T-343-26 REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL
-Sala Sexta de Revisión-
SENTENCIA T-343 de 2026
Referencia: expediente T-12.111.643
Asunto: acción de tutela promovida por Katherine contra el Juzgado 046 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá
Tema: Estabilidad laboral reforzada por maternidad y las garantías de legalidad y de motivación para el retiro de servidoras nombradas en provisionalidad
Magistrado ponente: Vladimir Fernández Andrade
Síntesis de la sentencia: La Sala Sexta de Revisión estudió la acción de tutela promovida por Katherine, servidora de la Rama Judicial, quien fue desvinculada del cargo de “Escribiente de Juzgado Municipal - Grado Nominado” que desempeñaba en provisionalidad en el Juzgado 046 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá, debido al vencimiento del término fijado en el acto de nombramiento. La accionante informó de su estado de embarazo antes de que finalizara dicho término y sostuvo que, posteriormente, otra persona fue nombrada en provisionalidad para desempeñar el mismo cargo, lo que, a su juicio, desconoció las garantías laborales derivadas de su estado de embarazo.
La Corte concluyó que la accionante estaba amparada por las garantías de la estabilidad laboral reforzada derivadas del fuero de maternidad, pues durante la vigencia de su vínculo laboral informó a la autoridad nominadora de su estado de embarazo. Con fundamento en las Sentencias SU-070 de 2013 y T-489 de 2025, determinó que, si bien quienes ocupan cargos de carrera en provisionalidad tienen una estabilidad laboral relativa, esta no excluye la protección especial de la mujer gestante. En ese contexto, determinó que la autoridad nominadora no satisfizo las garantías del debido proceso y de motivación suficiente y de legalidad del retiro, pues no explicó de manera clara, detallada y precisa las razones objetivas que justificaban la desvinculación. En particular, la Corte estableció que la fijación de un término de vigencia para el nombramiento provisional no constituía, por sí sola y en las circunstancias particulares del caso, una causa objetiva y constitucionalmente admisible para dar por terminado el vínculo, máxime cuando el cargo fue provisto nuevamente en provisionalidad.
En consecuencia, la autoridad nominadora no logró desvirtuar la presunción de despido discriminatorio, pues la desvinculación se produjo durante el embarazo de la accionante y no se acreditó una causa objetiva y constitucionalmente admisible que la justificara.
Por último, durante el trámite de tutela se formularon consideraciones sobre el conocimiento que la accionante tenía de su estado de embarazo antes de tomar posesión del cargo y se solicitó compulsar copias para investigar las circunstancias relacionadas con los exámenes médicos de ingreso. Sobre el particular, la Corte llamó la atención a la autoridad nominadora y a los jueces de instancia para que se abstengan de presentar como un deber de las mujeres informar sobre su estado de embarazo antes o al inicio de una vinculación laboral, así como de formular consideraciones que reproduzcan estereotipos de género relacionados con la maternidad o la capacidad reproductiva.
En consecuencia, la Corte revocó las decisiones de instancia y amparó los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, a la no discriminación, al debido proceso, al mínimo vital y de petición de Katherine. En este sentido, dejó parcialmente sin efectos el numeral segundo de la Resolución 019 del 4 de noviembre de 2025, exclusivamente en cuanto fijó como término final de vigencia de su nombramiento provisional el 12 de diciembre de 2025. Ordenó a la autoridad nominadora del Juzgado 046 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá garantizar su reintegro al cargo de “Escribiente de Juzgado Municipal - Grado Nominado”, siempre que este no se encuentre provisto en propiedad o, en su defecto, verificar la existencia de un cargo vacante de la misma jerarquía o equivalente al que desempeñaba y, de ser fáctica y jurídicamente posible, disponer su vinculación en provisionalidad, siempre que cumpla los requisitos para ello.
Asimismo, ordenó a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá pagar los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir durante el periodo de desvinculación, la indemnización por despido sin el cumplimiento de los requisitos y, de ser procedente, el monto correspondiente a las semanas en las que no gozó de la licencia de maternidad, de conformidad con los artículos 2.2.31.3 y 2.2.5.5.13 del Decreto 1083 de 2015. Finalmente, ordenó autorizar y garantizar la realización de los exámenes médicos de ingreso una vez se haga efectivo el reintegro, sin que estos puedan constituir una barrera para su vinculación ni utilizarse de manera discriminatoria.
TABLA DE CONTENIDO
2.1. Admisión de la acción de tutela y vinculaciones.
3. Decisiones objeto de revisión
3.1. Sentencia de tutela de primera instancia
3.3. Sentencia de tutela de segunda instancia
4. Actuaciones de esta Corte en sede de selección y revisión
4.2. Primer auto de pruebas e información recaudada
4.3. Segundo auto de pruebas e información recaudada
4.4. Traslado de la información obtenida
4.5. Auto que negó una prueba adicional
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
2. Procedencia de la acción de tutela
3. Presentación del caso y formulación del problema jurídico
4. Método y estructura de la decisión
4.1. El régimen de carrera de los empleados de la Rama Judicial
4.2. La estabilidad laboral de los servidores nombrados en provisionalidad
4.4. Protección de la maternidad de servidoras nombradas en provisionalidad
5.1. Hechos relevantes probados
Bogotá D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintiséis (2026).
Aclaración preliminar: reserva de la identidad. Conforme a la Circular Interna No. 10 de 2022, y habida cuenta de que el proceso de la referencia involucra la situación de salud de un sujeto de especial protección constitucional e incorpora información contenida en su historia clínica, la Corte Constitucional reservará la identidad de las partes y de aquellos datos que permitan identificarlas. En consecuencia, se suscribirán dos providencias. La primera, que será comunicada a las partes del proceso, incluirá los nombres reales. La segunda, que será publicada en la página web de la Corte Constitucional, tendrá nombres ficticios.
La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Paola Andrea Meneses Mosquera, Jorge Enrique Ibáñez Najar y Vladimir Fernández Andrade, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente sentencia:
1. El 4 de febrero de 2026 Katherine, actuando a nombre propio, promovió acción de tutela contra el Juzgado 046 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá, al considerar vulnerados los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, a la no discriminación, al debido proceso, al mínimo vital, al buen nombre y de petición.
2. La accionante narró que, mediante la Resolución 019 de 2025, fue nombrada provisionalmente en el cargo de “Escribiente Municipal” del aludido Juzgado para el periodo comprendido entre el 4 de noviembre de 20f25 y el 12 de diciembre de 2025. En relación con la fijación de dicho plazo, aclaró que el empleo en el que fue nombrada “correspondía a funciones permanentes del despacho y no a un cargo de descongestión”.
3. Informó que, una vez iniciado el ejercicio de sus funciones, la autoridad judicial nominadora le exigió la realización de exámenes médicos de ingreso, agendados para el 18 de noviembre de 2025, a los cuales no pudo asistir por ser requerida para una audiencia.
4. Añadió que el 3 de diciembre de 2025 tuvo conocimiento de encontrarse en estado de embarazo, misma fecha en la que comunicó dicha circunstancia al despacho judicial.
5. Aseguró que el 12 de diciembre de 2025, fecha de finalización de su nombramiento provisional, la autoridad judicial nominadora decidió no dar continuidad a sus funciones. Según indicó, dicha determinación no se adoptó mediante un acto administrativo motivado que expusiera las razones de su “retiro”, sino que se fundó en el vencimiento del término inicial del nombramiento, sin referirse a su estado de embarazo ni a su consecuente estabilidad laboral reforzada.
6. Agregó que sus funciones fueron “suspendidas” mientras el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá se pronunciaba sobre la consulta que sobre el particular formuló el funcionario titular del Juzgado. A su juicio, dicha “suspensión” produjo los mismos efectos que un “retiro”, pese a no constituir una forma válida de desvinculación. Precisó, además, que el cargo desempeñado no fue suprimido y que, al mantenerse la necesidad del servicio, se nombró a otra persona en provisionalidad para desempeñar las funciones del cargo.
7. Narró que el 13 de enero de 2026 solicitó su reintegro, ante lo cual el funcionario titular del Juzgado reiteró su consulta al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá. Según afirmó, en la respuesta ofrecida por el referido funcionario este señaló que ella no había informado de su estado de embarazo al momento de la vinculación, “insinuando incluso que conocía previamente [de su] estado y lo ocult[ó]”. Al respecto, sostuvo que esa afirmación afectó su buen nombre y carecía de sustento probatorio, pues insistió en que ella solo conoció de su embarazo hasta el 3 de diciembre de 2025.
8. Finalmente sostuvo que se incurrió en actuaciones dilatorias al tramitar su solicitud. Explicó que, aunque la autoridad judicial anunció que remitiría la consulta al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá el 12 de diciembre de 2025, en realidad lo hizo hasta el 19 de diciembre, en vísperas de la vacancia judicial. Añadió que, pese a que el Consejo respondió el 22 de diciembre, el Juzgado reiteró la consulta hasta el 2 de febrero de 2026.
9. La accionante sostuvo que la situación descrita comprometía su mínimo vital y el de su hijo por nacer, pues se encontraba sin ingresos ni recursos para cubrir sus controles médicos, especialmente tratándose de un embarazo de alto riesgo. En consecuencia, solicitó al juez constitucional que ordenara a la autoridad competente (i) su reintegro al cargo de “Escribiente Municipal” y (ii) el pago de salarios y prestaciones sociales dejados de percibir. Asimismo, que le ordenara (iii) dar respuesta a la petición del 13 de enero de 2026; (iv) abstenerse de incurrir en conductas discriminatorias por razón del embarazo y de desconocimiento de la estabilidad laboral reforzada de las mujeres gestantes; y (v) abstenerse de proveer el cargo que ella venía desempeñando, mientras se garantiza la protección definitiva de su estabilidad laboral reforzada.
10. Como medida provisional, la accionante solicitó su reintegro inmediato al considerar que (i) la protección derivada de su estado de embarazo de alto riesgo no admitía dilaciones; (ii) carecía de recursos para cubrir sus gastos médicos, de transporte y de alimentación; y, (iii) como el cargo que desempeñaba continúa existiendo, su reintegro no generaba una afectación desproporcionada, pues no implicaba la creación de un nuevo empleo, sino el restablecimiento provisional de una condición preexistente.
11. Mediante Auto del 5 de febrero de 2026, el Juzgado 032 Civil del Circuito de Bogotá admitió la acción de tutela promovida por Katherine contra el Juzgado 046 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá. En esa misma oportunidad vinculó a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Talento Humano, al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá – Asuntos Laborales y a Santiago, actual titular del cargo de “Escribiente de Juzgado Municipal – Grado Nominado”. Adicionalmente, negó la solicitud de medida provisional al considerar que esta coincidía con la pretensión principal, cuya resolución exigía una valoración integral del material probatorio que se recabara durante el trámite de la acción de tutela. Sin perjuicio de lo anterior, al constatar que la accionante permanecía activa en el régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, descartó la configuración de un perjuicio irremediable que justificara el decreto de la medida solicitada.
12. Posteriormente, el 9 de febrero de 2026 el Juzgado vinculó a varias entidades del sector salud: a Imágenes Diagnósticas Teusa; a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.; a Evalúa Salud I.P.S. S.A.S.; a la E.P.S. Sanitas S.A.S. y a Capital Salud E.P.S. S.A.S.
13. La funcionaria titular del Juzgado 046 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá[3] comenzó por precisar que tomó posesión del cargo de jueza el 2 de febrero de 2026, esto es, tiempo después de los hechos narrados en la solicitud de tutela.
14. En relación con lo narrado, confirmó que mediante la Resolución 019 del 4 de noviembre de 2025, la accionante fue nombrada en provisionalidad como “Escribiente” para el periodo comprendido entre el 4 de noviembre de 2025 y el 12 de diciembre de 2025. Sobre esa base, sostuvo que “los efectos del nombramiento fueron concretos, en tanto tenían una fecha de inicio y otra de finalización”. Añadió que el acto administrativo gozaba de presunción de legalidad; por lo tanto, si la accionante consideraba que el mismo era contrario a derecho, debía acudir al medio de control correspondiente, pues ella no estaba facultada para revocarlo unilateralmente.
15. Respecto de las peticiones radicadas por la accionante el 3 de diciembre de 2025 y el 13 de enero de 2026, informó que dichas solicitudes fueron remitidas por competencia al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá.
16. Por último, señaló que, de acuerdo con la información suministrada el 9 de diciembre de 2025 por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, la accionante había sido incluida en el archivo destinado al pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social.
17. Con fundamento en lo anterior, sostuvo que no vulneró los derechos fundamentales de Katherine y, en consecuencia, solicitó que se declare improcedente el amparo por incumplimiento del requisito de subsidiariedad.
18. El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá[4] solicitó su desvinculación del proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva.
19. En primer lugar, indicó que el Juzgado 032 Civil del Circuito de Bogotá carecía de competencia para conocer de la acción de tutela, pues de acuerdo con el numeral 6 del artículo 1 del Decreto 333 de 2021, las acciones de tutela contra los Consejos Seccionales de la Judicatura deben ser conocidas en primera instancia por los Tribunales Superiores del Distrito Judicial.
20. Asimismo, informó que el juzgado al cual se refieren los hechos de la demanda cuenta con dos cargos de “Escribiente de Juzgado Municipal”, uno de ellos provisto en propiedad y otro que permanece vacante desde el 1 de junio de 2023. En línea con la respuesta a la consulta remitida el 19 de diciembre de 2025, precisó que corresponde al nominador realizar un ejercicio de ponderación “entre el derecho de la persona en la que concurra una causal de estabilidad laboral reforzada y aquel del aspirante que superó el concurso de méritos para acceder al cargo”. Con todo, indicó que es al nominador a quien le compete reconocer la estabilidad laboral reforzada a una servidora en estado de embarazo, pues, de manera exclusiva, es él quien debe adoptar las decisiones administrativas relativas al personal adscrito al despacho, de conformidad con el numeral 8 del artículo 131 de la Ley 270 de 1996.
21. Santiago[5] solicitó declarar improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad y por no haberse acreditado una afectación al mínimo vital ni la configuración de un perjuicio irremediable.
22. Informó que trabajó en el Juzgado 046 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá desde el 1 de junio de 2020 como “Escribiente Municipal Nominado en Provisionalidad”, cargo que ocupó de manera ininterrumpida hasta el 4 de noviembre de 2025. Asimismo, que en esta última fecha fue nombrado en el cargo de “Oficial Mayor o Sustanciador Municipal en Descongestión” para el periodo comprendido entre el 4 de noviembre de 2025 y el 12 de diciembre de 2025. Añadió que, en consecuencia, presentó su renuncia con la expectativa de retornar al cargo de “Escribiente” el 13 de diciembre de la misma anualidad.
23. Indicó que, previa entrevista y una vez explicado el contexto del nombramiento y sus condiciones, Katherine aceptó el nombramiento en provisionalidad para el cargo de “Escribiente Municipal” para el período comprendido entre el 4 de noviembre de 2025 y el 12 de diciembre de 2025, sin formular objeción ni manifestación diferente.
24. Sostuvo que Katherine conocía su estado de embarazo con anterioridad a la vinculación. Como sustento de dicha afirmación, aportó una captura de pantalla del perfil público de la accionante en la red social Instagram, en la que compartió una ecografía fechada, según indicó, el 17 de agosto o de septiembre de 2025.
25. Finalmente, aclaró que no ostenta derechos de carrera sobre el cargo de “Escribiente Municipal”; no obstante, sostuvo que, en caso de acceder a las pretensiones de la accionante y producirse la pérdida de su empleo, se desconocerían sus derechos al trabajo, a la familia, a la educación, al mínimo vital y a la seguridad social.
26. La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.[6] allegó copia de la historia clínica de Katherine.
27. Evalúa Salud I.P.S. S.A.S.[7] informó que la accionante no registra atenciones como paciente en la entidad y que tampoco obra registro de la orden de servicio solicitada por la Rama Judicial.
28. La E.P.S. Sanitas S.A.S.[8] indicó que Katherine se encuentra afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud como cotizante del régimen contributivo desde el 1 de febrero de 2026.
29. Capital Salud E.P.S. S.A.S.[9] sostuvo que carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la accionante no se encuentra afiliada a la E.P.S., conforme a la Base Única de Afiliación de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
30. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Talento Humano y la empresa Imágenes Diagnósticas Teusa no rindieron informe dentro del término concedido por el juez de primera instancia.
31. El Juzgado 032 Civil del Circuito de Bogotá, mediante Sentencia del 13 de febrero de 2026, negó el amparo solicitado.
32. Frente a la alegada falta de competencia de ese despacho judicial para conocer de la acción de tutela, recordó que esta se dirige principalmente contra el Juzgado 046 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá y no contra el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá. En todo caso, indicó que, de conformidad con el principio de perpetuatio jurisdictionis, una vez que el juez asume el conocimiento de la acción, su competencia no puede alterarse posteriormente.
33. En cuanto al fondo de la controversia, el Juzgado consideró que, contrario a lo alegado por Katherine, su desvinculación no obedeció a un retiro anticipado ni al ejercicio de una facultad discrecional, sino al hecho objetivo del vencimiento del término previsto en el acto administrativo de nombramiento. Sostuvo que, si bien la estabilidad laboral reforzada protege a las mujeres gestantes frente a un retiro motivado por su embarazo, en este caso no se evidenciaba que la terminación del vínculo se hubiera fundamentado en dicha circunstancia.
34. Respecto del conocimiento previo del embarazo y de la falta de comunicación de dicha circunstancia al nominador antes de su posesión, aspecto que consideró determinante para resolver el caso, el juez de primera instancia afirmó que:
“(…) la accionante tenía conocimiento de su estado de gravidez con anterioridad a su posesión en el cargo. Según la historia clínica remitida por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., desde el 27 de septiembre de 2025 se registraba ecografía con embarazo de 5.4 semanas; el 1° de octubre de 2025 acudió a consulta indicando expresamente ‘me salió la prueba de embarazo positiva’; el 14 y 20 de octubre de 2025 obran controles y ecografías que confirmaban embarazo intrauterino de 7 y 9 semanas, respectivamente, con fecha probable de parto en mayo de 2026. Además, desde octubre de 2025 fue ingresada al programa de gestantes.
Es decir, para la fecha de su nombramiento (4 de noviembre de 2025), la actora ya tenía un diagnóstico confirmado de embarazo. No obstante, no informó tal situación al nominador sino hasta el 3 de diciembre de 2025, esto es, nueve días antes del vencimiento del término del nombramiento.”
35. De otra parte, concluyó que no se acreditó una afectación concreta del mínimo vital ni la suspensión de la prestación de los servicios de salud. Sobre esto último destacó que la accionante había sido beneficiaria del pago de aportes a la seguridad social por parte de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, circunstancia que garantizaba el pago de sus cotizaciones.
36. Por último, en cuanto a la petición presentada el 13 de enero de 2026, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, al constatar que la autoridad judicial nominadora la había remitido por competencia a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá y al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, además de haber emitido respuesta el 5 de febrero de 2026.
37. El 17 de febrero de 2026 Katherine impugnó la sentencia de primera instancia. Alegó que el análisis de la estabilidad laboral reforzada no podía limitarse a aspectos “contractuales” y a la verificación del vencimiento del término del nombramiento, sino que debía incorporar un juicio material de igualdad que estableciera si la necesidad del servicio que justificó su nombramiento había desaparecido o permanecía vigente. En ese sentido, insistió en que las funciones que desempeñó no eran transitorias ni excepcionales, por lo que la necesidad del servicio era permanente.
38. Aseguró que el examen judicial se desplazó indebidamente hacia su esfera íntima al centrarse en el momento en que conoció su estado de embarazo, elemento que no constituye un presupuesto del fuero de maternidad, cuando debió enfocarse en determinar si, una vez conocido dicho estado por el nominador, la decisión de no continuar con su vinculación desconoció la protección reforzada. En esta línea, afirmó que:
“Exigir que la mujer revele su estado de embarazo antes de la posesión implicaría imponer una carga no prevista en la Constitución ni en la jurisprudencia. Además, supondría trasladar a la mujer gestante el peso de anticipar posibles consecuencias laborales derivadas de una condición biológica protegida constitucionalmente. Este tipo de exigencia podría derivar en una forma de discriminación indirecta, pues obligaría a las mujeres a revelar información íntima para evitar la pérdida de garantías posteriores.”
39. Con fundamento en lo anterior, solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, ordenar al Juzgado 046 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá (i) su reintegro o la extensión de su vínculo laboral durante el período de gestación y los cuatro meses posteriores al parto y (ii) el pago de una indemnización equivalente a sesenta días de salario, de conformidad con el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, por el desconocimiento del fuero de maternidad.
40. Mediante providencia del 3 de marzo de 2026, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá confirmó el fallo de primera instancia que había negado la acción de tutela. Consideró que la orden de reintegro solicitada no era viable, pues los efectos del nombramiento cesaron con el vencimiento del plazo previsto en el acto de designación, extremo temporal conocido por la accionante desde su vinculación.
41. En el mismo sentido del juez de primera instancia, el Tribunal resaltó que la accionante conocía su estado de embarazo antes de la posesión y no informó dicha circunstancia al momento de aceptar el nombramiento, al señalar que:
“porque, si se mira bien las cosas, [Katherine] precisó en su demanda que antes del 3 de diciembre de 2025 ‘no contaba con confirmación médica de [su] estado de gestación’, situación que no se acompasa con la realidad por cuanto, según las historia (sic) clínicas mencionadas, el 1° de octubre de 2025 ya tenía confirmación de su estado de gravidez. Más aún, ella aceptó el nombramiento con apego a los términos del acto administrativo, lo que evidencia que la terminación de su vínculo laboral nada tuvo que ver con la situación de embarazo”.
42. Finalmente, el juez de segunda instancia concluyó que la accionante no se encontraba en situación de desprotección, pues permanecía afiliada al Sistema General de Seguridad Social por conducto de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá.
43. A través del Auto del 30 de junio de 2026, notificado el 16 de julio siguiente, la Sala de Selección de Tutelas Número Seis de la Corte Constitucional seleccionó para revisión el expediente T-12.111.643 con fundamento en el criterio subjetivo de necesidad de materializar un enfoque diferencial[13]. Este expediente fue repartido a la Sala Sexta de Revisión, presidida por el magistrado ponente, y remitido a su despacho el mismo 16 de julio de 2026[14].
44. Por medio de Auto del 27 de julio de 2026[15], el magistrado ponente resolvió decretar pruebas y ordenar la remisión de piezas procesales relevantes para el esclarecimiento de los hechos objeto de revisión.
45. De conformidad con lo informado por la Secretaría General de esta Corporación y en cumplimiento de las órdenes impartidas en el referido auto, se recibieron las siguientes respuestas y documentos:
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Requerido |
Resumen de la información requerida |
Resumen de la respuesta recibida |
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Juzgado 032 Civil del Circuito de Bogotá |
Copia íntegra y legible del expediente de tutela identificado con el número 11001-31-03-032-2026-00060-00. |
Mediante respuesta del 29 de julio de 2026[16], remitió copia del expediente digital, tanto de primera como de segunda instancia, de la acción de tutela promovida por Katherine contra el Juzgado 046 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá. |
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Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá |
Copia íntegra y legible del expediente de tutela identificado con el número 11001-31-03-032-2026-00060-01. |
Mediante respuesta del 29 de julio de 2026[17], remitió copia del expediente digital de segunda instancia de la acción de tutela promovida por Katherine contra el Juzgado 046 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá. |
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Juzgado 046 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá |
Copia íntegra y legible del expediente laboral de Katherine.
Copia íntegra y legible del expediente laboral de Santiago.
Estado actual del cargo “Escribiente de Juzgado Municipal – Grado Nominado”. |
Mediante respuesta del 3 de agosto de 2026[18]:
Informó que el despacho nuevamente cambió de titular con ocasión de la posesión del juez en propiedad el 17 de julio de 2026.
Allegó copia del expediente laboral de Katherine y de Santiago.
Por último, indicó que el cargo de “Escribiente de Juzgado Municipal - Grado Nominado” actualmente se encuentra ocupado por Santiago, quien fue nombrado en provisionalidad mediante la Resolución 022 del 15 de diciembre de 2025. |
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Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá |
Copia íntegra y legible de los pronunciamientos emitidos con ocasión de las consultas formuladas por el Juzgado 046 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá sobre la situación laboral de Katherine.
Copia íntegra y legible de los protocolos, circulares, conceptos, instructivos, lineamientos y demás documentos institucionales vigentes sobre estabilidad laboral reforzada de servidoras judiciales en estado de embarazo vinculadas a término y sobre las actuaciones de las autoridades nominadoras frente a tales situaciones. |
Mediante respuesta del 3 de agosto de 2026[19]:
Indicó que el 19 de diciembre de 2025 recibió una solicitud de reconocimiento del fuero de maternidad presentada por Katherine y remitida por el Juzgado 046 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá.
Informó que dio respuesta mediante oficio del 22 de diciembre de 2025, en la que precisó que las decisiones sobre los nombramientos en propiedad y en provisionalidad, así como las solicitudes de estabilidad laboral reforzada, corresponden a la autoridad nominadora.
Destacó que la directriz vigente en materia de controversias sobre estabilidad laboral reforzada está contenida en la Circular No. CJC22-2 del 10 de febrero de 2022, emitida por la Unidad de Administración de Carrera Judicial, la cual atribuye a cada nominador la competencia para decidir dichas solicitudes y limita las actuaciones de los Consejos Seccionales a la administración de la carrera judicial.
Respecto de las servidoras judiciales en estado de embarazo vinculadas mediante nombramientos sujetos a término, por ejemplo en cargos de descongestión, precisó que, a diferencia de lo que ocurre con los cargos permanentes que deben ser provistos en provisionalidad, la continuidad de la vinculación en un cargo de carácter transitorio no depende exclusivamente del nominador, sino de la viabilidad de prorrogar o reanudar la medida de descongestión, decisión cuya adopción corresponde al Consejo Superior de la Judicatura, previo concepto técnico y presupuestal de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico (UDAE).
Por último, remitió la Circular No. CJC22-2 del 10 de febrero de 2022 y tres respuestas emitidas por dicha autoridad en casos similares, con el fin de sustentar el criterio institucional aplicable. |
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Santiago |
Circunstancias del desempeño y desvinculación del cargo de “Escribiente de Juzgado Municipal – Grado Nominado” del Juzgado 046 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá.
Despacho judicial en el que se desempeñó como Oficial Mayor o Sustanciador Municipal en Descongestión y período de dicha vinculación.
Vinculación posterior al cargo de “Escribiente de Juzgado Municipal – Grado Nominado” del Juzgado 046 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá, con indicación de la fecha correspondiente. |
Mediante respuesta del 3 de agosto de 2026[20]:
Informó que, mediante la Resolución 003 del 29 de mayo de 2020, fue nombrado en provisionalidad como “Escribiente en Juzgado Municipal – Grado Nominado” en el Juzgado 046 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá, cargo que desempeñó hasta el 4 de noviembre de 2025.
Aseguró que su desvinculación obedeció a que, a partir de esa fecha, fue designado en provisionalidad como “Oficial Mayor en Descongestión” en el mismo despacho judicial, cargo que ejerció desde el 4 de noviembre de 2025 hasta el 12 de diciembre de 2025.
Por último, indicó que, mediante la Resolución 022 del 15 de diciembre de 2025, fue nombrado en provisionalidad nuevamente como “Escribiente de Juzgado Municipal – Grado Nominado”. |
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Katherine |
Copia íntegra y legible de su historia clínica obstétrica.
Estado actual de su embarazo.
Actividad laboral u ocupacional e ingresos.
Lugar de residencia y composición de su núcleo familiar.
Cualquier circunstancia adicional, relevante y actual para el estudio del caso. |
Mediante respuesta del 3 de agosto de 2026[21]:
Informó que tuvo un parto pretérmino el 27 de abril de 2026. Además, indicó que el menor se encuentra en plan canguro y en tratamiento y control en el servicio de oncología hematológica pediátrica.
Manifestó que, tras su desvinculación del despacho judicial, no ha logrado reincorporarse al mercado laboral debido a las tareas de cuidado de su hijo y a las consecuencias económicas derivadas de la pérdida de su empleo.
Indicó que vive con su esposo, quien asume principalmente el sostenimiento económico del hogar. Añadió que este se desempeña en el sector de la mecánica, no cuenta con un contrato laboral estable y percibe ingresos variables e inciertos. |
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46. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá guardó silencio respecto de lo dispuesto en el Auto del 27 de julio de 2026.
47. Por medio de Auto del 5 de agosto de 2026[22], el magistrado ponente dispuso (i) requerir a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá para que diera cumplimiento integral a las órdenes probatorias impartidas mediante Auto del 27 de julio de 2026 y (ii) oficiar al Juzgado 046 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá, al Consejo Superior de la Judicatura y a la Dirección Ejecutiva Nacional de Administración Judicial con el fin de recabar información sobre los lineamientos institucionales aplicables a los nombramientos en provisionalidad, en particular respecto de la fijación o no de un término de duración.
48. De conformidad con lo informado por la Secretaría General de esta Corporación y en cumplimiento de las órdenes impartidas en el último auto, se recibieron las siguientes respuestas y documentos:
Tabla 2. Relación de la información requerida en el segundo auto de pruebas y resumen de las respuestas recibidas
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Requerido |
Resumen de la información requerida |
Resumen de la respuesta recibida |
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Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá |
Copia íntegra y legible del expediente laboral de Katherine.
Copia íntegra y legible del expediente laboral de Santiago.
Estado actual del cargo “Escribiente de Juzgado Municipal – Grado Nominado”.
Subsistemas de seguridad social a los cuales se efectuaron aportes derivados de la vinculación de Katherine.
Conceptos laborales y prestacionales reconocidos o asumidos con ocasión de la vinculación de Katherine.
Estado actual del vínculo laboral de Katherine con la Rama Judicial.
Copia íntegra y legible de los protocolos, circulares, conceptos, instructivos, lineamientos y demás documentos institucionales vigentes sobre estabilidad laboral reforzada de servidoras judiciales en estado de embarazo vinculadas a término y sobre las actuaciones de las autoridades nominadoras frente a tales situaciones. |
Mediante respuesta del 12 de agosto de 2026[23]:
Remitió los expedientes laborales de Katherine y de Santiago.
Informó que, de acuerdo con lo registrado en la plataforma Efinómina, el cargo de “Escribiente” del Juzgado 046 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá se encuentra provisto por Santiago desde el 15 de diciembre de 2025.
Indicó que ha efectuado el pago de los aportes a la seguridad social de la accionante desde el 4 de noviembre de 2025 hasta la fecha, incluido el periodo correspondiente al alumbramiento y la licencia de maternidad, en cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Circular DEAJC26-4 “Garantía de la seguridad social para la mujer gestante desvinculada de la Rama Judicial” de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
Precisó que entre el 4 de noviembre y el 12 de diciembre de 2025, liquidó y pagó los aportes correspondientes a salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales del ICBF, del Ministerio de Educación Nacional y del SENA. Asimismo, liquidó y pagó los valores correspondientes al sueldo básico, subsidio de alimentación, bonificación judicial, retención en la fuente y aquellos relacionados con la terminación de la vinculación. En este sentido, señaló que, desde el 12 de diciembre de 2025, únicamente se han mantenido los pagos de salud y de pensión.
Indicó que, desde el 12 de diciembre de 2025, la accionante no registra vínculo vigente con ningún despacho judicial adscrito a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá.
Destacó que las directrices vigentes en materia de controversias sobre estabilidad laboral reforzada y protección de servidores judiciales en estado de embarazo son (i) la Circular CJC22-2 y (ii) la Circular DEAJC26-4, proferidas por la Unidad de Administración de Carrera Judicial. Señaló que esta última establece que corresponde a la Unidad de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a las Direcciones Seccionales garantizar la protección en materia de seguridad social de la mujer embarazada que, por cualquier circunstancia, sea desvinculada. En particular, indicó que se debe continuar efectuando el pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud hasta el momento del alumbramiento, así como el pago de la licencia de maternidad. |
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Juzgado 046 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá |
Las razones por las cuales el nombramiento en provisionalidad de Katherine se efectuó por un término definido, y si dicho extremo temporal corresponde a un criterio general de ese despacho judicial o si obedeció a alguna circunstancia particular. |
Mediante respuesta del 13 de agosto de 2026[24]:
Reiteró que, al no haber sido la funcionaria titular del Juzgado 046 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá al momento de los hechos, no le constan las circunstancias del nombramiento ni del retiro de la accionante de dicho despacho. No obstante, de acuerdo con el contenido de la Resolución 019 del 4 de noviembre de 2025, destacó que el fundamento jurídico de tal decisión fue el numeral 8 del artículo 131 de la Ley 270 de 1996.
En la misma línea, indicó que no puede precisar si la fijación de un término definido en los nombramientos en provisionalidad de cargos de carrera corresponde a un criterio aplicado de manera general por el despacho judicial o si obedece a alguna circunstancia particular. |
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Consejo Superior de la Judicatura |
Copia íntegra y legible de los protocolos, circulares, conceptos, instructivos, lineamientos y demás documentos institucionales que autoricen o regulen la fijación de un término definido en los nombramientos en provisionalidad de empleados de la Rama Judicial.
Existencia de una práctica institucional generalizada consistente en efectuar nombramientos en provisionalidad sujetos a un término definido.
Fundamento normativo para la fijación de un término definido en los nombramientos en provisionalidad, así como lineamientos institucionales sobre la motivación que debe contener el acto administrativo de nombramiento.
Copia íntegra y legible de los protocolos, circulares, conceptos, instructivos, lineamientos y demás documentos institucionales relacionados con la protección de la estabilidad laboral reforzada de servidoras judiciales en estado de embarazo vinculadas mediante nombramientos en provisionalidad sujetos a término. |
Mediante respuesta del 18 de agosto de 2026[25]:
Indicó que el artículo 132 de la Ley 270 de 1996 establece las reglas aplicables a los nombramientos en provisionalidad, tanto en vacancias definitivas como temporales.
Señaló que la Sentencia C-134 de 2023 se ocupó de varios cambios que introdujo la reforma a la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, entre ellos, que, en caso de vacancia, se opte por un funcionario o empleado de carrera del despacho respectivo o por la persona que haga parte del registro de elegibles correspondiente para asumir el cargo en propiedad.
Con fundamento en lo anterior, sostuvo que el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PSCJA24-12238 del 9 de diciembre de 2024, mediante el cual se desarrollaron aspectos relativos a la provisión de cargos en provisionalidad ante vacancias temporales.
No obstante, indicó que, mediante Auto del 5 de septiembre de 2025, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado suspendió provisional y parcialmente dicho acuerdo, al considerar que el Consejo Superior de la Judicatura excedió el ejercicio de su facultad reglamentaria al establecer efectos no previstos en la ley.
Precisó que la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia distribuyó entre el Consejo Superior de la Judicatura y las distintas autoridades nominadoras las competencias relativas a la provisión de cargos de la Rama Judicial. En este sentido, señaló que a las autoridades nominadoras les corresponde efectuar los nombramientos de funcionarios y empleados y comunicar al Consejo Superior o a los Consejos Seccionales las novedades administrativas.
Sostuvo que esa Corporación no se encuentra facultada ni ha expedido un acuerdo, reglamento, circular, concepto o instructivo de carácter general que establezca como criterio institucional la posibilidad de fijar, por un plazo determinado, los nombramientos en provisionalidad de los empleados de la Rama Judicial. Del mismo modo, señaló que tampoco ha expedido lineamientos sobre la motivación que debe contener el acto administrativo mediante el cual se efectúe un nombramiento en provisionalidad sujeto a término ni sobre las consecuencias derivadas de la falta de coincidencia entre el término fijado en un nombramiento en provisionalidad y la duración de la situación administrativa que eventualmente haya dado lugar a dicho nombramiento, debido a su falta de competencia para regular la materia.
Manifestó que no cuenta con información que permita establecer si la fijación de plazos en los nombramientos en provisionalidad constituye una práctica generalizada entre las distintas autoridades nominadoras de la Rama Judicial, por lo que la “eventual ocurrencia depende de las decisiones adoptadas por las respectivas autoridades nominadoras en ejercicio de sus competencias”.
Por último, informó que, a través de la Unidad Administrativa de la Carrera Judicial, expidió la Circular CJC22-2 del 10 de febrero de 2022, mediante la cual se impartieron directrices relativas al trámite de las solicitudes de estabilidad laboral reforzada. Precisó que, en tal directriz, se estableció que “corresponde a la respectiva autoridad nominadora conocer y decidir las solicitudes relacionadas con la estabilidad laboral reforzada de los servidores judiciales, cualquiera sea la naturaleza de su vinculación”.
En la misma línea, indicó que expidió la Circular CJC22-5 del 24 de marzo de 2022, mediante la cual se determinó que la competencia general para tramitar y resolver las solicitudes de los servidores judiciales relacionadas con asuntos administrativo-laborales corresponde a la respectiva autoridad nominadora. |
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Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá |
Mediante respuesta del 18 de agosto de 2026[26]:
Informó que en la base de datos de dicha Corporación únicamente constan los nombramientos en propiedad, por lo que, al no llevarse registro de los nombramientos en provisionalidad, no le es posible determinar si la fijación de un término para dichos nombramientos constituye una práctica institucional. Asimismo, señaló que no puede establecer cuáles son los lineamientos que debe contener el acto administrativo mediante el cual se efectúa un nombramiento provisional sujeto a término ni la consecuencia de la falta de coincidencia entre el término fijado en un nombramiento provisional y la duración de la situación administrativa.
Sin perjuicio de lo anterior, consideró que ciertas situaciones administrativas que implican la separación temporal del ejercicio de sus funciones por parte del titular de un cargo de carrera habilitan al nominador para designar reemplazos remunerados, cuya vinculación se sujetará a la duración de la situación administrativa. Entre dichas situaciones destacó:
(i) la comisión especial de estudios, de conformidad con el Acuerdo PCSJA25-12279 del 24 de febrero de 2025;
(ii) la licencia no remunerada, establecida en el artículo 142 de la Ley 270 de 1996;
(iii) la licencia no remunerada para ejercer otro cargo en la Rama Judicial, también consagrada en el artículo 142 de la misma ley;
(iv) la licencia de maternidad y de paternidad, conforme al artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo;
(v) las vacaciones, cuando para el cargo exista disponibilidad presupuestal para el reemplazo, conforme a lo establecido en el Acuerdo PCSJA24-12172 del 2 de mayo de 2024;
(vi) la suspensión temporal por medida penal o disciplinaria, establecida en el artículo 217 de la Ley 1952 de 2019.
(vii) la incapacidad médica, con fundamento en la Ley 776 de 2002, el Decreto 780 de 2016, la Ley 100 de 1993, el Decreto 1427 de 2022, el Decreto 1083 de 2015 y el Acuerdo PCSJA17-10754 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Por último, reiteró que la responsabilidad de decidir sobre las solicitudes de estabilidad laboral reforzada corresponde a cada nominador conforme a la Circular CJC22-2 del 10 de febrero de 2022. |
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Dirección Ejecutiva Nacional de Administración Judicial |
Mediante respuesta del 18 de agosto de 2026[27]:
Indicó que sí existe fundamento jurídico y una práctica institucional que validan que los nombramientos en provisionalidad de empleados de la Rama Judicial se sujeten a un término definido, el cual, en todo caso, no obedece a un criterio discrecional del nominador, sino a la naturaleza de la vacante que se provee. Señaló que, cuando un empleo se encuentra vacante temporalmente, por ejemplo, porque el titular en propiedad se encuentra en licencia no remunerada, de conformidad con el artículo 142 de la Ley 270 de 1996, el nombramiento que se efectúe para proveer dicha vacante debe quedar sujeto a la duración de la situación administrativa, por lo que no tiene vocación de permanencia.
Manifestó que, en dichos casos, el acto de nombramiento en provisionalidad debe delimitar su vigencia e indicar que este se dará por terminado cuando finalice el término de la licencia concedida al titular o cuando se dé por terminada la situación administrativa. En consecuencia, el nombramiento provisional se extingue (i) automáticamente al reintegrarse el titular, (ii) al vencerse el término máximo legal de la licencia o (iii) al cumplirse cualquier otra causal de terminación anticipada de la licencia.
De acuerdo con la norma citada, sostuvo que la licencia no remunerada tiene un límite temporal máximo, por lo que el nombramiento provisional debe sujetarse, como criterio mínimo, a ese término, so pena de desconocer el carácter transitorio de la vacante, los derechos de carrera del titular y el límite máximo de la licencia no remunerada.
Concluyó que “la fijación de un término en un nombramiento en provisionalidad no es una restricción arbitraria a la estabilidad del provisional, sino una consecuencia obligada de la naturaleza temporal de la vacante y del respeto a los derechos del servidor en licencia”. |
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49. Mediante oficios del 5 de agosto[28] y del 20 de agosto de 2026[29], la Secretaría General de la Corte Constitucional corrió traslado de las respuestas recibidas con ocasión de los Autos del 27 de julio y del 5 de agosto de 2026, respectivamente. En atención a dichos traslados, se recibieron intervenciones adicionales de Katherine, Santiago y Capital Salud E.P.S. S.A.S.
Tabla 3. Intervenciones presentadas en el marco del traslado de las respuestas recibidas.
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Sujeto |
Fecha |
Resumen de las intervenciones |
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Katherine[30] |
10/08/2026 |
Solicitó la práctica de una prueba adicional, consistente en que se requiriera determinada información a Jorge Eliécer Ochoa Rojas, quien se desempeñaba como autoridad nominadora del Juzgado 046 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá, tanto para el momento del nombramiento provisional de la accionante como para el de la terminación de dicha vinculación. En concreto, pidió que se le ordenara que informara sobre (i) la modalidad de vinculación de la accionante, (ii) las circunstancias de su desvinculación y de la posterior vinculación de un nuevo servidor en el mismo cargo, también en provisionalidad, y (iii) si este posterior nombramiento estuvo relacionado con el estado de embarazo de la accionante. |
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Santiago[31] |
10/08/2026 |
Solicitó compulsar copias contra Katherine (i) a la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de que se investiguen las posibles conductas que, en su criterio, podrían configurar el delito de “falso juramento”, y (ii) a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, para que investigue lo relacionado con la inasistencia de la accionante a los exámenes médicos de ingreso. |
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Santiago[32] |
12/08/2026 |
Solicitó la vinculación al proceso de (i) Jorge Eliécer Ochoa Rojas y de (ii) Imágenes Diagnósticas Teusa; la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.; Evalúa Salud I.P.S. S.A.S.; la E.P.S. Sanitas S.A.S.; Capital Salud E.P.S. S.A.S. y el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá[33]. |
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Capital Salud E.P.S. S.A.S.[34] |
12/08/2026 |
Reiteró que la accionante se encuentra afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en calidad de cotizante del régimen contributivo con la E.P.S. Sanitas S.A.S., por lo cual solicitó su desvinculación del trámite. |
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Katherine[35] |
13/08/2026 |
Realizó precisiones adicionales sobre la composición de su núcleo familiar, sus ingresos y el conocimiento que tenía de su estado de embarazo al momento de su vinculación al despacho judicial. |
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Santiago[36] |
24/08/2026 |
Se pronunció sobre el memorial presentado por Katherine y reiteró su solicitud de compulsar copias contra la accionante. |
50. En atención a la solicitud presentada por la accionante para la práctica de una prueba adicional, mediante Auto del 7 de septiembre de 2026[37], el magistrado sustanciador negó dicha petición. Precisó, en primer lugar, que la revisión eventual de tutela no constituye una tercera instancia ni una nueva etapa para reabrir o ampliar el debate probatorio, y que la actividad probatoria ante la Corte está orientada exclusivamente a allegar los elementos de juicio relevantes para el ejercicio de la función constitucional de revisión, en los términos del artículo 63 del Reglamento Interno. Este régimen se complementa con el artículo 168 del Código General del Proceso, que permite rechazar las pruebas manifiestamente superfluas o inútiles. Con fundamento en esas reglas, concluyó que la prueba solicitada era manifiestamente superflua, pues la información relativa a la vinculación de la accionante, su desvinculación y la posterior provisión del cargo ya se encontraba suficientemente acreditada con las intervenciones de quienes posteriormente ejercieron como nominadores y con los expedientes laborales allegados en sede de revisión. En consecuencia, lo solicitado no aportaría elementos de juicio adicionales relevantes ni modificaría el estado de conocimiento del proceso. Añadió que la accionante tampoco suministró información de contacto o ubicación del antiguo nominador, circunstancia que, desde una perspectiva operativa, reforzaba la falta de justificación para practicar la prueba.
51. Con el fin de resolver el presente asunto, la Sala seguirá el siguiente orden metodológico: (i) determinará su competencia para conocer del caso, (ii) analizará la procedencia de la acción de tutela y, de superarse ese análisis, (iii) presentará el debate de fondo y formulará los problemas jurídicos que orientarán la decisión, (iv) desarrollará los ejes temáticos pertinentes y, finalmente, (v) resolverá las controversias del caso concreto.
52. La Sala Sexta de Revisión de la Corte es competente para revisar las decisiones proferidas dentro de la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en virtud del Auto del 30 de junio de 2026, notificado el 16 de julio de la misma anualidad, proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Seis de la Corte Constitucional.
53. De acuerdo con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1991, la procedencia de la acción de tutela está condicionada al cumplimiento de determinados presupuestos procesales, cuya verificación habilita al juez constitucional para emitir un pronunciamiento de fondo. Dichos requisitos corresponden a: (i) la legitimación en la causa por activa y por pasiva, (ii) la inmediatez y (iii) la subsidiariedad.
54. Corresponde ahora verificar los presupuestos de procedibilidad expuestos. La siguiente tabla sistematiza dicho análisis, confrontando cada presupuesto con la información acreditada en el expediente.
Tabla 4. Verificación de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
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Legitimación en la causa
Abordado, entre otras, en las Sentencias T-455 de 1992, T-531 de 2002, T-1025 de 2006, SU-055 de 2015, SU-329 de 2024 y T-096 de 2025 |
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Contenido |
Verificación |
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Por activa: El artículo 86 de la CP permite interponer acción de tutela por vulneración o amenaza de derechos fundamentales directamente o mediante representante legal, apoderado judicial, agente oficioso, defensor del pueblo o personero municipal, sujeto a requisitos que habiliten la defensa ajena. La representación legal aplica para menores de edad y personas jurídicas. La agencia oficiosa es excepcional, requiriendo manifestación de dicha calidad y prueba de que el titular no puede actuar por sí mismo.
Al respecto, conviene recordar que, en las Sentencias T-531 de 2002 y T-1025 de 2006, entre otras, esta Corporación estableció los requisitos del apoderamiento judicial en materia de tutela, señalando que este es (i) un acto jurídico formal que debe realizarse por escrito, (ii) se concreta en un poder que se presume auténtico y debe ser especial y (iii) el destinatario sólo puede ser un profesional del derecho habilitado con tarjeta profesional.
Por pasiva: El artículo 5 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que la tutela procede contra acciones u omisiones de autoridades o particulares en casos específicos, como la prestación de servicios públicos (artículo 42, numeral 3). La legitimación pasiva exige identificar al sujeto responsable y vincular su conducta con la afectación al derecho fundamental.
Terceros con interés: La Corte ha reiterado que, “conforme al artículo 29 de la Constitución Política, las ‘personas naturales o jurídicas que puedan estar comprometidas en la afectación iusfundamental y en el cumplimiento de una eventual orden de amparo’ pueden intervenir en el trámite de tutela. Por esta vía, los terceros que, pese a no tener ‘la condición de partes, (…) se encuentren vinculados a la situación jurídica de una de las partes o a la pretensión que se discute’, son titulares de un ‘interés que los legitima para participar en el proceso, con el fin de que se les asegure la protección de sus derechos’. Bajo esta premisa, la Corte ha reconocido que los terceros con interés legítimo pueden participar en los procesos de tutela”[38]. |
Por activa: Se cumple. La acción de tutela fue presentada por Katherine, quien solicita la protección de sus derechos fundamentales por considerar que fueron vulnerados con ocasión de la decisión de la autoridad nominadora del Juzgado 046 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá de no dar continuidad a su vinculación y nombrar a otra persona en su reemplazo, con fundamento en el vencimiento del término definido en el acto administrativo mediante el cual ella fue nombrada en provisionalidad en el cargo de “Escribiente de Juzgado Municipal - Grado Nominado” de dicho despacho judicial.
En particular, sostiene que dichas actuaciones desconocieron la estabilidad laboral reforzada derivada de su estado de embarazo, situación que alega fue conocida por la autoridad antes del vencimiento del término previsto en el acto de nombramiento provisional.
Por pasiva: Se cumple. La acción de tutela se dirigió contra el Juzgado 046 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá, concretamente contra quien ejerciera su titularidad y, por esa vía, la autoridad nominadora respecto del cargo que ocupó la accionante. Esta autoridad se encuentra legitimada en la causa por pasiva, pues las actuaciones a las que se atribuye la vulneración de los derechos fundamentales se produjeron en ejercicio de la función nominadora del despacho y es, además, quien tiene la competencia para adoptar las medidas que eventualmente resulten necesarias para su restablecimiento.
En efecto, el numeral 8 del artículo 131 de la Ley 270 de 1996[39] establece que, para los cargos de los juzgados, la autoridad nominadora es el respectivo juez. A su vez, el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 dispone que la acción de tutela se dirigirá contra la autoridad pública o “el representante del órgano” que presuntamente vulneró o amenazó el derecho fundamental. De esta manera, para efectos del presente trámite, la legitimación por pasiva se predica de la autoridad nominadora del Juzgado 046 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá, función que corresponde a quien ejerza su titularidad.
La Sala advierte que durante el período relevante para este proceso la titularidad del Juzgado cambió en tres oportunidades: Primero, Jorge Eliécer Ochoa Rojas ejercía como autoridad nominadora cuando la accionante fue nombrada en provisionalidad, el 4 de noviembre de 2025, y luego, cuando finalizó su vinculación, el 12 de diciembre siguiente. Posteriormente, Lina Paola Barón Cabrera tomó posesión el 2 de febrero de 2026. Esta funcionaria respondió la solicitud de reintegro formulada por la accionante el 5 de febrero de 2026 e intervino en el trámite de primera instancia y ejerció el derecho de defensa del Juzgado accionado. Finalmente, el despacho volvió a cambiar de titular con la posesión de Paola Andrea Parada Hernández, jueza en propiedad, el 17 de julio de 2026, quien, como titular de la función nominadora, intervino ante esta Corte durante el trámite de revisión.
Estos cambios sucesivos en la persona que ejerce la titularidad del Juzgado no modifican la identificación del sujeto pasivo de la acción ni exigen considerar a cada uno de sus titulares como una parte procesal autónoma. La controversia no tiene por objeto establecer la responsabilidad personal de quienes han ocupado el cargo de juez ni pretende impartirles órdenes en esa condición individual. Lo que se cuestiona son actuaciones atribuibles al ejercicio de la función nominadora del Juzgado 046 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá y las consecuencias que estas producen sobre los derechos de la accionante. Por ello, la sustitución de quien ejerce temporalmente esa función no altera la autoridad llamada a responder por la solicitud de amparo.
Esta conclusión es particularmente significativa en este caso. El contradictorio se ha garantizado materialmente respecto de la autoridad accionada: el Juzgado fue demandado desde el inicio; la titular que asumió el despacho el 2 de febrero de 2026 intervino en sede de instancia y expuso las razones por las cuales consideraba que no había vulnerado los derechos de la accionante; y la titular que posteriormente asumió el cargo intervino en sede de revisión y suministró la información requerida por esta Corte. De hecho, las dos funcionarias que sucedieron al nominador que ejercía el cargo para la época de los hechos aportaron información sobre el nombramiento de la accionante, la terminación de su vinculación y la posterior provisión del empleo.
Por lo demás, aunque el aludido primer titular del despacho no intervino personalmente en el trámite, esta circunstancia no afecta la debida integración del contradictorio. Su intervención individual no era indispensable para que la autoridad accionada ejerciera su derecho de defensa ni para que pudiera adoptarse una decisión de fondo, pues no se pretende establecer responsabilidad personal alguna en su contra. Además, los hechos relevantes asociados con su gestión se encuentran documentados en el expediente laboral, en las actuaciones del propio Juzgado y en la información suministrada por quienes posteriormente ejercieron la función nominadora. En sede de revisión, incluso, la accionante solicitó requerir información adicional al primer nominador concernido; sin embargo, esa prueba fue negada por resultar manifiestamente superflua, dado que la información pretendida ya se encontraba suficientemente acreditada con el material probatorio recaudado.
En consecuencia, la Sala concluye que se encuentra satisfecho el requisito de legitimación en la causa por pasiva y debidamente garantizado el derecho de contradicción de la autoridad accionada. La autoridad nominadora del Juzgado 046 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá, por conducto de quien ostente su titularidad, es la autoridad llamada a responder por las actuaciones cuestionadas y, de ser procedente el amparo, a cumplir las órdenes dirigidas al restablecimiento de los derechos fundamentales de la accionante.
Terceros con interés:
La Sala advierte la existencia de terceros con interés en el resultado del presente trámite constitucional: la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá y Santiago.
En efecto, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, de acuerdo con el artículo 103 de la Ley 270 de 1996, es una unidad desconcentrada de la Dirección Ejecutiva Nacional de Administración Judicial que actúa como ordenadora del gasto y administra los bienes y los recursos para el adecuado funcionamiento de la Rama Judicial en la ciudad de Bogotá.
De acuerdo con lo informado por el Juzgado 046 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá incluyó a la accionante en el archivo destinado al pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social el 9 de diciembre de 2025, situación que se mantiene a la fecha de esta providencia. Así las cosas, la decisión que adopte el juez constitucional, en tanto podría implicar el reintegro de la accionante a la Rama Judicial, podría incidir en las obligaciones a cargo de dicha entidad en materia de seguridad social.
Por su parte, Santiago, en su condición de actualmente nombrado en provisionalidad en el cargo de “Escribiente de Juzgado Municipal – Grado Nominado” en el Juzgado 046 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá, también tiene un interés legítimo en el proceso, por cuanto la decisión que eventualmente se adopte sobre la continuidad de la vinculación de Katherine podría incidir directamente en la continuidad de su propia vinculación.
No legitimados:
En contraste, se observa que entidades como el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá[40], Imágenes Diagnósticas Teusa, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., Evalúa Salud I.P.S. S.A.S., la E.P.S. Sanitas S.A.S. y Capital Salud E.P.S. S.A.S. carecen de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no se les atribuye conducta alguna relacionada con la vulneración alegada ni ostentan competencia para disponer el reintegro reclamado, en el marco de una vinculación provisional. Por tanto, procede su desvinculación del trámite. |
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Inmediatez
Abordado, entre otras, en las Sentencias T-596 de 1992, SU-961 de 1999, T-1170 de 2008, T-604 de 2017 y SU-286 de 2021. |
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Contenido |
Verificación |
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La acción de tutela, según el artículo 86 de la CP, busca la protección inmediata de derechos fundamentales, exigiendo su ejercicio en un plazo razonable para garantizar la efectividad concreta del derecho vulnerado.
Aunque no hay término de caducidad legal, el juez de tutela debe verificar la oportunidad de la acción considerando las circunstancias del actor y los derechos de terceros. |
Se cumple. La controversia que dio origen a la presente acción de tutela se relaciona con la decisión de una autoridad nominadora de no dar continuidad al nombramiento en provisionalidad de Katherine como “Escribiente de Juzgado Municipal - Grado Nominado”, pese a que ella alegó ser titular de estabilidad laboral reforzada con ocasión de su estado de embarazo. Tal decisión se materializó el 12 de diciembre de 2025, fecha de vencimiento del término previsto en el acto administrativo de nombramiento provisional de Katherine.
De acuerdo con la información obrante en el expediente, la accionante solicitó el 13 de enero de 2026 su reintegro con fundamento en su “fuero de maternidad”. Entre esta última actuación y la presentación de la tutela, el 4 de febrero de 2026, transcurrió menos de un mes, por lo que la Sala considera satisfecho el requisito de inmediatez. |
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Subsidiariedad
Abordado, entre otras, en las Sentencias T-569 de 1992, SU-542 de 1999, T-983 de 2007, SU-115 de 2018 y SU-322 de 2024. |
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Contenido |
Verificación |
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De acuerdo con los artículos 86 de la CP y 6 del Decreto Ley 2591 de 1991, la tutela es improcedente si existe un mecanismo judicial idóneo y eficaz que pueda emplearse para buscar la salvaguarda de los derechos, salvo que se esté en presencia de un posible perjuicio irremediable.
Es procedente de forma definitiva si no hay medios judiciales adecuados y eficaces, o de manera transitoria si, existiendo estos medios, resulta necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Un mecanismo judicial es idóneo si es apto para resolver el problema jurídico y eficaz si protege oportunamente el derecho.
El perjuicio irremediable, según la jurisprudencia, se caracteriza por ser inminente, grave, urgente e impostergable.
En materia de estabilidad laboral reforzada, las personas vinculadas con el Estado cuentan, en principio, con medios ordinarios de defensa idóneos y eficaces para controvertir las decisiones relacionadas con su vinculación laboral, como el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho cuando se cuestione el acto administrativo de desvinculación o, cuando la controversia recaiga sobre este, el acto de nombramiento.
Dicho medio resulta idóneo incluso frente a controversias relacionadas con la estabilidad laboral de personas en estado de debilidad manifiesta, pues permite cuestionar la legalidad de la terminación del vínculo, así como solicitar el reintegro y el pago de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que correspondan. Además, el legislador previó un procedimiento expedito para su resolución y facultó al juez de lo contencioso administrativo para decretar las medidas cautelares o provisionales que considere pertinentes para proteger de forma oportuna los derechos fundamentales.
Ahora bien, en relación con el fuero de maternidad, la Corte ha precisado que esta regla general admite un análisis particular. En la Sentencia SU-075 de 2018, la Corte consideró que en “circunstancias especiales, como las que concurren en el caso del fuero de maternidad, las acciones ordinarias pueden resultar inidóneas e ineficaces para brindar un remedio integral, motivo por el cual la protección constitucional procede de manera definitiva”. En esa línea, la Sentencia T-356 de 2024 precisó que la acción de tutela procede como mecanismo definitivo cuando la accionante se encuentra en estado de embarazo o en periodo de lactancia y pretende el reconocimiento de la estabilidad laboral reforzada.
No obstante, esta circunstancia no implica que la sola condición de embarazo o lactancia determine, de manera automática, la procedencia del amparo. En consecuencia, la regla general es la improcedencia del amparo de tutela para cuestionar las decisiones de desvinculación de servidores públicos. No obstante, esta corporación ha precisado que dicha regla admite excepciones y que la acción de tutela procede cuando, en el caso concreto, los medios ordinarios no resultan eficaces o idóneos. Esto ocurre cuando el accionante (i) es un sujeto de especial protección constitucional o (ii) se encuentra en circunstancias de debilidad manifiesta[41], y el goce efectivo de sus derechos al mínimo vital y a la salud es vulnerado o amenazado como consecuencia de la terminación del vínculo.
En estos casos, los jueces constitucionales deben “garantizar a estas personas un tratamiento diferencial positivo”, lo que implica “analizar [el] requisito de subsidiariedad (…) desde una óptica menos estricta, pues en estos casos el actor experimenta una dificultad objetiva y constitucionalmente relevante para soportar las cargas procesales que le imponen los medios ordinarios de defensa judicial”[42].
Para determinar si, en el caso concreto, existe una situación de vulnerabilidad que haga ineficaces los medios ordinarios de defensa judicial, la jurisprudencia ha identificado algunos factores relevantes, tales como: (i) la edad del sujeto, (ii) su desocupación laboral, (iii) la circunstancia de no percibir ingreso alguno que permita su subsistencia, la de su familia e impida las cotizaciones al régimen de seguridad social y (iv) la condición médica sufrida por el actor”[43]. |
Se cumple. En el presente asunto, la Sala considera que la accionante tuvo a su disposición el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir el acto que sometió a término su nombramiento provisional, proferido el 4 de noviembre de 2025. Posteriormente, tuvo a su disposición el mismo medio de defensa judicial frente a la decisión de negar su solicitud de reintegro, expresada mediante acto administrativo del 5 de febrero de 2026.
Así, para la fecha de interposición de la acción de tutela, esto es, para el 4 de febrero de 2026, la accionante aún podía controvertir mediante dicho medio de control la Resolución 019 del 4 de noviembre de 2025. Posteriormente, la respuesta del 5 de febrero de 2026 también era susceptible de control por esa vía. Esto, atendidos los cuatro meses previstos por el legislador como oportunidad para acudir a dicho medio de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo[44].
No obstante, si bien este mecanismo es idóneo —bien para perseguir la nulidad del término del nombramiento provisional o bien para obtener la nulidad de la negativa a la petición de reintegro, y en ambos casos con la posibilidad de lograr el restablecimiento de específicos derechos laborales—, lo cierto es que, atendidas las circunstancias particulares del caso, el aludido medio de control no resultaba eficaz para la protección de los derechos fundamentales de Katherine.
Como dato de contexto, sea lo primero recordar que según un estudio de tiempos procesales elaborado por la Universidad de Los Andes[45], la duración promedio del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho es de 2,48 años. Esta duración resulta especialmente relevante para el juicio de subsidiariedad en el presente caso, pues ilustra la dificultad que, en términos de eficacia, tendría el medio de control de cara a la protección de la alegada estabilidad laboral reforzada asociada a la dimensión temporal vinculada al embarazo y a la posterior lactancia.
Ahora bien, es cierto que el legislador facultó al juez de lo contencioso administrativo para decretar las medidas cautelares o provisionales que considere pertinentes. No obstante, la existencia de tales instrumentos no torna automáticamente improcedente la tutela, pues el juicio de subsidiariedad exige determinar su eficacia en las circunstancias concretas del titular de los derechos.
Pues bien, en este caso, concurren circunstancias particulares de vulnerabilidad de la accionante, que, valoradas en conjunto, justifican la intervención inmediata del juez constitucional.
En primer lugar, Katherine es sujeto de especial protección constitucional, pues se encontraba en estado de embarazo al momento de presentar la acción de tutela, el 4 de febrero de 2026, y, a la fecha de esta providencia, se encuentra en periodo de lactancia, tras el nacimiento de su hijo el 27 de abril de la misma anualidad.
En segundo lugar, la accionante tuvo un parto pretérmino, circunstancia que supone mayores necesidades de cuidado y atención durante los primeros meses de vida del menor, quien, además, es sujeto de especial protección constitucional, lo que refuerza la necesidad de una respuesta judicial oportuna[46].
En tercer lugar, a lo anterior se suma que, de acuerdo con la historia clínica allegada al expediente, su hijo requiere cuidados especiales y seguimiento médico. En efecto, el menor fue hospitalizado el 15 de julio de 2026 y registra varias atenciones médicas.
En cuarto lugar, la accionante se encuentra desempleada desde la terminación de su vínculo provisional con el Juzgado accionado y, según lo manifestó, no cuenta con ingresos propios. Esta situación ha limitado su autonomía económica y la ha llevado a depender de los recursos disponibles en su hogar. A ello se suma que las necesidades de cuidado del menor han dificultado su reincorporación laboral, lo que incide en sus posibilidades de recuperar una fuente de ingresos propia.
En quinto lugar, la accionante manifestó que el sostenimiento económico de su hogar depende de los ingresos de su esposo, quien carece de un contrato laboral estable y percibe ingresos variables. La falta de estabilidad en los recursos familiares adquiere relevancia en la medida en que estos deben atender tanto las necesidades ordinarias del hogar como los gastos asociados al cuidado y la atención médica del menor, lo que condiciona la capacidad de la familia para cubrir dichas necesidades de manera sostenida.
Ahora bien, la accionante cuenta con cobertura de salud. De acuerdo con lo informado por el Juzgado accionado, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá incluyó a Katherine en el archivo destinado al pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social y, según lo reportado por la E.P.S. Sanitas S.A.S., figura como cotizante del régimen contributivo desde el 1 de febrero de 2026. No obstante, esta circunstancia no desvirtúa, por sí misma, la situación de vulnerabilidad advertida, pues no modifica su situación de desempleo, la ausencia de ingresos propios ni las cargas de cuidado derivadas de las condiciones particulares de su hijo.
Así las cosas, valoradas en su conjunto estas circunstancias, la Sala considera que el medio ordinario de defensa judicial resulta idóneo, mas no eficaz para brindar una protección oportuna a los derechos fundamentales invocados. En particular, el parto pretérmino, las necesidades especiales de cuidado y atención médica del menor y las dificultades que estas han generado para la reincorporación laboral de la accionante, junto con la pérdida de sus ingresos propios y la dependencia económica de un hogar cuyos recursos laborales son variables, permiten concluir que el medio ordinario no ofrece una respuesta materialmente oportuna frente a la situación planteada. La procedencia del amparo no deriva, entonces, de la sola condición de madre gestante o lactante, sino de la concurrencia de las particulares condiciones de vulnerabilidad acreditadas en el expediente y de la necesidad de una protección oportuna mediante una garantía de naturaleza esencialmente temporal. En consecuencia, la Sala concluye que, en las circunstancias particulares del caso, la acción de tutela satisface el requisito de subsidiariedad. |
55. De conformidad con lo expuesto, la Sala concluye que la acción de tutela promovida por Katherine cumple con los requisitos generales de procedibilidad. Asimismo, reitera que la única legitimada en la causa por pasiva en el presente trámite es la autoridad nominadora del Juzgado 046 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá, razón por la cual se dispondrá la desvinculación del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, Imágenes Diagnósticas Teusa, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., Evalúa Salud I.P.S. S.A.S., la E.P.S. Sanitas S.A.S. y Capital Salud E.P.S. S.A.S.
56. En consecuencia, se procederá a examinar de fondo la controversia planteada.
En el presente asunto, Katherine interpuso acción de tutela contra el Juzgado 046 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá, al considerar que su titular, en ejercicio de sus funciones como nominador, vulneró sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, a la no discriminación, al debido proceso, al mínimo vital, al buen nombre y de petición. Relató que, pese a haber informado su estado de embarazo antes del vencimiento del término fijado en el acto de nombramiento provisional, el titular del despacho dio por terminada su vinculación al cumplirse dicho plazo y, posteriormente, nombró a otra persona en provisionalidad para desempeñar el mismo cargo. Asimismo, sostuvo que la respuesta a sus peticiones de reconocimiento de la estabilidad laboral reforzada y de reintegro no atendió de manera integral los asuntos planteados, pues se limitó a señalar que su vinculación había terminado. A su juicio, estas actuaciones desconocieron la protección derivada de su estado de embarazo. En consecuencia, solicitó su reintegro y el pago de los salarios y las prestaciones sociales dejados de percibir.
57. La autoridad judicial accionada inicialmente sostuvo que carecía de competencia para resolver la solicitud de reconocimiento del fuero de maternidad, pues, en su criterio, esta correspondía a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá y al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá. No obstante, posteriormente afirmó que sí había dado respuesta a las solicitudes y señaló que la terminación de la vinculación obedeció exclusivamente al vencimiento, el 12 de diciembre de 2025, del término al que estaba sujeto el nombramiento provisional.
58. La controversia plantea, principalmente, el alcance de las facultades nominadoras de las autoridades judiciales frente a servidores vinculados en provisionalidad cuando el término fijado en el acto de nombramiento vence durante el embarazo de la servidora y, una vez terminada la vinculación, el cargo es nuevamente provisto mediante otro nombramiento provisional. Asimismo, comprende la eventual vulneración del derecho de petición frente a las solicitudes formuladas por la accionante para obtener el reconocimiento de la protección derivada de su estado de embarazo y su reintegro.
59. En este contexto, corresponde a la Sala determinar si el titular del Juzgado 046 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá vulneró los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, a la no discriminación, al debido proceso, al mínimo vital y de petición de Katherine al dar por terminada su vinculación por el vencimiento del término previsto en el acto de nombramiento provisional y, posteriormente, proveer el mismo cargo mediante otro nombramiento en provisionalidad, pese a que la accionante había informado su estado de embarazo antes de la terminación de la relación y solicitado el reconocimiento de la protección derivada de esa circunstancia.
60. La Sala no formulará un problema jurídico autónomo respecto del buen nombre, habida cuenta de que la accionante vinculó su afectación con la insinuación de que conocía su embarazo y decidió no revelarlo antes de su vinculación. Esa alegación será examinada en el marco de la prohibición de discriminación, pues, como se explicará, evidencia precisamente la carga negativa del estereotipo según el cual una mujer debe revelar su embarazo y puede válidamente ser reprochada por no hacerlo.
Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala abordará el estudio del caso conforme al siguiente esquema metodológico. En primer lugar, reiterará la jurisprudencia sobre el régimen de carrera de los empleados de la Rama Judicial. En segundo lugar, examinará el alcance de la estabilidad laboral de los servidores nombrados en provisionalidad. En tercer lugar, analizará la obligación de motivar el acto administrativo de desvinculación de servidores nombrados en provisionalidad. En cuarto lugar, reiterará la jurisprudencia sobre la protección de la maternidad, con especial énfasis en las servidoras nombradas en provisionalidad. En quinto lugar, repasará las reglas jurisprudenciales relativas al derecho fundamental de petición. Finalmente, en sexto lugar, con fundamento en estas consideraciones, resolverá el caso concreto.
61. El artículo 125 de la Constitución Política establece la carrera como regla general para los empleos de los órganos y entidades del Estado, en los siguientes términos: “Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley”.
62. De esta disposición se desprende que la carrera administrativa constituye el mecanismo general de acceso a los empleos públicos, regido por los principios de igualdad e imparcialidad y orientado a que las “personas mejor calificadas se vinculen al Estado”[47]. La jurisprudencia ha reconocido la carrera administrativa basada en el mérito como un principio constitucional “transversal y la piedra angular sobre la cual se instituye el servicio público”[48], que busca, entre otros fines, evitar prácticas “clientelistas, de amiguismo o nepotismo”[49].
63. En la Rama Judicial, este principio se concreta en un régimen especial de carrera judicial. El numeral 1 del artículo 256 de la Constitución consagra la carrera judicial como un sistema especial de carrera administrativa, sometido a lo dispuesto en el artículo 125 de la Carta Magna y desarrollado en la Ley 270 de 1996[50], así como por los mismos principios constitucionales de mérito y prevalencia del concurso que orientan la carrera administrativa[51].
64. El artículo 158 de la Ley 270 de 1996[52] dispone que “son de carrera los cargos de magistrados de los Tribunales, de los Consejos Seccionales de la Judicatura y de las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, los jueces, los fiscales y demás cargos de empleados que por disposición expresa de la Ley no sean de libre nombramiento y remoción o de período de la Rama Judicial”.
65. De esta disposición se desprenden tres reglas[53]:
(i) por regla general, los cargos en la carrera judicial deben proveerse por concurso público de méritos;
(ii) son de carrera los cargos que por disposición expresa de la ley no sean de libre nombramiento y remoción o de período; y
(iii) los cargos de libre nombramiento y remoción o de período deben ser definidos así por el legislador de manera manifiesta.
66. En desarrollo de este régimen, el legislador prevé distintas formas de provisión de los cargos de carrera judicial. En particular, estos pueden ser provistos (i) mediante concurso de méritos, en cuyo caso el nombramiento es en propiedad; (ii) por designación en provisionalidad hasta que se efectúe dicho proceso de selección, a fin de que las entidades públicas garanticen la continuidad de la prestación del servicio[54]; o (iii) por encargo.
67. En efecto, el artículo 132 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia establece las siguientes formas de provisión de cargos en la Rama Judicial:
“1. En propiedad. Para los empleos en vacancia definitiva, en cuanto se hayan superado todas las etapas del proceso de selección si el cargo es de Carrera, o se trate de traslado en los términos del artículo siguiente.
2. En provisionalidad. El nombramiento se hará en provisionalidad en caso de vacancia definitiva, hasta tanto se pueda hacer la designación por el sistema legalmente previsto.
Cuando se trate de vacancia temporal, en cargos de carrera judicial, se optará por un funcionario o empleado de carrera del despacho respectivo, siempre que cumpla los requisitos para el cargo, o por la persona que hace parte del Registro de Elegibles. Este nombramiento no excluirá a la persona del respectivo Registro para optar por un cargo en propiedad.
En caso de vacancia temporal en la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el Consejo Superior de la Judicatura o los Tribunales, la designación se hará directamente por la respectiva Corporación en los términos señalados en este artículo.
3. En encargo. El nominador, cuando las necesidades del servicio lo exijan, podrá designar en encargo hasta por un mes, prorrogable hasta por un período igual, a funcionario o empleado que se desempeñe en propiedad. Vencido este término procederá al nombramiento en propiedad o provisionalidad según sea el caso, de conformidad con las normas respectivas”[55].
68. En cuanto a las autoridades competentes para proveer los cargos en la Rama Judicial, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia establece que el Consejo Superior de la Judicatura será el administrador de la carrera judicial, junto con las corporaciones judiciales y los jueces de la República[56]. A estos últimos se les asignó, entre otras[57], la función de “designar a los funcionarios y empleados cuyos nombramientos les corresponda de conformidad con la Ley y el reglamento”. Específicamente, el numeral 8 del artículo 131 de la Ley 270 de 1996 dispone que, para los cargos de los juzgados, la autoridad nominadora es el juez respectivo[58].
69. Ahora bien, quienes superen las etapas del concurso de méritos adquieren un derecho subjetivo de ingreso al empleo público, exigible ante la Administración[59]. Este derecho prima sobre la situación de quienes se encuentren vinculados en provisionalidad, dada la naturaleza transitoria y excepcional de esta forma de provisión, cuya duración está condicionada, precisamente, a la selección de funcionarios mediante la evaluación de sus méritos en un concurso público[60]. La Corte ha precisado que, en atención al tiempo requerido para llevar a cabo las etapas de un concurso de méritos y a la importancia de mantener la continuidad de la función pública,
“surgió la necesidad de proveer los cargos de forma temporal y transitoria y mientras se hace la provisión definitiva, esto es, mientras duren las situaciones administrativas o los movimientos de personal que generaron la vacancia temporal del empleo, lo cual se suple con las instituciones del nombramiento provisional de cualquier persona o mediante el encargo de empleados de carrera”[61].
70. En este sentido, los nombramientos en provisionalidad no son equiparables a los nombramientos en propiedad. Los primeros no otorgan a sus titulares las garantías de estabilidad propias de los nombramientos en propiedad, “ya que quienes se hallan vinculados en provisionalidad no agotaron los requisitos que exige la Constitución y la ley para gozar de tales beneficios”[62]. Debido a esto, los servidores de carrera judicial gozan de una mayor estabilidad laboral o “mejor derecho”[63], al haber superado las respectivas etapas del proceso de selección, lo que impide su retiro por causales no previstas en la ley, siempre mediante acto administrativo debidamente motivado, a fin de garantizar que la decisión sea conforme a la Constitución y a la normativa vigente[64].
71. En consecuencia, los cargos de carrera de la Rama Judicial se encuentran sometidos, como regla general, al principio del mérito y solo excepcionalmente pueden ser provistos en provisionalidad, precisamente mientras se surte el proceso de selección correspondiente. Esta forma transitoria de vinculación, sin embargo, no confiere a quien ocupa el cargo las mismas garantías de estabilidad que a quien accede a él en propiedad. Corresponde ahora precisar el alcance de la estabilidad laboral de quienes se encuentran vinculados en provisionalidad y, en particular, las garantías que les asisten cuando son sujetos de especial protección constitucional.
72. El artículo 53 de la Constitución Política dispone que la estabilidad laboral en el empleo es un principio mínimo fundamental de las relaciones laborales[65]. En desarrollo de este mandato, esta Corporación ha definido la estabilidad laboral como:
“una garantía que tiene todo trabajador a permanecer en el empleo y a obtener los correspondientes beneficios salariales y prestacionales, incluso contra la voluntad del patrono, si no existe una causa relevante que justifique el despido. La doctrina ha entendido entonces que el principio de estabilidad laboral configura, en cabeza de los trabajadores, un verdadero derecho jurídico de resistencia al despido, el cual es expresión del hecho de que los fenómenos laborales no se rigen exclusivamente por el principio de la autonomía de la voluntad, ya que están en juego otros valores constitucionales, en especial la propia dignidad del trabajador y la búsqueda de una mayor igualdad entre patrono y empleado. Por ello, en función del principio de la estabilidad laboral, y de la especial protección al trabajo (CP arts 25 y 53), no basta el deseo empresarial para que pueda cesar una relación de trabajo, sino que es necesario que se configure una justa causa, en los términos señalados por la ley, y en armonía con los valores constitucionales”[66].
73. El alcance y el contenido del derecho a la estabilidad en el empleo varían en función de la condición del sujeto, la naturaleza de la vinculación o el tipo de contrato[67]. En atención a estas circunstancias, la Corte Constitucional ha señalado que la estabilidad laboral puede ser (i) precaria, (ii) reforzada o (iii) relativa o intermedia.
74. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte, son titulares del derecho a la estabilidad laboral reforzada, entre otros, los siguientes sujetos de especial protección constitucional[68]: (i) las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, (ii) los aforados sindicales, (iii) las madres y los padres cabeza de familia y (iv) las personas en situación de discapacidad o en condición de debilidad manifiesta por motivos de salud.
75. Ahora, en materia de empleo público, la estabilidad laboral de los servidores públicos varía según la forma de vinculación. Como se indicó, los funcionarios que acceden a los cargos mediante el concurso de méritos adquieren, entre otras prerrogativas, el derecho a acceder al empleo para el que concursaron, así como a la permanencia y a una estabilidad laboral reforzada[69].
76. Por otro lado, un ejemplo de la estabilidad laboral relativa o intermedia se observa en los servidores públicos que ocupan cargos de carrera mediante nombramientos en provisionalidad, quienes, a pesar de “no [tener] derecho a permanecer de manera indefinida en el cargo”[70], pues la naturaleza de tal designación es transitoria, no pueden ser desvinculados por razones fundamentadas en la mera voluntad discrecional del nominador. De acuerdo con lo anterior, su retiro del servicio solo puede producirse por razones objetivas o para nombrar a una persona que haya superado el concurso de méritos[71].
77. A tenor de lo dicho, la estabilidad laboral relativa o intermedia de quienes ocupan en provisionalidad cargos de carrera se concreta en dos garantías frente a actos de desvinculación arbitrarios[72]. Por un lado, la garantía de legalidad del retiro que exige que la desvinculación se efectúe (i) por causales objetivas, previstas en la Constitución y en la ley, o (ii) “para proveer el cargo que ocupan con una persona que haya superado satisfactoriamente el respectivo concurso de méritos”[73]. Al respecto, la Corte ha precisado que la terminación de una vinculación en provisionalidad para nombrar a quien ganó un concurso no vulnera el derecho al trabajo del servidor que ocupaba el cargo en provisionalidad, pues su derecho cede ante el mejor derecho de las personas que ganaron un concurso de mérito[74].
78. Por otro lado, la garantía del debido proceso y motivación suficiente exige al nominador exponer de manera clara y expresa las razones que sustentan el retiro en el acto de desvinculación. Esta garantía restringe la discrecionalidad del nominador y distingue sustancialmente la estabilidad laboral relativa de los servidores en cargos de carrera de la de quienes ocupan cargos de libre nombramiento y remoción, que tienen una estabilidad laboral precaria[75].
79. Esta Corporación ha reconocido que, cuando un funcionario ocupa en provisionalidad un cargo de carrera y, además, es sujeto de especial protección constitucional,
“concurre una relación de dependencia intrínseca entre la permanencia en el empleo público y la garantía de sus derechos fundamentales, particularmente el mínimo vital y la igualdad de oportunidades. De allí que se sostenga por la jurisprudencia que la eficacia de esos derechos depende del reconocimiento de estabilidad laboral en aquellos casos, a través de un ejercicio de ponderación entre tales derechos y los principios que informan la carrera administrativa”[76].
80. Ahora bien, aunque estas personas no tienen derecho a permanecer indefinidamente en el cargo, pues “prevalecen los derechos de quienes ganan el concurso de méritos”[77], sí son titulares de un “trato preferencial como acción afirmativa”[78]. En este sentido, “su vinculación se prolonga hasta que los cargos sean provistos en propiedad mediante el sistema de carrera o su desvinculación cumpla los requisitos exigidos en la jurisprudencia constitucional”[79]. Así, el trato preferencial se concreta a través de mecanismos que permitan a estas personas:
“(i) sean las últimas en ser desvinculadas y, (ii) de ser posible, puedan ser reubicadas en empleos que aún se encuentren vacantes, iguales o equivalentes a aquellos que venían ocupando en provisionalidad, mientras estos son cubiertos en propiedad mediante el sistema de carrera. Ahora bien, en los eventos en que la persona deba dejar el cargo ocupado en provisionalidad y no sea posible su vinculación en un empleo similar por inexistencia de vacantes, «le corresponde al empleador mantener su afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud, de tal suerte que se garantice la continuidad de los servicios médicos necesarios para el tratamiento de su enfermedad, hasta que los mismos finalicen o un nuevo empleador asuma tal obligación”, cuandoquiera se identifique una afectación grave de salud»”[80].
81. En síntesis, el grado de estabilidad laboral de los servidores públicos depende, entre otros factores, de la naturaleza del empleo y de la modalidad de vinculación. Así, quienes son nombrados en provisionalidad en cargos de carrera gozan de una estabilidad laboral relativa o intermedia: aunque no tienen derecho a permanecer indefinidamente en el empleo, su retiro no puede fundarse en la sola voluntad discrecional del nominador, sino que debe obedecer a una causa objetiva prevista en la Constitución o la ley, entre ellas la provisión definitiva del cargo con quien haya superado el correspondiente proceso de selección, y la decisión de desvinculación debe estar debidamente motivada. Esta situación difiere de la de quienes ocupan cargos de libre nombramiento y remoción, cuya estabilidad es precaria en razón del margen de discrecionalidad que caracteriza su designación y retiro. Con todo, cuando quien ocupa provisionalmente un cargo de carrera es, además, sujeto de especial protección constitucional, el nominador debe adoptar las medidas de trato preferente desarrolladas por la jurisprudencia antes de su desvinculación, dirigidas, entre otras finalidades, a procurar que sea de los últimos en retirarse y, cuando resulte fáctica y jurídicamente posible, a garantizar su vinculación a otro cargo igual o equivalente.
82. Los nombramientos en provisionalidad responden a una “necesidad de proveer un cargo de carrera mientras se agota el procedimiento necesario para designar de forma definitiva a su titular, con el objeto de no afectar el correcto funcionamiento del Estado”. Durante ese lapso, aunque los servidores así vinculados no gozan de las garantías propias de los empleados titulares de derechos de carrera, sí cuentan con una estabilidad laboral relativa, que se manifiesta, entre otras formas, en la exigencia de motivar el acto administrativo mediante el cual son retirados del cargo. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que:
“La obligación de motivar el acto correspondiente, tal como lo señala el Consejo de Estado, no convierte al empleado en provisionalidad en uno de carrera y como tal tampoco le confiere un fuero de estabilidad porque efectivamente no lo tiene. Simplemente, obliga al nominador a motivar las razones por las cuales el provisional no debe seguir ejerciendo el cargo, dado que si fue nombrado para satisfacer una necesidad en la administración e impedir la interrupción del servicio, su desvinculación debe responder precisamente a que el nombramiento no satisfizo las necesidades de ésta. Es decir, la administración tiene el derecho a mejorar el servicio o impedir su interrupción y como tal tiene la potestad de desvincular a un provisional cuando éste no se avenga a los requerimientos de ella, al tiempo que el provisional tiene el derecho a saber las razones por las cuales es desvinculado”[81].
83. En oportunidades previas, esta Corporación ha sostenido que la falta de motivación del acto administrativo de retiro de un servidor que ocupa un cargo en provisionalidad puede dar lugar a su nulidad[82], pues constituye una vulneración del derecho fundamental al debido proceso[83] y desconoce principios constitucionales como la cláusula de Estado de derecho[84], el principio democrático y el principio de publicidad en el ejercicio de la función pública[85].
84. En la Sentencia SU-917 de 2010 la Corte precisó que el acto administrativo de retiro debe cumplir con ciertas exigencias mínimas en cuanto a su contenido material, de manera que el administrado disponga de “los elementos de juicio necesarios para decidir si adelanta o no la respectiva acción ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Lo anterior obedece a que “si no se sabe con precisión cuáles son las razones de una decisión administrativa difícilmente podrá controvertirse el acto tanto en sede gubernativa como jurisdiccional”[86]. Por ello, las razones para prescindir de los servicios del funcionario nombrado en provisionalidad deben exponerse de manera clara, detallada y precisa[87].
85. En dicha providencia, la Sala Plena revisó la jurisprudencia constitucional previamente desarrollada y consolidó la postura de esta Corporación sobre la exigencia de motivar los actos administrativos de retiro de servidores vinculados en provisionalidad en cargos de carrera, a partir de cuatro razones fundamentales:
“(…) En cuanto al retiro de servidores vinculados en provisionalidad, la Corte Constitucional ha abordado en numerosas oportunidades el tema para señalar el inexcusable deber de motivación de dichos actos. Así lo ha señalado desde hace más de una década de manera uniforme y reiterada en los numerosos fallos en los que ha examinado esta problemática, a tal punto que a la fecha se registra casi un centenar de sentencias en la misma dirección aunque con algunas variables respecto de las medidas de protección adoptadas.
- En primer lugar, el respeto a los principios constitucionales antes mencionados (Estado de derecho, garantía del derecho fundamental al debido proceso, principios democrático y de publicidad en el ejercicio de la función pública) exige motivar los actos de retiro de los cargos de provisionalidad.
- En segundo lugar, no existe ninguna ley o norma con fuerza material de ley que exonere a los nominadores del deber de señalar las razones para el retiro de servidores públicos nombrados en provisionalidad, por lo que debe apelarse a la regla general antes mencionada sobre la motivación de los actos administrativos.
- En tercer lugar, el artículo 125 de la Constitución señala que las causales de retiro de los servidores públicos son las contempladas en la propia Carta Política o en la ley, de manera que el administrado debe tener la posibilidad de conocer cuáles son las razones que se invocan para su retiro cuando ejerce un cargo en provisionalidad. Aquí es importante precisar que «las excepciones a este principio general únicamente pueden ser consignadas por vía legal o constitucional», de manera que ni los decretos reglamentarios ni los demás actos administrativos pueden servir como sustento normativo para incumplir este mandato. Al respecto, apoyado en el artículo 125 Superior, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado ha considerado que «sólo el Legislador tiene competencia para señalar los motivos y el procedimiento que pueden dar lugar a la separación del cargo, por lo que la administración no puede a su arbitrio disponer el retiro de sus servidores».
En concordancia con ello, la Ley 909 de 2004, por la cual se expiden normas que regulan el empleo público y la carrera administrativa, reconoció expresamente, que la competencia para el retiro de los empleos de carrera es «reglada» y «deberá efectuarse mediante acto motivado», mientras que para el caso de los empleos de libre nombramiento y remoción aceptó la competencia «discrecional» mediante «acto no motivado». Cabe aclarar, en consecuencia, que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 909 de 2004 no existe duda alguna respecto al deber de motivación de dichos actos.
- En cuarto lugar, el hecho de que un funcionario ejerza un cargo en provisionalidad no lo convierte en uno de libre nombramiento y remoción, por lo que no tiene cabida esa excepción al deber de motivar el acto de insubsistencia. En este sentido la Corte precisa que aún cuando los servidores públicos nombrados en provisionalidad en empleos de carrera no tienen las garantías que de ella se derivan, porque no han superado las etapas para proveer un empleo en forma definitiva (especialmente a través del concurso de méritos), lo cierto es que si tienen el derecho a la motivación del acto de retiro, que constituye una garantía mínima derivada del derecho fundamental al debido proceso, del respeto al estado de derecho y del control a la arbitrariedad de la administración, y no de la circunstancia de pertenecer o no a un cargo de carrera”[88].
86. En este sentido, con el fin de evitar arbitrariedades de la Administración disfrazadas de discrecionalidad[89], el acto administrativo mediante el cual se desvincula a un empleado nombrado en provisionalidad debe satisfacer el principio de razón suficiente, según el cual es indispensable que existan motivos fundados que justifiquen que la administración prescinda de sus servicios. Así, en el acto administrativo deben constar “las circunstancias particulares y concretas, de hecho y de derecho, por las cuales se decide remover a un determinado funcionario, de manera que no resultan válidas aquellas justificaciones indefinidas, generales y abstractas, que no se predican directamente de quien es desvinculado”[90].
87. En desarrollo de esta regla, este Tribunal ha identificado como motivos constitucionalmente admisibles o “causales objetivas” para la desvinculación, entre otras, la provisión definitiva del cargo mediante concurso de méritos, la calificación insatisfactoria del servidor[91], la imposición de sanciones disciplinarias y la cesación de la vacancia[92]. Asimismo, ha reconocido el “vencimiento del período por el cual ha sido designado el funcionario, siempre que la ley establezca esa posibilidad”[93].
88. En contraposición, esta Corporación ha señalado que no constituyen razones suficientes para la desvinculación de un servidor “las referencias de carácter general con relación a la naturaleza provisional del nombramiento, la no pertenencia a la carrera administrativa, la invocación del ejercicio de una facultad discrecional que realmente no existe, o la «cita de información, doctrina o jurisprudencia que no se relacionen de manera directa e inmediata con el caso particular»”[94].
89. La exigencia de motivación ha sido aplicada por esta Corporación en casos en los que servidores nombrados en provisionalidad fueron desvinculados y, posteriormente, reemplazados por otros funcionarios en la misma condición. En la siguiente tabla se reseñan algunos de estos precedentes y las reglas adoptadas en cada caso:
Tabla 6. Precedentes sobre la desvinculación y reemplazo de servidores nombrados en provisionalidad.
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Sentencia |
Situación fáctica |
Regla/medida adoptada |
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Acción de tutela presentada por una notaria nombrada en provisionalidad, quien fue retirada sin motivación y reemplazada por otro notario, también nombrado en provisionalidad. La accionante atribuyó su desvinculación a una represalia política. |
La Corte concluyó que el cargo de notario, ya sea provisto en propiedad o en provisionalidad, no está expresamente señalado dentro de la categoría de libre nombramiento y remoción, por lo que su provisión “no puede quedar al vaivén de los intereses politizados o personales del nominador”.
En consecuencia, los notarios designados, así sea en provisionalidad, gozan de una expectativa y solo podrán ser desvinculados si no cumplen con sus deberes o en la provisión del cargo mediante concurso. |
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Sentencia T-1011 de 2003 |
Acción de tutela presentada por un servidor público que ocupaba en provisionalidad un cargo en la Fiscalía General de la Nación y cuyo nombramiento fue declarado insubsistente sin causal objetiva que lo justificara.
El accionante, casado y padre de dos hijas menores con obligaciones económicas, instauró una tutela como mecanismo transitorio alegando violación a los derechos al debido proceso, al trabajo, a la igualdad y al mínimo vital, argumentando que su condición de provisionalidad le otorgaba cierta estabilidad. |
Aunque la Corte declaró improcedente la tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, precisó que los servidores designados en provisionalidad gozan de cierto grado de protección. Por ello, el nominador debe tener en cuenta las condiciones de vida del funcionario que será removido, particularmente cuando no será reemplazado por quien ganó el concurso, sino por otro empleado en provisionalidad, pues ello eventualmente puede afectar los derechos fundamentales de la persona desvinculada,
“por ejemplo cuando se trata de madres cabeza de familia carentes de otra fuente de ingresos que no sea su salario, como también de madres solteras de las cuales depende el sustento económico de hijos menores de edad, más aún cuando no disponen de vivienda propia y con su salario pagan el canon del arrendamiento correspondiente”. |
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Sentencia T-1240 de 2004 |
Acción de tutela presentada por una inspectora de policía rural quien venía ocupando el cargo en provisionalidad desde 2001 y fue declarada insubsistente en 2004 sin motivación, siendo reemplazada por otro funcionario también en provisionalidad. La servidora era madre soltera, cabeza de familia y de ella dependían su hija, su madre y su abuela. |
La Corte sostuvo que no se cumplió con la exigencia de motivar el acto de desvinculación, pues la mera afirmación sobre la naturaleza provisional del nombramiento y el supuesto carácter discrecional del acto de remoción no constituyen motivación suficiente. Esto, porque la desvinculación sólo puede producirse para proveer el cargo mediante concurso de méritos o cuando exista una razón relacionada con el servicio que la justifique. Así, concluyó que era necesaria la expresión en la resolución de las razones de conveniencia del servicio que daban lugar a la decisión. |
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Sentencia T-1323 de 2005 |
Acción de tutela instaurada por servidor público nombrado en provisionalidad como fiscal desde 1995, quien fue declarado insubsistente en 2005 mediante un acto administrativo que no expresó las razones para su desvinculación y fue reemplazado por otro funcionario también nombrado en provisionalidad. |
La Corte determinó que la acción de tutela resulta procedente para exigir la motivación del acto de desvinculación y proteger el derecho al debido proceso, cuando:
“(i) se trata de un funcionario nombrado en provisionalidad; (ii) en un cargo de carrera administrativa; (iii) que es posteriormente desvinculado mediante un acto administrativo no motivado; (iv) que es remplazado por un funcionario también nombrado en provisionalidad”[95]. |
90. Estas reglas adquieren especial relevancia cuando el servidor vinculado en provisionalidad es, además, sujeto de especial protección constitucional. En estos casos, la jurisprudencia constitucional ha reconocido una protección cualificada frente a la desvinculación, que impone al nominador deberes adicionales de protección y el otorgamiento del “trato preferente” previamente explicado[96].
91. Con fundamento en los artículos 13 y 43 de la Constitución Política, las mujeres durante el embarazo y el periodo de lactancia tienen una especial protección constitucional, con el propósito de evitar situaciones de discriminación en su contra y de materializar la cláusula de igualdad[97]. De acuerdo con lo anterior, la mujer es beneficiaria del fuero de maternidad, mediante el cual se busca protegerla en su ámbito laboral, a fin de que no vea disminuidas sus condiciones laborales ni sea desvinculada de forma arbitraria por encontrarse en estado de gestación o de lactancia[98].
92. Como manifestación de dicha garantía, la estabilidad laboral reforzada protege a todas las trabajadoras, independientemente de la relación laboral que tengan o de la modalidad de su contrato[99]. Así, tanto en el sector público como en el privado, las mujeres gestantes y lactantes están amparadas por el fuero de maternidad para garantizar un ingreso que les permita el goce de los derechos al mínimo vital y a la salud[100]. Por un lado, el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo establece que “ninguna trabajadora podrá ser despedida por motivo de embarazo o lactancia sin la autorización previa del Ministerio de Trabajo que avale una justa causa”.
93. A su vez, el artículo 2.2.31.1 del Decreto 1083 de 2015 dispone que “ninguna empleada pública ni trabajadora oficial podrá ser despedida por motivos de embarazo o lactancia”[101]. Adicionalmente, consagra que, durante el embarazo y los 3 meses posteriores al parto o aborto, la mujer que sea empleada pública solo puede ser retirada por justa causa comprobada; para tal efecto, se requerirá una resolución motivada de la correspondiente entidad nominadora[102]. En ausencia de tales requisitos, se presumirá que ese acto se ejerció por motivo del embarazo o de la lactancia y, por lo tanto, será discriminatorio[103]. Ante dicho escenario, la servidora pública tiene derecho a que la entidad le pague una indemnización y la suma de dinero correspondiente a la licencia remunerada[104].
94. Esta protección constituye una manifestación del principio de especial protección y asistencia a las mujeres en el ámbito laboral, así como del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada por la maternidad.
95. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la protección a la maternidad comprende, entre otras, las siguientes garantías laborales:
96. Primero. La prohibición general de despido discriminatorio: ninguna mujer puede ser despedida por motivo de su embarazo sin que medie justa causa. La protección se extiende durante el embarazo y el periodo de lactancia, aunque el alcance de las garantías que la integran varía según la etapa en la que se encuentre la trabajadora.
97. Al respecto, la Corte ha sostenido que la indemnización no es un mecanismo suficiente para amparar el derecho a la estabilidad laboral reforzada por embarazo o lactancia, por lo que la consecuencia de un despido discriminatorio es su ineficacia y el respectivo reintegro y el pago de las prestaciones dejadas de percibir[105].
98. Segundo. La prohibición especial de despido durante la licencia de maternidad: de acuerdo con el numeral 1 del artículo 241 del Código Sustantivo del Trabajo, “el empleador está obligado a conservar el puesto a la trabajadora que esté disfrutando de los descansos remunerados de que trata este capítulo”. El descanso remunerado corresponde a los periodos establecidos en el artículo 2 de la Ley 2114 de 2021 y, durante los mismos, “no producirá efecto alguno el despido que el empleador comunique a la trabajadora”[106].
99. Tercero. Presunción de despido discriminatorio: el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 2.2.31.2 del Decreto 1083 de 2015 establecen que se presume que el despido se ha efectuado por motivo de embarazo o lactancia cuando este haya tenido lugar dentro de dichos períodos.
100. Ahora bien, teniendo en cuenta que, de acuerdo con la etapa gestacional varían las garantías del fuero de maternidad, la Sentencia T-333 de 2025 consolidó los periodos comprendidos y las garantías aplicables, así:
Tabla 7. Garantías aplicables durante las distintas etapas de protección del fuero de maternidad.
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Período |
Garantías aplicables[107] |
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Estado de gestación |
Protección integral del fuero de maternidad. Comprende: (i) la prohibición de despido sin justa causa avalada por el Ministerio del Trabajo y presunción de despido discriminatorio, siguiendo las reglas jurisprudenciales sobre la acreditación del conocimiento del empleador del estado de gestación de la trabajadora; (ii) la nulidad del despido y, en consecuencia, reintegro de la trabajadora, de acuerdo con el artículo 241 del Código Sustantivo del Trabajo; y (iii) la indemnización.
Adicionalmente, licencia preparto, contemplada en el numeral 6º del artículo 236 del mismo Código. |
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Hasta la semana decimoctava después del parto |
Protección integral del fuero de maternidad: (i) la prohibición de despido sin justa causa avalada por el Ministerio del Trabajo; (ii) la presunción de despido discriminatorio; (iii) la nulidad del despido y reintegro, de acuerdo con el artículo 241 del Código Sustantivo del Trabajo; y (iv) la indemnización.
Adicionalmente, licencia posparto del numeral 6º del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo. |
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Entre dieciocho (18) semanas después del parto y hasta los dos (2) años siguientes |
Protección parcial del fuero. Abarca las siguientes garantías: (i) la prohibición de despido sin justa causa; (ii) la nulidad del despido; y (iii) la indemnización.
No incluye la presunción de despido discriminatorio, ni requiere la autorización del Ministerio del Trabajo.
La carga de la prueba recae en la trabajadora, dentro del marco de la libertad probatoria y considerando las circunstancias propias del contexto laboral. |
101. De acuerdo con lo anterior, para determinar la procedencia de la protección por estabilidad laboral reforzada derivada del fuero de maternidad, deben verificarse: (i) la existencia de una relación laboral o de prestación de servicios; (ii) que la trabajadora se encuentre en estado de embarazo o en periodo de lactancia durante la vigencia de dicho vínculo; y (iii) el conocimiento por parte del empleador del estado de embarazo al momento de la desvinculación[108]. Así, el alcance de la protección debe determinarse a partir de este último criterio y de la alternativa laboral mediante la cual la mujer embarazada se encontraba vinculada[109].
102. Frente al tercer criterio, la Corte sostiene que existe libertad probatoria para acreditar el conocimiento del empleador del estado de embarazo de la trabajadora o contratista al momento de la terminación del contrato, por lo que deben analizarse las circunstancias específicas del entorno laboral y la dificultad que implica para la gestante probar dicho conocimiento[110]. A este respecto, la forma en que la mujer comunica al empleador esta situación no exige mayores formalidades, pues puede darse por medio de la notificación directa o escrita, por la configuración de un hecho notorio en el contexto laboral o por la noticia verbal de un tercero[111].
103. Finalmente, en lo que respecta a la protección de mujeres en embarazo o en periodo de lactancia que ocupan un cargo de carrera mediante nombramiento en provisionalidad, la Corte precisó en la Sentencia SU-070 de 2013 que se deben aplicar las siguientes reglas:
“(i) Si el cargo sale a concurso, el último cargo a proveerse por quienes lo hayan ganado, deberá ser el de la mujer embarazada. Lo anterior, teniendo en cuenta que el cargo a ser proveído y la plaza en la que se desempeñará quien ganó el concurso, debe ser el mismo para el que aplicó. Cuando deba surtirse el cargo de la mujer embarazada o lactante por quién ganó el concurso de méritos, se deberá pagar a la mujer embarazada la protección consistente en el pago de prestaciones que garanticen la licencia de maternidad; (ii) si hubo supresión del cargo o liquidación de la entidad, se le debe garantizar a la trabajadora en provisionalidad, la permanencia en el cargo hasta que se configure la licencia de maternidad o de ser ello imposible, el pago de salarios y prestaciones, hasta que la trabajadora adquiera el derecho a gozar de la licencia”[112].
104. En la Sentencia T-088 de 2010 la Corte revisó una tutela interpuesta por una profesora nombrada en provisionalidad, quien fue desvinculada del cargo pese a encontrarse embarazada. En esa oportunidad ordenó (i) el reintegro de la accionante a un puesto de trabajo igual o mejor al que se encontraba desempeñando, (ii) su afiliación y la de su hijo durante el primer año de vida al Sistema de Seguridad Social en Salud, (iii) el pago de la indemnización de que trata el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo y (iv) el pago de la licencia de maternidad y los gastos médicos relacionados, que habrían sido cubiertos por el sistema de salud si la vinculación no hubiese sido interrumpida.
105. Posteriormente, en la Sentencia T-392 de 2024, la Corte revisó un caso de otra profesora que había sido nombrada en provisionalidad para reemplazar a un docente que se encontraba disfrutando de una comisión de servicios remunerada. Mientras prestaba sus servicios, quedó embarazada y fue desvinculada un mes antes del parto. Aunque la entidad accionada aseguró que la terminación del vínculo obedeció al vencimiento del término inicial del nombramiento, este Tribunal concluyó que la accionante estaba amparada por el fuero de maternidad, circunstancia que no fue tenida en cuenta para garantizar el pago de salarios y prestaciones en caso de que fuera imposible la permanencia en el cargo. Así pues, ordenó el pago de la licencia de maternidad y de los salarios dejados de percibir desde su desvinculación hasta el inicio de dicha licencia.
106. En síntesis, la protección constitucional de la maternidad impone a las autoridades y a los empleadores el deber de garantizar la estabilidad laboral de las mujeres durante el embarazo y el periodo de lactancia, mediante la adopción de medidas que eviten su desvinculación discriminatoria y aseguren el goce efectivo de sus derechos fundamentales. El alcance de dicha garantía debe sujetarse al conocimiento del empleador de la situación, así como a la alternativa laboral mediante la cual la mujer embarazada se encontraba vinculada.
107. El artículo 23 de la Constitución Política instituyó el derecho de petición en los siguientes términos: “toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución”. Esta disposición fue desarrollada por la Ley Estatutaria 1755 de 2015, que regula su ejercicio y alcance[113].
108. Este derecho fundamental, de aplicación inmediata, habilita a todas las personas a acudir a entidades públicas o privadas para la protección de sus derechos fundamentales y la pronta resolución de lo solicitado. Esta Corporación ha precisado que “por medio de este instrumento se garantizan otros derechos fundamentales y se puede tener acceso a información y documentación que repose en las entidades sobre situaciones de interés general o particular”[114], siempre que no se trate de información que, por ley, tenga carácter reservado.
109. En la Sentencia C-951 de 2014 la Corte identificó cuatro elementos de ese derecho fundamental, a saber: (i) la formulación de la petición, (ii) la pronta resolución, (iii) la respuesta de fondo y (iv) la notificación de la decisión. Posteriormente, la Sentencia SU-543 de 2023 estructuró dichos elementos de la siguiente manera:
Tabla 5. Elementos del derecho fundamental de petición
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Elementos del derecho fundamental de petición |
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Formulación |
El derecho de petición “protege la posibilidad cierta y efectiva de dirigir a las autoridades o a los particulares, en los casos que determine la ley, solicitudes respetuosas, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas”[115]. Los obligados a cumplir con este derecho “tienen el deber de recibir toda clase de petición”[116]. |
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Pronta resolución |
El término de respuesta del derecho de petición “debe entenderse como un tiempo máximo que tiene la administración o el particular para resolver la solicitud”[117]. Según la Ley 1755 de 2015, este término de respuesta corresponde a 15 días hábiles. |
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Respuesta de fondo |
La respuesta a la petición debe ser de fondo, esto es[118]: (i) clara, “inteligible y de fácil comprensión”; (ii) precisa, de forma tal que “atienda, de manera concreta, lo solicitado, sin información impertinente” y “sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas”; (iii) congruente, es decir, que “abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado”, y (iv) consecuente, lo cual implica “que no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada (…) sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o no procedente”. |
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Notificación |
La respuesta debe ser notificada, por cuanto la notificación es el mecanismo procesal adecuado “para que la persona conozca la resolución de las autoridades, acto que debe sujetarse a lo normado en el capítulo de notificaciones de la Ley 1437 de 2011”. Esta obligación genera para la administración la responsabilidad de actuar con diligencia en aras de que su respuesta sea conocida. |
110. En la Sentencia T-077 de 2018 la Corte señaló que la respuesta oportuna y de fondo que las entidades den a los administrados es determinante para satisfacer, entre otros, el derecho de acceso a la información y el derecho al debido proceso. Respecto de este último, este Tribunal ha resaltado la estrecha relación que existe entre el derecho de petición y el debido proceso administrativo, debido a que un “buen número de las actuaciones en las que deberá aplicarse el debido proceso se originan en el ejercicio [del derecho de petición], y además porque en tales casos el efectivo respeto del derecho de petición dependerá, entre otros factores, de la cumplida observancia de las reglas del debido proceso”[119]. En este sentido, la comunicación efectiva de la respuesta a una petición presentada resulta fundamental para garantizar el derecho al debido proceso[120].
111. La jurisprudencia constitucional ha precisado dos circunstancias en las cuales se puede evidenciar la vulneración del derecho fundamental de petición al omitirse dar resolución pronta y oportuna:
“(i) que al accionante no se le permita presentar petición, o (ii) que exista presentación de una solicitud por parte del accionante. En este sentido, la vulneración del derecho de petición se presentará o bien por la negativa de un agente de recibir la respectiva petición o frustrar su presentación – circunstancia (i)-; o bien que habiendo presentado una petición respetuosa no ha obtenido respuesta, o que la solicitud presentada no fue atendida debidamente –circunstancia (ii)”[121].
112. Frente al segundo evento, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el derecho de petición implica un resultado, el cual se expresa en la obtención de una resolución pronta de la petición[122].
113. Por último, esta Corporación ha considerado que la falta de respuesta o la emisión de una respuesta incompleta adquiere especial relevancia cuando la petición se orienta a obtener la protección de otros derechos fundamentales, como la estabilidad laboral reforzada, el trabajo o el mínimo vital del solicitante y de su núcleo familiar[123]. En estos casos, el derecho de petición constituye un instrumento para procurar la efectividad de dichas garantías. En consecuencia, cuando la petición se encuentra encaminada a la protección de otros derechos fundamentales, la respuesta debe ser idónea para garantizar su efectividad y no limitarse a una mera contestación formal.
114. Corresponde a la Sala determinar si la autoridad nominadora del Juzgado 046 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá vulneró los derechos a la estabilidad laboral reforzada, a la no discriminación, al debido proceso, al mínimo vital y de petición de Katherine al dar por terminada su vinculación con fundamento en el vencimiento del término previsto en el acto administrativo de nombramiento provisional y proveer posteriormente el cargo mediante otro nombramiento en provisionalidad, pese a que la accionante había informado su estado de embarazo antes de la terminación de la relación y solicitado el reconocimiento de la protección derivada de esa circunstancia.
115. La Sala considera necesario precisar los hechos que tendrá por acreditados para efectos del presente análisis. Hasta este punto, la exposición se ha apoyado principalmente en las afirmaciones de las partes y de los intervinientes. En consecuencia, se reconstruirán los hechos jurídicamente relevantes relacionados con la situación del cargo, la vinculación de la accionante, la terminación de su nombramiento y las actuaciones posteriores dirigidas a obtener la protección derivada de su estado de embarazo. Para tal efecto, la Sala partirá del material probatorio obrante en el expediente, en particular de los actos de nombramiento y demás documentos de los expedientes laborales, de las respuestas allegadas por las autoridades judiciales y administrativas y de las pruebas recaudadas en sede de revisión. Sobre esa base se establecerá el marco fáctico que servirá para resolver la controversia constitucional.
116. De acuerdo con lo informado por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, el Juzgado 046 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá cuenta con dos cargos de “Escribiente de Juzgado Municipal - Grado Nominado”: uno de ellos provisto en propiedad y el otro, publicado como vacante desde el 1 de junio de 2023[124].
117. Mediante la Resolución 003 del 29 de mayo de 2020, Santiago fue nombrado en provisionalidad para ocupar dicho cargo[125].
118. Posteriormente, mediante la Resolución 019 del 4 de noviembre de 2025, se aceptó la renuncia de Santiago y, en consecuencia, se designó a Katherine en el mismo cargo. De acuerdo con el acto administrativo, este nombramiento se fundamentó en:
“Que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 131 numeral 8 de la Ley 270 de 1996 corresponde al nominador suplir las vacantes en la planta de personal bajo la modalidad de provisionalidad cuando las necesidades del servicio lo exigen, y dado que [Katherine] acreditó los requisitos exigidos para el cargo de escribiente nominado, resulta procedente designarla en el empleo, con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio, la correcta administración de justicia y el cumplimiento de los fines constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional”[126].
119. En el mismo acto administrativo se fijó un término de vigencia para la vinculación provisional de la accionante hasta el 12 de diciembre de 2025. No obstante, en la resolución no se expusieron las razones fácticas ni jurídicas que sustentaban la limitación temporal del nombramiento, pues al respecto solamente se señaló:
“Que, en consecuencia, corresponde a este Despacho formalizar la designación en provisionalidad de la citada empleada, hasta el 12 de diciembre de 2025, o se disponga lo pertinente por la autoridad competente”[127].
120. El 3 de diciembre de 2025 la accionante informó sobre su estado de embarazo y solicitó el reconocimiento de su fuero de maternidad[128].
121. El 12 de diciembre de 2025 venció el término previsto en el acto de nombramiento de Katherine y no obra prueba de que, luego de ese día, se haya dispuesto la continuidad de su vinculación[129].
122. Ese mismo 12 de diciembre de 2025 la autoridad nominadora respondió la solicitud de reconocimiento del fuero de maternidad presentada por la accionante el 3 de diciembre anterior. Allí señaló que:
“con fecha 04 de noviembre de 2025, usted fue posesionada en el cargo de Escribiente Municipal en Provisionalidad, cargo que, como fue establecido en el respectivo acto administrativo posee efectos fiscales hasta el 12 de diciembre de 2025 (…) En este sentido, la resolución del derecho que usted reclama no está dentro de mis atribuciones, toda vez que su nombramiento es por un periodo de tiempo determinado, del cual usted fue debidamente informada y estaba consciente al momento de la toma de posesión (énfasis en texto original)”[130].
123. Respondido lo anterior, en ese mismo oficio dispuso el traslado de la solicitud a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá y al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá para que determinaran su procedencia[131].
124. Mediante Resolución 022 del 15 de diciembre de 2025, Santiago fue nuevamente nombrado en provisionalidad en el cargo de escribiente. En dicho acto administrativo, se realizó la siguiente precisión:
“Que, la servidora [Katherine] (…) fue nombrada a partir del cuatro (4) de [noviembre] de dos mil veinticinco (2025), hasta el doce (12) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).
Que, el día 12 de diciembre de 2025, finalizó el nombramiento realizado a [Katherine] (…) cargo que fue nombrado bajo la resolución 019 del cuatro (4) de [noviembre] de dos mil veinticinco (2025).
Que, se hace necesario proveer el cargo de Escribiente Municipal, el cual a la fecha se encuentra vacante, teniendo en cuenta que no hay listas vigentes de elegibles para el cargo”[132].
125. El 13 de enero de 2026, ante la falta de respuesta de fondo a su petición del 3 de diciembre anterior, la accionante solicitó el reintegro a su cargo[133].
126. Mediante oficio del 5 de febrero de 2026, el funcionario titular del despacho judicial dio respuesta a la anterior petición en los siguientes términos:
“Al respecto, se precisa que, una vez revisada la carpeta concerniente a su hoja de vida, se constata que su nombramiento se realizó mediante la Resolución No 019 de 4 de noviembre de 2025, en la cual claramente se indicó que su designación fue en el cargo de Escribiente en provisionalidad desde el 4 de noviembre de 2025 hasta el 12 de diciembre de 2025; es decir que, los efectos de su nombramiento fueron concretos, en tanto, tenían una fecha de inicio y otra de finalización, por lo que, su nombramiento feneció el día 12 de diciembre de 2025 a las 11:59 p.m. aunado a que la citada resolución goza de total legalidad, pues sobre la mismo no se ha realizado control judicial alguno que amerite su revocatoria (sic)”[134].
127. De acuerdo con el panorama expuesto y para resolver el asunto planteado, en primer lugar, la Sala examinará si la accionante gozaba de la protección constitucional reforzada por maternidad y, en caso afirmativo, cuál era el alcance de dicha garantía atendiendo a la modalidad de vinculación laboral de la accionante en la Rama Judicial. En segundo lugar, establecerá si la terminación de su nombramiento en provisionalidad fue debidamente motivada y sustentada en una causa objetiva y constitucionalmente admisible. Finalmente, en tercer lugar, determinará si la autoridad accionada desconoció las garantías derivadas de la estabilidad laboral reforzada, así como los derechos al debido proceso, a la no discriminación y de petición.
128. La Constitución reconoce que las mujeres, durante el embarazo y el período de lactancia, gozan de una protección especial. Entre las manifestaciones de protección se encuentran las garantías laborales previstas en el fuero de maternidad, cuyo propósito es proteger a la mujer gestante frente a decisiones de desvinculación basadas en actos de discriminación por embarazo o lactancia.
129. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional ya referida, la protección por estabilidad laboral reforzada derivada del fuero de maternidad procede con independencia de la modalidad mediante la cual la mujer gestante se encuentra vinculada. Para determinar su procedencia, deben verificarse: (i) la existencia de una relación de trabajo o contrato de prestación de servicios; (ii) que la servidora se encontrara en estado de embarazo o en período de lactancia durante la vigencia de dicha relación; y (iii) el conocimiento del empleador del estado de embarazo al momento de la desvinculación.
130. Pues bien, consta en el expediente digital que Katherine fue nombrada en provisionalidad en el cargo de “Escribiente de Juzgado Municipal - Grado Nominado” en el Juzgado 046 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá, mediante la Resolución 019 del 4 de noviembre de 2025, para el periodo comprendido entre esa fecha y el 12 de diciembre de la misma anualidad. Adicionalmente, conforme a lo constatado en su historia clínica, durante la vigencia de dicho vínculo, se encontraba embarazada[135].
131. Esta Sala también pudo constatar que la accionante informó a la autoridad nominadora de su embarazo mediante un documento fechado el 3 de diciembre de 2025[136], es decir, antes del vencimiento del término fijado en el acto administrativo de nombramiento. El documento contiene un sello en la parte superior que acredita su recepción el mismo día, a las 12:44 p.m. Posteriormente, el 5 de diciembre del mismo año, la autoridad nominadora informó de esa situación a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, mediante oficio en el que puso los hechos en conocimiento de dicha dependencia “para los fines que se consideren pertinentes”[137].
132. En vista de lo anterior, Katherine tenía un vínculo vigente al momento de informar sobre su embarazo, circunstancia conocida por la autoridad nominadora. Por tanto, desde antes de que finalizara su vinculación, ya se encontraban acreditados los presupuestos para reconocerle la protección constitucional reforzada por maternidad.
133. En la Sentencia T-489 de 2025[138], la Corte precisó que el alcance de la protección debe determinarse atendiendo a la alternativa laboral a la que esté vinculada la gestante. Luego, en este caso, al ser la accionante una empleada pública vinculada mediante un nombramiento en provisionalidad en un cargo de carrera judicial, el alcance de dicha protección debía determinarse a tenor de las características propias de esta modalidad de vinculación. En efecto, el reconocimiento de la estabilidad laboral reforzada por maternidad no transforma un nombramiento provisional en uno efectuado en propiedad ni confiere, por sí solo, una estabilidad equivalente a la de quien accede a un cargo de carrera mediante concurso de méritos. En todo caso, la naturaleza provisional de la vinculación no excluye la protección constitucional derivada del embarazo.
134. Así, la terminación de la vinculación de la accionante debe examinarse a la luz de las garantías propias de la estabilidad relativa de los servidores nombrados en provisionalidad, interpretadas en armonía con la protección constitucional reforzada que amparaba a la accionante por encontrarse en estado de embarazo. En este sentido, corresponde establecer si el fin de la vinculación provisional obedeció a una causa objetiva y constitucionalmente admisible y debidamente motivada (capítulo 5.3). De ello dependerá, posteriormente, determinar si la autoridad nominadora logró desvirtuar la presunción de despido discriminatorio derivada de la protección constitucional por maternidad (capítulo 5.4).
135. Según se explicó en el capítulo 4.3, la estabilidad laboral relativa de quienes ocupan cargos de carrera en provisionalidad se concreta, entre otras, en las garantías del debido proceso y de motivación suficiente, por una parte, y de legalidad del retiro, por otra; destinadas ambas a evitar desvinculaciones arbitrarias. Las reglas allí reseñadas han sido desarrolladas por la jurisprudencia principalmente frente a supuestos en los que la desvinculación se dispone mediante un acto administrativo de retiro.
136. Así las cosas, antes de abordar este análisis, la Sala considera necesario efectuar una precisión sobre la forma en que se produjo la terminación de la vinculación de la accionante. En este caso no se expidió un acto administrativo autónomo mediante el cual la autoridad nominadora dispusiera su retiro. Según la posición sostenida por la autoridad nominadora del Juzgado 046 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá, la vinculación de la accionante terminó por el solo vencimiento, el 12 de diciembre de 2025, del término que había sido fijado desde el acto de nombramiento.
137. La Sala considera que esta particular circunstancia no hace inaplicables las garantías propias de la estabilidad laboral relativa de los servidores nombrados en provisionalidad. Desde una perspectiva material, la existencia y el alcance de una decisión administrativa se determinan por su contenido y por los efectos jurídicos que está llamada a producir, y no exclusivamente por la denominación o la forma del instrumento que la contiene[139]. En este caso, la Resolución 019 del 4 de noviembre de 2025 no se limitó a disponer el nombramiento provisional de Katherine, sino que incorporó una determinación adicional sobre su duración, al establecer que aquel tendría vigencia únicamente hasta el 12 de diciembre siguiente. Por otra parte, de acuerdo con la interpretación posteriormente sostenida por la propia autoridad nominadora, esa determinación temporal produjo, llegada dicha fecha, la terminación de la vinculación sin necesidad de expedir un nuevo acto administrativo.
138. Por consiguiente, el hecho de que no exista un acto autónomo de retiro no impide examinar las aludidas garantías. En estas circunstancias, el examen constitucional debe atender tanto a la determinación temporal incorporada en el acto de nombramiento como a las actuaciones posteriores mediante las cuales la autoridad explicó y mantuvo el efecto extintivo que atribuyó al acaecimiento de la fecha de vencimiento. Ello supone establecer, de una parte, si la fijación del término que predeterminó la terminación del nombramiento estuvo sustentada en circunstancias fácticas y jurídicas claras, concretas y suficientes y, de otra, si el hecho del vencimiento de ese término correspondía efectivamente a una causa objetiva y constitucionalmente admisible de desvinculación. En otras palabras, este análisis no parte, entonces, de la existencia de un acto autónomo de desvinculación, sino de la determinación administrativa que (i) sometió el nombramiento a un término y (ii) a la cual la autoridad nominadora atribuyó posteriormente el efecto de extinguir la vinculación.
139. En este sentido, la Sala analizará, en primer lugar, si las razones expuestas por la autoridad nominadora satisfacen las exigencias de motivación y, en segundo lugar, si la terminación de la vinculación obedeció a una causal objetiva de retiro prevista en la Constitución o en la Ley.
140. La garantía del debido proceso y de motivación suficiente. Esta garantía exige que la autoridad nominadora exponga de manera clara, detallada y precisa los motivos que sustentan el retiro de un servidor público nombrado en provisionalidad en un cargo de carrera. Así, la autoridad debe presentar las circunstancias particulares y concretas, de hecho y de derecho que fundamentan la terminación de un vínculo con el Estado. En esta línea, la Corte Constitucional ha precisado que no resultan válidas las justificaciones indefinidas, generales y abstractas.
141. En el presente asunto, el 12 de diciembre de 2025 venció el término de la vinculación provisional de la accionante. Ese mismo día, la autoridad nominadora respondió la solicitud de reconocimiento del fuero de maternidad presentada por Katherine el 3 de diciembre anterior. En dicha respuesta recordó que el nombramiento provisional había sido efectuado hasta el 12 de diciembre de 2025 y señaló que la accionante conocía ese extremo temporal desde el momento de su posesión. Asimismo, sostuvo que no era competente para decidir sobre el reconocimiento de la estabilidad laboral reforzada reclamada y dispuso trasladar la solicitud a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá y al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá.
142. Posteriormente, ante la falta de una decisión de fondo sobre la solicitud de reconocimiento del fuero de maternidad presentada el 3 de diciembre, la accionante presentó una nueva petición el 13 de enero de 2026, mediante la cual solicitó su reintegro al cargo. Respecto de esta última, la accionante recibió respuesta el 5 de febrero de 2026, un día después de haber presentado la acción de tutela. En esa oportunidad, la autoridad nominadora reiteró que el nombramiento de Katherine había tenido una vigencia determinada, que esta había finalizado el 12 de diciembre de 2025 y que, por tanto, desde entonces la accionante no se encontraba vinculada al despacho.
143. De este modo, tanto la respuesta emitida el mismo día de la terminación de la vinculación como el oficio posterior del 5 de febrero de 2026 permiten identificar la explicación ofrecida por la autoridad nominadora: el nombramiento había sido sometido desde su origen a un término determinado y este había vencido el 12 de diciembre de 2025. Corresponde, entonces, establecer si esa explicación satisfacía las exigencias de motivación aplicables al retiro de una servidora nombrada en provisionalidad en un cargo de carrera.
144. Para la Sala, la respuesta es negativa. De la lectura conjunta de la Resolución 019 del 4 de noviembre de 2025, de la respuesta emitida el 12 de diciembre siguiente y del oficio del 5 de febrero de 2026, no es posible establecer por qué el vencimiento del término fijado en el acto de nombramiento constituía, en las circunstancias concretas del caso, una razón suficiente para poner fin a la vinculación. En efecto, aunque desde el acto de designación se indicó que el nombramiento tendría vigencia hasta el 12 de diciembre de 2025, ninguna de esas actuaciones explicó las circunstancias fácticas o jurídicas que justificaban que la vinculación debiera concluir precisamente en esa fecha.
145. En particular, la autoridad nominadora no explicó cuál era la situación administrativa del cargo que justificaba la limitación temporal del nombramiento, cuál era la relación entre esa circunstancia y la fecha señalada para su terminación, ni por qué, una vez llegado ese momento, resultaba procedente finalizar la vinculación de la accionante. La sola referencia a la fecha consignada en el acto de nombramiento describía el momento previsto para su terminación, pero no explicaba la razón que justificaba el retiro.
146. Esta conclusión no cambia por el hecho de que la autoridad hubiera aludido al vencimiento del término en la respuesta del propio 12 de diciembre de 2025. Aunque dicha actuación fue contemporánea a la terminación del vínculo, se limitó a reiterar que el nombramiento había sido efectuado por un período determinado y a sostener que correspondía a otras autoridades pronunciarse sobre la protección derivada del embarazo. Tampoco el oficio del 5 de febrero añadió una explicación acerca de las circunstancias concretas que justificaban la terminación, pues nuevamente se circunscribió a señalar que el término de la designación había vencido.
147. Con arreglo a lo anterior, para la Sala es claro que la autoridad nominadora no satisfizo el principio de razón suficiente, pues incumplió las exigencias mínimas de justificación de la desvinculación de la accionante, a la luz de la jurisprudencia constitucional sobre la estabilidad laboral relativa de los servidores nombrados en provisionalidad en cargos de carrera. De hecho, al limitarse a reiterar el vencimiento del término inicialmente previsto, sin explicar las razones objetivas que, desde la perspectiva del régimen aplicable, hacían procedente tal desvinculación, la autoridad pasó por alto que la accionante ocupaba, aunque en provisionalidad, un cargo de carrera y que, por tanto, la duración del nombramiento no era asunto sometido a la discrecionalidad del nominador.
148. De acuerdo con lo anterior, la Resolución 019 del 4 de noviembre de 2025, que incorporó la determinación temporal a la cual la autoridad atribuyó posteriormente el efecto de extinguir la vinculación, no expuso de manera clara, detallada y precisa las circunstancias de hecho y de derecho que justificaban que el nombramiento provisional debiera finalizar el 12 de diciembre de 2025. Luego, la respuesta emitida en esa misma fecha no suplió esa insuficiencia, pues se limitó a reiterar el vencimiento del término previamente fijado, y el oficio del 5 de febrero de 2026, además de ser posterior a la desvinculación, tampoco identificó una causa jurídica distinta que explicara ese efecto.
149. La garantía de legalidad del retiro. Para el caso de los servidores nombrados en provisionalidad en un cargo de carrera esta garantía exige que la desvinculación se efectúe de conformidad con las causales objetivas previstas en la Constitución y en la Ley, o cuando tenga por finalidad proveer el cargo con quien ha superado el respectivo concurso de méritos.
150. En este punto, resulta pertinente examinar los demás elementos obrantes en el expediente, no con el propósito de subsanar la insuficiencia de motivación —advertida en el apartado anterior—, ni de reconstruir ex post las razones subjetivas del nominador al momento en que se produjo la terminación de la vinculación, sino para esclarecer el contexto de la decisión y verificar si del material probatorio surge alguna causa objetiva y constitucionalmente admisible que pudiera sustentar la terminación de la vinculación. En consecuencia, el análisis de estas actuaciones tiene un alcance exclusivamente probatorio y no releva a la autoridad nominadora del deber de haber expresado oportunamente las razones de su decisión.
151. Es así como, mediante contestación del 6 de febrero de 2026, aportada en sede de instancia por la autoridad nominadora que intervino en esa etapa del trámite, se precisó que:
“se constata que el nombramiento de la misma en esta sede judicial, se realizó mediante la Resolución N° 019 de 4 de noviembre de 2025, en la cual claramente se indicó que su designación fue en el cargo de Escribiente en provisionalidad desde el 4 de noviembre de 2025 hasta el 12 de diciembre de 2025; es decir que, los efectos del nombramiento fueron concretos, en tanto, tenían una fecha de inicio y otra de finalización, por lo que, su nombramiento feneció el día 12 de diciembre de 2025 a las 11:59 pm., aunado a que la citada resolución goza de total legalidad, pues sobre la misma no se ha realizado control judicial alguno que amerite su revocatoria”[140].
152. Luego, en sede de revisión, la actual funcionaria titular del Juzgado 046 indicó que, de la mera lectura de la Resolución 019 del 4 de noviembre de 2025, se deriva que la decisión se fundamentó en lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 131 de la Ley 270 de 1996[141].
153. Por último, esta Sala considera relevante revisar la respuesta presentada por Santiago, quien actualmente ocupa el cargo de “Escribiente de Juzgado Municipal - Grado Nominado”. Este informó que ocupó inicialmente dicho cargo desde el 29 de mayo de 2020 hasta el 4 de noviembre de 2025. Sostuvo que su desvinculación obedeció a que fue designado en provisionalidad en el cargo de “Oficial Mayor en Descongestión” en la misma dependencia judicial, desde el 4 de noviembre hasta el 12 de diciembre de 2025. Asimismo, manifestó que su retorno al cargo se ajustaba a la expectativa de retomarlo una vez finalizado su nombramiento como Oficial Mayor, situación que, según afirmó, era conocida por la accionante desde antes de tomar posesión[142].
154. Así las cosas, para la Sala es claro que, aun si se acudiera a las explicaciones ofrecidas durante el trámite de tutela, la terminación de la vinculación provisional de la accionante tampoco encontraría sustento en una causal objetiva y constitucionalmente admisible de retiro.
155. Para la Corte, el vencimiento del plazo previsto en el acto administrativo de nombramiento provisional no solo no constituye una razón suficiente —según se vio—, sino que, por sí sola, tampoco corresponde a una causal constitucionalmente admisible para sustentar la desvinculación de Katherine. La fijación de una fecha de terminación en el acto administrativo de nombramiento provisional y el conocimiento previo de dicho término por parte de la accionante no convierten su acaecimiento en una causal objetiva de retiro. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha precisado que la naturaleza transitoria de los nombramientos en provisionalidad y el conocimiento del término de vinculación no constituyen, por sí solos, razones que justifiquen válidamente la desvinculación[143].
156. Con todo, resultaría equivocado sostener que un nombramiento en provisionalidad nunca puede sujetarse a un término determinado. Ello puede ocurrir, entre otros supuestos, cuando se designa provisionalmente a una persona para reemplazar temporalmente a otro servidor que también ocupa el cargo en provisionalidad, mientras este último se encuentra separado transitoriamente de su ejercicio por una situación administrativa que no extingue su vínculo con el empleo, como puede ocurrir durante una licencia de maternidad o paternidad, las vacaciones, una incapacidad médica o la suspensión temporal por medida penal o disciplinaria, entre otras[144]. En esos casos, la duración del nombramiento del reemplazo puede quedar válidamente vinculada a la subsistencia de la aludida situación administrativa temporal. Por ello, la causa de la terminación de ese nombramiento no radica en el simple vencimiento de la fecha consignada en el acto de designación, sino en la desaparición de la circunstancia que justificaba el reemplazo temporal.
157. A su vez, según el artículo 132 de la Ley 270 de 1996, cuando el nombramiento provisional recae sobre una vacancia definitiva, la provisión del cargo por el sistema legalmente previsto constituye una causa objetiva para poner fin a la provisionalidad. Tal hipótesis no se presenta en este caso, pues el cargo fue nuevamente provisto en provisionalidad, de conformidad con la Resolución 022 del 15 de diciembre de 2025.
158. En efecto, como él mismo lo informó, Santiago no ostenta titularidad en propiedad sobre el cargo de “Escribiente de Juzgado Municipal - Grado Nominado”. Su decisión de renunciar y asumir el cargo de “Oficial Mayor” en el mismo despacho judicial, con expectativa de retorno, no constituye una razón válida para la terminación de la vinculación de Katherine. En este sentido, no se está ante una situación en la que el derecho de la accionante deba ceder ante el mejor derecho de una persona que ganó un concurso.
159. De conformidad con lo anterior, la Sala considera que la razón invocada por la autoridad nominadora para justificar la desvinculación de la accionante tampoco cumple con la garantía de legalidad del retiro, pues la fijación de un término de vigencia para la vinculación en provisionalidad de la accionante no constituye, por sí sola y en este caso, una causal constitucionalmente admisible de desvinculación. En esta línea, tampoco se acreditó una circunstancia asociada a la provisión definitiva del cargo que justificara el retiro de la accionante, pues este fue nuevamente provisto en provisionalidad y no para ser ocupado por una persona que hubiera superado satisfactoriamente el respectivo concurso de méritos.
160. En este sentido, la Sala concluye que el Juzgado 046 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá declaró terminada la vinculación de Katherine con el despacho judicial, sin satisfacer las garantías propias de la estabilidad laboral relativa de los servidores nombrados en provisionalidad y, en particular, sin acreditar una causa objetiva y constitucionalmente admisible para su desvinculación.
161. Ahora bien, la vulneración advertida no se circunscribe únicamente a la actuación desplegada por la autoridad nominadora al momento en que tuvo por terminada la vinculación de la accionante. También comprende la determinación contenida en la Resolución 019 del 4 de noviembre de 2025, mediante la cual se sometió el nombramiento provisional de Katherine a un término de vigencia hasta el 12 de diciembre de 2025. Como se explicó, a pesar de que dicha determinación no estuvo acompañada de razones fácticas y jurídicas que permitieran justificar la fijación de ese término, fue utilizada posteriormente por la autoridad nominadora como fundamento para no dar continuidad a la vinculación de la accionante.
162. Por consiguiente, al haberse establecido que la fijación de ese término desconoció las garantías de debido proceso, motivación suficiente y legalidad del retiro que amparaban a la accionante, la Sala considera necesario dejar sin efectos la determinación contenida en la Resolución 019 del 4 de noviembre de 2025 que limitó la vigencia del nombramiento provisional hasta el 12 de diciembre de 2025. Con ello se impide que la fijación de dicha fecha siga produciendo algún efecto y se garantiza que la extinción del nombramiento provisional de la accionante opere por la configuración de alguna de las causas objetivas y constitucionalmente admisibles previstas en el ordenamiento jurídico.
163. Establecido que la accionante se encontraba amparada por la protección constitucional reforzada por maternidad (ver capítulo 5.2.), corresponde determinar si la autoridad nominadora logró desvirtuar la presunción de despido discriminatorio. Esta opera cuando una mujer en estado de embarazo o durante el período de lactancia es desvinculada dentro de los períodos de protección previstos en el artículo 2.2.31.1 del Decreto 1083 de 2015, sin observancia de los requisitos exigidos por dicha disposición. En el caso de las empleadas públicas, se exige que el retiro durante el período de protección obedezca a justa causa comprobada y se adopte mediante resolución motivada. Como se explicó en el capítulo anterior, cuando la autoridad sostiene que la terminación se produjo automáticamente por efecto de una determinación temporal contenida en el propio acto de nombramiento, la ausencia de un acto autónomo de retiro no excluye estas garantías: corresponde, entonces, verificar si aquella determinación estuvo debidamente justificada y si el efecto extintivo que se le atribuyó obedecía a una causa objetiva y constitucionalmente admisible.
164. En el caso concreto, como se estableció anteriormente, la terminación de la vinculación no estuvo sustentada en una causa objetiva y constitucionalmente admisible. Además, ni la Resolución 019 del 4 de noviembre de 2025 ni las respuestas emitidas el 12 de diciembre de 2025 y el 5 de febrero de 2026 permiten tener por satisfecho el principio de razón suficiente.
165. Adicionalmente, en el oficio del 5 de febrero de 2026 se omitió por completo cualquier consideración sobre el estado de embarazo de la accionante y la solicitud de reconocimiento del fuero de maternidad presentada el 3 de diciembre de 2025. Esta omisión resulta especialmente significativa, pues la autoridad nominadora conocía dicha circunstancia y, pese a que la accionante había invocado expresamente la protección constitucional derivada de ella, al resolver la solicitud de reintegro no examinó la aplicabilidad de las garantías propias del fuero de maternidad. En consecuencia, mantuvo la desvinculación sin valorar la circunstancia que activaba la protección constitucional reforzada ni explicar por qué, aun frente a ella, la terminación de la vinculación resultaba constitucionalmente admisible.
166. En este punto cobra importancia examinar la actuación de la autoridad nominadora frente a las distintas peticiones que la accionante radicó para definir su situación laboral. No solo para establecer la vulneración del derecho de petición, sino también para determinar si, antes y después de la desvinculación, la autoridad valoró las circunstancias que daban lugar a la protección constitucional reforzada por maternidad.
167. El 3 de diciembre de 2025 la accionante presentó una petición para el reconocimiento del fuero de maternidad. En una primera respuesta del 12 de diciembre de 2025, misma fecha en que se produjo la terminación de la vinculación, la entonces autoridad nominadora precisó que:
“su competencia se limita a la verificación del acto administrativo relacionado con su nombramiento y la duración del contrato (…) dado que no es de mi competencia decidir si le asiste o no el derecho de estabilidad laboral forzada [sic] con base en su actual estado de gravedad [sic], he decidido dar traslado formal a su solicitud al empleador correspondiente, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración de Justicia de Bogotá y al Consejo Seccional de la Judicatura en Asuntos Laborales, para que sean dichos organismos los encargados de determinar la procedencia de su solicitud conforme a las normativas laborales y de derechos fundamentales aplicables”[145].
168. Como consecuencia del referido traslado, el 22 de diciembre de 2025 el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá sostuvo que, de conformidad con la Circular CJC22-2 del 10 de febrero de 2022, correspondía a la autoridad nominadora adoptar la decisión final sobre las solicitudes de estabilidad laboral reforzada de los empleados en provisionalidad, “en tanto la adopción de decisiones administrativas sobre el personal adscrito a los juzgados, es de responsabilidad exclusiva del respectivo juez titular las voces del numeral 8 del artículo 133 de la Ley 270 de 1996 (sic)”[146].
169. Ante la falta de respuesta de fondo por parte del despacho judicial, ya desvinculada la accionante presentó una petición de reintegro el 13 de enero de 2026. El 2 de febrero siguiente, el funcionario titular del Juzgado 046 volvió a trasladar la solicitud al Consejo Seccional[147].
170. Finalmente, después de que la accionante presentó la acción de tutela el 4 de febrero de 2026, el 5 de febrero siguiente, la autoridad nominadora respondió a la solicitud de reintegro en los términos ya conocidos.
171. Pues bien, para esta Sala, el funcionario titular del despacho judicial, en su calidad de autoridad nominadora, era competente para resolver las peticiones de carácter administrativo y laboral relativas al personal a su cargo, incluidas las solicitudes de reconocimiento del fuero de maternidad y de reintegro. Esta competencia ha sido precisada en el artículo 131 de la Ley 270 de 1996 y desarrollada por el Consejo Superior de la Judicatura mediante las Circulares CJC22-2 del 10 de febrero de 2022 y CJC22-5 del 24 de marzo de 2022.
172. En este sentido, la autoridad nominadora no brindó una respuesta de fondo, precisa y congruente a las solicitudes formuladas por Katherine. Frente a la petición del 3 de diciembre de 2025, se limitó a trasladarla a autoridades que no eran competentes para adoptar la decisión reclamada. Posteriormente, ante la solicitud de reintegro del 13 de enero de 2026, efectuó un nuevo traslado y solo el 5 de febrero siguiente, después de promovida la acción de tutela, emitió una respuesta que tampoco resolvió de fondo la solicitud de reconocimiento de la estabilidad laboral reforzada, pues se circunscribió a señalar que el término del nombramiento provisional había vencido. Los traslados efectuados fueron, por tanto, improcedentes. Además, la respuesta a la petición de reintegro presentada el 13 de enero de 2026 fue proferida por fuera del término previsto en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015.
173. Esta omisión cobra importancia si se tiene en cuenta que las solicitudes presentadas por la accionante no se referían a un asunto meramente administrativo, sino que estaban dirigidas a obtener el reconocimiento de la protección constitucional derivada de su estado de embarazo. Por tanto, la autoridad nominadora no podía limitarse, en su respuesta, a reiterar el vencimiento del término del nombramiento, sino que debía examinar si dicha circunstancia podía producir efectos frente a una servidora que alegaba encontrarse amparada por la estabilidad laboral reforzada por maternidad. Al no hacerlo, dejó sin resolver el asunto sustancial planteado por la accionante.
174. A su vez, la cuestión planteada incidía en otros derechos fundamentales de la accionante y de su núcleo familiar, en particular, en el trabajo y el mínimo vital, cuya garantía podía verse comprometida por la terminación de su vínculo laboral. En ese sentido, la falta de una respuesta de fondo sobre la estabilidad laboral reforzada trascendió la sola garantía del derecho de petición, pues impidió que la accionante obtuviera un pronunciamiento claro sobre las razones por las cuales, pese a su estado de embarazo, la autoridad consideraba procedente la terminación de su vinculación. Así, la omisión advertida cobró relevancia frente al conjunto de derechos fundamentales involucrados en la situación planteada.
175. A partir de lo expuesto, la Sala concluye que la autoridad nominadora no logró desvirtuar la presunción de despido discriminatorio. En efecto, la terminación de la vinculación de la accionante se produjo por el vencimiento del término previsto en su designación, sin que la autoridad nominadora explicara por qué, en las circunstancias particulares del caso, dicho vencimiento constituía una causa objetiva y constitucionalmente admisible de desvinculación. A su vez, las explicaciones ofrecidas por la autoridad nominadora resultaron insuficientes. A ello se suma que, pese a conocer el estado de embarazo de la accionante y la solicitud de reconocimiento de su fuero de maternidad, la autoridad nominadora no examinó dicha circunstancia al resolver su solicitud de reintegro. Por tanto, no acreditó que la desvinculación hubiera obedecido a una razón constitucionalmente admisible y ajena a su estado de embarazo, en los términos exigidos para desvirtuar la presunción prevista en el artículo 2.2.31.2 del Decreto 1083 de 2015.
176. Por consiguiente, la Sala concluye que la autoridad nominadora del Juzgado 046 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá vulneró los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al debido proceso, a la no discriminación, al mínimo vital y de petición de Katherine. Lo anterior, al permitir la terminación de su vinculación durante el embarazo sin acreditar una causa objetiva y constitucionalmente admisible que justificara su desvinculación, y, posteriormente, al mantener los efectos de dicha decisión sin examinar de fondo, al resolver las solicitudes formuladas por la accionante, las circunstancias particulares que activaban la protección constitucional reforzada. Asimismo, omitió resolver de manera oportuna y de fondo las diferentes solicitudes mediante las cuales la accionante reclamó la protección de su estabilidad laboral reforzada y su reintegro. En estas condiciones, la autoridad nominadora tampoco logró desvirtuar la presunción de despido discriminatorio, pues no acreditó que la terminación de la vinculación obedeciera a una razón constitucionalmente admisible y ajena al estado de embarazo de la accionante.
177. En el trámite de tutela, esta Sala evidenció que, en varias ocasiones, se hizo referencia al conocimiento de Katherine sobre su estado de embarazo con anterioridad a su nombramiento provisional en el despacho judicial. Tanto la autoridad nominadora del Juzgado 046 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá como los jueces de instancia, a saber, el Juzgado 032 Civil del Circuito de Bogotá y la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, hicieron precisiones al respecto en el marco de sus contestaciones e informes y providencias judiciales, respectivamente.
178. En particular, sostuvieron que la accionante conocía su estado de embarazo desde antes del 1° de octubre de 2025[148], es decir, antes de tomar posesión el 4 de noviembre de la misma anualidad. También expresaron que la accionante no informó de dicha situación sino hasta “nueve días antes del vencimiento del término del nombramiento”[149]. Finalmente, estas consideraciones también fueron planteadas como fundamento de las solicitudes de compulsar copias en contra de la accionante, a fin de que se investigaran las circunstancias relacionadas con la realización de los exámenes médicos de ingreso y con el conocimiento que la accionante tenía de su estado de embarazo[150].
179. Al respecto, esta Sala considera indispensable efectuar una precisión final: no existe un deber de informar sobre el estado de embarazo antes o al inicio de una vinculación laboral. Por consiguiente, reprochar la falta de dicha información puede reproducir estereotipos de género y constituir una barrera para el acceso o la permanencia de las mujeres en el empleo.
180. El artículo 9 del Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo[151] establece que los Estados miembros deben adoptar medidas para garantizar que la maternidad no constituya una causa de discriminación en el empleo, incluido el acceso al mismo. Asimismo, prohíbe exigir a una mujer que solicita un empleo que se someta a un examen para comprobar si está embarazada. En esta línea, la Recomendación General 24 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer precisa que los Estados no deben permitir formas de coerción, como las pruebas obligatorias de embarazo como condición para el empleo, por ser contrarias al derecho de la mujer a la dignidad. En esa línea, el artículo 241A del Código Sustantivo del Trabajo, adicionado por la Ley 2114 de 2021, prohíbe exigir pruebas de embarazo como requisito para acceder o permanecer en cualquier actividad laboral y presume discriminatoria esa exigencia, salvo la excepción asociada a riesgos reales o potenciales.
181. En la Sentencia T-583 de 2017, esta Corporación concluyó que:
“en principio, no existe un deber de informar acerca del estado de gestación al empleador al inicio del contrato de trabajo, pues lo contrario supondría una barrera discriminatoria de acceso al ámbito laboral que afectaría a las mujeres en general y particularmente a las gestantes. Por tanto, se debe aclarar que no hay lugar a afirmar que las trabajadoras tienen la obligación de comunicar su estado de embarazo al inicio del vínculo laboral”[152].
182. La obligatoriedad de informar sobre el estado de embarazo o de lactancia de una mujer, o la exigencia de una prueba de embarazo como condición para el acceso al empleo, constituye una vulneración de los derechos a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad y al trabajo, pues expone a las mujeres “a una forzada escogencia entre sus oportunidades de trabajo y su derecho y expectativa de ejercer la maternidad”[153]. En este sentido, el hecho de que el embarazo sea anterior al inicio de la vinculación laboral no resulta relevante para determinar la procedencia de las garantías derivadas de la protección de la maternidad. El acceso al empleo y la selección para desempeñar un cargo deben basarse en el cumplimiento de requisitos objetivos exigidos para el ejercicio del cargo y no en el estado de embarazo de una mujer.
183. En este caso, en el acto administrativo del 4 de noviembre de 2025 se determinó que Katherine “acreditó los requisitos exigidos para el cargo de escribiente nominado”, por lo que el hecho de que su embarazo fuera anterior al inicio de la vinculación no constituye una circunstancia que pueda afectar el reconocimiento de las garantías derivadas del fuero de maternidad. En consecuencia, la accionante no incurrió en incumplimiento de ninguna obligación legal al decidir no informar de su estado de embarazo antes de su vinculación.
184. En esta línea, las manifestaciones encaminadas a reprocharle dicha circunstancia o las solicitudes de investigación, en cuanto se sustenten en atribuir consecuencias jurídicas al hecho de no haber revelado su embarazo, no solo resultan incompatibles con la prohibición de la discriminación por motivos asociados a la maternidad, sino que también pueden reproducir estereotipos de género según los cuales la capacidad reproductiva de las mujeres constituye una circunstancia laboralmente relevante que puede afectar sus oportunidades de acceso o de permanencia en el empleo. La maternidad no puede convertirse en una circunstancia que reduzca las oportunidades laborales de las mujeres, ni directa ni indirectamente. Por ello, exigir la revelación del embarazo o reprochar su ausencia de reporte perpetúa precisamente la asociación entre la capacidad reproductiva y el desempeño laboral que el derecho antidiscriminatorio busca eliminar.
185. Esta consideración es muy significativa si se tiene en cuenta que la propia accionante llegó a relacionar estos reproches con una posible afectación de su buen nombre, al considerar que se proyectaba sobre ella la idea de que conocía su estado de embarazo y decidió ocultarlo antes de su vinculación. Esta alegación permite advertir la carga negativa que subyace al estereotipo examinado: asumir que una mujer debía revelar su embarazo antes de ser vinculada laboralmente conduce a presentar como falta de transparencia, deslealtad u ocultamiento una conducta respecto de la cual no existía deber alguno de información. Precisamente por ello, atribuir relevancia adversa a la falta de revelación del embarazo reproduce el prejuicio que asocia la maternidad con una circunstancia que la mujer debe anticipadamente comunicar y justificar en el ámbito laboral[154].
186. Ahora bien, con esto no se busca restar importancia a los exámenes médicos de ingreso. De conformidad con la Resolución 2346 de 2007[155], el propósito de dichas evaluaciones es “determinar las condiciones de salud física, mental y social del trabajador antes de su contratación, en función de las condiciones de trabajo a las que estaría expuesto, acorde con los requerimientos de la tarea y perfil del cargo”. Por ello, constituyen un instrumento relevante para establecer las condiciones de salud del trabajador al momento de su vinculación y prevenir, identificar y hacer seguimiento a posibles afectaciones relacionadas con sus labores. Sin perjuicio de lo anterior, estos exámenes no pueden convertirse en una barrera de acceso al empleo para las mujeres en estado de embarazo, como se explicó anteriormente. Su finalidad preventiva y de protección de la salud de los trabajadores debe, por tanto, armonizarse con la garantía de igualdad y la prohibición de discriminación por razones asociadas al embarazo.
187. En consecuencia, esta Sala hace un llamado de atención a la autoridad nominadora y a los jueces de instancia para que se abstengan de formular consideraciones que presenten como un deber de las mujeres informar sobre su estado de embarazo antes o al inicio de una vinculación laboral, así como de formular razonamientos que reproduzcan estereotipos de género en los que la capacidad reproductiva o la maternidad aparezcan como circunstancias relevantes para el acceso o la permanencia en el empleo. Tales consideraciones resultan contrarias a la prohibición de la discriminación por razones asociadas a la maternidad y contribuyen a perpetuar las barreras que esta garantía constitucional busca eliminar.
188. En el presente caso quedó acreditado que Katherine se encontraba protegida por las garantías derivadas del fuero de maternidad, pues se encontraba embarazada durante la vigencia de su vinculación y la autoridad nominadora conoció dicha circunstancia antes de su terminación.
189. En este sentido, el funcionario titular no satisfizo las garantías de debido proceso y motivación suficiente y legalidad del retiro propias de la estabilidad laboral relativa de la que gozaba la accionante al ocupar un cargo de carrera en provisionalidad. En efecto, si bien la fijación de un término de vigencia para una vinculación en provisionalidad no resulta, por sí misma, contraria al ordenamiento jurídico y eventualmente puede estar justificada en determinadas circunstancias, en este caso la autoridad nominadora no explicó ni acreditó que el vencimiento de ese término respondiera a una causa objetiva y constitucionalmente admisible para poner fin a su vinculación. Por tanto, la autoridad nominadora tampoco logró desvirtuar la presunción de despido discriminatorio.
190. La Sala dejará parcialmente sin efectos el numeral segundo de la Resolución 019 del 4 de noviembre de 2025, que dispuso: “DESIGNAR en provisionalidad en el cargo de ESCRIBIENTE MUNICIPAL NOMINADO de este Despacho Judicial, a [Katherine] identificada con CC. No. 1.000.161.928 de Bogotá, a partir del cuatro (04) de noviembre de dos mil veinticinco (2025), y hasta el doce (12) de diciembre de 2025, ambas fechas inclusive”, exclusivamente en lo relativo al término hasta el cual fue fijado el nombramiento provisional.
191. En consecuencia, para restablecer los derechos fundamentales vulnerados y restituir las cosas al estado anterior a la vulneración, siguiendo los remedios diseñados para casos similares[156], la Sala ordenará a la autoridad nominadora del Juzgado 046 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá que, dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a la notificación de esta decisión, reintegre a la accionante en el cargo de “Escribiente de Juzgado Municipal - Grado Nominado” en dicho despacho judicial, siempre que, al momento de cumplirse la orden, dicho empleo no haya sido provisto en propiedad mediante el sistema de carrera. Si ese cargo ya se hubiese provisto en propiedad, como medida de acción afirmativa y en aplicación del trato preferente que le corresponde a la accionante en su condición de sujeto de especial protección constitucional[157], la autoridad nominadora deberá verificar la existencia de un cargo vacante de la misma jerarquía o equivalente al que desempeñaba, en dicho despacho judicial, y, de ser fáctica y jurídicamente posible, disponer su vinculación en provisionalidad en dicho empleo, siempre que cumpla los requisitos para ello.
192. Adicionalmente, ordenará a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá el pago de los siguientes conceptos: (i) la totalidad de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el 12 de diciembre de 2025 y hasta el inicio de la licencia de maternidad y, una vez finalizada esta, desde el día siguiente a su terminación y hasta el momento en que se haga efectivo su reintegro, previa deducción de los valores que, durante dichos períodos, hayan sido efectivamente destinados al pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones; (ii) la indemnización por despido sin el lleno de los requisitos prevista en numeral 1 del artículo 2.2.31.3 del Decreto 1083 de 2015; y, si no ha sido efectuado, (iii) previa verificación con la E.P.S. Sanitas S.A.S. de los períodos y valores efectivamente reconocidos y pagados por concepto de licencia de maternidad, el pago, de ser procedente, del monto correspondiente a las semanas durante las cuales no gozó de la licencia de maternidad como consecuencia de su desvinculación, de conformidad con el artículo 2.2.5.5.13 del Decreto 1083 de 2015 y las demás normas aplicables.
193. Dado que la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá administra los recursos correspondientes al funcionamiento de la Rama Judicial en Bogotá, corresponderá a dicha entidad efectuar los pagos derivados de esta decisión.
194. Por otra parte, la Sala ordenará a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá que, una vez se haga efectivo el reintegro de la accionante conforme a lo dispuesto anteriormente, expida la autorización y garantice la práctica de los exámenes médicos ocupacionales de ingreso correspondientes al cargo en el que efectivamente sea reintegrada. Estas evaluaciones tendrán como finalidad determinar sus condiciones de salud en relación con las funciones y condiciones de trabajo de ese cargo y, en ningún caso, podrán constituir una barrera para su reintegro ni utilizarse con fines discriminatorios, en particular, por razones asociadas al embarazo o la maternidad.
195. Por último, como se anunció en el examen de procedibilidad, la Sala desvinculará del presente trámite constitucional al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, Imágenes Diagnósticas Teusa, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., Evalúa Salud I.P.S. S.A.S., la E.P.S. Sanitas S.A.S. y Capital Salud E.P.S. S.A.S., por falta de legitimación en la causa por pasiva.
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la Sentencia del 3 de marzo de 2026 de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, que confirmó la decisión de primera instancia que negó la acción de tutela interpuesta por Katherine contra el Juzgado 046 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá. En su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, a la no discriminación, al debido proceso, al mínimo vital y de petición de Katherine por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. DEJAR PARCIALMENTE SIN EFECTOS el numeral segundo de la Resolución 019 del 4 de noviembre de 2025, mediante la cual se designó en provisionalidad a Katherine en el cargo de “Escribiente de Juzgado Municipal - Grado Nominado” del Juzgado 046 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá, exclusivamente en cuanto fijó como término final de vigencia del nombramiento el doce (12) de diciembre de 2025.
TERCERO. ORDENAR a la autoridad nominadora del Juzgado 046 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá que, dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a la notificación del presente fallo, proceda a reintegrar a Katherine al cargo de “Escribiente de Juzgado Municipal - Grado Nominado” en dicho despacho judicial, siempre que, al momento de cumplirse la orden, dicho empleo no haya sido provisto en propiedad mediante el sistema de carrera. Si el empleo ya hubiere sido provisto en propiedad, como medida de acción afirmativa y en aplicación del trato preferente que le corresponde a la accionante en su condición de sujeto de especial protección constitucional, deberá verificar la existencia de un cargo vacante de la misma jerarquía o equivalente al que desempeñaba, en dicho despacho judicial, y, de ser fáctica y jurídicamente posible, disponer su vinculación en provisionalidad en dicho empleo, siempre que cumpla los requisitos para ello.
CUARTO. ORDENAR a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá que, en el término de ocho (8) días contados a partir de la notificación de la presente decisión, pague a la accionante: (i) la totalidad de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el 12 de diciembre de 2025 y hasta el inicio de la licencia de maternidad y, una vez finalizada esta, desde el día siguiente a su terminación y hasta el momento en que se haga efectivo su reintegro, previa deducción de los valores que, durante dichos períodos, hayan sido efectivamente destinados al pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones; (ii) la indemnización por despido sin el lleno de los requisitos prevista en el numeral 1 del artículo 2.2.31.3 del Decreto 1083 de 2015; y, si no ha sido efectuado, (iii) previa verificación con la E.P.S. Sanitas S.A.S. de los períodos y valores efectivamente reconocidos y pagados por concepto de licencia de maternidad, el pago, de ser procedente, del monto correspondiente a las semanas durante las cuales no gozó de la licencia de maternidad como consecuencia de su desvinculación, de conformidad con el artículo 2.2.5.5.13 del Decreto 1083 de 2015.
QUINTO. ORDENAR a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá que, una vez se haga efectivo el reintegro de Katherine conforme a lo dispuesto en el numeral segundo de esta providencia, expida la autorización y garantice la práctica de los exámenes médicos ocupacionales de ingreso correspondientes al cargo en el que efectivamente sea reintegrada. Estas evaluaciones no podrán constituir una barrera para su reintegro ni utilizarse con fines discriminatorios, en particular por razones asociadas al embarazo o a la maternidad.
SEXTO. DESVINCULAR del presente trámite constitucional al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, Imágenes Diagnósticas Teusa, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., Evalúa Salud I.P.S. S.A.S., la E.P.S. Sanitas S.A.S. y Capital Salud E.P.S. S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SÉPTIMO. Por Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones de las que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE
Magistrado
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Magistrada
Con aclaración de voto
ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ
Secretaria General
[1] Los hechos narrados corresponden a una síntesis de aquellos presentados por Katherine en la acción de tutela. Expediente digital. Archivo “002_002EscritoTutela.pdf”.
[2] Expediente digital. Archivo “ENLACE EXPEDIENTE COMPLETO.pdf”.
[3] Expediente digital. Archivo “016_016RespuestaJuz46CivilMunicipal.pdf”.
[4] Expediente digital. Archivo “013_013RespuestaConsejoSeccional.pdf”.
[5] Expediente digital. Archivo “024_024RespuestaVincualdo[Santiago].pdf”.
[6] Expediente digital. Archivo “027_027RespuestaSubredSur.pdf”.
[7] Expediente digital. Archivo “025_025RespuestaEvaluaSalud.pdf”.
[8] Expediente digital. Archivo “015_015RespuestaEpsSanitas.pdf”.
[9] Expediente digital. Archivo “014_014RespuestaCapitalSalud.pdf”.
[10] Expediente digital. Archivo “028_028FalloEstabilidadLaboral.pdf”.
[11] Expediente digital. Archivo “030_031ImpugnacionFallo.pdf”.
[12] Expediente digital. Archivo “SentenciaTutelaSegundaInstancia.pdf”.
[13] Expediente digital. Archivo “001 SALA 6-2026 - AUTO SALA DE SELECCION 30-JUN-2026 NOTIFICADO 16-JUL-2026.pdf”.
[14] Expediente digital. Archivo “003 Informe_Reparto_Sala_de_Seleccion_Auto_30-Jun-2026.pdf”.
[15] Expediente digital. Archivo “004 T-12111643_Auto_de_Pruebas_27-Jul-26_Anonimizado.pdf”.
[16] Expediente digital. Archivo “015 T-12111643 Rta Jdo 032 Civil del Circuito de Bogota 29-Jul-26.pdf”.
[17] Expediente digital. Archivo “016 T-12111643 Rta Tribunal Superior de Bogota Sala Civil 29-Jul-26.pdf”.
[18] Expediente digital. Archivo “020 T-12111643 Rta Jdo 046 Civil Municipal de Bogota 3-Ago-26.pdf”.
[19] Expediente digital. Archivo “019 T-12111643 Rta Consejo Superior de la Judicatura 3-Ago-26.pdf”.
[20] Expediente digital. Archivo “021 T-12111643 Rta [Santiago] 3-Ago-26.pdf”.
[21] Expediente digital. Archivo “022 T-12111643 Rta [Katherine] 4-Ago-26.pdf”.
[22] Expediente digital. Archivo “031 T-12111643_A.P._2.0_5-Ago-26_anonimizado.pdf”.
[23] Expediente digital. Archivo “045 Rta DSAJ 12-Ago-26.pdf”.
[24] Expediente digital. Archivo “047 Rta Jdo 046 Civil Municipal de Bogota 13-Ago-26.pdf”.
[25] Expediente digital. Archivo “051 Rta Consejo Superior de la Judicatura 18-Ago-26.pdf”.
[26] Expediente digital. Archivo “049 Rta Consejo Seccional de la Judicatura 18-Ago-26.pdf”.
[27] Expediente digital. Archivo “054 Rta DEAJ 20-Ago-26.pdf”.
[28] Expediente digital. Archivo “024 T-12111643 OFICIO OPT-B-337-2026 Traslado de Pruebas.pdf”.
[29] Expediente digital. Archivo “052 T-12111643_OFICIO_OPT-B-378-2026_Traslado_de_Pruebas.pdf”.
[30] Expediente digital. Archivo “044 Rta [Katherine]10-Ago-26.pdf”.
[31] Expediente digital. Archivo “026 T-12111643 Rta [Santiago] 10-Ago-26.pdf”.
[32] Expediente digital. Archivo “046 Rta [Santiago] 12-Ago-26.pdf”.
[33] Este segundo grupo ya había sido vinculado en sede de instancia por el Juzgado 032 Civil del Circuito de Bogotá.
[34] Expediente digital. Archivo “028 T-12111643 Rta Capital Salud EPS 11-Ago-26.pdf”.
[35] Expediente digital. Archivo “029 T-12111643 Rta [Katherine]13-Ago-26.pdf”.
[36] Expediente digital. Archivo “055 Rta [Santiago] I 24-Ago-26.pdf”.
[37] Expediente digital. Archivo “057 T-12111643_Auto_niega_solicitud_de_pruebas_anonimizado_07-Sep-26.pdf”.
[38] Corte Constitucional. Sentencia SU-087 de 2025.
[39] Ley 270 de 1996, “Estatutaria de la Administración de Justicia”.
[40] De acuerdo con los artículos 101 y 133 de la Ley 270 de 1996, al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá le corresponde administrar la carrera judicial en Bogotá y remitir al nominador las listas de elegibles para la provisión de cargos de carrera, mientras que corresponde al respectivo juez ejercer la autoridad nominadora respecto de los cargos de los juzgados.
[41] Corte Constitucional, Sentencias T-663 de 2011, T-703 de 2016 y T-522 de 2025.
[42] Corte Constitucional, Sentencia SU-049 de 2017.
[43] Corte Constitucional, Sentencia T-521 de 2016, reiterada en las Sentencias T-354 de 2021, T-319 de 2022, T-367 de 2024, T-260 de 2025, T-311 de 2025.
[44] Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, artículo 138.
[45] García Ramírez, Vanesa, Universidad de Los Andes, Predictores en la duración de los procesos judiciales en Colombia, pg. 11; citado y analizado en la Sentencia T-034 de 2025.
[46] Corte Constitucional, Sentencia SU-068 de 2026. En esta providencia, la Corte destacó que, en el análisis de subsidiariedad de casos que involucran a madres lactantes y recién nacidos, deben considerarse sus condiciones de especial protección constitucional y sus necesidades de cuidado y atención prioritaria durante las primeras semanas de vida, en tanto estas circunstancias pueden exigir una respuesta judicial rápida.
[47] Corte Constitucional, Sentencias T-318 de 2025 y C-102 de 2022.
[48] Corte Constitucional, Sentencia C-102 de 2022.
[49] Ibidem.
[50] Artículo 130 de la Ley 270 de 1996 “Estatutaria de la Administración de Justicia”, modificado por el artículo 67 de la Ley 2430 de 2024; ver también, Corte Constitucional, Sentencia SU-539 de 2012, reiterada en las Sentencias SU-067 de 2022, T-443 de 2022 y SU-452 de 2024.
[51] Corte Constitucional, Sentencia T-405 de 2022.
[52] Modificado por el artículo 78 de la Ley 2430 de 2024.
[53] Establecidas en la SU-539 de 2012 y actualizadas a la luz del artículo 78 de la Ley 2430 de 2024.
[54] Corte Constitucional, Sentencia T-410 de 2007.
[55] Ley 270 de 1996, artículo 132, modificado por el artículo 68 de la Ley 2430 de 2024.
[56] Ley 270 de 1996, artículo 174.
[57] Ibidem, artículo 175.
[58] Ibidem, artículo 131 “AUTORIDADES NOMINADORAS DE LA RAMA JUDICIAL. Las autoridades nominadoras de la Rama Judicial, son: (…) 8. Para los cargos de los Juzgados: El respectivo Juez”.
[59] Corte Constitucional, Sentencia T-318 de 2025.
[60] Corte Constitucional, Sentencia T-313 de 2024.
[61] Corte Constitucional, Sentencia C-077 de 2004, reiterada en la Sentencia C-197 de 2025.
[62] Corte Constitucional, Sentencia T-147 de 2013.
[63] Corte Constitucional, Sentencia T-512 de 2025.
[64] Corte Constitucional, Sentencia T-421 de 2024, reiterada en la Sentencia T-064 de 2025.
[65] Corte Constitucional, Sentencias C-470 de 1997, T-320 de 2012, T-464 de 2019, T-063 de 2022 y T-405 de 2022.
[66] Corte Constitucional, Sentencia C-470 de 1997.
[67] Corte Constitucional, Sentencia T-405 de 2022.
[68] Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2025.
[69] Corte Constitucional, Sentencias T-424 de 2024 y T-064 de 2025.
[70] Corte Constitucional, Sentencias T-373 de 2017, T-096 de 2018 y T-405 de 2022.
[71] Corte Constitucional, Sentencia T-424 de 2024.
[72] Corte Constitucional, Sentencias T-405 de 2022 y T-342 de 2021.
[73] Corte Constitucional, Sentencia T-096 de 2018.
[74] Corte Constitucional, Sentencias T-096 de 2018, T-342 de 2021 y T-424 de 2024.
[75] Corte Constitucional, Sentencia C-588 de 2009.
[76] Corte Constitucional, Sentencia T-186 de 2013, reiterada en las Sentencias T-373 de 2017 y T-096 de 2018.
[77] Corte Constitucional, Sentencia C-640 de 2012, reiterada en la Sentencia T-405 de 2022.
[78] Corte Constitucional, Sentencias SU-446 de 2011 y T-373 de 2017, en atención a los incisos 2 y 3 del artículo 13 de la Constitución.
[79] Corte Constitucional, Sentencias SU-446 de 2011, T-373 de 2017, T-063 de 2022, T-313 de 2024 y T-061 de 2025.
[80] Corte Constitucional, Sentencia T-424 de 2024.
[81] Corte Constitucional, Sentencia T-251 de 2009, reiterada en las Sentencias T-147 de 2013 y T-767 de 2015.
[82] Corte Constitucional, Sentencia SU-917 de 2010, reiterada en la Sentencia T-767 de 2015.
[83] Constitución Política, artículo 29.
[84] Constitución Política, artículo 1.
[85] Constitución Política, artículo 209.
[86] Corte Constitucional, Sentencia SU-917 de 2010, reiterada en las Sentencias T-147 de 2013 y SU-054 de 2015.
[87] Corte Constitucional, Sentencia T-104 de 2009.
[88] Corte Constitucional, Sentencia SU-917 de 2010, reiterada en la Sentencia SU-054 de 2015, T-767 de 2015 y C-102 de 2022.
[89] Corte Constitucional, Sentencia T-104 de 2009.
[90] Corte Constitucional, Sentencia T-131 de 2005, reiterada en la Sentencia T-147 de 2013.
[91] A modo de ejemplo, el Decreto 1075 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación”, especifica en su artículo 2.4.6.3.12: “Terminación del nombramiento provisional. La terminación del nombramiento provisional en un cargo en vacancia definitiva se hará en los siguientes casos, mediante acto administrativo motivado que deberá ser comunicado al docente: 2. Por calificación insatisfactoria del desempeño, de acuerdo con el protocolo que adopte la autoridad nominadora atendiendo criterios similares a los educadores con derechos de carrera”.
[92] Corte Constitucional, Sentencias C-588 de 2009, T-064 de 2025 y T-522 de 2025.
[93] Corte Constitucional, Sentencia T-147 de 2013.
[94] Corte Constitucional, Sentencia T-147 de 2013.
[95] Regla reiterada en la Sentencia T-257 de 2006.
[96] Corte Constitucional, Sentencia T-405 de 2022.
[97] Corte Constitucional, Sentencia T-043 de 2020.
[98] Corte Constitucional, Sentencia T-043 de 2020, reiterada en la Sentencia T-392 de 2024.
[99] Corte Constitucional, Sentencia T-186 de 2023.
[100] Corte Constitucional, Sentencia SU-070 de 2013 y Sentencia T-356 de 2024.
[101] Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.31.1.
[102] Ibidem, artículo 2.2.31.1: “Prohibición de despido. 2. Durante el embarazo y los tres (3) meses subsiguientes a la fecha del parto o aborto, solamente podrá efectuarse el retiro de la empleada por justa causa comprobada y mediante la autorización expresa que al efecto deberá solicitarse del respectivo Inspector del Trabajo, cuando se trate de trabajadoras vinculadas por contrato de trabajo. Si la empleada pública estuviere vinculada por una relación de derecho público, se requerirá para tal efecto resolución motivada de la correspondiente entidad nominadora”.
[103] Ibidem, artículo 2.2.31.2: “Presunción de despido por embarazo. Se presume que el despido se ha efectuado por motivo de embarazo o lactancia, cuando tiene lugar dentro de los períodos señalados en el artículo anterior y sin la observancia de los requisitos exigidos en dicha norma legal”.
[104] Ibidem, artículo 2.2.31.3: “Indemnización por despido. 1. En el caso de despido sin el lleno de los requisitos exigidos en este Decreto, la trabajadora oficial tiene derecho a que la entidad, establecimiento o empresa donde prestaba sus servicios, le pague lo siguiente: a. Una indemnización equivalente al salario de sesenta (60) días, que se liquidará con base en el último salario devengado por la empleada; y b. La suma de dinero correspondiente a la licencia remunerada de ocho (8) semanas, si el despido impide el goce de dicha licencia. 2. Lo dispuesto en los literales anteriores es sin perjuicio de las demás indemnizaciones y prestaciones a que hubiere lugar, conforme al vínculo jurídico existente con la empleada oficial al tiempo de su despido, y a lo que disponen las normas vigentes”.
[105] Corte Constitucional, Sentencia C-470 de 1997.
[106] Código Sustantivo del Trabajo, artículo 241.2.
[107] En la Sentencia T-143 de 2023 la Corte precisó que, aunque el régimen prestacional de los empleados públicos se encuentra sometido a normas propias, existen disposiciones que remiten al Código Sustantivo del Trabajo en materia de licencias. En particular, señaló que el artículo 2.2.5.5.10 del Decreto 1083 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”, puede considerarse una cláusula de remisión al Código Sustantivo del Trabajo. Dicho artículo establece que las “licencias por enfermedad, maternidad o paternidad de los servidores públicos se rigen por las normas del régimen de Seguridad Social, en los términos de la Ley 100 de 1993, la Ley 755 de 2002, la Ley 1822 de 2017 y demás disposiciones que las reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan”. Asimismo, recordó que el artículo 236 de ese Código establece expresamente que los beneficios allí previstos y los del artículo 239 no excluyen a los trabajadores del sector público. A partir de estas disposiciones, concluyó que, en materia de licencias, existen normas que equiparan las garantías aplicables a los trabajadores oficiales y a los empleados públicos y que, en esa materia, el legislador consagró las mismas garantías para los empleados públicos y privados.
[108] Corte Constitucional, Sentencia T-489 de 2025.
[109] Corte Constitucional, Sentencia SU-075 de 2018.
[110] Corte Constitucional, Sentencia SU-075 de 2018, reiterada en las Sentencias T-045 de 2025 y T-489 de 2025.
[111] Ibidem.
[112] Regla reiterada en la Sentencia SU-075 de 2018.
[113] Ley 1755 de 2015, artículo 1º.
[114] Corte Constitucional, Sentencia C-951 de 2014.
[115] Ley 1755 de 2015.
[116] Ibidem.
[117] Ibidem.
[118] Corte Constitucional, Sentencia T-490 de 2018.
[119] Corte Constitucional, Sentencias SU-543 de 2023, T-167 de 2013 y T-680 de 2012.
[120] Corte Constitucional, Sentencia SU-543 de 2023.
[121] Corte Constitucional, Sentencia T-147 de 2006.
[122] Corte Constitucional, Sentencia T-567 de 1992, reiterada en la Sentencia T-146 de 2012.
[123] Corte Constitucional, Sentencia T-132 de 2026.
[124] Expediente digital. Archivo “013_013RespuestaConsejoSeccional.pdf”.
[125] Expediente digital. Archivo “021 T-12111643 Rta [Santiago] 3-Ago-26.pdf”.
[126] Expediente digital. Archivo “002_002EscritoTutela.pdf”.
[127] Ibidem.
[128] Expediente digital. Archivo “002_002EscritoTutela.pdf”.
[129] Expediente digital. Archivo “045 Rta DSAJ 12-Ago-26.pdf”.
[130] Expediente digital. Archivo “020 T-12111643 Rta Jdo 046 Civil Municipal de Bogotá 3-Ago-26.pdf”, carpeta “[Katherine] – Escribiente”, documento 012RespuestaTrasladoPeticionReconocimientoFueroPermanenciaCargo.pdf”.
[131] Ibidem.
[132] Expediente digital. Archivo “021 T-12111643 Rta [Santiago] 3-Ago-26.pdf”. En dicho acto administrativo, se establece que el nombramiento de la accionante tuvo efectos desde el 4 de diciembre de 2025 hasta el 12 de diciembre del mismo año. No obstante, como puede verse en la Resolución 019 del 4 de noviembre de 2025, ese nombramiento corresponde al período comprendido desde el 4 de noviembre de 2025 hasta el 12 de diciembre del mismo año.
[133] Expediente digital. Archivo “002_002EscritoTutela.pdf”, pg. 42.
[134] Expediente digital. Archivo “020 T-12111643 Rta Jdo 046 Civil Municipal de Bogotá 3-Ago-26.pdf”, carpeta “[Katherine] – Escribiente”, documento “021RespuestaDerechoPeticion20260113.pdf”.
[135] Expediente digital. Archivo “027_027RespuestaSubredSur.pdf”.
[136] Expediente digital. Archivo “002_002EscritoTutela.pdf”.
[137] Expediente digital. Archivo “020 T-12111643 Rta Jdo 046 Civil Municipal de Bogotá 3-Ago-26.pdf”, carpeta “[Katherine] – Escribiente”.
[138] Con fundamento en lo establecido en la Sentencia SU-070 de 2013.
[139] Corte Constitucional, Sentencia T-198 de 2026. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Auto del 19 de septiembre de 2023, rad. 11001-03-25-000-2022-00348-00 (2832-2022).
[140] Expediente digital. Archivo “016_016RespuestaJuz46CivilMunicipal.pdf”.
[141] Expediente digital. Archivo “047 Rta Jdo 046 Civil Municipal de Bogota 13-Ago-26.pdf”.
[142] Expediente digital. Archivo “024_024RespuestaVincualdo[Santiago].pdf”.
[143] Corte Constitucional, Sentencia SU-917 de 2010.
[144] Expediente digital. Archivo “049 Rta Consejo Seccional de la Judicatura 18-Ago-26.pdf”.
[145] Expediente digital. Archivo “020 T-12111643 Rta Jdo 046 Civil Municipal de Bogotá 3-Ago-26.pdf”, carpeta “[Katherine] – Escribiente”, documento 012RespuestaTrasladoPeticionReconocimientoFueroPermanenciaCargo.pdf”.
[146] Expediente digital. Archivo “019 T-12111643 Rta Consejo Superior de la Judicatura 3-Ago-26.pdf”, pg. 79.
[147] Expediente digital. Archivo “016_016RespuestaJuz46CivilMunicipal.pdf”, carpeta “08. [Katherine] – Escribiente”, documento “InsistenciaTrasladDerechoPeticion.pdf”.
[148] Expediente digital. Archivo “SentenciaTutelaSegundaInstancia.pdf”.
[149] Expediente digital. Archivo “028_028FalloEstabilidadLaboral.pdf”.
[150] Expediente digital. Archivos “026 T-12111643 Rta [Santiago] 10-Ago-26.pdf” y Archivo “016_016RespuestaJuz46CivilMunicipal.pdf”, carpeta “08. [Katherine] – Escribiente”, documento “012RespuestaTrasladoPeticionReconocimientoFueroPermanenciaCargo.pdf”.
[151] Aprobado por Colombia mediante la Ley 2357 de 2024. La Corte Constitucional declaró constitucional el Convenio y exequible su ley aprobatoria mediante la Sentencia C-409 de 2025.
[152] En dicha providencia la Corte consideró que hay circunstancias excepcionales en las que a raíz de un riesgo objetivo y significativo para la salud, la vida o la integridad de la mujer gestante o del feto, existe una obligación de informar al empleador del estado de gravidez antes del inicio del contrato laboral o tan pronto se tenga conocimiento de dicha circunstancia, de conformidad con la Resolución 3716 de 1994 del Ministerio de Trabajo.
[153] Corte Constitucional, Sentencia T-583 de 2017.
[154] Corte Constitucional, Sentencia T-583 de 2017.
[155] Resolución 2346 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, “por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales”.
[156] Corte Constitucional, Sentencias T-353 de 2016, T-583 de 2017, T-141 de 2023, T-356 de 2024 y T-392 de 2024.
[157] El trato preferente constituye una medida de acción afirmativa dirigida a garantizar la igualdad material de los sujetos de especial protección constitucional que ocupan cargos en provisionalidad. Esta protección no les confiere un derecho a permanecer indefinidamente en el empleo, pues prevalecen los derechos de quienes acceden al cargo mediante concurso de méritos. Sin embargo, antes de su desvinculación, el nominador debe adoptar medidas orientadas a reducir la afectación de sus derechos fundamentales, entre ellas, procurar, cuando sea fáctica y jurídicamente posible, su vinculación en provisionalidad a cargos vacantes de la misma jerarquía o equivalentes al que desempeñaban. Véanse, entre otras, las Sentencias SU-446 de 2011, T-373 de 2017, T-464 de 2019 y T-405 de 2022.