REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Segunda de Revisión

 

SENTENCIA T-216 de 2026

 

Referencia: expediente T-11.878.521

 

Asunto: acción de tutela instaurada por Hernán Alvarán Tovar contra la Sala de Descongestión n° 2 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

 

Magistrado ponente:

Carlos Camargo Assis

 

Bogotá D.C., veintidós (22) de julio de dos mil veintiséis (2026).

 

La Sala Segunda de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Héctor Alfonso Carvajal Londoño, Juan Carlos Cortés González y Carlos Camargo Assis, quien la preside, en cumplimiento de sus competencias legales y constitucionales, profiere la siguiente:

 

SENTENCIA

 

Síntesis de la decisión

 

La Sala Segunda de Revisión conoció la acción de tutela promovida por el señor Hernán Alvarán Tovar. La solicitud estuvo orientada a que se dejara sin efectos la sentencia CSJ SL1164-2025 emitida por la Sala de Descongestión n° 2 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y, en su lugar, se ordenara a la empresa CHEC S.A. reconocer la pensión de jubilación contemplada en el artículo 41 de la Convención Colectiva de Trabajo 2013-2017 y pagar las mesadas causadas y no prescritas de la pensión de jubilación convencional desde el momento en que cumplió ambos requisitos, la prima de jubilación conforme a lo establecido en la convención colectiva y los beneficios convencionales a los que tiene derecho por la consecución de la pensión convencional reclamada.

 

La Corte reiteró la jurisprudencia constitucional sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, sus requisitos generales y específicos, la caracterización del defecto por desconocimiento del precedente, violación directa de la Constitución y error inducido, la naturaleza jurídica de las convenciones colectivas de trabajo, la aplicación del principio de favorabilidad e in dubio pro operario en las pensiones convencionales, los alcances del Acto Legislativo 01 de 2005 frente a los pactos y convenciones colectivas de trabajo y la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral sobre los alcances de la pensión de jubilación contenida en las convenciones colectivas de trabajo suscritas entre la empresa CHEC S.A. y Sintraelecol.

 

Superados los requisitos generales de la acción de tutela contra providencias judiciales, al analizar el caso concreto, esta Sala de Revisión concluyó que:

 

(i)                   la Sala de Descongestión n° 2 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia no desconoció el precedente horizontal; no obstante,

(ii)                 con base en la certificación laboral expedida por la CHEC S.A., la Sala de Descongestión n° 2 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia incurrió en un error inducido al considerar que el accionante cumplió los 20 años de servicio el 5 de enero de 2017, así como en un defecto por violación directa de la Constitución;

(iii)              en realidad el trabajador cumplió el tiempo requerido para acceder a la pensión de jubilación el 25 de marzo de 2007;

(iv)                la pensión de jubilación contenida en la Convención Colectiva de Trabajo 2005-2012 no consagró condiciones pensionales más favorables a las ya existentes y, por ello, dicha pensión se prorrogó hasta el 31 de julio de 2010, fecha en la que perdió vigencia por ser el límite estipulado en el Acto Legislativo 01 de 2005.

 

Con base en lo anterior, la Sala Segunda de Revisión revocó el fallo de tutela de 18 de septiembre de 2025 emitido por la Sala de Decisión de Tutelas n° 3 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante el cual negó las pretensiones elevadas por el señor Hernán Alvarán Tovar. En su lugar, amparó los derechos fundamentales a la seguridad social y al debido proceso del accionante.

 

Como consecuencia de lo anterior, la Sala Segunda de Revisión dejó sin efectos la sentencia de instancia CSJ SL1164-2025 de 28 de abril de 2025 proferida por la Sala de Descongestión n° 2 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. En su lugar, se ordenó a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que, en el término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la notificación de esta providencia, emita una nueva sentencia en sede de instancia, con observancia de las consideraciones expuestas en esta providencia.

 

I.                  ANTECEDENTES

 

1.                 Hernán Alvarán Tovar, a través de su apoderado judicial Sebastián Giraldo Bravo, promovió acción de tutela contra la Sala de Descongestión n° 2 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, tras considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales a la seguridad social, al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la igualdad, a la tercera edad, al mínimo vital y a la vida digna. Lo anterior, debido a que la accionada no accedió al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación convencional a cargo de la Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. Para sustentar la solicitud de amparo, narró los siguientes:

 

1. Hechos[1]

 

2.                 El accionante relató que nació el 22 de febrero de 1965, que desde el 25 de marzo de 1987 laboró en la empresa Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. (en adelante CHEC S.A.) y el 24 de noviembre de 2009 se afilió al Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia – Subdirectiva Caldas (en adelante Sintraelecol)[2].

 

3.                 Aseguró que Sintraelecol y la CHEC S.A. han suscrito múltiples convenciones colectivas de trabajo, de las cuales es beneficiario. Refirió que el artículo 51 de la Convención Colectiva de Trabajo 1988-1989 estableció que los trabajadores que al 31 de diciembre de 1987 se encontraran afiliados a la empresa y hubiesen prestado sus servicios durante 20 años continuos o discontinuos al servicio exclusivo de la mencionada empresa, al cumplir los 55 años de edad, tendrían derecho a obtener la pensión de jubilación contemplada en ese texto extralegal, junto con sus beneficios[3].

 

4.                 Indicó que la mencionada cláusula convencional fue ratificada en las convenciones colectivas de 1990-1991; 1992-1993; 1994; 1996-1997; 1998-1999; 2000-2001; 2002-2003; 2005-2012; 2013-2017; 2018-2021 y en la 2022-2025.

 

5.                 Precisó que el 25 de marzo de 2007 cumplió los 20 años exclusivos al servicio de la CHEC S.A. y el 22 de febrero de 2020 alcanzó los 55 años de edad, es decir, que en esta última fecha cumplió los requisitos previstos en la convención colectiva de trabajo para adquirir la pensión de jubilación.

 

6.                 Explicó que el 15 de octubre de 1999 la CHEC S.A. lo desvinculó laboralmente, con justa causa, pero la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales declaró ineficaz el despido y ordenó su reintegro, junto con el pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir sin solución de continuidad[4].

 

7.                 Adujo que le solicitó a la CHEC S.A. el reconocimiento y pago de su pensión de jubilación convencional a partir del 22 de febrero de 2020; no obstante, la empresa lo negó al considerar que en la convención “brilla por su ausencia mención indicativa que el derecho a la pensión de jubilación convencional podía causarse con el cumplimiento de la edad, posterior a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005”[5].

 

8.                 Sostuvo que en atención a lo anterior, promovió proceso ordinario laboral contra la CHEC S.A., trámite que le correspondió al Juzgado 002 Laboral del Circuito de Manizales. En sentencia de 30 de agosto de 2023, el mencionado despacho declaró probada la excepción de “cobro de lo no debido” y, en consecuencia, absolvió a la demandada de las pretensiones elevadas en su contra. Como fundamento de su decisión, el despacho indicó que para acceder a la prestación los requisitos de tiempo de servicios y edad debían acreditarse antes del 31 de julio de 2010; no obstante, el demandante cumplió los 55 años de edad en el año 2020, es decir, con posterioridad a la mencionada calenda. [6]

 

9.                 El demandante apeló la anterior determinación, para lo cual refirió que la norma convencional tenía varias interpretaciones y, por ello, el juzgado debió aplicar el principio de favorabilidad, para luego concluir que el requisito de tiempo de servicio era de causación y el de edad de exigibilidad del derecho.

 

10.             En fallo de 12 de diciembre de 2023, La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales confirmó la decisión de primer grado, tras considerar que para ser beneficiario de la pensión de jubilación convencional, el demandante debió cumplir los requisitos de tiempo de servicios y edad antes del límite previsto en el Acto Legislativo 01 de 2005, esto es, 31 de julio de 2010, pues la edad era un requisito de causación y no de exigibilidad[7].

 

11.            Inconforme con lo anterior, presentó recurso extraordinario de casación. Invocó la causal 1 de casación y a través de dos cargos encausados por la vía indirecta solicitó que se casara la sentencia del Tribunal, con fundamento en que el fallador de segundo grado erró al apreciar, entre otras, las convenciones colectivas de trabajo de las que se desprende que la edad es un requisito de exigibilidad y no de causación, tal como lo precisó la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia[8].

 

12.            Mediante sentencia CSJ SL2929-2024 de 15 de octubre de 2024, la Sala de Descongestión n° 2 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia casó la decisión del Tribunal de conocimiento. Consideró que, de conformidad con lo previsto en la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia[9], de la lectura de la norma convencional se extrae que la pensión de jubilación se reconocería a los trabajadores que estuvieran vinculados con la demandada al 31 de diciembre de 1987 y que cumplieran 20 años de servicio, supeditando su pago a los 55 años de edad, es decir, que este último requisito era de exigibilidad y no de causación.[10]

 

13.             En la misma sentencia, para mejor proveer, la Sala de Descongestión n° 2 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia requirió a la CHEC S.A. para que le remitiera información relacionada con la vinculación laboral del demandante. Así mismo, solicitó a Colpensiones que certificara si le ha reconocido la pensión de vejez al actor y, de ser así, las características de reconocimiento y pago de la prestación.[11]

 

14.             Posteriormente, al emitir el fallo en sede de instancia, la Sala de Descongestión n° 2 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en providencia CSJ SL1164-2025 confirmó la determinación absolutoria que el Juzgado 002 Laboral del Circuito de Manizales emitió el 30 de agosto de 2023. Para el efecto, precisó que de conformidad con la certificación de tiempos de servicio allegada por la empresa CHEC S.A., el actor cumplió los 20 años de servicio exigidos para el beneficio convencional el 5 de enero de 2017, es decir, que su derecho se regía por la Convención Colectiva 2013-2017 que fue suscrita el 9 de enero de 2015, esto es, con posterioridad al Acto Legislativo 01 de 2005. En conclusión, el mencionado acuerdo convencional contravino la prohibición contemplada en la reforma constitucional y, por ello, no podía reconocerse la prestación solicitada[12].

 

15.            Aseguró que la anterior decisión no cuenta con fundamento constitucional, jurisprudencial ni jurídico y desconoce la “doctrina probable”[13] definida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

 

16.            Para fundamentar sus reproches, refirió que el artículo 53 de la Constitución prevé el principio de favorabilidad y la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia han precisado su alcance. Además, mencionó, entre otras, las sentencias CSJ SL676-2024, SL1181-2024, SL1718-2024, en las cuales la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia indicó que en casos análogos de pensiones de jubilación convencional a cargo de la CHEC S.A., la edad constituye un requisito de exigibilidad y no de causación del derecho, como sí lo es el tiempo de servicio[14].

 

17.            Pretensiones de la acción de tutela. En atención a lo anterior, el accionante solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la seguridad social, al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la igualdad, a la tercera edad, al mínimo vital y a la vida digna. En consecuencia, pidió que se deje sin efecto la sentencia CSJ SL1164-2025 emitida por la Sala de Descongestión n° 2 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y, en su lugar, se ordene a la CHEC S.A. reconocer la pensión de jubilación contemplada en el artículo 41 de la Convención Colectiva de Trabajo 2013-2017[15].

 

18.            Igualmente, requirió que se le ordene a la empresa reconocer y pagar: (i) las mesadas causadas y no prescritas de la pensión de jubilación convencional desde el momento en que cumplió ambos requisitos, (ii) la prima de jubilación conforme a lo establecido en la Convención Colectiva 2013-2017 y (iii) los beneficios convencionales a los que tiene derecho por la consecución de la pensión convencional reclamada.

 

2. Trámite procesal

 

19.            Por Auto de 4 de septiembre de 2025[16], la Sala de Decisión de Tutelas n° 3 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia avocó el conocimiento de la acción de tutela, corrió traslado a la Sala de Casación Laboral de la misma corporación y vinculó a todas las partes e intervinientes en el proceso ordinario laboral con radicado n° 17001-31-05-002-2021-00174-00.

 

20.            En providencia de 16 de septiembre de 2025, la mencionada autoridad ordenó acumular al expediente de tutela n° 11001-02-04-000-2025-02218-00 el proceso n° 11001-02-05-000-2025-01935-00, al determinar que se trataba de la misma tutela.

 

3. Contestaciones

 

21.            Dentro del término establecido en el Auto de 22 de mayo de 2026 contestaron la acción de tutela las siguientes partes e intervinientes, tal como se relaciona en el cuadro a continuación:

 

Tabla 1. Respuestas a la acción de tutela.

 

4. Sentencia objeto de revisión

 

22.            Mediante fallo de 18 de septiembre de 2025, la Sala de Decisión de Tutelas n° 3 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia negó las pretensiones elevadas por el accionante. Consideró que la autoridad accionada no incurrió en un defecto sustantivo, pues el actor no cumplió los 20 años de servicios antes del 31 de julio de 2010, fecha límite fijada por el Acto Legislativo 01 de 2005. Igualmente, precisó que cuando satisfizo los requisitos para acceder a la pensión de jubilación convencional estaba vigente la Convención Colectiva 2013-2017, la cual se suscribió con posterioridad a la reforma constitucional que prohibió pactar beneficios diferentes a los contemplados en el Sistema General de Pensiones.[21] La anterior decisión no se impugnó.

 

5. Actuaciones en sede de revisión[22]

 

23.            Por Auto de 27 de marzo de 2026, notificado el 17 de abril de la misma anualidad, la Sala de Selección de Tutelas Número Tres de 2026 escogió este expediente para que surtiera trámite de revisión y, posteriormente, se remitió al despacho del magistrado Carlos Camargo Assis[23].

 

24.            Mediante Auto de 22 de mayo de 2026, el magistrado sustanciador consideró necesario decretar pruebas para disponer de mayores elementos de juicio que le permitieran adoptar una decisión definitiva. En efecto, se solicitó a las salas de Casación Penal y Laboral que remitieran el link de los expedientes de la acción de tutela y del proceso ordinario laboral, respectivamente. También se requirió a la CHEC S.A. que enviara copia de la totalidad de las convenciones colectivas de trabajo suscritas por la empresa y el sindicato e informara sobre las vinculaciones laborales del actor, sus extremos temporales, los despidos y los reintegros si los hay. Finalmente, se le pidió al accionante que narrara en detalle su afirmación elevada en el escrito de tutela relativa al despido y reintegro de la empresa.

 

6. Respuestas recibidas en sede de revisión

 

Tabla 2. Respuestas recibidas en sede de revisión.

 

II.               CONSIDERACIONES

 

1.                 Competencia

 

25.            De conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala es competente para revisar el presente asunto.

 

2.                 Delimitación del problema jurídico y metodología de la decisión

 

26.            La presente acción de tutela se dirige contra la sentencia proferida por la Sala de Descongestión n° 2 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sede de instancia, dentro de un proceso ordinario laboral promovido por Hernán Alvarán Tovar contra la empresa Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. En dicha providencia, la Sala de Descongestión n° 2 de la Sala de Casación Laboral confirmó la decisión del Juzgado 002 Laboral del Circuito de Manizales, que absolvió a la demandada del reconocimiento y pago de la pensión de jubilación convencional solicitada por el accionante.

 

27.            El apoderado judicial de Hernán Alvarán Tovar consideró que la decisión cuestionada vulneró los derechos fundamentales de su representado a la seguridad social, al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la igualdad, a la tercera edad, al mínimo vital y a la vida digna, al carecer de “fundamento constitucional, jurisprudencial y jurídico, además de que se aleja de la doctrina probable definida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia”[28].

 

28.            Al respecto, conviene aclarar que en virtud del principio “el juez conoce el derecho” (iura novit curia) el estudio del caso se abordará a partir de la presunta vulneración de los derechos al debido proceso y a la seguridad social, pues la Sala no encuentra razones para considerar que la actuación de la Sala de Descongestión n° 2 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia conlleve al desconocimiento de los demás derechos invocados, esto es, seguridad jurídica, igualdad, tercera edad, mínimo vital y vida digna.

 

29.            Así las cosas, una vez analizadas y superadas las condiciones generales de procedibilidad de la acción de tutela, dado que el apoderado judicial del señor Hernán Alvarán Tovar indicó que la sentencia censurada no cuenta con fundamento constitucional, jurisprudencial ni jurídico, desconoce el precedente la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y contraría los artículos 13 y 53 de la Constitución Política, que consagran los principios de igualdad y favorabilidad laboral, la Sala Segunda de Revisión analizará las causales específicas de: (i) defecto por desconocimiento del precedente y (ii) violación directa de la Constitución. Adicionalmente, como se estudiará más adelante, esta Sala de Revisión advierte que la Sala de Descongestión n° 2 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia pudo incurrir en un error inducido; por tanto, se analizará también esta causal.

 

30.            Por otra parte, para una mejor comprensión del asunto bajo estudio, la Sala se referirá a la jurisprudencia referente a (i) la naturaleza jurídica de las convenciones colectivas de trabajo, (ii) la aplicación del principio de favorabilidad e in dubio pro operario en las pensiones convencionales, (iii) los alcances del Acto Legislativo 01 de 2005 frente a los pactos y convenciones colectivas de trabajo y (iv) la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral sobre el alcance de la pensión de jubilación contenida en las convenciones colectivas de trabajo suscritas entre la empresa CHEC S.A. y SINTRAELECOL.

 

31.            En ese contexto, el problema jurídico que corresponde resolver a la Sala es el siguiente:

 

32.            ¿La Sala de Descongestión n° 2 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia vulneró los derechos fundamentales del actor a la seguridad social y al debido proceso al negar el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación convencional, con fundamento en que cumplió los 20 años de servicio en la empresa el 5 de enero de 2017, esto es, con posterioridad al plazo otorgado en el Acto Legislativo 01 de 2005?

 

33.            Para resolver el problema jurídico planteado, la Corte seguirá el siguiente orden metodológico: (i) reiterará la jurisprudencia sobre procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, los requisitos generales y la caracterización de los defectos: desconocimiento del precedente, violación directa de la Constitución y error inducido y (ii) abordará el estudio del caso concreto. En el evento en que se estime superado el examen de procedencia, se analizará si la autoridad accionada incurrió en los defectos que se le imputan.

 

3.                 La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia[29]

 

34.            La jurisprudencia constitucional ha sostenido que la acción de tutela procede contra los actos y las decisiones expedidas en ejercicio de la función jurisdiccional[30]. Lo anterior, como resultado de una interpretación sistemática de la Constitución y varios instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos[31], los cuales establecen que: “toda persona podrá hacer uso de mecanismos judiciales ágiles y efectivos que los ampare contra la amenaza o violación de los derechos fundamentales, aun si esta se causa por quienes actúan en ejercicio de funciones oficiales”[32].

 

35.            A partir de la Sentencia C-543 de 1992, este Tribunal admitió la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales en relación con actuaciones de hecho y omisiones injustificadas de los funcionarios judiciales que impliquen una grave vulneración a los derechos fundamentales. Posteriormente, la Corte desarrolló una sólida línea jurisprudencial concerniente a las vías de hecho para abordar el estudio de casos respecto de los cuales se aduce arbitrariedad por parte de los jueces [33].

 

36.            En virtud de la Sentencia C-590 de 2005 la Corte redefinió la expresión vía de hecho e introdujo las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Estos presupuestos fueron distinguidos en dos categorías: requisitos generales de procedencia con naturaleza procesal[34] y causales específicas de procedibilidad[35].

 

4. Criterios generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales[36]

 

37.            Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales “constituyen restricciones de índole procedimental o parámetros imprescindibles para que el juez de tutela aborde el análisis de fondo”[37].

 

38.            La jurisprudencia constitucional ha fijado siete exigencias básicas. Primero, que se demuestre la legitimación por activa y por pasiva. Segundo, que la cuestión planteada sea de relevancia constitucional, de modo que el juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada

importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que corresponde

definir a otras jurisdicciones. Tercero, que la persona afectada haya agotado los

medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial idóneos y efectivos, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. Cuarto, que se acredite el requisito de inmediatez. Quinto, que, cuando se trate de una irregularidad procesal, esta tenga la potencialidad de causar un efecto decisivo o determinante en la decisión que se impugna y que afecte los derechos fundamentales de la parte actora. Sexto, que la parte actora identifique de manera razonable los hechos que generaron la afectación, los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal lesión en el proceso judicial (siempre que esto hubiere sido posible). Séptimo, que no se cuestione una sentencia de tutela, de control abstracto de constitucionalidad o una sentencia del Consejo de Estado de nulidad por inconstitucionalidad[38], así como tampoco sentencias interpretativas proferidas por la Sección de Apelaciones del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz[39].

 

5. Causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

 

39.            La jurisprudencia constitucional ha definido los requisitos específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales cuando se trata de “yerros judiciales que se advierten en la decisión judicial y tornan inexorable la intervención del juez de tutela”[40]. Las causales específicas de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales son: (i) defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente y (viii) violación directa de la Constitución.

 

40.            Como quiera que el apoderado judicial del accionante alegó que la Sala de Descongestión n° 2 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia incurrió en los defectos de desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución, esta Sala analizará dichas causales específicas.

 

41.            Adicionalmente, esta Sala de Revisión advierte que la autoridad accionada pudo incurrir en un error inducido. Si bien, el accionante no alegó esta causal de procedencia, lo cierto es que es posible pronunciarse frente a ella por las siguientes razones: (i) las facultades ultra y extra petita con las que cuenta el juez de tutela para ampliar el objeto de estudio de la acción[41]; (ii) en virtud del principio iura novit curia “corresponde al juez la aplicación del derecho con prescindencia del invocado por las partes, constituyendo tal prerrogativa, un deber para el juzgador, a quien incumbe la determinación correcta del derecho,, debiendo discernir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente, la realidad del hecho y subsumiéndolo en las normas jurídicas que lo rigen”[42] y (iii) en anteriores oportunidades esta Corte ha incluido la valoración de defectos no formulados por las partes, entre otras, en las Sentencias SU-484 de 2024 y SU-273 de 2022.

 

42.            Así las cosas, esta Corporación no solo analizará los defectos alegados por el accionante -desconocimiento del precedente y violación directa de la constitución-, sino que, con base en las facultades ultra y extra petita, y el principio iura novit curia, también estudiará la existencia de un error inducido.

 

6. Defecto por desconocimiento del precedente judicial[43]

 

43.            La Corte Constitucional ha definido como precedente la sentencia o conjunto de sentencias, anteriores al caso objeto de estudio que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades al momento de fallar[44].

 

44.            El precedente judicial cumple unos fines específicos: (a) concreta el principio de igualdad en la aplicación de las leyes; (b) constituye una exigencia del principio de confianza legítima, que prohíbe al Estado sorprender a los ciudadanos con actuaciones imprevisibles; (c) garantiza el carácter normativo de la Constitución y la efectividad de los derechos fundamentales, así como la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico; (d) asegura la coherencia y seguridad jurídica; e) protege las libertades ciudadanas y (f) materializa en la actividad judicial el cumplimiento de condiciones mínimas de racionalidad y universalidad[45].

 

45.            La jurisprudencia constitucional también ha reconocido que el defecto por desconocimiento del precedente puede configurarse cuando no se aplica el precedente vertical u horizontal[46] que se halla en la ratio decidendi de las sentencias previas[47], sin ofrecer una razón suficiente para apartarse[48].

 

46.            Así, la vinculación al precedente implica que el juez que considere pertinente apartarse de algún criterio jurídico adoptado con anterioridad, debe motivar claramente su decisión y exponer las razones que justifican su postura.

 

47.            De ahí que en este evento sea necesario cumplir con dos exigencias[49]: (i) la de transparencia, esto es, el reconocimiento expreso del precedente que se pretende modificar o desconocer y (ii) la de suficiencia, que implica que deben exponerse de manera precisa y razonada los motivos por los cuales se considera que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior jerarquía, por lo que es insuficiente señalar los argumentos que sean contrarios a la posición de la que se aparta[50]. Lo anterior significa que el respeto por el precedente no impide su abandono justificado, esto es, con transparencia y suficiencia.

 

48.            Ahora bien, la Corte Constitucional ha distinguido entre precedentes horizontales y verticales para precisar que los primeros corresponden a las decisiones judiciales proferidas por autoridades del mismo nivel jerárquico o el mismo funcionario, mientras que el precedente vertical se refiere a las providencias judiciales expedidas por el superior funcional jerárquico o por el órgano de cierre encargado de unificar la jurisprudencia en su jurisdicción. La utilidad de esta diferenciación radica en que los jueces de inferior jerarquía están llamados a aplicar las reglas jurisprudenciales contenidas en los precedentes establecidos por los Tribunales y jueces superiores sin que, en principio, puedan modificarlos, mientras que los Tribunales y la Cortes conservan la facultad de revisar y revocar sus propios precedentes. Solo así se logran las condiciones para garantizar la unificación de la jurisprudencia y la coherencia del sistema jurídico en todas las jurisdicciones[51].

 

49.            Esta causal de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales exige que las sentencias previas sean pertinentes -precedente en sentido estricto- para dar solución al caso concreto que se pone en conocimiento del operador judicial. Es decir, que la sentencia o conjunto de sentencias citadas hayan resuelto un problema jurídico similar al del caso bajo análisis y en los cuales se haya aplicado una regla de derecho pertinente para resolver el caso que se estudia. Así, no cualquier regla contenida en una sentencia que trate temas o materias similares -precedente en sentido amplio- tiene que aplicarse porque pueden también intervenir otros elementos fácticos o jurídicos adicionales que la hagan inaplicable al nuevo caso, sin que ello implique apartarse del precedente.

 

50.            En consecuencia, para que se configure este defecto se requiere que cuando el precedente esté contenido en una sentencia que no sea de control abstracto de constitucionalidad o legalidad, los hechos relevantes del caso en cuestión sean similares a los del precedente que en sentido estricto resulta pertinente, y sean fallados en forma disímil sin exponer las razones jurídicas que justifiquen dicho cambio.

 

7. Defecto por violación directa de la Constitución[52]

 

51.            El fundamento de esta causal es el modelo actual del ordenamiento constitucional, puesto que los preceptos contenidos en la Carta de 1991 tienen valor normativo, de manera que pueden ser aplicados directamente por las autoridades y los particulares en algunos casos. En ese sentido, es posible controvertir las decisiones judiciales por medio de la acción de tutela en los eventos en los que los jueces omiten o no aplican debidamente los principios superiores[53].

 

52.            El desconocimiento de la Constitución puede producirse por diferentes hipótesis[54]. Dicha causal específica puede ocurrir, en primer lugar, porque el juez no aplica una norma fundamental al caso en estudio[55] y, en segundo lugar, porque se interpreta la ley al margen de los preceptos previstos en la Constitución[56].

 

53.            En suma, la causal de violación directa de la Constitución se genera a partir del desconocimiento de los jueces de aplicar el Estatuto Superior de los derechos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4º Superior.

 

8. Error inducido[57]

 

54.                La Corte ha reiterado que se configura el defecto por error inducido cuando “la autoridad judicial fue objeto de engaños por parte de terceros, que la condujeron a adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales”[58].

 

55.            En este sentido, la jurisprudencia ha explicado que: “[e]l error inducido acaece cuando una providencia judicial en apariencia no tiene defectos endógenos, pues fue adoptada con respeto al principio del debido proceso, con base en los elementos probatorios que obran en el expediente y con fundamento en una interpretación razonable de la ley, sin embargo, presenta vicios exógenos, ya que si bien fue proferida bajo la determinación o influencia de aspectos correctamente aportados al proceso, estos fueron irregulares o equivocados. Luego la sentencia se fundamenta en elementos adecuadamente aportados al proceso, pero con información falsa, equivocada o imprecisa, que ocasiona la vulneración de derechos fundamentales. […] De esta manera, la Corte en la sentencia SU-014 de 2001, expresó que la ocurrencia de esta causal exige la acreditación de al menos dos presupuestos: i) que la decisión judicial se fundamente en la apreciación de hechos o situaciones jurídicas, en cuya determinación se hayan violado derechos fundamentales por la actuación irregular de terceros; y ii) que tenga como consecuencia un perjuicio ius fundamental”[59]

 

9. Naturaleza jurídica de las convenciones colectivas de trabajo[60].

 

56.             Como lo recordó la Corte Constitucional en las sentencias SU-113 de 2018 y SU-267 de 2019, la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha entendido que las convenciones colectivas de trabajo son un medio probatorio, pues, en su criterio, “son normas de alcance particular y carecen de la aplicación nacional propia de las leyes del trabajo. Así mismo, ha destacado que el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo les otorga un carácter solemne, de manera que, deben ser aportadas como pruebas en todo proceso ordinario laboral, adjuntando copia auténtica y la respectiva acta de depósito ante la autoridad administrativa del trabajo”[61].

 

57.            Específicamente, esta corporación en la sentencia SU-267 de 2019 resaltó que la referida postura de la Corte Suprema de Justicia se refleja, en sede de casación, en la medida en que la Sala de Casación Laboral “sólo admite ventilar conflictos interpretativos sobre convenciones colectivas por la vía indirecta”, al considerar que se trata de un “dilema sobre una situación fáctica y no jurídica”[62].

 

58.            Contrario a lo anterior, la jurisprudencia constitucional sostiene que “no se puede desconocer el valor normativo de las convenciones colectivas, así se aporte a un proceso judicial en calidad de prueba”. Específicamente, en la sentencia SU-241 de 2015, esta corporación señaló que el deber de interpretación es “un mandato constitucional para todos los operadores jurídicos, y más aún para la autoridad judicial (artículos 228 y 55 de la Constitución Política), las cuales una vez establecido el texto de la convención colectiva, deben interpretarla como norma jurídica, y no simplemente como una prueba, máxime si de aquella se derivan derechos y obligaciones para los particulares”[63].

 

59.            Para la Corte Constitucional, la tesis explicada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia desconoce los postulados de la Constitución, pues “si bien la convención colectiva se aporta al proceso como una prueba, es una norma jurídica”[64] y su análisis debe efectuarse “de conformidad con los valores, principios y derechos fundamentales señalados en la Carta Política”[65].

 

60.            En conclusión, la jurisprudencia de esta corporación sostiene que aun cuando una convención colectiva se aporte a un proceso como prueba, debe dársele el valor de norma jurídica y, por tanto, su interpretación deberá efectuarse acorde a los principios de la Constitución Política.

 

10. La aplicación del principio de favorabilidad e in dubio pro operario en las pensión convencionales[66]

 

61.             El artículo 53 de la Constitución[67]  instituyó los principios de favorabilidad[68] e in dubio pro operario[69], en virtud de los cuales les corresponde a las autoridades públicas, los jueces y los particulares que en caso de duda frente a la aplicación o interpretación de una norma prefieran aquella que resulte más benévola para el trabajador[70].

 

62.            Para distinguir estos dos principios debe tenerse en cuenta que se trata de favorabilidad cuando hay varios enunciados normativos que regulan una misma situación jurídica e in dubio pro operario cuando un mismo texto legal admite distintas interpretaciones. En ambos casos el operador jurídico debe optar por aquella que sea más favorable[71] para el trabajador. En la Sentencia SU-273 de 2022 la Corte señaló que “no cualquier duda habilita al juez para escoger una norma o interpretación determinada. La duda debe ser seria y objetiva, derivada de la solidez jurídica de las posturas encontradas. Además, la duda debe ser respecto de un aspecto normativo y no fáctico[72]. Asimismo, deben concurrir las interpretaciones en juego en un caso concreto, es decir, las normas concurrentes y su hermenéutica deben ser aplicables a los mismos supuestos de hecho[73]”[74].

 

63.            En atención a lo anterior, este tribunal ha sostenido que la duda que da lugar a la aplicación de los principios de favorabilidad e in dubio pro operario, debe estar revestida de seriedad y objetividad, “pues no sería dable que ante una posición jurídicamente débil deba ceder la más sólida bajo el argumento que la primera es la más favorable al trabajador”[75]. En tal sentido, se han identificado tres criterios que permiten identificar una interpretación razonable y objetiva[76]: “(i) una fundamentación jurídica que no incurra en errores o contradiga las reglas básicas del sistema, (ii) criterios judiciales o administrativos reiterados; y (iii) la corrección y suficiencia de la argumentación”[77]. Además de la razonabilidad descrita, las interpretaciones deben ser concurrentes al caso concreto, pues “no sería admisible hablar de dos interpretaciones divergentes cuando se pueda establecer que las mismas no son aplicables a un mismo supuesto de hecho o que no consulten los límites fácticos de los casos por resolver”[78].

 

64.            En particular, sobre el alcance del principio in dubio pro operario en materia de interpretación de normas convencionales, en la Sentencia SU-1185 de 2001 esta corporación sostuvo que “ante las posibles dudas que pueden surgir sobre el sentido y alcance de una norma convencional, y frente a las diversas interpretaciones que de la misma se formulen, es deber del juez priorizar aquella que interprete en mejor medida los derechos laborales”[79]. En igual sentido, lo advirtió la SU-241 de 2015 al decir que “si a juicio del fallador la norma –y esto incluye a las convenciones colectivas- presenta dos alternativas posibles de interpretación, el juez debe inclinarse por la más favorable al trabajador, en aplicación del principio de favorabilidad, consagrado en el artículo 53 C. P. y del derecho fundamental al debido proceso”[80].

 

65.            En suma, los jueces tienen el deber de aplicar los principios de favorabilidad e in dubio pro operario en la interpretación de normas -incluyendo las convenciones colectivas de trabajo- como una forma de garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores[81].

 

66.            En atención a lo expuesto, la Corte reitera la línea jurisprudencial en materia de interpretación de las cláusulas convencionales a la luz del principio in dubio pro operario, así:

 

“(i)               las autoridades administrativas, los jueces de la República y los particulares se encuentran vinculados por las disposiciones normativas del artículo 53 de la Constitución y demás instrumentos internacionales aplicables. Por consiguiente, los asuntos puestos a su consideración deben ser estudiados y resueltos desde un enfoque que garantice la materialización de tales instrumentos.

 

(ii)                      las convenciones colectivas constituyen una fuente normativa y, por lo tanto, son susceptibles de interpretación por parte de las autoridades administrativas, los jueces y los particulares. Esto significa que deben ser interpretadas, como - se dijo, a la luz de los postulados constitucionales.

 

(iii)                   cuando una regla establecida en la convención colectiva, admita distintas interpretaciones se debe privilegiar aquella que resulte más favorable al trabajador, máxime cuando se encuentra en discusión el reconocimiento de un derecho pensional”[82].

 

11. Los alcances del Acto Legislativo 01 de 2005 frente a los pactos y convenciones colectivas de trabajo[83]

 

67.            De los incisos 1, 7, el parágrafo 2 y el parágrafo transitorio 3 del Acto Legislativo 01 de 2005, se extrae que en armonía con los propósitos generales de la reforma, el artículo 48 Superior, tal como fue modificado por el Acto Legislativo en mención, establece, como regla general, que a partir de su entrada en vigencia no existirán más regímenes especiales ni exceptuados. Esto “sin perjuicio del aplicable a la fuerza pública, al Presidente de la República y a lo establecido en los parágrafos del presente artículo”.

 

68.            Ahora bien, el parágrafo transitorio 3 protege tanto los derechos adquiridos como las expectativas legítimas de acceso a la pensión de jubilación contenida en los pactos o convenciones colectivas existentes antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo y señala que seguirán rigiendo hasta el término inicialmente pactado en la respectiva convención o pacto colectivo. 

 

69.            De otra parte, dicho parágrafo transitorio crea una norma de transición para las reglas de carácter pensional contenidas en los pactos o convenciones colectivas que se suscriban entre el 29 de julio de 2005 (entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005) hasta el 31 de julio de 2010, según la cual en ellas no podrán consagrarse reglas pensionales que resulten más favorables a las que se encontraban vigentes a esa fecha, resaltando, de manera inequívoca, que las mismas perderán su vigor el 31 de julio de 2010, de manera que, después de esa fecha, sólo regirán las normas contenidas en las leyes del Sistema General de Pensiones.

 

70.            Aquí, es necesario aclarar que dentro de este período de transición es posible que se presenten prórrogas automáticas de las convenciones o pactos que se encontraban vigentes al 29 de julio de 2005, las cuales conservarán los beneficios pensionales que venían rigiendo con el fin de proteger igualmente, las expectativas y la confianza legítimas de quienes gozaban de tales prerrogativas. No obstante, dichas prórrogas no podrán extenderse más allá del 31 de julio de 2010, con independencia de la fecha en la que, sin este imperativo constitucional, hubieran expirado. Lo anterior, por cuanto el parágrafo consagra de manera indiscutible que todas las pensiones extralegales finalizan el 31 de julio de 2010.

 

71.            Del análisis de los mandatos constitucionales descritos, es posible concluir que después del 31 de julio de 2010 ya no podrán aplicarse ni disponerse reglas pensionales en los pactos y convenciones colectivas, salvo que los existentes antes de la entrada vigencia del Acto Legislativo estipularan como término inicial, una fecha posterior. Lo anterior, sin perjuicio de lo consagrado para el régimen de transición de las pensiones legales, en el parágrafo transitorio 4º del Acto Legislativo.

 

12. La jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral sobre el alcance de la pensión de jubilación contenida en las convención colectiva de trabajo suscritas entre la empresa CHEC S.A. y SINTRAELECOL.

 

72.            En Sentencia CSJ SL676 de 2024[84], la Sala Laboral tuvo la oportunidad de interpretar el artículo 40 de la Convención colectiva de Trabajo 2000-20001. Al respecto precisó:

 

De su lectura, se entiende que las partes, en el primer inciso, acordaron que la pensión de jubilación se concedería a los trabajadores cuando cumplieran 55 años, siempre que hubieran estado vinculados en la Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. antes del 31 de diciembre de 1987 y llevaran prestando sus servicios por al menos veinte años.

 

Este alcance, en el que la edad es un requisito de exigibilidad y no de causación del derecho pensional, se reafirma en el inciso tercero de la misma norma, el cual consagra una prima para todos aquellos que se hubieren jubilado en la accionada «después de veinte años de trabajo continuos o discontinuos, cumplidos en su totalidad al servicio exclusivo de la CHEC S.A. E.S.P.».

 

Nótese como en ambos acápites se da prevalencia a la calidad de trabajador de la Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. y a su tiempo de permanencia en la entidad, siendo la edad un supuesto necesario para el pago, tal como adecuadamente el censor lo sugiere.

 

73.            En esa medida, para la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la pensión de jubilación convencional consagrada en la Convención Colectiva de trabajo 2000-20001 suscritas entre la CHEC S.A. y Sintraelecol que, como se analizará más adelante, corresponde a la idéntica transcripción del derecho estipulado en las convenciones pactadas para los periodos 1988-1989, 1990-1991, 1992-1993, 1994-1995, 1996-1997, 1998-1999, 2002-2003, 2005-2012, 2013-2017, 2018-2021, 2022-2025 y 2026-2029, contempla el tiempo de servicios (20 años) como requisito de causación y la edad (55 años) como presupuesto de exigibilidad.

 

13. Caso concreto

 

74.            A continuación, la Sala realizará un estudio del caso en particular con la finalidad de establecer si existió la vulneración de los derechos fundamentales, tal y como el accionante lo reclamó en el escrito de demanda.

 

75.            En ese contexto, vale recordar que el señor Hernán Alvarán Tovar nació el 22 de febrero de 1965, desde el 25 de marzo de 1987 laboró en la CHEC S.A. y es beneficiario de las convenciones colectivas de trabajo suscritas entre la empresa y Sintraelecol. En dichos acuerdos reiteradamente se ha reconocido la pensión de jubilación para los trabajadores que se encuentren laborando en la entidad al 31 de diciembre de 1987 y que hayan prestado sus servicios durante 20 años, al cumplir 55 años de edad.

 

76.            El actor solicitó el reconocimiento y pago de su pensión; no obstante, la CHEC S.A. la negó. Ante tal situación, adelantó proceso ordinario laboral el cual culminó con la Sentencia CSJ SL1164-2025 emitida por la Sala de Descongestión n° 2 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la que también se desestimaron sus pretensiones. Inconforme con lo anterior, el accionante presentó acción de tutela y el fallador constitucional de primera instancia, esto es, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, no tuteló sus derechos fundamentales.

 

9.1. Análisis de los requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela

 

Tabla 3. Requisitos de procedencia de la acción de tutela.

 

77.            Con fundamento en lo anterior, la Sala de Revisión estima que, en el presente caso, se encuentran acreditados los requisitos generales de las acciones de tutela contra providencias judiciales. Por consiguiente, la Corte determinará si se configuraron los defectos específicos mencionados en líneas anteriores.

 

9.2. Examen de los requisitos específicos de procedibilidad -defectos- en la acción de tutela

 

9.2.1. Desconocimiento del precedente judicial

 

78.            Al analizar la decisión censurada, la Sala de Revisión evidencia que, a diferencia de lo afirmado por el apoderado del demandante, la Sala de Descongestión n° 2 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia no desconoció el precedente de la Sala de Casación Laboral de la misma corporación[92], como se indica a continuación.

 

79.            En reiteradas decisiones[93], la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha precisado el alcance del artículo 51 de la Convención Colectiva de Trabajo 1988-1989 suscrita entre la CHEC S.A. y Sintraelecol. Al respecto, la mencionada autoridad puntualizó que en esa disposición las partes acordaron que la pensión de jubilación se concedería a los trabajadores que estuvieran vinculados a la empresa antes del 31 de diciembre de 1987 y cumplieran 20 años de servicio en la CHEC S.A., al cumplir los 55 años de edad. De acuerdo con lo anterior, los dos primeros requisitos son necesarios para la causación del derecho, mientras que el último -edad- solo es un requerimiento para exigir la prestación y no para causarla.

 

80.            Así, lo indicó la propia Sala de Casación Laboral en la Sentencia CSJ SL676-2024, reiterada, entre otras, en CSJ SL3470-2024, SL1181-2024:

 

“De su lectura, se entiende que las partes, en el primer inciso, acordaron que la pensión de jubilación se concedería a los trabajadores cuando cumplieran 55 años, siempre que hubieran estado vinculados en la Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. antes del 31 de diciembre de 1987 y llevaran prestando sus servicios por al menos veinte años.

 

Este alcance, en el que la edad es un requisito de exigibilidad y no de causación del derecho pensional, se reafirma en el inciso tercero de la misma norma, el cual consagra una prima para todos aquellos que se hubieren jubilado en la accionada «después de veinte años de trabajo continuos o discontinuos, cumplidos en su totalidad al servicio exclusivo de la CHEC S.A. E.S.P.».

 

Nótese como en ambos acápites se da prevalencia a la calidad de trabajador de la Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. y a su tiempo de permanencia en la entidad, siendo la edad un supuesto necesario para el pago, tal como adecuadamente el censor lo sugiere.

 

No obstante, se debe puntualizar sobre el segundo inciso de la cláusula, el cual propone «en caso de que la legislación laboral varíe los requisitos necesarios para adquirir este derecho, aumentándolos, la empresa aplicará las nuevas disposiciones legales, para los trabajadores que ingresen a ella a partir del primero (1º) de enero de 1988», que este acoge la edad como requisito de causación de la pensión de jubilación -al igual que las de naturaleza legal-, solamente para el caso de los trabajadores que ingresaron a trabajar a partir del 1. º de enero de 1988, pues sobre aquellos que empezaron antes de esa data, continúa aplicando el criterio de los incisos primero y tercero, es decir, el tiempo de servicio”.

 

81.            Ahora bien, revisada la decisión de la Sala de Descongestión n° 2 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, se evidencia que al resolver el recurso extraordinario de casación presentado por el apoderado del señor Hernán Alvarán Tovar, la mencionada autoridad emitió la Sentencia CSJ SL2929-2024 en la que dejó sin efectos el fallo de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, a través del cual dicha autoridad desestimó la pensión de jubilación del actor, al considerar que los requisitos de tiempo de servicio y edad debían cumplirse para causar la prestación. En sustento de su decisión, la Sala de Descongestión n° 2 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia se pronunció en los siguientes términos:

 

“Ahora bien, al analizar esa disposición se advierte que los contratantes en el primer inciso previeron que la pensión de jubilación se reconocería a los trabajadores que estuvieran vinculados con la demandada al 31 de diciembre de 1987 y reunieran un tiempo de servicios de 20 años continuos o discontinuos, supeditando su pago a los 55 de edad, significando que este último es un requisito de exigibilidad y no de causación”.

 

82.            Al realizar la consideración transcrita, invocó apartes de la Sentencia CSJ SL676-2024, a partir de lo cual advirtió lo siguiente:

 

“Así que en efecto el colegiado incurrió en el yerro adjudicado al interpretar dicha norma convencional, ya que solo era necesario acreditar 20 años de servicios para acceder al derecho solicitado y no, exigir el cumplimiento de la edad como elemento de consolidación para la obtención del beneficio[…]”

 

83.            De lo expuesto, se concluye que la Sala de Descongestión n° 2 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia no incurrió en la causal que el accionante invoca, esto es, el desconocimiento del precedente judicial horizontal, pues contrario a ello, reconoció la existencia del precedente y lo aplicó al caso del accionante, al punto que dejó sin efectos la sentencia del Tribunal, mediante la cual se negó el derecho a la pensión de jubilación convencional con fundamento en que el requisito de edad era de causación del derecho y no de simple exigibilidad como lo indica la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia.

 

9.2.2. Defecto por error inducido

 

84.            No obstante, de la valoración de las pruebas allegadas, esta Sala de Revisión advierte que la Sala de Descongestión n° 2 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia incurrió en un error inducido, como se explica a continuación.

 

85.            Como se indicó en líneas anteriores, en el presente asunto, mediante la sentencia CSJ  SL2929-2024 la Sala de Descongestión n° 2 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia casó la sentencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales. En la misma oportunidad y, para mejor proveer, requirió a la CHEC S.A. para que le remitiera información relacionada con la vinculación laboral del demandante. Así mismo, solicitó a Colpensiones que certificara si le ha reconocido la pensión de vejez y, de ser así, las características de reconocimiento y pagos de la prestación[94].

 

86.             Al emitir el fallo en sede de instancia ordinaria dentro del recurso de casación, la Sala de Descongestión n° 2 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en providencia CSJ SL1164-2025 confirmó la determinación absolutoria que el Juzgado 002 Laboral del Circuito de Manizales emitió el 30 de agosto de 2023, para lo cual argumentó que el señor Hernán Alvarán Tovar cumplió los 20 años de servicios exigidos para causar el beneficio pensional “el 5 de enero de 2017”.

 

87.            La mencionada autoridad arribó a esta conclusión con fundamento en la certificación laboral expedida por la CHEC S.A. Dicha certificación también fue allegada a esta Corte en sede de revisión y en ella la sociedad reportó:

 

“Que el Sr. HERNÁN ALVARÁN TOVAR […] ha laborado para la

Empresa mediante los siguientes contratos de trabajo:

• A Término Indefinido:

Desde el 25 de marzo de 1987 y hasta el 24 de septiembre de 1987.

Desde el 25 de septiembre de 1987 y hasta el 24 de marzo de 1988.

Desde el 25 de marzo de 1988 y hasta el 24 de septiembre de 1988.

Desde el 25 de septiembre de 1988 y hasta el 24 de marzo de 1989.

 

• A Término Indefinido:

Desde el 25 de marzo de 1989 y hasta el 15 de octubre de 1999 en razón a la terminación del Contrato de Trabajo, de forma unilateral por parte del Empleador y con Justa Causa.

Desde el 27 de julio de 2009 y hasta el 29 de junio de 2021 en razón a la terminación del Contrato de Trabajo, de forma unilateral por parte del Empleador y con Justa Causa. (negrilla y resaltado del texto original)”.[95]

 

88.            Por su parte, con ocasión al auto de pruebas emitido por esta Corte, el demandante informó que el 15 de octubre de 1999 fue desvinculado laboralmente de la empresa de forma unilateral. Por tal razón, adelantó un proceso ordinario laboral contra la CHEC S.A., con el fin de  obtener su reintegro, el pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir. En sentencia de 1º de diciembre de 2005, el Juzgado 001 Laboral del Circuito de Manizales absolvió a la demandada de las pretensiones elevadas en su contra. Ambas partes apelaron la anterior decisión y, en fallo de 24 de julio de 2006, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales confirmó los ordinales primero y segundo, revocó los ordinales tercero y quinto, y ordenó el reintegro del demandante. En providencia CSJ SL, 23 de febrero de 2009, radicación 30719, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia no casó la decisión del Tribunal. El accionante indicó que, en cumplimiento de las mencionadas decisiones, en el mes de julio de 2009 fue reintegrado a sus labores[96].

 

89.            Así las cosas, contrastado el certificado de tiempo de servicios expedido por la CHEC S.A., las afirmaciones del accionante y las demás pruebas aportadas, esta Corporación evidencia que el mencionado certificado contiene una imprecisión, pues en él no se indicó el lapso durante el cual el trabajador no estuvo vinculado con la empresa por cuenta del despido declarado ineficaz, esto es, del 16 de octubre de 1999 al 16 de julio de 2009, tiempo que no puede desconocerse en la historia laboral del actor, teniendo en cuenta la orden de reintegro emitida por el Tribunal. En esa medida, y en consideración de ese lapso, se presume que el trabajador laboró al servicio de la CHEC S.A. desde el 25 de marzo de 1987 hasta el 29 de junio de 2021, de manera ininterrumpida, pues no obra prueba en el plenario que demuestre lo contrario.

 

90.            De lo expuesto, se advierte que la decisión de la Sala de Descongestión n° 2 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia fue producto de un error inducido por parte de la CHEC S.A., pues con base en la certificación de tiempo de servicio expedida por esta entidad concluyó que el actor cumplió los 20 años de servicio el 5 de enero de 2017; sin embargo, de las pruebas obrantes en el expediente de tutela, la Sala evidencia que en realidad el accionante cumplió los 20 años de servicio el 25 de marzo de 2007.

 

91.            Para esta Sala tal aspecto es de especial trascendencia, toda vez que la decisión se fundamentó en la apreciación de un hecho (tiempo de servicios del accionante) que fue analizado de manera incorrecta y con base en esa errada apreciación, se le negó el derecho a la pensión de jubilación convencional al actor.

 

92.            En este punto, es importante señalar que si bien al momento de resolver el recurso extraordinario, la  Sala de Descongestión n° 2 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia indicó que “no es objeto de controversia que: i) Hernán Alvarán Tovar trabajó por más de 20 años en la Chec S.A. ESP; ii) cumplió dicha temporalidad de servicio el 25 de marzo de 2007 […]”[97], lo cierto es que este hecho no podía considerarse definitivamente fijado e inmodificable para el estudio de instancia.

 

93.            Lo anterior, toda vez que al casar la sentencia del Tribunal, la Corte Suprema la eliminó del mundo jurídico y, en consecuencia, le correspondía dictar la sentencia de reemplazo. Por tal razón, su competencia no quedó limitada a aspectos accesorios del derecho -como el monto o la fecha- sino a la totalidad del reconocimiento pensional, es decir, que le correspondía  verificar si se cumplían los requisitos para acceder al derecho con la lectura correcta de la cláusula pensional.

 

94.            Asimismo, lo afirmado en casación no impedía la valoración integral del acervo probatorio, máxime si se tiene en cuenta que en ese momento procesal -casación- la Sala de Descongestión n° 2 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvió con base en el material probatorio disponible y de conformidad con las reglas propias del recurso; sin embargo, una vez casada la sentencia y constituida la Corte en sede de instancia, especialmente después del decreto de pruebas, el panorama probatorio podía variar, como efectivamente sucedió con los datos incorrectos suministrados en la certificación de la CHEC S.A., documentación que la Sala de Casación Laboral no podía ignorar, pues tenía el deber de valorarla.

 

95.            Finalmente, la Sala de Descongestión n° 2 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia actuando como juez de instancia conserva la obligación de decidir conforme el acervo probatorio y su libre formación del convencimiento[98]. Además, no podía escindir las conclusiones derivadas de las pruebas, pues era su deber tener en cuenta la totalidad de lo que de ellas objetivamente se desprendía.

 

96.            Ahora bien, advertido el error al que fue inducida la Sala de Descongestión n° 2 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y precisado que el señor Hernán Alvarán Tovar cumplió los 20 años de servicio el 25 de marzo de 2007, le corresponde a esta Sala adelantar el estudio de la pensión de jubilación convencional, de donde se concluye que la autoridad accionada incurrió también en el defecto de violación directa de la Constitución.

 

97.            Con ocasión al requerimiento realizado por esta Corte, la CHEC S.A. allegó copia de las convenciones colectivas de trabajo suscritas entre la empresa y Sintraelecol vigentes para los siguientes periodos: 1988-1989, 1990-1991, 1992-1993, 1994-1995, 1996-1997, 1998-1999, 2000-2001, 2002-2003, 2005-2012, 2013-2017, 2018-2021, 2022-2025 y 2026-2029.

 

98.            Si bien el actor solicitó el reconocimiento y pago de la prestación contenida en el artículo 41 de la Convención Colectiva de Trabajo 2013-2017, debe reiterarse que, según la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en el caso particular de la pensión convencional a cargo de la CHEC S.A. el tiempo de servicio es requisito de causación y la edad de exigibilidad del derecho, aspecto que, además, en este caso no se encuentra en discusión. En esa medida, la fecha que debe analizarse para identificar la convención colectiva aplicable es la que corresponde a los 20 años de servicio. Como el señor Hernán Alvarán Tovar cumplió los 20 años de servicio el 25 de marzo de 2007, su situación pensional se rige por la Convención Colectiva de Trabajo 2005-2012.

 

99.            Para mayor claridad, en el cuadro expuesto a continuación se transcribirán las normas que regulan la pensión de jubilación incluida en las convenciones colectivas de trabajo para los periodos 1988-1989 y 2005-2012:

 

Tabla 4. Contenido de las convenciones colectivas de trabajo 1988-1989 y 2005-2012.

 

100.       De la anterior trascripción, se evidencia que la pensión de jubilación convencional pactada en la Convención Colectiva de Trabajo 1988-1989 es exactamente igual a la reproducida en la Convención Colectiva de Trabajo 2005-2012. Asimismo, se observa que la cláusula de la pensión de jubilación fue pactada en los mismos términos en todas las convenciones colectivas, es decir, en las vigentes para los periodos 1988-1989, 1990-1991, 1992-1993, 1994-1995, 1996-1997, 1998-1999, 2000-2001, 2002-2003, 2005-2012, 2013-2017, 2018-2021, 2022-2025 y 2026-2029.

 

101.       Ahora, a partir de la Convención Colectiva de Trabajo 2005-2012 en adelante las partes introdujeron un parágrafo en el que reconocieron la existencia del Acto Legislativo 01 de 2005; sin embargo, este aspecto no tiene la entidad para considerar que se trate de un nuevo derecho pensional o de una variación sustancial en él, pues así no se hubiera incluido dicho parágrafo, el acto legislativo aplica de pleno derecho y su observancia es obligatoria.

 

102.       Igualmente, en este punto es necesario aclarar que la Convención Colectiva de Trabajo 2005-2012 se firmó el 11 de noviembre de 2005, es decir, con posterioridad a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 (29 de julio de 2005[99]).

 

103.       En el Acto Legislativo 01 de 2005, respecto a las pensiones convencionales se acordó lo siguiente:

 

“Parágrafo 2. A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo no podrán establecerse en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acto jurídico alguno, condiciones pensionales diferentes a las establecidas en las leyes del Sistema General de Pensiones".

 

[…]

Parágrafo transitorio 3. Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado. En los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010, no podrán estipularse condiciones pensionales más favorables que las que se encuentren actualmente vigentes. En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010. (Resalta la Sala).

 

104.       En cuanto al alcance de este último parágrafo, en Sentencia SU-555 de 2014, la Corte Constitucional precisó:

 

3.4.3.4.                        Ahora bien, la primera frase del parágrafo transitorio 3° protege tanto los derechos adquiridos como las expectativas legítimas de acceso a la pensión de jubilación contenida en los pactos o convenciones colectivas existentes antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo, señalando que seguirán rigiendo hasta el término inicialmente pactado en la respectiva convención o pacto colectivo. […]

 

3.4.3.5.                        Por otro lado, la segunda parte de este parágrafo transitorio crea una norma de transición para las reglas de carácter pensional contenidas en los pactos o convenciones colectivas que se suscriban entre el 29 de julio de 2005 hasta el 31 de julio de 2010, señalando que en ellas no podrán consagrarse reglas pensionales que resulten más favorables a las que se encontraban vigentes a esa fecha, resaltando, de manera inequívoca, que las mismas perderán su vigor el 31 de julio de 2010, de manera que, después de esa fecha, sólo regirán las normas contenidas en las leyes del Sistema General de Pensiones.

 

En este punto, es necesario aclarar que dentro de este período de transición es posible que se presenten prórrogas automáticas de las convenciones o pactos que se encontraban vigentes al 29 de julio de 2005, las cuales conservarán los beneficios pensionales que venían rigiendo con el fin de proteger igualmente, las expectativas y la confianza legítimas de quienes gozaban de tales prerrogativas. No obstante, dichas prórrogas no podrán extenderse más allá del 31 de julio de 2010, con independencia de la fecha en la que, sin este imperativo constitucional, hubieran expirado. Lo anterior, por cuanto el parágrafo consagra de manera indiscutible que todas las pensiones especiales finalizan el 31 de julio de 2010 (Resaltado original).

 

105.       De la consideración transcrita, es posible concluir que (i) la pensión de jubilación contenida en la Convención Colectiva de Trabajo 2005-2012 no corresponde a una nueva, sino a la reiteración de un derecho que se estipuló de manera inequívoca y reiterada desde la Convención Colectiva de Trabajo 1988-1989 en adelante, es decir, que como en la CCT 2005-2012 se reprodujo textualmente la cláusula de la pensión de jubilación, no puede considerarse que allí se creó un nuevo beneficio pensional.

 

106.       Partiendo de esa premisa, (ii) pese a que la Convención Colectiva de Trabajo 2005-2012 se firmó con posterioridad al Acto Legislativo 01 de 2005, lo cierto es que el derecho pensional ya se encontraba vigente al 29 de julio de 2005, pues se trataba del mismo derecho reconocido y reiterado desde el año 1988, es decir, que en ese acuerdo convencional no se estipularon condiciones pensionales más favorables a las que se encontraban vigentes, sino que se reiteraron las condiciones ya existentes en las anteriores convenciones colectivas. Por tal razón, debe protegerse la expectativa y confianza legítima de sus beneficiarios y prorrogar la prestación allí estipulada hasta el 31 de julio de 2010, fecha en la que pierde vigencia por ser el límite estipulado en la reforma constitucional.

 

107.       Así las cosas, la Sala advierte que el señor Hernán Alvarán Tovar causó la pensión de jubilación el 25 de marzo de 2007, es decir, con anterioridad al 31 de julio de 2010 y esta se hizo exigible el 22 de febrero de 2020, fecha en que cumplió los 55 años de edad; luego, el actor tiene derecho al reconocimiento y pago de su pensión de jubilación convencional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Convención Colectiva de Trabajo 2005-2012 que, se reitera, es el mismo derecho pensional contenido en las convenciones colectivas suscritas desde 1988 por la CHEC S.A. y Sintraelecol. El disfrute de la pensión de jubilación será a partir del día siguiente de la fecha de retiro de la empresa, pues la prestación está condicionada a esta data[100].

 

108.       En atención a lo anterior, esta Sala de Revisión concluye que la Sala de Descongestión n° 2 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia incurrió en un error inducido y, por consiguiente, en la violación directa de la constitución.

 

10. Remedios procesales

 

109.       Por lo anterior, esta Corte revocará el fallo de tutela de 18 de septiembre de 2025 emitido por la Sala de Decisión de Tutelas n° 3 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el que negó las pretensiones elevadas por el señor Hernán Alvarán Tovar. En su lugar, concederá el amparo de los derechos fundamentales a la seguridad social y al debido proceso del accionante.  

 

110.       Igualmente, se dejará sin efectos la sentencia de instancia CSJ SL1164-2025 de 28 de abril de 2025 proferida por la Sala de Descongestión n° 2 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la que confirmó la determinación absolutoria que el Juzgado 002 Laboral del Circuito de Manizales emitió el 30 de agosto de 2023, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Hernán Alvarán Tovar contra la CHEC S.A.

 

111.       Ahora bien, como quiera que en virtud de la Ley 1781 de 2016, la Sala de Descongestión de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia tenía una vigencia de 8 años contados a partir de la posesión de sus magistrados y que por tal razón sus labores finalizaron el 5 de junio de 2025, se ordenará a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que, en el término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la notificación de esta providencia, emita una nueva sentencia en sede de instancia, con observancia de las consideraciones expuestas en esta providencia.

 

112.       En dicha decisión, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia deberá resolver los asuntos derivados del reconocimiento a la pensión de jubilación convencional, tales como su forma de liquidación, el monto de las mesadas pensionales, las mesadas correspondientes, la compatibilidad o compartibilidad con la pensión de vejez si la hubiera, el retroactivo pensional, las deducciones correspondientes para el Sistema de Seguridad Social en Salud, prescripción de las mesadas pensionales, indexación, la prima de jubilación y los beneficios convencionales a los que tenga derecho.

 

III.  DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia, en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,

 

RESUELVE

 

PRIMERO. REVOCAR el fallo de tutela de 18 de septiembre de 2025 emitido por la Sala de Decisión de Tutelas n° 3 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante la cual negó las pretensiones elevadas por el señor Hernán Alvarán Tovar. En su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales a la seguridad social y al debido proceso del accionante.

 

SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de instancia CSJ SL1164-2025 de 28 de abril de 2025 proferida por la Sala de Descongestión n° 2 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia mediante la cual confirmó la determinación absolutoria que el Juzgado 002 Laboral del Circuito de Manizales emitió el 30 de agosto de 2023, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Hernán Alvarán Tovar contra la CHEC S.A.

 

TERCERO. ORDENAR a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que, en el término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la notificación de esta providencia, emita una nueva sentencia en sede de instancia, con observancia de las consideraciones expuestas en esta providencia.

 

En dicha decisión, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia deberá resolver los asuntos derivados del reconocimiento a la pensión de jubilación convencional, tales como su forma de liquidación, el monto de las mesadas pensionales, las mesadas correspondientes, la compatibilidad o compartibilidad con la pensión de vejez si la hubiera, el retroactivo pensional, las deducciones correspondientes para el Sistema de Seguridad Social en Salud, prescripción de las mesadas pensionales, indexación, la prima de jubilación y los beneficios convencionales a los que tenga derecho.

 

CUARTO. LÍBRESE por la Secretaría General de la Corte la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

 

 

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO

Magistrado

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

Con Salvamento parcial de voto

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General