T-354-26
REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL
-Sala Cuarta de Revisión-
Sentencia T-354 de 2026
Referencia: expedientes T-12.075.650 y T-12.104.901 AC
Asunto: acciones de tutela instauradas por: (i) Organización Shambala Comunidad Ambiental en contra de Comidas Varpel S.A.S. y (ii) Organización Shambala Comunidad Ambiental en contra de Arcos Dorados Colombia S.A.S.
Temas: derecho de petición y derecho a gozar de un ambiente sano. Acceso a información de carácter ambiental
Magistrado ponente:
Juan Carlos Cortés González
Bogotá D.C., veintinueve (29) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
La Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez y los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Juan Carlos Cortés González, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la presente
SENTENCIA
En el trámite de revisión de los fallos de tutela dictados (i) el 11 de febrero de 2026 por el Juzgado 085 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá, que negó la acción de tutela promovida por la organización Shambala Comunidad Ambiental en contra de Comidas Varpel S.A.S. (expediente T-12.075.650) y (ii) el 21 de enero de 2026 por el Juzgado 017 Civil del Circuito de Bogotá, en segunda instancia, que confirmó la sentencia del 25 de noviembre de 2025 proferida por el Juzgado 054 Civil Municipal de Bogotá, que concedió el amparo del derecho de petición de Shambala Comunidad Ambiental en contra de Arcos Dorados Colombia S.A.S. (expediente T-12.104.901).
Síntesis de la decisión
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¿Qué estudió la Corte? |
La organización Shambala Comunidad Ambiental promovió acción de tutela contra Comidas Varpel S.A.S. – Home Burgers y otra solicitud de amparo contra Arcos Dorados Colombia S.A.S. (McDonald's) en procura de la protección de su derecho fundamental de petición para acceder a información ambiental. En ambas acciones de tutela, la parte accionante indicó que presentó una serie de solicitudes a las accionadas sobre: (i) los productos cárnicos vendidos; (ii) el tipo de productos cárnicos (fresco, congelados embutidos, listo para el consumo, marca y proveedor); (iii) la información de los proveedores (nombres, cantidad de adquisición, origen del producto, lugares de acopio y puntos de adquisición); (iv) las políticas de sostenibilidad para la producción y comercialización de cárnicos y su impacto ambiental; (v) el monitoreo, la trazabilidad y la vigilancia respecto del origen, la comercialización y la selección de los productos cárnicos frente a los impactos ambientales y (vi) la transparencia de los compromisos ambientales y la trazabilidad de la información para los consumidores. Al respecto, la organización accionante afirmó que no recibió respuesta de fondo de ninguna de las sociedades consultadas. |
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¿Qué consideró la Corte? |
La Sala constató que la parte accionante es una organización sin ánimo de lucro, cuyo objeto social tiene relación directa con asuntos ambientales. Asimismo, señaló que las accionadas no son entidades públicas ni sujetos obligados en los términos de la Ley 1712 de 2014. De este modo, se trata del ejercicio del derecho de petición frente a organizaciones privadas.
En ese sentido, la Corte Constitucional fijó las siguientes reglas cuando se pretenda acceder a información ambiental:
(i) Se debe definir si el destinatario de la solicitud tiene la condición de sujeto obligado a entregar la información en su poder. Si, en efecto, aquel acorresponde a un sujeto obligado, el acceso a la información se regirá por las disposiciones que regulan la información pública (Ley 1712 de 2014). De lo contrario, se entenderá que lo solicitado no corresponde a información pública, por lo que se aplicarán las reglas que regulan el derecho de petición, contenidas en la Ley 1755 de 2015, de la siguiente manera:
(ii) Se debe identificar si la información solicitada pretende la protección de un derecho fundamental, como el derecho a gozar de un ambiente sano (lo que conlleva a que la información solicitada sea de carácter ambiental).
(iii) Se debe verificar que el suministro de la información no vulnere otros derechos constitucionales, como el de habeas data e intimidad de terceros determinados o determinables. De esta manera, el carácter ambiental de la información no autoriza la revelación de información protegida de personas que no hacen parte de la controversia. |
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¿Qué decidió la Corte? |
La Corte Constitucional decidió que, si bien, algunas de las preguntas formuladas por la accionante no estaban protegidas por el secreto empresarial, lo cierto es que las accionadas tampoco estaban obligadas a suministrar dicha información, como el nombre de sus proveedores, ya que con ello se podrían vulnerar los derechos al habeas data e intimidad de aquellos. En cambio, hubo otras preguntas que pretendían la protección del derecho fundamental a gozar de un ambiente sano, las cuales debían ser resueltas de fondo. En ese sentido, la Sala estudió cada pregunta y respuesta de forma individual, y determinó que algunas de estas preguntas no fueron resueltas de forma clara, precisa y de fondo. De este modo, se constató que las accionadas vulneraron el derecho fundamental de petición de la parte accionante. |
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¿Qué ordenó la Corte? |
En el caso de Comidas Varpel S.A.S (Home Burgers), la Corte revocó la decisión del juez de primera instancia que negó la tutela y, en su lugar, amparó el derecho de petición de la organización accionante. En consecuencia, ordenó a esa empresa responder de forma clara, precisa y completa algunos cuestionamientos elevados en la petición y que se ubican en diferentes ejes temáticos. En particular, los relacionados con (i) información de proveedores, sin que ello afecte el derecho al habeas data e intimidad de terceros; (ii) políticas de sostenibilidad; (iii) monitoreo, trazabilidad y vigilancia; y (iv) transparencia.
En el caso de Arcos Dorado Colombia S.A.S (Mc Donald’s), la Corte confirmó parcialmente la decisión de segunda instancia que, a su vez, confirmó la sentencia proferida por el juez de primera instancia que amparó el derecho fundamental de petición de la organización. En consecuencia, ordenó a la referida sociedad responder de forma clara, precisa y completa algunas preguntas realizadas en la petición y que se ubican en diferentes ejes temáticos. En concreto, los relacionados con (i) información de proveedores, sin que ello afecte el derecho al habeas data e intimidad de terceros; (ii) políticas de sostenibilidad; y (iii) monitoreo, trazabilidad y vigilancia. |
Expediente T-12.075.650
1. Hechos y acción de tutela. Daniel Gutiérrez Patiño, como representante legal de la organización Shambala Comunidad Ambiental, promovió acción de tutela en contra de Comidas Varpel S.A.S. – Home Burgers para proteger el derecho fundamental de petición de información ambiental.
2. El actor manifestó que como representante legal de la Organización Shambala Comunidad Ambiental, el 31 de diciembre de 2025, en ejercicio del derecho fundamental de petición, presentó escrito en el que pidió información de interés general relacionada con el proceso de producción de carne en Colombia. Señaló que la petición se remitió a los canales de comunicación de la empresa, en concreto, al correo electrónico info@homeburgers.com.co
3. Sostuvo que en la petición pidió información sobre: (i) los productos cárnicos vendidos; (ii) el tipo de productos cárnicos (fresco, congelados embutidos, listo para el consumo, marca y proveedor); (iii) la información de los proveedores (nombres, cantidad de adquisición, origen del producto, lugares de acopio y puntos de adquisición); (iv) las políticas de sostenibilidad para la producción y comercialización de cárnicos y su impacto ambiental; (v) el monitoreo, la trazabilidad y la vigilancia respecto del origen, la comercialización y la selección de los productos cárnicos frente a los impactos ambientales y (vi) la transparencia de los compromisos ambientales y la trazabilidad de la información para los consumidores.
4. Agregó que, al 29 de enero de 2026, la sociedad Comidas Varpel S.A.S. – Home Burgers no respondió la petición presentada, por lo que vulneró su derecho fundamental de petición. Por tal motivo, el accionante solicitó que se ampare su derecho fundamental al acceso a la información ambiental y, en consecuencia, (i) ordenar a la empresa accionada que responda de manera clara, completa y de fondo la petición presentada, y (ii) solo se reserve la información bajo puntuales y fundadas razones y aplique los principios de proporcionalidad, necesidad, parámetros fijados en el Acuerdo de Escazú, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es de precisar que, durante el curso del trámite de la tutela, la sociedad accionada respondió algunos de los cuestionamientos elevados.
5. El 29 de enero de 2026, el Juzgado 085 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá admitió la tutela en contra de Comidas Varpel S.A.S. Asimismo, corrió el traslado para contestación de la accionada.
6. La sociedad accionada respondió la demanda como se detalla en la siguiente tabla:
Tabla 1. Respuestas al trámite de tutela en instancia
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Comidas Varpel S.A.S.[1] |
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Expuso que el asunto no está enmarcado en las causales establecidas en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, en las que procede la tutela en contra de particulares. Lo anterior en atención a que Comidas Varpel S.A.S. “(i) no presta servicios de educación; (ii) no presta servicios de salud; (iii) no presta ningún servicio público; (iv) no ejerce subordinación sobre la entidad demandante ni está en estado de indefensión frente a Varpel; (v) no ha violado o amenazado con violar el artículo 17 de la Constitución; (vi) no ha recibido ninguna solicitud de la accionante relacionada con el habeas data; (vii) no ha publicado informaciones inexactas o erróneas sobre la entidad demandante, (viii) no ha actuado ni actúa en ejercicio de funciones públicas y (ix) no ha afectado en modo alguno ningún interés colectivo”.
De otra parte, afirmó que no hay lugar a amparar el derecho de petición invocado, toda vez que no se acreditó ninguno de los escenarios en los que procede el derecho de petición en contra de particulares, de conformidad con la Ley Estatutaria 1755 de 2015. Explicó que no presta servicios públicos ni ejerce funciones públicas, además de que la solicitud formulada no se encaminó a la protección de otro derecho fundamental y que entre las partes no existe una relación de subordinación, indefensión o posición dominante que habilitara la exigibilidad del derecho de petición. Asimismo, argumentó que, admitir la procedencia de la solicitud implicaría extender de manera desproporcionada el alcance de dicho derecho, al punto de permitir que cualquier persona exija a empresas privadas información relativa a sus operaciones, proveedores, actividades comerciales o procesos internos, sin que exista una relación jurídica que justificara tal requerimiento.
Señaló que la Sentencia T-534 de 2024 no resulta aplicable al asunto, puesto que en esa oportunidad el peticionario acreditó su calidad de periodista y ejerció una labor de investigación de interés público, mientras que en el presente la accionante no ostenta dicha calidad. Además, que la accionada en el caso estudiado en la mencionada decisión tenía una participación relevante dentro de la cadena de producción y comercialización de carne de res en Colombia. Por último, manifestó que parte de la información requerida está amparada por acuerdos de confidencialidad, normas de protección de datos y la reserva industrial y comercial de la compañía, por lo que no puede ser divulgada.
Asimismo, afirmó que la información solicitada no constituye claramente información ambiental de interés general y que la sociedad no es el sujeto idóneo para suministrarla, dado que su actividad consiste en la comercialización de alimentos preparados y no en la producción o comercialización directa de productos cárnicos. También indicó que la accionante carece de un interés legítimo para exigir información de carácter reservado y que no ostentaba la calidad de periodista, supuesto que la jurisprudencia ha considerado relevante en ciertos casos de acceso a la información. Finalmente, manifestó que, pese a estimar improcedente la solicitud, dio respuesta a la petición el 3 de febrero de 2026 dentro de los límites jurídicamente permitidos y explicó que la falta de contestación inicial obedeció a un error involuntario en el trámite interno de las comunicaciones recibidas. |
Tabla 2. Decisión objeto de revisión proferida por la autoridad de instancia
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Fallo de primera instancia[2] |
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El 11 de febrero de 2026, el Juzgado 085 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá negó la tutela promovida por el representante legal de Shambala Comunidad Ambiental en contra de Comidas Varpel S.A.S. – Home Burgers. Esa autoridad encontró acreditados los requisitos de procedencia de la acción constitucional. Respecto del fondo, sostuvo que no se configuró ningún escenario que habilite el ejercicio del derecho de petición frente a particulares, de acuerdo con la Ley 1755 de 2015. Adicional a ello, el actor no acreditó las circunstancias que justificaran la entrega de información que puede tener carácter semiprivado o reservado. Aunque reconoció que la petición se orientó respecto de asuntos de carácter ambiental y que la organización accionante desarrolla actividades en ese ámbito, estimó que no se acreditaron elementos suficientes para concluir que el asunto cumpliese con las excepciones jurisprudenciales que permiten el acceso a información de carácter semiprivado en poder de particulares. En concreto, destacó que el accionante no acreditó la calidad de periodista ni demostró circunstancias que justifiquen el levantamiento de la reserva alegada por la empresa.
Expuso que no se configuró vulneración alguna de los derechos invocados, por cuanto la empresa remitió una respuesta en la que explicó las razones jurídicas que le impiden suministrar la información requerida. En ese sentido, concluyó que la controversia planteada refleja la inconformidad del accionante con el contenido de la respuesta y con la negativa de entregar información que la accionada considera reservada, discusión que excede el ámbito de protección de la acción de tutela. Asimismo, estimó que el caso no era equiparable al resuelto por la Corte Constitucional en la Sentencia T-534 de 2024, pues no concurrían las mismas condiciones fácticas ni jurídicas. La decisión de primera instancia no se impugnó. |
Expediente T-12.104.901
7. Hechos. Daniel Gutiérrez Patiño, como representante legal de Shambala Comunidad Ambiental presentó acción de tutela en contra de Arcos Dorados Colombia S.A.S. (McDonald's), con el fin de obtener la protección del derecho fundamental de petición de información ambiental[3].
8. El 30 de septiembre de 2025, en ejercicio del derecho de petición, aquel presentó ante la sociedad accionada un escrito en el que solicitó información de interés general vinculada con su proceso de producción de carne en Colombia. En particular, solicitó información sobre: (i) los productos cárnicos vendidos; (ii) el tipo de productos cárnicos (fresco, congelados embutidos, listo para el consumo, marca y proveedor); (iii) la información de los proveedores (nombres, cantidad de adquisición, origen del producto, lugares de acopio y puntos de adquisición); (iv) las políticas de sostenibilidad para la producción y comercialización de cárnicos y su impacto ambiental; (v) el monitoreo, la trazabilidad y la vigilancia respecto del origen, la comercialización y la selección de los productos cárnicos frente a los impactos ambientales y (vi) la transparencia de los compromisos ambientales y la trazabilidad de la información para los consumidores.
9. El accionante sostuvo que, el 6 de octubre de 2025, la empresa Arcos Dorados Colombia S.A.S. envió un correo electrónico en el que pretendió responder la solicitud, pero en realidad, no fue una contestación de fondo. Lo anterior se sustentó que la sociedad accionada se limitó a señalar que no podía remitir la información solicitada porque se encontraba cobijada por el secreto industrial y comercial.
10. El accionante indicó que la información solicitada es de interés general, pues está relacionada con la garantía del derecho de acceso a la información ambiental, como lo sostuvo la Sentencia T-534 de 2024, que reconoció que los efectos de la producción de carne de res, la adecuada trazabilidad de su cadena productiva y su influencia en la deforestación, constituyen temas de interés general. Por otro lado, sostuvo que la Corte Constitucional reconoció que la información destinada a realizar un seguimiento de los mecanismos empleados por parte de empresas privadas para cerciorarse de que la producción no potencia el cambio climático no tiene relación con la categoría de secreto industrial y comercial, en los términos establecidos en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.
11. Por lo anterior, el accionante solicitó que (i) se ampare su derecho fundamental al acceso a la información ambiental y, en consecuencia, ordenar a la empresa accionada que (ii) responda de manera clara, completa la petición y (iii) solamente reserve información bajo puntuales y fundadas razones aplicando los principios de proporcionalidad y necesidad, así como los parámetros fijados en el Acuerdo de Escazú, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
12. El 11 de noviembre de 2025, el Juzgado 054 Civil Municipal de Bogotá admitió la tutela en contra de Arcos Dorados Colombia S.A.S. y corrió el traslado para contestación de la accionada.
Tabla 3. Respuestas al trámite de tutela en instancia
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Shambala Comunidad Ambiental |
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El 12 de noviembre de 2025[4], Daniel Gutiérrez Patiño manifestó que, de acuerdo con los certificados de Cámara de Comercio y RUT, se evidencia que es el representante legal de la “Entidad sin Ánimo de Lucro, Shambala Comunidad Ambiental, con NIT: 901.847.890-2”. De este modo, aclaró que el ejercicio del derecho de petición lo realizó en calidad de representante legal de “la Entidad Sin Ánimo de Lucro SHAMBALA COMUNIDAD AMBIENTAL con NIT: 901.847.890-2, no la Sociedad por Acciones Simplificada SHAMBALA COMUNIDADES AMBIENTALES con NIT. 901.689.193-9”. En ese sentido, el objeto social suscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá reporta que “La FUNDACIÓN realizará actividades relacionadas con la concientización ambiental, la educación ambiental y el trabajo del ser para lograr unos sistemas de valores que se ajusten a los requerido[s] para reversar la crisis ecológica”.
De igual forma, el actor aportó el certificado de Cámara de Comercio de Shambala Comunidades Ambientales S.A.S., cuyo objeto social se describe así: “A) Servicios de cursos online sobre temas medio ambientales Talleres medioambientales B) Eventos y debates p[ú]blicos sobre temas medioambientales C) Educación medioambientales…”[5], entre otros. |
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Arcos Dorados S.A.S. |
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La entidad accionada[6] solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela. Sostuvo que no se vulneró el derecho fundamental invocado, toda vez que, el 6 de octubre de 2025, la petición fue resuelta en debida forma; esto es de manera clara, precisa y congruente. En ese sentido, expuso que le indicó al accionante que la información solicitada era de tipo comercial, por lo que se encontraba sujeta a reserva. Asimismo, señaló que informó sobre sus programas sobre sostenibilidad y conciencia ecológica en el país. Explicó que la respuesta se notificó al correo (daniel@shambala.life) dentro de los 10 días siguientes a su recepción.
Resaltó que la información que se negó a suministrar se encuentra bajo el amparo del secreto empresarial, de acuerdo con el artículo 260 de la Decisión 486 de 2000 de la CAN, dado que corresponde a los métodos de producción, distribución y comercialización de productos o servicios prestados y, en todo caso, el peticionario no acreditó su calidad de representante legal de la sociedad accionante. Finalmente adujo que Arcos Dorados Colombia S.A.S. no presta servicios públicos, como tampoco ejerce funciones públicas; no existe relación de indefensión o subordinación; y no se acreditó la afectación a otro derecho fundamental que sólo pueda garantizarse mediante el suministro de la información solicitada. |
Tabla 4. Decisiones objeto de revisión proferidas por las autoridades judiciales de instancia
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Fallo de primera instancia |
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El 25 de noviembre de 2025[7], el Juzgado 054 Civil Municipal de Bogotá amparó el derecho fundamental de petición. En consecuencia, ordenó a Arcos Dorados Colombia S.A.S. responder de fondo la solicitud presentada. Como fundamento de su decisión, la autoridad judicial señaló que, de acuerdo con lo expuesto en la Sentencia T-534 de 2024, la información requerida en el presente caso se relaciona con la forma de adquisición de la carne de res y su comercialización, motivo por el cual adquiere una relevancia constitucional y, por ende, debe ser resuelta de fondo. |
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Impugnación |
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El 27 de noviembre de 2025[8], la parte accionada presentó escrito de impugnación. Señaló que no es una sociedad que se dedique al expendio de carne. Asimismo, adujo que la información solicitada no podía ser revelada por cuanto se encontraba cobijada por el secreto empresarial, dado que podría ser utilizada por su competencia para obtener ventaja en el mercado. Asimismo, señaló que la información sobre las marcas, proveedores y puntos de venta de la cadena de producción corresponden a datos sensibles, debido a que si se divulgan se vulneraría el derecho al habeas data de sus proveedores. En todo caso, sostuvo que no tiene proveedores en Colombia.
Así las cosas, afirmó que cuenta con una política de abastecimiento de carne libre de deforestación (DFBPP); herramientas de monitoreo de la deforestación; e implementación de estándares ambientales (GRI y SASB). Por último, señaló que Daniel Gutiérrez Patiño no demostró la calidad de representante legal de la organización accionante, lo que permitiría que cualquier persona solicite información privilegiada, circunstancia que rompería el equilibrio de la competencia y del mercado. En ese sentido, solicitó revocar el fallo impugnado. |
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Fallo de segunda instancia |
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El 21 de enero de 2026[9], el Juzgado 017 Civil del Circuito de Bogotá confirmó la decisión de primera instancia. Por un lado, señaló que la accionada es un particular que desarrolla actividades de interés general, en la medida en que opera restaurantes para los cuales adquiere carne de res, lo que significa que maneja información de relevancia constitucional y de interés público. Por otro lado, encontró que la accionante tiene un fin educativo en temas ambientales, como la deforestación, por lo que la búsqueda de información tiene fines colectivos. |
13. Selección del expediente. El 30 de junio de 2026, la Sala de Selección de Tutelas Número Seis escogió los expedientes para su revisión, por el criterio objetivo de necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial[10]. El 16 de julio de 2026, la Secretaría General de la Corte Constitucional remitió los expedientes al despacho del magistrado sustanciador, para lo de su competencia.
14. Auto de pruebas. El 3 de agosto de 2026, el despacho sustanciador decretó de oficio pruebas con el fin de contar con los elementos de juicio necesarios para adoptar una decisión en el proceso de revisión. En consecuencia, ofició al representante legal de la organización accionante a efectos de indagar sobre las razones por las que considera que las preguntas contenidas en algunos de los apartados de la petición es información de interés general. De igual manera, ofició a las sociedades accionadas a efectos de que indicaran asuntos puntuales sobre la información solicitada en las peticiones. También solicitó concepto al Instituto Colombiano Agropecuario respecto de información agroindustrial sobre la producción y comercialización de carne, así como los lineamientos, parámetros y exigencias respecto de la información que aquellos deben suministrar a las autoridades y a la ciudadanía.
Tabla 5. Respuestas al auto de pruebas en sede de revisión
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Shambala Comunidad Ambiental[11] |
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El 14 de agosto de 2026, el representante legal de Shambala Comunidad Ambiental indicó que la información solicitada a las sociedades accionadas y relacionada con la trazabilidad de la carne de res es de interés general. A su juicio, dicha información debe ser entendida a la luz del papel activo reconocido a los defensores de derechos humanos y ambientales, actividad que presenta múltiples obstáculos y que solo se puede garantizar a través del papel que cumplen los derechos como el acceso a la información de carácter ambiental.
Sostuvo que la finalidad de las solicitudes elevadas por la organización son identificar y evaluar la huella de carbono asociada a la comercialización de productos cárnicos. En concreto, las emisiones derivadas de las cadenas de suministro de las empresas. Indicó que, en sectores como el de restaurantes y alimentos, la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero proviene de la cadena de abastecimiento y no de las operaciones directas de las compañías, razón por la cual resulta necesario conocer el origen de los productos, los volúmenes comercializados y los proveedores involucrados. Dicha información permite comprender los impactos ambientales de la actividad empresarial, promover decisiones de consumo informadas, incentivar mejores prácticas corporativas y facilitar la formulación de políticas públicas orientadas a la mitigación del cambio climático.
Frente a las categorías específicas de información solicitada, señaló que los datos sobre productos cárnicos comercializados y sus volúmenes de venta son esenciales para determinar la intensidad de las emisiones asociadas a cada producto y así evaluar el comportamiento ambiental de las empresas. De igual forma, indicó que la identificación de los productos vendidos permite a consumidores, investigadores, competidores y otros actores conocer y comparar la huella de carbono de los bienes ofrecidos al público. Respecto de los proveedores, sostuvo que la información sobre su identidad y la procedencia de los productos resulta fundamental para verificar, mediante el cruce con fuentes públicas y sistemas de monitoreo ambiental, la existencia de posibles vínculos entre las cadenas de suministro y fenómenos como la deforestación o la expansión de la frontera agropecuaria.
Asimismo, precisó que la organización no solicitó información relativa a precios, costos, márgenes de utilidad, contratos, estrategias comerciales, recetas, especificaciones técnicas ni otros datos que pudieran comprometer secretos empresariales o información comercial sensible. Por el contrario, afirmó que las peticiones se limitaron a requerir información sobre los productos cárnicos comercializados, los volúmenes vendidos y el origen de la carne utilizada, aspectos que, a su juicio, no hacen parte de la reserva industrial o comercial protegida por el ordenamiento jurídico.
Finalmente, informó que la solicitud dirigida a las empresas accionadas hace parte de una iniciativa más amplia denominada “Ecos de Regeneración”, de acuerdo con la cual la organización ha promovido el acceso a información ambiental en el sector alimentario. En ese contexto, indicó que presentó peticiones similares a Industria de Restaurantes Casuales S.A.S. (IRCC S.A.S.), propietaria de las marcas “El Corral” y “El Corral Gourmet” y que, tras recibir una respuesta negativa, promovió una acción de tutela. Por lo expuesto, solicitó a esta Corte fijar criterios sobre el alcance de la información ambiental que debe ser divulgada por empresas privadas en relación con sus cadenas de suministro y exhortar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para que desarrolle una metodología que permita determinar qué información ambiental debe ser puesta a disposición del público, de conformidad con el artículo 6.12 del Acuerdo de Escazú y los estándares internacionales de sostenibilidad corporativa. |
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Comidas Varpel S.A.S.[12] |
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El 18 de agosto de 2026, el representante legal de la sociedad accionada reiteró que atendió la solicitud presentada por Shambala Comunidad Ambiental y suministró toda la información que legalmente podía revelar y solo limitó determinados datos que consideró amparados por el secreto empresarial y comercial. En ese sentido, precisó que su actividad económica consiste en la prestación de servicios de restaurante y expendio de comidas preparadas, por lo que no participa directamente en la comercialización de productos cárnicos dentro de los distintos eslabones de la cadena productiva.
Explicó que la información relativa a la identidad de proveedores, volúmenes de ventas, porcentajes de abastecimiento, cantidades adquiridas, estructura de suministro, condiciones comerciales y demás aspectos estratégicos de su operación, constituye información confidencial protegida por la reserva de los documentos privados, la libertad económica y el régimen de protección del secreto empresarial. Según indicó, estos datos representan activos intangibles y elementos de su “know-how”, tienen valor económico por su carácter reservado, no son de conocimiento público y han sido objeto de medidas específicas de protección, como acuerdos de confidencialidad y restricciones de acceso. Por ello, sostuvo que su divulgación puede afectar la posición competitiva de la compañía y desconocer el deber legal de preservar la reserva comercial e industrial. Asimismo, aclaró que la reserva invocada no busca restringir el acceso a información ambiental, sino proteger información estratégica cuya divulgación no es exigida por la normativa vigente.
Respecto del trámite de la petición, manifestó que conserva registro tanto de la solicitud como de la respuesta suministrada. Explicó que la falta de atención inicial de la petición obedeció a un error involuntario en el proceso interno de recepción y clasificación de la correspondencia, lo que impidió que el requerimiento fuese remitido oportunamente a las áreas competentes. Sin embargo, señaló que, una vez tuvo conocimiento de la acción de tutela, activó de manera prioritaria sus procedimientos internos y recopiló información de las áreas jurídica, ambiental, de calidad y abastecimiento para elaborar la respuesta remitida a la organización accionante.
De otra parte, sostuvo que no está obligada a elaborar, consolidar o reportar la mayor parte de la información solicitada, debido a que su actividad económica se limita a la operación de establecimientos de comidas preparadas y no comprende actividades de producción pecuaria, sacrificio, procesamiento industrial o comercialización mayorista de productos cárnicos. En consecuencia, afirmó que no tiene el deber legal de llevar registros sobre porcentajes nacionales de carne comercializada, participación o clasificación de proveedores, ni sobre la distribución porcentual de compras según los canales de abastecimiento. Añadió que las normas sanitarias aplicables no exigen divulgar dicha información al público y que sus obligaciones se circunscriben a garantizar la procedencia legal y las condiciones sanitarias de las materias primas utilizadas. Igualmente, indicó que los reportes que eventualmente debe presentar ante autoridades como la DIAN, el INVIMA, las secretarías de salud y ambiente o la Superintendencia de Sociedades, no coinciden con la información requerida por el accionante.
Por último, precisó que la información considerada reservada se limita a los volúmenes de venta, la identidad de los proveedores, los porcentajes individuales de abastecimiento, las cantidades adquiridas, la estructura logística y las condiciones comerciales asociadas a su cadena de suministro. Reiteró que estos datos forman parte de la organización interna del negocio, tienen valor económico derivado de su confidencialidad y se encuentran protegidos por la normativa sobre secreto empresarial y por obligaciones contractuales de reserva. Asimismo, destacó que la protección invocada no comprende información relacionada con el cumplimiento de obligaciones sanitarias, ambientales o legales, respecto de las cuales mantiene disposición de colaborar con las autoridades competentes cuando la ley así lo exija. |
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Arcos Dorados Colombia S.A.S. |
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El 13 de agosto de 2026[13], Arcos Dorados Colombia S.A.S. señaló, mediante apoderado[14], que su actividad principal no corresponde a la producción o procesamiento de carne de res, sino a la operación de restaurantes, razón por la cual la carne conforma uno de los elementos de los productos entregados a sus clientes. Asimismo, afirmó que es una sociedad comercial sujeta al derecho privado, que no presta servicios públicos, así como tampoco ejerce funciones públicas; aspecto que resulta determinante para establecer la procedencia de una petición cuando se pretende tener acceso a información propia de su actividad empresarial. En ese sentido, adujo que, de acuerdo con la Sentencia C-951 de 2014, el hecho de que algunas de sus actividades guarden “relación con una materia de interés ambiental” no implica que, automáticamente, la información generada con ocasión de sus actividades adquiera un carácter público. De este modo, aseveró que la obligación de aportar o no determinada información solicitada se debe determinar de acuerdo con el artículo 333 de la Constitución que dispone que “la actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común”; de manera que cualquier restricción a dicha garantía debe tener una justificación constitucional suficiente.
Por otro lado, sostuvo que, el 6 de octubre de 2025, emitió respuesta a la parte accionante y que, en cumplimiento de la decisión de segunda instancia, el 26 de enero de 2026, remitió respuesta de fondo en la que no se limitó a reiterar lo expuesto en la primera contestación, sino que abordó cada una de las preguntas y requerimientos formulados. En ese sentido, anexó la primera contestación, en la que, básicamente, adujo que, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, no era sujeto obligado a suministrar la información requerida. Asimismo, aportó la segunda respuesta, en la que atendió cada una de las preguntas formuladas de forma más detallada.
Finalmente, hizo referencia a los tres primeros bloques de preguntas y requerimientos que contiene la petición, así como a dos preguntas del bloque quinto, respecto de las cuales señala que se trata de información protegida bajo el secreto industrial y comercial. De esta manera, alegó que la revelación de dicha información podría permitir que terceros conozcan aspectos sustanciales de su labor comercial, así como de la conformación de su cadena de suministro, lo que generaría una situación de desventaja frente a la competencia, comoquiera que el valor de la información radica en su carácter secreto; aspecto que, precisamente, protege la Sentencia T-534 de 2024 y que va acorde con el artículo 260 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.
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Instituto Colombiano Agropecuario - ICA[15] |
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El 14 de agosto de 2026, explicó que su misión consiste en contribuir al desarrollo sostenible de los sectores agropecuario, pesquero y acuícola mediante la prevención, vigilancia y control de riesgos sanitarios biológicos y químicos que afectan las especies animales y vegetales. En esa medida, la entidad se encarga de proteger la sanidad animal y vegetal, coordinar programas de prevención, control y erradicación de enfermedades y acompañar a los productores en la implementación de medidas que garanticen la inocuidad de la producción primaria.
Señaló que, a través de la Resolución 090464 de 2021, estableció el Registro Sanitario de Predio Pecuario para los propietarios o tenedores de predios destinados a la producción de bovinos, con el fin de facilitar el control sanitario y la movilización de animales hacia las plantas de beneficio. Precisó, además, que una vez los animales son sacrificados, el seguimiento a los productos derivados corresponde al INVIMA y a las secretarías de salud, de conformidad con la normativa vigente. Expuso que su labor se limita a la inspección, vigilancia y control sanitario de los animales y no se extiende al manejo, comercialización o trazabilidad de la carne una vez finaliza la etapa de producción primaria.
Manifestó que no cuenta con información para determinar qué aspectos de la actividad agroindustrial o de la producción y comercialización de carne pueden estar amparados por el secreto comercial o industrial, tampoco ha adelantado actuaciones relacionadas con esa materia. Igualmente, señaló que carece de competencia para establecer parámetros sobre la información comercial que agricultores, productores o empresas agroindustriales deban divulgar a las autoridades o a la ciudadanía, así como para ejercer controles sobre la selección de productos cárnicos desde una perspectiva de impacto ambiental. En consecuencia, concluyó que los interrogantes formulados sobre dichas materias exceden el ámbito de sus competencias legales. |
Tabla 6. Intervención de amicus curiae
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Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia |
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El 3 de septiembre de 2026[16], sostuvo que la información sobre cadenas de suministro de carne de res es información ambiental de interés público, de conformidad con el Acuerdo de Escazú. Como desarrollo de su afirmación, alegó que el derecho a la información pública tiene un carácter relevante, debido a que resulta necesario para que la ciudadanía ejerza un control sobre las actuaciones del Estado. Asimismo, indicó que, de acuerdo con la Corte Constitucional, el derecho al acceso a la información es una de las manifestaciones del derecho de petición.
No obstante, adujo que se trata de derechos autónomos; de manera que el régimen aplicable depende del sujeto poseedor de la información. En ese sentido, sostuvo que cuando la información perseguida es de carácter público, esto es, a cargo de un sujeto obligado de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 1712 de 2014, se aplicará el régimen de acceso a la información pública conforme la mencionada ley. De este modo, afirmó que los sujetos obligados son cualquier entidad pública, organismos autónomos o “privados que prestan función pública, servicios públicos o administran recursos públicos”. De esta manera, cuando la información se solicite a un sujeto no obligado, se acudirá, de manera subsidiaria, a lo contemplado en la Ley 1755 de 2015 (derecho de petición). Según lo expuesto, para el régimen del derecho de petición será suficiente, respecto de la procedencia de la solicitud, con que la información requerida sea necesaria para la garantía de otro derecho fundamental o la existencia de indefensión, subordinación o posición dominante respecto del peticionario. Lo anterior resulta relevante, en la medida en que las accionadas no son entidades obligadas de acuerdo con la Ley 1712 de 2014.
Dejusticia sostuvo que, para el caso concreto, la información solicitada goza de protección constitucional especial por dos motivos: (i) el precedente constitucional[17] considera este tipo de información como de interés público, y (i) la información solicitada es de carácter ambiental, aspecto protegido “bajo estándares constitucionales complementarios desarrollados por el Acuerdo de Escazú”.
En la Sentencia T-534 de 2024, la Corte Constitucional sostuvo que ese tipo de información es de interés público y, por ende, debe ser entregada, incluso ante solicitudes a particulares. De este modo, destacó que la mencionada providencia señaló que “la tutela interpuesta por una pretendida vulneración del derecho de petición contra particulares también es procedente cuando: (i) estos desarrollan actividades que comprometen el interés general o (ii) su respuesta es imperativa para la protección de otro derecho fundamental” (énfasis del texto original).
De esta manera, consideró que, de acuerdo con la Sentencia T-534 de 2024, (i) el derecho de petición contra particulares es procedente cuando estos desarrollan actividades de impacto ambiental y (ii) la información relacionada con deforestación o trazabilidad sobre el origen de la carne es de gran relevancia que debe ser divulgada, dado su interés público. |
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Corporación Opción Legal (LaCol) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)[18] |
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La intervención señaló que la deforestación y la transformación de ecosistemas no forestales son las principales causas de la pérdida de biodiversidad a nivel mundial. Asimismo, adujo que, entre 1983 y 2023, la Amazonía ha perdido, aproximadamente, 87.4 millones de hectáreas de bosques naturales y 5.1 millones de hectáreas de ecosistemas naturales no forestales, a causa, en gran medida, de actividades agrícolas y de ganadería. Además, indicó que, entre 2018 y 2022, la ganadería fue el principal factor de deforestación de la Amazonía, con un saldo de 6.7 millones de hectáreas convertidas en pastizales, lo que representa el 78% del área deforestada.
De acuerdo con lo anterior, señaló que conocer el origen de la carne comercializada por las accionadas, así como las medidas que han implementado para prevenir la deforestación permite ejercer control sobre los impactos ambientales que pueden generar sus actividades, lo cual es relevante de cara a la protección del derecho fundamental a un ambiente sano.
En ese sentido, aseguró que la información solicitada a las accionadas tiene un interés público. De este modo, adujo que, precisamente, el interés público de la información[19] prevalece sobre el secreto empresarial, el cual no es absoluto[20]. Asimismo, mencionó que la negativa frente a la entrega de información, bajo el argumento del secreto empresarial, ha sido una práctica sistemática, por lo que se requiere que la Corte Constitucional fije unas reglas de unificación al respecto, de manera que los privados no antepongan sus intereses comerciales sobre el derecho colectivo a un ambiente sano.
Por otro lado, la intervención afirmó que la respuesta de Arcos Dorados Colombia S.A.S. a la pregunta No. 11 (“¿[q]ué estándares de sostenibilidad o protocolos relacionados con la deforestación cero implementa en la producción o comercialización de carne de res en Colombia?”) no explicó de manera clara y suficiente de qué forma los mecanismos implementados sirven para la verificación del origen del ganado y para prevenir actividades ilegales como el lavado de ganado[21]. En ese sentido, consideró que la respuesta emitida resulta insuficiente. Asimismo, expresó que si en Brasil se encuentran parte de los proveedores de Arcos Dorados Colombia S.A.S., la información solicitada resulta relevante, debido a que en Brasil se han reportado actividades de deforestación, con más de 800 millones de árboles talados en la Amazonía brasileña entre el 2017 y 2022.
Además, refirió que el Acuerdo de Escazú obliga a los Estados parte a la adopción de medidas destinadas a promover el acceso a información ambiental que se encuentren en poder de organizaciones privadas. Asimismo, señaló que la Corte IDH ha indicado que la debida diligencia exige contar con información ambiental detallada para evitar que las empresas, simplemente, señalen que aplican ciertos protocolos sin identificar si realmente los cumplen o no.
Por último, señaló que los periodistas y defensores de derechos humanos (como la organización accionante) no son categorías excluyentes. En ese sentido, indicó que Shambala Comunidad Ambiental se dedica a la vigilancia y divulgación sobre los impactos ambientales, lo cual encuadra en defensores de derechos humanos (Corte IDH) y en defensores de asuntos ambientales (Acuerdo de Escazú). De este modo, aseveró que en el caso el acceso a información ambiental goza de protección convencional, por lo que ni siquiera es necesario acreditar la calidad de periodista para su garantía. Así las cosas, la interviniente solicitó amparar los derechos fundamentales invocados por la parte accionante. |
Competencia
15. La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar las sentencias proferidas dentro de los procesos de tutela de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Análisis sobre la procedibilidad de las acciones de tutela
16. Antes de abordar el fondo del asunto, la Sala analizará si las acciones de tutela cumplen con los requisitos generales de procedencia, conforme lo establecido en la Constitución Política, el Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional. Para el efecto, la Sala evaluará los requisitos de procedencia de la siguiente manera:
Legitimación por activa[22]
17. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución[23], cualquier persona podrá interponer la acción de tutela “por sí misma o por quien actúe en su nombre”. El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece la legitimidad e interés para presentar la acción de tutela.
18. Dicho artículo dispone que la acción de tutela podrá interponerse por: (i) el interesado directamente; (ii) el representante legal en caso de los menores de edad y de las personas jurídicas; (iii) mediante apoderado judicial; (iv) por medio de un agente oficioso; o (v) a través de la Defensoría del Pueblo o del personero municipal.
19. Previo a resolver sobre la legitimación por activa, la Sala realizará algunas precisiones sobre el alcance de la representación. En concreto, se constata que el accionante en las solicitudes que presentó ante las sociedades accionadas indicó que ejercía el derecho fundamental de petición en calidad de representante legal de “Shambala Comunidades Ambientales, organización sin ánimo de lucro con sede en Bogotá”. No obstante, en la parte final de las peticiones, firmó como representante legal de “Shambala Comunidad Ambiental”. De igual forma, en ambas acciones de tutela señaló que interpone la acción de tutela en calidad de representante legal de “Shambala Comunidades Ambientales”, pero en el acápite de firmas suscribió las acciones de tutela como representante legal de Shambala Comunidad Ambiental”.
20. En su respuesta a la admisión de la acción de tutela dirigida contra Arcos Dorados Colombia S.A.S., aclaró que el ejercicio del derecho de petición lo realizó “como representante legal de la Entidad Sin Ánimo de Lucro SHAMBALA COMUNIDAD AMBIENTAL con NIT: 901.847.890-2, [y no como representante de] la Sociedad por Acciones Simplificada SHAMBALA COMUNIDADES AMBIENTALES con NIT. 901.689.193-9”. Shambala Comunidad Ambiental tiene como objeto social realizar las actividades relacionadas con la concientización y la educación ambiental orientado a reversar la crisis ecológica. Por su parte, Shambala Comunidades Ambientales S.A.S. tiene como objeto la oferta de cursos online, eventos, debates públicos y desarrollar investigaciones técnicas relacionados con temas ambientales, entre otros asuntos.
21. Así las cosas, Daniel Gutiérrez Patiño ejerció el derecho fundamental de petición y la acción de tutela, en cada uno de los expedientes, en calidad de representante legal de la organización sin ánimo de lucro Shambala Comunidad Ambiental, pues firmó la petición como representante de dicha persona jurídica.
22. Por lo anterior, la Sala encuentra acreditado el requisito de legitimación por activa. En efecto, el representante legal de la comunidad ambiental accionante promovió la tutela para la protección del derecho fundamental de petición de quien representa, persona jurídica que es titular del derecho de petición, como lo ha sostenido la jurisprudencia constitucional[24]. En su consideración, ninguna de las sociedades accionadas le brindó respuesta de fondo a la petición elevada en la cual indaga sobre asuntos de incidencia ambiental. Igualmente, la información requerida se relaciona directamente con asuntos ambientales que se inscriben dentro de su objeto y finalidad institucional. En consecuencia, la solicitud de información no obedece a un interés ajeno o meramente eventual, sino al desarrollo de las actividades que la entidad adelanta en materia de educación, concientización y protección ambiental, lo que le confiere un interés legítimo para promover la tutela en protección del derecho de petición.
Legitimación por pasiva[25]
23. La legitimación por pasiva se refiere a la aptitud legal que tiene una autoridad, persona o entidad para responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental invocado como violado. Según el artículo 86 de la Constitución y los artículos 1[26] y 5[27] del Decreto 2591 de 1991, por regla general, dicha aptitud se predica de las autoridades. Ahora bien, el artículo 42 del referido decreto establece que la acción de tutela procederá contra particulares cuando aquel contra quien se dirige la acción: “(i) esté encargado de la prestación de algún servicio público; (ii) sea una organización privada, que controla efectivamente o es el beneficiario real de la situación que motivó la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación o indefensión con tal organización; (iii) desconozca el derecho al habeas data; (iv) actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas; y (v) se encuentre en una posición de jerarquía, de tal modo que el actor esté en situación de subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso la acción”[28]
24. De igual manera, la jurisprudencia constitucional ha establecido que frente al derecho de petición debe tenerse en cuenta los artículos 32 y 33 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015. En particular, el primero de ellos establece que toda persona podrá ejercer el derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante “organizaciones privadas con o sin personería jurídica, tales como sociedades, corporaciones, fundaciones, asociaciones, organizaciones religiosas, cooperativas, instituciones financieras o clubes”. De otro lado, el artículo 33 prevé que, sin perjuicio de las normas especiales, “a las Cajas de Compensación Familiar, a las Instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, a las entidades que conforman el sistema financiero y bursátil y a aquellas empresas que prestan servicios públicos y servicios públicos domiciliarios, que se rijan por el derecho privado, se les aplicarán en sus relaciones con los usuarios, en lo pertinente, las disposiciones sobre derecho de petición previstas [en la norma que regula la materia]”.
25. La Sala Quinta de Revisión, en la Sentencia T-534 de 2024, señaló que los supuestos previstos por la ley para ejercer el derecho de petición ante particulares no son taxativos, pues este también puede dirigirse a entidades privadas distintas de las expresamente mencionadas en la norma, tengan o no personería jurídica[29]. En esa oportunidad, al estudiar un caso de una petición formulada en contra de un particular, precisó que “la tutela interpuesta por una pretendida vulneración del derecho de petición contra particulares también es procedente cuando: (i) estos desarrollan actividades que comprometen el interés general o (ii) su respuesta es imperativa para la protección de otro derecho fundamental”[30].
26. Por otra parte, la misma sentencia destacó que la información relacionada con la trazabilidad de la carne de res, como la que se solicita en los casos objeto de revisión, la existencia de certificaciones o sellos de cero deforestación, los mecanismos para verificar que los productos comercializados no provienen de procesos de deforestación y las medidas orientadas a reducir ese fenómeno son de interés general. En consecuencia, concluyó que solicitudes de esta naturaleza buscan garantizar la libertad de información, al permitir que las personas conozcan los impactos ambientales asociados a la producción y suministro de carne bovina y evalúen si el consumo de determinados productos puede contribuir a dicha problemática.
27. La Sala encuentra acreditada la legitimación por pasiva en ambos expedientes. En el expediente T-12.075.650, la petición se presentó ante Comidas Varpel S.A.S., sociedad que tiene por objeto “la prestación de servicios de restaurante para el expendio de todo tipo de comidas y bebidas, así como la operación y administración de dicho tipo de establecimientos”[31]. Por su parte, en el expediente T-12.104.901, la solicitud se presentó a Arcos Dorados Colombia S.A.S., sociedad dedicada, entre otras actividades, a “la operación de servicios de restaurantes y comida rápida; la producción, distribución y venta al mayor y al detal de productos alimenticios (…)”.
28. Es de precisar que las sociedades accionadas desarrollan actividades empresariales similares frente a la comercialización de comidas y cuentan con objetos sociales propios. Sin embargo, las solicitudes formuladas por la organización accionante son sustancialmente idénticas. En ambos casos, la información requerida se refiere al origen de la carne de res utilizada en los productos comercializados por las empresas, los mecanismos de trazabilidad implementados, las medidas de monitoreo y sostenibilidad adoptadas y las acciones encaminadas a prevenir riesgos de deforestación asociados a la producción y suministro de dicho insumo.
29. La Sala observa, al menos prima facie, que tales requerimientos no recaen sobre asuntos ajenos a la actividad económica desarrollada por las accionadas, sino sobre información vinculada con un insumo esencial para la elaboración de los productos que ofrecen al público, esto es, la carne. En efecto, las peticiones buscan conocer aspectos relacionados con el abastecimiento de carne bovina, la estructura de proveedores, los mecanismos de trazabilidad implementados por la empresa y las medidas adoptadas para verificar el origen de los productos utilizados en su operación.
30. Si bien las accionadas no ocupan un eslabón dentro de la cadena de producción, suministro y comercialización de carne de res, a diferencia del asunto analizado en la Sentencia T-534 de 2024, esta circunstancia no descarta su vinculación con la información solicitada. Ello, porque las accionadas adquieren y utilizan dicho producto como insumo esencial para el desarrollo de su actividad económica, de modo que existe una relación directa y necesaria entre aquellas y la información relativa al abastecimiento y trazabilidad de aquel.
31. Estos asuntos guardan relación con una actividad económica respecto de la cual se han advertido riesgos ambientales asociados a los procesos de producción y suministro de carne bovina, particularmente en materia de deforestación y seguimiento de cadenas de abastecimiento. En efecto, diversos estudios han alertado que aproximadamente el 50% de la superficie habitable del planeta se destina a actividades agrícolas y que la producción ganadera y de alimento para animales ocupa el 77% de esa superficie. Asimismo, la literatura especializada identifica a la carne bovina como uno de los principales impulsores de la deforestación tropical[32].
32. En este contexto, tanto como Comidas Varpel S.A.S. como Arcos Dorados Colombia S.A.S. son particulares respecto de los cuales se solicita la información y quienes, debido a su participación en las respectivas cadenas de abastecimiento de carne utilizada en los productos que comercializan, podrían disponer o tener acceso a datos relacionados con proveedores, mecanismos de abastecimiento, criterios de selección, prácticas de sostenibilidad y sistemas de trazabilidad.
33. Lo anterior resulta especialmente relevante en atención a que la jurisprudencia constitucional ha considerado que la información relacionada con la trazabilidad de la carne de res y las medidas implementadas para prevenir riesgos de deforestación en la cadena de suministro, al menos en este nivel de análisis, son asuntos vinculados a materias de derecho ambiental y a debates sobre sostenibilidad ambiental. En consecuencia, la Sala encuentra acreditada su legitimación en la causa por pasiva.
Subsidiariedad[33]
34. El Decreto 2591 de 1991 establece expresamente que solo procede la tutela cuando “el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”. Entonces, la procedencia de esta acción está condicionada por el denominado requisito de subsidiariedad. Bajo esa perspectiva, la tutela no puede desplazar los recursos judiciales ordinarios o extraordinarios de defensa[34], a menos de que se utilice para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. De allí que, en términos generales, “la tutela no es un medio adicional o complementario [de protección]”[35]. La inobservancia de este presupuesto es causal de improcedencia del amparo[36]. Por tanto, ante la existencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz, la consecuencia directa es que el juez constitucional no puede entrar al fondo del asunto planteado.
35. La Sala observa que en ambos expedientes se pretende la protección al derecho de petición que busca el acceso a la información ambiental, por lo cual este requisito se evaluará de manera conjunta para ambos casos. En concreto, en el presente asunto no existe ningún otro mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz diferente a la acción de tutela. La jurisprudencia de esta Corporación[37] ha sostenido que la tutela es el único mecanismo idóneo y eficaz para solicitar la protección del derecho de petición, lo que incluye su empleo para acceder a información ambiental, dado que el ordenamiento jurídico no dispone de ningún otro instrumento para tal fin, salvo cuando se trata de solicitudes encaminadas a obtener el acceso a información reservada en poder de autoridades, para lo cual existe el recurso de insistencia, de conformidad con el artículo 26 de la Ley 1755 de 2015[38]. Por tal motivo, la Sala concluye que la acción de tutela es procedente en los casos analizados.
Inmediatez[39]
36. La jurisprudencia constitucional ha resaltado que, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela no tiene término de caducidad[40]. Sin embargo, esta Corte también ha sido consistente al señalar que la misma debe presentarse en un término razonable y proporcionado a partir de los hechos que generaron la presunta vulneración de los derechos fundamentales[41].
37. En el presente asunto, la Sala estima necesario evaluar este requisito de manera individual para cada uno de los expedientes, dado que las acciones de tutela se presentaron en fechas diferentes.
38. Expediente T-12.075.650. El 31 de diciembre de 2025, la parte accionante envió petición ante Comidas Varpel S.A.S. al correo electrónico info@homeburgers.com.co. No obstante, afirmó que, ante la ausencia de respuesta, el 29 de enero del 2026, presentó la acción de tutela. En consecuencia, desde la presunta vulneración del derecho fundamental de petición y la presentación de la acción constitucional transcurrió menos de un mes. Por lo que no existe duda de que la activación del mecanismo constitucional se dio en un tiempo razonable desde la presunta vulneración. Por estas razones, la Sala encuentra acreditado el presupuesto.
39. Expediente T-12.104.901. La organización ambiental accionante refirió que elevó la petición ante la sociedad accionada el 30 de septiembre de 2025. El 6 de octubre de 2025, la sociedad accionada brindó respuesta a los cuestionamientos realizados en los que justificó la negativa de otorgar cierta información con fundamento en el secreto empresarial. La tutela fue presentada el 11 de noviembre de 2025, por lo que transcurrió un poco más de un mes entre la presunta vulneración del derecho fundamental de petición y la presentación de la acción constitucional. Así las cosas, la Sala advierte que la tutela se presentó en un tiempo razonable y, por lo tanto, se acredita el cumplimiento del presupuesto.
40. La Sala evaluará la posible existencia de una carencia actual de objeto en ambos expedientes. En el expediente T-12.075.650, la sociedad Comidas Varpel S.A.S. informó que “atendió todas las preguntas formuladas por la entidad demandante y que compartió la mayoría de la información solicitada”. Dicha respuesta se produjo durante el trámite de instancia, el 3 de febrero de 2026. De igual manera, precisó que respecto de algunos puntos solicitados se reservó información por tratarse datos propios del secreto empresarial y comercial. En el expediente T-12.104.901, Arcos Dorados Colombia S.A.S., en sede de revisión, afirmó que atendió, de manera individual, cada uno de los requerimientos realizados por el accionante el 26 de enero de 2026, con ocasión del cumplimiento del fallo de instancia. En esa medida, aparentemente existe respuesta de las accionadas a la información solicitada por la organización Shambala Comunidad Ambiental, por lo que en estos casos podría configurarse la carencia actual de objeto por hecho superado.
41. La jurisprudencia constitucional ha indicado “que la carencia actual de objeto corresponde a una figura jurídica procesal, en virtud de la cual el juez de tutela debe verificar si, fácticamente, la salvaguardia invocada se encuentra superada”[42]. En este evento, el pronunciamiento del juez frente a las pretensiones de la acción de tutela es innecesario, dado que no tendría efecto alguno o “caería en el vacío”. La Corte Constitucional ha identificado tres hipótesis en las que opera la carencia actual de objeto: (i) daño consumado, (ii) hecho superado y (iii) situación sobreviniente. Estos escenarios se configuran cuando:
Tabla 7. Configuración de carencia actual de objeto. Las consideraciones presentadas se retoman de lo establecido en las Sentencias SU-522 de 2019, T-415 de 2024 y T-068 de 2025
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Supuestos |
Configuración |
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Hecho superado |
La amenaza o vulneración cesan en virtud de un acto (acción u omisión) voluntario del accionado, el cual conlleva la garantía de los derechos fundamentales invocados en la acción de tutela. Por ello, es posible que la orden que pudiese impartir el juez constitucional caiga en el vacío.
Esta situación puede presentarse hasta antes del fallo que en sede de revisión profiera la Corte Constitucional. |
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Daño consumado |
La afectación que se pretendía evitar con la tutela se perfeccionó. En consecuencia, ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela de una orden para retrotraer la situación.
Los daños deben ser irreversibles, toda vez que si son susceptibles de ser interrumpidos, retrotraídos o mitigados por una orden judicial, debe proferirse decisión de fondo. |
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Situación sobreviniente |
Esta hipótesis fue diseñada con la finalidad de cubrir escenarios que no encajan en las anteriores categorías. Se refiere a cualquier otro evento que implique que la orden del juez de tutela no surta ningún efecto y caiga en el vacío, por lo que no es una categoría homogénea y completamente delimitada.
Entre los escenarios que la Corte ha establecido para su configuración se encuentran: (i) el actor mismo es quien asume la carga que no le correspondía para superar la situación vulneradora; (ii) un tercero ha logrado que la pretensión se satisfaga en lo fundamental; (iii) es imposible proferir alguna orden por razones que no son atribuibles a la entidad demandada; y (iv) el actor simplemente perdió el interés en el objeto original de la litis. |
42. La Sala de Revisión considera que la alusión a que las peticiones se respondieron no conduce, por sí sola, a la configuración de una carencia actual de objeto por hecho superado. En efecto, la controversia constitucional no se limita a verificar la existencia de una respuesta a los cuestionamientos planteados por la comunidad accionante, sino a determinar si dichas respuestas en el trámite de instancia (expediente T-12.075.650) y con ocasión del fallo de instancia (expediente T-12.104.901), cumplen con las condiciones de una respuesta clara, completa, específica, congruente y de fondo. Se debe entonces analizar si las respuestas cumplen dicho estándar, cuestión que corresponde justamente al fondo del asunto. Adicionalmente, y aunque existe evidencia de las respuestas a la petición[43] en ambos casos, subsiste el debate respecto si los datos requeridos constituyen información ambiental y, por ende, si dicha información debía suministrarse a la accionante.
43. En esa medida, la eventual satisfacción de las pretensiones de la tutela no se determina a partir de la sola existencia de una respuesta, sino que exige un análisis de fondo sobre la información solicitada y su respuesta. Por esta razón, no se configura una carencia actual de objeto por hecho superado en los casos estudiados.
44. Presentación de los casos. La Sala Cuarta de Revisión estudia dos casos en los que el representante legal de Shambala Comunidad Ambiental, entidad sin ánimo de lucro cuyo objeto principal es realizar actividades relacionadas con la concientización y la educación ambiental, interpuso acción de tutela por la presunta vulneración de su derecho fundamental de petición respecto de información ambiental. En particular, la materia objeto de la petición estaba relacionada con la comercialización de carne de res en Colombia incluyendo aspectos relativos a los productos comercializados, sus proveedores, las políticas de sostenibilidad, los mecanismos de monitoreo y trazabilidad de la cadena de suministro y las medidas de transparencia ambiental.
45. De un lado, en el expediente T-12.075.650, que contiene la acción de tutela contra de Comidas Varpel S.A.S. – Home Burgers, el accionante alegó la ausencia de respuesta. Del otro, en el expediente T-12.104.901, que contiene la acción de tutela contra Arcos Dorados Colombia S.A.S., el accionante cuestionó la suficiencia de la respuesta y la calificación de la información como secreto industrial o comercial. En ambos casos solicitó la protección de su derecho fundamental de petición y el acceso efectivo a la información requerida.
46. Las acciones de tutela acumuladas tienen como objeto principal la presunta vulneración del derecho fundamental de petición de información ambiental. En concreto, los requerimientos elevados a las sociedades accionadas versan sobre asuntos relacionados con la comercialización de carne de res, la trazabilidad de la cadena de suministro, las políticas de sostenibilidad, los mecanismos de monitoreo ambiental y las medidas orientadas a prevenir impactos ambientales asociados a dicha actividad económica.
47. En el presente asunto acumulado, las sociedades accionadas son personas jurídicas de derecho privado que desarrollan actividades comerciales y que, en consecuencia, no tienen la condición de entidades públicas, por lo que no se puede hablar de información pública en los términos de la Ley 1712 de 2014. Igualmente, no ejercen funciones públicas, no prestan servicios públicos ni administran recursos públicos en los términos de dicha normativa. En consecuencia, no ostentan la condición de sujetos obligados bajo el régimen general de acceso a la información pública, de conformidad con el artículo 5[44] ibidem.
48. Por esta razón, la controversia no puede resolverse a partir de las obligaciones previstas en dicha normativa. No obstante, como se explicó en el análisis de la legitimación por pasiva, ello no excluye la necesidad de examinar el alcance del derecho de petición cuando la información solicitada tiene relevancia ambiental o se encuentra asociada al derecho al medio ambiente sano, ni releva a la Sala de analizar las garantías constitucionales que protegen el acceso a este tipo de información por conducto del derecho de petición.
49. Esta precisión del problema está sustentada en la flexibilidad de la acción de tutela, principio que implica el compromiso del juez constitucional por alcanzar el objetivo de dar prevalencia al derecho sustancial y garantizar una protección integral y efectiva de los derechos fundamentales[45]. En consecuencia, la acción de tutela no se somete a la lógica estricta de la justicia rogada, por lo que el juez del amparo no debe limitarse a lo estrictamente solicitado por las partes, sino que deberá fijar el alcance real o material del litigio[46].
50. Asimismo, dicha precisión está sustentada en el principio iura novit curia[47], según el cual al juez le corresponde “discernir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente la realidad del hecho y subsumiéndolo en las normas jurídicas que lo rigen”[48]. En consecuencia, dicho juez tiene el deber de interpretar el amparo y asumir un papel activo en la conducción del proceso[49]. En otras palabras, dicho postulado sustenta la facultad del juez para identificar los derechos fundamentales realmente comprometidos y adoptar las medidas necesarias para protegerlos, aun cuando no coincidan con las pretensiones expresas de la acción constitucional. Por lo expuesto, el presente asunto se circunscribirá al análisis de la presunta vulneración del derecho de petición para acceder a información de carácter ambiental.
51. Planteamiento del problema jurídico. Conforme a lo expuesto, la Sala resolverá el siguiente problema jurídico:
¿Las sociedades Comidas Varpel S.A.S. y Arcos Dorados Colombia S.A.S. vulneraron el derecho de petición de Shambala Comunidad Ambiental, al no suministrar o suministrar respuestas presuntamente incompletas frente a la información requerida respecto de la comercialización de carne de res y su relación con la deforestación, con fundamento en que dicha información está amparada por el secreto empresarial?
52. Metodología de la decisión. Para dar respuesta al problema jurídico planteado la Sala Cuarta de Revisión reiterará su jurisprudencia sobre: (i) el derecho fundamental de petición y su relación con el derecho fundamental a gozar de un ambiente sano; (ii) el secreto empresarial; (iii) y resolverá el caso concreto.
Derecho de petición y su relación con el derecho a gozar de un ambiente sano. Reiteración de jurisprudencia
53. Fundamento constitucional y contenido del derecho. El artículo 23 de la Constitución consagra que “[t]oda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”. Al respecto, la Corte Constitucional ha indicado que la garantía de este derecho es determinante para la protección de otros derechos, tales como los de acceso a la información, libertad de expresión y participación política[50].
54. Asimismo, la jurisprudencia constitucional[51] ha señalado que el derecho de petición está compuesto por las siguientes garantías: (i) el derecho de toda persona a presentar peticiones (escritas y verbales) respetuosas ante entidades y organizaciones públicas y privadas, lo que implica que estas se encuentran en la obligación de recibir las solicitudes y tramitarlas; (ii) la respuesta debe ser clara, precisa y de fondo, lo que obliga a la autoridad u organización peticionada a emitir un pronunciamiento congruente, consecuente y completo respecto de cada uno de los requerimientos planteados, lo que no supone una respuesta positiva; y, por último, (iii) el derecho a la notificación de lo resuelto.
55. Por su parte, la Ley estatutaria 1755 de 2015 regula el ejercicio del derecho fundamental de petición. En ese sentido, la mencionada ley contempla tres escenarios cuando la petición se presenta ante particulares[52]: (i) la petición procede cuando se presente ante organizaciones privadas que presten servicios públicos o ejerzan funciones públicas; (ii) el derecho de petición debe ser garantizado cuando la solicitud se interponga ante cualquier organización privada (sin importar si no ejerce funciones públicas o no administra recursos públicos) con la finalidad de proteger otros derechos fundamentales; y (ii) cuando la solicitud sea presentada ante una persona natural, este derecho se debe garantizar si se constata que el peticionario se encuentra en una situación de indefensión o inferioridad frente al peticionado o que exista una relación de subordinación, siempre que se pretendan garantizar otros derechos fundamentales.
56. De acuerdo con lo anterior, el derecho de petición ante un particular procede cuando está relacionado con otros derechos fundamentales, como el de gozar de un ambiente sano, el cual se encuentra consagrado en el artículo 79 de la Constitución. La jurisprudencia constitucional lo ha entendido como un principio (porque “irradia todo el orden jurídico puesto que es obligación del Estado proteger las riquezas naturales de la Nación”[53]), un derecho tanto individual (porque “es imprescindible para el desarrollo de un proyecto de vida digno para cada persona”[54]) como colectivo (porque “cada persona lo disfruta, sin exclusión de las demás”[55]), así como un derecho fundamental.
57. De igual forma, la Sala Plena de esta Corporación consideró que la protección del medio ambiente se enmarca en tres obligaciones: (i) protección de la diversidad e integridad del medio ambiente; (ii) conservación de las áreas de especial importancia ecológica; y (iii) la promoción de la educación para el logro de los precitados fines[56].
58. En ese sentido, la Corte Constitucional[57] señaló que los animales hacen parte del medio ambiente y, en virtud de los mandatos constitucionales, son objeto de protección. De este modo, indicó que dicha protección considera que los animales son seres sintientes y, por ende, pese a algunas excepciones, se debe prevenir su maltrato. En ese orden, esta Corporación destacó que el deber de protección a los animales se encuentra a cargo del Estado, la sociedad y los particulares. De esta manera, un particular se encuentra en la obligación de garantizar el derecho fundamental de petición cuando la solicitud tenga como propósito evitar el maltrato animal.
59. A su vez, la Sentencia C-359 de 2024 señaló que el artículo 74 de la Ley 99 de 1993 implica que “[t]oda persona natural o jurídica tiene derecho a formular directamente petición de información en relación con los elementos susceptibles de producir contaminación y los peligros que el uso de dichos elementos pueda ocasionar a la salud humana, de conformidad con el artículo 16 de la Ley 23 de 1973. Dicha petición debe ser respondida en 10 días hábiles. Además, toda persona podrá invocar su derecho a ser informada sobre el monto y utilización de los recursos financieros, que están destinados a la preservación del medio ambiente”.
60. Por otro lado, el parágrafo 3 del artículo 32 de la Ley 1437 de 2011, modificada por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015, prevé que ninguna organización privada podrá negarse a recibir peticiones respetuosas, so pena de sanción por parte de las autoridades competentes. Asimismo, la Corte Constitucional[58] ha señalado que dichas organizaciones tienen prohibido alegar, de manera genérica, razones de reserva para negar la petición. Lo anterior implica que la negación de una solicitud se debe fundamentar en razones concretas y veraces, pues la regla general es el acceso a la información solicitada.
61. Excepciones. La mencionada regla presenta excepciones, las que se relacionan con “eventuales daños a derechos de otras personas, la defensa y seguridad nacional, la seguridad pública, la investigación y persecución de delitos, los secretos comerciales, industriales y profesionales, el debido proceso e igualdad de las partes en procesos judiciales, la administración de justicia, los derechos de la infancia y la adolescencia, la estabilidad macroeconómica y financiera del país, y la salud pública, así como con el cumplimiento de los requisitos legales para la expedición de copias”[59].
62. Otro de los límites a la garantía del derecho de petición se configura cuando se pretenda acceder a información que vulnere derechos fundamentales, como la intimidad o el habeas data. En ese sentido, el artículo 4 de la Ley 1581 de 2012[60] dispone que el principio de libertad consiste en que el tratamiento de datos sólo puede realizarse mediante la autorización expresa de su titular[61]. Por ejemplo, el acceso a los datos personales de los proveedores, por sí solo, no constituye una información susceptible de resguardo a la luz del secreto empresarial; sin embargo, su divulgación no se puede efectuar sin la autorización del titular de dicha información[62].
63. Procedencia de la petición cuando se solicite información ambiental. La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, mediante la Sentencia T-534 de 2024, amparó el derecho de petición y de acceso a la información del accionante, un periodista, que presentó una petición a la accionada (Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A.), en la que le solicitó información sobre sus procesos de comercialización de carne de res y su relación con la deforestación. En aquella oportunidad, la Corte Constitucional indicó que la información solicitada era de relevancia constitucional y de interés público, pues la crianza de ganado es la causa principal de la deforestación y, por consiguiente, del cambio climático.
64. En esa misma línea, la referida decisión destacó que en Colombia la deforestación es la principal problemática ambiental, en la medida en que representa el 31.2% de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que supera al sector energético, cuyo porcentaje de emisión corresponde al 30.7%. Asimismo, advirtió que en la Amazonía, donde se concentra la mayor parte de deforestación en el país, no hay una presencia fuerte del Estado. De este modo, expuso que el sacrificio formal de bovinos ha disminuido, mientras que el sacrificio informal ha aumentado, debido a factores como el abigeato y el contrabando.
65. Así las cosas, la Corte Constitucional destacó, de acuerdo con diversas investigaciones[63], que desde el 2000 el mundo ha perdido, aproximadamente, cinco millones de hectáreas de bosque, mientras que “la tasa de extinción de especies ha aumentado hasta mil veces más que aquella que corresponde a los ritmos naturales”. De igual forma, resaltó que, por lo menos, el 75% de la deforestación mundial es causada por actividades agrícolas, lo que incluye la tala masiva para la crianza de ganado y producción de productos como el papel. En conclusión, esta Corporación indicó que la principal causa de deforestación a nivel mundial corresponde a las actividades relacionadas con el manejo de ganado que representan un aproximado del 41% de la deforestación.
66. De acuerdo con lo expuesto, esta Corte determinó que, si no se enfrenta la situación descrita, el derecho a gozar de un ambiente sano se verá afectado, por lo que la humanidad se verá obligada a sufrir las consecuencias del aumento de la temperatura del planeta; con sus respectivas implicaciones como la extinción de la flora y fauna, precipitaciones, temporadas de sequías, entre otras. En ese sentido, consideró que la información sobre la producción de carne de res y su conexión con la deforestación se relaciona con un interés general, de manera que la empresa a las que se le solicitó este tipo de información estaba obligada a suministrarlo. Ahora bien, la naturaleza de la información no se modifica ni cambia la conclusión jurisprudencial porque el sujeto que presentó entonces la petición en aquel caso fuera un periodista, pues ello incide en el trámite preferencial de la misma, pero no altera la condición de interés público que corresponde a lo solicitado.
67. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que “las empresas, en el marco de sus actividades y relaciones comerciales, deben tener en cuenta y respetar el derecho humano a un medio ambiente sano y el uso sostenible y conservación de los ecosistemas y diversidad biológica”[64], lo cual incluye el acatamiento de la normativa nacional e internacional sobre la materia. En ese sentido, las empresas tienen el deber de adoptar medidas de debida diligencia frente al impacto ambiental de sus actividades, así como garantizar: el acceso a la información ambiental; procesos participativos; rendición de cuentas y reparación de las víctimas por el deterioro ambiental.
68. De igual forma, indicó que “se debe dar la debida protección a las características propias del medio ambiente como bienes jurídicos en sí mismos, independientemente de la conexidad con su utilidad para los seres humanos”.
69. Acuerdo de Escazú. Mediante la Ley 2273 de 2022, Colombia aprobó el “Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe” (Acuerdo de Escazú). En dicha ley se indicó que «por “información ambiental” se entiende cualquier información escrita, visual, sonora, electrónica o registrada en cualquier otro formato, relativa al medio ambiente y sus elementos y a los recursos naturales, incluyendo aquella que esté relacionada con los riesgos ambiéntales y los posibles impactos adversos asociados que afecten o puedan afectar el medio ambiente y la salud, así como la relacionada con la protección y la gestión ambientales»[65].
70. Asimismo, en el tratado se definió que el ejercicio del derecho a la información ambiental implica “solicitar y recibir información de las autoridades competentes sin necesidad de mencionar algún interés especial ni justificar las razones por las cuales se solicita”[66]. De igual forma, se estableció en su artículo 9 el deber de proteger a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. En ese sentido, el acuerdo fijó la obligación del Estado en cuanto adoptar medidas tendientes a garantizar derechos como el acceso a la información, y en prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones contra los defensores de derechos humanos en materia ambiental.
71. Ahora, en caso de denegación de la información solicitada, la Ley 2273 de 2022, que aprobó el Acuerdo de Escazú, señaló que dicha negativa se regirá por la legislación nacional y exigirá una justificación jurídica y fáctica sobre las razones que llevan a no entregar la información.
72. Asimismo, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-359 de 2024, declaró la constitucionalidad del Acuerdo de Escazú y la exequibilidad de la Ley 2273 de 2022 aprobatoria de aquel. No obstante, advirtió que el Acuerdo de Escazú no tiene aplicación directa y que su implementación requiere las medidas legislativas o administrativas correspondientes. En esa medida, sus disposiciones representan un parámetro interpretativo y de desarrollo del contenido constitucional del acceso a la información ambiental, sin que se atribuya directamente una obligación autónoma a las empresas privadas de divulgar determinada información por cuenta de su contenido.
73. Finalmente, cabe destacar que, aunque existe una estrecha relación entre el derecho de petición y el derecho de acceso a la información, se trata de garantías constitucionales diferenciables. El primero protege, entre otros contenidos, la posibilidad de formular solicitudes y obtener una respuesta pronta, clara, precisa, congruente y de fondo; mientras que el segundo protege la facultad de buscar y recibir información, particularmente cuando esta reviste interés general, como ocurre con la de carácter ambiental[67].
El secreto empresarial. Reiteración de jurisprudencia
74. La Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina es la normativa vigente en Colombia que regula lo concerniente a la propiedad industrial[68]. De este modo, el artículo 260 de la mencionada normativa dispone que el secreto empresarial[69] corresponde a aquella información no divulgada, cuya utilización pueda ser determinante para actividades productivas, industriales o comerciales, y que sea: “a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva; b) tenga un valor comercial por ser secreta y; c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta”.
75. Asimismo, el mencionado artículo consagra que “[l]a información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios”.
76. Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante Decisión del 21 de septiembre de 2022 (proceso 13-IP-2021), realizó las siguientes precisiones de cara a determinar cuándo una información se adecúa al secreto empresarial:
“Que la información en su conjunto, o en su sistema, no sea conocida o fácilmente accesible por las personas que generalmente manejan datos de la misma naturaleza. Si se llegare a conocer fragmentos aislados de la información, pero el todo sistemático de datos queda resguardado, el sistema como tal aún puede ser considerado como secreto. Para que opere esta condición, es necesario que el titular de la información tome las medidas respectivas para que la misma no sea fácilmente aprendida por el público interesado en adquirirlas.
Que la información tenga un valor comercial por ser secreta. El secreto empresarial es protegible siempre que pueda ser usado en una actividad productiva, industrial o comercial, lo que se traduce en información con una gran importancia económica para su titular. De lo que se trata es de impedir que terceros utilicen y se aprovechen de la inversión, el esfuerzo y la utilidad que representa esta información confidencial.
Que el titular o poseedor de la información haya establecido medidas razonables para mantenerla en secreto. La razonabilidad de la medida se tiene que determinar en relación con el círculo donde se desenvuelven las personas que normalmente manejan información de similares características. No es el mismo análisis de razonabilidad que se hace en el círculo de empresas farmecéuticas, donde el personal químico farmecéutico se encuentra capacitado para hacer deducciones y procesos complejos para obtener información, que el que se debe hacer en relación con personas que se dedican al negocio de restaurantes”.
77. Finalmente, la protección del secreto empresarial se deriva de la utilidad de la información objeto de resguardo, debido a su relación con la producción de bienes y servicios, y que, por su importancia y su carácter estratégico, no es de conocimiento público[70].
Análisis de los casos concretos
78. La Sala revocará el fallo de instancia que negó el derecho de petición proferido dentro del trámite de tutela contra Comidas Varpel S.A.S. – Home Burgers y confirmará parcialmente la sentencia de segunda instancia emitida en el proceso contra Arcos Dorados Colombia S.A.S., que amparó el derecho fundamental de petición, como se explica a continuación.
79. Previo al análisis de los casos concretos, la Sala expondrá las reglas aplicables de cara a la resolución de la controversia planteada. De este modo, cuando se presente una petición tendiente a materializar el acceso a la información ambiental, se debe tener en cuenta lo siguiente:
80. (i) Calidad del sujeto al que se dirige la solicitud. En primer lugar, se debe establecer si el destinatario de la solicitud tiene la condición de sujeto obligado en los términos del artículo 5.º de la Ley 1712 de 2014[71]. En caso afirmativo, el acceso a la información se regirá por las disposiciones que regulan la información pública, sin perjuicio de las reglas especiales que resulten aplicables cuando la información solicitada tenga carácter ambiental.
81. En caso de que la naturaleza del peticionado no encuadre en ninguno de los sujetos obligados, se entenderá que no se trata de información pública. Sin embargo, se aplicarán las siguientes reglas en el ejercicio del derecho fundamental de petición frente a particulares, de acuerdo con la Ley 1755 de 2015, así:
82. (ii) Naturaleza de la información solicitada. Se debe identificar si la información solicitada pretende la protección de un derecho fundamental, como el derecho a gozar de un ambiente sano, lo que indefectiblemente deriva en que la información a la que se pretenda acceder sea de carácter ambiental. Para definir este aspecto se atenderá a su contenido y a su relación con el ambiente, sus elementos, los recursos naturales, los riesgos o impactos ambientales o las medidas dirigidas a su protección y gestión.
83. (iii) Límites constitucionales al acceso a la información ambiental. Finalmente, se debe verificar que el suministro de la información no vulnere otros derechos constitucionales. En particular, cuando la información requerida exija la remisión de datos asociados a terceros determinados o determinables, como el nombre de proveedores, se requiere de la autorización del titular para que esa información pueda ser entregada; de lo contrario, se vulnerarían los derechos al habeas data y a la intimidad de dichas personas o empresas. Por tanto, el carácter ambiental de la información no autoriza la revelación de información protegida de terceros que no hacen parte de la controversia.
84. De acuerdo con lo expuesto, la Sala reitera que la parte accionante es una organización sin ánimo de lucro, cuyo objeto social tiene relación directa con asuntos ambientales y que las accionadas no son entidades públicas y sujetos obligados en los términos de la Ley 1712 de 2014. En ese sentido, las peticiones que presentó Shambala Comunidad Ambiental a Comidas Varpel S.A.S. – Home Burgers y a Arcos Dorados Colombia S.A.S. se enmarcan en el desarrollo de las actividades que adelanta para el cumplimiento de su objeto.
85. En particular, la información requerida versa sobre asuntos con relevancia ambiental y se encuentra estrechamente vinculada con las labores de educación, concientización, investigación y protección ambiental, que son el objeto de la organización accionante. Por ello, las solicitudes formuladas no responden a un interés ajeno, abstracto o meramente eventual, sino al ejercicio de las funciones y actividades que la entidad desarrolla en cumplimiento de su objeto social.
86. Realizada tal precisión, la Sala observa que las peticiones presentadas ante ambas sociedades son idénticas, dado que contienen los mismos interrogantes y persiguen la obtención de información relacionada con el origen y la trazabilidad de la carne de res utilizada en los productos comercializados por las accionadas, así como su eventual relación con procesos de deforestación. En consecuencia, dada la identidad de los requerimientos hechos, el análisis se realizará de manera conjunta.
87. La petición se encuentra estructurada en seis ejes temáticos, así: (i) información sobre productos cárnicos vendidos; (ii) listado de productos cárnicos; (iii) información sobre proveedores; (iv) políticas de sostenibilidad; (v) monitoreo trazabilidad y vigilancia, y (vi) transparencia. Con el propósito de facilitar el estudio del problema planteado, la Sala efectuará, en primer lugar, una enumeración de las preguntas formuladas por la accionante, que son 22. En segundo lugar, las agrupará en dos grandes grupos de análisis.
88. El primero está integrado por aquellas preguntas respecto de las cuales las sociedades accionadas no tienen el deber de suministrar la información requerida y que, por tanto, no serán objeto de un análisis material de fondo. Por su parte, el segundo grupo está conformado por los interrogantes que guardan una relación directa con la protección del derecho fundamental a gozar de un ambiente sano y respecto de los cuales las accionadas tienen el deber de emitir una respuesta de fondo, en la medida en que se trata de información ambiental.
89. Frente al primer grupo. La Sala procederá a evaluar las preguntas del grupo número 1, respecto de las cuales las accionadas no están obligadas a suministrar la información solicitada, en tanto esta no guarda relación con información de carácter ambiental. Adicional a ello, pueden resultar involucrados datos relativos a terceros que no hacen parte de la controversia constitucional, en particular aquellos que tienen la calidad de proveedores de las accionadas. En efecto las preguntas 1, 2, 3, 4 y 5 recaen sobre aspectos relacionados con la organización de la cadena de abastecimiento, las relaciones comerciales de las accionadas y la identificación de los actores que participan en el suministro de carne de res. Se trata de información cuyo contenido se encuentra orientado a conocer la estructura comercial y operativa de las empresas, y no a obtener datos sobre el estado de los recursos naturales, los factores que inciden en su conservación o deterioro, o los impactos ambientales derivados de una determinada actividad.
90. Adicionalmente, el suministro de dicha información podría comprometer datos relativos a terceros ajenos a la controversia, frente a los cuales debe garantizarse la protección de su derecho fundamental al habeas data. En consecuencia, se trata de información que no puede ser exigida bajo el argumento de que aquella tiene una connotación ambiental, tal como se pasa a desarrollar:
Tabla 8. Cuestionamientos del eje temático de información sobre productos cárnicos vendidos.
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Información sobre productos cárnicos vendidos |
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Pregunta 1. Informe el volumen de ventas de productos cárnicos en el último año, donde se identifique de manera discriminada el volumen de ventas de productos de carnicería fresca, empacada, congelada, lista para consumir o cualquier otro vinculado a la comercialización de carne de res. |
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Pregunta 2. En relación con las ventas totales de productos cárnicos en el último año, especifique la cantidad realizada en el mercado nacional y la destinada al mercado de exportación |
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Pregunta 3. Identifique el porcentaje de carne comercializada por [Home Burgers/Arcos Dorados] que corresponde a marcas propias y qué porcentaje corresponde a marcas de terceros |
91. Análisis de la Sala. Frente a la información relacionada con el volumen y porcentaje de ventas de productos propios o tercerizados, la Sala considera que no existen motivos para que aquellos interrogantes estén bajo la protección del secreto empresarial para este caso específico.
92. Lo anterior se sustenta en que tales datos son el resultado de su nivel de competitividad e impacto en el mercado, y no de un factor que determine, en principio, su posicionamiento e influencia en el sector, lo que define el secreto empresarial. No obstante, dicha información no resulta relevante para la protección del derecho a gozar de un ambiente sano, debido a que la parte accionante se dedicó a indagar sobre aspectos meramente empresariales de las accionadas, como volúmenes de ventas, y no sobre factores tendientes a la protección de dicho derecho.
93. Por último, en su contestación[72] al auto de pruebas, la accionante señaló que la formulación de las preguntas 1 a 5 se sustenta en la finalidad de analizar la huella de carbono frente a las actividades comerciales de las accionadas. No obstante, el argumento no se presentó al momento de elevar las peticiones que ahora se analizan. En ese sentido, las accionadas no tuvieron la oportunidad de evaluar dichos argumentos desde el principio. Además, la conexión de las preguntas con la huella de carbono sólo es posible deducirla a partir de la explicación rendida en sede de revisión, pues los cuestionamientos planteados no abordan dicha explicación.
94. De este modo, exigir que las accionadas respondan estos interrogantes bajo el enfoque planteado ahora por la accionante vulneraría su derecho fundamental al debido proceso y de defensa, en la medida en que sólo en sede de revisión pudieron conocer la justificación de la parte actora frente a dichas preguntas.
Tabla 9. Cuestionamientos del eje temático lista de productos cárnicos
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Listado de productos cárnicos |
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Pregunta 4. Elabore un listado detallado de todos los productos de carne vacuna comercializados, especificando el tipo de producto (fresca, congelada, embutidos, lista para el consumo como hamburguesas, etc.), marca, proveedor y punto de venta. |
95. Análisis de la Sala. La Sala considera que las sociedades accionadas no estaban obligadas a suministrar la información relativa a la identificación de sus proveedores. En efecto, aunque dichos datos no se encuentran amparados por el secreto empresarial, ello no implica que deban ser divulgados. Tal como lo ha considerado esta Corporación, la identificación de proveedores por sí sola no tiene la capacidad ser un factor determinante para una ventaja competitiva.
96. Adicionalmente, la información solicitada corresponde a datos asociados a terceros determinados o determinables, respecto de los cuales las accionadas no cuentan con una habilitación legal para su divulgación. En consecuencia, su entrega requeriría la autorización de los respectivos titulares, de conformidad con el principio de libertad previsto en el artículo 4 de la Ley 1581 de 2012. Lo contrario podría comprometer los derechos al habeas data y a la intimidad de dichas personas o empresas.
97. Aunado a ello, la Sala advierte que la simple identificación de los proveedores, tipo de producto, marcas, y puntos no guardan relación directa e inmediata con la protección de gozar de un ambiente sano ni permite, por sí sola, verificar los impactos ambientales derivados de la producción o comercialización de la carne de res. Se trata de una información que, aisladamente considerada, no aporta elementos suficientes para determinar prácticas de deforestación, cumplimiento de obligaciones ambientales o afectaciones concretas a los ecosistemas. Por esta razón, su suministro no resulta indispensable para satisfacer el objeto de la solicitud ni para garantizar el acceso a información ambiental.
Tabla 10. Cuestionamientos del eje temático información sobre proveedores
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Información sobre proveedores |
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Pregunta 5. Identifique el nombre de sus proveedores directos de carne de res en Colombia. |
98. Análisis de la Sala. La Sala considera que no existe un deber de suministrar dicha información. La petición elevada se relaciona con la cadena de abastecimiento del producto comercializado por las accionadas, cuestionamiento relacionado con la identificación nominal de los proveedores que no constituye, por sí solo, información que permita conocer o verificar las eventuales consecuencias ambientales asociadas a la producción o suministro de la carne de res.
99. En efecto, el nombre de los proveedores únicamente permite individualizar a determinados actores económicos que participan en la cadena de abastecimiento, pero no aporta elementos que permitan establecer el origen del producto, las condiciones en las que fue producido, el cumplimiento de estándares ambientales o la existencia de prácticas vinculadas con la deforestación. Por consiguiente, se trata de un dato que no resulta idóneo ni necesario para satisfacer la finalidad de la solicitud formulada por la accionante.
100. De esta manera, la Sala concluye que las accionadas no estaban obligadas a suministrar la identificación de sus proveedores directos, pues la información requerida no guarda una relación suficiente con el propósito de acceder a datos que permitan conocer o evaluar los posibles impactos ambientales asociados a la actividad económica objeto de la petición.
101. En efecto, la información solicitada no permite, por sí sola, establecer prácticas de deforestación, verificar el cumplimiento de obligaciones ambientales, identificar afectaciones concretas sobre ecosistemas o conocer medidas de prevención, mitigación o compensación de impactos ambientales. Por tal razón, la Sala considera que dichos requerimientos no tienen una relación directa con el contenido de la información ambiental cuya divulgación resulta exigible a la luz del derecho fundamental a gozar de un ambiente sano, por lo que no se configura una vulneración del derecho fundamental de petición ni del acceso a la información ambiental respecto de tales requerimientos.
102. Frente al segundo grupo. La Sala agrupó estos cuestionamientos en función de su relación con información de carácter ambiental y de su vínculo con la protección del derecho fundamental a gozar de un ambiente sano. Para ello, tuvo en cuenta el contenido de cada interrogante y la finalidad de la solicitud, orientada a obtener información sobre el origen y la trazabilidad de la carne de res utilizada por las sociedades accionadas, así como sobre los posibles impactos ambientales asociados a su producción y comercialización. En tal sentido, distinguió aquellas que versan sobre asuntos ambientales relevantes para la protección del derecho a un ambiente sano. Estas últimas, por su contenido y finalidad, serán objeto de un análisis de fondo sobre la suficiencia de las respuestas otorgadas.
103. De esta manera, contrario a lo expresado por Arcos Dorados Colombia S.A.S. en su respuesta al auto de pruebas[73], toda solicitud de información que pretenda la protección de un derecho fundamental, como lo es el ambiente sano o que tenga un carácter ambiental, puede hacerse exigible al destinatario, sin importar la naturaleza de quien recibe el requerimiento. Lo anterior, siempre que su entrega no implique una afectación desproporcionada de otros derechos constitucionales, como la intimidad o el habeas data de terceros determinables no involucrados.
104. Específicamente, frente a las preguntas 6, 7, 8 y 9, correspondientes al eje temático información sobre proveedores, la Sala analizará si fueron resueltas de fondo. En caso de que no hubiesen sido contestadas en debida forma, las accionadas deberán efectuar lo propio sin estar obligadas a suministrar los nombres de sus proveedores o remitir información que permita su identificación plena. Ello porque dicha información sólo puede ser suministrada con autorización de sus titulares; lo contrario implicaría una transgresión de los derechos fundamentales a la intimidad y al habeas data, así como un desconocimiento del principio de libertad, consagrado en el artículo 4 de la Ley 1581 de 2012.
Tabla 11. Análisis de cuestionamientos sobre el eje de listado de información sobre proveedores
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Información sobre proveedores |
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Comidas Varpel S.A.S. |
Arcos Dorados Colombia S.A.S |
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Pregunta 6. “Respecto al total de la carne comercializada por [Home Burgers/Arcos Dorados]. Indique la cantidad y porcentaje de carne vacuna adquirida a través de estos proveedores”. |
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Cabe aclarar que, si bien las preguntas 1 y 6 pueden guardar cierta semejanza, lo cierto es que ambos cuestionamientos tienen diferencias sustanciales en el ámbito ambiental, por lo que se amerita un análisis diferenciado. La primera indaga sobre volúmenes de ventas de las accionadas (lo cual carece de relevancia ambiental para el caso concreto por las razones ya expuestas), mientras que la segunda indaga sobre la cantidad de productos adquiridos mediante proveedores. En ese sentido, a diferencia de la pregunta 1, la 6 tiene relación directa con el derecho fundamental a gozar de un ambiente sano, toda vez que en las actividades de los proveedores se podrían originar los fenómenos de deforestación, pues se trata de la producción de la carne derivada del ganado. |
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Respuesta. La sociedad respondió “como señalamos atrás, la Sociedad no comercializa productos cárnicos sino comidas preparadas. Por tanto, el supuesto de la pregunta no nos resulta aplicable”.
Análisis de la respuesta. La Sala considera que la respuesta suministrada por la sociedad no atendió la pregunta elevada por la organización accionante. En efecto, la empresa se limitó a señalar que no comercializa productos cárnicos, sino comidas preparadas, razón por la cual consideró que la pregunta no le resultaba aplicable. Sin embargo, dicha explicación no resuelve el contenido concreto de la solicitud.
La pregunta no estaba dirigida a establecer si la sociedad comercializa carne de res como producto autónomo, sino a conocer la cantidad y el porcentaje de carne vacuna adquirida a través de sus proveedores para el desarrollo de su actividad económica. Esta información, además, guarda relación con la dimensión de la actividad de abastecimiento de carne de res y, por esa vía, con sus posibles impactos ambientales, particularmente aquellos asociados a la actividad ganadera y a la deforestación. En este sentido, la Sentencia T-534 de 2024 reconoció la relevancia ambiental de la información relacionada con la cadena de producción, suministro y comercialización de carne de res y, en su momento, ordenó suministrar información sobre los porcentajes de carne adquirida a distintos tipos de proveedores.
Por consiguiente, el hecho de que la accionada comercialice alimentos preparados que incorporan carne de res como insumo principal no desvirtúa la pertinencia de la pregunta ni permite descartarla por la naturaleza de los productos ofrecidos al consumidor final. Por el contrario, se trata de información vinculada con su actividad de abastecimiento de carne de res que, conforme a lo señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-534 de 2024, no supone, por sí misma, la identificación de los proveedores ni la revelación de datos personales de estos. Por lo que no se debe negar la respuesta a dicho requerimiento. |
Respuesta. “Dado que no existen proveedores directos locales (Colombia) de carne de res, la compañía no consolida información desagregada por proveedor bajo este criterio”.
Análisis de la respuesta. Esta respuesta no desconoce el derecho fundamental de petición de la parte accionante. Lo anterior se sustenta en que esta pregunta se encuentra condicionada por la 5. Lo anterior se sustenta en que en el requerimiento anterior (pregunta 5) se solicitaba suministrar “el nombre de sus proveedores directos de carne de res en Colombia”; mientras que en la pregunta 6 se solicita indicar “la cantidad y porcentaje de carne vacuna adquirida a través de estos proveedores”. De este modo, tanto en la pregunta 5 como en la 6, el objeto de la consulta recae únicamente sobre los proveedores en Colombia.
En ese sentido, la accionada no tiene cómo suministrar la información requerida, en la medida en que señaló que no cuenta con proveedores en el territorio nacional. |
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Pregunta 7. Información sobre “[m]unicipios, veredas y predios de origen de los ganados que abastecen la carne vacuna vendida en Colombia (o ciudades donde opere el restaurante) |
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Respuesta. La sociedad accionada indicó que la carne suministrada por sus proveedores utilizada en la preparación de los alimentos comercializados que a su vez son insumos para la operación de los restaurantes tiene origen en el Meta, Santander, Casanare, Cundinamarca y Magdalena Medio.
Análisis de la respuesta. La Sala considera que la respuesta suministrada por la sociedad accionada fue parcial frente al requerimiento formulado por la organización accionante. En efecto, la empresa informó que la carne utilizada en la preparación de los alimentos comercializados proviene de ganado con origen en Meta, Santander, Casanare, Cundinamarca y Magdalena Medio. Con ello, aportó información general sobre la procedencia geográfica del insumo objeto de la solicitud.
Sin embargo, la peticionaria requirió información más específica sobre el origen territorial del ganado que abastece la carne vacuna utilizada en la operación de la accionada, en particular frente a los municipios, veredas y predios de procedencia. Respecto a dicho requerimiento, la sociedad no suministró información sobre los municipios de origen ni explicó las razones que impedían su entrega. En cuanto a la identificación de las veredas y los predios, ello podría conducir, directa o indirectamente a individualizar a los proveedores y, con ello, involucrar información de terceros ajenos a la controversia susceptible de protección mediante el derecho al habeas data.
Ahora bien, la Sala precisa que la eventual identificación de proveedores o de información que permita individualizarlos no era exigible en el presente caso, por las razones expuestas previamente. No obstante, ello no exime a la sociedad de pronunciarse de manera clara y específica sobre la información relativa a los municipios de origen del ganado o de explicar las razones que, de existir, justificarían la imposibilidad de suministrarla. Por consiguiente, la respuesta ofrecida no atendió integralmente este componente de la petición. |
Respuesta. “Arcos Dorados Colombia S.A.S. no participa en etapas primarias de producción ganadera, ni tiene acceso directo a información detallada sobre predios, veredas, fincas de origen o lugares de acopio del ganado. Dichos aspectos corresponden a fases previas de la cadena productiva que no hacen parte de su operación directa sobre la cual podamos declarar”.
Análisis de la respuesta. La Sala considera que esta respuesta vulnera el derecho fundamental de petición de la parte accionante. Lo anterior se sustenta en que esta pregunta concreta se encuentra formulada de manera general frente a los proveedores, es decir, no está supeditada al factor territorial como en la pregunta 5 y 6. En efecto, el requerimiento se dirige a indagar sobre el origen de la carne que se comercializa en Colombia, la cual puede ser producida tanto en el territorio nacional como en el extranjero.
Ahora bien, la propia accionada afirmó, al responder la pregunta 11, que monitorea el 100% de la carne adquirida de proveedores directos en Argentina y Brasil y realiza un “mapeo detallado” para detectar deforestación, lo que resta consistencia a la afirmación de no tener acceso a información sobre el origen del ganado.
En ese sentido, con su respuesta, la accionada le dio un alcance diferente al objeto del requerimiento; pues para esta pregunta puntual es irrelevante que la accionada no tenga proveedores en Colombia. De este modo, la organización accionada debe resolver de fondo esta pregunta.
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Pregunta 8. Indique los lugares de acopio (municipio, vereda y predio) y si los proveedores tienen fincas de acopio. |
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Respuesta. La sociedad indicó que algunos proveedores cuentan con fincas propias y entregan el ganado a plantas de beneficio autorizadas. Añadió que, cuando su producción resulta insuficiente para atender la demanda de los restaurantes, adquieren el ganado faltante de frigoríficos y plantas de beneficio habilitadas por el INVIMA. Análisis. La Sala considera que la información proporcionada por la sociedad accionada no resolvió de manera completa el requerimiento formulado por la organización accionante. En efecto, la empresa explicó que algunos de sus proveedores cuentan con fincas propias y que, cuando la producción de estos no satisface la demanda de los restaurantes, el ganado es adquirido a frigoríficos y plantas de beneficio habilitadas por el INVIMA. Esta explicación permitió conocer, de manera general, algunas de las modalidades empleadas para el abastecimiento de ganado y permitió inferir que determinados proveedores cuentan con predios propios. Sin embargo, la respuesta no precisó los municipios en los que se ubican los lugares de acopio. La Sala precisa que la accionada no estaba obligada a revelar información que permitiera identificar directamente a sus proveedores. En particular, la referencia a veredas y predios podía involucrar datos que, por sus características, permitieran individualizar a terceros ajenos a la controversia y, por tanto, estar sujetos a las garantías derivadas del derecho fundamental al habeas data. Esta consideración, sin embargo, no excluía la necesidad de que la sociedad se pronunciara de manera clara y específica sobre los demás componentes de la solicitud, especialmente aquellos relativos al lugar de acopio del ganado, que no impliquen, por sí mismos, la identificación de los proveedores. |
Respuesta. Arcos Dorados Colombia S.A.S. suministró la misma respuesta respecto de esta pregunta y de la anterior.
Análisis. La Sala considera que, frente a este requerimiento, la sociedad accionada también vulneró el derecho fundamental de petición de la parte accionante, de acuerdo con las razones expuestas en la pregunta 7. Lo anterior se sustenta en que este requerimiento también se encuentra formulado de manera general, y no circunscribe su objeto de consulta que los lugares de acopio y los proveedores se encuentren en Colombia. |
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Pregunta 9. “Indique el porcentaje de carne adquirida a través de concentraciones, centrales de abasto, frigoríficos u otros canales indirectos”. |
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Respuesta. La sociedad manifestó que a la fecha no cuenta con esa información.
Análisis de la respuesta. La sala considera que, en este punto, la sociedad no vulneró el derecho de petición, pues la respuesta suministrada no puede considerarse evasiva ni insuficiente, en tanto la empresa informó de manera directa y concreta que no dispone de los datos requeridos. |
Respuesta. “La compañía no gestiona información bajo la categorización específica solicitada (centrales de abasto, frigoríficos u otros) toda vez que los proveedores no entran dentro de las características transcritas”.
Análisis de la respuesta. La Sala considera que esta respuesta vulnera el derecho fundamental de petición de la parte accionante. Al igual que en el punto anterior, esta pregunta también se encuentra formulada de manera general, y no delimita su objeto de investigación a un factor territorial. En ese sentido, Arcos Dorados Colombia S.A.S., al señalar que no tiene proveedores en Colombia y, con base en ello, fundamentar su negativa a suministrar la información requerida, omitió, de manera injustificada, responder de fondo la solicitud planteada.
Por lo expuesto, la accionada debe responder de fondo la solicitud realizada. |
105. Ahora la Sala realizará el análisis de las preguntas 10 a 14 del eje temático sobre políticas de sostenibilidad, de la siguiente manera:
Tabla 12. Análisis de cuestionamientos sobre el eje de políticas de sostenibilidad
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Políticas de sostenibilidad |
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Comidas Varpel S.A.S. |
Arcos Dorados Colombia S.A.S. |
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Pregunta 10. “¿Qué mecanismos de reducción del impacto ambiental implementa en la producción o comercialización de carne de res en Colombia?” |
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Repuesta. La actividad económica desarrollada por la sociedad no es la producción y/o comercialización de carne vacuna para su operación bajo los lineamientos establecidos por el DANE y reglamentados por la DIAN. No obstante, “Home Burgers bajo su responsabilidad empresarial ambiental, establece matrices de aspecto de impacto para cada uno de los procesos operativos que desarrolla, los cuales tienen como finalidad la identificación, priorización y ejecución de actividades y mecanismos que minimicen el impacto, alteración y/o efecto a nivel del medio ambiente visto desde un sistema global, constituido y dinámico”.
Análisis. La Sala considera que la respuesta suministrada no atendió de forma completa el requerimiento formulado por la organización accionante. Aunque la sociedad precisó que su actividad económica no consiste en la producción y comercialización de carne de res y explicó que cuenta con matrices para la identificación y gestión de impactos ambientales, no respondió de manera concreta la pregunta relativa a los mecanismos de reducción del impacto ambiental implementados en relación con la carne de res que comercializa dentro de su operación empresarial.
A su vez, la información suministrada se limitó a describir instrumentos generales de gestión ambiental, sin identificar las medidas, acciones o procedimientos específicos que permitirían reducir los impactos ambientales asociados al abastecimiento, adquisición o comercialización de dicho producto. Por ello, la respuesta deja sin resolver el núcleo del interrogante planteado. |
Respuesta. “Arcos Dorados Colombia S.A.S. no cuenta con proveeduría de carne local en Colombia, el 100% de la carne es importada, de manera que los controles y manejo no tienen impacto a nivel nacional”.
Análisis de la respuesta. La Sala considera que esta pregunta tiene relación directa con el derecho fundamental a gozar de un ambiente sano. En ese sentido, Arcos Dorados Colombia S.A.S. se encuentra en la obligación de resolverla de fondo (§ 53, 55 y 56). Al respecto, la Sala constata que la respuesta emitida no atiende los lineamientos jurisprudenciales sobre lo que implica una contestación congruente, consecuente y completa. Lo dicho se fundamenta en que, si bien la accionada manifestó que no cuenta con proveedores a nivel nacional, lo cierto es que la “comercialización” también implica factores logísticos como el transporte de la carne a los diferentes puntos de acopio o de ventas. En ese sentido, la huella de carbono que conlleva la importación de la carne, así como su traslado a las diferentes sucursales en Colombia podría tener un impacto ambiental, lo que sustenta una respuesta sobre el particular. De este modo, Arcos Dorados Colombia S.A.S. debe responder de fondo la pregunta realizada. |
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Pregunta 11. “¿Qué estándares de sostenibilidad o protocolos relacionados con la deforestación cero implementa en la producción o comercialización de carne de res en Colombia?”. |
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Respuesta. La sociedad indicó que desarrolla acciones como la digitalización de procesos para reducir el uso de papel, agua y energía. De igual forma, señaló que implementa medidas destinadas a la sustitución de empaques de materiales no aprovechables por biodegradables. Asimismo, adujo que implementó medidas para reducir la compra de agua en envases de plástico[74].
Análisis de la respuesta. La Sala observa que la accionada describió diversos programas corporativos de sostenibilidad y responsabilidad ambiental. Sin embargo, la pregunta estaba dirigida específicamente a conocer si existían estándares o protocolos relacionados con la deforestación cero en la cadena de abastecimiento de carne de res. En esa medida, la información suministrada no permite establecer si dichos protocolos existen, si son exigidos a los proveedores o si la compañía desarrolla mecanismos orientados a prevenir vínculos con procesos de deforestación.
La respuesta, por tanto, desplaza el objeto de la pregunta hacia iniciativas generales de sostenibilidad sin abordar el aspecto concreto consultado. Por lo que se concluye que dicha contestación no permite conocer a la organización accionante la información requerida. |
Respuesta. La sociedad indicó que cuenta con distintas herramientas destinadas, entre otras cuestiones, al monitoreo de la deforestación en los territorios donde se ubican sus proveedores (Argentina y Brasil), quienes deben aplicar estándares ambientales, de cara a la protección animal y vegetal. Asimismo, mencionó que realizan vigilancias para prevenir la deforestación en áreas protegidas[75].
Análisis de la respuesta. La Sala considera que la accionada respondió de fondo la pregunta realizada. Al respecto, la peticionada indicó, de manera concreta, que cuenta con distintas herramientas destinadas, entre otras cuestiones, al monitoreo de la deforestación en los territorios donde se ubican sus proveedores (Argentina y Brasil), quienes deben aplicar estándares ambientales, de cara a la protección animal y vegetal. Asimismo, indicó que realizan vigilancias para prevenir la deforestación en áreas protegidas. De este modo, se constata el cumplimiento de los parámetros jurisprudenciales de cara a una respuesta clara, precisa y de fondo (§ 53, 55 y 56). |
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Pregunta 12. “¿Con qué tipo de certificados ambientales (tipo y cobertura) cuentan los productos cárnicos comercializados por [Comidas Varpel S.A.S. - Home Burgers] / Arcos Dorados en Colombia?” |
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Respuesta. La sociedad accionada reiteró que “el objeto social de la [s]ociedad no comprende la comercialización de productos cárnicos”. De igual manera señaló que, actualmente, los sellos y certificaciones ambientales en relación con los productos cárnicos en Colombia no son obligatorios. A su vez, informó que la sociedad cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental enfocado en la prevención, minimización, compensación y control del impacto ambiental en toda su cadena productiva.
Análisis. Es de reconocer que la sociedad accionada explicó que no comercializa productos cárnicos de manera independiente y señaló que cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental. No obstante, la pregunta pretendía establecer si los productos ofrecidos por la compañía cuentan con certificaciones ambientales determinadas y, de ser así, cuáles son y cuál es su cobertura.
Por tal motivo, aunque existe contestación, esta no permite conocer de manera clara el dato solicitado. Lo anterior, puesto que la respuesta omite pronunciarse expresamente sobre la existencia o inexistencia de tales certificaciones. |
Respuesta. “El análisis previamente brindado cubre este interrogante”.
Análisis. La Sala considera que la pregunta formulada pretende la protección de otros derechos fundamentales como el de gozar de un ambiente sano, debido a que indaga si la accionada cuenta con certificados ambientales. No obstante, la respuesta otorgada por Arcos Dorados S.A.S. no satisface la carga jurisprudencial para considerar que atendió de fondo el requerimiento realizado. Si bien, la respuesta anterior menciona las distintas herramientas que utiliza de cara a la deforestación, lo cierto es que la pregunta realizada en este punto es distinta, pues en esta ocasión se le consulta si cuenta o no con certificados ambientales, lo cual no fue resuelto por la peticionada. En ese sentido, Arcos Dorados Colombia S.A.S. debe resolver de fondo la pregunta formulada. |
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Pregunta 13. “¿Qué tipo de sellos de sostenibilidad o niveles de evaluación ambiental son aplicados a los productos comercializados por [Comidas Varpel S.A.S. - Home Burgers] / Arcos Dorados en Colombia?”. |
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Respuesta. La empresa manifestó que comprende y reconoce la importancia de desarrollar conductas en pro del cuidado y la perseveración del medio ambiente. En tal sentido, expuso que cuentan con sistema de gestión ambiental basado en los lineamientos establecidos en la norma ISO 14001 del año 2015 y las normas técnicas sectoriales aplicables.
Análisis de la respuesta. La Sala estima que la respuesta suministrada por la empresa satisface el deber de responder de fondo. La pregunta estaba encaminada a conocer cuáles eran los referentes o instrumentos utilizados por la compañía para evaluar el desempeño ambiental de sus productos o actividades. Frente a ello, Home Burgers informó que cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental estructurado bajo los lineamientos de la norma ISO 14001:2015 y de las normas técnicas sectoriales aplicables. Si bien la respuesta no identifica sellos ambientales específicos asociados a cada producto comercializado, ello no conduce automáticamente a concluir que la respuesta sea evasiva o incongruente.
La información suministrada guarda relación directa con el objeto de la consulta y permite identificar los estándares ambientales bajo los cuales la empresa desarrolla sus procesos. En ese sentido, la respuesta resulta congruente con la solicitud y proporciona información concreta sobre los mecanismos de gestión ambiental implementados por la compañía. En consecuencia, la Sala concluye que la respuesta cumple los estándares constitucionales exigibles al derecho de petición[76].
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Respuesta. El análisis previamente brindado en la primera pregunta del acápite de Políticas de Sostenibilidad cubre el presente interrogante. Sin embargo, para mayor detalle, puede dirigirse a la información reportada en el Informe de Impacto Social y Desarrollo Sustentable en la sección de abastecimiento responsable, en el apartado de Materias primas responsables”[77].
Análisis de la respuesta. La Sala considera que esta respuesta garantiza el derecho fundamental de petición, comoquiera que la pregunta sí se relaciona con la que indaga sobre los protocolos implementados frente a la deforestación. En ese sentido, la respuesta otorgada tiene conexión directa con el actual requerimiento, si se tiene en cuenta que la accionada informó sobre las estrategias que utiliza para monitorear la deforestación en los territorios donde se encuentran sus proveedores. |
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Pregunta 14. “En el marco del normal desarrollo de su negocio, especifique: ¿Qué estándares de sostenibilidad, certificados o protocolos relacionados con la deforestación cero exige de sus proveedores?”. |
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Respuesta. La sociedad reiteró que no es obligatorio contar con certificados de no deforestación según las normas aplicables, las cuales respetan a cabalidad. Agregó que los protocolos y estándares establecidos con sus proveedores a nivel ambiental y de forma general, se enfocan en la identificación, evaluación, selección y revisión de aquellos que acrediten el cabal cumplimiento de las normas y regulaciones aplicables a sus respectivas actividades económicas.
Análisis de la respuesta. La Sala estima que la respuesta no satisface plenamente el deber de responder de fondo. La pregunta estaba orientada a identificar los estándares, certificados o protocolos que la empresa exige a sus proveedores en relación con la prevención de la deforestación. No obstante, la compañía respondió que actualmente no existe una obligación legal de contar con certificados de no deforestación y señaló que exige a sus proveedores el cumplimiento de la normativa aplicable.
Si bien, la respuesta se refiere a la temática planteada por el peticionario, aquella no permite establecer cuáles son concretamente los estándares, certificados o protocolos exigidos por la empresa a sus proveedores, sin que sea obligatorio revelar sus nombres, como se explicó. Tampoco si tales exigencias existen o no dentro de sus procesos de abastecimiento. En consecuencia, la información suministrada no resuelve de manera directa el aspecto específico consultado. En esa medida, la Sala concluye que la respuesta guarda relación con el asunto consultado, pero no satisface integralmente los estándares establecidos para brindar respuesta al derecho de petición. |
Respuesta. “El análisis previamente brindado en la primera pregunta del acápite de Políticas de Sostenibilidad cubre el presente interrogante”.
Análisis de la respuesta. Al igual que en la pregunta 13, la contestación otorgada sobre las herramientas implementadas frente a la deforestación también responde a este cuestionamiento, en la medida en que, en aquella oportunidad, la accionada indicó que, mediante herramientas de tecnología satelital como Proforest y Agrotools, vigila que sus proveedores cumplan con estándares ambientales. Si bien la accionada no mencionó, de manera concreta, lo concerniente a los certificados, lo cierto es que la formulación de la pregunta se realizó en sentido disyuntivo, lo que no obliga a la concurrencia de los “estándares de sostenibilidad, certificados o protocolos relacionados con la deforestación”. |
106. A continuación, la Sala efectuará la valoración de las preguntas 15 a 19 del eje de monitoreo trazabilidad y vigilancia:
Tabla 13. Análisis de cuestionamientos sobre el eje de Monitoreo, trazabilidad y vigilancia
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Monitoreo, trazabilidad y vigilancia |
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Comidas Varpel S.A.S. |
Arcos Dorados Colombia S.A.S |
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Pregunta 15. “¿Qué mecanismos de monitoreo y evaluación ambiental implementan para sus proveedores de carne de res y cadenas de valor en Colombia?”. |
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Respuesta. La sociedad indicó que sus proveedores deben garantizar la trazabilidad y procedencia del ganado a través de las plantas de beneficio y frigoríficos autorizados, cumplir con estándares éticos y ambientales en el desarrollo de sus actividades. Además, contar con las guías de movilización y beneficio correspondiente. Asimismo, señaló que realiza auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de las condiciones sanitarias y ambientales aplicables, cuyos resultados pueden dar lugar a planes de mejora o incluso a la terminación de la relación contractual en caso de incumplimiento.
Análisis de la respuesta. La Sala considera que la respuesta se contestó de fondo. La empresa informó que implementa mecanismos de verificación de la procedencia de la materia prima, exige el cumplimiento de una cadena ética, revisa la documentación relacionada con el beneficio y movilización de los animales y realiza auditorías periódicas a sus proveedores. Asimismo, indicó que tales evaluaciones pueden dar lugar a planes de acción y a la adopción de medidas contractuales frente a eventuales incumplimientos.
Por lo expuesto, la información suministrada guarda correspondencia directa con el contenido de la pregunta y permite identificar los mecanismos de seguimiento y control utilizados por la compañía respecto de sus proveedores. En esa medida, la Sala concluye que se cumplió con brindar respuesta de fondo al cuestionamiento planteado. |
Respuesta. “Considerando que no existen proveedores locales, no se puede atender el requerimiento por no contar con la información solicitada”.
Análisis de la respuesta. Esta pregunta en específico circunscribe su objeto de solicitud al territorio nacional. En ese sentido, la sociedad accionada no tiene información para suministrar a la parte accionante, en la medida en que indaga sobre proveedores en Colombia, respecto de lo cual ya mencionó que no cuenta con proveedores a nivel nacional. No obstante, la pregunta también incluyó una consulta sobre las cadenas de valor en Colombia, aspecto que la accionada omitió responder. De este modo, vulneró el derecho fundamental de petición de la parte accionante en este aspecto.
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Pregunta 16. “¿Qué acciones específicas desarrolla para garantizar la trazabilidad libre de deforestación de la carne comercializada por [Arcos Dorados en Colombia y/o Comidas Varpel S.A.S.]?”. |
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Respuesta. La sociedad indicó que las acciones enfocadas a garantizar la trazabilidad de las materias primas, y como mecanismo eminentemente voluntario y proactivo, establece visitas de auditoría a los proveedores de diversas materias primas. Ello concluye con informes evaluativos, que son analizados y compartidos para la realización de planes de acción, como se mencionó.
Análisis. La Sala estima que la respuesta no es una respuesta de fondo. La empresa indicó que realiza auditorías a sus proveedores, elabora informes de evaluación y adopta planes de acción orientados al seguimiento de su cadena de suministro. Sin embargo, el cuestionamiento está dirigido a conocer las acciones específicas implementadas para garantizar que la carne comercializada no estuviera asociada a fenómenos de deforestación. La información suministrada se refiere a mecanismos generales de evaluación de proveedores, sin precisar su relación con la verificación de condiciones de deforestación o con la identificación de riesgos asociados a esta problemática.
En consecuencia, aunque la respuesta se relaciona con el tema consultado, no permite establecer de manera concreta cuáles son las acciones implementadas para garantizar una trazabilidad libre de deforestación.
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Respuesta. “Considerando que no existen proveedores locales, no se puede atender el requerimiento por no contar con la información. Por su parte, se reitera que el giro ordinario de los negocios de Arcos Dorados no se centra en el expendi[o] de carnes ni tiene por objeto el mismo, como sí pasa en supermercados nacionales”.
Análisis. En esta ocasión, la accionada vulneró del derecho fundamental de petición de la parte accionante. Al respecto, Arcos Dorados Colombia S.A.S. desvió el objeto de la pregunta, en la medida en que señaló que no contaba con proveedores a nivel nacional, cuando el objeto del cuestionamiento era obtener información frente a las medidas adoptadas por la sociedad accionada para garantizar la trazabilidad libre de deforestación respecto de la carne que comercializa en Colombia, aspecto que omitió responder. En ese sentido, Arcos Dorados Colombia S.A.S. debe contestar de fondo esta pregunta.
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Pregunta 17. “Del total de proveedores de carne de res en Colombia: ¿Qué porcentaje de proveedores son indirectos y qué medidas son aplicadas para verificar el origen de la carne?” |
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Respuesta. Refirió que “el supuesto de la pregunta es demasiado amplio por referirse al total de los proveedores de carne de res en Colombia y, por tanto, no estamos en capacidad de contestarla. Consideramos que es información que puede solicitar directamente a las autoridades competentes o las agremiaciones del sector ganadero”.
Análisis. La Sala considera que la pregunta se respondió parcialmente de fondo. En relación con el porcentaje de proveedores indirectos, la empresa manifestó que la pregunta resultaba demasiado amplia, en la medida en que hacía referencia al total de proveedores de carne de res en Colombia.
Al respecto, se advierte que este componente del interrogante presenta un grado de indeterminación que dificulta establecer con certeza el universo de referencia sobre el cual debía calcularse el porcentaje solicitado. En efecto, de su formulación no es posible determinar con claridad si la información requerida se refiere a la totalidad de proveedores de carne de res existentes en el país, a los proveedores vinculados a la empresa o a otro grupo específico. En estas condiciones, la respuesta ofrecida por la compañía guarda correspondencia con la amplitud e imprecisión de la solicitud formulada y, por tanto, no puede considerarse evasiva frente a este aspecto particular.
Ahora bien, la pregunta también incluía un segundo componente autónomo y claramente identificable, relacionado con las medidas implementadas para verificar el origen de la carne. Respecto de este punto la sociedad accionada suministró información al respecto. En particular, describió las exigencias de trazabilidad y procedencia del ganado, al responder al interrogante 15. De igual manera, sostuvo que recolecta información respecto de exigencias de guías de movilización con identificación de procedencia y geolocalización, actas de beneficio de materia prima y auditorías a los proveedores al brindar información sobre la pregunta 19. Por tal motivo, la respuesta resulta suficiente respecto de las dos dimensiones de la pregunta planteada. Así, la Sala estima que se atendió el interrogante formulado. |
Respuesta. “Considerando que no existen proveedores locales, no se puede atender el requerimiento por no contar con la información”.
Análisis. Dado que la pregunta pretende obtener información sobre los proveedores en Colombia, la accionada no puede contestar en los términos exigidos por el accionante, debido a que, como se dijo, Arcos Dorados Colombia S.A.S. afirmó no tener proveedores en territorio nacional.
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Pregunta 18. “¿Qué criterios ambientales son utilizados para la selección de proveedores de carne vacuna en Colombia?” |
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Respuesta. La sociedad sostuvo que la pregunta es demasiado amplía por referirse a los proveedores de carne vacuna en Colombia, información con la que no cuentan. Sostuvo que dicha información puede solicitarse directamente a las autoridades competentes o a las agremiaciones del sector ganadero. Explicó que la selección de proveedores se basa en el cumplimiento de los requisitos ambientales vigentes, que son: (i) cumplimento ambiental: uso de suelo, manejo de residuos, protección de fuentes hídricas y (ii) trazabilidad sanitaria: registro ICA, guías de movilización, según la normativa aplicable.
De igual manera, agregó que “aunque no es obligación en Colombia contar con certificados o sellos ambientales, HOME BURGERS prioriza contratar a aquellos proveedores que lleguen a tenerlos. La Sociedad prioriza las relaciones comerciales y jurídicas con proveedores tengan el mayor nivel de cumplimiento de los requerimientos establecidos”.
Análisis de la respuesta. La Sala considera que la respuesta fue de fondo. La empresa identificó diversos criterios utilizados en la evaluación de proveedores. Asimismo, indicó que prioriza proveedores que cuenten con certificaciones ambientales o programas de sostenibilidad. En tal sentido, la información suministrada permite conocer los parámetros ambientales considerados por la compañía en sus procesos de selección y contratación de proveedores, por lo que existe una correspondencia directa entre la pregunta formulada y la respuesta otorgada. |
Respuesta. “Considerando que no existen proveedores locales, no se puede atender el requerimiento por no contar con la información”.
Análisis de la respuesta. A diferencia de otros interrogantes, como el 7, el 8 o el 16, esta pregunta en específico delimita el objeto de la solicitud al territorio nacional. Por ello, la accionada no tiene información para suministrar a la parte accionante, en la medida en que indaga sobre proveedores en Colombia, respecto de lo cual ya mencionó que no cuenta con proveedores a nivel nacional. Así las cosas, no se evidencia vulneración al derecho fundamental de petición
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Pregunta 19. “En el marco del normal desarrollo de su negocio, especifique: ¿Qué mecanismos de monitoreo y evaluación ambiental implementan para sus proveedores de carne? ¿Qué acciones específicas desarrolla para garantizar la trazabilidad de la carne de res en su comercio, de tal modo que pueda constatar que no se encuentra asociada a fenómenos de deforestación en nuestro país?” |
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Respuesta. Manifestó que “la sociedad hace un registro documental del proceso de auditorías a los proveedores de alto riesgo que se llevan a cabo en intervalos de tiempo establecidos. Según el resultado obtenido, se determina la continuación del contrato sin ningún tipo de reclamación, contrato condicionado a determinadas acciones correctivas o la terminación inmediata del contrato y, por tanto, de la relación comercial”.
De igual manera, indicó que la compañía recolecta información tendiente a identificar, respecto de la carne, su “procedencia, transporte, beneficio, transporte, recepción y consumo final por parte de los clientes, empleando mecanismos de información documental solicitada a los proveedores tales como Guías de Movilidad (identificación de procedencia, geolocalización), actas de beneficio en las principales plantas de benefició de la ciudad de Bogotá, Certificados de Calidad y registros de recepción de materia prima, entre otros”
Análisis de la respuesta. La Sala encuentra que la empresa respondió de fondo el primer cuestionamiento, mientras que el segundo no fue objeto de respuesta. En ese sentido, se trata de una respuesta parcial.
Frente a la primera pregunta, la respuesta proferida se refiere directamente a los mecanismos de monitoreo y evaluación solicitados y proporciona información concreta sobre las herramientas utilizadas por la compañía para ejercer seguimiento sobre sus proveedores.
Respecto de la segunda, la respuesta otorgada permite conocer algunas de las acciones implementadas para rastrear el origen de los productos adquiridos. Sin embargo, la pregunta estaba orientada específicamente a establecer cómo tales mecanismos permiten constatar que la carne comercializada no se encuentra asociada a fenómenos de deforestación.
Por ello, aunque existe una respuesta sobre las auditorías periódicas, registros documentales, implementación de acciones correctivas, mecanismos de trazabilidad, la información suministrada no permite establecer de manera concreta cuáles son las acciones orientadas específicamente a verificar la ausencia de vínculos con procesos de deforestación. Por tal motivo, la Sala considera que la accionada respondió parcialmente de fondo lo requerido por la comunidad accionante. |
Respuesta. “Arcos Dorados S.A.S. no cuenta con proveeduría de carne local, el 100% de la carne es importada, de manera que los controles y manejo no tienen impacto a nivel nacional. No obstante, a nivel regional e internacional, la cadena de suministro se encuentra sujeta a controles y evaluaciones que buscan garantizar el cumplimiento de estándares ambientales, sociales y de calidad definidos por la compañía y expuestos en el presente documento en apartados anteriores”.
Análisis de la respuesta. La respuesta otorgada por la accionada en la pregunta 11, en la que explicó el monitoreo y control que ejerce frente a sus proveedores, atiende en debida forma este planteamiento particular. Asimismo, remitió un enlace respecto del cual afirmó que en su contenido se puede observar con mayor detalle los procedimientos que implemente frente al fenómeno de la deforestación y demás aspectos de sostenibilidad. De tal modo, frente a esta pregunta en específico, la accionada no vulneró el derecho fundamental de petición. |
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107. Por último, la Sala efectuará el análisis de los requerimientos 20 a 22 realizados a la accionadas:
Tabla 14. Análisis de cuestionamientos sobre el eje de transparencia
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Transparencia |
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Comidas Varpel S.A.S. |
Arcos Dorados Colombia S.A.S. |
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Pregunta 20. “¿Qué información sobre sostenibilidad y trazabilidad está disponible públicamente para los consumidores?” |
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Respuesta. Se afirmó que “el aspecto documental del Sistema de Gestión Ambiental de la sociedad se encuentra disponible para las entidades públicas que soliciten información específica del plan del trabajo, bajo el entendido de que se trata de una herramienta voluntaria, orientada a la mejora continua interna de los procesos, así como su publicación y divulgación. Como evidencia, algunas prácticas de sostenibilidad aplicadas por la sociedad se pueden visualizar en las diferentes redes sociales autorizadas”.
Análisis de la respuesta. La empresa señaló que determinada información puede ser consultada por autoridades competentes y que algunas de sus iniciativas ambientales son divulgadas a través de sus canales de comunicación y redes sociales. No obstante, el objeto de la pregunta no consistía en establecer qué información puede ser conocida por las autoridades ni cuáles son los medios de comunicación utilizados por la compañía, sino identificar concretamente qué información relacionada con sostenibilidad y trazabilidad se encuentra disponible para los consumidores. La respuesta no permite determinar el contenido específico de esa información, su alcance, periodicidad o la forma en que puede ser consultada por el público.
Por lo anterior, se concluye que, aunque la empresa se pronunció de forma general sobre la temática consultada, la información suministrada no permite establecer de manera cierta cuál es la información sobre sostenibilidad y trazabilidad efectivamente disponible para los consumidores. Por ello, la respuesta resulta insuficiente para satisfacer integralmente el contenido de la petición. En consecuencia, la respuesta brindada no satisface los presupuestos establecidos por la jurisprudencia para dar respuesta de fondo a la petición elevada por la actora. |
Respuesta. “Arcos Dorados, consciente de la importancia que implica la protección de los derechos ambientales, tiene a disposición de todos sus grupos de interés a través del sitio web: www.recetadelfuturo.com, donde se publica y se da detalle de la estrategia de impacto socioambiental, de igual manera, anualmente, publica un Informe de Impacto Social y de Desarrollo Sustentable, con los avances, retos y logros desarrollados en el año en curso, el cual se encuentra construido bajo los estándares internacionales GRI y SASB, y cuenta con una verificación de tercera parte desarrollada por ley”.
Análisis de la respuesta. La respuesta otorgada por la accionada cumple con la garantía del derecho de petición, en la medida en que señaló la información sobre sostenibilidad y trazabilidad disponible para el público.
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Pregunta 21. “Cuentan con políticas de transparencia sobre sus compromisos ambientales?” |
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Respuesta. La sociedad accionada señaló que, en el marco de los mecanismos voluntarios promovidos por las autoridades ambientales, cuenta con una política ambiental orientada al equilibrio social, económico y ambiental, que establece compromisos y acciones para la protección del medio ambiente en sus procesos productivos. Asimismo, indicó que, por razones de transparencia, atiende solicitudes de información como la presentada, en la medida de lo jurídicamente posible, aunque no exista una obligación legal de hacerlo.
Análisis de la respuesta. Frente a la pregunta formulada la empresa informó la existencia de una política ambiental corporativa y describió los objetivos generales que orientan su gestión en esta materia. La información suministrada guarda una relación directa con el objeto de la solicitud, pues permite conocer la existencia de instrumentos institucionales dirigidos a orientar la gestión ambiental de la compañía y los compromisos asumidos en ese ámbito. En consecuencia, la respuesta resulta clara, congruente y suficiente para efectos del derecho de petición. |
Respuesta. “Mismo análisis que la respuesta anterior. Ese es el canal de comunicación y transparencia hacia los diferentes grupos de interés”.
Análisis de la respuesta. Al igual que en la anterior (pregunta 20), la Sala considera que esta pregunta también tiene relación directa con el derecho fundamental a gozar de un ambiente sano, toda vez que indaga sobre los compromisos ambientales de la accionada. En ese sentido, las respuestas previas (como las dadas a las preguntas 11 y la 19) responden a este requerimiento en particular, toda vez que en ellas se informa sobre las herramientas, metodologías y políticas implementadas para la protección o mitigación de daños al medio ambiente. En ese sentido, no se vulneró el derecho fundamental de petición. |
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Pregunta 22. “Identifique las fuentes y metodología para la construcción de su Informe de Sostenibilidad en materia de trazabilidad de la carne en Colombia”. |
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Respuesta. La sociedad indicó que tiene implementados mecanismos para la construcción del consolidado anual del sistema de gestión ambiental en Home Burgers, los cuales se basan en documentos técnicos aplicables que son reportados oportunamente a los entes de control como lo son la CAR, el DANE, el SDA, el Acueducto, ello conforme los requerimientos ambientales vigentes.
Análisis de la respuesta. La compañía indicó que la información utilizada proviene de los registros de su Sistema de Gestión Ambiental y de los reportes que presenta ante distintas autoridades administrativas. Además, suministró información relacionada con una de las dimensiones de la pregunta, concretamente la referente a las fuentes de información utilizadas para la elaboración de sus reportes. Sin embargo, el interrogante también solicitaba identificar la metodología empleada para la construcción del informe de sostenibilidad en materia de trazabilidad de la carne.
Aquella no contiene información que permita conocer los criterios, procedimientos o mecanismos utilizados para recopilar, verificar, sistematizar o consolidar la información incorporada en dicho informe. Por esta razón, aunque existe un pronunciamiento sobre parte del requerimiento, la contestación no resuelve integralmente todos los aspectos comprendidos en la solicitud. Por lo que la respuesta brindada no satisface los presupuestos establecidos por la jurisprudencia para dar respuesta de fondo a la petición elevada. |
Respuesta. “El informe está estructurado bajo los estándares internacionales GRI y SASB, y cuenta con una verificación de tercera parte desarrollada por EY”.
Finalmente, la accionada señaló que la respuesta otorgada se efectuaba en cumplimiento de la orden judicial dictada en el trámite de tutela.
Análisis de la respuesta. La Sala considera que esta pregunta tiene relación directa con la garantía de un ambiente sano, debido a que se dirige a obtener información sobre las actuaciones implementadas por la accionada frente al fenómeno de la deforestación. Asimismo, Arcos Dorados Colombia S.A.S. resolvió de fondo el requerimiento formulado, en la medida en que indicó qué fuentes y metodologías utiliza para la elaboración de su informe de sostenibilidad, además que, como se dijo, remitió un enlace respecto del cual afirma que se puede obtener una información más detallada sobre lo consultado. |
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Conclusión
108. La Sala encuentra que el análisis individual de las respuestas otorgadas por Comidas Varpel S.A.S. – Home Burgers y Arcos Dorados Colombia S.A.S. a los bloques temáticos relacionados con políticas de sostenibilidad, monitoreo, trazabilidad y vigilancia, y transparencia se advierte que las empresas demandadas suministraron información relevante respecto de varios de los asuntos consultados. Sin embargo, algunas respuestas no resolvieron de manera integral los interrogantes planteados, bien porque se limitaron a suministrar información general sobre la materia consultada o porque omitieron pronunciarse sobre aspectos específicos incluidos en las solicitudes formuladas, tal como se resumen a continuación:
Tabla 15. Conclusión de las respuestas efectuadas a los cuestionamientos realizados en la petición elevada ante accionadas
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Pregunta |
Respuesta de Comidas Varpel S.A.S. |
Respuesta de Arcos Dorados Colombia S.A.S. |
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Información sobre proveedores |
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Pregunta 6. Cantidad y porcentaje de carne adquirida mediante proveedores |
No resuelta |
Resuelta |
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Pregunta 7. Origen del ganado que abastece la carne vacuna vendida |
Parcialmente resuelta |
No resuelta |
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Pregunta 8. Lugares de acopio propios y de los proveedores |
Parcialmente resuelta |
No resuelta |
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Pregunta 9. Porcentaje de carne adquirida a través de concentraciones, centrales de abasto, frigoríficos u otros canales indirectos |
Resuelta |
No resuelta |
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Políticas de sostenibilidad |
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Pregunta 10. Mecanismos de reducción del impacto ambiental |
Parcialmente resuelta
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Parcialmente resuelta |
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Pregunta 11. Estándares o protocolos relacionados con deforestación cero |
Parcialmente resuelta |
Resuelta
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Pregunta 12. Certificados ambientales de los productos cárnicos |
Parcialmente resuelta |
No resuelta |
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Pregunta 13. Sellos de sostenibilidad o niveles de evaluación ambiental |
Resuelta |
Resuelta |
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Pregunta 14. Estándares, certificados o protocolos exigidos a proveedores |
Parcialmente resuelta |
Resuelta |
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Monitoreo, trazabilidad y vigilancia |
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Pregunta 15. Mecanismos de monitoreo y evaluación ambiental para proveedores |
Resuelta |
Resuelta parcialmente |
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Pregunta 16. Acciones para garantizar trazabilidad libre de deforestación |
Parcialmente resuelta |
No resuelta |
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Pregunta 17. Porcentaje de proveedores indirectos y medidas para verificar el origen de la carne |
Resuelta |
Resuelta |
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Pregunta 18. Criterios ambientales para la selección de proveedores |
Resuelta |
Resuelta |
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Pregunta 19. Mecanismos de monitoreo y evaluación ambiental para proveedores de carne |
Parcialmente resuelta |
Resuelta |
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Transparencia |
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Pregunta 20. Información sobre sostenibilidad y trazabilidad disponible para consumidores |
Parcialmente resuelta |
Resuelta |
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Pregunta 21. Políticas de transparencia sobre compromisos ambientales |
Resuelta |
Resuelta |
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Pregunta 22. Fuentes y metodología para la construcción del informe de sostenibilidad |
parcialmente resuelta |
Resuelta |
Remedio constitucional
109. Por lo anteriormente concluido, frente al expediente T-12.075.650, se revocará la sentencia de instancia que negó la acción de tutela. En consecuencia, se concederá el amparo al derecho fundamental de petición de Daniel Gutiérrez Patiño, como representante legal de la organización Shambala Comunidad Ambiental. Por tal motivo, se ordenará a Comidas Varpel S.A.S. – Home Burgers responder de forma clara, precisa y de fondo las preguntas: (i) 6, 7, y 8 del eje temático información de proveedores, de acuerdo con las consideraciones expuestas en los fundamentos jurídicos 95, 96 y 97 de esta providencia; (ii) 10, 11, 12 y 14 del eje de políticas de sostenibilidad; (iii) 16 y 19 del eje de monitoreo, trazabilidad y vigilancia y; (iv) 20 y 22 del eje de transparencia.
110. Ahora, frente al expediente T-12.104.901, se confirmará parcialmente el fallo de segunda instancia que confirmó la sentencia de primer grado que, a su vez, concedió el amparo del derecho invocado, en cuanto amparó el derecho fundamental de petición respecto a las preguntas (i) 7, 8 y 9, del eje de información de los proveedores; (ii) 10 y 12 del eje de políticas de sostenibilidad; y (iii) 15 y 16 del eje monitoreo, trazabilidad y vigilancia. En ese sentido, Arcos Dorados Colombia S.A.S. deberá responder las preguntas o requerimientos planteados de acuerdo con las consideraciones de esta sentencia. En particular, frente a las preguntas 7, 8 y 9, deberá tener en cuenta las consideraciones expuestas en los fundamentos jurídicos 95, 96 y 97 de esta providencia.
111. Por último, la Sala de Revisión no acoge la solicitud realizada por la parte accionante, en sede de revisión, consistente en exhortar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para que desarrolle una metodología que permita determinar qué información ambiental debe ser puesta a disposición del público. Lo anterior se sustenta en que el caso objeto de estudio se fundamentó en el ejercicio del derecho de petición, para acceder a información ambiental, entre privados. De esta manera, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no tuvo ninguna incidencia en el trámite de las peticiones sobre información ambiental que dieron lugar a las acciones de tutela.
En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución.
RESUELVE
En el expediente T-12.075.650
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 11 de febrero de 2026, proferida por el Juzgado 085 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá que negó la acción de tutela interpuesta por Daniel Gutiérrez Patiño, como representante legal de la organización Shambala Comunidad Ambiental, contra Comidas Varpel S.A.S. – Home Burgers. En su lugar, AMPARAR el derecho fundamental de petición de la parte accionante.
SEGUNDO. ORDENAR a Comidas Varpel S.A.S. – Home Burgers que en el término de diez (10) días, contados a partir de la comunicación de esta sentencia, de forma clara, precisa y de fondo, dé respuesta a la petición presentada por Daniel Gutiérrez Patiño, como representante legal de la organización Shambala Comunidad Ambiental, específicamente frente a las preguntas: (i) 6[78], 7[79], y 8[80] del eje temático información de proveedores, de acuerdo con las consideraciones expuestas en los fundamentos jurídicos 95, 96 y 97 de esta providencia; (ii) 10[81], 11[82], 12[83] y 14[84] del eje de políticas de sostenibilidad; (iii) 16[85] y 19[86] del eje de monitoreo, trazabilidad y vigilancia; y (iv) 20[87] y 22[88] del eje de transparencia, por las razones expuestas en esta providencia.
En el expediente T-12.104.901
TERCERO. CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 21 de enero de 2026, proferida por el Juzgado 017 Civil del Circuito de Bogotá, que confirmó el fallo del 25 de noviembre de 2025 emitido por el Juzgado 054 Civil Municipal de Bogotá, que concedió el amparo invocado en la acción de tutela interpuesta por Daniel Gutiérrez Patiño, como representante legal de la organización Shambala Comunidad Ambiental, contra Arcos Dorados Colombia S.A.S., en cuanto amparó el derecho fundamental de petición frente a las preguntas (i) 7[89], 8[90] y 9[91], del eje de información de los proveedores; (ii) 10[92] y 12[93] del eje de políticas de sostenibilidad; y (iii) 15[94] y 16[95] del eje monitoreo, trazabilidad y vigilancia.
CUARTO. ORDENAR a Arcos Dorados Colombia S.A.S., que en el término de diez (10) días, contados a partir de la comunicación de esta sentencia, responda de forma clara, precisa y de fondo las preguntas o requerimientos planteados de acuerdo con las consideraciones de esta sentencia. En particular, frente a las preguntas 7, 8 y 9, deberá tener en cuenta las consideraciones expuestas en los fundamentos jurídicos 95, 96 y 97 de esta providencia.
QUINTO. Por conducto de la Secretaría General de la Corte Constitucional, LÍBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ
Magistrado
LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ
Magistrada
VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE
Magistrado
ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ
Secretaria General
[1] Expediente digital, archivo “006 ContestacionTutelaAcionada.pdf”
[2] Expediente digital, archivo “02Sentencia1Instancia.pdf”.
[3] Expediente digital T-12104901, archivo “001_001Tutela.pdf”.
[4] Expediente digital T-12.075.650 AC, archivo “008_008ManifestacionAccionante.pdf”.
[5] Expediente digital T-12.075.650 AC, archivo “007_007CertificadoShambala.pdf”.
[6] Expediente digital T-12.075.650 AC, archivo “007_007ManifestacionAccionado.pdf”.
[7] Expediente digital T-12.075.650 AC, archivo “009_009FalloTutela.pdf”.
[8] Expediente digital T-12.075.650 AC, archivo “011_011Impugnacion.pdf”.
[9] Expediente digital T-12.075.650 AC, archivo “008_008confirma peticion particular carnicos.pdf”.
[10] Expediente digital T-12.075.650 AC, archivo “001 SALA 6-2026 – AUTO SALA DE SELECCIÓN 30-JUN-2026 NOTIFICADO 16-JUL-2026.pdf”.
[11] Expediente digital, archivo “009 T-12075650 Rta. Daniel Gutierrez 14-08-2026.pdf”
[12] Expediente digital T-12.075.650 AC, archivo “011 T-1207650 Rta Natalia Moreno Diaz -Home Burgers 14-08-2026.pdf”.
[13] Expediente digital T-12.075.650 AC, archivo “Requerimiento Corte Constitucional ADC - SHAMBALA.pdf”.
[14] Juan Pablo Riveros Lara.
[15] Expediente digital T-12.075.650 AC, archivo “008 T12075650 Rta. Instituto Colombiano Agropecuario – CIA 14-08-2026.pdf”.
[16] Expediente digital T-12.075.650 AC, archivo “DEJUSTICIA - INTERVENCIÓN SHAMBALA.pdf”.
[17] Corte Constitucional, sentencias T-1029 de 2005, T-454 de 2024, SU-355 de 2022, T-324 de 2024, entre otras.
[18] Expediente digital T-12.075.650 AC, archivo “Amicus Curiae Expediente T-12.075.650 CEJIL LaCol.pdf”.
[19] Indicó que el interés público de la información no depende de la posición en la cadena de suministro en la que opere la empresa (“procesador vs. Restaurante”), sino del impacto ambiental que deriva de su producto.
[20] Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, artículos 260 y 261.
[21] La intervención explicó que el lavado de ganado consiste en mezclar reses provenientes de zonas de pastoreo ilegales con legales para hacer más difícil el rastreo del ganado cuyo origen se sitúa en áreas donde no está permitida esta actividad.
[22] Este concepto hace referencia a las personas que pueden reclamar judicialmente un derecho. En el marco de la acción de tutela, el artículo 86 de la Constitución reconoce el derecho de toda persona para reclamar, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales.
[23] Constitución Política. “Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad (…)”. Decreto 2591 de 1991. “Artículo 10. LEGITIMIDAD E INTERES. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. (…) También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de estos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud”. Cfr. Sentencias T-1015 de 2006, T-780 de 2011, T-373 de 2015 y T-098 de 2016, entre otras.
[24] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-238 de 2018.
[25] Este concepto alude al destinatario de la acción de tutela o a quien pueda atribuirse la presunta vulneración de los derechos fundamentales. La protección de los derechos fundamentales puede provenir ante la vulneración o amenaza derivada de la acción u omisión de cualquier autoridad y, excepcionalmente, de los particulares cuando están encargados de la prestación de un servicio público, su conducta afecta grave y directamente el interés colectivo o representan una posición dominante respecto del accionante. Ello, de acuerdo con los artículos 86 de la Constitución y 5º del Decreto 2591 de 1991. Corte Constitucional, sentencias T-066 de 2024, T-534 de 2024, T-148 de 2026 entre otras.
[26] Artículo 1. Objeto. “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señale este Decreto […]”.
[27] Artículo 5. “Procedencia de la acción de tutela. La acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2 de esta ley […]”.
[28] Corte Constitucional, Sentencia T-534 de 2024.
[29] Corte Constitucional, Sentencia T-534 de 2024.
[30] Ibidem. A su vez, esa decisión se refirió a la Sentencia T-490 de 2018.
[31] Expediente digital, archivo “003CamaraDeConmercioAccionada.pdf”
[32] Deforestation Risks in Animal Agriculture, 15 September 2025. FAIRR a Coller initiative. Disponible en: https://www-fairr-org.translate.goog/resources/knowledge-hub/deforestation?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc
[33] Este concepto se traduce en que la autoridad judicial que conoce la acción tutela puede amparar directamente el derecho fundamental cuando la persona afectada no cuenta con un medio de defensa idóneo y eficaz, o puede amparar transitoriamente el derecho para evitar un perjuicio irremediable.
[34] Corte Constitucional, sentencias T-480 de 2011 y SU-424 de 2012.
[35] Corte Constitucional, Sentencia T-106 de 1993.
[36] “Artículo 6º. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante […] Se entiende por irremediable el perjuicio que sólo pueda ser reparado en su integridad mediante una indemnización”. Declarado exequible en la Sentencia C-018 de 1993.
[37] Corte Constitucional, Sentencia T-534 de 2024.
[38] Corte Constitucional, sentencias T-077 de 2018, T-206 de 2018, T-230 de 2020, T-329 de 2021, SU-191 de 2022, T-204 de 2022, T-066 de 2024, T-245 de 2024, T-534 de 2024, entre otras.
[39] Este concepto significa que la acción de tutela debe presentarse en un término razonable después de la violación o amenaza del derecho fundamental. La razón de ser de este requisito es que la acción de tutela busca la protección urgente de los derechos fundamentales. Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2022, T-314 de 2023, T-534 de 2024, T-148 de 2026.
[40] Corte Constitucional, Sentencia SU-961 de 1999.
[41] Corte Constitucional, sentencias SU-217 de 2017; SU-123 de 2018; SU-111 de 2020 y SU-121 de 2022.
[42] Corte Constitucional, Sentencia T-236 de 2024.
[43] Expediente digital, archivo “007RespuestaDerecho PeticiónAccionante.pdf”
[44] Ley 1712 de 2014. “Artículo 5. Ámbito de aplicación. disposiciones de esta ley serán aplicables a las siguientes personas en calidad de sujetos obligados|| a) Toda entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del Poder Público, en todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios o territorialmente, en los órdenes nacional, departamental, municipal y distrital || b) Los órganos, organismos y entidades estatales independientes o autónomos y de control || c) Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que presten función pública, que presten servicios públicos respecto de la información directamente relacionada con la prestación del servicio público || d) Cualquier persona natural, jurídica o dependencia de persona jurídica que desempeñe función pública o de autoridad pública, respecto de la información directamente relacionada con el desempeño de su función || e) Los partidos o movimientos políticos y los grupos significativos de ciudadanos || f) Las entidades que administren instituciones parafiscales, fondos o recursos de naturaleza u origen público || Las personas naturales o jurídicas que reciban o intermedien fondos o beneficios públicos territoriales y nacionales y no cumplan ninguno de los otros requisitos para ser considerados sujetos obligados, solo deberán cumplir con la presente ley respecto de aquella información que se produzca en relación con fondos públicos que reciban o intermedien. || PARÁGRAFO 1. No serán sujetos obligados aquellas personas naturales o jurídicas de carácter privado que sean usuarios de información pública”.
[45] Corte Constitucional, Sentencia SU-150 de 2021.
[46] Ibidem.
[47] Corte Constitucional, Sentencia T-019 de 2021.
[48] Corte Constitucional, Sentencia T-577 de 2017.
[49] Corte Constitucional, Sentencia T-019 de 2021.
[50] Ver las sentencias T-296 de 1997, T-1160A de 2001, T-455 de 2014, SU-213 de 2021, T-534 de 2024, entre otras.
[51] Ver las sentencias C-951 de 2014, SU-213 de 2021, T- 007 de 2022, T-534 de 2024, entre otras.
[52] Ley 1755 de 2015, que modificó los artículos 32 y 33 de la Ley 1437 de 2011.
[53] Corte Constitucional, Sentencia C-280 de 2024.
[54] Ibidem.
[55] Ibidem.
[56] Corte Constitucional, Sentencia C-032 de 2019.
[57] Ibidem.
[58] Ver las sentencias C-951 de 2014 SU-191 de 2022 y T-534 de 2024.
[59] Corte Constitucional, Sentencia T-534 de 2024.
[60] Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales
[61] Ley 1581 de 2012, artículo 4. “(…) c) Principio de libertad: El Tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento, previo, expreso e informado del Titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial que releve el consentimiento”.
[62] Corte Constitucional, Sentencia T-534 de 2024.
[63] La Sala Quinta de Revisión obtuvo la información de EARTH.ORG (22/02/2024). “How Animal Agriculture Is Accelerating Global Deforestation”. Disponible en: https://earth.org/how-animal-agriculture-is-accelerating-global-deforestation/#:~:text=The%20primary%20catalyst%20behind%20global,the%20size%20of%20the%20Netherlands.
[64] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Informe Empresas y Derechos Humanos: Estándares Americanos. Relatoría Especial sobre Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales – REDESCA”, 2019.
[65] Ley 2273 de 2022, «[p]or medio de la cual se aprueba el “Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe”, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018», artículo 2.
[66] Ley 2273 de 2022, «[p]or medio de la cual se aprueba el “Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe”, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018», artículo 5.
[67] Ver Sentencias C-416 de 2024 y T-534 de 2024.
[68] Esto se debe a que Colombia hace parte de la Comunidad Andina con ocasión de la firma del Acuerdo Subregional Andino del 26 de mayo de 1969 y su aprobación por parte del Congreso de la República, mediante la Ley 8 de 1973.
[69] Al respecto, el artículo 260 de la Decisión 486 del 2000 hace referencia a la información que pueda ser usada en una actividad “productiva, industrial o comercial”. Por ello, el secreto empresarial abarca tanto lo industrial (procesos de producción) como lo comercial (formas de distribución o comercialización).
[70] Corte Constitucional, Sentencia T-534 de 2024.
[71] Ley 1712 de 2014. “Artículo 5. Ámbito de aplicación. disposiciones de esta ley serán aplicables a las siguientes personas en calidad de sujetos obligados|| a) Toda entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del Poder Público, en todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios o territorialmente, en los órdenes nacional, departamental, municipal y distrital || b) Los órganos, organismos y entidades estatales independientes o autónomos y de control || c) Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que presten función pública, que presten servicios públicos respecto de la información directamente relacionada con la prestación del servicio público || d) Cualquier persona natural, jurídica o dependencia de persona jurídica que desempeñe función pública o de autoridad pública, respecto de la información directamente relacionada con el desempeño de su función || e) Los partidos o movimientos políticos y los grupos significativos de ciudadanos || f) Las entidades que administren instituciones parafiscales, fondos o recursos de naturaleza u origen público || Las personas naturales o jurídicas que reciban o intermedien fondos o beneficios públicos territoriales y nacionales y no cumplan ninguno de los otros requisitos para ser considerados sujetos obligados, solo deberán cumplir con la presente ley respecto de aquella información que se produzca en relación con fondos públicos que reciban o intermedien. || PARÁGRAFO 1. No serán sujetos obligados aquellas personas naturales o jurídicas de carácter privado que sean usuarios de información pública”.
[72] Expediente digital T-12.075.650 AC, archivo “Respuesta Shambala Comunidad OFICIO OPT-A-392-2026.pdf”.
[73] Arcos Dorados Colombia S.A.S. manifestó que el hecho de que una solicitud contenga un interés ambiental no la transforma en información pública ni suprime las garantías que le asisten a la sociedad.
[74] «[L]a Sociedad adelanta campañas y acciones encaminadas a la preservación del medio ambiente por medio de programas como “Cero Papel - Sé Digital” , cuyo propósito se centra en promover la digitalización de los procesos y registros documentales de la operación, reduciendo así el impacto a nivel de consumo de agua, energía, residuos y conservación arbórea por medio de la disminución de la demanda de celulosa, obteniendo como resultado la disminución mensual en más de un 87%, sumado a la mejora en cultura organizacional fomentando hábitos de consumo responsable Otro programa desarrollado en pro de la disminución en el impacto ambiental fue la sustitución de empaques no aprovechables por aquellos biodegradables y amigables con el medio ambiente, de forma transicional y visible en nuestros empaques de hamburguesa, además del programa denominado “Fries, Return and Repeat” el cual busca disminuir el consumo de vasos desechables de las papas fritas, por empaques metálicos reutilizables y lavables.
Dentro de las campañas que se realizan por parte de la sociedad se encuentra “más agua menos plástico”, que tiene como finalidad la disminución de la compra de agua envasada en empaques plásticos a través del uso de dispensadores de agua en nuestros puntos de venta que son de libre acceso para los clientes que llevan su propio recipiente.
Nuestra más reciente campaña, lanzada en diciembre de 2025, en alianza con Saving The Amazon, una reconocida ONG colombiana, es "Sabores que Siembran", cuyo objetivo es generar conciencia ambiental y compromiso social en los consumidores, a través de la siembra y conservación de árboles frutales en Mitú (Vaupés), en colaboración con comunidades indígenas locales, con lo cual buscamos generar un impacto positivo y tangible que contribuirá activamente a la mitigación de la crisis climática mediante la protección de las cuencas hídricas de la Amazonía, el bosque húmedo tropical más biodiverso e importante del planeta».
[75] “El sistema McDonald’s y Arcos Dorados como parte de este, es la única empresa de la industria que cuenta con una Política de abastecimiento de carne libre de deforestación (DFBPP) por sus siglas en inglés, que monitorea la deforestación, protege las tierras indígenas, aplica regulaciones ambientales y defiende los derechos humanos. Esta política aplica a áreas de alto riesgo priorizadas por la corporación como lo son Argentina y Brasil para Latinoamérica, donde trabajamos estrechamente con los proveedores para garantizar el cumplimiento total de estas directrices.
Arcos Dorados monitorea el 100% de la carne adquirida de proveedores directos en estos países, utilizando tecnología satelital y monitoreo remoto con socios como Proforest y Agrotools. A través de Agrotools, evalúa criterios ambientales y sociales clave, asegurando que los proveedores cumplan con estrictos estándares. Realiza un mapeo detallado para detectar y abordar la deforestación, granjas vinculadas al trabajo forzado o embargos, y expansión agrícola en áreas protegidas.
Todos los proveedores de proteínas animales— carne, cerdo y pollo—deben cumplir con estrictos requisitos de bienestar animal, el uso responsable de antibióticos y los estándares líderes en la industria establecidos por la Organización de Certificación de Auditores Profesionales de Animales (PAACO, por sus siglas en inglés). Las auditorías anuales de terceros evalúan el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura (GMP), los estándares HACCP, las mejoras contínuas, supervisión estricta y colaboración con líderes de la industria, para seguir a la vanguardia del bienestar animal. Elevar el estándar en el cuidado animal protocolos específicos de bienestar animal. Los frigoríficos de carne también deben cumplir con los requisitos de la BSE.
El detalle de este control y procesos de reporte asociado se encuentra públicamente descrito a través del Informe de Impacto Social y Desarrollo Sustentable de Arcos Dorados, el cual puede ser consultado a través del sitio web: https://www.arcosdorados.com/recetadelfuturo/reporte-2024/”.
[76]. Es de recordar que la jurisprudencia constitucional ha señalado de manera reiterada que el derecho de petición exige una respuesta clara, precisa y congruente con lo solicitado, pero no impone al destinatario la obligación de suministrar información inexistente ni de responder en los términos exactos esperados por el peticionario. Lo relevante es que la contestación permita comprender la posición del obligado respecto del asunto consultado y entregue la información disponible sobre la materia.
[77] Para fundamentar lo afirmado, señaló el siguiente enlace: https://www.arcosdorados.com/wpcontent/uploads/2025/07/AD_2024_ESP.pdf”.
[78] “Respecto al total de la carne comercializada por Home Burgers. Indique la cantidad y porcentaje de carne vacuna adquirida a través de estos proveedores”.
[79]Información sobre “Municipios, veredas y predios de origen de los ganados que abastecen la carne vacuna vendida en Colombia (o ciudades donde opere el restaurante)”.
[80] “Indique los lugares de acopio (municipio, vereda y predio) y si los proveedores tienen fincas de acopio”.
[81] “¿Qué mecanismos de reducción del impacto ambiental implementa en la producción o comercialización de carne de res en Colombia”
[82] “¿Qué estándares de sostenibilidad o protocolos relacionados con la deforestación cero implementa en la producción o comercialización de carne de res en Colombia?”.
[83] “¿Con qué tipo de certificados ambientales (tipo y cobertura) cuentan los productos cárnicos comercializados por Comidas Varpel S.A.S. -Home Burgers?”
[84] “En el marco del normal desarrollo de su negocio, especifique: ¿Qué estándares de sostenibilidad, certificados o protocolos relacionados con la deforestación cero exige de sus proveedores?”
[85] “¿Qué acciones específicas desarrolla para garantizar la trazabilidad libre de deforestación de la carne comercializada por Comidas Varpel S.A.S.?”
[86] “En el marco del normal desarrollo de su negocio, especifique: ¿Qué mecanismos de monitoreo y evaluación ambiental implementan para sus proveedores de carne? ¿Qué acciones específicas desarrolla para garantizar la trazabilidad de la carne de res en su comercio, de tal modo que pueda constatar que no se encuentra asociada a fenómenos de deforestación en nuestro país?”.
[87] “¿Qué información sobre sostenibilidad y trazabilidad está disponible públicamente para los consumidores?”.
[88] “Identifique las fuentes y metodología para la construcción de su Informe de Sostenibilidad en materia de trazabilidad de la carne en Colombia”
[89] “Información sobre “Municipios, veredas y predios de origen de los ganados que abastecen la carne vacuna vendida en Colombia (o ciudades donde opere el restaurante)”.
[90] “Indique los lugares de acopio (municipio, vereda y predio) y si los proveedores tienen fincas de acopio”.
[91] “Indique el porcentaje de carne adquirida a través de concentraciones, centrales de abasto, frigoríficos u otros canales indirectos”.
[92] “¿Qué mecanismos de reducción del impacto ambiental implementa en la producción o comercialización de carne de res en Colombia?”.
[93] “¿Con qué tipo de certificados ambientales (tipo y cobertura) cuentan los productos cárnicos comercializados por [Comidas Varpel S.A.S. -Home Burgers] / Arcos Dorados en Colombia?”.
[94] “¿Qué mecanismos de monitoreo y evaluación ambiental implementan para sus proveedores de carne de res y cadenas de valor en Colombia?”.
[95] “¿Qué acciones específicas desarrolla para garantizar la trazabilidad libre de deforestación de la carne comercializada por [Arcos Dorados en Colombia y/o Comidas Varpel S.A.S.]?”.