T-355-26 REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL
Sala Octava de Revisión
SENTENCIA T- 355 DE 2026
Referencia: expediente T-12.060.781
Acción de tutela interpuesta por Jaime Machado Medina en contra del Juzgado 75 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá
Magistrada sustanciadora:
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Manizales, Caldas, treinta (30) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por las magistradas Natalia Ángel Cabo y Paola Andrea Meneses Mosquera, quien la preside, así como por el magistrado Miguel Polo Rosero, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, dicta la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión del fallo de tutela del 11 de febrero de 2026, proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala Civil, que confirmó la decisión del Juzgado 023 Civil del Circuito de Bogotá.
1. Síntesis de la decisión. La Sala revisó la acción de tutela presentada por Jaime Machado Medina contra el Juzgado 75 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá. El accionante cuestionó la sentencia del 29 de septiembre de 2025, mediante la cual dicha autoridad negó las pretensiones formuladas dentro de un proceso de prescripción extintiva relacionado con un crédito de vivienda otorgado bajo el sistema de Unidad de Poder Adquisitivo Constante (en adelante, UPAC), respaldado mediante pagaré y garantizado con hipoteca. El juzgado consideró que, como el crédito no había sido reestructurado conforme a la Ley 546 de 1999, la obligación no era exigible y, por tanto, no podía iniciarse el cómputo del término de prescripción. A juicio del accionante, esta decisión vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad jurídica y al acceso a la administración de justicia, por incurrir en defectos sustantivo, fáctico, por desconocimiento del precedente constitucional y violación directa de la Constitución Política.
2. En primera instancia, el Juzgado 023 Civil del Circuito de Bogotá negó el amparo al considerar que la providencia cuestionada se encontraba razonablemente sustentada en las normas y la jurisprudencia aplicables. Asimismo, sostuvo que la Sentencia T-355 de 2025 producía efectos únicamente para el caso concreto y que, por ello, no podía configurarse un desconocimiento del precedente constitucional. Esta decisión fue confirmada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
3. Antes de abordar el fondo del asunto, la Sala concluyó que la condonación de la obligación efectuada por Bancolombia S.A. el 9 de diciembre de 2025 constituye una situación sobreviniente que modificó parcialmente el objeto de la controversia. En efecto, dicha circunstancia extinguió la obligación cuya prescripción se pretendía. Por tanto, se configuró una carencia actual de objeto respecto de las pretensiones dirigidas a dejar sin efectos la sentencia cuestionada y a obtener un nuevo pronunciamiento sobre la prescripción, pues este carecería de utilidad práctica. Sin embargo, la carencia actual de objeto no es total, porque la hipoteca abierta sin límite de cuantía constituida a favor de la entidad financiera continúa inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria, y el certificado de paz y salvo precisó que no constituye autorización para cancelarla. Con todo, la Sala examinó de fondo los defectos atribuidos a la providencia judicial cuestionada, con el fin de establecer si, al momento de ser proferida, vulneró los derechos fundamentales del accionante. En consecuencia, la situación sobreviniente no impidió el estudio de los defectos alegados, sino que determinó el alcance del remedio constitucional.
4. Al estudiar el fondo del asunto, la Sala concluyó que la providencia cuestionada incurrió en tres defectos. Primero, se configuró un defecto sustantivo, porque el Juzgado 75 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá atribuyó a la ausencia de reestructuración del crédito un efecto que no está previsto en la Ley 546 de 1999 ni en los artículos 789 del Código de Comercio y 2535 del Código Civil, al supeditar a esa circunstancia el inicio del término de prescripción de la acción cambiaria. Segundo, incurrió en desconocimiento del precedente constitucional, pues la Sentencia T-355 de 2025 había establecido previamente, frente a un supuesto sustancialmente análogo, que la falta de reestructuración de un crédito de vivienda otorgado bajo el sistema UPAC puede incidir en su cobro ejecutivo, pero no constituye una condición para el inicio del cómputo de la prescripción. Pese a ello, el juzgado no examinó dicho precedente ni expuso razones para distinguirlo o apartarse de su ratio decidendi.
5. Tercero, la Sala encontró configurado un defecto fáctico en su dimensión negativa. Esto porque, aunque el juzgado profirió sentencia anticipada al considerar que no existían pruebas pendientes por practicar, no esclareció ni valoró integralmente circunstancias determinantes para establecer el inicio y curso del término prescriptivo. En particular, no examinó suficientemente los posibles actos de interrupción, suspensión o renuncia de la prescripción y no resolvió materialmente la excepción de interrupción natural formulada por Bancolombia S.A. Para la Sala, estas omisiones incidieron de manera determinante en la decisión y vulneraron el derecho fundamental de Jaime Machado Medina al debido proceso. Por el contrario, la Sala descartó la configuración de un defecto autónomo por violación directa de la Constitución.
6. En consecuencia, la Sala revocó las sentencias de tutela objeto de revisión y concedió el amparo del derecho fundamental de Jaime Machado Medina al debido proceso. No obstante, en atención a la extinción de la obligación por condonación, ocurrida con posterioridad a la providencia cuestionada, declaró la carencia actual de objeto por situación sobreviniente respecto de la pretensión dirigida a dejar sin efectos dicha providencia y a obtener un nuevo pronunciamiento sobre la prescripción. En su lugar, advirtió al Juzgado 75 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá sobre el deber de observar el precedente fijado en la Sentencia T-355 de 2025 y ordenó a Bancolombia S.A. otorgar la escritura de cancelación de la hipoteca abierta constituida por los accionantes y gestionar su inscripción, siempre que dicha garantía no respalde otras obligaciones vigentes.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos relevantes del caso
7. Crédito hipotecario. En 1994, Jaime Machado Medina y Lesvi Sánchez Rozo adquirieron el apartamento 101 identificado con el folio de matrícula inmobiliaria núm. 50S-40155218 y celebraron con la entonces Corporación de Ahorro y Vivienda Conavi, hoy Bancolombia S.A., un contrato de mutuo para adquisición de vivienda bajo el sistema UPAC, respaldado mediante el pagaré núm. 2099-320029531. Para garantizar sus obligaciones, mediante la escritura pública núm. 4077 del 2 de agosto de 1994 de la Notaría 23 del Círculo de Bogotá, constituyeron a favor de la entidad financiera una hipoteca abierta sin límite de cuantía sobre el inmueble.
8. En 1995, la entidad financiera promovió un proceso ejecutivo hipotecario para obtener el pago de la obligación. Posteriormente, el Juzgado 13 Civil del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 20 de marzo de 2007, (i) declaró terminado el “proceso ejecutivo de carácter hipotecario”, (ii) ordenó el levantamiento de las medidas cautelares y (iii) precisó que la obligación permanecía vigente, sin perjuicio de que el acreedor pudiera iniciar un nuevo proceso por una eventual mora posterior al 31 de diciembre de 1999. Lo anterior, con fundamento en la Ley 546 de 1999 y en la jurisprudencia constitucional aplicable a los créditos de vivienda otorgados bajo el sistema UPAC[1].
9. Proceso de extinción de hipoteca por prescripción. El 14 de abril de 2023, Jaime Machado Medina y Lesvi Sánchez Rozo promovieron demanda de prescripción extintiva de la obligación hipotecaria contra Bancolombia S.A. Esto, al considerar que habían transcurrido más de tres años desde la terminación del proceso ejecutivo sin que la entidad financiera hubiera efectuado reclamación alguna, y más de diez años desde la exigibilidad de la obligación cambiaria [2]. El 6 de agosto de 2024, el Juzgado 75 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá admitió la demanda, cuyo trámite se surtió conforme al procedimiento verbal sumario previsto en el artículo 390 del Código General del Proceso (en adelante, CGP) [3]. Posteriormente, mediante auto del 5 de diciembre de 2024, la autoridad judicial anunció que proferiría sentencia anticipada, al considerar que no existían pruebas pendientes de práctica, de conformidad con el artículo 278.2 del CGP. Posteriormente, en sentencia del 29 de septiembre de 2025, el juzgado negó las pretensiones al considerar que, al no haberse reestructurado el crédito conforme a la Ley 546 de 1999, la obligación no era exigible y, por tanto, no podía contabilizarse el término de prescripción.
2. Solicitud de amparo y trámite de la acción de tutela
10. Acción de tutela. Los señores Jaime Machado Medina y Lesvi Sánchez Rozo, por intermedio de apoderado judicial, interpusieron acción de tutela contra el Juzgado 75 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá. A su juicio, la sentencia del 29 de septiembre de 2025, proferida por esa autoridad judicial, incurrió en varios defectos que vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad jurídica y acceso a la administración de justicia.
11. En primer lugar, alegaron la configuración de un defecto sustantivo y el desconocimiento del precedente constitucional, al considerar que el juzgado se apartó injustificadamente de las Sentencias C-955 de 2000, T-606 de 2003 y SU-700 de 2015 de la Corte Constitucional. Según los accionantes, dichas providencias establecieron que “la reestructuración de los créditos de vivienda otorgados bajo el sistema UPAC constituía una obligación legal y constitucional a cargo de las entidades financieras, y no una carga atribuible a los deudores”[4]. Por lo tanto, sostuvieron que el juzgado, “al interpretar que la falta de reestructuración impedía la prescripción de la obligación, y que dicha actuación correspondía a los demandantes, trasladó indebidamente una carga procesal y sustancial que no les correspondía”[5]. A juicio de los accionantes, de esta manera la autoridad judicial “hizo de la exigibilidad un asunto de parte”[6], pues habría establecido que “el generador de la exigibilidad obligacional no es el contrato o la ley, sino una de las partes: el Banco”[7].
12. En segundo lugar, señalaron la existencia de un defecto fáctico, porque la autoridad judicial no habría valorado adecuadamente que: (i) el proceso ejecutivo hipotecario terminó mediante providencia del 20 de marzo de 2007, sin que se hubiera efectuado la reliquidación o reestructuración del crédito conforme a la Ley 546 de 1999; (ii) transcurrieron más de dieciocho años sin actuaciones de cobro o gestiones orientadas al pago de la obligación; y (iii) durante ese periodo la entidad financiera permaneció inactiva tanto judicial como extrajudicialmente. A juicio de los accionantes, estas circunstancias impedían mantener vigente la obligación principal y la garantía hipotecaria.
13. En tercer lugar, afirmaron que la providencia incurrió en violación directa de la Constitución Política. Sostuvieron que la decisión desconoció el principio de seguridad jurídica, consagrado en el artículo 2 de la Constitución Política (en adelante, CP), al mantener vigente una obligación que consideran extinguida y conservar un gravamen hipotecario que, en su criterio, carece de causa y objeto actual. Además, indicaron que se vulneró el artículo 29 de la CP, pues la providencia se habría fundamentado en una interpretación que invierte la carga de la prueba, desconoce la finalidad garantista del proceso y afecta su estabilidad patrimonial y jurídica[8].
14. Finalmente, los accionantes alegaron que la decisión desconoció la prescripción extintiva prevista en el artículo 2536 del Código Civil y sostuvieron que la tutela era procedente, pues, al tratarse de un proceso de mínima cuantía, no contaban con recurso de apelación ni con otro mecanismo judicial idóneo para controvertir la sentencia[9].
15. Con fundamento en lo anterior, Jaime Machado Medina y Lesvi Sánchez Rozo solicitaron: (i) el amparo de sus derechos fundamentales; (ii) dejar sin efectos la sentencia del 29 de septiembre de 2025 dentro del proceso núm. 11001400308120230059900, proferida por el Juzgado 75 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá; (iii) ordenar la expedición de una nueva decisión que declare la prescripción extintiva de la obligación hipotecaria; y (iv) disponer la cancelación definitiva del gravamen hipotecario inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria núm. 50S-40155218[10].
16. Auto de admisión de la acción de tutela. Mediante auto del 18 de diciembre de 2025, el Juzgado 023 Civil del Circuito de Bogotá señaló que inicialmente inadmitió la acción de tutela para que quien manifestó actuar como apoderado allegara el poder debidamente conferido por Jaime Machado Medina y Lesvi Sánchez Rozo. Sin embargo, advirtió que el poder aportado únicamente facultaba al abogado para representar a Jaime Machado Medina. En consecuencia, el juzgado indicó que, para todos los efectos legales, la acción de tutela se entendía desistida respecto de Lesvi Sánchez Rozo[11]. En la misma providencia, vinculó a Bancolombia S.A. al trámite, en su calidad de parte demandada dentro del proceso de prescripción extintiva.
17. Contestaciones de las entidades accionadas y vinculados. Por un lado, el Juzgado 75 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá allegó el expediente del proceso núm. 11001400308120230059900[12]. Por otro lado, Bancolombia S.A. solicitó declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva y, en consecuencia, disponer su desvinculación del trámite. Señaló que los hechos y pretensiones de la acción de tutela se dirigen exclusivamente contra la sentencia proferida por el Juzgado 75 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá, por lo que la presunta vulneración de derechos fundamentales no es atribuible a una acción u omisión de Bancolombia S.A. Asimismo, sostuvo que carece de competencia para modificar, revocar o dejar sin efectos decisiones judiciales. Finalmente, indicó que la tutela contra providencias judiciales es de carácter excepcional y que, en su criterio, los accionantes no acreditaron la existencia de un perjuicio irremediable ni una vulneración imputable a la entidad financiera[13].
18. Sentencia de primera instancia. El 19 de enero de 2026, el Juzgado 023 Civil del Circuito de Bogotá negó el amparo solicitado[14]. Consideró que la sentencia cuestionada no incurrió en los defectos alegados, pues estuvo sustentada en las pruebas recaudadas, respetó el procedimiento aplicable y se apoyó en la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia sobre la exigibilidad de los créditos otorgados bajo el sistema UPAC que no fueron reestructurados conforme a la Ley 546 de 1999[15]. Asimismo, señaló que la Sentencia T-355 de 2025 de la Corte Constitucional producía efectos únicamente para el caso concreto y, por tanto, no se configuraba un desconocimiento del precedente constitucional. En consecuencia, concluyó que no se acreditó una actuación u omisión atribuible al Juzgado 75 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá que vulnerara los derechos fundamentales invocados.
19. Escrito de impugnación. La parte accionante impugnó la sentencia de primera instancia y reiteró que la providencia judicial cuestionada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad jurídica y al acceso a la administración de justicia. Los peticionarios manifestaron que agotaron el proceso declarativo de prescripción extintiva y que, al tratarse de un asunto de única instancia, no contaban con recurso de apelación para controvertir la decisión que mantuvo vigente la obligación hipotecaria. Añadieron que la inactividad de la entidad acreedora durante más de dieciocho años no podía trasladarse en perjuicio de los deudores ni justificar la permanencia indefinida de la obligación[16].
20. Asimismo, alegaron que la decisión de primera instancia desconoció el precedente fijado en la Sentencia T-355 de 2025 de la Corte Constitucional en que se estableció que condicionar el inicio del término de prescripción de la acción cambiaria a la reestructuración del crédito UPAC resulta incompatible con los principios de legalidad y seguridad jurídica. Además, reiteraron que la sentencia del 29 de septiembre de 2025, proferida por el Juzgado 75 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá, incurrió en un defecto sustantivo, pues los artículos 789 del Código de Comercio y 2535 del Código Civil no condicionan la exigibilidad de la obligación cambiaria ni el cómputo de la prescripción a la reestructuración del crédito. A su juicio, esta tesis desnaturaliza el alcance de la Ley 546 de 1999 y conduce, en la práctica, a hacer imprescriptible la obligación. En consecuencia, solicitaron revocar la sentencia del 19 de enero de 2026, conceder el amparo, dejar sin efectos la providencia del 29 de septiembre de 2025 y ordenar que se profiriera una nueva decisión conforme a las normas citadas y a la Sentencia T-355 de 2025[17].
21. Sentencia de segunda instancia. El 11 de febrero de 2026, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó la sentencia de primera instancia[18]. Para ello, reiteró que la providencia cuestionada estaba sustentada en un análisis jurídico y probatorio razonable, apoyado en las normas sobre prescripción, hipoteca y créditos UPAC, así como en la Ley 546 de 1999 y en las sentencias STC9367-2019 y STC2122-2021 de la Corte Suprema de Justicia. Añadió que la decisión adoptada por el Juzgado 75 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá no era arbitraria ni caprichosa y, por tanto, no se configuraban los defectos sustantivo ni fáctico alegados.
22. Selección del expediente por la Corte Constitucional. El 30 de junio de 2026, la Sala de Selección Seis seleccionó para revisión el expediente correspondiente al trámite de tutela de la referencia y lo repartió, por sorteo público, a la suscrita magistrada ponente.
23. Actuaciones en sede de revisión. Mediante Auto del 6 de agosto de 2026, la suscrita magistrada sustanciadora dispuso la práctica de pruebas para adoptar una decisión de fondo[19]. A continuación, se resume el objeto del requerimiento probatorio, así como las respectivas respuestas recibidas.
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Sujeto que interviene |
Resumen de la intervención |
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Jaime Machado Medina
Se le requirió brindar información acerca de: (i) las actuaciones realizadas después de la sentencia del 20 de marzo de 2007 en relación con el crédito hipotecario; (ii) las comunicaciones, requerimientos o gestiones de cobro efectuadas por Conavi o Bancolombia S.A.; (iii) la fecha en que fueron notificados de la sentencia del 29 de septiembre de 2025 y las actuaciones promovidas contra dicha providencia; (iv) las consecuencias jurídicas, económicas y patrimoniales derivadas de la permanencia del gravamen hipotecario; (v) la fecha de presentación de la acción de tutela; y (vi) la titularidad del inmueble gravado y de otros bienes inmuebles. Asimismo, se les solicitó aportar los respectivos soportes documentales. |
A través de correo del 19 de agosto de 2026[20], el accionante, mediante apoderado judicial, informó que (i) después de la sentencia del 20 de marzo de 2007 no efectuó pagos, ni solicitó refinanciaciones y no realizó otras actuaciones relacionadas con el crédito hipotecario; (ii) tampoco recibió comunicaciones, requerimientos, extractos, propuestas de reestructuración o gestiones de cobro por parte de Conavi o Bancolombia S.A.; (iii) fue notificado de la sentencia del 29 de septiembre de 2025 el mismo día de su expedición; (iv) no interpuso recursos contra esa providencia, debido a que el proceso era de mínima cuantía y de única instancia, ni presentó solicitudes de aclaración, corrección, adición o nulidad, por considerar que estos mecanismos no eran idóneos para cuestionar el defecto sustantivo alegado; y (v) aseguró que la acción de tutela fue presentada el 12 de diciembre de 2025.
Asimismo, señaló que (vi) la permanencia de la hipoteca afecta su única vivienda familiar, pues limita su disposición y la posibilidad de utilizarla como garantía; (vii) Jaime Machado Medina no cuenta con vinculación laboral y presenta graves afecciones de salud que, según afirmaron, le impiden generar ingresos; (viii) Lesvi Sánchez Rozo obtiene ingresos variables mediante la venta informal de productos de belleza; (ix) esta última es titular únicamente del 14,28 % de un predio rural en Villavicencio, adquirido por sucesión, sobre cuya cuota pesa una medida cautelar de embargo; y (x) consideran que la vigencia del gravamen hipotecario mantiene vigente el riesgo de una eventual ejecución sobre su vivienda y agrava su situación económica y patrimonial.
Por su parte, el accionante aportó, entre otros documentos, los certificados de tradición y libertad de los inmuebles, el soporte de radicación y admisión de la acción de tutela y un resumen de su historia clínica.
Respecto al certificado del folio de matrícula inmobiliaria núm. 50S-40155218, expedido el 13 de agosto de 2026, da cuenta de que sobre el inmueble pesan los siguientes gravámenes y limitaciones vigentes: (i) una hipoteca abierta sin límite de cuantía en mayor extensión, constituida por la sociedad constructora Compañía de Inversiones Bogotá S.A. a favor de Conavi mediante la escritura pública núm. 6901 del 31 de diciembre de 1992 (anotación 1); (ii) la hipoteca abierta sin límite de cuantía constituida por Jaime Machado Medina y Lesvi Sánchez Rozo a favor de Conavi Banco Comercial y de Ahorros S.A., hoy Bancolombia S.A., mediante la escritura pública núm. 4077 del 2 de agosto de 1994 (anotación 4); y (iii) el patrimonio de familia constituido en favor de los propietarios y sus hijos menores (anotación 5). Asimismo, consta que el embargo hipotecario decretado en 1997 por el Juzgado 13 Civil del Circuito de Bogotá (anotación 6) fue cancelado en 2009 (anotación 7), y que en esta última anotación Conavi figura como fusionado con Bancolombia S.A. |
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Juzgado 75 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá
Se le requirió allegar copia digital del proceso promovido por Jaime Machado Medina y Lesvi Sánchez Rozo contra Bancolombia S.A., que culminó con la sentencia del 29 de septiembre de 2025 |
Mediante correo del 11 de agosto de 2026[21], la autoridad judicial remitió copia del expediente núm. 11001400308120230059900 correspondiente al proceso promovido por los señores Jaime Machado Medina y Lesvi Sánchez Rozo en contra de Bancolombia S.A.
Mediante sentencia del 29 de septiembre de 2025, el Juzgado 75 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá negó las pretensiones formuladas dentro del proceso de prescripción extintiva promovido por Jaime Machado Medina y Lesvi Sánchez Rozo contra Bancolombia S.A. En particular, la autoridad judicial señaló que (i) la obligación estaba respaldada mediante un pagaré y garantizada con hipoteca; (ii) conforme al artículo 2535 del Código Civil, el término de prescripción comienza a correr desde que la obligación se hace exigible; (iii) de acuerdo con la Ley 546 de 1999 y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que citó en el mencionado fallo, la reestructuración constituye un presupuesto para la exigibilidad de los créditos de vivienda otorgados bajo el sistema UPAC; (iv) en el expediente no se acreditó que Bancolombia S.A. hubiera efectuado la reestructuración del crédito; y (v) en consecuencia, al considerar que la obligación no era exigible, concluyó que no existía una fecha cierta a partir de la cual pudiera iniciarse el cómputo del término prescriptivo. Por esta razón, negó tanto la pretensión de prescripción como la cancelación del gravamen hipotecario.
Asimismo, el juzgado indicó que Bancolombia S.A. (vi) había alegado que correspondía a los deudores adelantar las gestiones necesarias para obtener la reestructuración y que estos no acudieron a la entidad para tal efecto; y (vii) propuso, entre otras excepciones, la interrupción natural de la prescripción, al considerar que los demandantes reconocieron la obligación al manifestar que no la habían pagado.
Finalmente, la autoridad judicial profirió sentencia anticipada con fundamento en el numeral 2 del artículo 278 del CGP, al estimar que no existían pruebas por practicar. Es de anotar que en la providencia se consignaron dos fechas distintas respecto del vencimiento de la última cuota del pagaré: en la exposición de los hechos se indicó el 19 de octubre de 2004, mientras que en el análisis probatorio se señaló el 19 de octubre de 2014. |
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Juzgado 13 Civil del Circuito de Bogotá
Se le requirió remitir copia del proceso ejecutivo hipotecario promovido por la Corporación de Ahorro y Vivienda Conavi, hoy Bancolombia SA, contra Jaime Machado Medina y Lesvi Sánchez Rozo, que culminó con la sentencia del 20 de marzo de 2007. |
A través de correo del 13 de agosto de 2026[22], el juzgado informó que (i) en ese despacho cursó el proceso ejecutivo con título hipotecario promovido por Conavi Banco Comercial y de Ahorros S.A. contra Jaime Machado Medina y Lesvi Sánchez Rozo, radicado bajo el núm. 110013103013199600332-01; (ii) el expediente fue archivado definitivamente el 1 de febrero de 2012; (iii) con ocasión de la acción de tutela y del auto que decretó pruebas, solicitó al Archivo Central la búsqueda y el desarchivo del expediente; y (iv) una vez el expediente sea puesto a disposición del juzgado, procederá a su digitalización y remisión. Asimismo, adjuntó copia del formulario enviado al Archivo Central para efectos de su búsqueda y desarchivo. |
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Bancolombia S.A.
Se requirió a Bancolombia S.A. para que informara sobre el estado actual del crédito hipotecario, su eventual reliquidación o reestructuración, las gestiones de cobro realizadas después de la sentencia del 20 de marzo de 2007 y las actuaciones efectuadas por los deudores con posterioridad a esa decisión. Asimismo, se solicitó aportar los documentos que respaldan la obligación y los soportes correspondientes. |
Mediante correo del 18 de agosto de 2026[23], Bancolombia SA, por medio de apoderado, solicitó ampliar el término para allegar las pruebas requeridas mediante el auto del 6 de agosto de 2026. Fundamentó su solicitud en que la información corresponde, en su mayoría, a documentos de archivo de hace más de tres décadas, cuya localización y verificación requiere consultar archivos antiguos y coordinar distintas dependencias de la entidad, por lo que informó que no resulta posible atender el requerimiento dentro del plazo inicialmente concedido. |
24. Auto que resolvió solicitud de ampliación de términos. Mediante auto del 21 de agosto de 2026, la suscrita magistrada sustanciadora concedió a Bancolombia S.A. un plazo adicional de 5 días hábiles, contados a partir de la notificación de la providencia, para que allegara las pruebas requeridas mediante auto de 6 de agosto del 2026[24]. Posteriormente, mediante correo electrónico del 4 de septiembre de 2026, Bancolombia S.A. allegó escrito en el que informó que (i) la obligación hipotecaria núm. 20990029531, a nombre de Jaime Machado Medina y Lesvi Sánchez Rozo, se encuentra totalmente saldada y a paz y salvo, de conformidad con la certificación expedida por el banco el 1 de septiembre de 2026; (ii) la obligación fue extinguida mediante condonación el 9 de diciembre de 2025, por hacer parte de una cartera improductiva titularizada, razón por la cual actualmente no existe registro de la obligación a nombre de Jaime Machado Medina y Lesvi Sánchez Rozo; (iii) en sus archivos no reposan documentos que permitan establecer que el crédito hubiera sido reliquidado o reestructurado, ni las razones por las cuales dichas actuaciones no se realizaron; y (iv) con posterioridad a la sentencia del 20 de marzo de 2007 no se promovieron procesos judiciales relacionados con la obligación, ni se registraron negociaciones, refinanciaciones o pagos efectuados por los deudores[25].
25. Intervenciones durante el trámite ante la Corte Constitucional. Efectuado el traslado de las pruebas[26], solo se recibió la intervención de la parte accionante[27]. En términos generales, el interviniente reiteró los argumentos expuestos durante el trámite de tutela y señaló que: (i) la información remitida por el Juzgado Trece Civil del Circuito de Bogotá, según la cual el proceso ejecutivo hipotecario fue archivado definitivamente el 1 de febrero de 2012, confirma la prolongada inactividad de Bancolombia S.A. frente al cobro de la obligación; (ii) la entidad financiera no habría efectuado la reestructuración del crédito en los términos de la Ley 546 de 1999, ni adelantado gestiones extrajudiciales de cobro o un nuevo proceso ejecutivo después de la sentencia del 20 de marzo de 2007; (iii) la solicitud de Bancolombia S.A. de un plazo adicional para consultar archivos históricos evidenciaría, según los accionantes, que la obligación no fue gestionada activamente durante varios años; y (iv) el expediente remitido por el Juzgado Setenta y Cinco de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá respaldaría el defecto sustantivo alegado contra la sentencia del 29 de septiembre de 2025.
26. Con fundamento en lo anterior, los accionantes solicitaron conceder el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y a la vivienda digna, dejar sin efectos la sentencia cuestionada y ordenar la cancelación del gravamen hipotecario inscrito sobre el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria núm. 50S-40155218.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
27. La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241.9 de la Constitución, en concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
2. Cuestión previa. Carencia actual de objeto por hecho sobreviniente
28. La carencia actual de objeto (en adelante, CAO) “es un fenómeno jurídico que se presenta cuando la causa que motivaba la solicitud de amparo se extingue o ha cesado”[28]. Cuando esto sucede, “el pronunciamiento del juez de tutela con respecto a las pretensiones de la acción […] se torna innecesario”[29], pues no tendría ningún efecto o sería ineficaz. La jurisprudencia constitucional ha identificado tres eventos en los que se presenta la carencia actual de objeto, a saber: (i) cuando existe un hecho superado; (ii) cuando se presenta un daño consumado; y (iii) cuando acaece una situación sobreviniente[30].
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Tipología de la carencia actual de objeto |
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Daño consumado |
Se configura cuando “la amenaza o la vulneración del derecho fundamental ha producido el perjuicio que se pretendía evitar con la acción de tutela”[31]. En este evento, “ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela imparta una orden para retrotraer la situación”[32]. La Corte ha señalado que “el daño causado debe ser irreversible” para que el juez de tutela pueda declarar la CAO[33]. Por esto, esta categoría ha sido aplicada, entre otras situaciones, cuando el accionante fallece como consecuencia de la vulneración alegada en la tutela[34]. |
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Hecho superado |
Se presenta cuando la amenaza o vulneración cesan porque el accionado, “por un acto voluntario”, satisfizo la prestación solicitada por el accionante[35]. En concreto, “el hecho superado se presenta cuando, por la acción u omisión (según sea el requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se supera la afectación de tal manera que ‘carece’ de objeto el pronunciamiento del juez. La jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión hecho superado en el sentido obvio de las palabras que componen la expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en la tutela”[36]. Esta hipótesis puede configurarse, por ejemplo, cuando la accionada reconoce las prestaciones o suministra los servicios de salud solicitados “antes de que el juez constitucional emita una orden en uno u otro sentido”[37]. |
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Hecho sobreviniente |
Esta categoría de CAO fue diseñada con la finalidad de “cubrir escenarios que no encajan en las categorías” de daño consumado o de hecho superado[38]. En ese sentido, “remite a cualquier ‘otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío’”[39]. Por tanto, no es “una categoría homogénea y completamente delimitada”[40]. Este evento puede configurarse, por ejemplo, en los siguientes supuestos: (i) el accionante “asumió la carga que no le correspondía”[41], (ii) el accionante perdió el interés en el resultado del proceso[42] o (iii) “un tercero –distinto al accionante y a la entidad demandada– ha logrado que la pretensión de la tutela se satisfaga en lo fundamental”[43]. |
29. Asimismo, esta Corporación ha establecido que la carencia actual de objeto debe examinarse frente a cada una de las pretensiones formuladas en la acción de tutela, y no respecto de la solicitud de amparo considerada en su conjunto. Por tanto, un hecho ocurrido durante el trámite puede tornar inocua una orden judicial específica sin extinguir la totalidad de la controversia, cuando subsisten otras pretensiones o efectos jurídicos frente a los cuales una decisión del juez constitucional conserva utilidad. En tales eventos, procede declarar la carencia actual de objeto únicamente respecto de las pretensiones afectadas y pronunciarse de fondo sobre las demás. [44]. Así, por ejemplo, en la Sentencia T-352 de 2022, la Corte encontró que una autoridad judicial incurrió en un defecto sustantivo al exigir requisitos no previstos en el artículo 38 de la Ley 1996 de 2019. No obstante, como el proceso cuestionado había culminado y la pretensión se tramitaba en otro proceso judicial, declaró la carencia actual de objeto respecto de esa autoridad, se abstuvo de dejar sin efectos su providencia y le advirtió que, en futuras demandas, se ciñera estrictamente a lo previsto en la ley. Asimismo, ordenó a una autoridad distinta de la accionada adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva la protección.
30. Introducción. Antes de abordar el análisis de procedencia y, de ser el caso, el problema jurídico de fondo, la Sala debe determinar si la información allegada por Bancolombia S.A. en sede de revisión da lugar a la configuración de una carencia actual de objeto. En particular, la entidad expresó que la obligación hipotecaria núm. 20990029531, de la que son titulares Jaime Machado Medina y Lesvi Sánchez Rozo, fue extinguida mediante condonación el 9 de diciembre de 2025 y que actualmente se encuentra a paz y salvo.
31. Postura de la Sala sobre la carencia actual de objeto por situación sobreviniente. La Sala considera que la condonación de la obligación constituye una situación sobreviniente que configura una carencia actual de objeto parcial. Para determinar su alcance, es necesario distinguir entre (i) la pretensión relacionada con la extinción de la obligación principal y (ii) la permanencia del gravamen hipotecario inscrito sobre el inmueble.
32. Por un lado, en relación con la obligación principal, la Sala considera que la condonación torna innecesario adoptar una orden dirigida a que el juez ordinario determine nuevamente su eventual extinción por prescripción. En efecto, la obligación cuya prescripción pretendían los accionantes fue extinguida posteriormente por decisión de la entidad acreedora. Por tanto, ordenar la reapertura del proceso ordinario con el único propósito de establecer si dicha obligación también se había extinguido por prescripción carecería actualmente de utilidad práctica. En consecuencia, respecto de las pretensiones dirigidas a que se deje sin efectos la sentencia del 29 de septiembre de 2025 y a que se profiera una nueva decisión que declare la prescripción de la obligación, se configura una carencia actual de objeto por situación sobreviniente. Esto, por cuanto la extinción de la obligación provino de la decisión de un tercero, distinto al accionante y a la autoridad judicial accionada, que satisfizo en lo fundamental esa pretensión.
33. Por otro lado, la situación es distinta respecto del gravamen hipotecario. En efecto, según el certificado de tradición aportado en sede de revisión, sobre el inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria núm. 50S-40155218 permanece inscrita la hipoteca constituida por los accionantes mediante la escritura pública núm. 4077 del 2 de agosto de 1994 a favor de Conavi Banco Comercial y de Ahorros S.A., hoy Bancolombia S.A. (anotación 4). Ahora bien, se trata de una hipoteca abierta sin límite de cuantía, esto es, de una garantía que no se circunscribe a una obligación determinada, sino que puede respaldar otras obligaciones a cargo de los deudores. Por lo tanto, su vigencia no cesa automáticamente con la extinción de una obligación específica. Por el contrario, su cancelación exige que el acreedor otorgue la escritura pública correspondiente y que esta se inscriba en el registro, de conformidad con el artículo 2457 del Código Civil.
34. A ello se suma que el certificado de paz y salvo expedido por Bancolombia S.A. precisó que “[esta certificación no representa autorización para la cancelación de la hipoteca constituida a favor del banco]”[45]. Así, mientras la cancelación no ocurra, el gravamen continúa siendo oponible frente a terceros y reduce las posibilidades de que el inmueble sea admitido como garantía de otras obligaciones o de que sea enajenado. En consecuencia, subsiste un efecto jurídico concreto respecto del cual una decisión del juez constitucional puede producir efectos útiles. Con todo, la Sala precisa que la hipoteca abierta en mayor extensión constituida en 1992 por la sociedad constructora del inmueble (anotación 1) no garantiza la obligación de los accionantes. Además, no fue objeto del proceso ordinario ni de las pretensiones de esta acción, que se circunscribieron a la hipoteca constituida mediante la escritura pública núm. 4077 de 1994. Por tanto, no será objeto del presente pronunciamiento.
35. Ahora bien, la carencia actual de objeto parcial no impide a la Sala examinar de fondo la sentencia del 29 de septiembre de 2025, por dos razones. En primer lugar, la condonación de la obligación se produjo el 9 de diciembre de 2025, esto es, con posterioridad a esa sentencia. Por tanto, aunque dicho hecho modificó la situación actual del accionante, no incide en la determinación de si el juzgado vulneró sus derechos fundamentales al momento de decidir, pues la eventual configuración de los defectos alegados debe valorarse frente a las circunstancias existentes cuando se profirió la providencia objeto de cuestionamiento. En segundo lugar, este examen permite precisar el alcance del precedente constitucional aplicable y prevenir que situaciones similares se repitan[46]. Por tanto, la Sala se pronunciará sobre cada uno de los defectos formulados por el accionante, pues constituyen los cargos que delimitan el objeto de la acción de tutela.
36. No obstante, la condonación sí incide en el remedio constitucional. En efecto, la sentencia cuestionada se limitó a negar que la obligación se hubiera extinguido por prescripción, y la cosa juzgada que de ella se deriva recae únicamente sobre ese asunto. Por tanto, dicha providencia no impide que la obligación se haya extinguido con posterioridad por un modo distinto, como lo es la condonación efectuada por la entidad acreedora. En esa medida, dejar sin efectos la sentencia y ordenar un nuevo pronunciamiento sobre la prescripción no le reportaría al accionante ningún beneficio adicional. Además, el único efecto que subsiste, esto es, la vigencia registral de la hipoteca, no depende de esa sentencia, sino de una actuación del acreedor[47]. Por tanto, de manera análoga a lo decidido en la Sentencia T-352 de 2022, la Sala no dejará sin efectos la providencia cuestionada y orientará la medida de protección al efecto jurídico que aún subsiste.
37. Delimitación del asunto objeto de revisión. El proceso versa sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales de Jaime Machado Medina al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, así como del principio de seguridad jurídica. Según la parte accionante, la sentencia del 29 de septiembre de 2025, proferida por el Juzgado 75 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá, incurrió en varios defectos debido a que: (i) desconoció el precedente constitucional y configuró un defecto sustantivo al apartarse de las Sentencias C-955 de 2000, T-606 de 2003 y SU-700 de 2015, según las cuales la reestructuración de los créditos de vivienda otorgados bajo el sistema UPAC corresponde a las entidades financieras y no constituye una carga de los deudores. Asimismo, señaló que la decisión desconoció la prescripción extintiva prevista en el artículo 2536 del Código Civil; (ii) incurrió en un defecto fáctico, pues no valoró adecuadamente que el proceso ejecutivo hipotecario terminó en 2007, que el crédito no fue reliquidado ni reestructurado y que durante más de dieciocho años la entidad financiera no adelantó actuaciones judiciales o extrajudiciales de cobro; y (iii) vulneró directamente la Constitución, al mantener vigente una obligación que consideran extinguida y un gravamen hipotecario que, en su criterio, carece de causa actual, con afectación de los principios de seguridad jurídica y debido proceso.
38. Por otra parte, aunque la parte accionante invocó también el derecho de acceso a la administración de justicia, la Sala advierte que su presunta afectación se sustenta en los mismos defectos atribuidos a la providencia. En efecto, el accionante sostuvo que la decisión lo exponía a una exigibilidad indefinida del crédito hipotecario, sin un plazo cierto para su extinción, circunstancia que deriva directamente de la interpretación cuestionada en el cargo por defecto sustantivo. Por tanto, este reproche será analizado en el marco del derecho al debido proceso. Asimismo, en sede de revisión el accionante solicitó el amparo del derecho al mínimo vital, solicitud a la que la Sala se referirá al examinar la incidencia de la decisión sobre su situación particular.
39. Estructura de la decisión y metodología. Para estudiar la solicitud de amparo, la Sala empleará la metodología que la Corte Constitucional ha aplicado para estudiar las acciones de tutela en contra de providencias judiciales[48]. Ello, porque materialmente, los accionantes cuestionan directamente la sentencia del 29 de septiembre de 2025, proferida por el Juzgado 75 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá dentro del proceso de prescripción extintiva de la obligación hipotecaria (párr. 10 - 14 supra).
40. Así las cosas, en primer lugar, la Sala estudiará si la solicitud de amparo satisface los requisitos generales de procedibilidad de las acciones de tutela contra providencias judiciales (secc. 4 infra). En segundo lugar, en caso de que la acción sea formalmente procedente, la Sala procederá con el planteamiento del problema jurídico de fondo y se asumirá la revisión sustancial de los derechos invocados, si es del caso (secc. 5 infra). Por último, con fundamento en las conclusiones de dicho análisis, determinará el alcance del remedio constitucional, teniendo en cuenta la situación sobreviniente derivada de la condonación de la obligación y la permanencia del gravamen hipotecario. (secc. 6 infra).
4. Requisitos generales de procedibilidad
41. La procedencia formal de la acción de tutela contra providencias judiciales es excepcional y, como tal, está supeditada al cumplimiento de los siguientes requisitos generales: (i) legitimación en la causa (activa y pasiva), (ii) relevancia constitucional, (iii) inmediatez, (iv) identificación razonable de los hechos, (v) efecto decisivo de la irregularidad procesal, (vi) subsidiariedad y (vii) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela. El incumplimiento de alguna de estas exigencias conduce, necesariamente, a la improcedencia de la solicitud de amparo. A continuación, la Sala examinará si la presente acción de tutela satisface estos requisitos, frente a lo que anticipa que sí están acreditadas tales exigencias.
42. Legitimación en la causa por activa[49]. En este caso, la Sala constata que se cumple el requisito de legitimación en la causa por activa, pues la acción de tutela fue promovida por Jaime Machado Medina, por intermedio de apoderado judicial, en calidad de titular de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia que considera vulnerados por la sentencia del 29 de septiembre de 2025, proferida por el Juzgado 75 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá. Ahora bien, de acuerdo con la Sentencia SU-388 de 2022, el poder para promover la acción de tutela debe (i) constar por escrito, (ii) ser especial, (iii) otorgarse para la defensa de los intereses en un proceso determinado y (iv) conferirse, por regla general, a un abogado habilitado. En este caso, el juez de tutela de primera instancia inadmitió inicialmente la acción para que se allegara el poder correspondiente y, una vez aportado, constató que este facultaba al abogado para representar a Jaime Machado Medina en este trámite (párr. 16 supra). En consecuencia, se satisfacen las exigencias aplicables al apoderamiento judicial en materia de tutela.
43. Por otra parte, la Sala advierte que el juez de primera instancia no debió entender desistida la acción de tutela respecto de la señora Lesvi Sánchez Rozo (párr. 16 supra). Esto, porque el desistimiento es una manifestación expresa de voluntad de la parte que decide renunciar a su pretensión, y no puede deducirse de la ausencia de poder. Esta última circunstancia tiene una consecuencia distinta: impide tener por acreditada la legitimación en la causa por activa de quien no confirió el mandato. En consecuencia, la señora Sánchez Rozo no puede ser tenida como accionante en este trámite. Con todo, ello no impide que los efectos de la presente decisión se proyecten sobre su situación jurídica dada su condición de codeudora de la obligación y copropietaria del inmueble.
44. Legitimación en la causa por pasiva[50]. La Corte constata que el Juzgado 75 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá se encuentra legitimado en la causa por pasiva, en tanto profirió la sentencia del 29 de septiembre de 2025, providencia a la que el accionante atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales por la presunta configuración de varios defectos. Por su parte, Bancolombia S.A. fue vinculado al trámite constitucional en calidad de tercero con interés, debido a que actuó como parte demandada dentro del proceso de prescripción extintiva de la obligación hipotecaria núm. 11001400308120230059900, que culminó con la sentencia objeto de cuestionamiento. En consecuencia, la entidad se encuentra legitimada para intervenir en el trámite de tutela.
45. Inmediatez[51]. La presente solicitud de tutela satisface el requisito de inmediatez. En efecto, la sentencia que negó la prescripción extintiva de la obligación hipotecaria, que es la decisión que se cuestiona en la demanda de tutela, fue proferida el 29 de septiembre de 2025 y la acción de tutela se presentó el 12 de diciembre de 2025[52]. En criterio de la Sala, este plazo es razonable[53].
46. Identificación razonable de los hechos. Las solicitudes de tutela que cuestionen providencias judiciales deben cumplir con “cargas argumentativas y explicativas mínimas”[54]. El accionante tiene la obligación de identificar de manera razonada los hechos que generaron la vulneración, así como los derechos vulnerados[55], y precisar la causal específica o defecto que, de constatarse, “determinaría la prosperidad de la tutela”[56]. Estas cargas no buscan condicionar la procedencia de la acción de tutela al cumplimiento de “exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente”[57], como tampoco implica que se le exija “una carga ritualista al accionante”[58]. Tienen como propósito que el actor exponga con suficiencia y claridad los fundamentos de la transgresión de los derechos fundamentales y evitar que el juez de tutela lleve a cabo “un indebido control oficioso de las providencias judiciales de otros jueces”[59].
47. La Sala corrobora el cumplimiento de estas cargas explicativas mínimas, por cuanto la parte actora identificó de manera expresa los defectos específicos en los que presuntamente habría incurrido la decisión cuestionada. Esto, por cuanto señaló que la sentencia del 29 de septiembre de 2025, proferida por el Juzgado 75 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá (i) desconoció el precedente constitucional y configuró un defecto sustantivo al apartarse de las Sentencias C-955 de 2000, T-606 de 2003 y SU-700 de 2015, según las cuales la reestructuración de los créditos de vivienda otorgados bajo el sistema UPAC corresponde a las entidades financieras y no constituye una carga de los deudores. Asimismo, señaló que la decisión desconoció la prescripción extintiva prevista en el artículo 2536 del Código Civil; (ii) incurrió en un defecto fáctico, pues no valoró adecuadamente que el proceso ejecutivo hipotecario terminó en 2007, que el crédito no fue reliquidado ni reestructurado y que durante más de dieciocho años la entidad financiera no adelantó actuaciones judiciales o extrajudiciales de cobro; y (iii) vulneró directamente la Constitución, al mantener vigente una obligación que consideran extinguida y un gravamen hipotecario que, en su criterio, carece de causa actual, con afectación de los principios de seguridad jurídica y debido proceso (párr. 10 a 14 supra).
48. Relevancia constitucional. A partir de la sentencia SU-573 de 2019[60], la Sala Plena[61] consideró que “la acreditación de esta exigencia, más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una restricción prima facie desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel”. Así, no es suficiente que la parte actora alegue la violación de un derecho fundamental, para entender acreditada tal exigencia. La relevancia constitucional tiene tres finalidades, a saber: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”[62]. Estos criterios jurisprudenciales fueron reiterados, recientemente, por medio de las sentencias SU-128 de 2021, SU-103 y SU-214 de 2022 y SU-067 de 2023.
49. La Corte fijó cuatro criterios de análisis para establecer si una tutela es de relevancia constitucional. Primero, la controversia debe versar sobre un asunto constitucional, que no sea meramente legal y/o económico. Estos deben ser resueltos por medio de los mecanismos dispuestos por el legislador, dado que “le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma imprudente en asuntos de carácter netamente legal o reglamentario”[63], so pena de “involucrarse en [cuestiones] que corresponde definir a otras jurisdicciones”[64]. De acuerdo con este criterio, un asunto carece de relevancia constitucional: (i) cuando la controversia es estrictamente monetaria y con connotaciones particulares y privadas “que no representen un interés general”[65]; y (ii) cuando la discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una disposición normativa “de rango reglamentario o legal”[66], claro está, siempre que de dicha determinación, no “se desprend[a]n violaciones a los derechos [fundamentales] y deberes constitucionales”[67]. Segundo, el caso debe implicar un debate jurídico relacionado con el contenido, alcance y ejercicio de algún derecho fundamental[68]. Tercero, la acción de tutela no busca reabrir debates concluidos en el proceso ordinario. Y, cuarto, la acción de tutela no puede basarse en hechos adversos causados por el propio demandante[69].
50. La Sala considera acreditado el requisito de relevancia constitucional. Esta conclusión se sustenta, principalmente, en cuatro razones. En primer lugar, la controversia no se limita a una discusión de carácter legal, económico o patrimonial, pues exige determinar si la interpretación adoptada por el Juzgado 75 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá sobre la prescripción extintiva vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, así como el principio de seguridad jurídica.
51. En particular, en el caso sub examine se cuestiona que la autoridad judicial hubiera supeditado el inicio del término de prescripción extintiva a la previa reestructuración del crédito otorgado bajo el sistema UPAC. A juicio de la parte accionante, esta interpretación introdujo una condición no prevista en los artículos 789 del Código de Comercio y 2535 y 2536 del Código Civil, dado que permitió que la obligación permaneciera indefinidamente vigente mientras la entidad acreedora no adelantara la correspondiente reestructuración. En esa medida, el asunto trasciende la simple hermenéutica de disposiciones legales y exige determinar si la providencia cuestionada desconoció garantías constitucionales al condicionar el ejercicio de la prescripción a una actuación atribuible al acreedor.
52. En segundo lugar, la controversia presenta una dimensión constitucional concreta a partir de las circunstancias particulares del caso. La obligación se originó en un crédito hipotecario para vivienda pactado en UPAC en 1994. Según lo expuesto por los accionantes, después de la terminación del proceso ejecutivo en 2007 transcurrieron más de dieciocho años sin que la entidad financiera reestructurara el crédito o promoviera actuaciones judiciales o extrajudiciales para su cobro. No obstante, la providencia cuestionada concluyó que la obligación no era exigible y que, por consiguiente, el término prescriptivo no había comenzado a correr. Para la Sala, esta conclusión compromete la seguridad jurídica y la certeza de las relaciones obligacionales, pues permite que la obligación permanezca vigente de manera indefinida.
53. A lo anterior se suma que la decisión cuestionada incide en los derechos a la propiedad y a la vivienda digna del accionante. En efecto, la permanencia del gravamen hipotecario, si bien no impide disponer jurídicamente del inmueble, sí reduce la posibilidad de emplearlo como garantía para obtener financiación y mantiene la eventualidad de una ejecución sobre la vivienda familiar. Aunque existen debates sobre el carácter fundamental del derecho a la propiedad, no puede perderse de vista que se trata, en todo caso, de un derecho constitucional, cuya afectación adquiere especial relevancia cuando recae sobre el inmueble destinado a la vivienda. Además, el asunto se inscribe en un ámbito al que la jurisprudencia de esta Corporación ha otorgado particular importancia. En efecto, entre 1999 y 2003 la Corte examinó la constitucionalidad del sistema UPAC y de la Ley 546 de 1999, y fijó reglas sobre la reliquidación, la reestructuración y la terminación de los procesos ejecutivos relacionados con estos créditos, que condujeron a su transición al sistema UVR (párr. 74 a 86 infra). Por tanto, determinar los efectos que la falta de reestructuración de estos créditos tiene sobre su prescripción trasciende el interés particular de las partes.
54. En tercer lugar, la Sala constata que los accionantes no pretenden reabrir el debate surtido en el proceso ordinario ni utilizar la acción de tutela como una instancia adicional. Por el contrario, acuden al juez constitucional para controvertir los defectos en los que habría incurrido la providencia cuestionada, relacionados con la interpretación adoptada sobre la exigibilidad de la obligación y el cómputo del término de prescripción, así como con la valoración de las circunstancias fácticas y probatorias del caso.
55. Finalmente, la afectación alegada no proviene de hechos atribuibles al accionante. Por el contrario, la incertidumbre sobre la vigencia de la obligación se originó en que la entidad financiera acreedora, durante más de dieciocho años después de la terminación del proceso ejecutivo, no reestructuró el crédito ni adelantó gestión alguna de cobro. Se trata de deberes que el ordenamiento le impone al acreedor y no al deudor, por lo que las consecuencias de su inactividad no pueden trasladarse a este último en su perjuicio. En suma, corresponde al juez constitucional determinar si la interpretación judicial cuestionada desbordó el marco normativo de la prescripción extintiva al supeditar su operatividad a la previa reestructuración del crédito y si, con ello, propició la prolongación indefinida de una obligación garantizada con hipoteca.
56. Efecto decisivo de la irregularidad procesal[70]. Para la Sala en el presente caso dicho requisito no resulta aplicable. Esto, porque los defectos formulados por el accionante, esto es, el sustantivo, el desconocimiento del precedente constitucional, el fáctico y la violación directa de la Constitución, no se refieren a vicios en el trámite del proceso, sino al contenido sustancial y probatorio de la providencia. Si bien el defecto fáctico se relaciona con la decisión de proferir sentencia anticipada, lo cierto es que el reproche no se dirige contra el procedimiento en sí mismo, sino contra la suficiencia del análisis probatorio en que se sustentó la decisión. Por tanto, este cargo corresponde al defecto fáctico en su dimensión negativa y no a una irregularidad de carácter procesal.
57. Subsidiariedad[71]. La Sala encuentra acreditado este requisito. Como se mencionó, la providencia cuestionada corresponde a la sentencia anticipada del 29 de septiembre de 2025, proferida por el Juzgado 75 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá dentro del proceso de prescripción extintiva de la obligación hipotecaria núm. 11001400308120230059900 (párr. 9 supra). Por un lado, dicho proceso, al ser de mínima cuantía, se tramitó en única instancia de conformidad con el artículo 390 del CGP[72]. En consecuencia, contra la sentencia no procedía el recurso de apelación, circunstancia que impedía al accionante controvertir ante el superior funcional los defectos que ahora le atribuye a esa providencia.
58. Asimismo, los mecanismos extraordinarios previstos en el ordenamiento tampoco resultaban idóneos para plantear la controversia constitucional objeto de estudio. En particular, el recurso extraordinario de revisión no constituía un medio adecuado para cuestionar la sentencia por los defectos alegados, relacionado con errores de interpretación o la falta de aplicación de normas sustantivas. En efecto, no se advierte que tales reproches se subsuman en alguna de las causales taxativamente previstas en el artículo 355 del CGP. Igual ocurre con el recurso extraordinario de casación, el cual tampoco resulta procedente para controvertir la sentencia aludida. Esto, porque si bien estamos en presencia de un proceso declarativo, el recurso extraordinario únicamente procede en esa clase de procesos siempre que se dirija (i) contra sentencias en sede de apelación proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia y (ii) cuya cuantía sea igual o superior a los 1000 SMMLV, en virtud con los artículos 334 y siguientes del CGP. En este sentido, por tratarse el caso sub examine de un proceso declarativo de mínima cuantía y de una sentencia de única instancia proferida por un juez municipal, este mecanismo no resulta procedente. Por lo tanto, la parte accionante no disponía de este recurso para controvertir la decisión del 29 de septiembre de 2025.
59. De igual manera, las solicitudes de aclaración, corrección y adición de la sentencia[73], así como la eventual solicitud de nulidad[74], no constituían mecanismos idóneos para controvertir los reproches formulados en la acción de tutela. En efecto, la aclaración, la corrección y la adición tienen finalidades procesales específicas y no están previstas para cuestionar la interpretación jurídica acogida por el juez ni para obtener una nueva valoración de los fundamentos que sustentaron la decisión. Por su parte, la nulidad está encaminada a subsanar vicios procesales en los eventos expresamente previstos por la ley, mientras que los cuestionamientos planteados por la parte accionante se dirigen contra los fundamentos jurídicos y probatorios de la providencia cuestionada.
60. En consecuencia, la Sala concluye que el requisito de subsidiariedad se encuentra acreditado porque (i) la sentencia cuestionada fue proferida en un proceso de mínima cuantía y de única instancia, por lo que no admitía recurso de apelación; (ii) el recurso extraordinario de revisión no resultaba idóneo para plantear los defectos sustantivos, fácticos y constitucionales alegados; (iii) el recurso extraordinario de casación era improcedente atendiendo a la naturaleza, cuantía e instancia del proceso; y (iv) los mecanismos de aclaración, corrección, adición o nulidad no permitían controvertir los fundamentos sustanciales de la providencia. Por tanto, el accionante no contaba con otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para plantear la presunta vulneración de sus derechos fundamentales.
61. Que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela. La Sala constata que la tutela no se dirige contra una decisión de tutela, pues, como se ha dicho reiteradamente, el cuestionamiento recae sobre los presuntos defectos en los que habría incurrido la sentencia del 29 de septiembre de 2025, proferida por el Juzgado 75 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá dentro del proceso de prescripción extintiva de la obligación hipotecaria núm. 11001400308120230059900.
62. Conclusión. Con fundamento en las consideraciones que anteceden, la Sala concluye que la acción de tutela sub examine satisface los requisitos generales de procedibilidad y, en consecuencia, procederá a estudiar de fondo la controversia.
5. Requisitos especiales de procedibilidad
63. La procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales, además de los requisitos generales, supone que la decisión cuestionada incurrió en alguno de los siguientes requisitos específicos o defectos: (i) defecto orgánico, (ii) defecto material o sustantivo, (iii) defecto por desconocimiento del precedente, (iv) defecto procedimental, (v) defecto fáctico, (vi) decisión sin motivación y (vii) violación directa de la Constitución. La acreditación de la configuración de alguno de estos defectos es una condición necesaria para emitir una orden de amparo. Dadas las particularidades del caso sub examine, la Sala advierte que la controversia se concentra en (i) la interpretación de las normas que regulan la prescripción de la obligación garantizada con hipoteca y (ii) la valoración de las pruebas y de las circunstancias relevantes del caso concreto. En consecuencia, el análisis se centrará en la posible configuración de los defectos sustantivo, por desconocimiento del precedente constitucional, fáctico y violación directa de la Constitución Política.
64. Alcance del defecto sustantivo. El defecto sustantivo se traduce en el error en el que incurren los jueces al aplicar o interpretar las disposiciones que rigen el conflicto jurídico sometido a su competencia. Sin embargo, tal error debe ser cualificado, esto es, tener la trascendencia suficiente para comprometer los derechos fundamentales de las partes del proceso o de los terceros interesados[75]. Un error carente de dicha trascendencia, entonces, no tiene la entidad suficiente para justificar la configuración del defecto sustantivo[76].
65. En ese contexto, entre otras hipótesis, la Corte[77] ha considerado que los jueces incurren en defecto sustantivo porque la providencia judicial cuestionada desconoce de manera manifiesta el régimen jurídico aplicable a un caso concreto. Esto ocurre, entre otras, cuando (i) el fundamento de la decisión judicial es una norma que no era aplicable, por impertinente o porque ha perdido vigencia[78]; (ii) el juez interpreta la norma aplicable al caso de forma contraevidente o manifiestamente irrazonable[79]; (iii) la autoridad judicial dejó de aplicar una norma claramente relevante[80] o (iv) el juzgador “incurre en incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la decisión”.
66. Alcance del desconocimiento de precedente constitucional. Conforme a la jurisprudencia constitucional, el precedente judicial se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”[81]. En todo caso, la Corte ha destacado que “no todo el contenido de una sentencia posee fuerza normativa de precedente”. Según la Corte, solo “la ratio decidendi posee fuerza de precedente; en tanto que la parte resolutiva de las sentencias de tutela, en principio, tienen efectos inter partes, mientras que las de una decisión de constitucionalidad, simple o condicionada, deben ser obedecidas por todos los operadores jurídicos” [82]. En este sentido, para “determinar cuándo una o varias sentencias constituyen precedente aplicable, la Corte Constitucional ha establecido los siguientes criterios: (i) que en la ratio decidendi de la sentencia anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; (ii) que la ratio decidendi resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y; (iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente”[83]. En particular, el desconocimiento del precedente constitucional se configura cuando la autoridad judicial no aplica, sin la debida justificación, la regla contenida en la ratio decidendi de una sentencia de esta Corporación que, conforme a los criterios mencionados, constituye precedente para el caso que debe resolver[84].
67. Así las cosas, según la Corte, “los operadores judiciales incurren en desconocimiento del precedente judicial cuando se alejan del precedente establecido en sus propias decisiones (precedente horizontal) o en las sentencias proferidas tanto por los jueces de mayor jerarquía como por los órganos encargados de unificar jurisprudencia (precedente vertical)[85]. Lo anterior, sin que cumplan “con las cargas de transparencia y suficiencia argumentativa exigidas en dichos casos, en procura de salvaguardar los principios de igualdad, de confianza legítima y de seguridad jurídica”[86]. En relación con estas cargas, la jurisprudencia ha precisado que la de transparencia exige que el juez indique expresamente el precedente del que se aparta, en qué consiste y cómo ha sido aplicado; la de suficiencia, que ofrezca una justificación razonable, seria, suficiente y proporcionada para no aplicarlo; y la de idoneidad, que demuestre que los motivos para apartarse del precedente constitucional son más poderosos que la obligación de aplicarlo en el caso concreto[87]. Asimismo, la Corte ha reiterado que “para la configuración de un defecto por desconocimiento del precedente, es preciso que el juez de tutela verifique si la sentencia en relación con la cual se pide la aplicación equivalente es en efecto un precedente para el caso que se analiza y, una vez constatado lo anterior, procederá a valorar si el juez se apartó en forma motivada del mismo. Hecho esto puede concluirse si en realidad existió el defecto en mención”[88].
68. Alcance del defecto fáctico. La jurisprudencia constitucional ha reconocido que, en virtud de los principios de autonomía e independencia judiciales, “los jueces son titulares de la facultad discrecional para valorar y analizar las pruebas en cada caso concreto”[89]. No obstante, “ese amplio margen de evaluación está sujeto de manera inescindible a la Constitución y a la ley”[90]. Por esta razón, la Corte ha precisado que “el examen de los elementos de juicio debe (i) estar inspirado en el mandato de la sana crítica; (ii) atender necesariamente a criterios de objetividad, racionalidad, legalidad, motivación, entre otros, así como (iii) respetar la Constitución y la ley”[91]. De lo contrario, “la discrecionalidad judicial sería entendida como arbitrariedad, hipótesis en la cual se configuraría la causal por defecto fáctico y el juez de tutela podría revocar la providencia atacada”[92]. En todo caso, la Corte ha indicado que “no cualquier clase de yerro tiene la entidad suficiente para afectar la validez de una providencia judicial”[93]. Por tanto, este defecto “se configura cuando la decisión judicial se adopta con fundamento en un estudio probatorio abiertamente insuficiente, irrazonable o arbitrario”[94].
69. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, existen tres hipótesis en las cuales se configura el defecto fáctico: “(i) cuando existe una omisión en el decreto y en la práctica de pruebas que eran necesarias en el proceso; (ii) cuando se hace una valoración defectuosa o contraevidente de las pruebas existentes; y (iii) cuando no se valora en su integridad el acervo probatorio”[95]. Según la Corte, “[e]stas hipótesis pueden materializarse por conductas omisivas o activas, dando lugar a las dos dimensiones del defecto fáctico”[96], a saber: una positiva y otra negativa[97]. La primera se configura cuando el juez fundamenta su decisión en un elemento de juicio no apto para ello[98] o valora las pruebas de forma “manifiestamente irrazonable”[99] y “por completo equivocada”[100]. Por su parte, la segunda se presenta cuando el funcionario judicial “(i) omite o ignora la valoración de una prueba determinante para el caso concreto, sin justificación alguna; (ii) resuelve el caso sin contar con el material probatorio suficiente para justificar su decisión, o (iii) no ejerce la actividad probatoria oficiosa sin justificación alguna”[101].
70. Violación directa de la Constitución Política. El artículo 4 de la Constitución Política de Colombia contiene dos enunciados normativos. El primero de ellos establece que la Constitución es norma de normas. Esto significa, de acuerdo con la jurisprudencia pacífica de esta Corporación, que la Constitución es fuente del derecho aplicable por parte de las personas y los servidores públicos[102]. El segundo enunciado consagra que, en caso de existir una contradicción entre la Constitución y la ley o cualquier otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.
71. En términos generales, este defecto se configura cuando la autoridad judicial: “(a) incurrió en una violación evidente de un derecho fundamental de aplicación inmediata o no lo tuvo en cuenta; (b) vulnera derechos fundamentales porque desatendió el principio de interpretación conforme con los mandatos superiores; y (c) aplica la ley al margen de los preceptos consagrados en la Constitución, o cuando renuncia a aplicar las disposiciones constitucionales con preferencia a las legales vía excepción de inconstitucionalidad cuando hay incompatibilidad entre unas y otras”[103].
72. Problema jurídico. Le corresponde a la Sala de Revisión establecer si la sentencia del 29 de septiembre de 2025, proferida por el Juzgado 75 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá dentro del proceso de prescripción extintiva de la obligación hipotecaria núm. 11001400308120230059900, incurrió en un defecto sustantivo, desconocimiento del precedente constitucional, defecto fáctico y violación directa de la Constitución al negar la prescripción extintiva de la obligación hipotecaria por considerar que la falta de reestructuración impedía su exigibilidad y el inicio del término prescriptivo.
73. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala expondrá el marco normativo y jurisprudencial aplicable a los créditos de vivienda otorgados bajo el sistema UPAC, con especial referencia al deber de reliquidación y reestructuración previsto en la Ley 546 de 1999 (núm. 5.1 infra). En segundo lugar, la Sala estudiará la naturaleza, finalidad y régimen jurídico de la prescripción extintiva, así como las reglas aplicables a la prescripción de la acción cambiaria en el contexto de las obligaciones garantizadas con hipoteca (núm. 5.2 infra). En tercer lugar, se referirá brevemente a la incidencia de estas controversias en los principios de seguridad jurídica y en el derecho a la vivienda digna (núm. 5.3 infra). Finalmente, con fundamento en estas consideraciones, analizará si, en el caso concreto, la sentencia cuestionada incurrió en los defectos alegados (núm. 5.4 infra).
5.1. Marco normativo y jurisprudencial de los créditos de vivienda otorgados bajo el sistema UPAC
74. Origen y finalidad del sistema UPAC[104]. La Unidad de Poder Adquisitivo Constante (UPAC) surgió en el contexto de la emergencia económica declarada mediante el Decreto 444 de 1971, como un mecanismo dirigido a fomentar el ahorro y facilitar la financiación de vivienda[105]. Su finalidad consistía en preservar el poder adquisitivo de los recursos destinados a este propósito mediante una unidad de cuenta cuyo valor se ajustaba periódicamente de acuerdo con las variaciones del poder adquisitivo de la moneda, inicialmente asociadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC)[106].
75. En desarrollo de ese propósito, el sistema buscó canalizar el ahorro interno hacia el mercado hipotecario mediante instrumentos de financiación de mediano y largo plazo[107]. En esa línea, el artículo 3 del Decreto 677 de 1972 consagró el principio del valor constante de los ahorros y préstamos y dispuso su reajuste periódico conforme a las fluctuaciones del poder adquisitivo de la moneda. Asimismo, la administración del sistema estuvo inicialmente a cargo del Banco de la República y, posteriormente, del Banco Central Hipotecario, de conformidad con el Decreto 1026 de 1979.
76. Posteriormente, en la Sentencia C-700 de 1999, la Corte Constitucional concluyó que la regulación del sistema UPAC debía sujetarse a una ley marco expedida por el Congreso, de conformidad con el artículo 150, numeral 19, literal d), de la Constitución. En consecuencia, declaró inexequibles las disposiciones del Decreto 663 de 1993 que estructuraban dicho sistema, al considerar que habían sido expedidas mediante facultades extraordinarias en una materia sometida a reserva de ley marco. Con todo, se trató de una declaratoria de inexequibilidad con efectos diferidos, pues la Corte dispuso que los efectos de la sentencia, “en relación con la inejecución de las normas declaradas inconstitucionales, se difieren hasta el 20 de junio del año 2000, pero sin perjuicio de que, en forma inmediata, se dé estricto, completo e inmediato cumplimiento a lo ordenado por esta Corte en Sentencia C-383 del 27 de mayo de 1999”. Este pronunciamiento constituyó uno de los antecedentes que condujeron a la expedición de la Ley 546 de 1999, mediante la cual se estableció un nuevo marco normativo para los créditos de vivienda y la transición del sistema UPAC.
77. Régimen de reliquidación y reestructuración de los créditos de vivienda. Ley 546 de 1999 y jurisprudencia constitucional[108]. La Ley 546 de 1999 estableció un nuevo régimen para la financiación de vivienda a largo plazo, con el propósito de superar las dificultades derivadas del sistema UPAC y restablecer condiciones más equitativas para los deudores. Entre sus principales medidas se destacan: (i) la creación de la Unidad de Valor Real (UVR), ajustada con base en el Índice de Precios al Consumidor; (ii) la redenominación de los créditos expresados en UPAC a UVR; y (iii) la adopción de mecanismos de alivio, entre ellos la prohibición de capitalizar intereses, la reliquidación de los créditos, su reestructuración cuando resultara necesaria y la terminación de determinados procesos ejecutivos hipotecarios en curso.
78. Asimismo, la Sentencia C-955 de 2000 examinó la constitucionalidad de la Ley 546 de 1999 y declaró inexequibles algunas disposiciones de su artículo 42, entre ellas el término de 90 días previsto para acogerse a la reliquidación y la posibilidad de reanudar el proceso ejecutivo ante una nueva mora. Asimismo, precisó que, una vez efectuada la reliquidación del crédito, la terminación de los procesos ejecutivos comprendidos por el régimen de transición debía operar por ministerio de la ley. Sin embargo, si después de la reliquidación subsistía un saldo insoluto, el acreedor podía promover un nuevo proceso ejecutivo con fundamento en la obligación reliquidada.
79. Posteriormente, las Sentencias T-606 de 2003, T-701 de 2004, T-282 de 2005, T-495 de 2005 y T-258 de 2005 reiteraron que los procesos ejecutivos hipotecarios iniciados antes del 31 de diciembre de 1999 debían terminar una vez efectuada la reliquidación del crédito. Esta línea jurisprudencial precisó, además, que la terminación del proceso no suponía la extinción de la obligación y que la reestructuración del crédito correspondía a la entidad financiera, incluso ante la falta de acuerdo con el deudor, siempre que existieran condiciones que permitieran su cumplimiento.
80. En esa misma línea, la Sentencia SU-813 de 2007 unificó la jurisprudencia constitucional y reiteró que la terminación de los procesos ejecutivos hipotecarios sujetos al régimen de transición debía ser declarada de oficio una vez realizada la reliquidación. Además, reafirmó el deber de las entidades financieras de ofrecer alternativas de reestructuración acordes con la capacidad de pago del deudor y con las condiciones previstas en la legislación aplicable. Finalmente, la Sentencia SU-787 de 2012 reforzó esta regla al señalar que, cuando subsista un saldo después de la reliquidación, corresponde a la entidad financiera formular una propuesta de reestructuración y, en ausencia de acuerdo, efectuarla con fundamento en criterios de favorabilidad, plazo, tasa, modalidad y capacidad de pago. No obstante, reconoció que circunstancias como la ausencia de capacidad económica del deudor o la existencia de otras medidas cautelares podían incidir en la aplicación de estas reglas.
5.2. Prescripción extintiva y prescripción de la acción cambiaria
81. Naturaleza, finalidad y fundamento constitucional de la prescripción extintiva[109]. La Corte Constitucional, en la Sentencia C-091 de 2018, precisó que la prescripción comprende dos modalidades: la adquisitiva, mediante la cual pueden adquirirse derechos reales por el ejercicio prolongado de la posesión en los términos previstos por la ley, y la extintiva o liberatoria, que opera cuando el titular de un derecho o acción no lo ejerce dentro del término legalmente establecido. En particular, la prescripción extintiva cumple una función orientada a garantizar la certeza y estabilidad de las relaciones jurídicas, al impedir que los derechos y obligaciones permanezcan indefinidamente sujetos a reclamación. De esta manera, la institución contribuye a la realización del principio de seguridad jurídica y, en términos más amplios, a la preservación del orden público y de la convivencia pacífica. Asimismo, aunque la prescripción debe ser alegada por quien pretende beneficiarse de ella, los términos prescriptivos tienen carácter de orden público y, por tanto, no están sujetos a la libre disposición de las partes.
82. Al respecto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la Sentencia SC2343-2018, precisó que el “tiempo de prescripción es asunto de orden público” y que “no está en manos de los particulares ampliar sus límites”. En consecuencia, corresponde al legislador determinar tanto su duración como las reglas que establecen el momento a partir del cual comienza su cómputo. En esa línea, la misma providencia señaló que la prescripción no depende exclusivamente del transcurso objetivo del tiempo, pues también exige examinar la conducta de los sujetos de la obligación y verificar la eventual concurrencia de circunstancias que alteren su curso. En particular, sostuvo que el término debe contabilizarse “desde que la obligación se haya hecho exigible”, conforme al artículo 2535 del Código Civil, sin perjuicio de los eventos de interrupción, suspensión o renuncia previstos en la ley.
83. Por otro lado, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que la prescripción se encuentra estrechamente vinculada con los principios de orden público, seguridad jurídica y convivencia pacífica. En primer lugar, respecto del orden público, la Sentencia T-213 de 2008 recordó que las normas que regulan los procedimientos y, en general, aquellas de carácter taxativo, son de obligatorio cumplimiento y no pueden ser modificadas por la voluntad de las partes. En igual sentido, la Sentencia C-131 de 2002 destacó que las garantías que integran el debido proceso son vinculantes en toda actuación judicial o administrativa y constituyen un presupuesto para la realización de la justicia.
84. En segundo lugar, la prescripción guarda una relación directa con el principio de seguridad jurídica. La Sentencia C-836 de 2001 señaló que este principio exige estabilidad, coherencia y previsibilidad en la interpretación y aplicación del derecho, de manera que las personas puedan conocer las reglas aplicables a sus relaciones jurídicas y actuar con certeza frente a sus consecuencias. Desde esta perspectiva, la prescripción contribuye a evitar que los derechos y obligaciones permanezcan indefinidamente sujetos a reclamación y favorece la consolidación de situaciones jurídicas ciertas y previsibles.
85. Finalmente, la prescripción también se relaciona con la convivencia pacífica como fin esencial del Estado. Sobre este aspecto, la Sentencia T-530 de 2024 recordó que corresponde a las autoridades preservar el orden público y asegurar la convivencia pacífica, como condiciones necesarias para el ejercicio efectivo de los derechos y libertades. En ese sentido, la existencia de reglas temporales claras para el ejercicio y extinción de los derechos contribuye a prevenir controversias indefinidas y a garantizar estabilidad en las relaciones jurídicas.
86. En consecuencia, la prescripción extintiva constituye una institución de orden público dirigida a evitar la prolongación indefinida de los derechos y obligaciones y a proporcionar certeza sobre su ejercicio y extinción. De ahí que su aplicación deba sujetarse a las reglas fijadas por el legislador y desarrollarse de manera compatible con los principios constitucionales de seguridad jurídica, estabilidad y previsibilidad del ordenamiento[110].
87. Prescripción de la acción cambiaria y exigibilidad de la obligación[111]. El artículo 789 del Código de Comercio establece que la acción cambiaria prescribe en tres años contados a partir del vencimiento del título valor. En ese sentido, la prescripción de la acción cambiaria extingue la posibilidad de exigir judicialmente el pago de un título valor cuando ha transcurrido el término legal sin que el acreedor ejerza oportunamente la acción correspondiente. Tratándose del pagaré, este constituye un título valor que incorpora una promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero y se encuentra sujeto, en lo pertinente, a las reglas previstas para la letra de cambio, de conformidad con el artículo 711 del Código de Comercio. Ahora bien, el término de prescripción de la acción cambiaria derivada del pagaré es el previsto directamente en el artículo 789 del Código de Comercio. Sin embargo, el momento a partir del cual debe iniciarse su cómputo se determina conforme al artículo 2535 del Código Civil, que dispone que la prescripción extintiva se cuenta desde el momento en que la obligación se hace exigible. Esto, en virtud de la remisión del artículo 822 del Código de Comercio, que permite aplicar el régimen general de las obligaciones civiles en lo no regulado por la legislación mercantil.
88. Además, la Sentencia T-281 de 2015 precisó que las acciones derivadas del pagaré deben ejercerse dentro del término previsto por la ley y que, para que opere la prescripción, deben concurrir dos elementos: “i) el transcurso del tiempo y ii) la inactividad del acreedor”. La Corte también señaló que el cómputo del término puede verse afectado por circunstancias como la interrupción, la suspensión o la renuncia de la prescripción. En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 13 de octubre de 2009, indicó que la prescripción extintiva exige tanto el transcurso completo del término legal como la inactividad del titular del derecho. Por ello, sostuvo que para establecer si la acción cambiaria ha prescrito, corresponde verificar no solo el vencimiento del título y el transcurso del término previsto en el artículo 789 del Código de Comercio, sino también la eventual ocurrencia de hechos que hubieran interrumpido, suspendido o modificado su cómputo.
89. Interrupción, suspensión y renuncia de la prescripción[112]. El cómputo de la prescripción extintiva puede verse afectado por la interrupción o la suspensión. De conformidad con el artículo 2539 del Código Civil y la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, la interrupción puede ser natural, cuando el deudor reconoce expresa o tácitamente la obligación, o civil, cuando el acreedor ejerce judicialmente su derecho en los términos previstos por la ley. La interrupción deja sin efecto el tiempo transcurrido y da lugar al inicio de un nuevo término.
90. Por su parte, la suspensión impide temporalmente el cómputo de la prescripción en favor de las personas expresamente protegidas por la ley. A diferencia de la interrupción, no elimina el tiempo previamente transcurrido, sino que impide contabilizar el periodo durante el cual subsiste la causa de suspensión. Una vez esta desaparece, el término continúa computándose. Ahora bien, en relación con la interrupción civil, el artículo 94 del Código General del Proceso establece que la presentación de la demanda interrumpe la prescripción, siempre que se cumplan las condiciones de notificación allí previstas. Asimismo, dispone que el término puede interrumpirse, por una sola vez, mediante requerimiento escrito dirigido directamente por el acreedor al deudor.
91. Por otra parte, el artículo 2514 del Código Civil dispone que la prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamente, pero únicamente después de haberse cumplido. La renuncia tácita se configura cuando quien está facultado para alegar la prescripción realiza un acto que supone el reconocimiento del derecho del acreedor. La misma disposición menciona, a título de ejemplo, el pago de intereses o la solicitud de nuevos plazos para cumplir la obligación.
92. Sobre el alcance de esta figura, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia[113] ha precisado que la renuncia requiere un “hecho inequívoco” que permita establecer, sin lugar a dudas, la voluntad del deudor de reconocer el derecho del acreedor y de no beneficiarse de la prescripción ya consolidada. A su vez, esta misma Corporación en sentencia del 3 de mayo de 2002, señaló que la renuncia produce, al igual que la interrupción, la pérdida del tiempo prescriptivo transcurrido y el inicio de un nuevo término[114].
5.3. Derecho a la vivienda digna en el contexto del crédito hipotecario[115].
93. El artículo 51 de la Constitución reconoce el derecho a la vivienda digna, cuyo alcance comprende no solo el acceso material a una vivienda, sino también la existencia de condiciones jurídicas y económicas que permitan su uso y permanencia en condiciones de estabilidad y dignidad. En este contexto, el crédito hipotecario constituye uno de los principales mecanismos para hacer efectivo este derecho, especialmente cuando el acceso a la propiedad depende de financiación a largo plazo[116].
94. En esa medida, la Corte Constitucional ha señalado que la regulación y ejecución de los créditos hipotecarios no pueden entenderse exclusivamente desde la autonomía privada, sino que deben armonizarse con los principios del Estado Social de Derecho, la función social de la propiedad y la protección del deudor hipotecario. En particular, las Sentencias C-955 de 2000 y T-597 de 2006 identificaron reglas dirigidas a evitar que la financiación de vivienda imponga cargas desproporcionadas, entre ellas la prohibición de capitalizar intereses, la actualización únicamente de los saldos insolutos y la estabilidad de la tasa de interés durante la vigencia del crédito[117]. A ello se suma el principio de democratización del crédito, previsto en el artículo 335 de la CP, el cual resulta relevante en el contexto de la protección del derecho a la vivienda digna en materia de créditos hipotecarios. En efecto, esta Corporación ha señalado que, tratándose de la financiación de vivienda, “debe garantizarse la democratización del crédito”, de modo que las posibilidades de acceso a él se encuentren “al alcance de todas las personas, aun las de escasos recursos”[118].
95. Igualmente, la protección del acceso a la vivienda mediante mecanismos de financiación ha sido reconocida en instrumentos internacionales. La Observación General núm. 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señaló que la asequibilidad exige condiciones de financiación compatibles con las necesidades de vivienda y que las cargas económicas no deben comprometer el ejercicio de este derecho[119]. Así mismo, desde el punto de vista de la doctrina internacional, la Declaración de Estambul sobre los Asentamientos Humanos destacó la importancia de facilitar el acceso al crédito como instrumento para ampliar las posibilidades de acceso a una vivienda adecuada[120].
96. En esa medida, la Corte ha advertido que la actividad financiera y las actuaciones judiciales relacionadas con créditos hipotecarios deben considerar la función social que cumple la financiación de vivienda. Así, en la Sentencia T-672 de 2010 señaló que, en los procesos ejecutivos hipotecarios, corresponde al juez examinar integralmente las circunstancias relevantes con el propósito de garantizar el goce efectivo del derecho a la vivienda digna[121].
97. En conclusión, el crédito hipotecario no constituye únicamente una relación contractual de contenido patrimonial, sino también un instrumento vinculado al acceso y permanencia en la vivienda y, por ende, a la vigencia de los derechos constitucionales que, en virtud del principio de interdependencia, están asociados a su eficacia. Por ello, su regulación y ejecución deben preservar un equilibrio razonable entre los derechos del acreedor y la protección constitucional del deudor, en armonía con la función social de la propiedad y los fines del Estado Social de Derecho[122].
5.4. Análisis del caso concreto
98. Como se explicó al examinar la cuestión previa, la extinción posterior de la obligación por condonación no impide a la Sala examinar si la providencia cuestionada vulneró los derechos fundamentales del accionante al momento de ser proferida. Para la Sala, esta circunstancia sobreviniente incide principalmente en la definición del alcance del remedio constitucional, mas no en la procedencia del análisis de fondo sobre los defectos atribuidos a la decisión judicial. Bajo esta premisa, y a partir de las reglas jurisprudenciales y normativas expuestas en los apartados anteriores, la Sala procede a examinar la providencia cuestionada a la luz de los cargos formulados por el accionante.
99. Luego de valorar las actuaciones que obran en el expediente, a la luz de las reglas expuestas en esta providencia, la Sala concluye que la sentencia del 29 de septiembre de 2025, proferida por el Juzgado 75 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá dentro del proceso de prescripción extintiva de la obligación hipotecaria núm. 11001400308120230059900, incurrió en los defectos sustantivo, por desconocimiento del precedente constitucional y fáctico. En particular, la autoridad judicial: (i) atribuyó a la falta de reestructuración del crédito UPAC un efecto no previsto en el ordenamiento, consistente en impedir el inicio del término de prescripción de la acción cambiaria; (ii) desconoció la interpretación contenida en el precedente constitucional aplicable, particularmente la Sentencia T-355 de 2025; y (iii) resolvió anticipadamente el litigio sin esclarecer de manera suficiente circunstancias fácticas relevantes para determinar el cómputo de la prescripción y la eventual ocurrencia de hechos capaces de modificarlo. Estas irregularidades vulneraron el derecho fundamental de Jaime Machado Medina al debido proceso. Por el contrario, no se configuró una violación directa de la Constitución, pues la afectación de la seguridad jurídica y del debido proceso alegada por el accionante deriva de los mismos defectos antes señalados.
100. Configuración del defecto sustantivo. La Sala encuentra que la autoridad accionada incurrió en defecto sustantivo al adoptar una interpretación que excedió el margen razonable de autonomía judicial. El Juzgado 75 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá reconoció que el crédito objeto del litigio había sido otorgado para la adquisición de vivienda bajo el sistema UPAC y que no se encontraba acreditada su reestructuración. A partir de esta última circunstancia concluyó que la obligación no era exigible y que, por tanto, no existía una fecha cierta a partir de la cual pudiera iniciar el término de prescripción. Esta premisa constituyó la razón determinante para negar las pretensiones.
101. Para la Sala, la interpretación adoptada por la autoridad accionada no se ajusta al régimen jurídico de la prescripción. En efecto, el artículo 2535 del Código Civil dispone que el término prescriptivo comienza a correr desde que la obligación se hace exigible y, tratándose de la acción cambiaria directa, el artículo 789 del Código de Comercio establece un término de tres años contado desde el vencimiento del título valor. Ahora bien, aunque la Ley 546 de 1999 estableció reglas especiales de reliquidación y reestructuración para determinados créditos de vivienda otorgados bajo el sistema UPAC, de ese régimen no se desprende que la ausencia de reestructuración constituya una causal de suspensión o interrupción de la prescripción ni una condición adicional para el inicio de su cómputo[123]. En ese sentido, la autoridad accionada atribuyó a la falta de reestructuración un efecto jurídico que el ordenamiento no le reconoce en materia de prescripción.
102. Ahora bien, la providencia cuestionada fijó como sustento jurídico jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia relativa a la exigibilidad de los créditos de vivienda para efectos de su cobro ejecutivo[124]. En particular, recordó que, frente al “cobro ejecutivo de una obligación contraída antes del 31 de diciembre de 1999, en UPAC […] para la adquisición de vivienda, que no ha sido reestructurada en los términos de la Ley 546 de 1999”[125], esa corporación había señalado que (i) “es deber de los operadores judiciales atender la solicitud del deudor tendiente a que se cumpla esta exigencia, pues tal olvido resta exigibilidad a la obligación”[126]; (ii) del artículo 42 de la Ley 546 de 1999 se deriva “el deber ineludible para las entidades financieras, de reliquidar y reestructurar los créditos de vivienda en UPAC, vigentes al 31 de diciembre de 1999 cuya recuperación pretendían ante los estrados judiciales”[127]; y (iii) el incumplimiento de esa carga constituye “un obstáculo insalvable para el inicio y el impulso de los procesos hipotecarios estrictamente relacionados con créditos de vivienda inicialmente concedidos en UPAC”[128].
103. No obstante, al aplicar esas consideraciones al caso concreto, la autoridad judicial accionada extendió sus efectos al régimen de prescripción. En efecto, después de reproducir la postura de Bancolombia S.A., según la cual correspondía a los deudores adelantar las gestiones necesarias para obtener la reestructuración y estos no acudieron a la entidad para tal efecto, el Juzgado 75 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá concluyó que “sin definirse el tema de la restructuración no es dable predicar la exigibilidad de la obligación [pues] no habría referente que permita el cómputo del período extintivo pretendido por los demandantes”. En esa medida, la autoridad judicial supeditó el inicio del cómputo del término prescriptivo a la previa reestructuración de la obligación.
104. En consecuencia, la interpretación acogida por la autoridad accionada resulta incompatible con la naturaleza de la prescripción como institución de orden público. Como se expuso previamente, los términos prescriptivos están sujetos a reglas fijadas por el legislador respecto de su inicio, duración, suspensión, interrupción y renuncia, precisamente para garantizar certeza, seguridad jurídica y estabilidad en las relaciones jurídicas. Por esto, su procedencia no puede quedar supeditada a una actuación cuya realización dependa unilateralmente de una de las partes. En ese sentido, aceptar que la acción cambiaria no puede prescribir mientras la entidad acreedora no efectúe la reestructuración implicaría sustraer indefinidamente la obligación del término previsto por la ley, aun frente a la inactividad del titular del crédito.
105. En este punto, la Sala precisa que, aunque el accionante invocó también el artículo 2536 del Código Civil, la prescripción de la acción cambiaria directa derivada del pagaré se rige específicamente por el artículo 789 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 2535 del Código Civil. Por tanto, correspondía al juez determinar, con fundamento en estas disposiciones, el momento a partir del cual debía iniciarse el cómputo del término prescriptivo y establecer si durante su transcurso se configuró alguna causal legal de interrupción o suspensión o, una vez consumada la prescripción, un supuesto de renuncia. Lo que no resultaba constitucionalmente admisible para esta Sala era excluir de plano dicho examen por la sola inexistencia de una reestructuración del crédito.
106. Configuración del defecto por desconocimiento del precedente constitucional. La Sala encuentra que el Juzgado 75 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá incurrió en un defecto por desconocimiento del precedente constitucional, al omitir la aplicación de la regla fijada por esta Corte en la Sentencia T-355 de 2025, pese a que dicha providencia había resuelto previamente un problema jurídico sustancialmente análogo al planteado en el presente asunto.
107. En la Sentencia T-355 de 2025, la Corte estudió el caso de un deudor de un crédito de vivienda otorgado bajo el sistema UPAC, respaldado mediante pagaré e hipoteca, frente al cual había concluido un proceso ejecutivo sin que posteriormente se hubiera efectuado su reestructuración. Posteriormente, el deudor promovió un proceso para obtener la prescripción de la acción cambiaria. En el marco del proceso, el juez ordinario negó las pretensiones al considerar que, ante la ausencia de reestructuración, la obligación no era exigible y, por lo tanto, no podía comenzar a correr el término de prescripción previsto en el artículo 789 del Código de Comercio.
108. Al revisar la decisión cuestionada, la Corte diferenció dos cuestiones que el juez ordinario había tratado como equivalentes: de una parte, la incidencia de la reestructuración en la posibilidad de adelantar el cobro ejecutivo de un crédito de vivienda otorgado bajo el sistema UPAC y, de otra, las reglas que determinan el inicio y curso de la prescripción de la acción cambiaria. La Sala señaló que “condicionar el inicio del cómputo del término de prescripción a la restructuración del crédito, cuando ello no está previsto ni en la Ley 546 de 1999 ni en ninguna disposición del ordenamiento jurídico vigente, constituye una interpretación que desnaturaliza la comentada finalidad protectora del régimen de prescripción, afectando derechos fundamentales del deudor, particularmente su acceso a la administración de justicia y su vivienda digna, en tanto, en la práctica, lo expone a la indefinida exigibilidad de una obligación hipotecaria vencida sin plazo cierto”.
109. Asimismo, precisó que la Ley 546 de 1999 no modificó el régimen de prescripción aplicable a los títulos valores y destacó que, respecto de las obligaciones pactadas en UPAC, “no existe norma que las sustraiga del régimen general de prescripción”. En ese sentido, advirtió que supeditar el inicio del término prescriptivo a la reestructuración desconoce la naturaleza de orden público de la prescripción y puede conducir a una situación de “imprescriptibilidad de facto”. En consecuencia, la Sala concluyó que la ausencia de reestructuración no autoriza al juez a excluir tales obligaciones de las reglas previstas en los artículos 789 del Código de Comercio y 2535 del Código Civil.
110. A partir de lo anterior, la Corte precisó que (i) el cómputo de la prescripción de la acción cambiaria debe determinarse de acuerdo con el vencimiento del título valor, bien sea por el cumplimiento del plazo pactado o por la aceleración de la obligación, “sin que pueda condicionarse al cumplimiento del deber de reestructuración”[129] y; (ii) la Ley 546 de 1999 no estableció la falta de reestructuración como causal de suspensión, interrupción o ampliación del término prescriptivo.
111. En consecuencia, la ratio decidendi de la Sentencia T-355 de 2025 puede sintetizarse en la siguiente regla: la ausencia de reestructuración de un crédito de vivienda otorgado bajo el sistema UPAC puede incidir en su aptitud para ser cobrado ejecutivamente, pero no constituye una condición legal para el inicio del cómputo de la prescripción de la acción cambiaria. Este término debe determinarse conforme a los artículos 789 del Código de Comercio y 2535 del Código Civil, sin perjuicio de la verificación de las causales legales de interrupción o suspensión y, una vez consumada la prescripción, de una eventual renuncia.
112. Esta regla resultaba directamente aplicable al proceso promovido por Jaime Machado Medina, pues entre ambos asuntos existe identidad entre sus elementos jurídicos y fácticos relevantes. En efecto, en los dos casos se trataba de: (i) un crédito de vivienda originalmente pactado en UPAC; (ii) una obligación respaldada mediante pagaré e hipoteca; (iii) la terminación de un proceso ejecutivo previo; (iv) la ausencia de reestructuración del crédito; y (v) una decisión judicial que negó la prescripción al considerar que, mientras no se efectuara dicha reestructuración, la obligación no era exigible y el término prescriptivo no podía comenzar a correr.
113. Asimismo, la similitud entre ambos asuntos se evidencia en la cuestión jurídica central. Tanto en la Sentencia T-355 de 2025 como en la providencia cuestionada correspondía determinar si la ausencia de reestructuración de un crédito de vivienda otorgado bajo el sistema UPAC impedía iniciar el cómputo del término de prescripción de la acción cambiaria. Como se expuso previamente, la Corte concluyó que la falta de reestructuración no constituye una condición para el inicio de dicho término. No obstante, el Juzgado 75 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá adoptó una interpretación contraria, al supeditar el cómputo de la prescripción a la previa reestructuración de la obligación.
114. Esta circunstancia resulta especialmente relevante, pues la Sentencia T-355 de 2025 fue proferida el 28 de agosto de 2025 y remitida a la Relatoría de esta Corporación el 10 de septiembre siguiente, fecha a partir de la cual podía ser consultada por cualquier persona. Por su parte, la providencia cuestionada se dictó el 29 de septiembre de 2025. Así, al momento de resolver el proceso de prescripción, el precedente ya era público. Sin embargo, pese a la similitud sustancial entre ambos asuntos, la autoridad judicial accionada no identificó dicho precedente, no examinó su ratio decidendi ni expuso razones para distinguir el caso o apartarse de la regla allí establecida. En consecuencia, no cumplió las cargas de transparencia, suficiencia e idoneidad exigidas para apartarse del precedente constitucional.
115. A su vez, tampoco resulta acertada la consideración del Juzgado 023 Civil del Circuito de Bogotá, que al resolver la tutela en primera instancia sostuvo que la Sentencia T-355 de 2025 producía efectos únicamente para el caso concreto y que, por esa razón, no podía configurarse un desconocimiento del precedente constitucional. Tal argumento confunde dos aspectos distintos: los efectos de la parte resolutiva de una sentencia de tutela y la fuerza vinculante de su ratio decidendi. Si bien, por regla general, las órdenes contenidas en una sentencia de tutela producen efectos inter partes, la regla jurídica que sustenta la decisión constituye precedente y debe ser considerada en asuntos posteriores cuando resuelve un problema jurídico semejante y se proyecta sobre supuestos fácticos relevantes equiparables. Ello porque la función primordial de la Corte Constitucional en sede de revisión de tutela es la definición de reglas sobre el contenido y alcance de los derechos fundamentales, reglas que a su vez adquieren la condición de precedente vinculante frente a asuntos nuevos con identidad fáctica y jurídica. Además, la teoría misma del respeto al precedente parte de la base de la necesaria coherencia del sistema de justicia, lo cual implica, cuando menos, la exigencia de una carga argumentativa particular para apartarse de ese precedente, la cual no puede en modo alguno restringirse a señalar que las sentencias de revisión solo vinculan a las partes.
116. En consecuencia, el carácter inter partes de la decisión no constituía una razón suficiente para desconocer la regla jurisprudencial fijada en la Sentencia T-355 de 2025, particularmente porque las decisiones de la Corte tienen la función de determinar el contenido y alcance de los derechos fundamentales y resultan vinculantes para las autoridades. En tal razón, lo previsto en la Sentencia T-355 de 2025 exigía al juzgado accionado, cuando menos, ofrecer razones sustantivas para distinguir el caso analizado en dicho fallo del ahora propuesto.
117. Por tanto, el carácter inter partes de las órdenes impartidas en la Sentencia T-355 de 2025 no elimina la fuerza vinculante de la regla jurisprudencial contenida en su ratio decidendi. En esa medida, si la autoridad judicial consideraba que el precedente no resultaba aplicable o que existían razones para apartarse de él, debía identificarlo expresamente y exponer una justificación suficiente para sustentar esa decisión. Sin embargo, en el presente asunto no se advierte que el Juzgado 75 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá hubiera realizado ese ejercicio argumentativo. Por el contrario, acogió la misma interpretación que la Corte había considerado incompatible con el régimen legal de la prescripción y con los principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica. Por tanto, ante la existencia de un precedente constitucional aplicable, la sustancial similitud entre ambos asuntos y la ausencia de razones para distinguirlo o apartarse de él, la Sala concluye que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto por desconocimiento del precedente constitucional.
118. Configuración del defecto fáctico. La Sala encuentra que la providencia cuestionada incurrió en defecto fáctico en su dimensión negativa. Lo anterior, porque el Juzgado 75 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá profirió sentencia anticipada con fundamento en el numeral 2 del artículo 278 del CGP, al considerar que no existían pruebas pendientes por practicar. No obstante, sustentó la decisión en la ausencia de reestructuración del crédito, sin esclarecer de manera suficiente las circunstancias que rodearon esa omisión ni la conducta asumida por la entidad acreedora y los deudores con posterioridad a la terminación del proceso ejecutivo. En esa medida, la autoridad judicial resolvió la controversia sin contar con un examen completo de los elementos necesarios para establecer su alcance e incidencia en el cómputo de la prescripción.
119. En efecto, dentro del proceso ordinario existían posiciones contrapuestas respecto de hechos relevantes para resolver la pretensión de prescripción. Por una parte, los demandantes afirmaron que, una vez terminado el proceso ejecutivo en 2007, Bancolombia S.A. no volvió a comunicarse con ellos ni adelantó gestiones dirigidas al cobro de la obligación. Por otra, la entidad financiera sostuvo que los deudores no acudieron a sus oficinas para gestionar la reestructuración del crédito y, además, propuso la excepción de interrupción natural de la prescripción, al considerar que aquellos habían reconocido la existencia de la obligación cuando manifestaron en la demanda que no la habían pagado.
120. Estas circunstancias eran relevantes para definir si la prescripción se había configurado. En efecto, una vez descartado que la ausencia de reestructuración impidiera, por sí sola, el inicio del término prescriptivo, correspondía determinar: (i) desde qué momento debía comenzar su cómputo; (ii) si la entidad acreedora promovió actuaciones judiciales o efectuó requerimientos con efectos interruptivos; (iii) si los deudores realizaron actos inequívocos de reconocimiento de la obligación capaces de producir una interrupción natural; (iv) si, una vez consumada la prescripción, se presentó alguna conducta que pudiera constituir renuncia en los términos del artículo 2514 del Código Civil; o (v) si concurría alguna causal de extinción de la obligación. Por tanto, el análisis de estas circunstancias era necesario para establecer si el término prescriptivo había transcurrido íntegramente o si, por el contrario, se había visto afectado por alguno de los eventos previstos en el ordenamiento.
121. Sin embargo, la providencia cuestionada no efectuó ese análisis. Aunque la autoridad judicial accionada relacionó entre las excepciones formuladas por Bancolombia S.A. la interrupción natural de la prescripción, no examinó si el supuesto reconocimiento de la obligación reunía las condiciones necesarias para producir dicho efecto ni determinó su incidencia sobre el cómputo del término. Asimismo, tampoco estableció si, después de la terminación del proceso ejecutivo, existieron requerimientos de pago, nuevas actuaciones judiciales, acuerdos, refinanciaciones u otras conductas jurídicamente relevantes para definir el curso de la prescripción. En lugar de esto, la autoridad judicial consideró suficiente constatar que el crédito no había sido reestructurado y, a partir de esa sola circunstancia, concluyó que la obligación no era exigible y que el término prescriptivo no había comenzado a correr.
122. A esta insuficiencia en el análisis probatorio se suma una inconsistencia respecto de la fecha de la exigibilidad de la obligación cambiaria. Al exponer los hechos del proceso, la sentencia señaló que la última cuota vencía el 19 de octubre de 2004; no obstante, al valorar posteriormente la obligación, indicó que el vencimiento correspondía al 19 de octubre de 2014. Esta diferencia resultaba jurídicamente relevante, pues la exigibilidad de la obligación cambiaria constituye un elemento determinante para establecer el punto de partida del término de prescripción de la acción cambiaria previsto en el artículo 789 del Código de Comercio. En consecuencia, antes de adoptar una decisión definitiva, correspondía precisar esta circunstancia a partir del contenido del título valor y de los demás elementos probatorios relevantes.
123. En este contexto, el reproche de la Sala no recae sobre la utilización, en sí misma, de la sentencia anticipada. El numeral 2 del artículo 278 del CGP autoriza su expedición cuando no existan pruebas por practicar. La irregularidad radica, en cambio, en que la autoridad judicial dio por concluido el debate probatorio sin haber esclarecido hechos determinantes para aplicar correctamente las reglas de prescripción. De este modo, si los elementos obrantes en el expediente no permitían establecer esas circunstancias, correspondía hacer uso de las facultades probatorias previstas en el ordenamiento. Si, por el contrario, el juzgado consideraba que el material disponible era suficiente, debía valorarlo de manera integral y pronunciarse expresamente sobre los hechos capaces de incidir en el inicio, interrupción, suspensión o eventual renuncia de la prescripción.
124. Además, las pruebas recaudadas en sede de revisión corroboran la relevancia de los aspectos que no fueron suficientemente esclarecidos en la providencia cuestionada, sin que ello implique reprochar a la autoridad judicial accionada la falta de valoración de elementos que no obraban en ese momento dentro del expediente. En sede de revisión, Jaime Machado Medina, mediante apoderado judicial, informó que, después de la terminación del proceso ejecutivo, no efectuó pagos, no solicitó refinanciaciones y tampoco recibió requerimientos, propuestas de reestructuración o gestiones de cobro. En el mismo sentido, Bancolombia S.A. manifestó que en sus archivos no reposan documentos que acrediten la reliquidación o reestructuración del crédito y confirmó que, con posterioridad a la decisión de 2007, no promovió nuevos procesos judiciales ni registró negociaciones, refinanciaciones o pagos efectuados por los deudores. Así las cosas, estos elementos ponen de manifiesto que la conducta desplegada por las partes durante dicho periodo era materialmente relevante para establecer si el término prescriptivo había transcurrido íntegramente o si se había configurado algún hecho capaz de interrumpirlo, suspenderlo o, una vez consumado, dar lugar a su renuncia.
125. Violación directa de la Constitución. La Sala considera que la providencia cuestionada no incurrió en un defecto autónomo por violación directa de la Constitución. Como se indicó, este defecto se configura, entre otros supuestos, cuando el juez desconoce un derecho fundamental de aplicación inmediata, omite interpretar la ley conforme a la Constitución, o no aplica la excepción de inconstitucionalidad frente a una contradicción manifiesta (párr. 70-71 supra). En el presente asunto, la afectación de la seguridad jurídica y del debido proceso que alega el accionante no proviene del desconocimiento directo de un mandato constitucional, sino de la interpretación que el juzgado dio a las normas legales sobre la prescripción de la acción cambiaria y de la valoración probatoria en que apoyó su decisión. En consecuencia, estos reproches quedaron comprendidos en los defectos sustantivo, por desconocimiento del precedente constitucional y fáctico, de modo que no se advierte una vulneración constitucional adicional que justifique declarar un defecto independiente.
126. Incidencia de la condonación de la obligación. Durante el trámite de revisión, Bancolombia S.A. informó que la obligación fue extinguida mediante condonación el 9 de diciembre de 2025 y que actualmente se encuentra saldada y a paz y salvo. Esta circunstancia, por haber ocurrido con posterioridad a la expedición de la sentencia cuestionada, no desvirtúa los defectos identificados por la Sala. Sin embargo, sí incide en la definición del remedio constitucional. En consecuencia, resulta innecesario ordenar al juez natural la reapertura del proceso ordinario, así como el decreto y la práctica de pruebas, para determinar si una obligación actualmente extinguida también se había extinguido previamente por prescripción, o si el término prescriptivo fue interrumpido o suspendido.
127. Incidencia sobre el derecho a la vivienda digna. Finalmente, las irregularidades identificadas adquieren una relevancia constitucional adicional por su incidencia en la situación jurídica de la vivienda del accionante. En efecto, el certificado de tradición aportado en sede de revisión evidencia que la hipoteca abierta sin límite de cuantía constituida en 1994 por los accionantes a favor de Conavi, hoy Bancolombia S.A., continúa inscrita en la anotación 4 del folio de matrícula inmobiliaria núm. 50S-40155218, pese a que el embargo decretado dentro del antiguo proceso ejecutivo fue cancelado en 2009 (anotación 7), lo que evidencia que el cobro judicial de la obligación concluyó hace más de quince años. Además, en el mismo folio consta la constitución de patrimonio de familia sobre dicho inmueble (anotación 5), circunstancia que confirma su destinación a la vivienda familiar.
128. A lo anterior se suma que, en sede de revisión, Jaime Machado Medina manifestó que el inmueble corresponde a su vivienda familiar y que la permanencia del gravamen limita su disposición y la posibilidad de utilizarlo como garantía. En ese sentido, si bien estas circunstancias no constituyen, por sí mismas, el fundamento de los defectos sustantivo, por desconocimiento del precedente constitucional y fáctico advertidos, sí permiten establecer la incidencia concreta que la permanencia del gravamen y la prolongación de la incertidumbre jurídica sobre la obligación tienen en el goce efectivo de su derecho a la vivienda digna. Por consiguiente, pese a la extinción de la obligación principal por condonación, subsiste un efecto jurídico concreto susceptible de una medida de protección.
129. Por otra parte, el accionante informó, mediante correo electrónico del 19 de agosto de 2026, que la hipoteca recae sobre su única vivienda familiar, que no cuenta con vinculación laboral y que padece graves afecciones de salud que le impiden generar ingresos. Con fundamento en ello, solicitó el amparo de su derecho al mínimo vital. La Sala reconoce la situación de vulnerabilidad descrita. Sin embargo, no advierte que la providencia cuestionada haya afectado de manera autónoma este derecho, pues la obligación se encuentra extinguida y, por tanto, no existe cobro alguno que comprometa los recursos del accionante. En todo caso, el único efecto jurídico que subsiste, esto es, la inscripción del gravamen hipotecario sobre su vivienda, será atendido mediante la orden que se impartirá a Bancolombia S.A.
130. Conclusión. En suma, la Sala concluye que el Juzgado 75 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá incurrió en defecto sustantivo, al supeditar el inicio del término de prescripción de la acción cambiaria a la previa reestructuración del crédito otorgado bajo el sistema UPAC, pese a que dicha condición no se encuentra prevista en la Ley 546 de 1999 ni en los artículos 789 del Código de Comercio y 2535 del Código Civil. Asimismo, desconoció el precedente constitucional fijado en la Sentencia T-355 de 2025, sin cumplir las cargas exigidas para apartarse de él. De igual manera, incurrió en defecto fáctico, al resolver anticipadamente la controversia sin esclarecer ni valorar integralmente las circunstancias relevantes para determinar el inicio y curso del término prescriptivo, así como la eventual configuración de hechos capaces de interrumpirlo, suspenderlo o, una vez consumado, dar lugar a su renuncia. Por tanto, esta Sala considera que dichas irregularidades incidieron de manera determinante en el sentido de la decisión cuestionada y vulneraron el derecho fundamental del accionante al debido proceso. Por el contrario, la providencia cuestionada no incurrió en un defecto autónomo por violación directa de la Constitución, pues los reproches formulados bajo esa denominación derivan de los mismos defectos constatados.
131. No obstante, tal como se indicó en los fundamentos jurídicos 32 a 36 supra, la extinción de la obligación por condonación, ocurrida con posterioridad a la providencia cuestionada, modificó las circunstancias relevantes para definir el alcance del remedio constitucional. Por esta razón, aunque la providencia cuestionada incurrió en los defectos sustantivo, por desconocimiento del precedente constitucional y fáctico, la Sala no la dejará sin efectos ni ordenará al juez natural un nuevo pronunciamiento sobre la prescripción de una obligación que ya se encuentra extinguida, en línea con lo decidido en la Sentencia T-352 de 2022 (párr. 29 supra). En consecuencia, la medida de protección se orientará al efecto jurídico que aún subsiste, esto es, la vigencia registral de la hipoteca abierta constituida por los accionantes.
6. Remedio constitucional
132. Con fundamento en las conclusiones contenidas en los fundamentos jurídicos 127 y 131 supra, la Sala revocará la decisión de tutela objeto de revisión y, en su lugar, amparará el derecho fundamental de Jaime Machado Medina al debido proceso. En consecuencia, adoptará los siguientes remedios:
a. Declarará la carencia actual de objeto por situación sobreviniente respecto de la pretensión encaminada a que se deje sin efectos la sentencia del 29 de septiembre de 2025, proferida por el Juzgado 75 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá dentro del proceso núm. 11001400308120230059900, y a que se emita un nuevo pronunciamiento sobre la prescripción, dado que la obligación fue extinguida mediante condonación durante el trámite de revisión.
b. Ordenará a Bancolombia S.A. que, directamente o a través de la entidad que corresponda en virtud del proceso de titularización, otorgue la escritura pública de cancelación de la hipoteca abierta sin límite de cuantía constituida mediante la Escritura Pública núm. 4077 del 2 de agosto de 1994 de la Notaría 23 del Círculo de Bogotá y adelante los trámites necesarios para su inscripción en la anotación correspondiente del folio de matrícula inmobiliaria núm. 50S-40155218, siempre que dicha garantía no respalde otras obligaciones vigentes a cargo de los deudores. En caso contrario, deberá informarles de manera expresa cuáles son las obligaciones que dicha garantía respalda.
c. Advertirá al Juzgado 75 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá que, al resolver futuros asuntos con supuestos fácticos y jurídicos sustancialmente análogos, observe las reglas fijadas en la Sentencia T-355 de 2025 y reiteradas en esta providencia sobre el cómputo de la prescripción de la acción cambiaria en créditos de vivienda otorgados bajo el sistema UPAC. Para tal efecto, ordenará a la Secretaría General de la Corte que remita copia de esta providencia al mencionado despacho judicial.
133. Por último, la Sala precisa que la medida adoptada no comporta una declaración sobre la prescripción de la acción cambiaria ni supone sustituir al juez natural en la definición de esa controversia. Su fundamento radica en la situación sobreviniente acreditada durante el trámite de revisión, esto es, la extinción de la obligación por condonación, que conlleva la de la hipoteca constituida para garantizarla, conforme al artículo 2457 del Código Civil. Con todo, dado que se trata de una hipoteca abierta sin límite de cuantía, la orden se condiciona a que la garantía no respalde otras obligaciones vigentes a cargo de los deudores. En consecuencia, el remedio constitucional se limita a adoptar una medida dirigida a superar el efecto jurídico que subsiste, esto es, la vigencia registral de dicha garantía, y a advertir al juzgado accionado sobre el deber de observar el precedente constitucional.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el 11 de febrero de 2026 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que confirmó la decisión dictada el 19 de enero de 2026 por el Juzgado 023 Civil del Circuito de Bogotá, mediante la cual se negó el amparo solicitado por Jaime Machado Medina. En su lugar, CONCEDER el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, en los términos señalados en los ordinales siguientes.
SEGUNDO. DECLARAR la carencia actual de objeto por situación sobreviniente respecto de la pretensión dirigida a que se deje sin efectos la sentencia del 29 de septiembre de 2025, proferida por el Juzgado 75 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá dentro del proceso núm. 11001400308120230059900, y a que se profiera un nuevo pronunciamiento sobre la extinción de la obligación por prescripción, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia.
TERCERO. ORDENAR a Bancolombia S.A. que, dentro del mes siguiente a la notificación de esta providencia, directamente o a través de la entidad que corresponda en virtud del proceso de titularización, otorgue la escritura pública de cancelación de la hipoteca abierta sin límite de cuantía constituida mediante la Escritura Pública núm. 4077 del 2 de agosto de 1994 de la Notaría 23 del Círculo de Bogotá, inscrita en la anotación 4 del folio de matrícula inmobiliaria núm. 50S-40155218, y adelante los trámites necesarios para su inscripción en dicho folio, siempre que la garantía no respalde otras obligaciones vigentes a cargo de Jaime Machado Medina y Lesvi Sánchez Rozo. En caso contrario, dentro del mismo término, deberá informar a los deudores, de manera detallada, las obligaciones que la garantía respalda.
CUARTO. ADVERTIR al Juzgado 75 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá que, en futuros asuntos sobre la prescripción de créditos de vivienda otorgados bajo el sistema UPAC, observe la regla fijada en la Sentencia T-355 de 2025 y reiterada en esta providencia, según la cual la ausencia de reestructuración del crédito no constituye una condición para el inicio del cómputo de la prescripción de la acción cambiaria.
QUINTO. ORDENAR a la Secretaría General de la Corte que, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia, remita copia de ella al Juzgado 75 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá.
SEXTO. Por Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase,
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Magistrada
NATALIA ÁNGEL CABO
Magistrada
MIGUEL POLO ROSERO
Magistrado
ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ
Secretaria General
[1] Expediente digital T-12.060.781, archivo “003_003EscritoTutela.pdf”. p. 1.
[2] Ib. p. 2.
[3] Expediente Revisión, link del proceso “11001400308120230059900”, archivo “009AutoAdmitePrescripcionHipoteca.pdf”.
[4] Ib. p. 3.
[5] Expediente digital T-12.060.781, archivo “003_003EscritoTutela.pdf”, p. 3.
[6] Ib., p. 2.
[7] Ib.
[8] En esa medida, los accionantes precisaron dicha postura resulta contraria a las Sentencias C-568 de 2000 y C-864 de 2008 de la Corte Constitucional que establecieron que “la prescripción extintiva, constituye un instrumento de protección del deudor frente a la inactividad del acreedor, en aras de preservar el equilibrio jurídico y la confianza legítima”.
[9] Expediente digital T-12.060.781, archivo “003_003EscritoTutela.pdf”. p. 4.
[10] Ib.
[11] Expediente Revisión, archivo “ANEXOS EXPEDIENTE T12060781.pdf”.
[12] Expediente digital T-12.060.781, archivo “018_018CorreoRespuestaJuzgado75PequenasCausas.pdf”.
[13] Ib., archivo “017_017RespuestaBancolombia.pdf”.
[14] Ib., archivo “025_025SentenciaTutelaNiega.pdf”.
[15] En particular, citó las providencias dictadas dentro del proceso rad. 11001-31-03-011-2017-00721-01, la STC9367-2019, la STC8902 de 9 de julio de 2014, la STC5248 de 12 de mayo de 2021, la sentencia de 22 de febrero de 2023, así como la decisión del 3 de julio de 2014, rad. 01326-00, reiterada en la STC2670-2015. Según el juzgado, esta línea sostiene que, mientras no se efectúe la reestructuración del crédito en los términos de la Ley 546 de 1999, la obligación no resulta exigible y, por tanto, no puede iniciarse el cómputo de la prescripción extintiva. Asimismo, tuvo en cuenta la STC6015 de 23 de mayo de 2024, en la que la Sala de Casación Civil negó una tutela promovida contra una decisión que rechazó la prescripción extintiva de una obligación originada en un crédito UPAC no reestructurado.
[16] Expediente digital T-12.060.781, archivo “029_029ImpugnacionFallo.pdf”.
[17] Ib., p. 3-4.
[18] Expediente digital T-12.060.781, archivo “Sentencia confirma razonble.pdf”.
[19] Expediente Revisión. Auto de prueba del 6 de agosto de 2026.
[20] Expediente Revisión. Archivo “APORTE DE PRUEBAS A CORTE CONSTITUCIONAL-JAIME MACHADO.pdf”.
[21] Ib., archivo “11001400308120230059900”.
[22] Ib., archivo “OficioRespuestaTutela.pdf”.
[23] Ib., archivo “SOLICITUD TERMINO.pdf”.
[24] Ib., archivo “Auto_acepta_ampliacion_de_terminos_T-12060781.pdf”.
[25] Ib., archivo “MC PRUEBAS- JMM Y OTROS.pdf”.
[26] En el resolutivo sexto del Auto del 6 de agosto de 2026, la magistrada sustanciadora dispuso que una vez recolectadas las pruebas se pondrán a “disposición de las partes por un término de tres (3) días hábiles, para que se pronuncien sobre las mismas". Esto, conforme a lo previsto por el artículo 63 del Acuerdo 01 de 2025”.
[27] Expediente Revisión, archivo “PRONUNCIAMIENTO AL TRASLADO DE PRUEBAS DE AUTO DEL 6 DE AGOSTO DE 2026.pdf”.
[28] Corte Constitucional, Sentencia T-573 de 2023.
[29] Ib.
[30] Corte Constitucional, Sentencias T-011 de 2023, SU-522 de 2019, T-038 de 2019, T-205A de 2018, T-261 de 2017, T-481 de 2016, T-321 de 2016 y T-200 de 2013.
[31] Corte Constitucional, sentencias T-149 de 2018 y T-011 de 2016.
[32] Corte Constitucional, sentencias SU-109 de 2022 y SU-522 de 2019.
[33] Corte Constitucional, Sentencia SU-522 de 2019.
[34] Ib.
[35] Corte Constitucional, Sentencia T-070 de 2022. Cfr. Sentencias SU-109 de 2022 y T-344 de 2019. La Corte Constitucional ha señalado que, en este evento, debe constatarse que (i) la pretensión de la tutela se satisfizo por completo y (ii) la accionada “haya actuado (o cesado en su accionar) motu proprio, es decir, voluntariamente” (cfr. Sentencias T-241 de 2022 y SU-522 de 2019).
[36] Corte Constitucional, Sentencia SU-540 de 2007.
[37] Corte Constitucional, Sentencia T-344 de 2019. Cfr. Sentencias T-054 de 2020 y T-387 de 2018.
[38] Corte Constitucional, Sentencia SU-522 de 2019.
[39] Ib. Cfr. Sentencia SU-225 de 2013.
[40] Ib.
[41] Corte Constitucional, sentencias T-149 de 2018 y T-481 de 2016.
[42] Ib. Cfr. Sentencia SU-522 de 2019.
[43] Corte Constitucional, Sentencia T-248 de 2021.
[44] Corte Constitucional, sentencias SU-522 de 2019, T-092 de 2024, T-333 de 2024, T-244 de 2026 y T-072 de 2026.
[45] Expediente Revisión, archivo “MC PRUEBAS- JMM Y OTROS.pdf”. p. 2.
[46] Corte constitucional, Sentencia SU-522 de 2019.
[47] Para la Sala esta situación difiere de la analizada en la Sentencia SU-068 de 2022. En esa oportunidad, la Corte descartó la configuración de la carencia actual de objeto porque, pese al reconocimiento posterior de la pensión, la providencia acusada continuaba produciendo efectos jurídicos sobre aspectos aún controvertidos, y su cosa juzgada podía impedir reclamaciones futuras del accionante. En el presente caso, en cambio, la sentencia cuestionada no produce efectos que afecten la situación actual del accionante, pues la obligación se extinguió por un hecho posterior no comprendido por la cosa juzgada.
[48] Esto, conforme las reglas de procedencia dispuestas desde la Sentencia C-590 de 2005, reiteradas y precisadas, entre otras, en la Sentencia SU-322 de 2024.
[49] El artículo 86 de la Constitución dispone que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales. El artículo 10º del Decreto 2591 de 1991 señala que la solicitud de amparo puede ser presentada: (i) a nombre propio, (ii) mediante representante legal, (iii) por medio de apoderado judicial o (iv) mediante agente oficioso. En tales términos, la Corte Constitucional ha definido el requisito general de procedibilidad de legitimación en la causa por activa como aquel que exige que la acción de tutela sea ejercida, bien sea directa o indirectamente, por el titular de los derechos fundamentales, es decir, por quien tiene un interés sustancial “directo y particular” respecto de la solicitud de amparo. Cfr. Sentencias T-697 de 2006, T-176 de 2011, T-279 de 2021, T-292 de 2021 y T-320 de 2021.
[50] El decreto 2591 de 1991, en su artículo 13 dispone “Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental.”
[51] Sentencia SU-499 de 2016. La Corte Constitucional ha indicado que en algunos casos 6 meses puede ser un término razonable y, en otros, 2 años puede ser el plazo límite para su ejercicio. Entre otras, cfr., las sentencias T-328 de 2010, T-860 de 2011 y T-246 de 2015. La exigencia de razonabilidad, según la jurisprudencia constitucional, es más estricta en caso de que la actuación que se cuestione en sede de tutela sea una providencia judicial (cfr., sentencias C-590 de 2005, T-594 de 2008, T-265 de 2015 y SU-184 de 2019). La sentencia SU-439 de 2017 reiteró el precedente señalado en la sentencia SU-961 de 1999, según el cual el término prudencial de interposición de la tutela implica: “cierta proximidad y consecuencia de los hechos que se dicen violatorios de derechos fundamentales, pues es claro que la solicitud de amparo pierde su sentido y su razón de ser como mecanismo excepcional y expedito de protección, si el paso del tiempo, lejos de ser razonable, desvirtúa la inminencia y necesidad de protección constitucional”. En la sentencia SU-427 de 2016, al hacer referencia, de manera general, al alcance que la jurisprudencia constitucional le ha otorgado al requisito de inmediatez, indicó: “7.6. Ahora, si bien la Constitución y la ley no establecen un término expreso de caducidad, en la medida en que lo pretendido con el amparo es la protección concreta y actual de un derecho fundamental, este Tribunal, en varias providencias, ha sostenido que ante la inexistencia de un término definido, en algunos casos se ha considerado que el plazo oportuno es de seis meses, luego de lo cual podría declararse la improcedencia de la tutela, a menos que, atendiendo a las particularidades del caso sometido a revisión, se encuentren circunstancias que justifiquen la inactividad del accionante107. En esas hipótesis, por ejemplo, se ha llegado a considerar que, bajo ciertos supuestos, un término de dos años puede llegar a ser considerado razonable108”. En el primer pie de página de la providencia en cita, se hace referencia, además, a lo señalado en las sentencias T-328 de 2010 y T-1063 de 2012. En la sentencia SU-355 de 2020, en relación con esta exigencia se dijo: “el elemento de la inmediatez como criterio general de procedencia resulta particularmente relevante, ya que se trata de una exigencia que contribuye a garantizar la esencia misma de la cosa juzgada al interior del ordenamiento jurídico y de los principios antes invocados”. Además, según lo ha precisado la Sala Plena (cfr., la sentencia SU-072 de 2018) la revisión debe ser mucho más exigente si se trata de decisiones de las altas cortes, dado su carácter excepcional.
[52] Expediente digital. Acción de tutela y anexos.pdf. p. 53.
[53] Expediente Revisión. Archivo “APORTE DE PRUEBAS A CORTE CONSTITUCIONAL-JAIME MACHADO.pdf”.
[54] Corte Constitucional, Sentencia SU-379 de 2019.
[55] Corte Constitucional, Sentencia T-093 de 2019.
[56] Corte Constitucional, Sentencia SU-379 de 2019.
[57] Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
[58] Corte Constitucional, Sentencia SU-201 de 2021.
[59]Corte Constitucional, Sentencia SU-379 de 2019.
[60] El fallo tiene como antecedentes las sentencias T-248 y T-422 del año 2018. Estas providencias judiciales sistematizaron y dieron alcance a algunos criterios expuestos en las sentencias T-335 de 2000, T-102 de 2006, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014.
[61] La doctora Diana Constanza Rivera Fajardo salvó el voto.
[62] Sentencia SU-573 de 2019.
[63] Corte Constitucional, Sentencia T-606 de 2000.
[64] Corte Constitucional, Sentencia T-173 de 1993.
[65] Corte Constitucional, Sentencia T-610 de 2015.En
[66] Corte Constitucional, sentencias T-114 de 2002 y T-379 de 2007.
[67] Corte Constitucional, sentencias T-114 de 2002 y T-540 de 2013.
[68] Corte Constitucional, sentencias SU-439 de 2017 y SU-128 de 2021.
[69] Corte Constitucional, sentencias SU-128 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-067 de 2023.
[70] No cualquier error u omisión en el curso del proceso ordinario constituye un defecto que vulnere el debido proceso . En este sentido, las acciones de tutela contra providencia judicial en las que se alega que las vulneraciones a los derechos fundamentales del accionante son producto de irregularidades procesales en el curso del proceso ordinario, deben demostrar que dicho yerro tuvo un “efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna” . Para que el amparo proceda, las irregularidades deben tener una magnitud significativa , afectar los derechos fundamentales del accionante y haber incidido efectivamente en la providencia que se cuestiona. Cfr. Sentencias C-590 de 2005, T-586 de 2012, SU-061 de 2018 y T-470 de 2018.
[71] El artículo 86 de la Constitución Política “prescribe que la acción de tutela tiene carácter subsidiario respecto de los medios ordinarios de defensa judicial. En virtud del principio de subsidiariedad, la acción de tutela procede en dos supuestos excepcionales. Primero, como mecanismo de protección definitivo, si el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el mecanismo judicial ordinario es idóneo si “es materialmente apto para producir el efecto protector de los derechos fundamentales”. Por su parte, es eficaz si “está diseñado para brindar una protección oportuna a los derechos amenazados o vulnerados” (eficacia en abstracto) en consideración de las circunstancias en que se encuentre el solicitante (eficacia en concreto). Segundo, como mecanismo de protección transitorio si, a pesar de existir medios ordinarios idóneos y eficaces, la tutela es interpuesta para evitar la consumación de un perjuicio irremediable”. Cfr. Sentencias T-071 de 2021, SU-379 de 2019 y T-326 de 2023.
[72] Expediente Revisión, link del proceso “11001400308120230059900”, archivo “009AutoAdmitePrescripcionHipoteca.pdf”.
[73] CGP, artículos 285, 286 y 287.
[74] CGP, artículo 132 a 138.
[75] Cfr. Sentencia SU-245 de 2021.
[76] Cfr. Sentencias T-346 y T-1045 de 2012 y T-044 de 2022.
[77] Cfr. Sentencias T-807 de 2004, T-1101 de 2005, SU-448 de 2011, T-321 de 2017, SU-312 de 2020, SU-074 de 2022, SU-273 de 2022 y T-034 de 2023.
[78] Corte Constitucional, sentencias SU-141 de 2020, SU-242 de 2015 y SU-159 de 2002.
[79] Corte Constitucional, Sentencia SU-115 de 2019.
[80] Corte Constitucional, sentencias SU-424 de 2016, T-462 de 2003 y T-842 de 2001.
[81] Corte Constitucional, Sentencias SU-155 de 2023 y SU-053 de 2015.
[82] Cfr., Corte Constitucional, Sentencias SU-155 de 2023 y SU-047 de 1999.
[83] Corte Constitucional, Sentencia SU-155 de 2023.
[84] Corte Constitucional, Sentencias SU-304 de 2024 y SU-126 de 2025.
[85] Corte Constitucional, Sentencia SU-029 de 2024.
[86] Ib.
[87] Corte Constitucional, Sentencia SU-304 de 2024.
[88] Corte Constitucional, Sentencia SU-461 de 2020.
[89] Cfr. Corte Constitucional, Sentencias SU-396 de 2024 y SU-461 de 2020, entre otras.
[90] Corte Constitucional, Sentencia SU-155 de 2023. Cfr. Corte Constitucional, Sentencias T- 008 de 2020, SU-565 de 2015, T-625 de 2016, SU-226 de 2019 y T-074 de 2018.
[91] Corte Constitucional, Sentencia SU-396 de 2024.
[92] Corte Constitucional Sentencias SU-396 de 2024, SU-354 de 2020 y SU-172 de 2015.
[93] Corte Constitucional, Sentencias SU-396 de 2024 y SU-067 de 2023. Cfr. Sentencia SU-349 de 2022.
[94] Corte Constitucional, Sentencias SU-396 de 2024 y SU-060 de 2024.
[95] Corte Constitucional, Sentencias SU-155 de 2023 y SU-565 de 2015.
[96] Ib.
[97] Corte Constitucional, Sentencias SU-396 de 2024, SU-167 de 2024, SU-060 de 2024, SU-155 de 2023, SU-159 de 2002 y T-442 de 1994.
[98] Corte Constitucional, Sentencias SU-396 de 2024, SU-167 de 2024 y SU-354 de 2020. En la primera sentencia referida, la Corte se refirió a aquellas “pruebas que por disposición de la ley no son demostrativas del hecho objeto de la decisión”.
[99] Corte Constitucional, Sentencias SU-396 de 2024, SU-048 de 2022 y SU-060 de 2024.
[100] Corte Constitucional, Sentencias SU-396 de 2024 y T-104 de 2014.
[101] Corte Constitucional, Sentencias SU-396 de 2024, SU-167 de 2024, SU-060 de 2024, SU-387 de 2022, T-274 de 2012, T-535 de 2015, T-442 de 1994, T-233 de 2007 y SU-636 de 2015.
[102] Corte Constitucional, Sentencia SU-566 de 2019 y T- 229 de 2026.
[103] Corte Constitucional, Sentencia SU-142 de 2026.
[104] Corte Constitucional, Sentencia T-355 de 2025.
[105] Asobancaria. Una historia del sistema financiero colombiano 1870 – 2021. José Antonio Ocampo. Link: https://www.asobancaria.com/wp-content/uploads/2022/06/Una_historia_del_sistema_financiero-colombiano-1870-2021_WEB_V30062022.pdf.
[106] Banco de la República.Link: https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?title=UPAC_y_UVR.
[107] Ib.
[108] Corte Constitucional, Sentencia T-355 de 2025.
[109] Corte Constitucional, Sentencia T-355 de 2025.
[110] Corte Constitucional, Sentencia T-355 de 2025.
[111] Ib.
[112] Ib.
[113] Corte Suprema de Justicia, Casación Civil, Sentencia del 1 de junio de 2005, expediente 7921.
[114] Corte Suprema de Justicia. Sentencia STC5495 de 2022, en la que se citó lo argumentado en la del 3 de mayo de 2002, expediente 6153, de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
[115] Corte Constitucional, Sentencia T-355 de 2025.
[116] Ib.
[117] Corte Constitucional. Sentencias C-955 de 2000, T-597 de 2006 y C-955 de 2000.
[118] Corte Constitucional, Sentencia C-955 de 2000. Ver también la Sentencia C-1062 de 2003.
[119] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General No. 4 sobre el derecho a una vivienda adecuada (artículo 11.1 del Pacto). 13 de diciembre de 1991. Documento E/1992/23. https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=sp&TreatyID=9&DocTypeID=11.
[120] Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos – Hábitat II. Declaración de Estambul sobre los Asentamientos Humanos. Estambul (Turquía), 3-14 de junio de 1996. Documento A/CONF.165/14. https://docs.un.org/es/A/CONF.165/14.
[121] Corte Constitucional. Sentencia T-672 de 2010.
[122] Corte Constitucional, Sentencia T-355 de 2025.
[123] Esta distinción fue precisada por la Corte en la Sentencia T-355 de 2025.
[124] Corte Suprema de Justicia, Sentencia STC9367-2019. Rad. 68001-22-13-0002019-00164-01. M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.
[125]Expediente Revisión, link archivo “11001400308120230059900”, archivo “018SentenciaNiegaPetensiones.pdf”. p. 9.
[126] Ib.
[127] Ib.
[128] Ib., p.10.
[129] Corte Constitucional, Sentencia T-355 de 2025.