T-331-26


REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

-Sala Cuarta de Revisión-

 

SENTENCIA T-331 DE 2026

 

Referencia: expediente T-12.002.550

 

Asunto: acción de tutela instaurada por Ana, actuando en nombre propio y en representación de su hija menor de edad Lina, contra el ICBF

 

Tema: debido proceso y barreras lingüísticas dentro de un proceso administrativo de restablecimiento de derechos

 

Magistrado ponente:

Juan Carlos Cortés González

 

Bogotá, D. C., catorce (14) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

 

La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez y los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Juan Carlos Cortés González, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la presente

SENTENCIA

 

En el trámite de revisión del fallo de primera instancia, proferido el 24 de noviembre de 2025 por el Juzgado 026 Administrativo Oral del Circuito de Medellín, el cual declaró improcedente la acción de tutela al considerar que no satisfacía el requisito de subsidiariedad, así como de la sentencia de segunda instancia, dictada el 26 de enero de 2026 por la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, que confirmó la anterior decisión.

 

Aclaración previa

 

El 28 de mayo de 2026, la Sala de Selección de Revisión de Tutelas Número Cinco ordenó la anonimización de las partes y de cualquier otro dato que permitiera su identificación. En consecuencia, la presente providencia se registrará en dos versiones. La primera, con los nombres reales de la parte accionante, en especial de la menor de edad representada, y la segunda, con nombres ficticios en la que se hará referencia a la parte accionante en calidad de representante legal con el nombre de Ana y a la niña con el nombre de Lina.

 

Síntesis de la decisión

 

¿Qué estudió la Corte?

La Sala de Revisión estudió si el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar vulneró el derecho al debido proceso de una accionante extranjera dentro de un proceso administrativo de restablecimiento de derechos (PARD) iniciado en favor de su hija. La accionante alegó la afectación aduciendo que no le fue permitido un apoyo para comprender las decisiones adoptadas por las autoridades administrativas, con el fin de superar las barreras idiomáticas dentro del proceso.

 

Asimismo, estudió si la misma entidad desconoció el interés superior y la protección reforzada de la niña al establecer un régimen de visitas supervisadas con su padre, pese a la información obrante en el expediente relacionada con un presunto abuso sexual.

¿Qué consideró la Corte?

Se consideró que, si bien las barreras idiomáticas merecen especial consideración a la hora de evaluar la garantía del debido proceso en el marco de cualquier actuación administrativa o judicial y, en particular, dentro de un proceso administrativo de restablecimiento de derechos adelantado en favor de una menor de edad, estas deben demostrarse a través de elementos concretos en el acervo probatorio que acrediten que en efecto la entidad accionada haya vulnerado este derecho. Sin embargo, en este caso la parte accionante no logró demostrar a través de ningún medio dicha vulneración, ni se acreditó este hecho en el proceso.

 

Asimismo, se resaltó que la configuración legislativa del PARD les otorga a las partes la posibilidad de controvertir la decisión adoptada a través del recurso de reposición o el trámite de homologación. Sin embargo, los términos procesales para interponerlos no fueron cumplidos en el presente caso, a pesar de que la accionante se encontraba representada por una profesional del derecho con pleno dominio del español.

 

Respecto al interés superior de la niña, la Sala encontró que este fue salvaguardado, pues la entidad fundamentó la medida adoptada en varios elementos de prueba que fueron extraídos del PARD. Esto es, que la medida no resultó arbitraria, sino que obedeció a un conjunto de elementos que la justificaron y que resultaban proporcionales con la lectura integral del caso.

¿Qué decidió la Corte?

La Sala concluyó que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no vulneró el derecho al debido proceso de la accionante ni el interés superior de la niña, pues se demostró que las etapas del proceso fueron adelantadas con diligencia, oportunidad, plenas garantías procesales y con los debidos fundamentos que justificaron las medidas adoptadas.

¿Qué ordenó la Corte?

La Sala Cuarta de Revisión revocó los fallos de instancia que declararon improcedente la acción de tutela y, en su lugar, negó el amparo por las razones expuestas. De igual forma, ordenó a la Fiscalía General de la Nación verificar el estado de la investigación penal y priorizar su trámite. Asimismo, ordenó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar realizar seguimiento a la situación de la menor y tomar las medidas necesarias para garantizar su protección integral y efectiva.

 

I. ANTECEDENTES

 

1. Hechos y pretensiones

 

1.   Acción de tutela. Ana[1], actuando en representación de su hija menor de edad, Lina, presentó acción de tutela mediante apoderada judicial, en contra de la Defensoría de Familia del Centro Zonal Sur Oriente, Regional Antioquia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, contradicción y acceso a la justicia.

 

2.   La parte accionante afirmó que Ana es ciudadana canadiense y que sus lenguas nativas son el inglés y el francés. Narró que en el mes de abril de 2025 inició un proceso administrativo ante la Comisaría de Familia de la Comuna Novena de Santa Elena, por una presunta situación de violencia sexual del padre hacia su hija. Según el escrito, el hecho fue reportado luego de que la niña, durante un cambio de pañal efectuado por su madre, manifestara que “papá me hizo daño y está enojado”, mientras señalaba su zona íntima, hechos que dieron lugar a la activación del denominado “código fucsia” ante el Hospital San Vicente Fundación el 8 de abril de 2025.

 

3.   En la acción de tutela se indicó que el 23 de septiembre de 2025 se adoptó decisión de fondo dentro del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) adelantado en favor de la menor de dos años de edad, Lina. La decisión fue proferida mediante la Resolución No. 099 de 23 de septiembre de 2025[2] y fue notificada por estrados durante la audiencia correspondiente.

 

4.   Como resultado de la verificación de derechos adelantada por las autoridades competentes, se decretaron pruebas dentro del trámite administrativo, pero no se practicó entrevista a la menor de edad. Afirmó la parte actora que posteriormente se profirió la Resolución No. 099 del 23 de septiembre de 2025. Según lo expuesto, aunque Ana comprende parcialmente el idioma español, acudió a la audiencia acompañada de una amiga bilingüe que pretendía asistirla como traductora. No obstante, dicha persona no habría sido autorizada para ingresar al recinto donde le fue leída la decisión administrativa. Una vez concluida la audiencia, solicitó copia de la referida resolución con el propósito de obtener una explicación y la traducción adecuada de su contenido, pues consideraba que no comprendía plenamente los términos jurídicos utilizados ni los efectos de la decisión adoptada

 

5.   Señaló la parte accionante que posteriormente buscó asesoría jurídica y, tras conocer el alcance de la resolución, manifestó su desacuerdo con la medida relacionada con las visitas del progenitor a la niña, aun cuando estas se hubieran dispuesto bajo supervisión. Según la acción de tutela, la progenitora estimó que dichas visitas podían generar un riesgo de revictimización para la niña, especialmente por existir una investigación penal en curso relacionada con los hechos denunciados. La accionante sostuvo que la menor de edad había permanecido aproximadamente seis meses sin contacto con su progenitor y que durante ese tiempo tampoco se presentaron contactos telefónicos promovidos por este, circunstancias que, a su juicio, debían ser valoradas al momento de definir el régimen de relacionamiento.

 

6.   Para Ana la imposición de encuentros presenciales, incluso bajo supervisión institucional o de terceros, podía exponer a la niña a una situación de revictimización y generar afectaciones emocionales o psicológicas, particularmente cuando aún no existía una determinación definitiva sobre los hechos que dieron origen al proceso ni ha culminado la investigación penal.

 

7.   Señaló que, en ese contexto, y una vez recibió explicación jurídica respecto de la decisión, solicitó a su apoderada la interposición del recurso de reposición, con el propósito de que se revocara o reconsiderara el numeral relativo a las visitas, teniendo en cuenta que ante el interés superior de la menor de edad y el principio de precaución, resultaba procedente suspender temporalmente los encuentros presenciales hasta que las autoridades competentes concluyeran las investigaciones en curso y se descartara cualquier riesgo para la niña. En subsidio, propuso que el contacto paterno se limitara transitoriamente a llamadas telefónicas dos veces por semana y que, antes de adoptar cualquier determinación definitiva sobre visitas o custodia, se ordenara una valoración psicosocial exhaustiva que permitiera establecer el impacto emocional de la situación en la niña y en su entorno familiar.

 

8.   En el escrito de tutela se afirma que la decisión fue enviada por escrito a la accionante el 29 de septiembre de 2025, luego de solicitar copia de la resolución, y que el recurso de reposición fue presentado por la apoderada de Ana dentro de los tres días siguientes[3].

 

9.   El recurso fue resuelto mediante Resolución No. 104 del 16 de octubre de 2025[4], comunicada el 17 de octubre de 2025, por medio de la cual, según la accionante, se negó aquel por considerarlo extemporáneo, bajo el argumento de que debía haberse interpuesto durante la audiencia en la cual se notificó la decisión por estrados. 

 

10.            La apoderada de la accionante cuestionó dicha determinación al considerar que la ausencia de un traductor durante la audiencia le impidió comprender integralmente la decisión, las consecuencias jurídicas de la misma y la necesidad de formular recursos en ese mismo acto procesal. Asimismo, sostuvo que la autoridad administrativa no dio respuesta de fondo a los argumentos expuestos en la reposición ni a la solicitud de aclaración y adición formulada. En ese sentido, afirmó que las decisiones adoptadas desconocieron las garantías del debido proceso, el derecho de defensa y los derechos prevalentes de la menor de edad, al privilegiar aspectos formales del procedimiento sobre la posibilidad real de ejercer contradicción y defensa técnica garantizando la comprensión efectiva del trámite.

 

11.            La parte accionante solicitó que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia de Ana, dentro del procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos adelantado respecto de la niña Lina. En consecuencia, pidió que se deje sin efectos la resolución mediante la cual se estableció el régimen de visitas supervisadas a favor del padre de la menor de edad, por considerar que fue expedida sin garantizar adecuadamente el derecho de defensa de la accionante ni la asistencia de un intérprete oficial. Subsidiariamente, solicitó que se ordene a la accionada resolver de fondo el recurso de reposición presentado, valorando los argumentos expuestos y pronunciándose sobre la solicitud de aclaración y adición formuladas, y que se prevenga a dicha autoridad para que se abstenga de incurrir nuevamente en actuaciones que puedan vulnerar los derechos fundamentales de la accionante y de la menor de edad representada.

 

12.            Desarrollo del proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Una vez abierto el PARD, en el mes de abril de 2025, el ICBF decretó pruebas documentales, periciales, la declaración juramentada de los progenitores de la niña, entrevista a aquella y testimonios. Se  practicaron los interrogatorios de parte, los dictámenes sociales, psicológicos y de salud y nutrición[5].

 

13.            Sobre la valoración sociofamiliar. En el informe se destaca la relación complicada y conflictiva entre los progenitores y se refiere que la madre no cuenta con red de apoyo y que, a pesar de que se presentan falencias en el establecimiento de normas en su relación con la niña, a esta se le hace partícipe de la vida social y de actividades recreativas, asimismo, se encuentra vinculada a salud y educación. El padre indicó no ver a la menor hace seis meses. En la valoración se sugirieron acciones como remisión a los padres a curso de crianza, entre otras.

 

14.            Sobre la valoración psicológica. En el informe de dicha valoración se destaca un nivel de desarrollo de la niña correcto conforme a su edad, y que la madre refiere no haber percibido cambios comportamentales ni afectivos posteriores al evento relacionado con el presunto abuso sexual. También se señala que, además, la madre no permitió que le realizaran un examen médico a su hija posterior al supuesto acontecimiento, al considerar que este era muy “fuerte”. Se refirió que si bien a la madre se le percibe como cuidadora y responsable de su hija, no ha cumplido con algunas acciones ordenadas por el ICBF, a saber, la valoración por medicina legal por presunto abuso sexual, la asistencia al curso pedagógico sobre derechos de niñez a cargo de la Defensoría del Pueblo y el tratamiento terapéutico en favor de aquella.

 

15.            Sobre la valoración nutricional. En la valoración se señala que si bien la menor tiene peso y tallas adecuados para su edad y no se hallaron indicios de malnutrición, carencias nutricionales o maltrato, la madre no acude a citas de crecimiento y desarrollo, es antivacunas e indicó que las citas no eran viables, por lo que no la seguiría llevando a aquellas y  que, además, la niña se muestra irritable y agresiva durante las consultas al no estar acostumbrada a ellas. Destaca que la niña presenta una buena higiene, presentación personal y hábito del sueño; está vinculada a un hogar infantil y asiste a clases de natación. Se sugirió gestionar servicios de salud como “crecimiento y desarrollo” y continuar con el esquema de vacunación, entre otros aspectos.

 

2. Trámite en sede de tutela

 

16.            El asunto le correspondió al Juzgado 026 Administrativo Oral del Circuito de Medellín. Una vez asignado el conocimiento, esa autoridad mediante auto del 7 de noviembre requirió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la defensora de Familia del Centro Zonal Sur Oriente Regional Antioquia y al padre de la niña, para que presentaran el informe que exige el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991 y para que, si lo tenían a bien, solicitaran las pruebas que pretendieran hacer valer.[6]

 

3. Respuesta de las entidades accionadas

 

17.             El ICBF[7] informó que el 11 de abril de 2025 abrió el PARD y que: (i) notificó a los progenitores concediéndoles cinco días para solicitar o aportar pruebas, sin que presentaran escrito; (ii) el 21 de abril de 2025 trasladó el proceso al Centro Zonal Sur Oriente; (iii) el 30 de abril siguiente la defensora de Familia asumió conocimiento, decretó pruebas y fijó audiencia; (iv) el 13 de junio del mismo año recibió copia de la historia de atención de la niña en la ESE Metrosalud; (v) el 9 de septiembre de 2025 comunicó por correo la audiencia; (vi) el 12 de septiembre corrió traslado de los informes periciales; (vii) el 23 de septiembre de 2025 los progenitores rindieron declaración juramentada y, según el ICBF, a la madre se le preguntó si entendía español, respondió afirmativamente, y ambos padres aceptaron sin recurrir en estrados. Indicó que, aunque el recurso de reposición fue presentado el 2 de octubre de 2025, mediante Resolución 104 del 16 de octubre de 2025 no se repuso la decisión y se informó sobre la posibilidad de homologación, sin que se hubiera solicitado.

 

18.            La entidad explicó que el proceso se encuentra en etapa de seguimiento a las medidas adoptadas en la Resolución 099 de 2025 y, dependiendo de sus resultados, esta podrá ser modificada total o parcialmente, además de que los padres deben cumplir con las medidas impuestas. Por lo anterior, solicitó declarar improcedente la acción de tutela, alegando que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la niña, de la accionante ni de su apoderada.

 

3. Decisiones judiciales objeto de revisión

 

3.1 Sentencia de primera instancia

 

19.            Mediante sentencia del 24 de noviembre de 2025[8], el Juzgado 026 Administrativo Oral del Circuito de Medellín declaró improcedente la acción de tutela por considerar que esta no satisfacía el requisito de subsidiariedad. El despacho sostuvo que la accionante no agotó los mecanismos ordinarios previstos en la Ley 1098 de 2006, en particular el trámite de homologación ante el juez de familia, previsto en el inciso 7 del artículo 100 de la referida ley. Expuso que dicho trámite permitía controvertir la decisión administrativa del ICBF, verificar la observancia del debido proceso y obtener un análisis judicial sobre la garantía del interés superior de la niña. Para el juez, la tutela fue utilizada como sustituto de un medio judicial idóneo, desconociendo su carácter excepcional y residual dentro del ordenamiento jurídico.

 

20.            Asimismo, el juzgado de primera instancia concluyó que tampoco se cumplían los presupuestos para la procedencia de la tutela como mecanismo transitorio, pues la accionante no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable ni demostró que los medios ordinarios disponibles fueran ineficaces para proteger los derechos alegados. Señaló que la parte actora debía demostrar que carecía de otros mecanismos judiciales o que estos no eran idóneos para salvaguardar los derechos invocados, lo cual no ocurrió. En consecuencia, determinó que la acción de tutela no era procedente, dado que existían vías judiciales adecuadas para controvertir la decisión del ICBF y garantizar la protección de los derechos de la menor de edad.

 

3.2  Impugnación

 

21.            La apoderada de la accionante impugnó la sentencia de primera instancia[9] al considerar que el juzgado realizó un análisis meramente formal de la subsidiariedad, sin evaluar si el trámite de homologación era realmente accesible y comprensible para una mujer extranjera con barreras lingüísticas. Sostuvo que la decisión desconoció la jurisprudencia constitucional que exige verificar la eficacia real del medio ordinario, especialmente cuando la administración genera obstáculos que hacen imposible su utilización. También señaló que la audiencia del 23 de septiembre de 2025 se adelantó sin intérprete, vulnerando el debido proceso reforzado aplicable a personas extranjeras y a procesos de infancia, lo que afectó la validez de las notificaciones y la posibilidad de recurrir oportunamente.

 

22.            Asimismo, la impugnación expuso que la oportunidad para solicitar la homologación ya había vencido cuando la madre logró comprender la decisión, configurándose una indisponibilidad material del recurso. Argumentó que, al haberse agotado la reposición y estar vencida la homologación, no existía ningún otro medio judicial o administrativo disponible, por lo que la tutela era el único mecanismo eficaz para proteger los derechos al debido proceso, defensa, igualdad, acceso a la justicia y el interés superior de la niña.

 

23.            En consecuencia, solicitó que se revocara la decisión de primera instancia, se dejara sin efectos la Resolución 099 del 23 de septiembre de 2025, así como la que resolvió la reposición (Resolución 104 del 16 de octubre) y que se concediera el amparo de los derechos al debido proceso, defensa, igualdad, acceso a la justicia y prevalencia de los derechos de la niña. Adicionalmente, solicitó que se ordenara nueva audiencia con intérprete oficial, garantías de defensa y explicación clara y comprensible de los recursos.

 

3.3 Sentencia de segunda instancia

 

24.            El 26 de enero de 2026, la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la decisión del juzgado de primera instancia[10] al concluir que la acción de tutela no cumplía el requisito de subsidiariedad. La Sala destacó que, aunque la accionante interpuso recurso de reposición que fue resuelto mediante la Resolución 104 del 16 de octubre de 2025, la Defensoría de Familia informó expresamente que las partes contaban con quince días para solicitar la homologación ante el juez de familia, mecanismo judicial idóneo para controvertir la decisión administrativa. Señaló que dicho trámite nunca fue solicitado, pese a que constituye el medio ordinario previsto por la Ley 1098 de 2006 para garantizar el control judicial sobre las medidas de restablecimiento de derechos. En esa línea, el Tribunal reiteró que la tutela no puede emplearse como sustituto de los procedimientos ordinarios, salvo que se demuestre la existencia de un perjuicio irremediable, lo cual no ocurrió en el caso analizado.

 

25.            Asimismo, la Sala observó que para el momento en que se resolvió el recurso de reposición, la accionante ya contaba con representación profesional, por lo que las barreras idiomáticas alegadas no podían considerarse un obstáculo material para ejercer la homologación. Indicó que la madre de la niña participó en la audiencia, manifestó comprender el idioma y no presentó reparos en estrados, razón por la cual no era posible atribuir la falta de interposición del recurso a una vulneración del debido proceso. Para el Tribunal, la conducta de la accionante reflejó una actuación descuidada al no acudir al mecanismo ordinario disponible para revisar la decisión administrativa, máxime cuando no se acreditaron circunstancias que hicieran ineficaz o inaccesible dicho trámite. Por ello, concluyó que no se configuraba perjuicio irremediable y que la tutela era improcedente, confirmando integralmente la sentencia de primera instancia.

 

4. Actuaciones en sede de revisión

 

4.1 Selección del expediente

 

26.            El 28 de mayo de 2026, la Sala de Selección de Tutelas Número Cinco escogió el expediente T-12.002.550 para revisión y lo repartió a la Sala Cuarta de Revisión[11]. El 12 de junio de 2026, la Secretaría General de esta Corporación remitió el expediente al despacho del magistrado sustanciador para lo de su competencia[12].

 

4.2 Decreto oficioso de pruebas

 

27.            Mediante Auto del 26 de junio de 2026, el magistrado sustanciador decretó pruebas para precisar los hechos que dieron origen a la acción de tutela, establecer las actuaciones adelantadas por la entidad accionada e invitar a entidades con competencia en la materia a que se pronunciaran sobre la cuestión[13].

 

4.3 Contestación de las partes y de las entidades oficiadas

 

Tabla 1. Resumen de las contestaciones emitidas en sede de revisión

 Ana [14] (accionante)

Manifestó que es ciudadana canadiense y que su idioma nativo es el inglés. Indicó que, aunque reside en Colombia desde hace varios años y ha adquirido un nivel de español suficiente para desenvolverse en situaciones cotidianas, no cuenta con el dominio necesario para comprender adecuadamente procedimientos administrativos o judiciales, terminología jurídica, derechos procesales ni las consecuencias legales de las decisiones adoptadas por las autoridades. Señaló que, por esa razón, asistió a la audiencia del 23 de septiembre de 2025 acompañada de una amiga bilingüe para que le prestara apoyo como intérprete, pero que el funcionario que presidía la diligencia negó su solicitud y ordenó que su acompañante abandonara la sala, dejándola sin asistencia lingüística durante la actuación.

 

La accionante expuso que comprendió que el proceso administrativo de restablecimiento de derechos tenía como finalidad decidir medidas relacionadas con la protección de su hija. Sin embargo, afirmó que no comprendió plenamente los fundamentos jurídicos de la decisión, las consecuencias legales de la Resolución No. 099 del 23 de septiembre de 2025, los mecanismos de defensa disponibles ni los términos procesales para ejercerlos. En particular, indicó que durante la audiencia no entendió las razones jurídicas por las cuales se autorizaban visitas supervisadas pese a que estaba en curso una investigación penal por los hechos denunciados, ni que cualquier inconformidad debía manifestarse de manera inmediata en la diligencia. También, señaló que no comprendió los términos legales para interponer recursos, el alcance de la notificación por estrados ni la existencia y finalidad del mecanismo de homologación judicial. Agregó que, una vez obtuvo asesoría jurídica y comprendió el contenido y los efectos de la resolución, contrató a una abogada para que interpusiera los recursos y actuaciones legales correspondientes, dado que no estaba de acuerdo con la autorización de visitas presenciales en ese momento.

 

Sobre las visitas supervisadas, la accionante afirmó que estas se han realizado conforme a las condiciones fijadas por el ICBF. Relató que durante las primeras visitas observó que su hija se mostraba ansiosa en presencia de su padre y que no quería separarse de su lado, reacción que calificó como evidente en los primeros encuentros. Añadió que, con el paso del tiempo y al compartir más tiempo con su padre durante las visitas supervisadas, la niña “se muestra más cómoda y juega con él sin miedo”. Señaló que mientras se concluye la investigación penal y se continúa valorando el bienestar emocional de su hija, “la medida más segura y adecuada es mantener el régimen de visitas supervisadas”.

Fiscalía General de la Nación[15] (oficiada)

Indicó que, una vez consultados los sistemas misionales de la entidad, con fecha de corte del 2 de julio de 2026, no se encontró información frente a denuncias de tipo penal relacionadas con las personas Ana y Lina.

Comisaría de Familia Santa Elena de la Alcaldía de Medellín[16] (oficiada)

Del expediente administrativo remitido se advierte la apertura del proceso administrativo de restablecimiento de derechos a favor de la menor de edad, motivado por un presunto abuso sexual y por dificultades en la dinámica relacional entre los progenitores. En el informe de verificación de garantía de derechos se identificó como presuntamente vulnerado el derecho a la integridad personal de la niña, con fundamento en los hechos relatados por la madre. Como consecuencia, se recomendó la práctica de una valoración por medicina legal y la continuidad del proceso de restablecimiento de derechos.

 

En concordancia con lo anterior, en el auto de apertura se reiteraron los hechos, riesgos y factores de protección previamente identificados, se dispuso el inicio de la investigación administrativa y se adoptaron medidas provisionales de protección dirigidas a prevenir cualquier situación que pudiera afectar a la niña.

 

Asimismo, la autoridad administrativa ordenó a la madre mantenerse atenta a cualquier cambio en la situación de la niña, iniciar el acompañamiento psicológico y gestionar la valoración médico-legal. Además, estableció que las visitas del padre debían realizarse bajo supervisión de un adulto responsable designado por aquella. Igualmente, dispuso la remisión de copias a la Fiscalía General de la Nación y el traslado de las diligencias al ICBF.

 

Por su parte, la historia clínica aportada registra que, durante una consulta de urgencias realizada el 8 de abril de 2025, no fue posible completar el examen físico de la menor de edad debido a su estado de llanto. De manera que no se logró confirmar ni descartar la existencia de lesiones. También se dejó constancia de que la madre negó alteraciones emocionales, conductuales o cambios en los hábitos de sueño y alimentación de la niña, brindándole orientación sobre signos de alarma y remisión a seguimiento psicoterapéutico. Finalmente, mediante oficio remisorio, la Comisaría puso el proceso en conocimiento del ICBF para que evaluara asumir su competencia.

Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl[17] (oficiada)

Aportó la historia clínica de la menor de edad, registros de atención, remisiones y comunicaciones dirigidas a autoridades administrativas y judiciales con ocasión de la activación del código fucsia. En la historia clínica del 8 de abril de 2025 se consignaron hallazgos de sospecha de abuso sexual, así como el relato de la madre sobre dinámicas familiares, posibles factores de riesgo asociados al consumo de licor por parte del padre y el abuelo, preocupaciones frente al cuidado de la niña durante las visitas paternas y la ausencia de signos previos claros de alarma. También se registró que la niña manifestó que su padre la tocó en la vagina, aunque no fue posible ampliar la información debido a su actitud evitativa y de irritabilidad durante la valoración.

 

En los registros médicos y psicológicos se dejó constancia de que el caso fue reportado al CAIVAS y al ICBF para activar la ruta de protección correspondiente. Además, se brindó psicoeducación a la madre sobre prevención de victimización secundaria, signos de alarma, comunicación protectora con la niña y necesidad de atención psicoterapéutica a largo plazo, recomendándosele evitar nuevos espacios con el presunto agresor. El reporte de psicología reiteró los hechos, ordenó seguimiento psicológico y señaló que quedaba pendiente completar la ruta integral para víctimas de presunto abuso sexual.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- (Accionado)

El ICBF informó que, antes de iniciar la audiencia, la madre fue recibida junto con la niña y una acompañante, a quien identificó como la persona encargada de cuidar a la niña durante la diligencia. Según la entidad, se verificó si la madre comprendía el idioma español y ella respondió afirmativamente. Además, se le indicó que podía solicitar el ingreso de su acompañante si requería apoyo para entender alguna parte de la actuación. Durante la declaración, la madre respondió sin dificultad, no pidió interpretación y, de acuerdo con el equipo interdisciplinario, tampoco se advirtieron problemas de comprensión en las entrevistas previas, aunque en el informe psicológico se dejó constancia de que su idioma nativo era el inglés y de que parecía no tener plena claridad sobre las implicaciones del proceso y la obligatoriedad de las órdenes impartidas.

 

La entidad señaló que la audiencia de pruebas y fallo se desarrolló en presencia de ambos padres y en un ambiente tranquilo. La entidad señaló que una de las profesionales que asistió indicó que durante la diligencia se preguntó de forma reiterada a la madre si comprendía lo manifestado por la defensora de familia y por el equipo técnico, frente a lo cual ella respondió afirmativamente. También señaló que se explicó a las partes que cualquier desacuerdo con la decisión debía manifestarse en ese momento, lo que se entendería como recurso de reposición y, de persistir la inconformidad, daría lugar a la remisión del asunto al juez de familia. Según el ICBF, la madre entendió la información suministrada y nunca solicitó apoyo de interpretación.

 

Expuso que en informe de seguimiento del 1 de junio de 2026 se registró que, según la madre, el padre venía compartiendo con la niña cada quince días en visitas supervisadas por ella en el Parque de Santa Elena, y que la niña se mostraba feliz, disfrutaba esos espacios y evidenciaba un vínculo afectivo significativo con su padre. El ICBF añadió que el riesgo de revictimización sí fue valorado por el equipo técnico y la autoridad administrativa, razón por la cual se fijaron visitas restringidas y supervisadas, teniendo en cuenta que los informes indicaban un estado de salud mental adecuado, desarrollo acorde con la edad y ausencia de cambios comportamentales o afectaciones emocionales posteriores al presunto abuso.

 

Finalmente, el ICBF remitió el expediente administrativo interno del PARD y otras pruebas, compuesto por 245 folios. De ese expediente se desprende que la entidad adelantó las etapas del procedimiento, que la madre deseaba salir del país con la menor de edad y que el padre negó haber cometido actos contra su hija, y este afirmó que las acusaciones buscaban quitarle sus derechos y permitir la salida de la niña del país.

 

28.            Así mismo, esta Sala deja constancia de que el padre de la niña, quien funge procesalmente en este caso como un tercero vinculado con interés directo -al resultar afectado por las decisiones que se adopten-, fue oficiado en sede de revisión[18], en aras de garantizar su derecho de contradicción. Sin embargo, guardó silencio.

 

II. CONSIDERACIONES

 

1.   Competencia

 

29.            La Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional es competente para revisar las sentencias proferidas dentro del proceso de la referencia. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

2.   Análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela

 

30.            La Sala advierte que la acción de tutela presentada por Ana cumple los requisitos para su procedencia, conforme lo establecido en la Constitución Política, el Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional. Esto por las razones que se explican a continuación:

 

Tabla 2. Cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de tutela

Requisito

Acreditación

Legitimación por activa

Esta Corte ha establecido que la legitimación en la causa por activa se acredita: (i) en ejercicio directo de la acción por quien es titular de los derechos fundamentales, (ii) por medio de los representantes legales, (iii) a través de apoderado judicial, (iv) a través de la Defensoría del Pueblo o del personero municipal[19] o (v) mediante agencia oficiosa[20].

 

En el caso concreto, la Sala encuentra que se satisface el requisito de legitimación en la causa por activa. Ana presentó la acción de tutela mediante apoderada judicial, en representación de su hija menor de edad, de quien debe predicarse la salvaguarda de los principios de interés superior y protección reforzada dentro del proceso administrativo de restablecimiento de derechos adelantado por el ICBF.

 

Frente a la representación legal, esta Corporación ha determinado que tal figura se ejerce para actuar en nombre de una persona que por expresa disposición legal no puede promover el amparo, y tal es el caso de los menores de edad quienes pueden acudir a la acción de tutela a través de sus padres en ejercicio de la patria potestad[21], y respecto de quienes es imperativo proteger su interés superior[22].

 

Asimismo, y de conformidad con la jurisprudencia constitucional, la acción de tutela puede ser ejercida por intermedio de apoderado judicial, siempre que se acredite debidamente la representación[23]. En el expediente obra el poder especial conferido por la accionante a su apoderada judicial para interponer la acción de tutela[24], lo que permite tener por acreditada la legitimación para actuar en su nombre.

 

Por su parte, Ana se encuentra legitimada para promover la acción en representación de su hija menor de edad, en tanto es su progenitora y quien ha actuado a lo largo del trámite administrativo en defensa de los intereses de la niña, además sobre quien recaen de manera directa los efectos de las decisiones adoptadas dentro del proceso administrativo de restablecimiento de derechos.

 

De igual forma, la accionante se encuentra legitimada para interponer la acción de tutela en nombre propio, en tanto es titular de los derechos al debido proceso, defensa y contradicción que alega fueron vulnerados en el marco del proceso administrativo de restablecimiento de derechos.  

Legitimación por pasiva

La legitimación por pasiva se refiere a la aptitud legal que tiene una persona para responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental invocado como violado. Según el artículo 86 de la Constitución y los artículos 1° y 5° del Decreto 2591 de 1991, por regla general, dicha aptitud se predica de las autoridades.

 

En este caso, la Defensoría de Familia del Centro Zonal Sur Oriente, Regional Antioquia, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- es un sujeto legitimado para ser accionado, en la medida en que se trata de una autoridad pública que, en ejercicio de sus funciones legales, adoptó las decisiones administrativas cuestionadas dentro del proceso administrativo de restablecimiento de derechos, esto es, la Resolución No. 099 de 2025 y la Resolución No. 104 de 2025, respecto de las cuales la accionante alega el desconocimiento de sus derechos fundamentales.

 

Así mismo, la Sala reitera que el padre de la niña, quien funge procesalmente en este caso como un tercero vinculado con interés directo -al resultar afectado por las decisiones que se adopten-, fue oficiado en sede de revisión, en aras de garantizar su derecho de contradicción. Sin embargo, guardó silencio.

 

De igual forma, en lo que respecta a la Fiscalía General de la Nación, se resalta que, de acuerdo con los hechos y antecedentes expuestos en esta providencia, debe existir una actuación penal relacionada con los hechos en razón de la activación del código fucsia[25], lo que explica la relación de la entidad con los hechos objeto de la acción de tutela.

Subsidiariedad[26]

El inciso 4º del artículo 86 de la Constitución establece el principio de subsidiariedad como condición para la procedencia de la acción de tutela. De manera que sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Lo anterior en concordancia con lo establecido en el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.

 

En este caso, la Sala encuentra acreditado el requisito de subsidiariedad respecto a la solicitud de protección del interés superior y la protección reforzada de la niña a través de la acción de tutela,  en tanto esta Corporación ha sostenido de manera reiterada que, pese a la existencia de otro medio de defensa judicial, el examen de procedencia de la acción de tutela debe ser más flexible cuando están comprometidos derechos fundamentales de sujetos de especial protección constitucional, como es el caso de los niños, las niñas y los adolescentes[27], porque, en desarrollo del derecho fundamental a la igualdad, el Estado les debe garantizar un tratamiento diferencial positivo, y porque es corresponsable, junto con la familia y la sociedad, de garantizar su desarrollo armónico e integral, así como el ejercicio pleno de sus derechos[28].

 

Lo anterior, por cuanto se trata de una niña dentro de un proceso originado en una presunta situación de violencia sexual en su entorno familiar, lo que exige valorar con especial atención la idoneidad y la eficacia del mecanismo ordinario para garantizar, de manera oportuna, el principio de prevalencia de sus derechos[29].

 

De igual forma, la Sala resalta que, si bien el mecanismo de tutela contra actos administrativos es existente, aquel no resultaba idóneo ni procedente para la resolución del presente caso. Esto, porque si bien se trata de, en efecto, una acción de tutela que tiene como pretensión dejar sin efectos una decisión contenida en una resolución, el Código de Infancia y Adolescencia prevé específicamente un mecanismo principal e idóneo para efectuar dicho trámite; esto es, el proceso de homologación: el legislador sometió específicamente las decisiones administrativas de un PARD a un control judicial especial ante el juez de familia y no a la posibilidad de interponer tutela contra actos administrativos.

 

Asimismo, el caso tampoco podía ser sometido al mecanismo previsto en el artículo 100 del Código de Infancia y Adolescencia. A saber, las causales de nulidad previstas en el Código General del Proceso. Aquello porque el artículo 133 del referido Código no prevé las barreras idiomáticas como causales de nulidad del PARD.

 

Así, y al tratar el asunto sobre la protección de una menor de edad, y en atención a que la propia comprensión y activación de los mecanismos ordinarios -la homologación judicial-, por parte de su representante se vio, según se alega, comprometida por una barrera idiomática, la acción de tutela se erige como el mecanismo idóneo y eficaz para examinar la controversia planteada.

 

Ahora bien, en lo que respecta al estudio de este requisito respecto de los derechos propios de la madre, la Sala estima necesario recordar que al encontrarse frente a este tipo de casos esta Corporación ha advertido que las controversias relacionadas con la presunta vulneración de los derechos fundamentales de los niños involucrados en los PARD y de sus padres pueden tramitarse a través del proceso de homologación judicial previsto en el artículo 100 de la Ley 1098 de 2006. De manera que lo que corresponde en estos casos es determinar si el mecanismo judicial referido resulta idóneo y eficaz, para garantizar los derechos fundamentales invocados[30].

 

En efecto, la Corte Constitucional ha encontrado que en este tipo de casos los progenitores acuden a la acción de tutela para proteger los derechos fundamentales de sus hijos y, a la vez, los suyos propios. Sin embargo, lo cierto es que la mayoría de las veces la controversia y sus pretensiones suelen ser unívocas, esto es, que se dirigen hacia un mismo sentido y apuntan a un mismo resultado[31], mientras que, en otros casos, a pesar de que la presunta vulneración de los derechos invocados venga de un mismo fundamento fáctico, el alcance de las garantías fundamentales es diferente y las medidas a adoptar para protegerlas no son las mismas: no son unívocas.[32]

 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Corte ha establecido que “el análisis sobre la idoneidad y eficacia del proceso de homologación judicial para proteger los derechos fundamentales de los niños involucrados en procesos de restablecimiento de derechos y de sus padres se hará de manera conjunta, cuando las pretensiones o las medidas a adoptar para garantizar los derechos invocados son unívocos. Por el contrario, se escindirá cuando: (i) las pretensiones o las medidas a adoptar para garantizar los derechos de los padres son diferentes de las requeridas para proteger las garantías iusfundamentales de los niños; (ii) las pretensiones de los padres resulten opuestos a los derechos de sus hijos; o, (iii) se advierta un uso indebido de la representación judicial de los hijos por parte de los padres.”[33]

 

En este caso, la Sala considera que (i) la acción de tutela tiene sustento en el mismo fundamento fáctico -la supuesta manera en que se desarrolló la audiencia de pruebas y fallo dentro del PARD-; (ii) las pretensiones y las medidas que se podrían adoptar para salvaguardar el interés superior y garantizar la protección reforzada de la niña son las mismas que las requeridas en el caso de la madre. Ciertamente, la acción de tutela, que invoca el interés superior de la niña y, a su vez, el derecho al debido proceso de la madre, tiene un propósito único: que se revoque la Resolución 099 de 2025, por medio de la cual se fijó el régimen de visitas.

 

Dado lo anterior, la Sala concluye que el presupuesto de subsidiariedad también se encuentra acreditado respecto de la solicitud de amparo de los derechos propios de la accionante, pues el análisis sobre la idoneidad y eficacia del requisito de homologación se realiza, por lo expuesto, de manera conjunta.

 

De igual manera, la Sala resalta que el presente asunto no se limita a una verificación sobre la legalidad de las medidas adoptadas dentro del PARD. Al contrario, comprende una discusión más profunda que permite estudiar cómo las barreras idiomáticas pueden complejizar y exigen de las autoridades administrativas ciertas actuaciones concretas que garanticen el debido proceso, y si un régimen de visitas fijado en este tipo de contextos puede tener el riesgo de haber sido formulado sin haber garantizado el interés superior de la niña.

Inmediatez

La jurisprudencia constitucional ha resaltado que de conformidad con el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela no tiene término de caducidad[34]. Sin embargo, la Corte también ha sido consistente en señalar que la misma debe presentarse en un término razonable y proporcional a partir de los hechos que generaron la presunta vulneración de los derechos fundamentales[35].  

 

La Sala considera que este requisito se cumple puesto que la Resolución No. 104 de 2025, que resolvió el recurso de reposición es de fecha 16 de octubre de 2025 y, según obra en el expediente, la acción de tutela fue repartida al juez de primera instancia el día 7 de noviembre de 2025[36], de manera que se evidencia un plazo razonable entre la decisión de no conceder el recurso de reposición y la presentación de la acción.

 

4. Problema jurídico y cómo resolverlo

 

31.            Aunque, concretamente, el acápite de pretensiones contenido en la acción de tutela se refiere expresamente al amparo de los derechos de la accionante[37], la Sala advierte que, interpretado integralmente, el escrito de tutela también plantea la protección del interés superior de la hija de aquella. En efecto, la actora fundamentó su solicitud, entre otros aspectos, en la salvaguarda de dicho interés, en la prohibición de revictimización y en la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, el documento referido plantea en su introducción que la tutelante actúa en representación de su hija y en el poder conferido a la abogada manifestó que acudía a la acción “para la protección de los derechos fundamentales que me fueran vulnerados a mí y a mi hija”. Por tanto, el examen del interés superior de la niña no supone un pronunciamiento extra petita, sino que también hace parte del objeto material de la solicitud de amparo.

 

32.            A partir de los antecedentes previos, corresponde a la Sala de Revisión resolver el siguiente problema jurídico:

 

33.            ¿La Defensoría de Familia del Centro Zonal Sur Oriente, Regional Antioquia, del ICBF vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción de la accionante cuya lengua materna no es el español, en el marco del proceso administrativo de restablecimiento de derechos adelantado en favor de su hija, al realizar la audiencia de pruebas y fallo sin asistencia lingüística; y desconoció el interés superior y la protección reforzada de la niña al establecer un régimen de visitas supervisadas con su padre, pese a la información obrante en el expediente estaba relacionada con un presunto abuso sexual?

 

34.            Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala desarrollará los siguientes capítulos: (i) el alcance del derecho fundamental al debido proceso administrativo, en el marco de los procesos de restablecimiento de derechos; (ii) los derechos de debido proceso, defensa y acceso a la justicia, examinados a la luz de las barreras idiomáticas en el curso del proceso administrativo de restablecimiento de derechos; (iii) el régimen de visitas de niños, niñas y adolescentes en el marco jurisprudencial; (iv) la resolución del caso concreto.

 

5. El alcance del derecho fundamental al debido proceso administrativo en el marco de los procesos de restablecimiento de derechos

 

35.            El proceso de restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes se encuentra regulado por la Ley 1098 de 2006 -Código de la Infancia y la Adolescencia-. Este proceso surgió como respuesta legislativa ante la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y tiene como último fin su restauración a través de la toma concreta de medidas, de acuerdo con las características y necesidades particulares de cada caso[38]. Así, a través de un conjunto de actuaciones administrativas, el proceso tiene como propósito permitir la protección de los derechos que les hayan sido desconocidos a los niños, niñas y adolescentes por parte de instituciones públicas, una persona o incluso su propia familia[39].

 

36.            De este modo, el proceso se caracteriza por su naturaleza expedita[40], lo que implica que sus etapas están sujetas a términos concretos que deben ser cumplidos por las autoridades administrativas[41]. Esta necesidad de prontitud en los trámites resulta altamente significativa porque representa la manifestación misma de la prevalencia de los intereses de los menores[42]. Sin embargo, la urgencia de las medidas y la celeridad impuesta por el legislador durante el proceso no pueden traducirse, bajo ningún escenario, en una vulneración del derecho al debido proceso[43] consagrado en la Constitución.

 

37.            La Corte Constitucional ha construido una línea jurisprudencial sobre las dimensiones del debido proceso. Lo ha reconocido primariamente como el conjunto complejo de condiciones que impone la ley a la administración[44], materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos en cabeza de la autoridad administrativa[45]. Además, su efectividad comprende garantías que se concretan a través de los derechos a (i) ser oído durante toda la actuación; (ii) la notificación oportuna y de conformidad con la ley; (iii) que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas; (iv) que se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación; (v) que la actuación se adelante por la autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico; (vi) gozar de la presunción de inocencia; (vii) el ejercicio del derecho de defensa y contradicción; (viii) solicitar, aportar y controvertir pruebas; (ix) impugnar las decisiones y promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación al debido proceso[46].

 

38.            Asimismo, esta Corporación ha expresado que dicho derecho tiene tres finalidades concretas: (i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) garantizar la validez de sus propias actuaciones y (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados[47]. Aquellas se satisfacen a través de cuatro componentes del debido proceso administrativo: el acceso equitativo y libre a la justicia, la legítima defensa, la determinación de trámites y plazos razonables y la imparcialidad en el ejercicio de la función pública y administrativa[48].

 

39.            De igual forma, esta Corporación ha reconocido que el respeto a las garantías sustanciales y procesales que conforman el debido proceso son aplicables al proceso administrativo en el cual se ven comprometidos los derechos de los niños, niñas y adolescentes[49]. Así, las actuaciones comprendidas dentro de este proceso deben observar los principios de legalidad, favorabilidad, presunción de inocencia, así como el derecho a la defensa -que se materializa en el derecho a ser oído y a intervenir en el proceso, directamente o a través de abogado, a presentar y controvertir pruebas, y a interponer recursos contra la decisión que se adopte- y el debido proceso sin dilaciones injustificadas[50]. De otro lado, se ha resaltado que todos estos presupuestos son de plena aplicación a las actuaciones administrativas adelantadas por el ICBF[51].

 

40.            Ahora bien, la competencia para procurar y promover el restablecimiento de derechos corresponde a las autoridades administrativas previstas en el Código de Infancia y Adolescencia. Esto es, los defensores de familia, los comisarios de familia[52] y los inspectores de policía cuando corresponda[53]. Asimismo, corresponderá al respectivo coordinador del centro zonal del ICBF realizar el seguimiento de las medidas de protección o de restablecimiento adoptadas por los defensores y comisarios de familia[54].

 

41.            Cuando se pone en conocimiento de las autoridades una posible amenaza o vulneración de derechos de algún niño, niña o adolescente, como primera medida, aquellas deben realizar la verificación de las garantías de derechos prevista en el artículo 52 de la Ley 1098 de 2006[55]. Posteriormente, la autoridad deberá determinar si existen elementos que justifiquen la apertura del PARD, si corresponde adoptar otras actuaciones para garantizar los derechos del menor de edad, o si resulta necesario ordenar medidas provisionales de urgencia[56]. Así, cuando se advierte una amenaza o vulneración, la autoridad debe ordenar mediante auto la apertura del proceso[57].

 

42.            Una vez se notifica a los representantes del menor de edad, se les debe correr traslado por cinco días para que se pronuncien sobre los hechos y aporten las pruebas que pretendan hacer valer[58].

 

43.            Vencido el término del traslado, mediante auto notificado por estado se fijará la fecha para la audiencia de pruebas y fallo, en la cual se practicarán las pruebas que no hayan sido adelantadas, se dará traslado de estas y se emitirá la resolución en la que se señalarán las particularidades de la medida de restablecimiento, en caso de haberla. Esta, concretamente, deberá ser indicada de forma expresa, se deberá explicar su justificación e indicar su forma de cumplimiento, así como la periodicidad de su evaluación y los demás aspectos que interesen a la situación del menor de edad[59]. Así, la decisión que impone una medida de restablecimiento de derechos debe contener una argumentación contundente que evalúe los elementos disponibles que sirven de fundamento a la misma, de tal manera que sean suficientes para comprender la situación integral del menor de edad, velando en todo momento del proceso por el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.[60]

 

44.            Contra la decisión procede el recurso de reposición, el cual debe interponerse verbalmente en la audiencia por quienes hayan asistido; a quienes no hayan asistido se les debe notificar la decisión por estado, y se resolverá el recurso dentro de los diez días siguientes a su formulación[61]. Una vez resuelto el recurso de reposición o vencido el término para interponerlo, el expediente deberá ser remitido al juez de familia para homologar el fallo en caso de que, dentro de los 15 días siguientes a su ejecutoria, alguna de las partes o el Ministerio Público haya manifestado su inconformidad con la decisión[62].

 

45.            El recurso de homologación es un mecanismo que procede contra el fallo que culmina el proceso administrativo de restablecimiento de derechos[63], y que puede solicitarse independientemente de que se haya interpuesto el recurso de reposición[64]. Es decir, la homologación no corresponde a una segunda instancia del recurso de reposición, ni tampoco debe agotarse este último para que proceda aquel. A través de la homologación el juez competente realiza no solamente un control formal derivado del respeto de las reglas del procedimiento que rigen el PARD, sino también un examen material que se dirija a confrontar que la decisión adoptada en el fallo sea razonable, oportuna y conducente para proteger los derechos y los intereses superiores del menor de edad[65].

 

46.            En esa línea, si dentro de los quince días siguientes a la emisión del fallo, alguna de las partes o el Ministerio Público lo solicita, el expediente deberá ser remitido al juez de familia para que este revise la decisión y resuelva el trámite en un término de 20 días contados desde el día siguiente a la radicación del proceso ante su despacho, a partir de estudiar la resolución emitida dentro de la audiencia[66]. Además, cuando existen actuaciones penales paralelas a la apertura del PARD, que en todo caso son independientes entre sí, la autoridad de familia designada debe desempeñar un papel activo y, a la luz del principio de colaboración armónica, solicitar a la Fiscalía información sobre el estado de la investigación[67].

 

47.            En suma, la especial naturaleza legislativa del PARD y la celeridad que lo caracteriza hace surgir en las autoridades un deber de prontitud, eficacia y operatividad, al tratarse de la protección de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, el debido proceso que debe garantizarse en todas las actuaciones administrativas y judiciales también se revela dentro de la propia estructura de la Ley 1098 de 2006 y, en particular, del régimen legal aplicable al proceso administrativo de restablecimiento de derechos. En efecto, el legislador estableció una secuencia concreta de actuaciones, términos, oportunidades y requisitos que deben ser cumplidos, incluso cuando es necesario brindar una respuesta pronta y oportuna. De esta manera, la serie de actuaciones y oportunidades procesales que se encuentran cronológicamente organizadas y reguladas dentro de la Ley 1098 de 2006 representan, en sí mismas, las garantías de defensa y contradicción otorgadas a quienes intervienen en el trámite.

 

6. Comprensión idiomática en actuaciones judiciales y administrativas

 

48.            Como se mencionaba anteriormente, esta Corporación ha precisado que uno de los contenidos del derecho al debido proceso administrativo consiste precisamente en que las personas conozcan y comprendan el trámite en el que se encuentran involucradas, pues la sola notificación formal de una actuación no basta para tener por satisfecha esta exigencia. Ello, dado que la autoridad administrativa debe corregir los errores que se deriven de la falta de comprensión o entendimiento de las personas acerca del procedimiento administrativo[68].

 

49.            En esa misma línea, la Corte Constitucional señaló que del debido proceso administrativo se desprenden, entre otras, las garantías de que el administrado pueda “(i) conocer las actuaciones de la administración; (ii) pedir y controvertir las pruebas; (iii) ejercer con plenitud su derecho de defensa; (iv) impugnar los actos administrativos, y (v) gozar de las demás garantías establecidas en su beneficio”[69]. 

 

50.            De estas premisas se sigue que la comprensión lingüística no es un asunto ajeno al debido proceso, sino un presupuesto necesario para su realización material, ya que la posibilidad de defenderse, contradecir y ser oído carece de sentido práctico si la persona no entiende el idioma en el que se desarrolla la actuación que la vincula.

 

51.            A partir de esa relación entre comprensión y debido proceso, la jurisprudencia constitucional[70] ha reiterado el deber estatal de eliminar las barreras idiomáticas que impidan la participación efectiva de quienes intervienen en una actuación judicial o administrativa. Así, este Tribunal[71] ha señalado que "toda persona contra la cual se dirige una acusación en un trámite judicial, administrativo o en otro tipo de asuntos, que no comprenda o hable con suficiencia el idioma en el que se adelanta la respectiva actuación, debe ser asistida gratuitamente por un traductor o intérprete".

 

52.            Asimismo, la Corte Constitucional[72] reconoció que los migrantes son sujetos de especial protección, entre otras razones, por la barrera idiomática que enfrentan frente al sistema jurídico local, y ha ordenado a las autoridades migratorias adoptar un plan para la provisión de intérpretes en las actuaciones administrativas que se adelanten con su participación.

 

53.            En ese sentido la autoridad debe remover proactivamente los obstáculos que, como el desconocimiento del español, limiten el ejercicio pleno de los derechos de contradicción y defensa.[73]

 

54.            No obstante, la propia jurisprudencia constitucional ha entendido que este deber de remoción de barreras idiomáticas no se traduce en una regla de aplicación automática o abstracta, sino que debe valorarse conforme al caso y a las pruebas aportadas en cada evento. Así, en el asunto analizado por esta Corporación en Sentencia T-295 de 2018, la entidad accionada alegó que no había sido necesario suministrar un intérprete porque, en criterio del funcionario que adelantó el trámite, el actor tenía "pleno dominio del idioma español". Sin embargo, la Sala de Revisión[74] examinó puntualmente el contenido del video allegado como prueba, del cual concluyó que "tan solo se observa que el actor pronuncia dos o tres palabras cortas y que en su gran mayoría asiente con la cabeza a las preguntas e indicaciones" que le formulaba la autoridad, por lo cual no podía tenerse por demostrada la comprensión suficiente del idioma.

 

55.            De manera que, al enfrentarse a un conflicto de barreras idiomáticas relacionado con el debido proceso, el juez constitucional no presume ni descarta la vulneración de dicho derecho por la sola ausencia o presencia de un intérprete, sino que es su deber examinar según el acervo probatorio si la persona contó con una comprensión real y demostrada de la actuación, de las decisiones adoptadas y de los mecanismos de defensa a su disposición.

 

56.            En esa línea, la Sentencia T-295 de 2018 indicó que “la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que: “(…) es necesario eliminar cualquier obstáculo que reduzca una defensa eficaz, siendo el idioma un factor crucial en este tema. Debido a lo anterior, dicho tribunal considera que debe proveerse de traductor, a quien desconoce el idioma en que se desarrolla el procedimiento”.[75]

 

57.            Ahora bien, vale la pena resaltar que, concretamente, en materia migratoria esta Corte se ha pronunciado[76] sobre los estándares de comprensión material de los procedimientos administrativos. En esencia, ha establecido que ese entendimiento no se agota en la capacidad de comunicarse funcionalmente en español; es decir, las garantías de contradicción y defensa tienen una dimensión material y, por ello, deben removerse las barreras que impidan su ejercicio efectivo.

 

58.            Más recientemente, en el contexto de los procedimientos administrativos sancionatorios migratorios, la Corte Constitucional sostuvo que[77] a la asistencia de traductor o intérprete, cuando resulte necesaria, solo puede renunciarse de manera expresa y voluntaria. Asimismo, señaló que el hecho de que una persona extranjera pueda comprender español o esté familiarizada con trámites administrativos no elimina, por sí mismo, su derecho a optar por dicha asistencia. En esa misma línea, indicó que cuando una persona extranjera no comprenda el español o este no sea su lengua materna, la autoridad debe, en principio, ofrecer los servicios de traductor o intérprete y dejar constancia de la respuesta del interesado.

 

59.            Con todo, la Sala estima que la ausencia de un intérprete o traductor no comporta por sí sola y de manera automática una vulneración del derecho al debido proceso cuando en el expediente se demuestre que la persona manifestó comprender el idioma en el que se surtió la diligencia.

 

60.            Ello es consistente con la exigencia fijada por esta Corporación, en el sentido de que el contenido del debido proceso administrativo se satisface cuando el administrado efectivamente "conoce y comprende" el trámite en el que interviene[78], exigencia que se orienta a la comprensión material y no a la simple presencia formal de un intérprete como fin en sí mismo

 

61.            En todo caso, corresponde a la autoridad demostrar que dicha verificación se realizó de manera razonable y que se ofrecieron mecanismos idóneos de asistencia, así como a la persona interesada advertir, en la oportunidad procesal correspondiente, cualquier dificultad de comprensión que pudiera afectar el ejercicio de sus derechos, pues es dentro de ese marco de diligencia recíproca que la jurisprudencia constitucional ha entendido satisfecha la garantía de acceso a la administración de justicia y a los procedimientos administrativos[79].

 

7. Protección constitucional de niños, niñas y adolescentes en el régimen de visitas

 

62.            El proceso administrativo de restablecimiento de derechos ha sido reconocido por esta Corporación como el instrumento principal a través del cual el Estado cumple el mandato de proteger a los niños, niñas y adolescentes para garantizar su desarrollo armónico e integral, así como el ejercicio pleno de sus derechos[80]. Asimismo, el artículo 50 del Código de Infancia y Adolescencia reconoce este proceso como aquel que tiene como fin la restauración de su dignidad e integridad como sujetos y de la capacidad para hacer efectivos los derechos que les han sido vulnerados[81].

 

63.             Asimismo, las facultades otorgadas dentro de este proceso a los defensores de familia, los comisarios de familia y los inspectores de policía que permiten adoptar medidas en favor de los menores de edad son de trascendencia, pues inciden directamente en el goce de los derechos de esto y, particularmente, en el derecho a tener una familia[82].

 

64.            El artículo 256 del Código Civil dispone que el padre o la madre que no tiene a su cargo el cuidado personal de sus hijos podrá visitarlos, disposición que constituye el fundamento legal general del régimen de visitas en el ordenamiento colombiano[83]. En ese sentido, el numeral 10 del artículo 13 de la Ley 2126 de 2021 le atribuye a las comisarías de familia la función de definir provisionalmente la custodia y cuidado personal, la cuota de alimentos y la reglamentación de visitas, entre otras medidas, frente a las situaciones de violencia previstas en el numeral 4 del artículo 5 de la referida ley [84].

 

65.            Asimismo, la Corte Constitucional ha señalado que "el régimen de visitas constituye un instrumento esencial para que los niños, niñas o adolescentes mantengan y desarrollen vínculos afectivos con cada progenitor, recibiendo el cuidado y el amor que requieren, al tiempo que contribuye al restablecimiento y refuerzo de la unidad familiar[85]". Esta garantía facilita el acercamiento y la convivencia entre padres e hijos, favorece el desarrollo integral del menor de edad al posibilitar que la relación con sus progenitores persista, incluso frente a las dificultades surgidas entre estos, y protege los intereses del menor de edad al configurar un derecho tanto para los niños, niñas y adolescentes, como para sus padres, que debe ser garantizado y tutelado por las autoridades administrativas y judiciales, y que es exigible frente a quien lo impida o no lo ejerza[86].

 

66.            De esta manera, la finalidad del régimen de visitas se enmarca a su vez en el derecho fundamental de los niños, las niñas y los adolescentes a tener una familia y a no ser separados de ella, el cual exige "la integración afectiva del menor de edad en un entorno propicio para su desarrollo, el cual se debe sustentar en vínculos sólidos de afecto y confianza, así como en relaciones equilibradas y armoniosas entre los progenitores, quienes están llamados a asumir una conducta pedagógica orientada al bienestar y crecimiento de sus hijos"[87]. Por esa razón, la autoridad administrativa o judicial encargada de determinar el régimen de visitas debe valorar las consecuencias negativas que este puede causar en términos de estabilidad emocional y psicológica del menor de edad, para lo cual la jurisprudencia constitucional ha señalado que debe aplicarse un enfoque de curso de vida como criterio orientador de la decisión, con base en el principio del interés superior del menor[88].

 

67.            En cuanto a su naturaleza jurídica, la Corte Constitucional ha determinado que la sentencia que se dicta en los procesos de custodia, cuidado personal, régimen de visitas y permiso de salida del país de niños, niñas y adolescentes corresponde a un proceso de jurisdicción voluntaria, motivo por el cual no hace tránsito a cosa juzgada material[89]. Esta calificación no es un asunto meramente formal, pues tiene consecuencias directas sobre el alcance de las decisiones que se adoptan en esta materia, en tanto determina que dichos asuntos no quedan definitivamente resueltos con la primera decisión que se profiera.

 

68.            De la naturaleza de jurisdicción voluntaria de estos procesos se deriva, precisamente, que "esa circunstancia permite que el juez de instancia mantenga su competencia en el proceso y pueda modificar la sentencia que dictó en el curso del mismo. Es claro entonces que, la sentencia que establece la custodia, visitas y permiso de salida del país de niños, niñas y adolescentes, no tiene carácter definitivo, pues como ya se señaló no hace tránsito a cosa juzgada material, y por ende puede ser revisada y modificada en cualquier momento, por el juez de instancia que conoció el proceso dado que éste mantiene su competencia para esos efectos[90]”.

 

69.            En el mismo sentido, la jurisprudencia constitucional[91] ha declarado que las decisiones sobre custodia y cuidado personal, lo que se extiende además al régimen de visitas, no significan la pérdida de la patria potestad ni del vínculo familiar, ni tampoco eximen a los padres de sus obligaciones, sino que, por el contrario, aquellas pueden revisarse posteriormente en el caso en que cambien de las circunstancias iniciales y así se requiera. De lo anterior se sigue que el régimen de visitas fijado por una autoridad administrativa o judicial no es inmodificable, sino que las partes pueden acudir nuevamente ante la autoridad competente para solicitar su ajuste cuando se acrediten circunstancias que así lo ameriten.

 

70.            Asimismo, aunque la decisión judicial sobre la custodia, el cuidado personal y el régimen de visitas de niños, niñas y adolescentes no puede ser apelada, “tampoco hace tránsito a cosa juzgada material. En esa medida, el juez de instancia mantiene competencia sobre el asunto y puede modificar la sentencia[92]". Por ello, la Corte Constitucional precisó que “la fijación de un régimen de visitas frente a un niño, niña o adolescente, incluso a través de una decisión judicial [...], no adquiere fuerza inmutable e intangible. Es esencialmente revisable, por lo cual, es indudable que el juez constitucional puede adoptar medidas tendientes a proteger y garantizar los derechos de sujetos de protección prevalente[93]".

 

71.            Lo anterior confirma el carácter esencialmente revisable del régimen de visitas que habilita su modificación ante la autoridad administrativa o judicial que lo fijó e, incluso, comprende la posibilidad de que el juez constitucional examine y ajuste dicho régimen cuando estén en riesgo los derechos de niños, niñas y adolescentes.

 

72.            En esa medida, cualquier ajuste al régimen de visitas debe estar orientado, en todo momento, a la protección prevalente del interés superior del niño, niña o adolescente, lo que la Corte Constitucional ha calificado como un hito transformador en el abordaje de sus derechos, que busca garantizar su protección de manera que se conviertan en adultos sanos, libres y autónomos[94].

 

8. Análisis del caso concreto

 

73.            De conformidad con las consideraciones expuestas y el material probatorio recaudado, la Sala advierte que la controversia exige valorar conjuntamente las garantías procesales ofrecidas a la madre de la menor de edad y los deberes reforzados de protección de las autoridades frente a los derechos, el interés superior y la protección integral de la niña.

 

74.            La apoderada de la accionante sostuvo que la comprensión idiomática de la señora Ana debió ser considerada mediante la intervención de un traductor oficial, especialmente durante la lectura del fallo, para garantizar su derecho de defensa, el debido proceso, el acceso a la justicia y los derechos de la niña. También afirmó que la autorización de visitas desconocía el deber estatal de protección integral, al no existir certeza sobre la ausencia de riesgo para la menor de edad. Afirmó que el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 099 de 2025 fue negado mediante Resolución 104 del 16 de octubre de 2025 por extemporáneo, bajo el argumento de que debía interponerse en la misma audiencia, al haber sido notificada por estrados.

 

75.            En ese orden, la Sala procederá a estudiar si, de acuerdo con los elementos obrantes en el expediente, a la señora Ana le fue garantizado el debido proceso en el curso de la referida audiencia. Asimismo, evaluará qué sucedió con los términos previstos dentro del marco del restablecimiento de derechos en el caso concreto y si las medidas decretadas por la Defensoría de Familia fueron compatibles con el régimen de visitas para niños, niñas y adolescentes en Colombia.

 

8.1. Sobre la vulneración del debido proceso en la audiencia

 

76.            La parte accionante considera que la vulneración del derecho al debido proceso se configuró cuando los funcionarios administrativos le impidieron ingresar con una amiga que le brindaría apoyo en la traducción y comprensión de la audiencia.

 

77.            No obstante, los elementos probatorios del expediente no permiten tener por ciertos los hechos alegados por la apoderada. Según declaración juramentada del 2 de julio de 2026[95], el ICBF indicó que la accionante manifestó comprender el idioma español al inicio de la entrevista sociofamiliar y que aquella respondió de forma clara, coherente y pertinente a las preguntas formuladas. Asimismo, expuso que, durante la audiencia de pruebas y fallo, la defensora de familia le preguntó en varias ocasiones si comprendía las explicaciones, observaciones y conclusiones comunicadas, a lo que respondió afirmativamente, sin expresar dificultad alguna con el idioma[96]. Incluso, antes de iniciar la diligencia, al consultársele si requería a su acompañante como traductora, la accionante afirmó que comprendía el español y que no requería traducción, razón por la cual la audiencia se adelantó únicamente con su comparecencia[97].

 

78.            Adicionalmente, al responder las consultas efectuadas mediante auto de pruebas del 26 de junio de 2026[98], la entidad señaló que la madre informó que su amiga la acompañaba para cuidar a la niña mientras ella asistía a la audiencia. También indicó que, antes de ingresar, las funcionarias le preguntaron si entendía español y ella respondió afirmativamente. Además, le advirtieron que, de requerir apoyo, podría ingresar su amiga para facilitar la comprensión. Durante la declaración bajo juramento, la madre contestó todas las preguntas sin dificultad ni solicitud de interpretación, y la Defensoría afirmó que, desde la entrevista previa y durante la audiencia, se verificó que comprendiera la información suministrada y que no requiriera intérprete[99].

 

79.            Ahora bien, la Sala advierte que sobre este punto existen versiones contradictorias, pues mientras la accionante afirma que las autoridades administrativas impidieron el ingreso de su acompañante, la Defensoría sostiene que fue la propia madre quien manifestó comprender el español y no requerir traducción. Sin embargo, la Sala estima que esta contradicción, por sí sola, no permite tener por acreditada la vulneración alegada. En esencia, la versión expuesta en la acción de tutela no está respaldada por otros elementos de prueba que permitan concluir que la autoridad impidió arbitrariamente el ingreso de la acompañante o que, durante la diligencia, la accionante hubiese informado de alguna manera que no comprendía lo que se le comunicaba. Por el contrario, el material probatorio recaudado evidencia que la Defensoría indagó de forma expresa y reiterada sobre su comprensión del idioma y sobre la necesidad de contar con apoyo para la traducción, que la accionante manifestó entender la totalidad de las actuaciones adelantadas durante la audiencia y que, incluso, culminada la etapa probatoria durante la audiencia de pruebas y fallo, cuando se les indagó a los padres de la menor sobre posibles solicitudes relacionadas con alguna aclaración, complementación u observaciones de los dictámenes periciales presentados, la madre contestó: “nada”[100].

 

80.            Ahora bien, como se expuso en la parte considerativa de esta providencia[101], la dimensión material del derecho de contradicción y defensa se consolida a través de la posibilidad que tengan los extranjeros de (i) contar con los recursos y demás elementos materiales para el ejercicio de dicho derecho, lo que abarca distintos asuntos como la especial actuación de los servidores públicos, información suficiente, infraestructura, etc.; y (ii) que se remuevan toda las barreras jurídicas y fácticas que impidan el ejercicio del derecho[102]. Asimismo, esta Corporación ha sostenido que a la asistencia de traductor o intérprete solo puede renunciarse de manera expresa y voluntaria, que dichas asistencias son exigibles incluso en los casos en los cuales el extranjero comprenda o esté familiarizado con el español, y que la autoridad debe ofrecer los servicios de traductor o intérprete y dejar constancia de la respuesta del extranjero[103].

 

81.            En esa línea, la Sala encuentra que la dimensión material del derecho de defensa y contradicción fue, en efecto, protegida por la Defensoría:  al encontrarse acreditado que la lengua materna de la accionante extranjera no era el español, del expediente se desprende que a esta se le ofreció reiteradamente la posibilidad de contar con un intérprete y se le preguntó sobre su efectiva comprensión, removiendo así las barreras jurídicas que pudieran obstaculizar su posibilidad de ejercer el derecho de defensa. Que, asimismo, se consolidó una renuncia expresa y voluntaria por parte de la accionante a la posibilidad de contar con una traductora y, en esencia, la Defensoría demostró haber estado al pendiente, de forma constante y reiterada durante el proceso, de la efectiva comprensión por parte de la accionante.

 

82.            Con todo, la Sala no ignora que en el informe psicológico para audiencia de fallo[104] consta un apunte que expresa: "cabe anotar que, aunque la progenitora de la niña habla y al parecer entiende bien el español, siendo el inglés su idioma nativo, pareciera que no tiene claridad sobre las implicaciones de este proceso, pues se nota sorprendida al indagar por los incumplimientos que presenta, como si creyera que son opcionales". Dicho aquello, y si bien esta última circunstancia impide equiparar automáticamente el manejo funcional del español con la comprensión jurídica de la actuación, se estima que tampoco permite, por sí sola, y en ponderación con los demás elementos mencionados en este acápite, concluir que la accionante estuvo imposibilitada para comprender, participar o ejercer su defensa.

 

83.            Esta conclusión debe valorarse, además, a la luz del desarrollo integral del PARD. En esa línea, las actuaciones que obran en el expediente permiten advertir que la accionante intervino a lo largo del procedimiento, fue informada de las decisiones adoptadas y contó con la posibilidad de ejercer las facultades procesales previstas en la Ley 1098 de 2006. Por ello, aun reconociendo la relevancia que adquiere una barrera idiomática en un procedimiento de esta naturaleza, la Sala no encuentra elementos suficientes para concluir que, en el caso concreto, dicha circunstancia se hubiera traducido en una restricción o imposibilidad efectiva para comprender las actuaciones, participar en ellas o controvertir las decisiones adoptadas.

 

84.            Así, la Sala considera que la Defensoría de Familia no desconoció el derecho al debido proceso de la accionante. Por el contrario, la revisión integral del proceso administrativo de restablecimiento de derechos efectuada por este juez constitucional evidencia que el ICBF actuó de manera oportuna, clara y garantista del debido proceso de todas las partes involucradas.

 

8.2. Vencimiento de los términos procesales, diligencia del ICBF y preclusión de la homologación

 

85.            Como se expuso en la parte considerativa de esta providencia, existen dos términos para interponer un recurso de reposición en el marco de un proceso administrativo de restablecimiento de derechos que dependen de la asistencia o ausencia de la parte interesada a la audiencia de pruebas y fallo. En concreto, se tiene que dicha diligencia se llevó a cabo el día 23 de septiembre de 2025, a la cual asistieron ambos padres. En ese orden, la oportunidad de la accionante para interponer el recurso de reposición en el presente caso surgió inmediatamente después de que la Resolución 099 de 2025 fue comunicada por la Defensora de Familia dentro de la audiencia, es decir, tras la notificación por estrados.

 

86.            Según obra en el expediente[105], a pesar de que a la señora Ana se le preguntó si estaba de acuerdo con la decisión, con el fin de que esta tuviera la oportunidad de utilizar el recurso de reposición disponible, esta no manifestó ninguna inconformidad con la decisión adoptada y firmó el formato de notificación personal. Aquello indica, en suma, que el término procesal para interponer el recurso se agotó una vez finalizada la audiencia y que la accionante firmó el referido documento.

 

87.            No obstante, el 1 de octubre del mismo año, la apoderada de la accionante remitió ante la Defensoría de Familia el poder otorgado por esta, y solicitó las piezas procesales con el fin de presentar un recurso contra la decisión. La respuesta a la petición se efectuó el día 2 de octubre, y en esa misma fecha se interpuso un recurso de reposición ante el ICBF mediante el cual se solicitaba revocar el contenido del fallo. Pese a encontrarse el recurso fuera de término, la Defensoría otorgó respuesta a la apoderada mediante Resolución 104 del 16 de octubre de 2025, a través de la cual expuso el fundamento concreto de la decisión tomada en la audiencia de pruebas y fallo, citando puntualmente los hallazgos del PARD que dieron lugar a las medidas ordenadas y reiterando que el recurso interpuesto, si bien se encontraba fuera de término, sería resuelto actuando bajo el principio del interés superior de la menor de edad para ahondar en las garantías procesales de las partes. Si bien el recurso fue estudiado y resuelto, se confirmó la decisión adoptada en la audiencia.

 

88.            La Sala estima pertinente recordar que para el día 1 de octubre de 2025 la accionante ya se encontraba representada por una profesional del derecho y que, sobre todo, el trámite de homologación ante el juez de familia estuvo procesalmente disponible hasta el día 15 de octubre de 2025; esto es, 15 días hábiles después de haberse notificado el fallo por estrados[106]. Así, pese a contar para entonces con representación judicial y encontrarse plenamente habilitada para promover dicho trámite, la parte accionante dejó transcurrir íntegramente el término legal sin manifestar su inconformidad ni solicitar la homologación del fallo ante el juez de familia.

 

89.            En síntesis, aunque el recurso de reposición fue presentado por fuera del término procesal, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar lo estudió y lo resolvió. Y en relación con la homologación, la accionante, pese a contar con asistencia jurídica para solicitarla, no lo hizo dentro de la oportunidad legal correspondiente.

 

8.3. Debido proceso dentro de la formulación del régimen de visitas fijado, valoración integral de la niña en la Resolución No.099 de 2025 y su situación actual

 

90.            La resolución impugnada fuera de término por la accionante se fundamentó en varios elementos, sin limitarse a estudiar la procedencia de las visitas a la menor de edad por parte del padre, sino que valoró la situación integral de la niña y adoptó medidas frente a ambos progenitores[107]. Aquello demuestra, en primer lugar, que dicha resolución no fue formulada a la luz de un supuesto ni únicamente alrededor del presunto abuso sexual, sino que respondió a la valoración integral de la menor de edad.  

 

91.            Particularmente, la Sala resalta que el interés superior de la niña fue, en efecto, evaluado como factor determinante de la decisión[108]. A saber, la Resolución 099 de 2025 ponderó la información sobre el presunto abuso frente a las valoraciones sin afectaciones reportadas, el vínculo con el padre y el derecho de la niña a mantener una relación con ambos progenitores. En esencia, el acto administrativo integró en el análisis los dictámenes sociales, psicológicos, y de salud y nutrición[109], a partir de los cuales la autoridad concluyó que (i) la niña Lina tiene garantizados parcialmente sus derechos fundamentales a la educación, a un ambiente sano y a la alimentación; (ii) su derecho a la salud se ve amenazado[110] y (iii) su derecho a tener una familia y no ser separada de ella se ve amenazado.

 

92.            Por esto, en aras de proteger la relación entre el padre y la niña, y, a la misma vez, protegerla de ser expuesta a un ambiente violento -cuidando la posibilidad de que las alegaciones de la madre hayan sido verdaderas-, la Defensoría formuló un régimen de visitas que a juicio de esta Sala resultó proporcional y equilibrado, precisamente porque evita que a la niña se le prive de construir una relación significante con su padre, respecto de quien aún no se culmina la investigación penal y respecto de quien, luego de la valoración integral, una visita supervisada se advierte como adecuada. En esencia, la valoración realizada en la Resolución 099[111] integra elementos como (i) la mala relación de los padres; (ii) la renuencia de la madre a haberle realizado a la niña el examen médico de medicina legal[112]; (iii) los comportamientos de la niña posteriores al presunto hecho -tras la activación del código fucsia no se reportan afectaciones emocionales o comportamentales derivadas del presunto abuso-; (iv) la falta de reporte de pesadillas; (v) ningún tipo de alteración en el manejo de esfínteres; (vi) que la madre reportó que generalmente la niña, tras volver de las visitas con su padre se mostraba feliz, que compartía espacios con una prima de su misma edad, que mencionaba un unicornio que le compró su abuelo; (vii) que la madre en efecto, y según su propia declaración, desea irse a vivir a Canadá con la niña y que propuso, tras ocurridos los presuntos hechos que la niña viera al padre una vez a la semana; (viii) que el padre alega que “ella me dice que me quita el proceso si le doy el permiso para llevársela para Canadá, me quiere quitar la niña, solo piensa en su bienestar y no en el de la niña.”

 

93.            Con todo, la Sala advierte  que los hechos denunciados permiten en efecto identificar riesgos potenciales para la integridad personal y sexual de la niña, su bienestar emocional y su eventual exposición a un entorno revictimizante. Estos  riesgos deben valorarse a partir del panorama probatorio en su conjunto y, en esencia, la resolución atacada recoge los diversos elementos que fueron obtenidos de los dictámenes y de la práctica de pruebas -que fueron mencionados anteriormente- para fijar finalmente un régimen de visitas que cumple con restablecer el contacto de forma progresiva de la niña con su padre, mediante visitas inicialmente supervisadas y sujetas a condiciones que a su vez eviten, se insiste, cualquier posibilidad de violencia, maltrato o revictimización[113]. Así, el régimen fijado introdujo una barrera efectiva frente a cualquier nueva conducta lesiva y, además, permite advertir oportunamente cualquier reacción de afectación de la niña durante el contacto con su padre. Todo aquello, evitando efectivamente una concreción del riesgo y con garantía del derecho de la menor a tener una familia. 

 

94.            Aunado a lo anterior, se insiste en que no se advierte, a través de la revisión del acervo probatorio, ningún elemento que permita identificar las vulneraciones alegadas[114]. Incluso, la Sala estima pertinente resaltar que, en sede de revisión, la propia accionante manifestó estar de acuerdo con el régimen de visitas actualmente vigente, al señalar que mientras concluye la investigación penal y se continúa valorando el bienestar emocional de su hija, la medida más segura y adecuada es mantener el régimen de visitas supervisadas[115]. Esta manifestación resulta relevante para la resolución del caso, pues revela que la controversia inicialmente planteada en sede de tutela ha perdido parte de su sustento fáctico y que la propia accionante reconoce, en la actualidad, la pertinencia de la medida que en su momento pretendió controvertir. De todo lo anterior se desprende que (i) la decisión tomada a través de la Resolución 099 de 2025 estuvo suficientemente sustentada con las pruebas disponibles cuando esta fue adoptada y que, (ii) además, actualmente tales medidas resultan adecuadas y aceptables para la accionante.

 

95.            Adicional a lo anterior, y en lo que respecta a las pruebas recaudadas en sede de revisión, se insiste que en la actualidad no se evidencia una afectación concreta a los derechos fundamentales de la niña que haga necesaria la intervención adicional del juez constitucional frente al régimen de visitas. Ello pues, además de lo manifestado por la madre respecto a su conformidad con el régimen actual de visitas, del expediente también se desprende que durante las visitas supervisadas con el padre, la niña se muestra más cómoda y juega con él sin miedo[116] y que el informe de seguimiento remitido por el ICBF refiere que la niña se muestra feliz durante los encuentros y disfruta los espacios con su padre[117].

 

96.            De igual forma, se resalta que la resolución impugnada ordenó al equipo interdisciplinario de la Defensoría de Familia hacer seguimiento a la medida de restablecimiento de derechos y, en efecto, el ICBF reportó en sede de revisión las actuaciones adelantadas en cumplimiento de esa orden[118]. En todo caso, a juicio de la Sala y de acuerdo con las reglas de protección a la niña, es necesario mantener un seguimiento adecuado para garantizar sus derechos fundamentales, como se dispondrá.

 

8.4. Conclusiones del caso concreto

 

97.            Por lo anteriormente expuesto, la Sala reitera que no se encontró acreditada una vulneración de los derechos al debido proceso, defensa y contradicción de Ana en el marco del proceso administrativo de restablecimiento de derechos adelantado en favor de su hija, y que, al contrario, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar demostró haber adelantado sus actuaciones con diligencia durante las diversas etapas del proceso, y cuyo resultado fue, entre otros aspectos, un régimen de visitas formulado en cumplimiento de las garantías del debido proceso, así como con garantía del interés superior y la protección reforzada de la menor de edad.

 

98.            Así, con fundamento en lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión revocará el fallo de tutela de segunda instancia proferido por la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia. Ello pues en dicha providencia se confirmó el fallo de primera instancia en el cual se resolvió declarar improcedente el amparo por no cumplir el requisito de subsidiariedad y no haberse demostrado un perjuicio irremediable. En su lugar, y dado que no se encontró la vulneración de derechos que alegó la accionante, la Sala negará el amparo por las razones expuestas en esta providencia.  De todos modos, y con el fin de garantizar el interés superior de la menor de edad, (i) ordenará a la Fiscalía General de la Nación que verifique el estado de la investigación penal relacionada con los hechos del presente caso y tome las medidas pertinentes[119], y (ii)  ordenará al ICBF realizar un seguimiento efectivo, periódico e integral de las medidas dispuestas en la referida resolución, y valorar cualquier circunstancia que pueda representar un riesgo para la integridad o los derechos fundamentales de la menor, para lo cual se utilizarán todos los medios de protección pertinentes bajo manejo de las autoridades concernidas.

 

DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

 

RESUELVE

 

PRIMERO. REVOCAR la sentencia de la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia del 26 de enero de 2026, en la que se confirmó la decisión del 24 de noviembre de 2025 del Juzgado 026 Administrativo Oral del Circuito de Medellín, en el sentido de declarar improcedente la acción de tutela promovida por Ana, en representación de su hija menor de edad, en contra del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y, en su lugar, NEGAR el amparo solicitado, por las razones expuestas en esta providencia.

 

SEGUNDO. ORDENAR a la Fiscalía General de la Nación que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, verifique el estado de la investigación penal relacionada con los hechos de presunto abuso sexual denunciados en favor de la menor de edad Lina, ocurridos en abril de 2025 con ocasión de la activación del código fucsia en la Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl. De encontrarse en curso, deberá imprimirle el impulso procesal correspondiente y priorizar su trámite en atención a la especial protección constitucional de la niña.

 

En caso de no encontrarse en curso la referida investigación, deberá verificar el trámite otorgado a los reportes y remisiones efectuados con ocasión de los hechos del mes de abril de 2025, remitidos por la Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl. Asimismo, deberá determinar si estos dieron lugar al registro de una noticia criminal o investigación penal y, de ser el caso, establecer su estado actual. A partir de lo constatado, deberá adoptar, dentro del ámbito de sus competencias, las actuaciones que correspondan para garantizar la protección reforzada de la niña

 

TERCERO. ORDENAR al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) realizar un seguimiento efectivo, periódico e integral de las medidas de restablecimiento de derechos dispuestas mediante la Resolución 099 de 2025 respecto de la niña Lina, así como de la investigación penal adelantada por la Fiscalía General de la Nación relacionada con los hechos. En desarrollo de dicho seguimiento, que deberá realizarse cada tres (3) meses, deberá evaluar periódicamente su situación y el efectivo goce de sus derechos, verificar la idoneidad y suficiencia de las medidas de protección vigentes y valorar cualquier circunstancia que pueda representar un riesgo para su interés superior. En caso de advertir nuevos riesgos, afectaciones o que las medidas adoptadas resultan insuficientes deberá, en el marco de sus competencias, modificarlas, reforzarlas o adoptar de manera oportuna todas aquellas medidas adicionales que resulten necesarias para garantizar la protección integral y efectiva de la niña.

 

CUARTO.  Por Secretaría General de la Corte Constitucional, LÍBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ

Magistrada

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

Aclaración de voto

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General


 

 

ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO

 VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

A LA SENTENCIA T-331/26 

 

 

Referencia: T-12.002.550

 

Asunto: acción de tutela instaurada por Jéssica Lee Basken, actuando en nombre propio y en representación de su hija menor de edad Selene Diana Monsalve Basken, contra el ICBF.

 

Magistrado ponente:  

Juan Carlos Cortés González

 

 

Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala Cuarta de Revisión, aclaré mi voto respecto de la Sentencia T-331 de 2026. Aunque compartí la decisión de negar el amparo y las órdenes dirigidas a la Fiscalía General de la Nación y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), consideré necesario precisar su fundamento y alcance, para que su cumplimiento guarde correspondencia con lo decidido.

 

1.                 Las órdenes impartidas en los ordinales segundo y tercero a las entidades señaladas tienen una finalidad preventiva y no comportan una declaración implícita de vulneración de derechos fundamentales. La negativa del amparo responde a que, en las circunstancias examinadas, no se acreditó la vulneración alegada. Las órdenes, por su parte, buscan asegurar la continuidad y efectividad de la respuesta institucional frente a los riesgos potenciales identificados en la providencia.

 

Desde esta perspectiva, las actuaciones dispuestas a cargo de la Fiscalía, esto es, verificar el estado de la investigación, impulsarla y priorizarla si se encuentra en curso o esclarecer el trámite de los reportes hospitalarios y proceder según lo constatado, buscan asegurar la respuesta de esa entidad dentro del marco de sus competencias. A su vez, el seguimiento encomendado al ICBF permite evaluar la situación de la niña, verificar la suficiencia de las medidas de restablecimiento y ajustarlas oportunamente cuando resulte necesario. Estimé pertinente precisar que estas actuaciones no modifican el fundamento de la negativa del amparo ni suponen atribuir a las entidades accionadas una vulneración que la Sala no encontró demostrada.

 

2.                 El fundamento de estas órdenes radica en el deber permanente de protección reforzada previsto en el artículo 44 de la Constitución, aplicado a las circunstancias concretas del asunto. Este mandato constitucional comprende la prevención de riesgos y la actuación diligente de las autoridades para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Su cumplimiento no depende de que se haya acreditado la vulneración examinada en la tutela.

 

En este caso, los reportes hospitalarios y los demás elementos valorados por la Sala justifican verificar la respuesta institucional y mantener en cualquier caso el seguimiento de las medidas de protección. Así, las órdenes se sustentan en la necesidad de asegurar la continuidad y suficiencia de esa respuesta, sin anticipar conclusiones sobre la ocurrencia de los presuntos hechos de abuso ni sobre la responsabilidad penal que pudiera derivarse de ellos.

 

3.                 La finalidad protectora de las órdenes debe cumplirse dentro de las competencias de cada autoridad y respetando la autonomía de sus actuaciones. A la Fiscalía General de la Nación le corresponde verificar el trámite de los reportes hospitalarios y el estado de la investigación penal, así como adoptar las actuaciones procedentes. La orden no predetermina el resultado de la investigación ni sustituye las valoraciones que competen a esa entidad. Al ICBF le corresponde evaluar integralmente la situación de la niña y la idoneidad y suficiencia de las medidas de restablecimiento de derechos, y efectuar los ajustes necesarios.

 

En este marco, la actuación protectora de las autoridades de familia es autónoma respecto de la existencia, el desarrollo y el resultado de los procesos penales. Su finalidad preventiva y protectora exige que, ante indicios de violencia, realicen una valoración propia, integral y diligente de los riesgos y de la suficiencia de las medidas vigentes, sin condicionar su intervención a la determinación de una responsabilidad penal. El seguimiento de la investigación dispuesto en el ordinal tercero debe entenderse dentro de ese ámbito protector y de la colaboración institucional necesaria, sin supeditar el ejercicio de las competencias del ICBF a las decisiones de la Fiscalía ni trasladar a esta sus deberes de protección.

 

4.                 El seguimiento trimestral ordenado al ICBF establece una oportunidad regular de evaluación y no constituye un plazo de espera para actuar. La aparición de nuevas alertas exige su valoración oportuna y, cuando corresponda, la modificación, el refuerzo o la adopción de medidas acordes con la naturaleza y gravedad del riesgo, sin aguardar al siguiente control trimestral.

 

En este orden de ideas, aclaré mi voto con el fin de precisar la correspondencia entre la decisión de negar amparo y la finalidad preventiva de los ordinales segundo y tercero en el marco del deber permanente de protección integral a las niñas, niños y adolescentes.

 

En los términos expuestos, dejo consignada mi aclaración de voto respecto de la Sentencia T-331 de 2026.

 

 

Fecha ut supra,

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 



[1] Expediente digital, archivo “1 ESCRITO TUTELA.pdf”.

[2] Expediente digital, archivo “004 Anexo 2 Audiencia pruebas 23092025.pdf”.

[3] La accionante manifestó que mediante memorial de fecha 2 de octubre de 2025 presentó una adición al recurso de reposición, en la que solicitó que se aclarara el numeral 6 de la resolución contentiva del fallo, específicamente en lo relacionado con el pago de la educación como componente de los alimentos que integran la cuota alimentaria, al considerar que era necesaria una mayor claridad sobre dicho aspecto. El recurso fue resuelto mediante Resolución No. 104 del 16 de octubre de 2025, comunicada el 17 de octubre de 2025, por medio de la cual se negó el recurso por considerarlo extemporáneo, bajo el argumento de que debía haberse interpuesto durante la audiencia en la cual se notificó la decisión por estrados. 

[4] Expediente digital, archivo “009 Resolución 104 del 16102025 Resuelve Recurso R ICBF.pdf”.

[5] No se practicó la entrevista a la menor dada su corta edad y el temor que mostraba frente a personas extrañas, por lo que se tomó en cuenta lo informado por la profesional en psicología en la prueba pericial y los informes de verificación de derechos. Asimismo, no se practicó la prueba testimonial, al considerar la Defensoría que ya contaba con elementos suficientes de juicio para tomar una decisión en el marco del proceso. Expediente digital, archivo “004 Anexo 2 Audiencia pruebas 23092025.pdf”.

[6] Expediente digital, archivo “3. FALLO 1RA.pdf”.

[7] Expediente digital, archivo “2 CONTESTACIÓN.pdf”.

[8] Expediente digital, archivo “3. FALLO 1RA.pdf”.

[9] Expediente digital, archivo “4 impugnación.pdf”.

[10] Expediente digital, archivo “5. Fallo 2da.pdf”.

[11]Expediente digital, archivo “001 SALA 5 – AUTO SALA DE SELECCIÓN 28-MAYO-2026 NOTIFICADO 12-JUNIO-2026.pdf”.

[12] Expediente digital, archivo “Informe_Reparto_Sala_de_Selección_Auto_28-May-2026.pdf”.

[13] Expediente digital, archivo “004-12002550 Auto de Pruebas 26-jun-2026-Nombres Reales.pdf”.

[14] Expediente digital, archivo “013 T-12002550 Rta. Ana 07-07-2026.pdf”

[15] Expediente digital, archivo “019 T-12002550 Rta. Fiscalía General de la Nación 03-07-2026.pdf”.

[16] Expediente digital, archivo “010 T-12002550 Rta. Sor María Benítez Cartagena 03-07-2026.pdf”.

[17] Expediente digital, archivo “012 T-12002550 Rta. San Vicente Fundación Medellín 07-07-2026.pdf”.

[18] Expediente digital, archivo “005 T-12002550 OFICIO OPT-A-285-2026.pdf”

[19] Decreto 2591 de 1991. Artículo 46 y siguientes.

[20] Corte Constitucional, Sentencia T-289 de 2023.

[21] Corte Constitucional, Sentencia T-292 de 2021.

[22] Corte Constitucional, Sentencia T-516 de 2024.

[23] Corte Constitucional, Sentencia T-292 de 2021.

[24] Expediente digital, archivo “009 Poder Ana para ATutela 30102025”.

[25]  En concreto, se tiene que la atención hospitalaria en la clínica San Vicente de Paúl derivada de la activación del “código fucsia” registra el reporte del caso al CAIVAS, a la Fiscalía General de la Nación y al ICBF; reportes que fueron efectuados el 8 de abril de 2025. Expediente digital, archivo “012 T-12002550 Rta. San Vicente Fundación Medellín 07-07-2026.pdf”

[26] Consideraciones tomadas parcialmente de las Sentencias T-433 de 2023 y T-246 de 2023.

[27] Con todo, la Sala hace la salvedad de que la posibilidad de realizar un examen de subsidiariedad más flexible no implica, por sí sola, que se tengan por acreditadas las vulneraciones alegadas.

[28] Corte Constitucional, Sentencia T-005 de 2018.

[29] Corte Constitucional, Sentencia T-005 de 2018.

[30] Corte Constitucional, Sentencia T-092 de 2026.

[31] Ibid.

[32] Ibid. Tal fue el caso estudiado en la Sentencia T-516 de 2024 y la Sentencia T-359 de 2025.

[33] Ibid.

[34] Corte Constitucional, Sentencia SU-961 de 1999.

[35] Corte Constitucional, Sentencias SU-217 de 2017, SU-123 de 2018, SU-111 de 2020 y SU-121 de 2022.

[36] Expediente digital, archivo “3. FALLO 1RA.pdf”

[37] Expediente digital, archivo “1 ESCRITO TUTELA.pdf”

[38] Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), “Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos”, ICBF, s. f., https://www.icbf.gov.co/proteccion-2023/proceso-administrativo-de-restablecimiento-de-derechos .

[39] Corte Constitucional, Sentencia T-116 de 2023.

[40] Ley 1098 de 2006, “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”, art. 52, par 2; Art. 11; Art. 103.

[41] Ley 1098 de 2006, “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”, artículo 100.

[42] Corte Constitucional, Sentencia T-116 de 2023.

[43] Constitución Política, art. 29.

[44] Corte Constitucional, Sentencia T-105 de 2023.

[45] Corte Constitucional, Sentencias T-051 de 2016, C-980 de 2010 y T-796 de 2006.

[46] Corte Constitucional, Sentencias T-209 de 2022, T-007 de 2019, C-034 de 2014, C-758 de 2013 y C-980 de 2010.

[47] Corte Constitucional, Sentencias T-051 de 2016, T-559 de 2015, C-980 de 2010 y T-465 de 2009.

[48] Corte Constitucional, Sentencias SU 213 de 2021, T-036 de 2018, T-543 de 2017, C-491 de 2016 y C-983 de 2010.

[49] Corte Constitucional, Sentencias T-768 de 2013, T-105 de 2023.

[50] Ibid.

[51] Ibid.

[52] Ley 1098 de 2006, “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”, artículo 96.

[53] Ley 1098 de 2006, “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”, artículo 163.

[54] Ley 1098 de 2006, “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”, artículo 53.

[55] Ley 1098 de 2006, “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”, artículo 52. Esta verificación comprende la revisión y evaluación de: (i) el estado de salud física y psicológica del menor; (ii) el estado de nutrición y vacunación; (iii) la inscripción en el registro civil de nacimiento; (iv) la ubicación de la familia de origen (v) el estudio del entorno familiar y la identificación tanto de elementos protectores como de riesgo para la vigencia de los derechos; (vi) la vinculación al sistema de salud y seguridad social y (vii) la vinculación al sistema educativo.

[56] Corte Constitucional, Sentencias T-116 de 2023, T-339 de 2023.

[57] Ley 1098 de 2006, “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”, artículo 100. Este auto, contra el cual no procede recurso alguno, debe ser notificado a los representantes legales del menor, a las personas con quienes conviva o sean responsables de su cuidado, o a quienes de hecho lo tuvieren a su cargo. Asimismo, contendrá, en caso de existir, las medidas provisionales de urgencia que se requieran para la protección integral del menor y la orden de práctica de pruebas que se estimen necesarias para establecer los hechos que configuran la presunta violación o amenaza, así como de la entrevista al niño, niña o adolescente.

[58] Ley 1098 de 2006, “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”, artículo 100. Asimismo, vencido el traslado la autoridad podrá decretar las pruebas que no hayan sido ordenadas en el auto de apertura.

[59] Ley 1098 de 2006, “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”, Artículo 101. Estas exigencias se derivan de los principios de razonabilidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad que deben cumplir las actuaciones administrativas, pues sobre estas debe conocerse y ejercerse control, conforme lo señala la Sentencia T-121 de 2024

[60] Corte Constitucional, Sentencia T-121 de 2024. Conforme al artículo 53 estas medidas podrán consistir en: (i) la amonestación de las personas responsables del cuidado del menor con asistencia obligatoria a curso pedagógico, (ii) el retiro inmediato del niño, niña o adolescente de la actividad que amenace o vulnere sus derechos o de las actividades ilícitas en que se pueda encontrar y la ubicación en un programa de atención especializada para el restablecimiento del derecho vulnerado, (iii) la ubicación inmediata en medio familiar, (iv) la ubicación en centros de emergencia para los casos en que no procede la ubicación en los hogares de paso, (v) la adopción; (vi) cualquier otra que garantice la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes y (vii) Promover las acciones policivas, administrativas o judiciales a que haya lugar.

[61] Ley 1098 de 2006, “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”, artículo 100.

[62] Ibid.

[63] Corte Constitucional, Sentencia T- 181 de 2023.

[64] Ley 1098 de 2006, “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”, artículo 100. En concreto, de la redacción de la ley se desprende que vencido el término para interponer el recurso de reposición aún se puede iniciar el trámite de homologación.

[65] Corte Constitucional, Sentencias T-181 de 2023, T-730 de 2015, T-474 de 2017.

[66] Ley 1098 de 2006, “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”, artículo 100.

[67] Corte Constitucional, Sentencia T-183 de 2022.

[68] Corte Constitucional, Sentencia T-295 de 2018.

[69] Corte Constitucional, Sentencia C-331 de 2012.

[70] Corte Constitucional, Sentencia T-295 de 2018.

[71] Corte Constitucional, Sentencia T-295 de 2018.

[72] Corte Constitucional, Sentencia T-956 de 2013, reiterada en la Sentencia T-295 de 2018.

[73] Corte Constitucional, Sentencia T-295 de 2018.

[74] Corte Constitucional Sentencia T-295 de 2018.

[75] Corte Constitucional, Sentencia T-295 de 2018.

[76] Corte Constitucional, Sentencia T-956 de 2013.

[77] Corte Constitucional, Sentencia T-159 de 2025.

[78] Corte Constitucional, Sentencia T-295 de 2018.

[79] Corte Constitucional, Sentencias T-295 de 2018 y C-331 de 2012.

[80] Corte Constitucional, Sentencia T-183 de 2026.

[81] Ley 1098 de 2006, “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”, artículo 50.

[82] Corte Constitucional, Sentencia T-092 de 2026.

[83] Corte Constitucional, Sentencia T-173 de 2026.

[84] Corte Constitucional, Sentencia T-173 de 2026.

[85] Corte Constitucional, Sentencia T-350 de 2025.

[86] Corte Constitucional, Sentencia T-350 de 2025.

[87] Corte Constitucional, Sentencia T-173 de 2026.

[88] Corte Constitucional, Sentencia T-173 de 2026.

[89] Corte Constitucional, Sentencia C-718 de 2012.

[90] Corte Constitucional, Sentencia C-718 de 2012.

[91] Corte Constitucional, Sentencia C-718 de 2012.

[92] Corte Constitucional, Sentencia T-341 de 2023.

[93] Corte Constitucional, Sentencia T-341 de 2023.

[94] Corte Constitucional, Sentencia T-173 de 2026.

[95] Expediente digital, archivo “DECLAR-1.PDF”.

[96] Ibid.

[97] Ibid.

[98] Expediente digital, archivo “RESPUESTA AUTO PRUEBAS CORTE.pdf”.

[99] Asimismo, se resalta que la accionante firmó el formato de notificación personal una vez emitida la decisión durante la audiencia de pruebas y fallo.

[100] Expediente digital, archivo “004 Anexo 2 Audiencia Pruebas 23092025.pdf”

[101] Estas reglas, aunque fueron formuladas en procedimientos migratorios, ofrecen un criterio útil para valorar si, en el caso concreto, bastaba con constatar que la madre podía comunicarse en español y afirmaba comprender lo expresado durante la audiencia, o si era necesario verificar de manera más específica que entendía las consecuencias jurídico-procesales de la actuación. Este aspecto cobra relevancia porque, dentro del propio expediente administrativo (archivo “REPUESTA AUTO PRUEBAS CORTE.pdf”), existe una anotación del equipo interdisciplinario según la cual, aunque la accionante "habla y al parecer entiende bien el español", parecía no tener plena claridad sobre las implicaciones del proceso y la obligatoriedad de las órdenes impartidas. Sin embargo, la valoración conjunta de las actuaciones permite, en efecto, identificar los elementos mencionados que respaldan la conclusión de que la accionante estuvo materialmente en posibilidad de comprender y participar en el PARD.

[102] Corte Constitucional, Sentencia T-956 de 2013.

[103] Corte Constitucional, Sentencia T-159 de 2025. 

[104] Expediente digital, archivo “004 Anexo 2 Audiencia pruebas 23092025.pdf”.

[105] Expediente digital, archivo “RESPUESTA AUTO PRUEBAS CORTE.pdf”.

[106] Este es el supuesto previsto por el Artículo 100 de la Ley 1098 de 2006. A saber: “Resuelto el recurso de reposición o vencido el término para interponerlo, el expediente deberá ser remitido al juez de familia para homologar el fallo, si dentro de los quince (15) días siguientes a su ejecutoria, alguna de las partes o el Ministerio Público manifiestan su inconformidad con la decisión.”

[107] En particular, advirtió necesidades de seguimiento en crecimiento, desarrollo, nutrición y vacunación -incluidos (i) un retraso de talla desde 2023; (ii) la falta de controles desde entonces y (iii) un esquema de vacunación incompleto; así como la ausencia de contacto con el padre y su cumplimiento alimentario.

[108] Como bien ha expuesto esta Sala, en asuntos que involucren posibles hechos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, la verificación de derechos y el PARD exigen una actuación integral, seria, rigurosa y diligente, sustentada en la valoración conjunta de los hechos y las pruebas. También, el derecho del menor de edad a ser escuchado integra el debido proceso y, en contextos de violencia intrafamiliar, las decisiones sobre custodia y visitas requieren un examen reforzado y contextualizado, orientado por su interés superior. Corte Constitucional, Sentencia T-307 de 2025.

[109] Expediente digital, archivo “004 Anexo 2 Audiencia pruebas 23092025”

[110] En concreto, la Resolución evidencia que la madre, aparentemente por creencias personales prefiere no cumplir el esquema de vacunación de la niña y las atenciones en salud han sido intermitentes, entre otros. Ahora bien, aunque aquello incidió en algunas de las ordenes relacionadas con la evaluación de salud de la niña en la referida Resolución, aquello no se relaciona directamente con el objeto de la presente controversia.

[111] Expediente digital, archivo “004 Anexo 2 Audiencia pruebas.23092025.pdf”

[112] La madre no permitió que le realizaran un examen médico a su hija posterior al supuesto acontecimiento, al considerar que este era muy “fuerte”. Expediente digital, archivo “004 Anexo 2 Audiencia pruebas.23092025.pdf”

[113] Expediente digital, archivo “004 Anexo 2 Audiencia pruebas 23092025”

[114] Tampoco encuentra la Sala vulneración alguna por parte del ICBF al haberse desistido de la prueba decretada que consistía en entrevistar a la niña, pues la misma Resolución expone que su conducta frente a los extraños y su corta edad lo impedían. En esencia, la Sala destaca que de acuerdo con el registro civil de nacimiento, para el 23 de septiembre de 2025 la niña tenía apenas dos años y ocho meses, por lo que la omisión de la entrevista en razón de su edad no resulta insensato. Asimismo, la historia clínica permite evidenciar un rechazo general por parte de la niña hacia los desconocidos que se venía demostrando desde la apertura del PARD, por lo que el temor de la niña argumentado por la Defensoría tampoco resulta para esta Sala un argumento irracional. Expediente digital, archivo “012 T-12002550 Rta. San Vicente Fundacón Medellín 07-07-2026.pdf”

[115] Expediente digital, archivo “013 T-12002550 Rta. Ana 07-07-2026.pdf”.

[116] Expediente digital, archivo “013 T-12002550 Rta. Ana 07-07-2026.pdf”

[117] Expediente digital, archivo “RESPUESTA AUTO PRUEBAS CORTE.pdf”.

[118] Ibid.

[119] En concreto, se tiene que la atención hospitalaria en la clínica San Vicente de Paúl derivada de la activación del “código fucsia” registra el reporte del caso al CAIVAS, a la Fiscalía General de la Nación y al ICBF; reportes que fueron efectuados el 8 de abril de 2025. Expediente digital, archivo “012 T-12002550 Rta. San Vicente Fundación Medellín 07-07-2026.pdf”