 recibieron una visita de funcionarios de la empresa accionada, en la cual les indicaron que debían ‘‘afiliarse’’[35] a la empresa para poder contar con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo de manera definitiva, porque, ‘‘ya se había[n] legalizado [los] servicio[s] de energía eléctrica y gas natural’’[36]. Sostuvo que, días después la empresa realizó excavaciones y concluyó que no existía conexión a la red pública de acueducto, y advirtieron que, “era un procedimiento de rutina antes de conectar un nuevo predio, pues en caso de existir conexiones previas debían facturar por los servicios no pagados además de multas y otras sanciones”[37].

 

10.            De acuerdo con el escrito de tutela, el 17 de febrero de 2025 el accionante habría cumplido con todos los requisitos exigidos y, por ello, se expidió la orden de conexión con radicado nro. 01-03-1850-0000-6, igualmente que, la empresa accionada les indicó que en próximos días hábiles serían visitados nuevamente para determinar los materiales a utilizar. Refirió que la visita se llevó a cabo y les informaron que volverían en unos días. Sin embargo, advirtió que pasaron un par de semanas y los funcionarios no volvieron, razón por la cual acudieron a la empresa y allí les manifestaron que debían esperar ya que el plazo era de 21 días hábiles[38].

 

11.            El accionante señaló que radicó diferentes peticiones ante la empresa accionada para obtener información sobre el trámite de conexión del servicio de acueducto, sin embargo le informaron que debía esperar porque se encontraban haciendo investigaciones internas[39]. Asimismo afirmó que la empresa le indicó, luego de radicar tres peticiones, que “no podía presentar más[40].

 

12.            El accionante manifestó que su apoderado fue citado por la empresa y esta le informó que contaba con una sanción de $3.000.000 que debía pagar para poder realizar la conexión del servicio de agua[41]. Al respecto, mostró su desacuerdo con la exigencia de dicho cobro y también frente a las multas impuestas a algunos de sus vecinos que “solidariamente” le permitían acceder al servicio de agua mediante conexiones irregulares. Sobre lo primero, señaló que no tenía claridad sobre el motivo por el cual se le exigió ese pago[42], porque “no le entregaron [ningún documento] donde [se evidenciara] la sanción’’[43] y tampoco ‘‘recibió ningún requerimiento, pliego de cargos ni fue notificado de la decisión por parte de la empresa accionada, y no le quisieron dar más información’’[44]. En relación con lo segundo, afirmó que se trató de un acto ilegal y abusivo, además de una ‘‘[extorsión] por parte de la empresa’’[45] y destacó que la empresa accionada le manifestó a los vecinos y a él que regalar agua es un delito y que multaría a quienes lo hagan, con la suspensión del servicio y con el cobro de $5.000.000[46].

 

3.     Trámite de instancia y respuesta de las entidades accionadas y vinculadas

 

13.            Trámite de la acción de tutela[47]. El conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado 003 Penal Municipal de San Miguel, el cual, mediante auto del 20 de agosto de 2025 admitió la tutela, corrió traslado a la accionada Empresa de Servicios Públicos de San Miguel ESPO S.A. E.S.P. Asimismo, vinculó al Municipio de San Miguel y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Adicionalmente, requirió al accionante para que complementara la información sobre datos de identificación y contacto de sus vecinos Daniela y Rafael [48], su legitimación respecto a ellos y lo relacionado al suministro del servicio de agua potable en el inmueble.

 

14.            Contestación del accionante, Héctor [49]. Con relación a los Daniela y Rafael, el accionante manifestó que, en febrero de 2025, la empresa les retiró el medidor e impuso “una multa” por valor de $1.000.000, esto, a pesar de que según él no se había comprobado una conexión ilegal a la red pública[50]. Señaló que los vecinos le advirtieron que por haberle permitido conectarse al servicio, resultaron sancionados con una multa, sin tener en cuenta que se trataba de una familia de estrato 2 cuyo consumo mensual promedio asciende a $40.000[51].

 

15.            Relacionó una respuesta de la accionada del 8 de abril de 2025, en la cual se le indicó que su solicitud de conexión se encontraba en estudio debido a una anomalía encontrada en su predio respecto de otro, ya que tenía una conexión no autorizada, razón por la cual los dos predios quedaron en investigación[52]. Al respecto, el señor Héctor, hizo referencia a un ‘‘modus operandi’’ [53] que, en su opinión, consiste en que los usuarios que, debido a una necesidad vital han incurrido en alguna anomalía, son obligados a presentarse personalmente a la empresa para negociar el monto del ‘‘rescate del agua’’[54] y señaló que en su caso, hasta que no pague ‘‘el debido rescate o la extorsión’’[55] no podrá atenderse su solicitud de conexión.

 

16.            El accionante relacionó una captura de pantalla donde hace referencia a una denuncia ante el Gaula. También indicó que había considerado pagar en efectivo los $3.000.000, acompañado de la Fiscalía o del Gaula, y ‘‘se diera la captura en flagrancia, y poner punto final al proceso’’, no obstante advirtió que con ello había el riesgo de ‘‘que [los] bandidos se arrop[e]n entre ellos y al final [perdería] el dinero y no [tendría] agua’’[56], razón por la cual, señaló, decidió esperar la acción de tutela.

 

17.            El accionante también relacionó una petición del 9 de abril de 2025, elaborada por él[57], en la cual reiteró su solicitud de conexión. Advirtió que ya habían realizado visitas a su inmueble y no se encontraron conexiones ilegales. Adicionalmente reiteró que cumple todos los requisitos y el plazo para la conexión ya venció. Frente a posibles cobros afirmó que ‘‘no [se] v[a] a dejar extorsionar negociando con [ellos]’’[58]. Al respecto, el accionante hizo referencia a una respuesta de la accionada, del 13 de mayo de 2025, la cual indica que la solicitud se encuentra en estado de revisión debido a los hallazgos de ‘‘posibles manipulaciones en las acometidas de agua en coordinación con su vecino’’[59].

 

18.            Finalmente, manifestó que la mayoría de las aguas provienen de las lluvias y de la llave que está al lado de su propiedad que pertenece al vecino Rafael. Afirmó que si bien ha intentado no sacar agua de esa llave, ha sido necesario para preparar algunos alimentos. Aclaró que la llave se encuentra en un cuarto piso, y fue inicialmente taponada, no obstante, por la necesidad la reinstaló y la usan en ‘‘casos extremos de vida’’[60].

 

19.            Contestación de la Empresa de Servicios Públicos de San Miguel ESPO S.A. E.S.P.[61] Mediante escrito del 22 de agosto de 2025, la empresa solicitó que se negara el amparo por considerar que no se configuró la vulneración de derechos alegada y tampoco se cumplieron los requisitos de procedibilidad exigidos.

 

20.            La entidad hizo referencia al documento denominado ‘‘Acta Única de Revisión’’ del 21 de febrero de 2025, el cual, se encuentra firmado por un funcionario de la empresa y el señor Rafael, además de un testigo de apellido Solano[62]. En este se dejó constancia de un ‘‘taponamiento que se realizó por compartir agua al vecino sin autorización de la empresa’’[63].  Al respecto, la entidad considera que esta es una prueba suficiente para desvirtuar las afirmaciones del accionante sobre el supuesto desconocimiento de las actuaciones realizadas por la empresa y la supuesta inexistencia de la conexión irregular.

 

21.            Indicó que ha actuado conforme al ordenamiento jurídico y el accionante tuvo conocimiento de las condiciones detectadas en la visita técnica y registradas en el acta mencionada. La entidad accionada hizo referencia a la normativa que regula la materia y, en particular, acerca de su facultad de suspender unilateralmente el servicio cuando se presenten conexiones fraudulentas, suministros a terceros o modificaciones no autorizadas[64]. Asimismo, anexó un recibo de caja de ‘‘consumos no cobrados’’ expedido a nombre del señor Rafael por el valor de $1.000.000[65] que, en el criterio de la empresa, constituye un indicio claro del reconocimiento del uso del servicio por parte del beneficiario sin el cumplimiento de las exigencias legales y contractuales del servicio.

 

22.            Mencionó que, el 17 de febrero de 2025, el accionante radicó ante la empresa una solicitud de disponibilidad del servicio. El 19 de febrero siguiente, la empresa realizó una inspección para evaluar la viabilidad de la conexión del servicio, en documento de esa fecha solo se dejó como observación “hacer matrícula en pavimento, material del usuario”[66]. No obstante, en la segunda visita que, realizó el 21 de febrero de 2025, identificó que el señor Héctor estaba recibiendo agua de manera no autorizada, por medio de una conexión proveniente del inmueble del señor Rafael, conducta que según indicó la entidad, configura una infracción a la normatividad que regula la materia, en particular, la Ley 142 de 1994 y los decretos 302 de 2000 y 1077 de 2015[67].

 

23.            Además, la empresa expresó que informó de manera verbal al señor Héctor y a su apoderado[68], sobre la existencia de la sanción por la manipulación de acometida[69]. Así, indicó que para dar continuidad a la solicitud del accionante, deberá efectuarse el pago de la sanción correspondiente.

 

24.            Finalmente, la empresa accionada manifestó que no era posible acceder a las pretensiones del accionante, debido la existencia de una conducta irregular con ocasión de la intervención indebida en las redes de distribución del servicio de acueducto. Reiteró que el accionante fue informado a través del área comercial de la empresa sobre la actuación derivada de la manipulación indebida de la acometida y los consumos dejados de facturar[70].También solicitó no conceder la pretensión del suministro de agua en carrotanques, toda vez que se trata de una medida excepcional para situaciones de urgencia o de afectación colectiva, lo cual, en su criterio, no se configura en el caso concreto. Por último, explicó que los retrasos en la conexión del servicio obedecen ‘‘al incumplimiento del usuario en regularizar situaciones contractuales y técnicas indispensables para la prestación del servicio’’[71].

 

25.            Contestación del Municipio de San Miguel [72]. Mediante escrito del 22 de agosto de 2025, solicitó su desvinculación en el trámite por falta de legitimación por pasiva en la causa, toda vez que, afirmó ser ajena a la empresa accionada y tampoco tiene competencia para prestar el servicio de alcantarillado. Finalmente, afirmó que no se demostró que el municipio haya afectado los derechos de la parte actora.

 

26.            Contestación de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios[73]. Por medio de escrito del 25 de agosto de 2025, solicitó su desvinculación del trámite, se declare la inexistencia de vulneración y la improcedencia de la tutela. Explicó que no ha recibido ninguna reclamación por parte del accionante[74]. Tampoco hay evidencia que acredite que la entidad haya tenido conocimiento de algún trámite relacionado con los hechos del caso, adelantado por la parte actora ante la Superintendencia.

 

4.     Decisiones de instancia

 

27.            Sentencia de primera instancia[75]. Mediante sentencia del 28 de agosto de 2025, el Juzgado 003 Penal Municipal de San Miguel, declaró improcedente la acción de tutela, por no cumplirse los requisitos de subsidiariedad y legitimación activa en la causa[76]. Respecto del estudio de la subsidiariedad, el juez concluyó que la tutela no es el mecanismo adecuado para amparar lo pretendido por el accionante, toda vez que la empresa accionada evidenció la existencia de una conexión fraudulenta. Sobre el particular, destacó que el accionante reconoció expresamente que, además del agua de las lluvias, usaba agua de la toma de una llave que está en el cuarto piso, la cual inicialmente había sido taponada, pero que por necesidad la reinstaló e intenta usar en casos extremos de vida[77].

 

28.            Así, el juez consideró razonable que el actor acuda a otros mecanismos de defensa como la vía administrativa para solicitar la conexión del servicio, o ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para que se resuelva lo relacionado a la imposición de la multa. Finalmente el juez manifestó que ‘‘una persona que por vías ilegales pretende apropiarse de servicios públicos no está legitimada para recibir la protección del juez constitucional’’[78]. Complementó ‘‘el acudir a vías de hecho y solucionar la crítica situación por medios fraudulentos, hace que la persona pierda legitimad para presentar posteriormente la acción de tutela’’[79].

 

29.            Impugnación[80]. El accionante impugnó la sentencia de primera instancia y, al hacerlo, reiteró su solicitud de conexión del servicio de agua. Además indicó que la conexión irregular se encontró en el inmueble del vecino y no en el de él, y que a pesar de que ‘‘[c]umpli[ó] con todos los requisitos, certificados y demás documentos […] hasta la fecha no se ha realizado la conexión’’[81].  Advirtió que se le ha negado la conexión del servicio casi por siete meses. También expresó que presentó tres derechos de petición[82]y que, en ninguno le informaron sobre la existencia de alguna multa o sanción, asimismo señaló que no le exigieron el cumplimiento de algún requisito adicional[83]. Finalmente respecto del argumento de la falta del requisito de subsidiariedad, afirmó que ‘‘no se ve[n] claramente los otros mecanismos judiciales a los que podrían acudir’’[84], y destacó que ‘‘al no existir nada por parte de la accionada en su contra, no pueden acudir a ninguna otra instancia a excepción de la penal, a la cual ya acudieron’’[85].

 

30.            Sentencia de segunda instancia. Por medio de sentencia del 18 de septiembre de 2025, el Juzgado 001 Penal del Circuito de San Miguel [86], confirmó el fallo de primera instancia, reiteró que el accionante no cumplió con el requisito de subsidiariedad. Además, destacó que no se puede otorgar el servicio de acueducto en contravía de los procedimientos preestablecidos para su obtención. Indicó que una acción ilícita como la de hacer instalaciones de agua potable sin autorización no obliga a que se consideren las aspiraciones de quienes la realizan. En el caso concreto, advirtió que, si bien el accionante manifestó haber realizado una instalación del servicio para la satisfacción de sus necesidades básicas, ello no deja de ser ilegal[87].

 

31.            Asimismo, consideró que no hay desconocimiento al derecho a la igualdad por parte de la empresa accionada, pues esta intentó adelantar el trámite de conexión del servicio, pero lo detuvo por evidenciar la conexión fraudulenta del actor. Indicó que el derecho a la igualdad se vería menoscabado en caso de tolerarse que los residentes del sector quienes cuentan con el servicio de manera legal se vean perjudicados por la actuación ilícita de otra persona, en este caso, los vecinos propietarios del inmueble contiguo y respecto del cual el accionante instaló la llave para tener acceso al servicio de agua sin autorización por parte de la empresa accionada. Finalmente, el juez advirtió que, si el accionante se considera víctima del delito de extorsión, puede acudir directamente a las autoridades competentes[88].

 

5.     Trámite de selección

 

32.            Selección del expediente. Mediante Auto del 18 de diciembre de 2025, la Sala de Selección número 12 de la Corte Constitucional[89] dispuso la selección del expediente de la referencia con fundamento en el criterio subjetivo de urgencia de proteger un derecho fundamental, y en el criterio objetivo de posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional. Este expediente fue repartido al despacho de la magistrada sustanciadora. Posteriormente, el 23 de enero de 2026 la Secretaría General de la Corte remitió el expediente al despacho para lo de su competencia[90]. 

 

6.     Actuaciones en sede de revisión

 

33.            Auto de pruebas y suspensión de términos. El 12 de marzo de 2026, de conformidad con lo establecido en el artículo 63 del Acuerdo 01 de 2025, Reglamento Interno de la Corte Constitucional, la magistrada sustanciadora profirió un auto a través del cual dispuso practicar pruebas en el proceso de referencia, asimismo suspendió los términos por dos (2) meses a partir de la fecha de la notificación. El auto fue comunicado a las partes y autoridades vinculadas, el pasado 17 de marzo de 2026, mediante el Oficio OPT-A -124-2026.

 

34.            Con el fin de contar con mayores elementos para decidir de fondo, se requirió al señor Héctor para que informara sobre su situación socioeconómica y de las personas en cuyo nombre afirmó actuar, la situación de salud y cuidado del señor Camilo, las características del inmueble, las gestiones adelantadas ante la empresa accionada u otras autoridades para obtener la conexión del servicio o controvertir la sanción, el estado actual del suministro de agua y el procedimiento administrativo adelantado para detectar la presunta irregularidad e imponer la multa señalada.

 

35.            Asimismo, se ofició a la empresa accionada para que informara sobre el estado actual de conexión del inmueble, el trámite dado a las peticiones del accionante y el procedimiento seguido para la imposición de la presunta sanción de los $3.000.000. Finalmente, se requirió a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para que indicara si conocía solicitudes o reclamaciones presentadas por el accionante relacionadas con la conexión del servicio de agua, y al Municipio de San Miguel para que se refiriera sobre sus competencias en la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, la existencia de licencia de construcción del inmueble y las medidas de acompañamiento para garantizar el acceso al agua a sujetos de especial protección constitucional.

 

36.            Respuestas al auto de pruebas. El señor Héctor, la Empresa de Servicios Públicos de San Miguel ESPO S.A. E.S.P y el Municipio de San Miguel remitieron sus respuestas, sin embargo, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliario guardó silencio. A continuación, se resumen los informes presentados.

 

Tabla 1. Intervenciones al auto de pruebas.

 

37.            Peticiones y respuestas relacionadas por las partes. Luego de exponer las intervenciones de las partes en esta etapa, se incluye un cuadro con el fin de facilitar la comprensión de las distintas peticiones presentadas y las respuestas que fueron relacionadas, algunas en el trámite de la tutela y otras en sede de revisión, respecto de las cuales la empresa accionada adjuntó los soportes completos. En particular, la empresa accionada informó sobre 22 peticiones vinculadas a la solicitud de conexión del servicio de agua, 4 de estas coinciden con algunas que habían sido previamente referenciadas por el accionante y la empresa en el trámite de la tutela.

 

Tabla 2. Peticiones y respuestas relacionadas por la empresa accionada en sede de revisión[121].

 

   II.            CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

1.     Competencia

 

La Corte Constitucional es competente para conocer las decisiones judiciales materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241.9 de la Carta Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

2.     Asunto objeto de revisión y problema jurídico

 

38.            El señor Héctor sostuvo en su escrito de tutela que la Empresa de Servicios Públicos de San Miguel ESPO S.A. E.S.P. vulneró sus derechos fundamentales al agua potable, vida digna, salud e igualdad, así como los de otras personas en cuyo nombre indicó actuar, al no materializar la conexión del servicio de agua en el inmueble de su propiedad. Afirmó que, pese a haber cumplido los requisitos exigidos, la entidad dilató la conexión y le exigió el pago de $3.000.000, actuación que calificó como “extorsiva”^[129]. Señaló además que ha tenido que acudir a la solidaridad de sus vecinos para acceder al servicio de agua.

 

39.            Por su parte, la empresa accionada sostuvo que el inmueble presenta una conexión irregular y que el cobro corresponde a consumos no facturados derivados de dicha situación. De modo que, para hacer efectiva la conexión del servicio el accionante debe adelantar el procedimiento establecido, conforme a la normativa sobre la materia. 

 

40.            De acuerdo con lo expuesto, la Sala verificará el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la presente acción de tutela. En particular, examinará la legitimación en la causa por activa y por pasiva, la inmediatez, la subsidiariedad y, adicionalmente, la verificación de la existencia de una conexión ilícita al servicio de agua.

 

41.            La Sala considera relevante precisar que, de manera pacífica[130], la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la acción de tutela no es procedente cuando con esta se pretende legitimar una conexión ilícita o irregular del servicio de agua. Sin embargo, la metodología utilizada para aplicar dicha regla en los casos concretos ha presentado variaciones. En algunas ocasiones, las salas de revisión han incluido esa regla especial de procedibilidad en el análisis del requisito de subsidiariedad[131] y, en otras, la han aplicado de manera separada[132].

 

42.            En la presente providencia, la aplicación de la regla especial de procedibilidad de la acción de tutela que tienen por objeto la garantía del servicio de agua se desarrollará como un presupuesto autónomo de procedibilidad. Lo anterior, debido a que el examen de subsidiariedad se dirige a verificar la existencia de otros mecanismos judiciales idóneos y eficaces para controvertir la controversia planteada[133], mientras que la verificación de una eventual conexión ilícita responde a un análisis distinto, relacionado con la imposibilidad de utilizar la acción de tutela para legitimar situaciones derivadas de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico[134].

 

Problema jurídico

 

43.            Así, solo en caso de superarse los requisitos de procedibilidad antes señalados, la Sala resolverá el siguiente problema jurídico: ¿La empresa accionada vulneró los derechos fundamentales en los términos alegados por el accionante, con ocasión de la falta de conexión del servicio de agua en su inmueble de residencia y la exigencia del pago de $3.000.000 por concepto de cobro de consumos no facturados derivado de la existencia de una conexión irregular?

 

44.            Para resolver el asunto, la Sala reiterará: (i) los requisitos de procedencia de la acción de tutela cuando se reclama la protección del derecho al agua; (ii) los escenarios excepcionales que permiten flexibilizar el análisis de procedibilidad, particularmente cuando están involucrados sujetos de especial protección constitucional; y (iii) finalmente, analizará el caso concreto.

                              

3.     Análisis de procedibilidad de la acción de tutela para la protección del derecho al agua

 

45.            Legitimación en la causa por activa. El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela puede ser presentada directamente por la persona cuyos derechos fundamentales se consideran vulnerados o por medio de representante legal, apoderado judicial, agente oficioso, el Defensor del Pueblo o los personeros municipales[135]. En cada caso deben cumplirse los requisitos que habiliten la defensa de derechos ajenos.

 

46.            La representación legal se predica principalmente de los menores de edad y de las personas jurídicas. En particular, esta figura se ejerce para actuar en nombre de una persona que, por expresa disposición legal, no puede promover el amparo. Así como sucede con los menores de edad, quienes pueden acudir a la acción de tutela a través de sus padres en ejercicio de la patria potestad, o de las personas jurídicas, cuya representación recae en el representante legal[136].

 

47.            Por su parte, la agencia oficiosa constituye un mecanismo excepcional que permite a una persona acudir ante el juez constitucional en defensa de derechos de terceros, siempre que se cumplan dos condiciones: (i) que quien presenta la tutela manifieste actuar en dicha calidad y (ii) que se demuestre que el titular de los derechos fundamentales se encuentra en una situación que le impide promover su propia defensa [137].

 

48.             En relación con el primer requisito de la agencia oficiosa, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que el agente debe manifestar que actúa en defensa de derechos ajenos. No obstante, la jurisprudencia constitucional ha señalado que no se requieren fórmulas sacramentales, de modo que este requisito puede entenderse satisfecho cuando de los hechos y las pretensiones se desprende que la acción se interpone en favor de otra persona [138].

 

49.            Frente al segundo requisito, la Corte ha explicado que la agencia oficiosa procede cuando el titular de los derechos fundamentales no puede promover directamente su defensa por encontrarse en situación de desamparo o indefensión. En estos casos, el juez de tutela debe valorar de manera flexible las pruebas que acrediten dicha imposibilidad e incluso desplegar sus facultades probatorias para verificar las circunstancias del agenciado. Asimismo, la ratificación posterior del titular constituye un elemento relevante para convalidar la actuación del agente oficioso [139].

 

50.            Este análisis adquiere especial relevancia cuando se trata de personas en condición de discapacidad. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el derecho internacional y la normativa sobre la materia, Ley 1996 de 2019, la discapacidad no constituye por sí sola prueba de la imposibilidad para ejercer derechos o acudir ante las autoridades, pues todas las personas se presumen legalmente capaces en igualdad de condiciones. Por ello, el juez constitucional debe procurar la adopción de ajustes razonables que permitan conocer directamente la voluntad del titular de los derechos antes de admitir que otra persona actúe en su nombre[140].

 

51.            Ahora bien, el modelo social de la discapacidad, acogido por la Corte Constitucional, implica el tránsito de un enfoque asistencial o médico a uno basado en derechos humanos, en el cual se reconoce a las personas con discapacidad como sujetos plenos de derechos, con dignidad inherente, autonomía individual, incluida la libertad para tomar decisiones propias, e independencia. Este modelo impone a las autoridades el deber de eliminar barreras y prácticas paternalistas, y de garantizar que las decisiones que las afecten se adopten con base en su voluntad y preferencias, sin sustituirlas arbitrariamente[141].

 

52.            En correspondencia de estos postulados, el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce la capacidad jurídica en igualdad de condiciones, lo que implica no solo ser titular de derechos, sino poder ejercerlos directamente. En esa medida, el ordenamiento jurídico colombiano, a través de la Ley 1996 de 2019, consagra la presunción de capacidad legal de todas las personas con discapacidad, elimina figuras de sustitución de la voluntad como la interdicción y establece un sistema de apoyos y salvaguardas orientado a facilitar la toma de decisiones, respetando siempre la autonomía de la persona[142].

 

53.            Bajo este marco, los apoyos constituyen medidas destinadas a asistir a la persona en la comprensión, comunicación o manifestación de su voluntad, mientras que las salvaguardas buscan evitar abusos y garantizar que las decisiones reflejen sus preferencias. En consecuencia, la intervención de terceros solo es legítima en la medida en que no sustituya la voluntad de la persona, sino que la facilite o, en casos extremos, permita su mejor interpretación posible cuando esta no pueda ser expresada por ningún medio[143].

 

54.            En ese contexto, el análisis de la agencia oficiosa en favor de personas en condición de discapacidad tiene un carácter estricto. El juez debe verificar, en primer lugar, si mediante ajustes razonables o apoyos es posible obtener la manifestación directa de la voluntad del titular. Solo cuando se demuestre una imposibilidad absoluta para ello, podrá admitirse la actuación de un tercero[144], evento en el cual las decisiones adoptadas deberán orientarse por el principio de la mejor interpretación de la voluntad y las preferencias de la persona, conforme a su trayectoria de vida, valores y manifestaciones previas, evitando en todo caso cualquier forma de sustitución arbitraria de su autonomía[145].

 

55.            Con base en las reglas sobre la legitimación por activa en materia de tutela, la Sala procede a analizar si el señor Héctor está legitimado para promover la acción de tutela sub examine en nombre propio y en representación de su padre Camilo, de su perro de compañía Sam, de la señora Sonia y del niño Matías.

 

56.            La Sala advierte que, en el presente asunto, solo está satisfecha la legitimación por activa del señor Héctor para agenciar sus propios derechos. Por el contrario, no están dados los presupuestos exigidos para tenerlo por legitimado para actuar en representación de los sujetos mencionados por él por las razones que se exponen a continuación.

 

57.            En relación con el señor Camilo, se advierte que no resulta aplicable la figura de la representación legal, por cuanto se trata de una persona mayor de edad respecto de la cual no existe disposición legal que habilite que un tercero actúe en su nombre, como si sucedería con los menores de edad o una persona jurídicas, como se expuso previamente. En gracia de discusión, la actuación del accionante podría entenderse como una agencia oficiosa, dada la avanzada edad y las condiciones de salud del señor Camilo. No obstante, como se explicará a continuación, tampoco se cumplen los requisitos para la habilitación de esta figura.

 

58.            Al respecto, debe mencionarse que, pese a que en el escrito de tutela el accionante afirmó que su padre habitaba el inmueble, mediante escrito del 24 de enero de 2025 el señor Héctor indicó a la ESPO que utilizaba el inmueble principalmente como parqueadero y garaje, debido a que residía desde hacía varios años en otro país, razón por la cual afirmó que su necesidad de agua era “mínima o nula”. En similar sentido se pronunció en el escrito dirigido a la ESPO el 3 de marzo de 2025[146]. Es decir, antes de la presentación de la acción de tutela en agosto de 2025, el accionante había manifestado que el inmueble estaba prácticamente vacío y, en sede de revisión, precisó que su padre no reside en el inmueble objeto de análisis, sino en otro lugar, y que su cuidado está a cargo de otro familiar[147]. 

 

59.            En ese sentido, al no encontrarse el señor Camilo en el predio respecto del cual se solicita la conexión del servicio, ni evidenciarse una situación concreta de vulnerabilidad asociada a los hechos que motivaron la acción de tutela, no se configura la necesidad de protección de sus derechos mediante la figura de la agencia oficiosa. Además, el modelo social de discapacidad impide asumir la incapacidad de las personas en condición de discapacidad para agenciar sus propios derechos, como pretendía hacerlo el accionante. A esta situación se añade que el accionante no manifestó actuar como agente oficioso y tampoco aportó la información solicitada sobre el señor Camilo.

 

60.            Tampoco se satisface la legitimación en la causa por activa respecto de Sonia y su hijo menor de edad, Matías. Esto por cuanto, si bien el actor también afirmó actuar como su representante, la Sala observa que se trata de una figura que no resulta aplicable en este caso, pues no se acreditó ningún vínculo que justifique dicha representación legal. Asimismo, tampoco están acreditadas las condiciones para que se configure la figura de la agencia oficiosa respecto de ellos, pues, además de que el accionante no alegó haber actuado como agente oficioso, no expuso razones que expliquen por qué estas personas no pueden acudir directamente ante el juez constitucional y tampoco se deriva del expediente. Más aún, sus derechos no estarían comprometidos en este caso pues quedó claro que ellos no viven en la actualidad en el inmueble en cuestión y en el escrito de tutela solo se menciona su visita ocasional al inmueble[148].

 

61.            En efecto, de las pruebas recaudadas en sede de revisión se advierte que la señora Sonia y el niño Matías no residen actualmente en el inmueble[149]. El señor Héctor precisó que no tiene vínculo de parentesco con ellos y que, si bien en el pasado habitaron ocasionalmente [150]el predio, la cercanía habría obedecido a que la señora Sonia se desempeñaba como cuidadora de ancianos y prestaba ocasionalmente el servicio de cuidado a su padre[151]. En ese contexto, aunque el niño Matías es sujeto de especial protección constitucional y que la jurisprudencia sobre la materia facultan a cualquier persona para pedir la protección de los derechos de los niños y niñas[152], de las pruebas aportadas, no se evidencia que la ausencia del servicio de agua en el inmueble afecte sus derechos fundamentales y, por ende, no resulta necesario ni procedente que la tutela sea promovida por el señor Héctor en su nombre.

 

62.            Ahora bien, el señor Héctor manifestó actuar también en representación de su perro, bulldog francés, Sam. Sin embargo, la Sala considera que dicha representación no puede ser reconocida en el marco de la acción de tutela. Ello por cuanto, para que proceda este mecanismo constitucional es necesario que exista un sujeto determinado titular de derechos fundamentales, circunstancia que no se configura respecto de los animales[153].

 

63.            Al respecto, la Sala considera pertinente precisar que la jurisprudencia constitucional se ha referido ampliamente a la protección de los animales, en el marco de una Constitución ecológica[154] que reconoce la relevancia del medio ambiente y, dentro de este, de la fauna[155]. Bajo esa mirada, la Corte ha señalado que los animales son seres sintientes y que existe un deber constitucional de protección frente al maltrato, la crueldad y el sufrimiento injustificado, el cual se deriva tanto de las normas ambientales como del principio de dignidad humana[156] y de la responsabilidad de los seres humanos frente a otras formas de vida[157].

 

64.            Este desarrollo ha implicado superar visiones estrictamente antropocéntricas[158] y reconocer que la protección animal no solo responde a la preservación del equilibrio ecológico, sino también a la necesidad de evitar el padecimiento de los animales como individuos, lo cual constituye un contenido normativo vinculante para las autoridades y los particulares[159]. Asimismo, la Corte Constitucional ha reconocido que los animales de compañía tienen una especial relevancia en la vida de las personas, en tanto su presencia en el hogar contribuye al bienestar y se relaciona con el ejercicio de derechos como el libre desarrollo de la personalidad, la intimidad y la dignidad humana[160]. Por ello, ha considerado que las restricciones a su tenencia o convivencia deben ser razonables y proporcionales, evitando afectar de manera injustificada estos derechos[161].

 

65.            Sin perjuicio de lo anterior, la Corte también ha sido clara en señalar que dicho mandato de protección no se traduce en el reconocimiento de derechos fundamentales en cabeza de los animales, sino en la imposición de deberes a cargo del Estado y de la sociedad, cuya protección se enmarca, en principio, en la esfera de los intereses colectivos o difusos[162].

 

66.            Así las cosas, la acción de tutela, como mecanismo diseñado para la protección de derechos fundamentales de titulares individualizables, no resulta procedente para reclamar directamente la protección de los animales[163]. Por regla general, la defensa del bienestar animal puede solicitarse a través de mecanismos como la acción popular, la acción de cumplimiento o las vías sancionatorias correspondientes[164]. Como ha sido señalado previamente por la Corte Constitucional, si bien existe un mandato constitucional de protección del bienestar animal, “la acción de tutela es improcedente para la protección del deber constitucional de protección animal, como quiera que no se puede extraer la existencia de un derecho fundamental, ni la exigibilidad para ser protegido por medio de la acción de tutela”[165].

 

67.            En consecuencia, esta Sala de Revisión tampoco encuentra acreditado el requisito de legitimación en la causa por activa del señor Héctor respecto de su perro Sam.

 

68.            En suma, la Sala concluye que únicamente se encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa del señor Héctor para actuar en nombre propio, en la medida en que alega la vulneración de sus derechos con ocasión de la falta de conexión del servicio en el inmueble objeto de análisis, el cual identificó como su lugar de residencia en San Miguel.

 

69.            Se encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva respecto de la Empresa de Servicios Públicos de San Miguel ESPO S.A. E.S.P. Esto, en la medida en que es la entidad encargada de prestar el servicio público de acueducto y alcantarillado en el municipio de San Miguel. Además, según lo expuesto por el accionante, fue esta empresa quien omitió responder de manera oportuna y completa las peticiones que presentó para obtener la conexión del servicio de agua en su vivienda. De igual forma, afirmó que la entidad le impuso una sanción por valor de $3.000.000 por la presunta manipulación de la acometida, sin haber recibido una notificación adecuada ni la posibilidad de ejercer su derecho de defensa. En estas condiciones, la ESPO se encuentra directamente vinculada con los hechos que originaron la acción de tutela y que presuntamente vulnerarían los derechos fundamentales del accionante.

 

70.            La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios será tenida como tercero con interés legítimo. Esto, por cuanto no se evidenció una relación directa entre sus funciones y la conducta presuntamente vulneradora alegada por el accionante[166], que permitiera tenerlo como parte pasiva de la acción de tutela. La entidad fue vinculada en sede de tutela por el juez de primera instancia, con el propósito de garantizar su derecho a la defensa respecto de los hechos manifestados por el accionante[167]. En su respuesta, indicó que no ha recibido recursos relacionados con el caso y tampoco tiene conocimiento de algún trámite adelantado por el accionante. Además, de la revisión del expediente no se evidenció la falta de respuesta a algún recurso o reclamación presentada ante dicha entidad[168].

 

71.            En ese contexto, su participación resulta relevante por las funciones de inspección, vigilancia y control que ejerce sobre las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios y por las competencias que tiene frente a reclamaciones relacionadas con la prestación del servicio. Asimismo, ante una eventual orden en este trámite, podría adelantar labores de inspección sobre la actuación de la empresa accionada respecto de la prestación del servicio y la imposición de medidas a los usuarios.

 

72.            Por otra parte, respecto del Municipio de San Miguel, no se encuentra acreditado el requisito de legitimación en la causa por pasiva. Si bien, en principio, a los municipios les corresponde administrar los asuntos de su territorio, garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos y atender necesidades básicas como el saneamiento ambiental y el acceso al agua potable, en el presente caso el accionante no le atribuye una acción u omisión concreta a esta entidad que haya generado la vulneración de los derechos invocados. Tampoco se advierte, a partir del expediente, que la entidad tenga una intervención directa en los hechos objeto de controversia, ni que su actuación u omisión esté relacionada de manera específica con la presunta afectación alegada. En consecuencia, se dispondrá su desvinculación del trámite.

 

73.            Se cumple el presupuesto de la inmediatez. La acción fue presentada el 19 de agosto de 2025[169] y, para ese momento, la última respuesta negativa emitida por la empresa accionada frente a la solicitud de conexión del servicio data del 13 de mayo del mismo año, lo que evidencia que la tutela fue promovida dentro de un término razonable a la luz de la última respuesta de la entidad accionada. Además, la Sala advierte que la presunta vulneración alegada tiene carácter actual y continuado, en tanto la conexión formal del servicio aún no ha sido materializada, con lo cual, según lo manifestado por el accionante, se siguen afectando sus derechos fundamentales[170].

 

74.            Se verifica la existencia de una conexión irregular. Como se advirtió (supra 41), la Corte Constitucional ha sostenido de manera reiterada que la acción de tutela no puede utilizarse para legitimar actuaciones de hecho contrarias al ordenamiento jurídico, como ocurre cuando una persona accede al servicio de agua mediante conexiones no autorizadas o pretende obtener, por vía constitucional, la regularización de una situación derivada de una conducta irregular.

 

75.            Así, desde la Sentencia T-432 de 1992, la Corte sostuvo que: “[u]na acción ilícita como es la de hacer instalaciones a la tubería central de agua potable sin autorización, no obliga a que se consideren las aspiraciones de quién las realiza. Y quien por atentar contra el derecho de los demás, indebidamente utiliza su derecho a la igualdad, no se le debe reconocer éste […]. Debido a esa ilicitud en el medio usado para reclamar su derecho a la igualdad, y mientras ella subsista pierden las actoras el derecho a solicitar en protección mediante las vías judiciales, incluida la acción de tutela”[171].

 

76.            En este sentido, por medio de la Sentencia T-546 de 2009, la Corte precisó que no es admisible acudir simultáneamente a vías de hecho y a mecanismos judiciales para obtener la protección de derechos. En esa decisión, afirmó que: “[l]a Corte, si bien comprende la apremiante necesidad que debió haber sentido, al verse privada del líquido vital y posiblemente sin dinero para satisfacer las deudas que había contraído con la empresa, no entiende la razón por la cual interpuso concomitantemente una acción de tutela. Ambas vías –la de hecho y la judicial– no pueden ejercerse concomitantemente, porque la prosperidad de la tutela depende en esencia de que la persona esté legitimada para reclamar por la violación o la amenaza a sus derechos fundamentales. Pero una persona que por vías ilegales pretende apropiarse de servicios públicos, no está legitimada para recibir la protección del juez constitucional”[172].

 

77.            Posteriormente, en la Sentencia T-418 de 2010, la Corte insistió en que, aunque el derecho al agua puede tener carácter fundamental, no es exigible por vía de tutela cuando se accede al servicio mediante medios ilícitos. Al respecto indicó: “cuando una persona está disfrutando el servicio de agua, por medios ilícitos, reconectándose a la fuerza, y se encuentra disfrutando del goce efectivo de su derecho al agua, por ejemplo, pierde la posibilidad de reclamar su protección mediante la acción de tutela. En este caso la persona no pierde sus derechos, pero sí la posibilidad de legitimar a posteriori sus actos de hecho mediante el procedimiento constitucional de la tutela’’[173].

 

78.            En igual sentido, por medio de las Sentencias T-103 de 2017 y T-266 de 2018, la Corte declaró la improcedencia de las acciones de tutela al evidenciar que los accionantes pretendían legitimar conexiones ilegales o situaciones de ocupación irregular. En la primera expuso que: “[…] es evidente que la tutela interpuesta por la accionante pretende legalizar la captación ilegal de agua, situación que escapa de la órbita de la acción constitucional, pues no puede ampararse una situación de ilegalidad a través de un mecanismo que tiene como objetivo la protección de los derechos fundamentales de las personas. Así las cosas, las vías de hecho desplegadas por la accionante para obtener el suministro de agua, deslegitiman su actuación e impiden que el juez constitucional brinde una protección a sus derechos fundamentales”[174].

 

79.            Por su parte, en la T-266 de 2018 manifestó que: “[a]quellas circunstancias evidencian que la ocupación de la peticionaria en dicho predio, por el momento, es abiertamente irregular, lo que implica que, tal como se expresó […], los reclamos de la [accionante] no solo pierdan legitimidad en el escenario de la acción de tutela, sino que además una eventual decisión sobre el suministro de agua en dichas condiciones de ilegalidad escape de la órbita de la acción constitucional. Debe recordarse que no puede ampararse una situación de ilegalidad a través de un mecanismo que tiene como objetivo la protección de los derechos fundamentales de las personas”[175]. 

 

80.            En suma, existe una regla clara y consistente en la jurisprudencia constitucional según la cual la acción de tutela es improcedente para obtener la prestación del servicio de agua cuando persiste la existencia de una conexión irregular o pretende legitimarse una actuación de hecho que desconoce el cumplimiento de los requisitos exigibles para el acceso a dicho servicio. Sin perjuicio de esta regla general de improcedencia de la acción de tutela en casos de conexiones irregulares al servicio de agua, la Corte también ha sido enfática en que su aplicación debe matizarse cuando en el caso involucra sujetos de especial protección constitucional. En efecto, ha señalado que la presencia de personas en situación de vulnerabilidad como niños, adultos mayores, personas con discapacidad o con enfermedades graves, entre otros, exige flexibilizar el análisis del requisito de subsidiariedad[176]. En estos eventos, el juez debe valorar con especial cuidado las circunstancias del caso, dado que ciertos grupos gozan de una protección reforzada del derecho al agua, lo que impone un deber de mayor cautela al momento de decidir sobre su acceso o suministro.

 

81.            En esa orientación, la Corte ha considerado que, atendiendo a las condiciones particulares de vulnerabilidad y al contexto fáctico, es posible conceder el amparo cuando la falta de acceso al agua compromete de manera directa las condiciones de vida digna de estas personas. Así mismo, ha precisado que en estos escenarios suelen presentarse situaciones especialmente apremiantes, en las que la afectación recae sobre sujetos que no han intervenido en las causas de la suspensión del servicio, como ocurre, por ejemplo, con menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad[177]. En tales casos, ha indicado que resulta desproporcionado negar el acceso al agua, especialmente cuando las conductas que dieron lugar a la irregularidad o a la mora son atribuibles a terceros, como sus representantes o responsables[178].

 

82.            En relación con la verificación de la existencia de una conexión irregular en el caso concreto, la Sala encuentra acreditado este supuesto a partir de las pruebas obrantes en el expediente. En efecto, la visita técnica realizada por la Empresa de Servicios Públicos de San Miguel ESPO S.A. E.S.P. el 19 de marzo de 2026 permitió constatar que el inmueble ubicado en San Miguel no cuenta con una conexión formalizada al sistema de acueducto conforme a los requisitos técnicos y administrativos exigidos por la empresa prestadora[179].

 

83.            De igual manera, en los informes remitidos por la accionada se indicó que el predio accede actualmente al recurso hídrico mediante una acometida irregular, circunstancia que, según fue advertido por la empresa accionada, dio lugar al cobro de $3.000.000 por concepto de consumos no facturados[180]. En ese sentido, la Sala observa que la controversia planteada por el accionante surge precisamente de la detección de dicha conexión no autorizada y de las actuaciones adelantadas por la empresa para exigir la regularización del servicio.

 

84.            Ahora bien, la Sala tiene en cuenta que la jurisprudencia constitucional ha flexibilizado esta regla cuando se demuestra que la falta de acceso formal al agua compromete de manera directa los derechos fundamentales de sujetos de especial protección constitucional[181]. Sin embargo, en el presente caso no se acreditaron circunstancias que permitan aplicar dicha excepción, pues de las pruebas recibidas en sede de revisión se estableció que el único residente del inmueble es el señor Héctor [182] y que, su padre, el señor Camilo [183], la señora Sonia y el niño Matías residen en otro lugar[184]. De ahí que, no se observen elementos que permitan realizar un análisis flexible para tener por acreditada la procedencia excepcional de la tutela en estos escenarios.

 

85.            No se cumple el requisito de subsidiariedad.  Sin perjuicio de lo anterior, la Sala estima pertinente explicar las razones por las cuales en el presente caso tampoco está acreditado el requisito general de procedibilidad de subsidiariedad, con el fin de invitar al accionante a hacer uso de los mecanismos ordinarios disponibles. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela es un mecanismo preferente, sumario y de naturaleza subsidiaria para la protección de derechos fundamentales. Así, procede como mecanismo definitivo cuando: (i) la persona afectada no cuenta con otro medio de defensa judicial, o (ii) aun existiendo, este no resulta adecuado ni oportuno para garantizar de manera integral la protección de sus derechos fundamentales en el caso concreto. A su vez, procede como mecanismo transitorio cuando se interpone para evitar un perjuicio irremediable. En este último supuesto, la protección otorgada se mantiene hasta que el juez ordinario adopte una decisión definitiva[185].

 

86.            En ese sentido, un mecanismo es idóneo cuando es materialmente apto para proteger los derechos fundamentales y ofrece un remedio integral frente a la vulneración alegada. Por su parte, es eficaz cuando permite brindar una protección oportuna, es decir, cuando resulta lo suficientemente expedito para atender la situación concreta y evitar que la afectación o amenaza de los derechos se prolongue[186]. Asimismo, la jurisprudencia constitucional, ha señalado que este análisis debe flexibilizarse cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional, o cuando las condiciones del caso hacen desproporcionado exigir el agotamiento de los mecanismos ordinarios[187].

 

87.            En materia de acceso al agua, la Corte ha explicado que “[e]l derecho al agua cuenta con una doble connotación: (i) el agua como derecho fundamental, amparable a través de la acción de tutela, cuando está asociado a la esfera subjetiva del mismo, es decir, al consumo mínimo humano; y (ii) el agua como derecho colectivo, mayormente vinculado con el acceso del servicio público de acueducto o el cuidado de las fuentes hídricas, entre otras hipótesis, que en principio, además de los recursos de la vía gubernativa, cuenta con las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para su defensa, cuando se lesionen intereses colectivos”[188].

 

88.            Así las cosas, cuando el análisis se enfoca en el agua como derecho fundamental, la Corte ha señalado que este tiene un carácter autónomo, dado que está directamente vinculado con la vida de las personas. En esa orientación, lo ha reconocido como un presupuesto indispensable para el ejercicio de otros derechos como la salud, la vivienda y el saneamiento ambiental, y, en general, para garantizar condiciones de vida digna[189]. Asimismo, ha precisado que el acceso al agua responde a una necesidad básica, en la medida en que permite a las personas contar con condiciones materiales mínimas de existencia[190]. De ahí que, esta Corporación ha establecido que la acción de tutela procede para su protección cuando se trata de asegurar el acceso al agua destinada al consumo humano básico[191] .

 

89.            En ese contexto, la Sentencia T-104 de 2021 sistematizó varias reglas relevantes sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela en esta materia. En particular, señaló que: (i) el derecho al agua adquiere carácter fundamental cuando está ligado al consumo humano mínimo, es decir, cuando es necesario para atender necesidades básicas como consumo, aseo y preparación de alimentos, siendo indispensable para “preservar la vida, la salud y la salubridad”; (ii) en consecuencia, la tutela procede cuando la solicitud de conexión al servicio de acueducto busca garantizar ese consumo mínimo, y no cuando el agua se destina a otros usos, como actividades agropecuarias, industriales o en inmuebles no habitados; y (iii) solo en estos eventos la tutela desplaza la acción popular, pues si la controversia recae sobre aspectos colectivos relacionados con la adecuada y eficiente prestación del servicio público de acueducto y el acceso a su infraestructura, el mecanismo idóneo sigue siendo la acción popular prevista en la Ley 472 de 1998[192].

 

90.            En el presente caso, la controversia se relaciona con el incumplimiento de los requisitos técnicos y administrativos necesarios para acceder formalmente al servicio de agua, así como con la legalidad de los cobros efectuados por la empresa prestadora. De modo que, se trata de asuntos que deben ser discutidos y resueltos mediante los mecanismos ordinarios de defensa judicial previstos para tal fin, entre ellos los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho y la reparación, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo[193].

 

91.            En efecto, la Sala observa que, al no contarse con los elementos necesarios para la flexibilización del requisito de subsidiariedad en este tipo de casos, el asunto corresponde de manera plena a las instancias ordinarias, pues allí es posible adelantar el análisis jurídico y fáctico necesario. Así, aunque existe claridad sobre la conexión irregular al servicio público de agua por parte del accionante, será ante la misma ESPO o, en su defecto, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que él deberá controvertir las actuaciones de la entidad accionada[194].

 

92.            Igualmente, es relevante mencionar que, de acuerdo con lo observado en los informes presentados como respuesta al auto de pruebas en sede de revisión, es claro que el accionante cuenta con la capacidad material para acudir a diferentes procedimientos administrativos previstos por la empresa accionada para lograr la formalización del servicio, así como para controvertir los actos de cobro mediante los mecanismos ordinarios de defensa dispuestos para todos los ciudadanos, prueba de ello son las múltiples peticiones que ha elevado ante la ESPO. Sin que al respecto se advierta alguna situación de urgencia que justifique la intervención del juez de tutela como mecanismo principal o transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable del accionante[195].

 

93.            Así las cosas, para la Sala es claro que en el presente asunto no se supera el requisito de subsidiariedad, por cuanto el accionante puede acudir a los diferentes mecanismos dispuestos en el ordenamiento jurídico para resolver la controversia.

 

4.      Conclusión

 

94.            Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la Sala considera que la acción de tutela es improcedente porque no se acreditaron los presupuestos exigidos para tal fin en este tipo de casos. En primer lugar, se evidenció una conexión irregular, lo cual activa la regla especial de improcedencia de la tutela en escenarios de solicitud de amparo al derecho al agua, y en segundo lugar, no se cumplió el requisito de subsidiariedad, en la medida en que el accionante puede acudir a mecanismos ordinarios para resolver la controversia con la ESPO. Sin que al respecto se haya observado alguna situación urgente o apremiante que justificara la flexibilización del análisis de estos dos requisitos.

 

95.            De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la tutela no puede ser utilizada como una herramienta para convalidar una situación de hecho derivada de una conexión irregular al sistema de acueducto[196], ni para sustituir los procedimientos técnicos, administrativos y judiciales previstos para la regularización del servicio público domiciliario o discutir cobros asociados a su prestación.

 

96.            Así las cosas, la Sala se abstendrá de realizar un pronunciamiento de fondo sobre el problema jurídico y el estudio del caso concreto. En su lugar, confirmará la decisión de segunda instancia por la cual se había declarado la improcedencia de la tutela, con fundamento en las consideraciones que fueron expuestas en esta providencia. Asimismo, ordenará la desvinculación del Municipio de San Miguel por falta de legitimación en la causa por pasiva.

 

97.            Finalmente, la Sala precisa que lo anterior no impide que el accionante acuda a los procedimientos establecidos por la empresa accionada ESPO para la legalización de la conexión, tampoco que controvierta los actos de cobro ante las autoridades competentes. Al contrario, lo invita a hacer uso de las diferentes herramientas para regularizar su situación y acceder de manera formal al servicio conforme lo establece la normativa sobre la materia.

 

DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política, 

RESUELVE

 

 PRIMERO. CONFIRMAR la decisión de segunda instancia proferida por el Juzgado 001 Penal del Circuito de San Miguel, el 18 de septiembre de 2025, que a su vez, confirmó el fallo de primera instancia proferido el 28 de agosto de 2025 por el Juzgado 003 Penal Municipal de San Miguel, por la cual, se declaró improcedente la acción de tutela presentada por el señor Héctor por las razones expuestas en esta providencia.

 

SEGUNDO. DESVINCULAR del presente asunto al Municipio de San Miguel por no tener legitimación pasiva en la causa.

 

TERCERO. INVITAR al señor Héctor a adelantar los trámites correspondientes ante la empresa prestadora del servicio de acueducto y hacer uso de los otros mecanismos dispuestos en el ordenamiento jurídico, para que regularice su conexión y pueda acceder al servicio de agua potable de manera formal, en cumplimiento de las normas que regulan la materia.

CUARTO. ORDENAR que, por Secretaría General, se libren las comunicaciones a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

 

LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ

Magistrada

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General