REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Segunda de Revisión

 

SENTENCIA T-263 DE 2026

 

Referencia: expediente T-11.850.036

 

Asunto: acción de tutela instaurada por Ramiro contra el Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A.

 

Magistrado ponente:

Carlos Camargo Assis

 

Bogotá D.C., catorce (14) de agosto de dos mil veintiséis (2026).

 

La Sala Segunda de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Héctor Alfonso Carvajal Londoño, Juan Carlos Cortés González y Carlos Camargo Assis, quien la preside, en cumplimiento de sus competencias legales y constitucionales, profiere la siguiente:

 

SENTENCIA

 

Aclaración previa

 

En el presente asunto se hará referencia a la historia clínica del accionante. En consecuencia, se emitirán dos copias de esta providencia: una con los nombres reales, que la Secretaría General de la Corte remitirá a las partes y, otra, en el que los nombres de los involucrados se reemplazarán por unos ficticios para reservar su identidad[1].

 

Síntesis de la decisión

 

La Sala Segunda de Revisión estudió las sentencias de tutela proferidas por el Juzgado Promiscuo Municipal y el Juzgado Civil-Laboral del Circuito, dentro de la acción constitucional promovida por el señor Ramiro contra la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A. (en adelante Protección).

 

El accionante sostuvo que fue diagnosticado múltiples enfermedades crónicas, degenerativas y progresivas, entre ellas un adenocarcinoma gástrico en estadio IV, y que, pese a su grave estado de salud, continuó desarrollando labores agrícolas y de recolección de café para garantizar su subsistencia. Indicó que Protección negó el reconocimiento de la pensión bajo el argumento de no acreditar 50 semanas de cotización dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral y que, además, excluyó de su historia laboral diversas cotizaciones efectuadas con posterioridad a dicha fecha.

 

En primer lugar, la Sala examinó los requisitos de procedencia de la acción de tutela y concluyó que se encontraban satisfechos. En particular, determinó que, aunque existía un mecanismo judicial ordinario ante la jurisdicción laboral para controvertir la negativa de la prestación pensional, dicho medio no resultaba eficaz en las circunstancias concretas del caso, debido a la avanzada edad del accionante, la gravedad de sus enfermedades, la pérdida de capacidad laboral del 72,9% y la situación de vulnerabilidad económica en la que se encontraba.

 

En segundo lugar, la Corte analizó las circunstancias sobrevinientes ocurridas durante el trámite de revisión y constató que el accionante falleció el 16 de marzo de 2026 como consecuencia de las complicaciones derivadas de su enfermedad. La Sala concluyó que dicha circunstancia configuró una carencia actual de objeto por situación sobreviniente, dado que la pretensión principal estaba encaminada al reconocimiento de una pensión de invalidez, prestación de carácter personalísimo cuya finalidad es proteger el mínimo vital de la persona que ha perdido su capacidad laboral.

 

En consecuencia, la Sala revocó las sentencias de instancia y, en su lugar, declaró la carencia actual de objeto por situación sobreviniente, al considerar que el fallecimiento del accionante tornó inocua cualquier orden encaminada al reconocimiento de la pensión solicitada.

 

I. ANTECEDENTES

 

1. El 30 de octubre de 2025, el señor Ramiro, mediante apoderado, interpuso acción de tutela en contra de Protección. Consideró vulnerados sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la salud, al mínimo vital, al debido proceso y a la dignidad humana. Lo anterior, debido a que la administradora le negó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, pese a que, en su criterio, cumplía con los requisitos legales y jurisprudenciales para acceder a dicha prestación. Para fundamentar la solicitud de amparo narró los siguientes:

 

1.     Hechos[2]

 

2. El señor Ramiro tenía 62 años[3] al momento de presentar la acción de tutela y se encontraba afiliado con Protección S.A. Indicó que fue diagnosticado con múltiples patologías de carácter crónico, degenerativo y progresivo, entre ellas “adenocarcinoma gástrico estadio IV, hipertensión, dolor crónico, hemorragias digestivas, síndrome antropilórico, síndrome anémico severo y desnutrición proteicocalórica moderada” [4].

 

3. El 5 de noviembre de 2024, Suramericana S.A[5] emitió un dictamen de pérdida de capacidad laboral en el que determinó que el accionante tenía una pérdida del 72.92% y fijó como fecha de estructuración el 17 de enero de 2024[6].

 

4. El accionante refirió que pese a sus condiciones médicas continuó trabajando y realizó cotizaciones al Sistema General de Pensiones en ejercicio de la capacidad laboral residual. Señaló que contaba con 151 semanas cotizadas, de las cuales “77 corresponden a aportes realizados dentro de los tres años anteriores a la fecha de emisión del dictamen de pérdida de capacidad laboral”[7].

 

5. Relató que su situación económica era precaria y que, pese a su estado de salud, tuvo que desempeñarse como recolector de café para procurarse su sostenimiento. Agregó que dependía parcialmente de la ayuda económica de uno de sus hijos, quien asumía el pago de los aportes a seguridad social para garantizar la continuidad de sus tratamientos médicos.

 

6. El ciudadano solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. El 23 de mayo de 2025, la accionada negó la prestación solicitada, bajo el argumento de que únicamente acreditaba 16.14 semanas cotizadas dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral. En consecuencia, la entidad le reconoció únicamente la devolución de saldos[8].

 

7. El 4 de junio de 2025, presentó recurso de reposición y argumentó que la entidad desconoció las condiciones especiales derivadas de sus enfermedades degenerativas, progresivas y crónicas, así como las cotizaciones realizadas con posterioridad a la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral. El 26 de junio de 2025, Protección confirmó la negativa del reconocimiento pensional solicitado.

 

8. Según el accionante, la entidad eliminó de su historia laboral aproximadamente 60 semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración, al calificarlas como aportes “extemporáneos”, pese a que correspondían a cotizaciones efectivamente realizadas. Agregó que solicitó la corrección y actualización de su historia laboral, pero mediante comunicación del 8 de septiembre de 2025 la administradora reiteró que dichos aportes correspondían a devolución de aportes [9].

 

9. Finalmente, solicitó que se ordene a Protección reconocer y pagar la pensión de invalidez, actualizar su historia laboral e incorporar las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración [10].

 

2.     Trámite procesal

 

10. Mediante auto del 30 de octubre de 2025, el Juzgado Promiscuo  Municipal avocó conocimiento de la acción de tutela, corrió traslado a la entidad accionada y vinculó al Ministerio de Salud y Protección Social y a Suramericana IPS[11].

 

3.     Respuesta de la accionada y vinculadas

 

11. Protección[12]. Sostuvo que el accionante no cumplía con el requisito de las 50 semanas cotizadas dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, pues únicamente acreditaba 16.14 semanas. Asimismo, indicó que las cotizaciones posteriores fueron realizadas como aportante voluntario y no en ejercicio de una capacidad laboral residual acreditada. Lo anterior porque tenía la finalidad de buscar el reconocimiento pensional. Afirmó que el actor podía acudir a la devolución de aportes. Por lo anterior, solicitó que se declare la improcedencia de la acción[13].

 

12. Por otro lado, el Ministerio de Salud y Protección Social[14] y Suramericana IPS afirmaron que no contaban con legitimación en la causa y solicitaron su desvinculación[15].

 

4.     Sentencias objeto de revisión

 

13. Primera instancia. En sentencia del 12 de noviembre de 2025, el Juzgado  Promiscuo Municipal declaró improcedente la acción de tutela[16]. Indicó que el actor contaba con otros medios judiciales idóneos y eficaces para reclamar sus derechos, específicamente ante la jurisdicción ordinaria laboral. Además, señaló que la solicitud relacionada con el reconocimiento de la pensión de invalidez resultaba improcedente como mecanismo principal, dado que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable, pues el señor Ramiro  dispone de medios mínimos de subsistencia, no paga arriendo y cuenta con el apoyo económico de sus hijos, quienes sufragan su seguridad social. Por último, el despacho le “advirtió” al accionante que podía acudir a la justicia laboral dentro de los cuatro meses siguientes[17].

 

14. Impugnación. El 19 de noviembre de 2025, el apoderado argumentó que la decisión debió flexibilizar el requisito de la subsidiariedad[18]. Manifestó que se desconocieron las condiciones particulares de salud y vulnerabilidad del accionante, así como las reglas jurisprudenciales aplicables a personas que padecen enfermedades progresivas, degenerativas, crónicas y catastróficas. Argumentó que el proceso ordinario laboral no resultaba idóneo ni eficaz frente a la urgencia de proteger los derechos fundamentales del actor, quien padecía cáncer de estómago en estado avanzado y dependía de labores ocasionales de recolección de café para subsistir.

 

15. Segunda instancia. En sentencia del 2 de diciembre de 2025, el Juzgado Civil - Laboral del Circuito confirmó el fallo impugnado[19]. Argumentó que la acción de tutela no era el mecanismo idóneo para controvertir la negativa del reconocimiento y pago de la pensión de invalidez por parte de Protección. Indicó que dicha controversia debía ser tramitada ante la jurisdicción ordinaria laboral.

 

5.     Pruebas que obran en el expediente

 

i)                   Copia del documento de identidad del accionante[20].

ii)                Poder especial otorgado al apoderado[21].

iii)             Dictamen de la calificación emitido por Suramericana[22].

iv)              Historia laboral emitida por Protección en noviembre del año 2024[23].

v)                Historia laboral emitida por la entidad accionada en julio del año 2025[24].

vi)              Resolución que negó la pensión de invalidez[25].

vii)           Copia del trámite administrativo[26].

viii)         Copia del recurso de reposición[27].

ix)              Respuesta de la entidad accionada frente a la corrección de la historia laboral[28].

x)                Copia del registro civil de defunción con indicativo serial No. 2126100423[29].

 

6.     Actuaciones en sede de revisión

 

16. La Sala de Selección de Tutelas Número Tres[30] de la Corte Constitucional mediante auto del 27 de marzo de 2026 seleccionó este expediente para revisión. Por sorteo, el asunto fue repartido a la Sala Segunda de Revisión presidida por el magistrado Carlos Camargo Assis.

 

17. Mediante auto del 20 de mayo de 2026, el magistrado ponente consideró necesario decretar pruebas para disponer de mayores elementos de juicio que le permitieran adoptar una decisión definitiva. Adicionalmente, vinculó a la empresa Gestionamos A Y J S.A.S toda vez que fue la entidad empleadora del accionante.

 

18. En concreto, el despacho solicitó información sobre: (i) las circunstancias actuales del contexto socioeconómico del accionante; (ii) la valoración de su estado de salud actual, y (iii) el trámite adelantado para resolver la solicitud de reconocimiento de la pensión de invalidez, particularmente en relación con el análisis de la capacidad laboral residual del accionante y las cotizaciones efectuadas antes y después a la fecha de estructuración.

 

7.     Respuestas recibidas en sede de revisión

 

 

II. CONSIDERACIONES

 

1.     Competencia

 

19. La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar las decisiones proferidas dentro de la acción de tutela de la referencia, de acuerdo con lo establecido en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución y los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

2.     Delimitación del problema jurídico y metodología de la decisión

 

20. Con base en los antecedentes descritos y la información allegada, le corresponde a la Sala Segunda de Revisión examinar la procedencia de la presente acción de tutela.

 

21. En caso acreditar la procedencia, la Corte Constitucional determinará si se configuró el fenómeno de carencia actual de objeto en el caso concreto. Esto porque, como fue expuesto previamente, tanto la Registraduría Nacional del Estado Civil como el apoderado judicial del accionante informaron que el señor Ramiro falleció el 16 de marzo de 2026. En consecuencia, la Corte deberá determinar si dicho fallecimiento configura una carencia actual de objeto.

 

22. Problemas jurídicos. A fin de resolver la controversia planteada, la Sala Plena deberá responder el siguiente problema jurídico:

 

(i)          ¿Se configuró una carencia actual de objeto por situación sobreviniente, con ocasión al fallecimiento del señor Ramiro?

 

23. Con el fin de resolver la cuestión formulada, la Corte se referirá a: (i) el fenómeno de la carencia actual de objeto por situación sobreviniente y finalmente (ii) abordará el caso concreto.

 

3.     La carencia actual de objeto por situación sobreviniente. Reiteración jurisprudencial[39].

 

24. La carencia actual de objeto es una figura procesal que surge cuando la acción de tutela pierde su finalidad debido a que desaparecen o se modifican las circunstancias que dieron lugar a la presunta vulneración de los derechos fundamentales[40]. En estos eventos, cualquier orden que profiera el juez constitucional carecería de utilidad práctica[41].

 

25. Sobre este punto, la Corte ha precisado que el juez de tutela no puede actuar como “un órgano consultivo que emite conceptos o decisiones inocuas una vez ha dejado de existir el objeto jurídico, sobre escenarios hipotéticos, consumados o ya superados”[42].

 

26. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha identificado tres modalidades en las que puede configurarse la carencia actual de objeto: el hecho superado, el daño consumado y situación sobreviniente. Cada una de estas categorías responde a circunstancias particulares que la Sala ha desarrollado y precisado en su jurisprudencia[43].

 

27. La situación sobreviniente se refiere a aquellos eventos que no se enmarcan en las otras dos categorías y cobija cualquier otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío[45]. Este se configura cuando: (i) el accionante asume una carga que no le correspondía para lograr la pretensión planteada; (ii) un tercero –distinto a las partes de la tutela– es quien logra que se supere la situación vulneradora; (iii) es imposible proferir alguna orden por razones que no son atribuibles a la entidad o persona accionada, o (iv) el solicitante ha perdido interés en el objeto de la petición de amparo[46].

 

28. Aunque la muerte del accionante no siempre deriva en una carencia actual de objeto[47] la modalidad en que esta se configura —o la posibilidad de emitir un pronunciamiento de fondo— depende de la naturaleza de los derechos fundamentales invocados y de la relación existente entre el fallecimiento y la conducta atribuida a la entidad accionada. Así, cuando el amparo persigue la protección de derechos fundamentales de carácter personalísimo, cuyo goce es inescindible de su titular, el deceso de este determina que ninguna orden pueda restablecer su ejercicio.

 

29. Esto porque, en primer lugar, tal y como ha sido reconocido por la jurisprudencia de esta Corporación en la Sentencia T-036 de 2021, la pensión de invalidez cuenta con la precisa finalidad de proteger a quien, por su condición física o mental, no cuenta con la posibilidad de acceder a un trabajo que le permita proveerse de ingresos económicos por sus propios medios. Esta prestación, habrá de reconocerse en favor de quien, prima facie, cumpla los requisitos exigidos por la ley y la jurisprudencia. Así, los únicos titulares de ese derecho serán aquellos ciudadanos que tengan una pérdida de capacidad laboral superior al 50%. En segundo lugar, porque si bien esa prestación es transmisible por vía de la sustitución, esa será una pretensión distinta que tendrá que exponerse ante las autoridades competentes por parte de quienes consideren ser beneficiarios de los fallecidos en los términos del artículo 47 de la Ley 100 de 1993[48].

 

30. Ahora bien, la Corte también ha explicado que la causa de la muerte del titular de derechos incide en la modalidad de la carencia actual de objeto, de manera que, si el fallecimiento ocurre como consecuencia de una acción u omisión relacionada con las pretensiones de la acción de tutela, debe evaluarse la configuración de un daño consumado[49]. Por el contrario, si el deceso no se relaciona con la conducta de la entidad demandada o no es posible demostrarla, se trata de una situación sobreviniente[50].

 

4.     Caso concreto

 

4.1     Breve presentación del asunto

 

31. El señor Ramiro, mediante apoderado judicial, instauró una acción de tutela en contra de Protección S.A. El accionante relató que tenía 62 años de edad y padecía múltiples enfermedades de carácter crónico, degenerativo y progresivo, entre ellas “adenocarcinoma gástrico estadio IV, hipertensión arterial, dolor crónico, hemorragias digestivas, síndrome antropilórico, síndrome anémico severo y desnutrición proteicocalórica moderada”. Explicó que, mediante dictamen emitido el 5 de noviembre de 2024, se determinó una pérdida de capacidad laboral del 72,92 % y se fijó como fecha de estructuración de la invalidez el 17 de enero de 2024. No obstante, sostuvo que continuó trabajando y efectuando aportes al Sistema General de Pensiones en ejercicio de su capacidad laboral residual.

 

32. En esta medida, el accionante solicitó a Protección S.A. el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. Mediante decisión del 23 de mayo de 2025, la administradora negó la prestación al considerar que únicamente acreditaba 16,14 semanas cotizadas dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. Posteriormente, el actor presentó recurso de reposición y diversas solicitudes encaminadas a que se reconocieran las semanas cotizadas con posterioridad a dicha fecha; sin embargo, mediante decisión del 26 de junio de 2025 la entidad confirmó la negativa y mantuvo su posición frente a las cotizaciones posteriores.

 

33. En consecuencia, el accionante estimó que esta decisión vulneró sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la salud, al mínimo vital, al debido proceso y a la dignidad humana. Las sentencias de instancia declararon improcedente el amparo al considerar que no se cumplía el requisito de subsidiariedad, por cuanto el actor contaba con mecanismos ordinarios ante la jurisdicción laboral para controvertir la negativa del reconocimiento pensional y no evidenciarse la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

 

4.2     Requisitos formales de procedencia

 

34. Este Tribunal encuentra que la acción de tutela presentada satisface las exigencias de procedencia. En el siguiente cuadro se presentan las razones que fundamentan esta conclusión:

 

 

4.3   En el caso concreto se configuró una carencia actual de objeto por situación sobreviniente

 

35. En criterio de esta Sala, en el asunto analizado se presentó una carencia actual de objeto por situación sobreviniente, como consecuencia del fallecimiento del señor Ramiro. A continuación, se exponen las razones que fundamentan esta conclusión.

 

36. En el presente caso, se evidenció que durante el trámite de revisión se acreditó el fallecimiento del accionante. En efecto, la Registraduría Nacional del Estado Civil informó que la cédula de ciudadanía fue cancelada por muerte y que el registro civil de defunción fue inscrito el 16 de marzo de 2026 en la Notaría Segunda de Pereira. De igual manera, el apoderado judicial del accionante indicó que el deceso ocurrió como consecuencia de las complicaciones derivadas del cáncer gástrico metastásico que padecía. Estas circunstancias permiten concluir que la muerte del actor constituye un hecho cierto y debidamente acreditado dentro del expediente.

 

37.  La Sala encuentra que no se configura la figura del daño consumado. Lo anterior, porque no existe evidencia que permita concluir que el fallecimiento del demandante hubiera sido consecuencia de la actuación desplegada por Protección o de la negativa en el reconocimiento de la pensión de invalidez. Por el contrario, de acuerdo con la información obrante en el expediente, el deceso ocurrió como resultado de las graves patologías que padecía el actor, particularmente del cáncer gástrico en estadio avanzado y las complicaciones asociadas a dicha enfermedad. En consecuencia, la muerte no guarda una relación causal directa con la controversia planteada en la acción de tutela.

 

38. La pretensión principal formulada en la acción de tutela estaba encaminada al reconocimiento y pago de una pensión de invalidez, como instrumento para garantizar los derechos fundamentales del señor Ramiro al mínimo vital y al acceso a los servicios de la seguridad social. Dicha prestación que como ha sido reconocido por la jurisprudencia tiene por finalidad proteger a la persona que, debido a una pérdida significativa de su capacidad laboral, se encuentra imposibilitada para procurarse el mínimo vital de sustento mediante el trabajo[64]. En tal sentido, se trata de un derecho de carácter personalísimo cuyo titular era exclusivamente el señor Ramiro.

 

39. En consecuencia, la Sala concluye que la muerte del accionante dio lugar a una carencia actual de objeto por situación sobreviniente. Ello es así porque la orden que eventualmente pudiera impartirse respecto del reconocimiento de la pensión de invalidez resultaría inocua, dado que el titular de dicha prestación falleció durante el trámite de revisión. En estas condiciones, cualquier orden encaminada al reconocimiento de la prestación reclamada caería en el vacío.

 

40. En razón a lo anterior, la Sala se abstiene de efectuar un pronunciamiento[65] sobre el cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento de la pensión de invalidez solicitada, en atención a la declaratoria de carencia actual de objeto por situación sobreviniente.

 

5.     Órdenes por impartir

41. Por las razones expuestas, la Corte revocará la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2025 por el Juzgado Civil-Laboral del Circuito, que confirmó la decisión de primera instancia, y en su lugar declarará la carencia actual de objeto por situación sobreviniente, de conformidad con lo expuesto en esta providencia.

 

42. No obstante, se exhortará a los jueces de instancia para que, en lo sucesivo, al resolver acciones de tutela con características similares a la presente, respecto de personas que padecen enfermedades congénitas, crónicas o degenerativas, y que además se encuentren en condiciones de especial vulnerabilidad, valoren integralmente dichas circunstancias particulares al momento de estudiar los requisitos de procedencia. Lo anterior en atención a que descartaron la procedencia de la acción de tutela bajo el entendido de que el accionante podía acudir a la jurisdicción ordinaria laboral y que no se acreditaba la existencia de un perjuicio irremediable. Tales conclusiones no valoraron de manera suficiente la especial situación de vulnerabilidad del actor, la gravedad de sus padecimientos ni el carácter urgente de la protección solicitada por esta razón se realizará un llamado te atención a dichas autoridades. De hecho, antes de que pudiera obtener una definición judicial sobre su situación pensional, el actor falleció como consecuencia de las complicaciones derivadas de su enfermedad.

 

III. DECISIÓN

 

43. En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

 

RESUELVE:

 

PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2025 por el Juzgado Civil - Laboral del Circuito y, en su lugar, DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por situación sobreviniente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

 

SEGUNDO. EXHORTAR al Juzgado Promiscuo Municipal y al Juzgado Civil-Laboral del Circuito, para que, en lo sucesivo, al resolver acciones de tutela con características similares a la presente, respecto de personas que padecen enfermedades congénitas, crónicas o degenerativas, y que además se encuentren en condiciones de especial vulnerabilidad, valoren integralmente dichas circunstancias particulares al momento de estudiar los requisitos de procedencia.

 

TERCERO. DESVINCULAR por falta de legitimación en la causa por pasiva a la empresa Gestionamos A. Y. J. S.A.S, por las razones expuestas en la parte motiva.

 

CUARTO. Por Secretaría General, líbrese la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.

 

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

 

 

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO

Magistrado

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General