REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

SENTENCIA T-356 DE 2026

Referencia: expediente T-11.074.329.

Asunto: acción de tutela de Lucrecia y otros^{^[1]} contra el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Minería, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia), la Asociación para la Conservación y Aprovechamiento de Minerales del Territorio del Pueblo Kamëntsá Ftumaijay, el Cabildo Kamëntsá Biyá de Sibundoy (Putumayo), el Cabildo Kamëntsá Inga de San Francisco (Putumayo) y otros^{^[2]}.

Tema: procedencia de la consulta previa ante un proyecto minero adelantado por integrantes de la comunidad étnica correspondiente.

Magistrada ponente:

Natalia Ángel Cabo.

Bogotá D. C., 30 de octubre de 2026.

La Sala Primera de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Natalia Ángel Cabo, quien la preside, y por los magistrados Carlos Camargo Assis y Héctor Alfonso Carvajal Londoño, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política, profiere la siguiente

SENTENCIA.

Esta decisión se profiere en el trámite del proceso de revisión de las sentencias proferidas, en primera instancia, por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Sibundoy (Putumayo), el 3 de febrero de 2025; y, en segunda instancia, por la Sala Única de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa, el 11 de marzo de 2025.

Aclaración previa

De conformidad con el artículo 61 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional y la Circular Interna n.º 10 de 2022 —sobre anonimización de nombres en las providencias publicadas en el sitio web de la Corte—, se elaborarán dos versiones de esta providencia. Lo anterior, en razón de que, durante el trámite del proceso, los accionantes relataron circunstancias que podrían comprometer su integridad personal. En la versión de acceso público, los nombres de las partes y demás datos que permitan identificar a los actores serán sustituidos por datos ficticios, los cuales se consignarán en cursiva.

Síntesis de la decisión

El hecho de que un proyecto extractivo que afecta a una comunidad étnica sea adelantado por sus propios miembros no exime a las autoridades estatales encargadas de formalizarlo, aprobarlo o licenciarlo de respetar y garantizar el derecho a la consulta previa. En efecto, en la medida en que los trámites y autorizaciones estatales constituyen medidas externas a los pueblos étnicos, las autoridades competentes —según las particularidades de cada caso— deben observar las reglas jurisprudenciales sobre el derecho a la participación de dichos pueblos y sus niveles, definidos conforme a la escala de intensidad de la afectación: (i) consentimiento previo, libre e informado; (ii) consulta previa; y (iii) participación de la comunidad en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos y ciudadanas.

A la vez, las autoridades tradicionales deben respetar las reglas del derecho propio y los esquemas de participación comunitaria definidos en sus sistemas de gobierno, de manera que se garantice el diálogo de la comunidad de acuerdo con sus usos y costumbres. La jurisprudencia constitucional ha establecido que las decisiones de las autoridades tradicionales sobre el uso del territorio deben considerar sus posibles impactos ambientales y propender al desarrollo sostenible.

La Sala Primera de Revisión llegó a estas conclusiones al estudiar una acción de tutela de un grupo de miembros de dos resguardos del pueblo Kamëntsá, que habitan los municipios de Sibundoy y San Francisco (Putumayo), en el territorio que ancestralmente constituye el Waman Luar Tabanok (Sagrado Lugar de Origen) de dicha comunidad: el Valle de Sibundoy. Los accionantes solicitaron dejar sin efectos los actos administrativos de la Agencia Nacional de Minería, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia) que: (i) declararon y delimitaron un área de reserva especial para extracción de materiales de construcción (arenas, gravas y rocas, esencialmente) de los ríos Putumayo y San Francisco; (ii) determinaron la improcedencia de la consulta previa; y (iii) otorgaron a los titulares mineros la licencia ambiental temporal requerida. En concepto de los demandantes, esos actos fueron expedidos sin un diálogo adecuado con las comunidades y requerían su consentimiento previo, libre e informado.

Los titulares mineros son integrantes de ambas comunidades, agrupados en una asociación cuyo objeto social es el aprovechamiento de los recursos naturales del territorio. Según la asociación, el proyecto minero tiene el objetivo de evitar que terceros ajenos a las comunidades se beneficien de los recursos naturales y los exploten al margen de los usos y costumbres del pueblo y de su especial relación con el territorio y con la naturaleza. A la vez, pretende mitigar los efectos dañinos que las intervenciones anteriores de agentes externos a los resguardos han producido en el ecosistema.

Después de una etapa probatoria que permitió escuchar a los accionantes, las autoridades tradicionales, las autoridades estatales y los titulares mineros, entre otros actores, la Corte Constitucional decidió tutelar los derechos fundamentales a la autodeterminación, a la consulta previa y a la participación del grupo de demandantes. La Sala de Revisión encontró que, en aplicación de la jurisprudencia sobre los derechos a la consulta previa y a la participación de los pueblos étnicos, las decisiones que adoptaron las autoridades estatales, por ser externas a las comunidades, debían ser consultadas previamente. La Corte llegó a esta conclusión tras analizar los elementos de prueba recaudados durante el proceso, los cuales evidenciaron que el proyecto afecta directamente a las comunidades en la medida en que impacta su territorio, su ambiente y su estructura social, económica y cultural.

Al mismo tiempo, gracias al conocimiento que la Corte obtuvo sobre el derecho propio de ambos cabildos, la Sala de Revisión concluyó que es deseable un mayor diálogo comunitario interno sobre el proyecto y sus implicaciones. Sin perjuicio de lo que la comunidad disponga, de acuerdo con lo allegado al expediente, un escenario podría ser la Asamblea General, espacio que propicia la deliberación de la comunidad en su totalidad, y es el órgano encargado de adoptar decisiones sobre conflictos en torno a los proyectos, obras o actividades que pueden impactar el territorio y el ambiente.

Así las cosas, entre otros remedios, la Corte exhortó a los cabildos a propiciar el diálogo interno sobre el proyecto. Igualmente, ordenó a las autoridades estatales que, surtida la deliberación comunitaria, inicien una consulta previa en la que participen las comunidades, las autoridades tradicionales y la asociación que agrupa a los titulares mineros. Mientras ello ocurre, la Sala ordenó suspender las actividades extractivas que se estuvieran adelantando en el momento en que este fallo surtiera efectos.

I. ANTECEDENTES

1. Las y los accionantes hacen parte de los resguardos indígenas Kamëntsá[3] Biyá de Sibundoy y Kamëntsá Inga de San Francisco, ambos ubicados en el departamento de Putumayo. Mediante su acción de tutela, solicitaron que se proteja, entre otros, su derecho a la consulta previa y que, en consecuencia, se dejen sin efectos los actos administrativos que derivaron en la firma de un contrato de concesión minera para extraer materiales de construcción de los ríos Putumayo y San Francisco. Los titulares mineros son también integrantes de las dos comunidades étnicas mencionadas.

1. Hechos, acción de tutela, pretensiones y fundamentos

2. El 8 de noviembre de 2024[4], el grupo de accionantes presentó la acción de tutela para solicitar la protección de sus derechos “al consentimiento previo, libre e informado; a la autodeterminación; a la autonomía o al autogobierno; a la integridad física, cultural y espiritual; a los derechos territoriales; a la salud; al medio ambiente sano; a la educación propia; a la integridad social, cultural y económica; a la participación democrática; a la existencia; y al debido proceso de las comunidades indígenas”[5]. En su concepto, las entidades y personas naturales accionadas vulneraron sus derechos como consecuencia de la autorización y ejecución de un proyecto minero de explotación de arenas y gravas naturales y silíceas y roca o piedra caliza en bruto, materiales utilizados en la construcción y otras actividades económicas. El proyecto se adelanta en los ríos Putumayo y San Francisco, en el territorio que, según la tutela, corresponde a los resguardos Kamëntsá Biyá de Sibundoy y Kamëntsá Inga de San Francisco, en el departamento de Putumayo. De acuerdo con la información que la Corte conoció, el proyecto se conoce como la Balastrera Tamabioy.

3. Según los accionantes, los titulares mineros, habilitados para ejecutar el proyecto mencionado, son un grupo de integrantes de los dos resguardos mencionados, que hacen parte de la Asociación para la Conservación y Aprovechamiento de Minerales del Territorio del Pueblo Kamëntsá Ftumaijay (en adelante, la Asociación Ftumaijay). Los accionantes alegaron que, a pesar de ello, el proyecto impacta su territorio porque

el río en la cosmovisión Kamëntsá es un ser viviente, que tiene venas y arterias, además de que en el Río Putumayo donde está el proyecto minero, las dos comunidades desde hace mucho tiempo […] hacen rituales de sanación, se obtiene leña, también las piedras para edificar las casas de los habitantes de los dos resguardos indígenas, también […] sirve para enseñanza de los más pequeños[6].

4. En el momento en que fue presentada la acción de tutela, sin embargo, los actores indicaron que el acceso al río estaba restringido. Los accionantes incorporaron en su escrito, entre otras, una fotografía de un aviso que prohíbe el paso, indica la existencia de un peligro y señala que se “está ingresando a un área de aprovechamiento minero”[7].

5. Por eso, para los actores, no está justificado que 25 personas (habilitadas para extraer los recursos mencionados) tomaran la decisión de ejecutar el proyecto en el territorio de los dos cabildos. Las decisiones de este tipo, según los demandantes, deben ser tomadas por la asamblea de las dos comunidades en pleno, pues impactan el territorio colectivo y ancestral. De acuerdo con ellos, la minería no está en los planes de vida y salvaguarda de los dos cabildos.

6. La acción de tutela solicitó que se dejen sin efectos los siguientes tres actos administrativos emitidos durante el trámite de las autorizaciones, licencias y habilitaciones propias del proyecto minero:

Acto administrativo	Entidad que lo emitió	Contenido
Resolución VPPF núm. 293 del 27 de noviembre de 2018[8]	Agencia Nacional de Minería (ANM)	La resolución declaró y delimitó como área de reserva especial la zona del proyecto minero. El acto administrativo se emitió como consecuencia de la solicitud de Tiberio, quien se identificó como representante legal de la Asociación Ftumaijay, a la que indicaron pertenecer otras treinta personas. El área de reserva especial delimitada se encuentra en los municipios de Sibundoy y San Francisco (Putumayo) y se identificó, de acuerdo con la resolución, según la influencia de las labores mineras que los solicitantes ya desarrollaban y su proyección hacia el futuro. El área tiene 111,94 hectáreas en un solo polígono. La resolución estableció que el Resguardo Indígena Kamëntsá Biyá de Sibundoy se superpone con el área de reserva especial en un 44,38 %, pero indicó que “en el expediente obran certificaciones de los Gobernadores de los Cabildos indígenas Camëntsa Biya e Inga Camëntsa Biya, en las cuales se reconoce a los solicitantes como habitantes de los resguardos Tamabioy y San Javier, que conforman el resguardo indígena Camëntsa Biya de Sibundoy y San Francisco”[9].
Resolución núm. ST-0788 del 6 de junio de 2022[10]	Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP) del Ministerio del Interior	La resolución resolvió que no procedía la consulta previa en el marco del estudio de impacto ambiental adelantado para obtener la licencia ambiental temporal para el proyecto, previo a firmar el contrato de concesión respectivo. El acto administrativo respondió a una solicitud de Ramón, uno de los titulares mineros y quien, según los accionantes, también fungía como arcanÿe o alcalde mayor del Cabildo Kamëntsá Biyá de Sibundoy en el momento de presentar esa solicitud (vigencia 2022)[11]. La resolución, en resumen, determinó que el proyecto no implicaba una afectación directa a las dos comunidades porque todos los miembros de la Asociación Ftumaijay pertenecen a los resguardos. Además, de acuerdo con la entidad, el proyecto tiene el objetivo de “mantener el equilibrio controlado entre las personas y el entorno natural de valor sagrado de principio a fin, aminorando los impactos que han dejado años de explotación legal y descontrolada por parte de personas externas”[12]. La resolución anotó que la Asociación Ftumaijay “está conformada por el 80 % de los miembros de los resguardos son [sic] 25 familias de las cuales en promedio el 80 % pertenecen a la asociación”[13].
Resolución D.G. núm. 2439 del 22 de diciembre de 2022[14]	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia)	La resolución otorgó una licencia ambiental temporal a 25 personas para ejecutar el proyecto de explotación de materiales de construcción en el área de reserva especial declarada y delimitada, ubicada en los ríos Putumayo y San Francisco, en jurisdicción de los municipios de Sibundoy y San Francisco. La licencia temporal fue otorgada “por el término de duración del trámite de formalización minera y dos (2) meses adicionales después de otorgado el contrato de concesión minera o la anotación del subcontrato en el Registro Minero Nacional, término en el cual deberá presentarse la solicitud de licencia ambiental global o definitiva”[15].

Tabla 1. Actos administrativos que la acción de tutela solicita dejar sin efectos.

7. De acuerdo con los documentos allegados al proceso de tutela, el contrato especial de concesión núm. ARE-RLJ-08001X, correspondiente al área de reserva especial en comento, fue suscrito el 16 de noviembre de 2023 e inscrito en el Registro Minero Nacional el 29 de diciembre de 2023. Dicho contrato lo suscribieron, por un lado, la Agencia Nacional de Minería (en adelante, también, ANM) y, por el otro, 19 personas naturales. Este tiene una duración de 30 años, contados a partir de su inscripción en el Registro Minero Nacional, prorrogables por un término igual[16].

8. Como se indicó, la tutela pidió dejar sin efectos los tres actos administrativos descritos “con el fin de que se dé el derecho fundamental al consentimiento previo, libre e informado de las comunidades […] sin que haya interferencia de ninguna entidad o tercero que pueda afectar [su] decisión”[17]. Adicionalmente, los actores solicitaron ordenar a los particulares que adelantan el proyecto minero que “se abstengan de seguir actuando en el territorio colectivo” y suspender los trabajos de extracción mientras se da el consentimiento previo, libre e informado de ambas comunidades[18].

2. Respuestas de las entidades accionadas y de los vinculados

9. A continuación, se sintetizan los puntos principales de las contestaciones que presentaron los accionados y vinculados al trámite.

Persona o entidad accionada o vinculada	Contestación
Asociación Ftumaijay[19]	La asociación, a través de un escrito firmado por su apoderada judicial, se opuso a las pretensiones de la tutela. En su criterio, la resolución de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa resultó de una visita al territorio, que contó con la participación de los miembros de las comunidades que atendieron el llamado. En contraste con uno de los argumentos de la tutela, la reunión no fue privada y se dejó constancia de la asistencia en unas listas que fueron allegadas al presente proceso. Para la asociación es “ilógico” que los “miembros indígenas”[20] manifiesten que realizan prácticas ancestrales y de sanación en el río Putumayo, cuando lo cierto es que está contaminado con independencia del proyecto minero, pues se vierten en él las aguas negras del municipio de San Francisco. La asociación, entonces, solicitó que se declare improcedente la tutela, pues sostuvo que las pretensiones son “acciones temerarias” porque los hechos están “ya superados”[21]. Resaltó que el conflicto se da dentro de la misma comunidad, por lo que son los accionantes quienes violan el debido proceso “dejando de lado las costumbres y resolver todo a menester de conciliación por parte de los taitas gobernadores que son la máxima autoridad para las comunidades indígenas”[22].
*Cecilia* (titular minera)[23]	A la vez, Cecilia, una de las titulares mineras, presentó un escrito en el que se opuso a la tutela, pues sostuvo que el trámite ha cumplido la normativa aplicable.
Miembros de las comunidades mencionados en los documentos del expediente como integrantes de la Asociación Ftumaijay[24]	Lorenza, Alberto, Celina, Ramiro, Sandra, Samuel y Alicia presentaron un escrito en el que informaron que el señor Ramiro es uno de los titulares mineros, pero que los demás no lo son “debido a que en el debido proceso de legalidad minera y conociendo los deberes y derechos adquiridos por cuestiones como la edad, las ocupaciones diarias y profesionales, y las respectivas desinformaciones que han generado alrededor del Proyecto, han convertido en un problema social que ha afectado la tranquilidad de algunos de los presentes”[25].
*Curadora ad litem* de las personas cuyos nombres aparecen en las listas de asistencia a las reuniones de socialización del proyecto**[26]	Tras una declaratoria de nulidad del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa por indebida notificación del trámite a las personas mencionadas, se designó una curadora ad litem. La abogada designada interpuso la excepción “genérica”, pues señaló que no le constan los hechos y que se atenía a lo que se probara en el proceso[27].
Corpoamazonia[28]	La corporación solicitó declarar improcedente la tutela por no cumplir el requisito de subsidiariedad.
Ministerio del Interior[29]	La directora jurídica de la entidad argumentó que la visita del Ministerio, previa a la resolución que declaró improcedente la consulta previa, contó con la participación de las comunidades de los dos resguardos. Durante tres días, el Ministerio recorrió el sitio, se reunió con las comunidades y entrevistó a algunos integrantes de sus integrantes. La visita fue acompañada por la Personería Municipal de Sinbundoy, la Personería Municipal de San Francisco y la Procuraduría Regional del Putumayo. Así, el escrito sostuvo que el Ministerio no violó los derechos de los accionantes y que la tutela es improcedente por incumplir los requisitos de subsidiariedad e inmediatez.
Agencia Nacional de Minería[30]	La ANM solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela por incumplir los requisitos de subsidiariedad e inmediatez.
Ministerio de Minas y Energía[31]	En la medida que el Ministerio de Minas y Energía no es mencionado en la acción de tutela, la entidad señaló que no le consta ninguno de los hechos. Argumentó que no está legitimado en la causa por pasiva y solicitó desestimar las pretensiones en su contra.
Procuraduría General de la Nación[32]	La procuradora 15 judicial II para asuntos ambientales y agrarios de Pasto contestó que no hay ninguna vulneración de derechos fundamentales que se atribuya a la entidad y señaló que esta no tenía conocimiento de los hechos. Sobre la controversia, la servidora señaló que la Corte Constitucional ha establecido que la sola socialización de un proyecto, obra o actividad no suple la consulta previa. Dado que hay elementos en el expediente que sugieren que la actividad se ha realizado en el territorio desde antes de que se solicitara la declaración y delimitación del área de reserva especial, el Ministerio Público concluyó que debe concederse la tutela, “pero sin suspender el ejercicio minero por ser este tradicional, y porque en caso de accederse al amparo, la decisión del señor juez no puede afectar la presentación de la solicitud de constitución”[33] del área de reserva especial. De igual forma, la procuradora anotó que los hechos no indican que el proyecto requiera el consentimiento previo, libre e informado de la comunidad, dado que la consulta previa es “suficiente”. Esta conclusión se basa en que, en su criterio, la formalización minera mejoraría las condiciones de explotación “tanto frente a los mineros como al ambiente y los recursos naturales, lo que de paso favorece a las comunidades”[34].
Municipio de Sibundoy[35]	El municipio solicitó ser desvinculado, pues sostuvo que no se encuentra legitimado en la causa por pasiva.

Tabla 2. Contestaciones.

3. Decisiones judiciales objeto de revisión

3.1. Sentencia de primera instancia

10. El 3 de febrero de 2025, el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Sibundoy (Putumayo) declaró improcedente la acción de tutela porque, en su criterio, incumple los requisitos de inmediatez y subsidiariedad[36]. Con respecto al primero, la autoridad anotó que pasaron 23 meses entre el último acto administrativo que se solicita dejar sin efectos y la interposición de la tutela, por lo que no está claro que la comunidad haya sido diligente en la defensa de sus derechos. En relación con el segundo, el juzgado sostuvo que los actos administrativos se deben cuestionar ante los jueces administrativos.

3.2. Impugnación

11. La parte accionante[37] y la procuradora 15 judicial II para asuntos ambientales y agrarios de Pasto[38] impugnaron la decisión de tutela de primera instancia.

12. Por un lado, los accionantes aclararon que no tuvieron conocimiento de los actos administrativos sino hasta que un juez de tutela ordenó que la Asociación Ftumaijay respondiera de fondo una petición presentada en abril de 2024. Esa respuesta fue otorgada el 26 de mayo de 2024 y fue en ese momento que los demandantes conocieron los tres actos administrativos. Luego de conocerlos, solicitaron información a la ANM y a Corpoamazonia.

13. A partir de esa información, se realizaron dos mingas de pensamiento en el territorio de las dos comunidades, en las que se determinó que los asistentes no tenían conocimiento del proyecto. Por eso, los demandantes cuestionaron dos certificaciones expedidas por los entonces gobernadores de las dos comunidades involucradas, mediante las cuales respaldaron los proyectos, por considerar una necesidad prioritaria la protección de los ríos Putumayo y San Francisco[39]. Para los actores, el respaldo de los gobernadores no equivale al de las comunidades. La parte accionante agregó que las reuniones de socialización no contaron con una asistencia suficiente de integrantes de las comunidades y que la mayoría de los asistentes que firmaron las listas respectivas fueron los integrantes de la Asociación Ftumaijay.

14. Finalmente, a partir de la jurisprudencia constitucional, los accionantes defendieron que la acción de tutela sí resulta procedente. Entre otras pruebas, los actores adjuntaron una serie de documentos titulados “declaración juramentada”, mediante los cuales varias personas afirman que no conocieron información alguna sobre el proyecto sino hasta el año 2024.

15. Por otro lado, la procuradora 15 judicial II para asuntos ambientales y agrarios de Pasto insistió en que el proyecto requería agotar el trámite de consulta previa. Agregó que, a la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la acción de tutela sí cumple los requisitos de inmediatez y subsidiariedad.

3.3. Sentencia de segunda instancia

16. El 11 de marzo de 2025, la Sala Única de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa resolvió “confirmar” la decisión de primera instancia[40]. Para la Corporación, la tutela cumple los requisitos de subsidiariedad e inmediatez. Sin embargo, al analizar el fondo de la controversia, el tribunal señaló que, de acuerdo con la reglamentación vigente, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (en adelante, también, DANCP) del Ministerio del Interior era la autoridad competente para determinar la eventual afectación que las dos comunidades involucradas podrían soportar como consecuencia del proyecto minero. Por eso, en criterio de la Sala, no le es dable al juez de tutela “inmiscuirse” en las facultades y el trámite administrativo que esa autoridad adelanta, menos cuando, en el caso, la resolución podía ser cuestionada mediante los recursos de reposición y apelación que no fueron ejercidos[41].

17. La autoridad judicial agregó que los gobernadores de los cabildos indígenas son “sujetos idóneos para representar legalmente a su comunidad y velar por sus derechos e intereses”[42]. Por eso, los documentos que suscriben, según el fallo, no requieren ratificaciones de los integrantes de la comunidad. Así, el tribunal concluyó que no se violaron los derechos de los accionantes. Con respecto a los perjuicios que las comunidades podrían enfrentar, la sentencia indicó que los actores cuentan con los mecanismos respectivos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y ante la jurisdicción ordinaria, para solicitar la indemnización que consideren pertinente.

4. Actuaciones surtidas en el trámite de revisión ante la Corte Constitucional

4.1. Selección del expediente

18. La Sala de Selección de Tutelas Número Siete de 2025 seleccionó el presente expediente para la revisión de la Corte Constitucional, decisión orientada por el posible desconocimiento del precedente y la necesidad de aplicar un enfoque diferencial[43]. Esta determinación tuvo origen en una insistencia de la Defensoría del Pueblo[44], entidad que argumentó la urgencia de proteger los derechos fundamentales y la existencia de una violación a la jurisprudencia constitucional. Para la entidad, el caso exige evaluar la posible vulneración a la consulta previa, la autonomía y la identidad cultural de las comunidades indígenas del río Putumayo, afectadas por un proyecto minero sin deliberación comunitaria. Adicionalmente, la Defensoría alegó que los jueces de instancia aplicaron de forma rígida el requisito de inmediatez, puesto que ignoraron que las comunidades étnicas son sujetos de especial protección constitucional y que la continuidad del proyecto causa un perjuicio irremediable en su territorio.

4.2. Trámite de revisión ante la Corte Constitucional

19. Una vez seleccionado y repartido el expediente, la magistrada ponente y la Sala de Revisión realizaron varias actuaciones. Por un lado, tanto la Sala de Revisión como la magistrada ponente, en ejercicio de sus facultades, decretaron pruebas a través de tres autos. Los objetos de esas providencias y la información recaudada se sintetizan en la siguiente sección de esta sentencia.

20. Por otro lado, en virtud de una solicitud de medidas provisionales que los accionantes presentaron al responder al primer auto de pruebas que se profirió, la Sala Primera de Revisión, luego de decretar, practicar y valorar las pruebas que estimó pertinentes para adoptar una decisión, profirió el Auto 539 de 2026, mediante el cual negó las medidas provisionales porque no encontró acreditados los requisitos exigidos por la jurisprudencia. Sin embargo, adoptó una serie de órdenes con miras a que las autoridades competentes tomaran las medidas necesarias para estudiar las posibles amenazas contra la seguridad de los accionantes, que motivaron, en parte, su solicitud de medidas provisionales.

4.3. Pruebas decretadas por la Sala Primera de Revisión

21. Mediante el Auto 1738 del 6 de noviembre de 2025[45], la Sala de Revisión, entonces conformada por la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez, el magistrado Juan Carlos Cortés González y la magistrada ponente, requirió información a las partes y vinculados acerca de los siguientes temas: (i) el estado actual del proyecto minero y de su trámite de formalización; (ii) la forma de gobierno y la concepción de autoridad legítima del pueblo Kamëntsá y de los dos resguardos involucrados; (iii) la relación histórica del pueblo con la minería y con la extracción de recursos naturales; (iv) la Asociación Ftumaijay; y (v) los mecanismos que las autoridades estatales involucradas disponen para el diálogo intercultural con pueblos étnicamente diferenciados y, en particular, con sus autoridades tradicionales[46]. Además, invitó a otras entidades e instituciones de educación superior, o a sus dependencias, a rendir concepto sobre el segundo y tercer asunto, así como a aportar la información que encontraran pertinente en relación con el caso[47].

22. Por medio del Auto del 30 de enero de 2026[48], la magistrada ponente decretó unas pruebas adicionales y, particularmente, solicitó información sobre (i) los riesgos de seguridad que motivaron a los accionantes a solicitar medidas de protección al dar respuesta al primer auto de pruebas; (ii) los mecanismos de participación implementados en las dos comunidades en relación con el proyecto; y (iii) las consideraciones de las autoridades con respecto a su impacto ambiental. Adicionalmente, el auto mencionado vinculó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la Unidad Nacional de Protección (UNP). Finalmente, mediante la providencia del 12 de marzo de 2026[49], la magistrada sustanciadora invitó a un grupo de expertos y expertas[50] a rendir concepto sobre los estándares de participación de los integrantes de comunidades étnicamente diferenciadas en las decisiones que pueden afectarlos a ellos o a sus territorios, en especial, relacionadas con la extracción de recursos naturales.

5. Información recaudada por la Corte Constitucional

23. A continuación, se sintetiza el contenido de las pruebas recaudadas por la Corte, agrupadas temáticamente para facilitar la presentación de la información. Dado que el expediente contiene una cantidad considerable de información, en el cuerpo de esta providencia se incluye un resumen general, mientras que en dos anexos se desarrolla una síntesis más detallada. El Anexo 1 presenta el resumen detallado de cada una de las respuestas e intervenciones recibidas, organizadas conforme a los mismos temas aquí planteados[51]. El Anexo 2 sintetiza los videos aportados por las partes a lo largo del proceso.

5.1. Situación actual del proyecto minero y estado del trámite ante las autoridades competentes

24. La Corte pidió a las partes información actualizada sobre el estado del proyecto. Al respecto, los accionantes sostuvieron que el proyecto continuaba en trámite sin autorización para operar porque no existía un Plan de Gestión Social (PGS) aprobado por la Agencia Nacional de Minería. Por su parte, la Asociación Ftumaijay indicó que el proyecto, en etapa de explotación, estaba suspendido, de acuerdo con un acto administrativo de la ANM. La asociación destacó que ha actuado de buena fe y ha acudido a las autoridades competentes para el desarrollo del proyecto. Asimismo, la accionada precisó que realizaba actividades de control, vigilancia y limpieza en el área. Ambas partes afirmaron que Corpoamazonia inició la evaluación de la licencia global o definitiva para el contrato especial de concesión.

25. Por su parte, la autoridad tradicional del pueblo Kamëntsá Biyá de Sibundoy indicó que, en 2025, no se lograron acuerdos entre la comunidad, los accionantes y los miembros de la Asociación Ftumaijay, lo cual desarmonizó a la comunidad. Por ello, sugirió “terminar” el título otorgado a la asociación, pero garantizar al pueblo la administración de los recursos de los ríos, con base en su consentimiento previo, libre e informado. En esta línea, el Cabildo Kamëntsá Inga de San Francisco destacó la importancia de proteger los recursos naturales para la pervivencia del modo de vida ancestral y la autonomía territorial, y consideró necesario regular las actividades extractivas con base en procesos participativos y democráticos que respeten las normas, usos y costumbres ancestrales.

26. La ANM se refirió al trámite administrativo relativo a la solicitud de área de reserva especial, que concluyó en el contrato especial de concesión. Así, sostuvo que el estado del expediente ARE-RLJ-08001X es el de Título Minero Vigente. La autoridad agregó que decretó el desistimiento de cuatro titulares, debido a su renuncia, y que, aunque el contrato contaba con Programa de Trabajos y Obras (PTO) aprobado y Licencia Ambiental Temporal, el titular minero no podía adelantar actividades de explotación porque no tenía un PGS aprobado.

27. Sobre el último punto, el Auto PARP núm. 514 del 22 de diciembre de 2025, que emitió la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la ANM, entre otras varias medidas, recordó a los titulares mineros “que NO pueden realizar actividades de explotación en el área del título minero, hasta tanto no cuente [sic] con Plan de Gestión Social – PGS aprobado por la Autoridad Minera. Lo anterior, de conformidad con la evaluación y recomendación realizada en el Concepto Técnico de Evaluación Integral PARP No. 287 del 01 de diciembre de 2025”^{^[52]}.

5.2. Relación de las comunidades Kamëntsá Biyá de Sibundoy y Kamëntsá Inga de San Francisco con la minería

28. Los accionantes señalaron que los pueblos Kamëntsá Biyá y Kamëntsá Inga no son pueblos mineros y que la minería no ha hecho parte de su economía, de sus formas de organización ni de su vida espiritual. De hecho, en su criterio, permitirla podría poner en riesgo su continuidad cultural. De acuerdo con sus respuestas, las actividades mineras son incompatibles con su sistema espiritual y su sistema jurídico, dado que este se fundamenta en la protección del territorio, como cuerpo vivo, y en el equilibrio ambiental. Por su parte, el representante legal y la apoderada judicial de la Asociación Ftumaijay indicaron que las comunidades han mantenido una relación compleja, diversa y continua con la minería y la extracción de recursos naturales en sus territorios, ya que las familias ribereñas han realizado extracción manual de materiales de los ríos durante siglos, para subsistir o incluso defender el territorio. Además, el pueblo ha tenido espacios para beneficiarse de los materiales que le brinda la naturaleza.

29. Desde los cabildos, las autoridades tradicionales informaron que la minería de gran escala no ha sido una actividad central ni definitoria de la cosmovisión ni de la economía tradicional del pueblo Kamëntsá; no es un proyecto colectivo ni un eje económico o cultural. Sin embargo, en las últimas décadas, algunos miembros de las comunidades se han dedicado a la extracción artesanal de recursos naturales o al lavado de minerales en los ríos cercanos, lo que incluso podría afectar los recursos naturales de los que dependen las mismas comunidades indígenas y otras aledañas. Adicionalmente, los gobernadores de los cabildos destacaron la importancia de proteger el territorio en aras de la pervivencia física y cultural del pueblo.

30. El Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) señaló que en el Plan de Salvaguarda del Pueblo Kamëntsá Biyá (2013), el Plan de Vida Kamëntsá Biyá (2020) y la Línea Base de Justicia Kamëntsá (2020), no se referencia la minería como una práctica ancestral, tradicional o productiva y no se identifica tampoco como parte de su sistema económico o cultural. Desde el instituto se resaltó la comprensión profunda y espiritual del territorio, de modo que las actividades mineras, cuando responden a una lógica más extractiva que recíproca, podrían entenderse como una perturbación a la armonía, contraria a sus leyes y justicia.

31. Finalmente, la defensora delegada para grupos étnicos también afirmó que la minería industrial no forma parte constitutiva de la cultura del pueblo y que la protección de los recursos naturales es una prioridad en su cosmovisión. No obstante, algunas actividades extractivas han sido practicadas por algunos miembros, especialmente para construir o generar ingresos. Así, la defensora delegada mencionó la necesidad de una regulación efectiva sobre las actividades extractivas, a partir de procesos participativos.

5.3. Historia y actividades de la Asociación Ftumaijay

32. El representante legal y la apoderada judicial de la Asociación Ftumaijay informaron que esta surgió como respuesta colectiva ante los graves conflictos socioambientales que se produjeron entre 2011 y 2014 en el territorio, especialmente debido a la extracción desmedida de material de arrastre, sin criterio técnico o consulta efectiva por parte de externos. Expusieron que, entre 2015 y 2016, los habitantes de la ribera y la comunidad en general crearon la asociación para ejercer el control, la protección ambiental y la defensa del territorio. En sus intervenciones, la asociación mencionó que, actualmente, tiene 40 socios, “de los cuales 5 personas realizaron la renuncia”[53], aunque no todos son titulares mineros del área de reserva especial. Algunos de sus integrantes sirvieron como autoridades tradicionales del gobierno de los resguardos —lo cual confirmó la autoridad tradicional del Resguardo Kamëntsá Biyá de Sibundoy—. Además, indicaron que la asociación se desempeña como operadora minera del proyecto y sus actividades se asocian a la protección, vigilancia y cuidado del aprovechamiento de los minerales y del medio ambiente.

33. Sobre el tema, los accionantes y el gobernador del Cabildo Kamëntsá Biyá de Sibundoy resaltaron que, como persona jurídica de derecho privado, la asociación no ejerce funciones públicas o de autoridad indígena. El gobernador del Cabildo Kamëntsá Biyá de Sibundoy indicó que, los términos como “inhabilidad” o “incompatibilidad” no hacen parte del derecho propio, la Ley Natural establece una serie de principios que obligan a las autoridades a darle primacía al interés colectivo sobre el individual. A su vez, el gobernador del Cabildo Kamëntsá Inga de San Francisco informó que, dentro del esquema de gobierno propio del resguardo, existen límites para que las autoridades indígenas se beneficien personalmente de proyectos mineros mientras representan a la comunidad en procesos participativos o de consulta previa, ya que ello configura un conflicto de intereses.

5.4. Gobierno y composición del pueblo Kamëntsá y de los resguardos Kamëntsá Biyá de Sibundoy y Kamëntsá Inga de San Francisco

34. La Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior certificó quiénes eran los gobernadores de los cabildos Kamëntsá Inga de San Francisco en 2024 y Kamëntsá Biyá de Sibundoy en 2025. Además, indicó que, para el 20 de noviembre de 2025, en el primero estaban censadas 1.969 personas, y en el segundo, 4.559. Al respecto, la autoridad tradicional del Cabildo Kamëntsá Biyá precisó que, en 2025, el resguardo lo conformaban 4.726 personas, organizadas en 2.049 familias; mientras que el gobernador del Cabildo Kamëntsá Inga informó que pertenecían al resguardo 2.041 personas que conformaban 1.107 familias.

35. Sobre las formas de gobierno del pueblo, los cabildos explicaron que el pueblo se organiza a partir de las leyes Natural y de Origen. Sus formas de gobierno se articulan principalmente a través de las autoridades tradicionales que dialogan con la comunidad reunida en la Asamblea General. Esta última es la máxima instancia de decisión comunitaria, lo que implica que adopta decisiones sobre proyectos de alto impacto que afectan la vida de los resguardos. A su turno, los gabinetes de ambos cabildos—conformados por el gobernador o gobernadora, el alcalde o alcaldesa mayor, el alguacil mayor y demás alguaciles— ejecutan las decisiones de la Asamblea y administran los resguardos, protegen los territorios, coordinan la justicia propia y garantizan la participación interna. El gobernador es elegido democráticamente para períodos de un año y, entre otras funciones, representa los intereses de los resguardos.

36. La autoridad tradicional del Cabildo Kamëntsá Biyá de Sibundoy también refirió la importancia de figuras reconocidas por su trayectoria de servicio, coherencia y sabiduría dentro de la comunidad, quienes orientan la toma de decisiones y acompañan al Cabildo y a la Asamblea General; así como los consejos —de exautoridades, de Territorio y de Mujeres—, que son instancias de consulta, orientación y apoyo para la toma de decisiones.

37. Esta descripción que las autoridades tradicionales suministraron coincidió, en términos generales, con lo que expusieron la Defensoría Delegada para Grupos Étnicos y el ICANH. Este instituto diferenció a las autoridades individuales, como los gobernadores, de las autoridades colectivas —Asamblea y Consejo de Justicia Kamëntsá— y de las funcionales y ceremoniales. Además, indicó que el grado de representación interna de las autoridades se limita a las instancias de gobierno propio reconocidas por el pueblo.

38. Con relación a este tema, la Asociación Ftumaijay señaló que, con el Convenio 169 de la OIT y la Constitución de 1991, el Cabildo pasó a ser una institución política elegida democráticamente, lo que, en su opinión, generó divisiones al interior del pueblo. Las intervenciones de la asociación señalaron que cada gobierno de turno obedece a intereses de unos sectores de la comunidad y no a los intereses colectivos. En todo caso, la accionada reconoció los actos institucionales expedidos por las autoridades tradicionales (tales como las certificaciones expedidas por los gobernadores en 2016 y 2021) y afirmó que ellos no siempre exigen la realización previa de procedimientos deliberativos colectivos.

5.5. Diálogo intercultural de las entidades estatales involucradas en el caso

39. La Corte solicitó información sobre los mecanismos de diálogo intercultural que las entidades estatales demandadas implementan. De un lado, Corpoamazonia manifestó que, dentro del marco normativo que rige el licenciamiento ambiental, la autoridad se ciñe al proceso de consulta previa como mecanismo para el diálogo intercultural con pueblos étnicamente diferenciados, cuya necesidad la determina la Dirección de Autoridad Nacional y Consulta Previa del Ministerio del Interior. Además, respecto de los procedimientos dispuestos para identificar casos que ameriten un diálogo con comunidades étnicas, la entidad indicó que las visitas técnicas de campo son una herramienta técnica dentro de procesos específicos y reglados que no dependen de la iniciativa comunitaria.

40. Los accionantes calificaron esta respuesta como formalista, restrictiva y procedimental y consideraron que desconoce los artículos 1 y 7 de la Constitución, así como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En consecuencia, solicitaron aplicar los principios pro persona, pro indígena y de precaución para garantizar sus derechos fundamentales.

41. De otro lado, la DANCP informó que no actúa de manera oficiosa. Su intervención y los espacios de diálogo se activan mediante la solicitud de determinación de procedencia u oportunidad de la consulta previa, o la solicitud de inicio, coordinación y acompañamiento del proceso consultivo cuando procede. Resaltó que los mecanismos de relacionamiento previo, por fuera del proceso de consulta, corresponden a las entidades ejecutoras o proponentes de los proyectos, medidas o decisiones.

42. Respecto de los casos en los que el proyecto o actividad es promovido por miembros de una comunidad étnica y se advierte la posible existencia de una afectación directa, la autoridad indicó que: (i) identifica las comunidades posiblemente impactadas; (ii) realiza una visita de verificación en el territorio, para identificar dinámicas de las comunidades étnicas y su relación con el proyecto, y constatar la pertenencia, participación activa y reconocimiento de los solicitantes dentro de sus respectivas comunidades; y (iii) revisa si se genera una afectación directa de acuerdo con los criterios establecidos en la Sentencia SU-123 de 2018.

43. Por último, a pesar de ser requerida, la ANM no se refirió a los mecanismos dispuestos para propiciar algún tipo de diálogo con los pueblos étnicamente diferenciados antes de adoptar decisiones que los pueden afectar, más allá de la visita de la DANCP.

5.6. Participación de las comunidades en relación con el proyecto minero y estándares de participación de los integrantes de comunidades étnicamente diferenciadas en decisiones que pueden afectarlas a ellas o a sus territorios

44. Sobre la participación de la comunidad en relación con la ejecución del proyecto, los accionantes reiteraron que la Resolución VPPF No. 293 de 2018 se expidió sin consulta previa, la cual procedía incluso si los promotores del proyecto pertenecían a las comunidades, de acuerdo con el artículo 330 de la Constitución, la Ley 21 de 1991, la jurisprudencia constitucional y el Convenio 169 de la OIT. Para ellos, además, la interpretación de “afectación directa” de la DANCP fue restrictiva e ilegal, en especial teniendo en cuenta que la explotación de materiales de construcción implica una intervención territorial y ambiental. En este orden de ideas, los actores sostuvieron que la falta de consulta también afecta la validez del Auto DTP No. 558 del 21 de octubre de 2025 de Corpoamazonia[54].

45. Adicionalmente, los demandantes señalaron que los gobernadores, en 2016 y 2021, expidieron certificaciones relacionadas con la actividad minera, sin consultar a las dos comunidades. Al respecto, cuestionaron su uso en la legalización del proyecto y la obtención de la licencia ambiental temporal, y advirtieron un posible conflicto de intereses. Asimismo, la parte accionante reprochó la falta de información del gobernador del Cabildo Kamëntsá Biyá de Sibundoy sobre los proyectos mineros en 2024. Finalmente, los actores informaron que la Asociación Ftumaijay les negó el acceso a los documentos relacionados con las actividades de extracción minera en el área concesionada, por considerarlos cobijados por la reserva legal.

46. En una línea similar, el gobernador del Cabildo Kamëntsá Biyá de Sibundoy sostuvo que, frente al proyecto de extracción de materiales de construcción de los ríos Putumayo y San Francisco, no se desarrollaron ni ejecutaron mecanismos efectivos de participación comunitaria. La autoridad precisó que la convocatoria de la Asamblea General para someter un proyecto a decisión comunitaria recae en quien pretende ejecutarlo y que era necesario que cualquier decisión futura que pudiera afectar al pueblo indígena requiriera el consentimiento previo, libre e informado o, en su defecto, la consulta previa.

47. La Defensoría Delegada para Grupos Étnicos, a su vez, afirmó que la garantía del derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada, con respeto del debido proceso, es procedente en este caso. Esto, en particular, cuando el ejecutor del proyecto no es la comunidad y el proceso de licenciamiento implica actuaciones del Gobierno nacional. Recalcó que el criterio central para definir la procedencia de un proceso consultivo es la afectación a los derechos colectivos y señaló que, cuando el proyecto es interno, las decisiones deben tomarse de acuerdo con las normas del pueblo indígena, siempre con prelación del interés colectivo sobre el particular.

48. Frente al derecho a la participación de los miembros de las comunidades étnicamente diferenciadas en relación con decisiones y asuntos internos que pueden afectarlos a ellos y/o a sus territorios, la defensora delegada se refirió a la autonomía de los pueblos indígenas, así como a la importancia de garantizar los derechos al acceso a la información, a la participación pública en los procesos de toma de decisiones y al acceso a la justicia en asuntos ambientales. Ello, sin perjuicio de la potestad de las autoridades propias ancestrales para ejercer funciones jurisdiccionales en su territorio y del autogobierno de las comunidades indígenas.

49. Igualmente, la Corporación Comunidad de Juristas Akubadaura sostuvo que la autonomía y el gobierno propio de los pueblos indígenas solo se fortalecen cuando las decisiones internas se adoptan mediante procedimientos amplios y participativos que involucren de manera efectiva a la mayoría de los miembros de la comunidad y no solo a sus autoridades representativas. En el caso de un proyecto minero que supone un desacuerdo interno y genera una afectación directa a las comunidades implicadas, la Corporación consideró que la consulta previa es un derecho procedente y exigible, así como el mecanismo más idóneo para tramitar los disensos internos, y para garantizar una participación adecuada, efectiva y legítima. En su concepto, los mecanismos de consulta y concertación interna deben fortalecerse cuando se requieren permisos, licencias o la intervención estatal; se afectan a otras comunidades o pueblos; o el Estado cofinancia o interviene en el proyecto.

50. Por su parte, la Asociación Ftumaijay señaló haberse acercado a los habitantes del área de influencia mediante las socializaciones del proyecto y expuso el trámite surtido ante el Ministerio del Interior para determinar la procedencia y oportunidad de la consulta previa. Destacó que la DANCP, a partir de un análisis antropológico, cartográfico, geográfico, espacial y jurídico, determinó que la consulta no era procedente. La asociación añadió que las certificaciones expedidas por los gobernadores en 2016 y 2021 se enmarcaban en el ejercicio de sus funciones de gobierno propio.

51. En el mismo sentido, la DANCP se refirió al proceso llevado a cabo para determinar la improcedencia de la consulta previa, el cual incluyó metodologías técnicas de reconocimiento territorial y socioeconómico. Pese a ello, la autoridad consideró que podía estarse ante un conflicto interno.

52. Corpoamazonia resaltó que no toda afectación implica automáticamente el deber de esta consulta, sino que ello depende de su intensidad y pueden existir otros mecanismos de participación. Consideró que, en el caso concreto, no se cumplían los criterios sustantivos ni adjetivos para su procedencia, frente a lo cual destacó el carácter interno del proyecto y consideró que no era necesario aplicar el principio pro participación.

53. Por último, la procuradora delegada preventiva y de control de gestión 4 para asuntos étnicos subrayó la importancia de un pronunciamiento de la Corporación en el caso.

5.7. Consideraciones sobre el impacto del proyecto en el medio ambiente y el territorio

54. El representante de la Asociación Ftumaijay indicó que su actividad se sujeta a los instrumentos de control ambiental establecidos por la autoridad competente. Afirmó que el proyecto no incluye el uso de explosivos, no implica el reasentamiento de la población ni afecta asentamientos humanos o zonas de especial protección ambiental, sino que se limita a áreas de depósito aluvial, cuya dinámica natural implica procesos periódicos de regeneración.

55. Sin embargo, los accionantes sostuvieron que las consideraciones técnicas y administrativas presentadas por la asociación no encontraban respaldo en deliberaciones comunitarias verificables. Además, el gobernador del Cabildo Kamëntsá Biyá de Sibundoy advirtió que la intervención directa en cauces fluviales en el territorio ancestral impacta las barras aluviales que alteran la dinámica hídrica, los ecosistemas asociados, las prácticas culturales vinculadas al río y el equilibrio ambiental del territorio colectivo.

56. Por su parte, la procuradora delegada preventiva y de control de gestión 4 para asuntos étnicos se refirió a los principios de prevención y precaución en materia ambiental. Con relación al primero, destacó que se otorgó una licencia ambiental temporal a la Asociación Ftumaijay y que corresponde a la autoridad ambiental determinar si el proyecto minero puede impactar negativamente a las comunidades de ambos cabildos.

57. Finalmente, la apoderada del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible señaló que la entidad no ejerce funciones de control ni de seguimiento ambiental en el territorio y que cualquier información sobre el proyecto debe requerirse a Corpoamazonia.

5.8. Posibles riesgos para la seguridad de los accionantes

58. Como se indicó anteriormente, los demandantes solicitaron una serie de medidas provisionales ante la Corte, alegando razones de seguridad. Por tal razón, la magistrada ponente solicitó información más detallada sobre los mencionados riesgos de seguridad. Los accionantes, que se identificaron como defensores de derechos humanos y ambientales, indicaron que este caso se encuadra en un escenario de alta conflictividad comunitaria, social y territorial, que supone riesgos para su integridad personal. Así, señalaron estar sujetos a estigmatización y deslegitimación en la comunidad, sin garantías físicas o institucionales, lo que los ubica en un clima de miedo e incertidumbre. Además, los actores se refirieron a lo que para ellos son riesgos colectivos, como las afectaciones a la armonía comunitaria, al ejercicio de la autonomía indígena y a la pervivencia cultural del pueblo. Por ello, solicitaron la adopción de medidas de protección preventivas, sensibles a su contexto rural, indígena e históricamente atravesado por el conflicto armado.

59. Sobre la situación, la UNP informó que los accionantes no han presentado solicitudes de medidas de protección y que no existen en sus registros órdenes de trabajo o actuaciones asociadas a evaluaciones de riesgo. La Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos y los accionantes indicaron que la UNP ignoró el contexto territorial, social y cultural en su análisis del riesgo, así como la presunción de riesgo extraordinario que la jurisprudencia constitucional[55] ha reconocido respecto del pueblo Kamëntsá. Al respecto, la procuradora delegada advirtió que la UNP no acudió a fuentes externas para analizar el riesgo.

60. No obstante, la UNP sostuvo que actuó conforme al proceso establecido para el Programa de Prevención y Protección, que requiere una solicitud formal del interesado para habilitar el trámite. Agregó que el temor de los accionantes no era equiparable a una solicitud formal en términos jurídicos. Por su parte, el representante legal de la Asociación Ftumaijay informó que trasladó las diferencias presentadas por “la familia” de los tutelantes al gobierno tradicional, por tratarse de circunstancias de convivencia comunitaria.

61. Este punto, relacionado con los posibles riesgos a los que los accionantes afirmaron estar sometidos, no está ligado al objeto de la tutela. Sin embargo, se insiste, fue previamente abordado por la Sala de Revisión en el ya mencionado Auto 539 de 2026, ya que fue uno de los motivos de las medidas provisionales que solicitó la parte demandante. La providencia mencionada resolvió la solicitud de medidas provisionales.

II. CONSIDERACIONES

6. Competencia de la Sala Primera de Revisión

62. La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar las sentencias proferidas dentro del trámite de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en el inciso 3 del artículo 86 y el numeral 9 del artículo 241 de la Constitución Política, así como los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

7. La acción de tutela es procedente

63. La Corte Constitucional encuentra que la acción de tutela cumple los cuatro requisitos de procedencia. A continuación, se detallan las razones de esta conclusión.

7.1. Las personas que presentaron la acción de tutela estaban facultadas para hacerlo

64. En primer lugar, las personas que interpusieron la tutela estaban facultadas para hacerlo, por lo que se cumple el requisito de legitimación en la causa por activa. Con base en los artículos 7 y 70 de la Constitución, esta Corporación ha establecido que las comunidades indígenas son titulares de derechos fundamentales como aquellos a la autodeterminación, la participación, la consulta previa, el consentimiento previo, libre e informado, y la integridad cultural y territorial, alegados en la acción de tutela.

65. En el caso, la tutela no fue interpuesta en representación de una comunidad étnica como sujeto colectivo, sino por un grupo de personas que, en su mayoría aportaron prueba de su pertenencia a una de las dos comunidades indígenas involucradas: el pueblo Kamëntsá Biyá de Sibundoy y el pueblo Kamëntsá Inga de San Francisco. La tutela anexó una serie de certificaciones de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior que dan cuenta de la pertenencia de 13 de los 15 accionantes a las comunidades mencionadas. Los certificados mencionados no incluyen a los señores Remberto y Horacio. No obstante, la Corte Constitucional ha establecido que el registro ante dicha entidad estatal no es la única prueba de la identidad étnica o cultural de una persona o de su pertenencia a una comunidad étnica, pues tal entendimiento violaría los derechos al autogobierno y a la autodeterminación de los pueblos étnicamente diferenciados[56].

66. Una opción sería, de entrada, declarar que los señores Remberto y Horacio no están legitimados en la causa por activa por no acreditar su pertenencia a las comunidades. Sin embargo, la Sala no encuentra necesario adoptar tal determinación. Primero, la legitimación por activa no se discutió en ningún momento del proceso. De hecho, las decisiones de instancia que ahora revisa esta Corporación concluyeron fácilmente que se cumplía el requisito. El debate estuvo relacionado con los requisitos de subsidiariedad e inmediatez. Segundo, las demás partes e intervinientes en el proceso no cuestionaron tampoco la legitimación de esas dos personas ni su pertenencia a las comunidades. Tercero, en el expediente es claro que el señor Horacio ha impulsado en buena medida el litigio del grupo de accionantes, lo que la Sala valora como un indicio de su pertenencia al pueblo étnico. Cuarto, el hecho de que las dos personas hayan decidido participar como accionantes en la tutela es muestra, al menos, de su autorreconocimiento como integrantes de las comunidades. Quinto, en cualquier caso, la discusión de fondo sobre el presente caso, como lo establece la tutela y lo determinará esta providencia más adelante, se concentra en los derechos de las comunidades étnicas a las que pertenecen los actores y no en garantías individuales de cada uno de los integrantes del grupo de demandantes.

67. Superado ese punto, es cierto que los derechos invocados, en su mayoría son reconocidos por el orden constitucional y por la jurisprudencia a las comunidades étnicas como sujetos colectivos. Las 15 personas que presentaron la tutela no afirmaron actuar como representantes de las comunidades étnicas. No obstante, es claro que se trata de integrantes del pueblo indígena Kamëntsá y, en concreto, de los resguardos Kamëntsá Biyá de Sibundoy y Kamëntsá Inga de San Francisco, que han sido presuntamente afectados por los hechos que motivaron la presentación de la tutela y por la supuesta vulneración de los derechos fundamentales de la colectividad. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, las comunidades indígenas pueden promover la acción de tutela no solo a través de sus autoridades tradicionales, sino también por medio de sus integrantes, de organizaciones creadas para la defensa de sus derechos y de la Defensoría del Pueblo[57]. En este sentido, la Corte encuentra superado el requisito de legitimación por activa.

7.2. La acción de tutela se podía dirigir, en general, contra las entidades y personas accionadas

68. En segundo lugar, la Corte analizará si la tutela resulta procedente contra las personas y entidades que se dirigió, es decir, si cumple el requisito de legitimación en la causa por pasiva. El artículo 5 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas que viole o amenace un derecho fundamental.

69. En el caso de los particulares, el artículo 42.9 del mismo artículo establece que la tutela procede cuando el accionante se encuentra en una relación de subordinación o indefensión respecto de ellos. Según la jurisprudencia constitucional, la subordinación se refiere a una situación en la que una persona debe acatar las órdenes emitidas por quienes, en virtud de sus calidades, tienen competencia para impartirlas[58]. En términos generales, la subordinación supone la existencia de una relación jurídica de dependencia originada en la obligatoriedad de un determinado orden jurídico o social[59]. Por su parte, la Corte señala en su jurisprudencia que la indefensión es “una situación relacional que implica la dependencia de una persona respecto de otra, por causa de una decisión o actuación desarrollada en el ejercicio irrazonable, irracional o desproporcionado de un derecho del que el particular es titular”[60]. Por tal motivo, quien haga las veces de juez debe evaluar “las circunstancias del caso concreto, las personas involucradas, los hechos relevantes y las condiciones de desprotección, que pueden ser económicas, sociales, culturales y personales”[61].

70. En la siguiente tabla, esta Corporación analizará el requisito en mención respecto de cada uno de los accionados y vinculados al proceso. En los casos en que no se cumple el requisito, desvinculará del proceso a la persona o entidad respectiva.

Entidad o persona accionada o vinculada	Análisis del cumplimiento del requisito	Decisión de la Corte sobre la legitimación en la causa por pasiva
Accionados
Ministerio del Interior	Las tres entidades están legitimadas en la causa por pasiva por tratarse de las autoridades públicas que emitieron las resoluciones que los accionantes consideran violatorias de sus derechos fundamentales. En relación con el Ministerio del Interior, que fue incluido dentro de los accionados en la acción de tutela, la Corte aclara que el juez de primera instancia vinculó aparte a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, mediante el Auto del 15 de noviembre de 2024. No obstante, la Sala no se pronunciará por separado sobre esta entidad porque es una de las dependencias del Ministerio del Interior, contra quien los accionantes dirigieron expresamente la tutela.	Se cumple.
Agencia Nacional de Minería
Corpoamazonia
Asociación Ftumaijay y titulares mineros (personas naturales)	La Asociación Ftumaijay no aparece en los documentos propios del trámite de formalización y aprobación del proyecto como titular minera. Sin embargo, todas las partes reconocen que los titulares mineros del contrato especial de concesión correspondiente al proyecto conocido como la Balastrera Tamabioy están agrupados en dicha asociación. Ahora bien, se trata de una persona jurídica privada. En concreto, de acuerdo con su certificado de existencia y representación legal, está constituida como una “entidad sin ánimo de lucro de naturaleza asociación”[62]. En este sentido, a la luz del Decreto 2591 de 1991, puede ser demandada en un proceso de tutela si la parte accionante se encuentra en un estado de subordinación o indefensión frente a ella. La Corte reconoce, desde este punto, que el presente caso plantea la particularidad de que la Asociación Ftumaijay agrupa a miembros de las dos comunidades indígenas a las que pertenecen los actores. No se trata de una empresa externa que adelanta el proyecto extractivo, como ocurre en otros casos en los que las comunidades étnicas litigan sus derechos a la consulta previa, al consentimiento previo, libre e informado y a la participación. No obstante, para efectos del análisis de procedencia de la acción de tutela, esta Corporación encuentra que los accionantes se encuentran en una situación de indefensión frente a la Asociación Ftumaijay. Ese es el caso porque, de acuerdo con el relato de los accionantes, ellos, en cuanto miembros de las dos comunidades étnicas, no han tenido la oportunidad de participar activamente en las decisiones asociadas al proyecto que presuntamente impacta su territorio. Según los actores, las circunstancias en las que el proyecto se ha ejecutado, aprobado y discutido no han permitido que ellos puedan plantear de manera efectiva sus preocupaciones y reparos. Esa circunstancia pone a los demandantes en una situación de indefensión, en la que la tutela se plantea como el escenario propicio para ventilar esas preocupaciones[63]. En este sentido, por las particulares razones expuestas, la Corte encuentra que la Asociación Ftumaijay está legitimada en la causa por pasiva. Estas mismas razones, relativas a la situación de indefensión que el caso genera para los accionantes, justifican también que se cumpla el requisito de legitimación en la causa por pasiva respecto de los titulares mineros, a pesar de tratarse de particulares. La Asociación Ftumaijay relató durante el trámite de revisión que, entre la declaratoria y delimitación del área de reserva especial y la firma del contrato especial de concesión, algunos titulares desistieron o renunciaron[64]. El grupo resultante es el de las 19 personas que suscribieron el contrato, que son contra quienes se presentó la acción de tutela.	Se cumple.
Cabildo Indígena Kamëntsá Biyá de Sibundoy (Putumayo)	Los dos cabildos están legitimados en la causa por pasiva, pues ejercen funciones de gobierno de los resguardos y han adoptado actos, en particular una serie de certificaciones en las que manifestaron respaldar y acompañar el proyecto minero (en 2016 y 2021). Los accionantes discutieron dichos actos al plantear los hechos y pretensiones de su acción de tutela.	Se cumple.
Cabildo Indígena Kamëntsá Inga de San Francisco (Putumayo)		Se cumple.
Personas y entidades vinculadas
Municipio de Sibundoy (Putumayo)	Las dos alcaldías fueron vinculadas al proceso por el juez de primera instancia, de acuerdo con la solicitud de los accionantes, al admitir la tutela mediante Auto del 8 de noviembre de 2024. La Corte encuentra que la vinculación de los dos municipios está justificada porque los hechos ocurren dentro de sus correspondientes jurisdicciones.	Se cumple.
Municipio de San Francisco (Putumayo)		Se cumple.
Miembros de las comunidades mencionados en los documentos del expediente como integrantes de la Asociación Ftumaijay	El juzgado de primera instancia decidió vincular a Lorenza, Alberto, Celina, Ramiro, Sandra, Samuel y Alicia mediante el Auto del 15 de noviembre de 2024[65]. Las personas mencionadas contestaron que solo Ramiro era titular minero en ese momento porque los demás habían renunciado. En consecuencia, la Corte encuentra que las personas mencionadas no están legitimadas por pasiva, a excepción del señor Ramiro, que fue originalmente incluido dentro de los accionados en la tutela.	No se cumple (a excepción del señor Ramiro).
Personas naturales cuyos nombres aparecen en las listas de asistencia a las reuniones de socialización del proyecto allegadas al proceso durante el trámite de las dos instancias (emplazadas)	La Corte encuentra que estas personas no están legitimadas en la causa por pasiva. Se trata de personas naturales que asistieron a dos reuniones de socialización del proyecto minero que la Asociación Ftumaijay programó como parte de los trámites asociados al Estudio de Impacto Ambiental que debía presentar para pedir la licencia ambiental temporal. No está acreditado que estas personas tengan que ver con las violaciones de derechos que se alegan en la tutela, ni que los accionantes se encuentren en una relación de subordinación o indefensión frente a ellas.	No se cumple.
Procuraduría 15 Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios de Nariño y Putumayo	El juzgado de primera instancia vinculó a las entidades mediante el Auto del 20 de noviembre de 2024[66] porque encontró que el conflicto tenía que ver con el derecho al medio ambiente sano. La Corte encuentra que la vinculación está justificada dadas las funciones que tiene el Ministerio Público en relación con los procesos de consulta previa y protección de los derechos fundamentales[67].	Se cumple.
Defensoría del Pueblo Regional Putumayo
Personería municipal de Sibundoy (Putumayo)
Personería municipal de San Francisco (Putumayo)
Ministerio de Minas y Energía	El juzgado de primera instancia vinculó a la entidad mediante el Auto del 20 de noviembre de 2024[68] porque encontró que el conflicto tenía que ver con el derecho al medio ambiente sano. La Corte encuentra que se cumple el requisito de legitimación en la causa por pasiva porque la entidad puede suministrar información relativa a la figura del área de reserva especial, la formalización minera y sus implicaciones en el caso.	Se cumple.
Agencia Nacional de Tierras (ANT)	El juzgado de primera instancia vinculó a la entidad mediante el Auto del 20 de noviembre de 2024 porque los accionantes la mencionaron en una solicitud que presentaron después de interponer la acción de tutela, en la que pidieron que se decretaran de oficio, entre otras, las pruebas documentales que ellos habían pedido a la ANT por medio de una petición. Los documentos tenían que ver con la constitución y existencia de los dos resguardos. La Corte encuentra que no existe una razón para mantener la vinculación de esta entidad. No se cumple el requisito de legitimación en la causa por pasiva porque ni la causa ni el objeto de la tutela tienen que ver con actuaciones u omisiones de la ANT.	No se cumple.
Unidad Nacional de Protección	La magistrada ponente vinculó a la entidad mediante el Auto del 30 de enero de 2026 para recopilar información sobre los riesgos de seguridad a los que los accionantes sostuvieron estar expuestos. Por lo tanto, la Sala encuentra cumplido el requisito.	Se cumple.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	La magistrada ponente vinculó a la entidad mediante el Auto del 30 de enero de 2026 para recopilar información sobre los posibles riesgos del proyecto en relación con el entorno ambiental. Por lo tanto, la Sala encuentra cumplido el requisito.	Se cumple.

Tabla 3. Análisis de legitimación en la causa por pasiva.

7.3. Los accionantes no disponen de otro mecanismo de defensa judicial que resulte idóneo y eficaz en su caso[69]

71. Sobre el cumplimiento del requisito de subsidiariedad, esta Corte considera que cuando se presentan conflictos que afectan la identidad cultural y ponen en riesgo los derechos de las comunidades indígenas, la acción de tutela es, en sí misma, el mecanismo idóneo, adecuado y más eficaz para discutir esta clase de asuntos. En este punto, la Sentencia SU-123 de 2018 insistió en la regla descrita con anterioridad, al tiempo que puntualizó que las acciones que se surten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, incluso después de la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011[70], carecen de idoneidad para salvaguardar los derechos fundamentales de los pueblos étnicos. En esa decisión, la Corte sostuvo que el grado de protección del derecho fundamental a la consulta previa que ofrecen los medios de control ante los jueces administrativos no logra abarcar en su totalidad los distintos escenarios de vulneración presentes en estas controversias. Según este Tribunal, tales escenarios desbordan el análisis de simple legalidad de los actos jurídicos que profiere la administración.

72. Dado que la tutela fue interpuesta por un grupo de miembros de dos comunidades étnicas que consideran vulnerados, entre otros, sus derechos a la autodeterminación, a la consulta previa, al consentimiento previo, libre e informado, a la participación y a la integridad territorial y cultural, esta Corporación encuentra que la acción de tutela es el mecanismo judicial idóneo y eficaz para solicitar su protección. Así las cosas, a diferencia de la sentencia de primera instancia, la Corte encuentra cumplido el requisito de subsidiariedad.

7.4. La acción de tutela se presentó en un plazo que, en las circunstancias del caso, resulta razonable

73. Finalmente, respecto del requisito de inmediatez, esta Corporación ha establecido que, cuando se acude a la acción de tutela para exigir la protección del derecho fundamental a la consulta previa, (i) el juez constitucional debe valorar el estado en el que se encuentra actualmente el proyecto, obra o actividad; y (ii) las comunidades indígenas son sujetos de especial protección constitucional, por lo que el análisis de procedencia se flexibiliza.

74. Es cierto que, en el caso, transcurrieron casi dos años entre la fecha en la que fue emitida la última resolución que se solicita dejar sin efectos (aquella mediante la cual Corpoamazonia otorgó a los solicitantes la licencia ambiental temporal) y la interposición de la acción de tutela. La ejecución del proyecto, hasta donde ha conocido esta Corporación, está en pausa actualmente porque los titulares no cuentan con un Plan de Gestión Social aprobado por la ANM. Sin embargo, lo cierto es que el contrato especial de concesión se firmó por 30 años y que, una vez los titulares obtengan la aprobación del plan mencionado, podrían, en principio, retomar la extracción de minerales. Este es el caso porque la resolución mediante la cual Corpoamazonia inició el trámite de la licencia ambiental global o definitiva extendió la vigencia de la licencia temporal hasta que la autoridad se pronuncie sobre la definitiva. Está claro, en ese sentido, que el proyecto está en fase de ejecución. En esos casos, la Corte ha sido clara en que se cumple el requisito de inmediatez[71] y la tutela resulta procedente porque la presunta afectación directa se extiende en el tiempo.

75. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que, al impugnar la sentencia de primera instancia, los accionantes señalaron que solo conocieron los actos administrativos cuestionados cuando la Asociación Ftumaijay respondió una petición el 26 de mayo de 2024, en cumplimiento de una orden impartida por un juez de tutela. A partir de ese momento solicitaron información a la ANM y a Corpoamazonia, realizaron dos mingas de pensamiento en las comunidades para verificar el conocimiento del proyecto y aportaron declaraciones juramentadas de comuneros que afirmaron haber conocido el proyecto únicamente en el año 2024. Estos elementos evidencian la diligencia de los accionantes para acudir a la acción de tutela una vez tuvieron conocimiento de las actuaciones que consideran que afectan sus derechos[72].

76. Por lo tanto, esta Corporación encuentra acreditado el requisito mencionado en el presente caso. Habiendo concluido que la tutela cumple los cuatro requisitos de procedencia, este Tribunal delimitará el caso, planteará el problema jurídico e indicará la metodología que adoptará para resolverlo.

8. Presentación del caso y formulación del problema jurídico

77. El presente caso enfrenta a la Sala a una controversia derivada de la formalización, aprobación y licenciamiento de un proyecto de extracción minera en los ríos Putumayo y San Francisco. En concreto, los titulares mineros extraen arenas, gravas y rocas que los ríos arrastran con su cauce de manera natural y que son utilizadas, entre otras destinaciones, como material de construcción. Las personas que solicitaron la formalización del proyecto extractivo acudieron a la figura del área de reserva especial. Este es un mecanismo establecido en el Código de Minas[73] que pretende, según su diseño legal, otorgar una concesión para un proyecto minero a las comunidades que han explotado tradicionalmente y de manera informal los recursos naturales disponibles en la zona respectiva[74]. Su objetivo, en otras palabras, es formalizar esquemas tradicionales de minería que han operado normalmente en la informalidad. Su declaración y delimitación lleva a que, de forma temporal, la autoridad minera se abstenga de admitir nuevas propuestas de otros actores interesados en adelantar proyectos mineros en el área.

78. El área del proyecto, de acuerdo con los accionantes, se ubica en el territorio de las comunidades indígenas de los resguardos Kamëntsá Biyá de Sibundoy (Putumayo) y Kamëntsá Inga de San Francisco (Putumayo), de las cuales hacen parte los 15 actores. Los titulares mineros son también miembros de las dos comunidades y de la Asociación para la Conservación y Aprovechamiento de Minerales del Territorio del Pueblo Kamëntsá Ftumaijay, una entidad privada, constituida como una persona jurídica sin ánimo de lucro[75]. Su objeto social se relaciona con el desarrollo de actividades asociativas, económicas y de gestión ligadas al aprovechamiento de recursos minerales[76].

79. La acción de tutela solicitó la protección de los derechos de los 15 accionantes “al consentimiento previo libre e informado, autodeterminación, a la autonomía o al autogobierno, a la integridad física, cultural, espiritual, los derechos territoriales, salud, medio ambiente sano, educación propia, integridad social, cultural y económica, a la participación democrática, a la existencia, al debido proceso de las comunidades indígenas”[77]. En consecuencia, los actores pidieron que se dejen sin efectos tres actos administrativos emitidos por la Agencia Nacional de Minería, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia). Se trata de las resoluciones mediante las cuales (i) la ANM declaró y delimitó el área de reserva especial, (ii) la DANCP resolvió que no era procedente la consulta previa para efectos de la solicitud de la licencia ambiental temporal ante Corpoamazonia y (iii) esta última entidad otorgó la licencia mencionada. Adicionalmente, los demandantes solicitaron que se ordene a quienes adelantan el proyecto, quienes ya firmaron un contrato especial de concesión con la ANM y se encuentran en el trámite de la licencia ambiental global o definitiva, suspender las operaciones de extracción mientras se obtiene el consentimiento previo, libre e informado de las dos comunidades.

80. La discusión en torno a la procedencia de la consulta previa se dio, principalmente, porque (i) los titulares mineros son miembros de las dos comunidades, en lugar de actores externos; (ii) la Asociación Ftumaijay sostiene que el proyecto genera beneficios ambientales porque impide que otros actores que han explotado los materiales que los ríos arrastran lo hagan de manera ilegal, como ha ocurrido en el pasado, y se concentra en aprovechar los recursos naturales de manera responsable; y (iii) en los trámites ante las autoridades mencionadas anteriormente, los gobernadores de los dos resguardos emitieron tres certificaciones en las que manifestaron que acompañaban y respaldaban el proyecto. Estas tres circunstancias incidieron en la determinación de la DANCP sobre la improcedencia de la consulta previa en el caso.

81. Así las cosas, esta Corporación concentrará su análisis en los derechos al consentimiento previo libre e informado, a la autodeterminación, a la participación y a la consulta previa. La Sala encuentra que estas son las garantías que están en el núcleo de la controversia. Esta tiene que ver con la posibilidad de las comunidades indígenas y de sus integrantes de participar en las decisiones sobre medidas que pueden impactar sus territorios y sus estructuras sociales, culturales y económicas. Los otros derechos invocados en la acción de tutela están, en las circunstancias del caso, ligados a las determinaciones que el juez de tutela adopte sobre la materia. Por lo tanto, este Tribunal debe resolver el siguiente problema jurídico:

¿Vulneran las autoridades tradicionales de una comunidad étnica, las autoridades estatales encargadas de formalizar, licenciar y aprobar proyectos de extracción minera y los titulares mineros los derechos a la autodeterminación, a la participación, a la consulta previa y al consentimiento previo libre e informado de los integrantes de dicha comunidad, cuando adelantan tales trámites respecto de un proyecto minero desarrollado por comuneros dentro de su propio territorio, pese a que no todos sus integrantes están de acuerdo?

82. Para solucionarlo, la Corte (i) reiterará las principales reglas derivadas de la jurisprudencia sobre el derecho fundamental a la consulta previa que resultan pertinentes para el presente caso y (ii) aclarará el ámbito de protección de esa garantía frente al del derecho a la participación de los integrantes de las comunidades étnicas en los asuntos internos de los pueblos que los afectan. A partir de esas reglas jurisprudenciales, esta providencia pasará a estudiar el caso y adoptará la decisión y las órdenes a las que haya lugar. El problema jurídico propuesto encapsula la controversia constitucional que se deriva de la acción de tutela. La presente sentencia evaluará las conductas de las autoridades tradicionales, las autoridades estatales y los titulares mineros de acuerdo con las normas constitucionales que correspondan en cada caso.

9. Reiteración de jurisprudencia: el derecho fundamental de las comunidades étnicas a la consulta previa debe ser garantizado ante una afectación directa[78]

83. A continuación, la Sala reiterará la jurisprudencia de esta Corporación en relación con el derecho fundamental a la consulta previa, el concepto de afectación directa, los niveles de participación de las comunidades étnicas que distintos niveles de afectación exigen y su relación con el derecho al territorio.

9.1. El derecho a la consulta previa tiene origen en el proyecto constitucional de 1991 y en el Convenio 169 de la OIT

84. Uno de los anhelos de renovación democrática que inspiró al constituyente de 1991 fue el reconocimiento de Colombia como un Estado participativo y pluralista que protege, promueve y garantiza la plena vigencia de la diversidad étnica y cultural de la nación. Para la Constitución de 1991, la supervivencia de los pueblos con cosmovisiones distintas a la de la sociedad que no se adscribe a una identidad étnica particular debe ser garantizada a través de mecanismos reales y concretos (no discursivos), por medio de los cuales se materialicen las promesas pluralistas consagradas en la Carta.

85. Así, según esta Corporación, el derecho fundamental a la consulta previa encuentra fundamento en los artículos 40 y 330 de la Constitución y en la integración normativa del Convenio 169 de la OIT al bloque de constitucionalidad. Este instrumento internacional fue la primera norma que expresamente se refirió a la figura de la consulta previa. A través de esta garantía, los Estados procuraron proteger otros derechos de los pueblos, tales como su autonomía, el respeto por la diferencia cultural, la defensa de los territorios y, en general, su participación en las decisiones que los afectan. Estos principios permearon todo el articulado constitucional y se convirtieron en parámetros para su aplicación[79]. La consulta previa, además de concretar el mandato constitucional de diversidad cultural, contribuye a asegurar la subsistencia de los pueblos étnicos.

9.2. La Corte Constitucional ha establecido parámetros para definir la existencia de una afectación directa a una comunidad étnica

86. De acuerdo con la interpretación de las obligaciones previstas en el Convenio 169 de la OIT, la Corte Constitucional ha sido enfática y reiterada en señalar que la obligación de consultar a los pueblos étnicos nace cuando cualquier tipo de medida administrativa o legislativa, particular o general, es susceptible de afectar directamente los derechos de esas colectividades. Esta expresión, “afectación directa”, aunque indeterminada, fue desarrollada por un conjunto de decisiones de este Tribunal que, durante los últimos años, edificó estándares que permiten a las y los operadores jurídicos evaluar si una medida, norma o proyecto puede llegar a afectar directamente a los pueblos étnicos.

87. La Sentencia SU-123 de 2018 decantó y unificó la jurisprudencia más relevante sobre el derecho a la consulta previa, al tiempo que concretó algunas subreglas jurisprudenciales aplicables en esta clase de controversias. Al tratarse de una sentencia de unificación, esta Corporación retomó las principales decisiones sobre la materia y, en algunos casos, clarificó y complementó algunas de las reglas ya existentes en la jurisprudencia. Este es, desde aquella época, el fallo dominante en la materia.

88. Luego de resumir los principios orientadores de la consulta previa, la Corte reiteró que esta figura opera siempre que exista la posibilidad de afectar directamente a un pueblo étnico y que si bien ese concepto, el de afectación directa, sigue siendo abstracto e indeterminado, las medidas a las que hace referencia tratan sobre impactos positivos y negativos sobre las condiciones de una comunidad étnica. Para esta Corporación, este criterio material de procedencia de la consulta previa es indiferente al hecho de que un plan, una obra o una actividad de cualquier naturaleza impacte positiva o negativamente los derechos de una comunidad. El propósito de esta regla es impedir que la voluntad de los pueblos sea sustituida por la de la cultura no diferenciada étnicamente, especialmente, en la concepción sobre lo bueno y lo malo de una medida[80].

89. Para el caso de proyectos extractivos, la Corte puntualizó, a partir del precedente, que la afectación directa incluye el impacto sobre: (i) el territorio, o (ii) el ambiente, la salud o la estructura social, económica o cultural del grupo.

90. El segundo criterio, ha establecido este Tribunal, vincula cercanamente la consulta previa con el concepto de justicia ambiental, que ha sido ampliamente desarrollado por la jurisprudencia constitucional[81]. El concepto mencionado prescribe un reparto equitativo y participativo de los costos y los beneficios de los proyectos, decisiones o medidas que impactan el ambiente[82]. Este concepto, además, adquiere una especial relevancia a la luz de las obligaciones que el Estado colombiano adquirió a través del Acuerdo de Escazú. Dicho tratado internacional exige a los Estados, entre otras obligaciones, garantizar el acceso célere a la información ambiental y la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales.

91. Con respecto al primer criterio, el referente al impacto sobre el territorio, la Corte ha establecido una serie de reglas que se sintetizan a continuación.

9.3. El derecho fundamental al territorio de las comunidades étnicas

92. En relación con las afectaciones al territorio, la Sentencia SU-123 de 2018 aclaró que este constituye un derecho fundamental de las comunidades étnicas, trasciende el espacio físico y se asocia a elementos culturales, ancestrales sociales, espirituales y otros, que no son equiparables a la idea de propiedad privada. Por eso, debe analizarse con un enfoque étnicamente diferenciado, que tenga en cuenta que pueden existir casos en los que cosmovisiones distintas a la no indígena perciban, entiendan o soporten afectaciones que esta última, por sí sola, podría no identificar. Esta postura, detalló la providencia mencionada, se alinea con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la materia.

93. La jurisprudencia, entonces, ha identificado dos conceptos de territorio: el geográfico y el amplio. En palabras de este Tribunal:

El concepto geográfico de territorio comprende el espacio reconocido legalmente bajo la figura del resguardo. El concepto amplio de territorio incluye las zonas que habitualmente ha ocupado la comunidad indígena, al igual que los lugares en donde tradicionalmente los mencionados sectores de la sociedad han desarrollado sus actividades sociales, económicas, espirituales o culturales. Esta hipótesis comprende también el territorio al que se desplazan las comunidades étnicas, por razones como el conflicto armado, grandes proyectos ambientales, o por las grandes obras de infraestructura, cuando allí desarrollan sus prácticas de supervivencia. Además, la jurisprudencia ha precisado que la ausencia de reconocimiento oficial de una comunidad es insuficiente para que el Estado o un privado se niegue a consultar una medida con una comunidad étnica[83].

94. En ese contexto, la Sala Plena de la Corte Constitucional puntualizó ciertos elementos que conforman el concepto de territorio de una comunidad étnica. Así, indicó que[84]:

(i) “El territorio de las comunidades se define con parámetros geográficos y culturales. La demarcación es importante para que el derecho de propiedad de las comunidades pueda tener una protección jurídica y administrativa. Sin embargo, ello no puede soslayar que esa franja se expande con los lugares religiosos o culturales. En efecto, estas áreas tienen protección así estén o no dentro de los terrenos titulados”.

(ii) “Los argumentos sobre la ausencia de reconocimiento oficial de una comunidad son insuficientes para que el Estado o un privado se nieguen a consultar una medida con una comunidad étnica”.

(iii) “La propiedad colectiva se funda en la posesión ancestral, de manera que el reconocimiento estatal no es constitutivo. Por lo tanto, la ausencia de reconocimiento no implica la inexistencia del derecho y la tardanza o la imposición de trámites irrazonables para la obtención del referido certificado constituye, en sí mismo, una violación al derecho fundamental de las comunidades”.

(iv) “La afectación de los territorios étnicos comprende las zonas que se encuentran tituladas, habitadas y exploradas al igual que todas las franjas que fueron ocupadas ancestralmente y que conforman el ámbito tradicional de sus actividades sociales, económicas, religiosas y espirituales. En esta concepción amplia de territorio adquieren importancia los lugares sagrados que no se encuentran al interior de los resguardos, pues en ellos la comunidad indígena puede desenvolverse libremente según su cultura y mantener su identidad”.

(v) Es posible que las autoridades competentes tengan en cuenta, para efectos de determinar el grado de afectación directa sobre el territorio amplio, la permanencia efectiva de un pueblo sobre un “determinado espacio específico, el grado de exclusividad con el cual ha ocupado esas porciones territoriales, al igual que sus particularidades culturales y económicas como pueblo nómada o sedentario, o en vía de extinción”[85]. En este sentido, la afectación directa se configura, entre otros casos “cuando la medida impacta zonas de un territorio en las cuales las comunidades étnicas han desarrollado sus prácticas culturales de manera permanente, intensa y con pretensión de exclusividad”[86].

9.4. La jurisprudencia constitucional ha definido tres niveles distintos de intensidad de la afectación, que exigen niveles diferentes de participación de las comunidades étnicas

95. La Sentencia SU-123 de 2018 sistematizó el precedente sobre los derechos a la consulta previa y a la participación de las comunidades étnicas y aclaró que el principio de proporcionalidad, el derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia constitucional permiten derivar tres niveles de participación que deben ser respetados ante escalas diversas de intensidad de la afectación: (i) consentimiento previo, libre e informado, (ii) consulta previa y (iii) participación de la comunidad en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos y ciudadanas. Para este Tribunal, primero, una afectación intensa exige el consentimiento previo, libre e informado. La afectación es intensa cuando la medida respectiva implica: (i) el traslado o reubicación del pueblo étnico de su lugar de asentamiento; (ii) medidas que implican un alto impacto social, cultural y ambiental que ponga en riesgo su subsistencia, o (iii) el almacenamiento y eliminación de materiales peligrosos o tóxicos en sus territorios[87].

96. Segundo, una medida susceptible de generar una afectación directa a un pueblo étnico exige la consulta previa, como se explicó anteriormente. En estos casos, “se aplican todas las reglas de deliberación con las comunidades tradicionales, conforme al derecho a la consulta previa y con el propósito genuino de llegar a un acuerdo”[88]. Si la consulta no permite llegar a un acuerdo, a pesar de ser adecuadamente realizada, “la administración deberá implementar la medida con base en los principios de razonabilidad y proporcionalidad”[89].

97. Tercero, si una medida no afecta directamente a una comunidad étnica, aplica la participación en igualdad con el resto de ciudadanos y ciudadanas. Este estándar está ligado a la inclusión de las comunidades étnicas “en los órganos decisorios nacionales o la mediación de sus organizaciones en cualquier escenario que les interese”[90].

9.5. La protección del derecho fundamental a la consulta previa puede operar en todas las etapas de un proyecto que afecta directamente a una comunidad étnica

98. Finalmente, en lo referente a la operatividad temporal de este derecho, en la sentencia SU-123 de 2018, la Corte reiteró que, si bien la consulta debe ser previa, su protección opera en todas las etapas de los proyectos, obras o actividades. Para esta Corporación, todo cambio sustancial del proyecto a ejecutar renueva el deber de consulta. Así mismo, en la referida providencia, este Tribunal puntualizó que esta garantía procede, incluso, cuando el proyecto está en marcha o ha sido finalizado. En esta última circunstancia, la consulta se debe concentrar en adoptar medidas, actividades, u otras, para reparar, recomponer y restaurar los daños sufridos por la comunidad, las cuales deben atender a las particularidades propias del pueblo afectado.

99. En síntesis, el derecho fundamental a la consulta previa es una garantía a favor de las comunidades étnicas, por medio de la cual se salvaguardan otra clase de derechos. El concepto para verificar su procedencia material es el de “afectación directa”. Este derecho fundamental, además, puede estar ligado estrechamente a la concepción de las comunidades sobre su territorio, que, respecto de pueblos étnicos, excede el concepto estrictamente geográfico y cubre también parámetros culturales, ancestrales o espirituales. Por eso, esta Corporación ha introducido el concepto amplio de territorio para ilustrar tal realidad.

10. Los derechos a la consulta previa de las comunidades étnicas y a la participación de sus miembros protegen distintos componentes de la garantía de autodeterminación

100. La Corte ha reconocido que la consulta previa, según lo dicho hasta este punto, es una garantía, entre otros, del derecho a la participación democrática de las comunidades étnicas. Ahora bien, la Corte ha tenido la oportunidad de pronunciarse anteriormente sobre el derecho a la participación de los integrantes de las comunidades étnicas en relación con asuntos de carácter interno que los afectan.

101. En la Sentencia SU-111 de 2020, este Tribunal estudió una tutela de algunos miembros de un consejo comunitario que agrupaba a comunidades negras y afromestizas. La acción de tutela fue presentada, entre otras causas, por el desarrollo de dos proyectos agroindustriales al interior de su territorio: uno financiado por la Agencia Nacional de Tierras para la implementación de un cultivo de plátano con sistema de drenaje, y otro en el marco de un convenio celebrado entre el consejo comunitario y la Asociación Agropecuaria Campesina (AGROMAR). La providencia determinó que el asunto exigía distinguir entre, por un lado, el derecho a la participación de los miembros de las comunidades negras en sus decisiones internas sobre el aprovechamiento de recursos naturales y la disposición del territorio; y, por otro, el derecho fundamental a la consulta previa frente a la adopción de medidas externas (de carácter legislativo o administrativo) promovidas por la sociedad que no se adscribe a una identidad étnica[91].

102. Este precedente resulta pertinente en la medida que permite diferenciar los ámbitos de protección del derecho a la autodeterminación de las comunidades étnicas que cada garantía protege. El derecho a la consulta previa, como ya se indicó tiene el objetivo de garantizar a las comunidades étnicas la prerrogativa de pronunciarse sobre cualquier medida administrativa o legislativa que las pueda afectar y de ser efectivamente escuchadas con el propósito de que los actores a cargo de ejecutar las medidas lleguen, en lo posible, a acuerdos con ellas. Este es un derecho, por excelencia, previsto para proteger a los pueblos étnicos de decisiones, actuaciones o proyectos impulsados por fuera de sus comunidades, pero que tienen un impacto sobre ellas. Por eso, por ejemplo, la consulta previa puede ser procedente frente a medidas legislativas que afecten directamente a una comunidad étnica; o, como ha sido reiteradamente estudiado por esta Corporación, ante proyectos extractivos de empresas u organizaciones ajenas a la comunidad.

103. En el presente proceso, a partir de la invitación a intervenir que les extendió la magistrada ponente, la Defensoría Delegada para Grupos Étnicos[92] y la Corporación Comunidad de Juristas Akubadaura[93] presentaron precisiones al respecto. En su criterio, en un caso como el que la Corte estudia en esta ocasión, se requiere la consulta previa o mecanismos que garanticen la participación si el proyecto que afecta directamente a una comunidad exige aprobaciones, permisos o licencias de entidades estatales, es decir, intervenciones directas o indirectas de terceros. Incluso, para las entidades mencionadas, si se cumplen los criterios establecidos en la jurisprudencia, podría requerirse el consentimiento previo, libre e informado.

104. En contraste, la Corte ha encontrado que pueden existir decisiones estrictamente internas que son adoptadas en el marco de los órganos tradicionales de gobierno o los mecanismos representativos internos que cada pueblo implemente de acuerdo con el derecho propio[94]. Estas decisiones o medidas, ha indicado la jurisprudencia, no requieren consulta previa por regla general. La Sentencia SU-111 de 2020 dispuso que el modelo específico de participación o de toma de decisiones que cada comunidad establezca para el efecto es una expresión de su autonomía y diversidad. En esa misma línea, la Sentencia SU-419 de 2024 dispuso que “en el marco territorial en el que habitan, las comunidades étnicamente diferenciadas están llamadas a tomar decisiones, por sí mismas y conforme a sus cosmovisiones particulares, sobre sus cuestiones culturales, espirituales, políticas y jurídicas internas, dentro de unos límites constitucionales que propenden por un máximo de autonomía y un mínimo de restricciones”[95].

105. A la vez, la jurisprudencia constitucional ha estudiado casos de conflictos intraétnicos, originados en controversias al interior de las comunidades, generalmente relacionadas con el ejercicio de la autonomía y las actuaciones de sus autoridades[96]. Por regla general, las controversias de este tipo deben ser resueltas por la propia comunidad y la intervención del Estado debe orientarse a evitar intromisiones indebidas en el ejercicio de su autonomía[97]. La actuación estatal, ha establecido la Corte, debe concentrarse en maximizar tal autonomía en el marco del respeto a los derechos fundamentales de los integrantes de la comunidad [98].

106. En todo caso, la ya citada Sentencia SU-111 de 2020 señaló, primero, que “lo más deseable constitucionalmente es que la toma de decisiones en cualquier aspecto en relación con la disposición de la propiedad para el aprovechamiento de recursos naturales sea lo más democrática y participativa posible, así ello conlleve costos en términos de eficiencia y tiempo, de suerte que haya restricciones internas que cuiden a las comunidades negras de disensos que terminen por aniquilarlas”[99]. Segundo, la providencia estableció que las decisiones sobre la disposición del territorio de las comunidades negras, “sin importar si las toma toda la comunidad en asamblea o la junta directiva o solo el representante legal, deben siempre observar la protección del medio ambiente y el fin de que el desarrollo sea sostenible”[100].

107. Respecto de los procesos decisorios internos, durante el presente trámite, la Corporación Comunidad de Juristas Akubadaura[101] recordó que, en virtud del Convenio 169 de la OIT (artículo 8.2.), las costumbres e instituciones propias de los pueblos étnicamente diferenciados no pueden ser incompatibles con los derechos fundamentales definidos en el derecho doméstico ni con el derecho internacional de los derechos humanos. En ese sentido, la organización conceptuó que los procesos mencionados deben “observar estándares mínimos dirigidos a garantizar espacios de deliberación amplios, incluyentes y representativos, donde se promueva el diálogo, la búsqueda de consensos y la incidencia real y efectiva de los comuneros en la protección de la integridad física, cultural y territorial de la comunidad”[102]. En su criterio, es importante que dichos procesos garanticen el acceso a la información de las personas interesadas, el pluralismo y la representatividad. A la vez, deben propender a evitar la división o la ruptura de la armonía comunitaria, dentro del respeto a los factores culturales, organizativos y simbólicos.

108. En suma, la Corte Constitucional ha encontrado en el pasado que existen decisiones de carácter interno, relacionadas con el uso de los recursos naturales disponibles en los territorios de las comunidades étnicas, que deben ser adoptadas de acuerdo con el derecho propio y en ejercicio del derecho a la autodeterminación de los pueblos. Si bien es constitucionalmente deseable, de acuerdo con la jurisprudencia, que tales decisiones sean tan participativas y democráticas como sea posible, los mecanismos exactos de decisión, deliberación y representación dependen de cada comunidad y son una manifestación de su autonomía. En todo caso, tales decisiones deben observar la protección del medio ambiente y apuntar a la consecución del desarrollo de forma sostenible. En cambio, las decisiones externas, adoptadas por entidades estatales o actores ajenos a los pueblos étnicos, que los afecten directamente, requieren consulta previa. Con estas precisiones en mente, la Corte pasará a estudiar el caso.

11. Las actuaciones de los accionados en el presente caso exigen valoraciones diferenciadas respecto de las actuaciones de las autoridades estatales y de las autoridades tradicionales y la Asociación Ftumaijay

109. El presente caso tiene una particularidad que la Sala ya ha mencionado en esta providencia y que resulta pertinente a la hora de decidirlo de fondo. Las reivindicaciones de los accionantes de sus derechos a la autodeterminación, a la participación, a la consulta previa y al consentimiento previo, libre e informado se dan en relación con los impactos sobre su territorio de un proyecto extractivo que adelantan miembros de sus mismas comunidades étnicas. Por esa particularidad, el caso no se enmarca del todo en el tipo de controversias que los derechos mencionados de los pueblos étnicamente diferenciados generan frecuentemente cuando entran en tensión con proyectos de extracción y explotación de recursos naturales: un agente externo a las comunidades, generalmente una compañía cuyo objeto tiene que ver con la extracción de dichos recursos, suele ser el que pretende desarrollar sus actividades económicas en un territorio con el que la comunidad considera tener un vínculo, bien sea en el sentido geográfico, formal y jurídicamente reconocido, o en el que esta Corporación ha denominado amplio.

110. Dada esa particularidad, la Sala Primera de Revisión encuentra que este caso dialoga, por un lado, con la jurisprudencia sobre los derechos a la consulta previa y a la participación de las comunidades étnicas en relación con medidas, decisiones, proyectos, obras o actividades que las afectan directamente. Este es el caso porque, si bien el proyecto lo ejecutan integrantes de las comunidades, el Estado adoptó y está adoptando medidas en torno suyo que, como se explicará a continuación, afectan directamente a las comunidades indígenas. Pero, por otro lado, también implica que este Tribunal considere las implicaciones constitucionales de esta controversia dentro de las comunidades, en específico, en relación con las actuaciones de las autoridades tradicionales y de la Asociación Ftumaijay. Por eso, a continuación, analizará esos dos puntos de forma separada, para adoptar las decisiones y remedios a que haya lugar respecto de cada uno.

12. La Agencia Nacional de Minería, Corpoamazonia y el Ministerio del Interior vulneraron los derechos fundamentales de las comunidades indígenas, al adelantar actuaciones que las afectaban directamente sin consultarlas previamente

111. A partir de los hechos estudiados, la Sala concluye que las autoridades estatales a cargo de formalizar, licenciar y aprobar un proyecto de extracción minera vulneran los derechos a la autodeterminación, a la consulta previa y a la participación de una comunidad étnica cuando adelantan los trámites mencionados respecto de un proyecto minero que desarrollan miembros de la comunidad dentro de su territorio, sin consultarla previamente. En concreto, la declaratoria y la delimitación de un área de reserva especial dentro del territorio de las dos comunidades, la suscripción de un contrato especial de concesión minera y el otorgamiento de la licencia ambiental temporal, en el caso, son medidas que afectan directamente a las comunidades indígenas. Por las razones que se detallan a continuación, las tres entidades estatales a cargo de esos trámites en el presente caso (la ANM, Corpoamazonia y la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior) desconocieron los derechos de las comunidades indígenas en cuyo territorio se ha adelantado el proyecto de extracción de materiales de los ríos Putumayo y San Francisco.

12.1. El proyecto minero se ejecuta en el territorio de las comunidades

112. “Sin tierra el indígena no es indígena” es, según el documento de diagnóstico de 2012 que precedió el Plan de Salvaguarda del pueblo Kamëntsá, una frase recurrente entre los taitas de la comunidad[103]. Desde el inicio de los trámites que motivaron la presentación de la acción de tutela, ha estado documentado que el proyecto de extracción minera se ejecuta en el territorio del pueblo Kamëntsá y, particularmente, de los dos resguardos a los que pertenecen los accionantes.

113. Como lo indica el Plan Integral de Vida del Cabildo Indígena Kamëntsá Biyá de Sibundoy[104], el pueblo ha habitado milenariamente el Valle de Sibundoy, conocido como Waman Luar Tabanok (Sagrado Lugar de Origen), donde se encuentran asentadas la mayoría de sus familias. El taita Carlos Tamoabioy, que marcó las historias de los pueblos Kamëntsá e Inga que habitan dicho territorio, compró, a través de una cédula real, “una gran extensión de tierras que fueron usurpadas al Virreinato de Quito, las cuales, [fueron] entregadas mediante testamento al pueblo Kamëntsá e Inga, con quienes se comparte el territorio”[105].

114. Este es el hito más importante en la relación entre el pueblo Kamëntsá y el territorio que habita en el Valle de Sibundoy. Según la historia del pueblo, a través de su testamento, el taita Carlos Tamoabioy heredó el “Anillo del Valle de Sibundoy para dejar un testimonio claro de la legitimidad de los derechos de los pueblos” que lo habitaban[106]. En las palabras del taita, su voluntad fue dejar las tierras “a mis indios naturales del pueblo de Sibundoy grande”[107].

115. El Plan de Salvaguarda del pueblo Kamëntsá señala que sus familias habitan mayoritariamente[108] los municipios de Sibundoy y San Francisco (o Bynchioca, lugar de los vientos[109]), dentro del Sagrado Lugar de Origen, y que el territorio es compartido con el pueblo Inga[110]. Tal circunstancia explica que una de las comunidades involucradas en el presente caso corresponda al que está constituido como Resguardo Kamëntsá Inga de San Francisco.

116. Durante la totalidad de los trámites que el Estado ha adelantado en relación con el proyecto minero, ha sido claro que el proyecto se ejecuta dentro del territorio de las comunidades. En este caso puntual, no era siquiera necesario que las autoridades acudieran al concepto amplio de territorio, pues como ellas mismas lo reconocieron en las distintas actuaciones que realizaron, el proyecto ocurre dentro del territorio geográfico, formal y jurídicamente reconocido, de los resguardos Kamëntsá Biyá de Sibundoy y Kamëntsá Inga de San Francisco.

117. En la solicitud que la Asociación Ftumaijay presentó ante la Agencia Nacional de Minería no quedaba duda de que el proyecto se realizaba dentro del territorio ancestral. La solicitud se presentó para declarar y delimitar un área de reserva especial “en los ríos San Francisco y Sibundoy [sic], Resguardo Indígena Camentsa de Tamabioy, municipios de San Francisco y Sibundoy”[111]. Los anexos de la solicitud establecieron con claridad que el proyecto se adelantaba “en el Resguardo Indígena Camëntsá de Tamabioy”[112], que es “de la comunidad Indígena Camëntsá Biyá”[113], específicamente en un tramo en el que confluyen los ríos Putumayo y San Francisco. Por eso, aclaró la Asociación Ftumaijay, el área de explotación se conoce como “Balastrera Resguardo Indígena Tamabioy”[114].

118. Para claridad, vale la pena reiterar que el nombre “Tamabioy” viene de la historia del territorio: los pueblos Kamëntsá e Inga, que habitan el Valle de Sibundoy o Waman Luar Tabanok (Sagrado Lugar de Origen), relatan que un hito en su relación con el territorio es la compra de tierras al Virreinato de Quito, que hizo el taita Carlos Tamoabioy en 1700.

119. La Asociación Ftumaijay incorporó la siguiente figura en su solicitud. La Corte la incluye en esta providencia, por resultar útil para ilustrar la ubicación del proyecto:

Imagen 1. Localización geográfica de la cuenca donde se ubica el proyecto. Fuente: Expediente digital[115].

120. La siguiente imagen, que también se incluyó en la solicitud y que la ANM retomó al construir sus propios diagramas en la resolución que declaró y delimitó el área de reserva especial, evidencia cómo el área del proyecto se ubica en los municipios de Sibundoy y San Francisco, que corresponden al territorio de las dos comunidades a las que pertenece el grupo de accionantes[116]:

Imagen 2. Ubicación del polígono de extracción y explotación del proyecto de la Asociación Ftumaijay. Fuente: Expediente digital[117].

121. Al declarar y delimitar el área de reserva especial, la ANM dejó claro que tenía conocimiento de que el proyecto tenía lugar en el territorio ancestral. En la resolución respectiva, que es una de las actuaciones que se cuestionan a través de la acción de tutela, la entidad anotó que, según el “Reporte de Superposición de Títulos y/o Solicitudes Mineras”, el área del proyecto se superponía en un 44,38 % con el Resguardo Indígena Kamëntsá Biyá de Sibundoy[118]. Al abordar esa superposición con el propósito de declarar el área de reserva especial, la autoridad anotó sencillamente: “es preciso mencionar que en el expediente obran certificaciones de los Gobernadores de los Cabildos Indígenas Camëntsa Biya e Inga Camëntsa Biya [sic], en las cuales se reconoce a los solicitantes como habitantes de los resguardos Tamabioy y San Javier, que conforman el resguardo indígena Camëntsa Biya de Sibundoy y San Francisco”[119].

122. En el caso de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, es claro que tuvo conocimiento de que el proyecto se llevaba a cabo en el territorio de los dos resguardos. De hecho, fue esa circunstancia la que llevó a la entidad a tomar la decisión de programar una visita de verificación. Entre los documentos que la autoridad allegó a la Corte después de los requerimientos probatorios de la Sala de Revisión y de la magistrada ponente, se encuentra el oficio mediante el que informó de esa decisión a los integrantes de la Asociación Ftumaijay, luego de que solicitaran un concepto sobre la procedencia de la consulta previa[120]. La autoridad indicó que el análisis cartográfico y geográfico realizado indicaba que el proyecto se encontraba “inmerso en el territorio” de los dos resguardos[121]. Esta circunstancia coincide con el relato que la entidad allegó durante el trámite de revisión en la Corte[122].

123. En el trámite de la licencia ambiental temporal ante Corpoamazonia también fue claro desde el inicio que el proyecto se desarrolla en el territorio ancestral. Al contestar la acción de tutela ante el juzgado de primera instancia, la corporación adjuntó las certificaciones de los gobernadores de los dos resguardos para la vigencia 2021 que daban cuenta, entre otros asuntos, de la ubicación del polígono del proyecto en sus territorios[123]. Estas certificaciones fueron anexas al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que la Asociación Ftumaijay presentó para solicitar la licencia ambiental temporal.

124. Dicho estudio estableció con claridad cuál era la ubicación del proyecto con respecto al territorio del denominado “Resguardo Indígena de Tamabioy”. El Estudio de Impacto Ambiental que la Asociación Ftumaijay allegó a Corpoamazonia para solicitar la licencia ambiental temporal ilustró de esta manera la coincidencia entre la ubicación del proyecto y el territorio mencionado:

Imagen 3. Ubicación del polígono de extracción con respecto al territorio indígena. Fuente: Expediente digital[124].

125. Al pronunciarse al respecto, Corpoamazonia señaló, en la Resolución D.G. núm. 2439 del 22 de diciembre de 2022^{^[125]}, que se presentaba un “traslape” con los dos resguardos, pero que la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior había ya determinado que no procedía la consulta previa, “debido a que los principales lugares de asentamiento de las comunidades étnicas no serán afectados directamente por la minería y está [sic] actividad es preexistente y recurrente en la zona”[126].

126. Así las cosas, las pruebas allegadas durante el trámite transmiten con claridad que el proyecto conocido como la Balastrera Tamabioy, que la Asociación Ftumaijay ha ejecutado en los ríos Putumayo y San Francisco, se desarrolla en el territorio que las comunidades de los resguardos Kamëntsá Biyá de Sibundoy y Kamëntsá Inga de San Francisco habitan en el Valle de Sibundoy o Waman Luar Tabanok. Con esta conclusión clara, la Sala pasará a explicar por qué las medidas que adoptaron las autoridades estatales involucradas y accionadas afectan directamente a las comunidades de los resguardos indígenas respecto de los dos criterios que la Sentencia SU-123 de 2018 sistematizó en relación con los proyectos extractivos: en este caso, en concreto, las medidas impactan (i) el territorio, y (ii) el ambiente y la estructura social, económica y cultural de las comunidades.

12.2. La afectación directa sobre el territorio de las comunidades indígenas

127. Para esta Corporación, es claro que el proyecto minero de extracción de materiales de construcción de los ríos Putumayo y San Francisco es susceptible de afectar directamente el territorio de las comunidades indígenas a las que pertenecen los accionantes. En consecuencia, las medidas administrativas que se adoptaron respecto del proyecto debían ser, al menos, consultadas previamente. Las siguientes razones explican esta conclusión.

128. En el presente caso, el proyecto se ejecuta dentro del territorio geográfico de los resguardos, donde las dos comunidades desarrollan sus prácticas culturales permanente e intensamente. En el acápite anterior, la Sala describió la importancia que el Valle de Sibundoy, donde ocurre el proyecto, tiene histórica, ancestral y culturalmente para el pueblo Kamëntsá. Se trata de la región del país que el pueblo explícitamente sostiene habita la mayoría de las familias que lo integran, a pesar de que algunas de ellas hayan tenido que desplazarse a otros lugares por razones, entre otras, asociadas al conflicto armado interno. Conviene recordar, en este sentido, que el pueblo Kamëntsá es uno de los que, según la Corte Constitucional, se encuentran en riesgo de exterminio cultural o físico por el conflicto armado y han sido víctimas de gravísimas violaciones de sus derechos fundamentales[127].

129. Ahora bien, las pruebas recaudadas durante la totalidad del proceso dan cuenta de la especial relación del pueblo con su territorio. Su vínculo con el Waman Luar Tabanok no solo se remonta, por lo menos, al siglo XVIII, de cuando data el testamento del taita Carlos Tamoabioy, sino que tiene connotaciones espirituales, culturales y sociales marcadas. Los accionantes[128], la Asociación Ftumaijay[129], las autoridades tradicionales de ambos resguardos[130], el ICANH[131], la Defensoría Delegada para Grupos Étnicos[132], los integrantes de las comunidades cuyas declaraciones fueron aportadas por las partes a través de videos[133] y los Planes de Vida[134] y Salvaguarda[135] del pueblo Kamëntsá coinciden en la existencia de ese especial vínculo.

130. La naturaleza o madre tierra, junto con sus múltiples componentes, como ocurre en el caso de otros pueblos étnicos, es un ser vivo. Por eso, los ríos, que tienen también ese carácter, son espacios sagrados que deben ser protegidos, tal y como se describe en los Planes de Vida y Salvaguarda. Dentro del territorio como ser vivo, conviven los seres humanos, el agua, los bosques y las montañas, entre otros, por lo que su integralidad ecológica y espiritual es esencial para la existencia del pueblo. El agua, específicamente, “es la base de la vida, del equilibrio espiritual y de la pervivencia cultural”[136].

131. De esta manera, las pruebas disponibles en el expediente transmiten con claridad que el pueblo Kamëntsá (como el pueblo Inga, con el cual convive en el Valle de Sibundoy) ha habitado el territorio donde ocurre el proyecto de manera permanente, durante siglos, a pesar del riesgo de exterminio al que está sometido y con una intensidad particular que se refleja en su vínculo cultural y espiritual. A pesar de tal claridad en el caso, conviene anotar que la Sala encuentra que el hecho de que el pueblo reconozca que comparte el territorio con grupos con otras cosmovisiones no desvirtúa el hecho de que, como la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior lo hizo constar en la resolución que encontró improcedente la consulta previa[137], son las familias de los dos resguardos las que habitan la zona ribereña aledaña al proyecto. Los videos aportados por las partes, son de hecho, en su mayoría, declaraciones de integrantes de las comunidades que viven en ese punto concreto y que describen los impactos positivos o negativos que, en su criterio, genera el proyecto.

132. Así las cosas, la Sala de Revisión concluye que medidas tales como la declaratoria y delimitación de una zona de reserva especial en la zona de la denominada Balastrera Tamabioy, la suscripción del contrato especial de concesión, la aprobación de una licencia ambiental temporal (cuya vigencia, de hecho, ha sido extendida) y el trámite de una licencia ambiental definitiva para la ejecución del proyecto son medidas que impactan el territorio de las comunidades de los resguardos Kamëntsá Biyá de Sibundoy y Kamëntsá Inga de San Francisco.

12.3. Las medidas de las autoridades estatales accionadas impactan el ambiente y la estructura social, económica y cultural de las comunidades indígenas

133. El impacto descrito sobre el territorio de las comunidades es suficiente para concluir que se produce una afectación directa que exige la consulta previa. No obstante, el caso también exige que la Sala considere los impactos sobre el ambiente y la estructura social, económica y cultural de las comunidades.

134. La lectura del expediente evidencia la existencia de desacuerdos entre las partes en relación con los impactos del proyecto que se adelanta en la zona conocida como Balastrera Tamabioy sobre el ambiente y la estructura social, económica y cultural de las comunidades indígenas que habitan el territorio. Sin embargo, existen elementos que permiten concluir que el proyecto es susceptible de afectarlas y, en ese sentido, los trámites y actuaciones del Estado para formalizar, licenciar y aprobarlo debían agotar la consulta previa.

135. Con respecto al impacto ambiental del proyecto, los accionantes[138] y las autoridades tradicionales[139], especialmente del resguardo Kamëntsá Biyá de Sibundoy, en sus intervenciones durante el proceso, coinciden en que el proyecto genera afectaciones ambientales. Las partes mencionadas no solo ilustran la especial relación que existe entre sus comunidades y el territorio, sino que alertan sobre los riesgos ambientales de un proyecto extractivo como el que se discute en el caso.

136. De acuerdo con el taita Juan Bautista Agreda Chindoy, gobernador del Cabildo Kamëntsá Biyá de Sibundoy, la intervención directa de cauces fluviales ubicados en el territorio ancestral genera impactos sobre las barras aluviales, que alteran la dinámica hídrica, los ecosistemas asociados, las prácticas culturales vinculadas al río y el equilibrio ambiental del territorio colectivo. En su concepto, un proyecto de extracción de los materiales que el río transporta naturalmente produce una degradación general del ecosistema, que disminuye también la presencia de la fauna naturalmente asociada a él. Desde sus respuestas aportadas a finales de 2025, las autoridades tradicionales del mismo cabildo señalaron, además, que el proyecto implica dinámicas de deforestación por la tala de árboles en la zona de la Balastrera Tamabioy, lo que conlleva la pérdida de cobertura vegetal, incrementa los procesos de erosión y sedimentación, y aumenta la inestabilidad de las riberas.

137. Ahora bien, en el expediente se observa un desacuerdo entre las partes al respecto porque, para la Asociación Ftumaijay[140], el proyecto realmente protege el entorno ambiental de las comunidades. La asociación coincide con las autoridades tradicionales en que el entorno hidrográfico del proyecto viene afectado y contaminado desde hace varios años por la presencia de otros actores externos a las comunidades que han desplegado proyectos extractivos en otros momentos y, además, por dinámicas tales como el vertimiento de aguas residuales.

138. Por lo tanto, desde las consideraciones que la DANCP del Ministerio del Interior consignó en su resolución sobre la improcedencia de la consulta previa[141], es posible observar cómo la Asociación Ftumaijay describe sus labores como de “aprovechamiento” de los recursos naturales, en lugar de extracción. Su argumento es que, de hecho, las labores controladas y de escala reducida que adelanta en los ríos contribuyen a la conservación de los recursos porque se limitan a “aprovechar” las arenas y rocas que los ríos arrastran naturalmente con su cauce. Por eso, sostiene la asociación, su objetivo con las labores que adelanta y con las solicitudes de formalización, aprobación, concesión y licenciamiento del proyecto es proteger el territorio de las intromisiones de terceros que desplegarían acciones de extracción más agresivas y dañinas.

139. Estas fueron, en buena medida, las consideraciones que llevaron a la Autoridad Nacional de Consulta Previa a concluir que el proyecto no generaba una afectación directa[142]. La resolución mediante la cual decidió que no era procedente la consulta previa en el caso anotó que no existía una afectación directa porque la actividad de la Asociación Ftumaijay es el “aprovechamiento” de los recursos naturales y sus labores, de acuerdo con su propia descripción, ayudan a corregir la dirección del cauce del río y a mejorar la fuerza del caudal, lo que permite disminuir las inundaciones. Además, los ejecutores del proyecto esperaban, según la información que la autoridad recopiló, que sus actividades mitigaran los daños que la explotación indiscriminada del río había generado al ecosistema.

140. Sin embargo, tales consideraciones no están alineadas con el precedente constitucional sobre el derecho fundamental a la consulta previa. Como se explicó anteriormente, la definición sobre el carácter beneficioso o dañino de una medida corresponde a las comunidades étnicas en ejercicio de su autonomía y en aplicación de sus propias maneras de entender el mundo, que no siempre están alineadas con la cosmovisión de la sociedad no adscrita a una identidad étnica particular. No le corresponde a una autoridad estatal ni a la cultura no indígena determinar cuáles impactos son positivos o negativos y, por esa misma razón, la Corte ha definido la afectación directa como el impacto positivo o negativo sobre las condiciones de una comunidad étnicamente diferenciada.

141. Más allá de los desacuerdos mencionados en torno al impacto ambiental del proyecto, la Corte ha establecido que la exigibilidad de una licencia ambiental para desarrollar una actividad es una evidencia de sus impactos ambientales, por lo que es un “indicio fuerte de la necesidad de consulta previa”[143]. En el presente caso, entonces, el hecho de que el proyecto de extracción de arenas, gravas y rocas de los ríos Putumayo y San Francisco requiera licencia ambiental por tratarse de una iniciativa de explotación minera es una evidencia adicional de que existe un impacto ambiental, por lo menos potencial, que es susceptible de generar una afectación directa a las comunidades.

142. De igual manera, la jurisprudencia ha señalado que el punto de vista de las comunidades étnicas sobre la caracterización de la afectación directa es “especialmente importante” y debe presumirse cierto si aportan elementos y fundamentos mínimos para soportarla[144]. Por eso, “corresponde a las autoridades responsables atenerse a dicha caracterización, a menos que se aporte evidencia objetiva, contrastable y significativa acerca de que el grado de afectación es diferente”[145]. Si bien estas últimas consideraciones han sido establecidas para determinar el nivel de intensidad de la afectación directa (y, por lo tanto, el nivel de participación requerido), resultan pertinentes para resaltar la especial importancia que tiene la postura que las autoridades tradicionales han defendido en el proceso: el proyecto, sostienen hoy en día, tiene un impacto ambiental.

143. Dicho esto, resta estudiar el impacto del proyecto sobre la estructura social, cultural y económica de las comunidades. Para el efecto, conviene resaltar que los accionantes[146], las autoridades tradicionales[147], el ICANH[148] y la Defensoría Delegada para Grupos Étnicos[149] estuvieron de acuerdo en que el pueblo Kamëntsá, en línea con su visión de su relación con la naturaleza y el territorio, no tiene un vínculo ancestral con la minería. Esta actividad no hace parte de su identidad cultural ni tradicional. Incluso la Asociación Ftumaijay reconoció que el Plan de Vida del pueblo Kamëntsá no reconoce la minería como un eje cultural central[150].

144. El argumento de la asociación para defender el proyecto de la Balastrera Tamabioy es que fue la llegada de los colonos la que obligó a los integrantes del pueblo a dedicarse a actividades que no eran propias, entre ellas el transporte de piedra y arena de los ríos para utilizarlas en labores de construcción. En este sentido, la accionada sostiene que las comunidades indígenas involucradas han tenido una relación compleja y continua con la minería y la extracción de recursos naturales. Las autoridades tradicionales, en cualquier caso, reconocen que ciertos integrantes de las comunidades se dedican a tales labores para su subsistencia.

145. No obstante, el objetivo de la consulta previa es contribuir a la supervivencia de pueblos con cosmovisiones distintas a la de la sociedad no adscrita a una identidad étnica particular. En este orden de ideas, la Corte debe concentrarse, para efectos de determinar el impacto, en las que las comunidades identifican como las estructuras económicas, sociales y culturales que hacen parte de su identidad tradicional. Desde esa perspectiva, la conclusión es clara: la minería no hace parte de la identidad cultural del pueblo Kamëntsá ni de sus actividades sociales o económicas tradicionales. Las autoridades tradicionales, el Plan de Vida, el ICANH y la Defensoría Delegada para Grupos Étnicos coinciden en que el pueblo Kamëntsá se ha dedicado ancestralmente a otro tipo de actividades en su relación con el territorio. Dentro de ellas, se destacan, por ejemplo, la agricultura a través del sistema de chagra (o jajañ), la artesanía y el intercambio.

146. La conclusión expuesta no implica que la Corte esté dictaminando una prohibición de tales actividades. Ese no es el objeto de la acción de tutela ni del derecho a la consulta previa y tampoco de la intervención del juez constitucional. La conclusión es un indicativo de la afectación directa a las comunidades de los resguardos Kamëntsá Biyá de Sibundoy y Kamëntsá Inga de San Francisco y, por lo tanto, de la necesidad de que los trámites que las autoridades estatales han adelantado y deberán adelantar en relación con el proyecto sean consultados previamente con ellas. A continuación, este Tribunal detallará en concreto cómo la ANM, Corpoamazonia y la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior vulneraron el derecho fundamental a la consulta previa de las comunidades.

12.4. Las autoridades estatales accionadas vulneraron el derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas

147. En la medida que el proyecto impacta el territorio de las comunidades y hay muestras de que es susceptible de afectar también su ambiente y su estructura social, económica y cultural, para la Sala las autoridades estatales que emitieron las resoluciones que la tutela cuestionó vulneraron el derecho a la consulta previa de los pueblos a los que pertenecen los actores. Como lo ha sostenido la jurisprudencia y se sintetizó antes en esta providencia, la obligación de consulta previa opera en todas las fases de implementación de una medida, por lo que las autoridades mencionadas tenían el deber de entablar un diálogo intercultural con las comunidades desde que la Asociación Ftumaijay solicitó ante la ANM la declaratoria y delimitación del área de reserva especial.

148. La jurisprudencia, de hecho, ha establecido que el deber de consulta previa se actualiza en cada fase del proyecto, si el diálogo no ha tenido lugar antes. Según la Sentencia SU-123 de 2018, este es el caso también “cuando se renuevan o extienden los permisos de extracción, al igual que en el evento en que se presentan modificaciones jurídicas y fácticas sustanciales a los proyectos”[151]. En el caso, este Tribunal encuentra que existieron varios momentos en los que el diálogo se debía entablar, pero no se hizo, por lo que se produjeron violaciones repetidas del derecho a la consulta previa de las comunidades.

149. En un primer momento, la Agencia Nacional de Minería violó el derecho a la consulta previa y, junto con él, los derechos a la participación y a la autodeterminación de las comunidades de los resguardos involucrados al declarar y delimitar el área de reserva especial sin consultarlas. Como se detalló anteriormente, la autoridad tuvo conocimiento de que el proyecto ocurría dentro del territorio de las comunidades. No obstante, sin preguntarse si debía consultar previamente la medida, la autoridad resolvió rápidamente el asunto con una mención a las certificaciones de las autoridades tradicionales que, en palabras de su resolución, reconocieron a los solicitantes como habitantes del “resguardo indígena Camëntsa Biya de Sibundoy y San Francisco”[152].

150. Este no era un argumento válido para descartar la consulta previa en el caso. La decisión de delimitar un área de reserva especial, que apunta a formalizar un esquema tradicional de minería en el territorio de las comunidades, es una medida externa a ellas que las afecta directamente. Por lo tanto, debía ser consultada. En este sentido, llama la atención de la Sala que, a pesar de que fue expresamente requerida por esta Corporación para que describiera los mecanismos de diálogo intercultural que implementa cuando sus medidas pueden afectar a una comunidad étnica, la ANM no se pronunció al respecto durante el proceso.

151. En un segundo momento, ante la solicitud de uno de los titulares del área de reserva especial ya delimitada en la preparación del Estudio de Impacto Ambiental que la Asociación Ftumaijay requería para pedir la licencia ambiental temporal, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior vulneró los derechos de las comunidades al establecer que en el caso no era procedente la consulta previa. Las razones que ofreció en su resolución no están alineadas con el precedente sobre este derecho fundamental.

152. Primero, el argumento según el cual el proyecto de la denominada Balastrera Tamabioy traía beneficios ambientales a los ríos y el ecosistema alrededor de ellos, estrictamente basado en las apreciaciones de la Asociación Ftumaijay sobre su impacto, (i) desconoció que existían posturas distintas dentro de la comunidad, tal y como la Corte pudo conocer a partir de las pruebas recaudadas; y (ii) se apartó de las reglas jurisprudenciales decantadas sobre la consulta previa, que han establecido que esta se requiere ante cualquier medida, decisión o proyecto susceptible de impactar positiva o negativamente a una comunidad étnica, pues la determinación sobre sus beneficios o desventajas corresponde exclusivamente al pueblo a partir de su propia cosmovisión. Descartar la procedencia de la consulta previa a partir del supuesto beneficio que una medida trae para una comunidad étnica tiene el riesgo grave de asumir una postura paternalista frente a ella, basada en razonamientos propios de la sociedad no indígena, que no necesariamente coinciden con el entendimiento del pueblo respectivo. Por eso, este tipo de determinaciones violan el derecho a la autodeterminación de las comunidades tradicionales.

153. Segundo, la resolución que expidió la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa deja dudas serias sobre el entendimiento que se llevó de la estructura política, social y cultural luego de la visita de verificación que realizó al territorio de las comunidades indígenas. De acuerdo con sus conclusiones, la Asociación Ftumaijay “está conformada por el 80 % de los miembros de los resguardos son 25 familias de las cuales en promedio el 80 % pertenecen a la asociación [sic]”[153]. Un lector desprevenido concluiría que las comunidades indígenas de los resguardos Kamëntsá Biyá de Sibundoy y Kamëntsá Inga de San Francisco son pequeñas: entre las dos, sumarían 25 familias en total. Adicionalmente, de acuerdo con sus respuestas en el trámite de revisión, la Asociación Ftumaijay fue fundada en 2016 con 53 socios y actualmente tiene 40, “de los cuales 5 personas realizaron la renuncia”[154]. En el marco de ella, 31 personas solicitaron la declaratoria de área de reserva especial[155]; 25, la licencia ambiental temporal; y 19 firmaron el contrato especial de concesión. Es decir, de acuerdo con la Autoridad Nacional de Consulta Previa, si los integrantes de la asociación representan el 80 % de la población de las dos comunidades, entre los dos resguardos no sumarían más de 70 personas.

154. Está claro que esta está lejos de ser la situación real de las comunidades. En el expediente constan los siguientes datos sobre la población de las dos comunidades:

Documento	Fecha	Población certificada
Resguardo Kamëntsá Biyá de Sibundoy
Certificado del taita Ramón (gobernador vigencia 2024)[156]	28 de mayo de 2024	3.735 personas 973 familias
Respuesta de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior al Auto 1738 de 2025 (primer auto de pruebas de la Sala Primera de Revisión), que informa los datos consignados en el Sistema de Información Indígena de Colombia, de acuerdo con los autocensos de las comunidades[157]	20 de noviembre de 2025	4.559 personas
Respuesta del taita Justo Juagibioy Jamioy (gobernador vigencia 2025) al Auto 1738 de 2025 (primer auto de pruebas de la Sala Primera de Revisión)[158]	20 de noviembre de 2025	4.726 personas 2.049 familias
Resguardo Kamëntsá Inga de San Francisco
Certificación del taita Walter Leandro Chindoy Jacanamejoy (gobernador vigencia 2024)[159]	27 de mayo de 2024	1.349 personas 584 familias
Respuesta de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior al Auto 1738 de 2025 (primer auto de pruebas de la Sala Primera de Revisión), que informa los datos consignados en el Sistema de Información Indígena de Colombia, de acuerdo con los autocensos de las comunidades[160]	20 de noviembre de 2025	1.969 personas
Respuesta del taita Luis Alberto Sigindioy Jamioy (gobernador vigencia 2025) al Auto 1738 de 2025 (primer auto de pruebas de la Sala Primera de Revisión)[161]	18 de noviembre de 2025	2.041 personas 1.107 familias

Tabla 4. Información recaudada sobre la población de los dos resguardos indígenas.

155. Por lo tanto, la Sala concluye que la decisión de la Autoridad Nacional de Consulta Previa se basó en una concepción absolutamente errónea de la composición de las comunidades y de sus estructuras sociales, económicas y culturales.

156. En un tercer momento, esta valoración inadecuada que realizó la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior impactó la aproximación de Corpoamazonia al caso, en el momento de tramitar y otorgar la licencia ambiental temporal. La autoridad ambiental se limitó a citar la resolución de la DANCP sobre la improcedencia de la consulta previa. Pero lo cierto es que, según lo ya establecido en esta providencia, esta era una etapa central en el proyecto en la que se renovaba la obligación de las autoridades estatales de agotar la consulta previa. Para la Sala, de hecho, no es válido el argumento que Corpoamazonia presentó durante el trámite de revisión, según el cual no habilita mecanismos de diálogo con las comunidades étnicas que podrían verse afectadas por las medidas que adopta porque el mecanismo apropiado es únicamente la determinación sobre la procedencia de la consulta previa a la que llega la DANCP. Lo cierto es que tomarse en serio la cláusula de diversidad étnica y cultural de la Constitución y los derechos a la autodeterminación, la participación y la consulta previa de las comunidades étnicamente diferenciadas implica establecer mecanismos de diálogo intercultural, que no tienen por qué limitarse a la consulta previa.

157. Este entendimiento de la Corte se alinea, de hecho, con el auto mediante el cual Corpoamazonia abrió el trámite para definir si otorga la licencia ambiental global o definitiva para el proyecto. En ese auto, la autoridad ambiental resolvió que “[e]n el evento de existir dentro del área del proyecto comunidades indígenas o Afrodescendientes, efectúese [sic] las respectivas consultas previas de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y el Decreto Reglamentario 1076 de 2015 Artículo 2.2.2.1.5.5”[162].

158. Para recapitular, entonces, la Corte encuentra que la Agencia Nacional de Minería, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior y Corpoamazonia vulneraron los derechos a la autodeterminación, a la participación y a la consulta previa de los accionantes y, en general, de las comunidades indígenas de los resguardos Kamëntsá Biyá de Sibundoy y Kamëntsá Inga de San Francisco. Las autoridades incurrieron en tal vulneración de los derechos al adelantar trámites y adoptar decisiones y medidas en relación con la formalización, aprobación y licenciamiento del proyecto de extracción de arenas, gravas y rocas de los ríos Putumayo y San Francisco. Esas decisiones afectaron directamente a las comunidades y, en ese sentido, debían ser consultadas previamente. Por eso, la Corte ordenará que se lleve a cabo la consulta previa, según los términos que se establecerán más adelante en esta providencia. La Sala, en todo caso, reconoce el valor del proceso de formalización de esquemas tradicionales de minería que, como lo indicó extemporáneamente en el trámite de revisión el Ministerio de Minas y Energía, guía la declaratoria y delimitación de las áreas de reserva especial.

13. El impacto del proyecto en el territorio, el ambiente y la estructura social, cultural y económica de las comunidades indígenas hace deseable un diálogo efectivo entre sus integrantes, sus autoridades tradicionales y la Asociación Ftumaijay

159. En este apartado, este Tribunal abordará las actuaciones de las autoridades tradicionales y de la Asociación Ftumaijay sobre las que es necesario plantear consideraciones constitucionales, sin desconocer los derechos a la autodeterminación y al autogobierno de los pueblos étnicos. El análisis de las interacciones entre las comunidades, las autoridades tradicionales y la Asociación Ftumaijay evidencia que uno de los componentes de la presente controversia constitucional es un conflicto intraétnico. Existe un desacuerdo dentro de las comunidades en torno al proyecto, su necesidad, sus oportunidades para sus integrantes y, especialmente, su impacto sobre el territorio y el ambiente. Este tipo de conflictos, según la jurisprudencia que se citó anteriormente, deben ser abordados desde una perspectiva que maximice la autonomía de las comunidades étnicas y la conservación de su identidad cultural.

160. La información disponible en el expediente sugiere que es deseable un mayor diálogo interno respecto del proyecto y sus implicaciones sobre los resguardos y su relación con el territorio. Como se detalla a continuación, esa es la conclusión derivada de la información que esta Corporación recaudó en relación con el derecho propio y el esquema de gobierno de los dos cabildos. Las propias declaraciones de las autoridades tradicionales manifiestan que la Asamblea General sería el escenario legítimo para discutir de forma colectiva la controversia sobre el proyecto.

161. Las actuaciones de las autoridades tradicionales de ambos resguardos que sobresalen en las posiciones de las partes del proceso sobre la controversia son las certificaciones que expidieron en el marco de los trámites de formalización y aprobación del proyecto ante las autoridades estatales competentes: (i) la certificación del 28 de noviembre de 2016, mediante la que el taita Justo Juagibioy Jamioy y el taita Juan Manuel Sigindioy, como gobernadores del Cabildo Kamëntsá Biyá (vigencia 2016 y municipios de Sibundoy y San Francisco, respectivamente) dejaron constancia de las actividades mineras que realiza la Asociación Ftumaijay y señalaron que los cabildos “harían permanente acompañamiento” para coordinar las actividades necesarias para el bienestar de la asociación y de la comunidad^{^[163]}; y (ii) los certificados mediante los cuales el taita Walter Leandro Chindoy Jacanamejoy^{^[164]}, como gobernador del Resguardo Kamëntsá Inga de San Francisco (vigencia 2021), y el taita Manuel Jesús Mavisoy Juajibioy^{^[165]}, como gobernador del pueblo Kamëntsá Biyá de Sibundoy (vigencia 2021), señalaron “respaldar” el proyecto.

162. Para la Asociación Ftumaijay, estas certificaciones son actos institucionales propios que las autoridades expidieron en ejercicio de la representación de los cabildos. Por lo tanto, “su validez no puede evaluarse a partir de criterios procedimentales propios del derecho administrativo estatal ni mediante la imposición de formalidades externas que no hacen parte del orden normativo interno de la comunidad”[166]. Por su parte, al ser cuestionada sobre estas actuaciones por la magistrada ponente, la autoridad tradicional del Cabildo Kamëntsá Biyá de Sibundoy describió la expedición de estas certificaciones como actuaciones unilaterales de los taitas que ocupaban la dignidad de gobernadores en 2016 y 2021. Según la intervención del cabildo, no se desplegaron mecanismos de participación comunitaria para efectuar esas manifestaciones sobre el proyecto.

163. Las intervenciones de las autoridades tradicionales[167], el Manual de Justicia Propia del Cabildo Kamëntsá Biyá de Sibundoy[168] y la Línea Base de Justicia del pueblo Kamëntsá Biyá de Sibundoy[169] establecen que la Asamblea General o Asamblea Comunitaria es la máxima instancia de decisión dentro de ambas comunidades. Este órgano reúne a la totalidad de la comunidad y, en palabras del gobernador del Cabildo Kamëntsá Inga de San Francisco, es el espacio para que sus integrantes puedan “discutir, deliberar y tomar decisiones de gran relevancia sobre asuntos que afectan la vida colectiva del resguardo”[170]. Según la descripción del gobernador del Cabildo Kamëntsá Biyá de Sibundoy, la Asamblea es la máxima autoridad y el “espacio de decisión suprema” donde “se definen posiciones frente a proyectos que afecten el territorio ancestral”[171].

164. De acuerdo con el Manual de Justicia Propia del Cabildo Kamëntsá Biyá de Sibundoy[172] y la Línea Base de Justicia del pueblo Kamëntsá Biyá de Sibundoy, este órgano “es la instancia de consulta por excelencia para tratar conflictos colectivos”[173]. Respecto de los proyectos de alto impacto, como los mineros, el gobernador del Cabildo Kamëntsá Biyá de Sibundoy puntualizó que las decisiones corresponden a la Asamblea.

165. En este sentido, de acuerdo con la manifestación de las autoridades tradicionales y los documentos donde el pueblo Kamëntsá ha plasmado su derecho propio, entre otros propósitos, para que quienes no hacen parte de sus comunidades lo conozcan, el escenario propicio para tramitar internamente en las comunidades el debate alrededor del proyecto minero de la Asociación Ftumaijay sería la Asamblea General. Este órgano, además, materializa los principios que la jurisprudencia de la Corte ha propuesto para guiar las decisiones que las comunidades étnicas adoptan internamente en relación con el uso de los recursos naturales y los proyectos, obras o actividades que afectan el territorio (ver la sección 5 de las consideraciones de esta providencia). Es una instancia que cuenta con la participación de la comunidad entera, al punto que los documentos citados anteriormente aclaran que en él intervienen el gabinete, los consejos, las familias, los niños, los jóvenes y los grupos organizados[174]. Además, es un órgano que, entre otros asuntos, discute específicamente los proyectos que pueden tener un impacto en el ambiente, tales como aquellos relativos a la minería.

166. En este sentido, la Sala reconoce y valora los esfuerzos de socialización con las autoridades y algunos integrantes de la comunidad que la Asociación Ftumaijay ha efectuado. No obstante, encuentra que estos no son equivalentes a la deliberación que, en el marco del derecho propio y de sus esquemas de gobierno, el pueblo Kamëntsá promueve en la Asamblea General o escenarios similares.

167. En línea con estas consideraciones, la Sala debe hacer algunas anotaciones sobre las certificaciones que los gobernadores de los resguardos emitieron en 2016 y 2021. Estas certificaciones, como la autoridad tradicional del Cabildo Kamëntsá Biyá de Sibundoy reconoció en el trámite de revisión ante la Corte, no contaron con ningún tipo de deliberación comunitaria previa, como lo exigiría el derecho propio. Pero más allá de eso, contrario a la conclusión de la sentencia de segunda instancia, no es claro que constituyan un ejercicio de la facultad representativa de los gobernadores de las vigencias respectivas para manifestar, en nombre de dos comunidades que suman actualmente más de 6.500 miembros entre las dos (según los autocensos que se citaron en la sección 7.5 de las consideraciones), la aprobación definitiva y sin condiciones del proyecto.

168. Se trata de certificaciones emitidas por solicitud de los integrantes de la Asociación Ftumaijay para realizar los trámites respectivos ante las autoridades estatales. Las descripciones del derecho propio, de los esquemas de gobierno, de las cosmovisiones y de los entendimientos de su relación con el territorio que las autoridades tradicionales han aportado durante este proceso permiten a la Corte concluir que no reemplazan la deliberación comunitaria ni mucho menos la consulta previa que las autoridades estatales estaban obligadas a adelantar. Tampoco hay elementos en el expediente que sugieran que esa haya sido la intención de los gobernadores al expedirlas.

169. Por esas razones, la Corte encuentra que tales certificaciones no podrán ser utilizadas, en adelante, para descartar u obstaculizar la consulta previa que aquí se ordena. Como la Sala ya explicó, la obligación de consultar a las comunidades surge respecto de las medidas que adoptaron las autoridades estatales accionadas.

170. Finalmente, este Tribunal encuentra que es importante pronunciarse en relación con una circunstancia sobre la que se llamó la atención en el marco del proceso. Algunos de los integrantes de la Asociación Ftumaijay y, específicamente, de los titulares mineros del proyecto de extracción de arenas, gravas y rocas de los ríos Putumayo y San Francisco han ocupado posiciones en el esquema de gobierno propio de las comunidades[175].

171. El Cabildo Kamëntsá Biyá de Sibundoy aclaró a la Corte que el derecho propio no utiliza términos tales como “inhabilidades” o “incompatibilidades” para describir lo que la sociedad no indígena denomina un “conflicto de intereses”[176]. No obstante, el gobernador precisó que la Ley Natural, los principios de justicia propia y el mandato de gobierno sí establecen límites, dentro de los que se destaca la “primacía del interés colectivo sobre el interés particular”[177]. Este principio obliga a que “cualquier participación económica directa de una autoridad en proyectos que afecten el territorio (como proyectos mineros) debe analizarse a la luz de este principio, para evitar que las decisiones se orienten por beneficios particulares”[178]. El gobernador del Cabildo Kamëntsá Inga de San Francisco, por su parte, señaló que las autoridades indígenas tienen límites a la hora de beneficiarse de proyectos mientras representan a la comunidad en procesos participativos o de consulta previa, puesto que ello configura un conflicto de intereses.

172. Dado que los periodos en los que algunos integrantes de la Asociación Ftumaijay ocuparon dignidades en los gabinetes de gobierno de los resguardos coinciden con el lapso de tiempo en el que el proyecto extractivo ha estado en discusión y trámite ante las autoridades estatales, la Sala considera importante exhortar a los dos cabildos a que, en el marco de su autonomía, apliquen los principios del derecho propio que exigen que las actuaciones de las autoridades den primacía al interés colectivo sobre el particular.

173. Más allá de las consideraciones presentadas, esta Corporación no encuentra que la Asociación Ftumaijay haya violado el derecho a la consulta previa de los accionantes, pues en el expediente se evidencia que esta solicitó a la DANCP que determinara la procedencia de la consulta para el proyecto de formalización minera. La Resolución ST-0788 de 2022 reconoció expresamente que la DANCP recibió la solicitud presentada por la Asociación. Esa solicitud dio lugar a la visita de verificación y, posteriormente, a la expedición del acto que concluyó que la consulta previa no era procedente.

174. En suma, la Sala encuentra, a partir de la información que recibió sobre el derecho propio y los esquemas de gobierno de las dos comunidades indígenas involucradas, que resulta deseable un mayor diálogo interno sobre el proyecto y sus implicaciones. Según las intervenciones de las autoridades tradicionales en el proceso, el escenario adecuado podría ser la Asamblea General. En ese sentido, como se indicará a continuación, la Corte exhortará a los cabildos Kamëntsá Biyá de Sibundoy y Kamëntsá Inga de San Francisco a que consideren la posibilidad de convocar un espacio de diálogo y participación de las comunidades, bien sea en la Asamblea General o en el espacio que corresponda según el derecho propio, para que sus integrantes tengan la posibilidad de discutir el proyecto y sus implicaciones, antes de que se surta la consulta previa que se ordenará en esta providencia.

14. La afectación directa no es intensa

175. Como se indicó anteriormente en esta providencia, una parte de las pretensiones de los accionantes se dirige a que se obtenga el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades para llevar a cabo el proyecto. Las autoridades tradicionales también mencionaron esta opción en sus intervenciones durante el trámite de revisión.

176. No obstante, esta Corporación encuentra que en este caso no se configuran las hipótesis excepcionales en las que la Corte ha encontrado que se debe obtener el consentimiento de la comunidad étnica, de acuerdo con las consideraciones de la sección 4.4 de las consideraciones esta providencia. En particular, no hay prueba de que el proyecto o las medidas adoptadas por las entidades estatales a cargo de formalizar, aprobar y licenciarlo amenacen la subsistencia del pueblo Kamëntsá en el Valle de Sibundoy. El proyecto y las medidas estatales alrededor suyo son susceptibles de generar una afectación directa a las comunidades, como se explicó antes, pero esa afectación no genera un riesgo para su existencia.

177. En efecto, ni el proyecto ni las medidas mencionadas implican que el pueblo se traslade o se reubique. Existe una afectación derivada de las actividades propias del proyecto que llega, por ejemplo, según los accionantes, a obstaculizar el acceso de las comunidades al río para la realización de actividades tradicionales y espirituales e implica la utilización de las vías de acceso y movilidad. Pero es claro que la comunidad permanece habitando el territorio al tiempo que el proyecto se ha ejecutado, en los momentos en que ha estado activo. Esto se debe a que la Balastrera Tamabioy no tiene la dimensión para implicar un reasentamiento de las familias de los dos resguardos. Tampoco hay prueba de que se almacenen en su territorio materiales peligrosos o tóxicos porque, según la información que recibió la Corte, los métodos utilizados para extraer los materiales de construcción de los ríos son, en general, tradicionales. Finalmente, las pruebas disponibles en el expediente transmiten que el impacto social, cultural y ambiental del proyecto, de acuerdo con estas consideraciones, no tiene el poder de amenazar la subsistencia del pueblo.

178. En este punto, conviene distinguir la afectación que un proyecto como el estudiado genera en las comunidades frente al riesgo de exterminio que la Corte identificó hace más de quince años, que se deriva de las consecuencias que el conflicto armado imponen sobre el pueblo Kamëntsá. El presente pronunciamiento se concentra en las implicaciones constitucionales que tiene el proyecto de extracción de materiales de los ríos Putumayo y San Francisco, a la luz de los hechos y pretensiones de los accionantes.

179. En este orden de ideas, para la Corte es claro que el nivel de participación que exigen las medidas de formalización, aprobación y licenciamiento del proyecto que han emprendido y tendrán que aplicar las autoridades estatales competentes es el de la consulta previa, de acuerdo con lo expuesto previamente. Así las cosas, la Corte no tutelará el derecho al consentimiento previo, libre e informado de las comunidades tradicionales.

15. Sobre la solicitud de audiencia pública

180. Mediante la intervención que la Asociación Ftumaijay remitió a la Corte Constitucional el 6 de marzo de 2026, su representante legal solicitó que esta Corporación convocara una audiencia pública para “respaldar con expertos invitados” los argumentos que presentó durante el proceso[179]. La Sala no consideró necesario celebrar una audiencia pública en este caso porque durante la etapa probatoria las partes y terceros con interés tuvieron oportunidad de aportar los elementos de juicio pertinentes, que esta Corporación consideró adecuados y suficientes para adoptar la decisión que aquí se consigna.

16. La Corte tutelará los derechos a la consulta previa, a la autodeterminación y a la participación de los accionantes y adoptará una serie de remedios

181. Por las razones expuestas en esta sentencia, la Sala Primera de Revisión amparará los derechos a la consulta previa, a la autodeterminación y a la participación de los accionantes y adoptará los siguientes remedios. En primer lugar, ordenará a la ANM y a los 19 titulares mineros que suspendan cualquier labor de extracción relacionada con el proyecto denominado Balastrera Tamabioy, si actualmente se adelanta alguna actividad extractiva, hasta que se agote la consulta previa que se ordenará. La Corte adopta este remedio porque, si bien la última información que recibió indicaba que los titulares no tenían permitido ejecutar labor alguna de extracción porque no tenían un Plan de Gestión Social aprobado por la Agencia Nacional de Minería, no conoce el estado exacto en el que se encuentra la ejecución del proyecto a la fecha en que se profiere el fallo.

182. En segundo lugar, esta Corporación dejará parcialmente sin efectos la resolución mediante la cual la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior declaró improcedente la consulta previa en relacionado con las comunidades indígenas.

183. En tercer lugar, la presente providencia exhortará a los dos cabildos indígenas involucrados en el caso a que consideren la posibilidad de convocar un espacio de diálogo y participación de las comunidades, bien sea en la Asamblea General o en el escenario que corresponda según el derecho propio, para que las comunidades tengan la posibilidad de discutir el proyecto y sus implicaciones, antes de que se surta la consulta previa que se ordenará. Para el efecto, la DANCP deberá informar a los cabildos los mecanismos a través de los cuales podrán comunicarle la culminación del diálogo interno y sus resultados.

184. En cuarto lugar, la Sala ordenará al Ministerio del Interior, a la ANM y a Corpoamazonia que realicen la consulta previa, una vez las autoridades tradicionales informen sobre la culminación del diálogo interno y de acuerdo con sus resultados. El proceso consultivo deberá adaptarse según las conclusiones y decisiones del diálogo interno de las comunidades, lo que requiere una coordinación entre las tres autoridades estatales mencionadas y las autoridades tradicionales. Si, por ejemplo, la decisión adoptada dentro de las comunidades fuese culminar del todo el proyecto, las autoridades estatales y tradicionales podrían definir que la consulta previa habría ya perdido su objeto.

185. Para el efecto, deberán convocar a las comunidades indígenas de los resguardos Kamëntsá Biyá de Sibundoy (Putumayo) y Kamëntsá Inga de San Francisco (Putumayo). La consulta tendrá dos objetivos generales y transversales. El primero consistirá en identificar los impactos ambientales, espirituales, culturales y sociales que el proyecto de extracción minera de arenas y gravas naturales y silíceas, y roca o piedra caliza en bruto en los ríos Putumayo y San Francisco ha generado y puede generar sobre las comunidades indígenas mencionadas. El segundo consistirá en proponer e implementar las medidas requeridas para prevenir, mitigar, corregir, recuperar o restaurar los efectos de esa actividad extractiva.

186. La consulta se surtirá entre las comunidades indígenas de los resguardos Kamëntsá Biyá de Sibundoy (Putumayo) y Kamëntsá Inga de San Francisco (Putumayo), la Asociación Ftumaijay —con especial énfasis en las 19 personas que suscribieron el contrato especial de concesión núm. ARE-RLJ-08001X con la Agencia Nacional de Minería—, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia) y la Agencia Nacional de Minería, con la dirección del Ministerio del Interior.

187. El proceso consultivo ordenado deberá adelantarse en un plazo máximo de seis meses, contado a partir de su convocatoria, término que podrá ser prorrogado por una sola vez por otro lapso igual. A su vez, se deberán respetar los principios que rigen la consulta previa, en los términos indicados en los fundamentos de esta providencia. El proceso deberá articularse con los avances que se hayan registrado hasta el momento, si existen, en las consultas previas que Corpoamazonia ordenó efectuar mediante el Auto DTP núm. 558 del 21 de octubre de 2025, que inició el trámite administrativo de conocimiento de la solicitud de licencia ambiental global o definitiva para el proyecto minero.

188. La Sala precisa e insiste, en línea con las consideraciones de esta providencia, en que la consulta previa debe versar sobre los procesos a cargo del Estado en relación con el proyecto minero, es decir, su formalización, licenciamiento y aprobación. La posibilidad de los miembros de las comunidades de explotar los recursos naturales de sus territorios es un asunto que, como se expuso, corresponde tramitar a través de los mecanismos de participación intracomunitaria.

189. El acompañamiento del proceso de consulta estará a cargo de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, a través de las dependencias que dichas autoridades determinen.

190. Finalmente, este Tribunal exhortará a los dos cabildos indígenas a que los integrantes de las comunidades que ostenten dignidades dentro del esquema de gobierno propio y el gabinete de los resguardos apliquen los principios del derecho propio que exigen que las actuaciones de las autoridades den primacía al interés colectivo sobre el particular, cuando puedan producirse posibles tensiones entre los dos.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE

Primero. REVOCAR las sentencias dictadas (i) el 3 de febrero de 2025, en primera instancia, por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Sibundoy (Putumayo), que declaró improcedente la acción de tutela; y (ii) el 11 de marzo de 2025, en segunda instancia, por la Sala Única de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa, que confirmó la decisión de tutela de primera instancia. En su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales a la autodeterminación, a la consulta previa y a la participación del grupo de accionantes.

Segundo. ORDENAR a la Agencia Nacional de Minería y a los 19 titulares mineros, integrantes de la Asociación para la Conservación y Aprovechamiento de Minerales del Territorio del Pueblo Kamëntsá Ftumaijay, en su calidad de partes del contrato especial de concesión núm. ARE-RLJ-08001X, que, en caso de que los titulares mineros estén actualmente ejecutando operaciones o actividades asociadas al proyecto de extracción minera correspondiente al área de reserva especial declarada y delimitada mediante la Resolución VPPF núm. 293 del 27 de noviembre de 2018, expedida por el vicepresidente de Promoción y Fomento (E) de la autoridad mencionada, SUSPENDAN inmediatamente las actividades hasta tanto se tramite la consulta previa que se ordena en la presente providencia.

Tercero. DEJAR PARCIALMENTE SIN EFECTOS la Resolución núm. ST-0788 del 6 de junio de 2022, expedida por la subdirectora técnica de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, en lo que tiene que ver con la decisión sobre la improcedencia de la consulta previa con comunidades indígenas respecto del proyecto denominado “Estudio de Impacto Ambiental – EIA, para explotar materiales de construcción de la Balastrera Tamabioy de placa ARERLJ-08001X, para la obtención de la licencia ambiental temporal en el marco de la Resolución 0448 del 20 de mayo de 2020 y la Resolución 1081 del 15 de octubre de 2021”.

Cuarto. EXHORTAR al Cabildo Kamëntsá Biyá de Sibundoy (Putumayo) y al Cabildo Kamëntsá Inga de San Francisco (Putumayo) a que consideren la posibilidad de convocar un espacio de diálogo y participación de las comunidades, bien sea en la Asamblea General o en el escenario que corresponda según el derecho propio, para que sus miembros tengan la posibilidad de discutir el proyecto de extracción minera que adelantan los integrantes de la Asociación para la Conservación y Aprovechamiento de Minerales del Territorio del Pueblo Kamëntsá Ftumaijay en los ríos Putumayo y San Francisco y sus implicaciones, antes de que se surta la consulta previa que se ordena en esta providencia.

La Corte exhorta a las autoridades tradicionales a que, una vez se haya llevado a cabo el diálogo mencionado, lo informen a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, a través de los mecanismos que esa entidad disponga, para que, de acuerdo con los resultados de la deliberación comunitaria, se pueda iniciar el proceso de consulta previa.

Quinto. ORDENAR a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior que, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta sentencia, informe al Cabildo Kamëntsá Biyá de Sibundoy (Putumayo) y al Cabildo Kamëntsá Inga de San Francisco (Putumayo) los mecanismos a través de los cuales las autoridades tradicionales podrán informarle sobre la finalización del proceso de discusión interna respecto del proyecto, de manera que, en el marco del diálogo intercultural y de acuerdo con los resultados de las deliberaciones comunitarias, se dé inicio al proceso de consulta previa que aquí se ordena.

Sexto. ORDENAR al Ministerio del Interior, a la Agencia Nacional de Minería y a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia) que, una vez se haya surtido un proceso de diálogo interno en los pueblos involucrados y de acuerdo con sus resultados, según lo ordenado en esta providencia, convoquen a las comunidades indígenas de los resguardos Kamëntsá Biyá de Sibundoy (Putumayo) y Kamëntsá Inga de San Francisco (Putumayo) para adelantar un proceso de consulta, el cual tendrá dos objetivos generales y transversales.

El primero consistirá en identificar los impactos ambientales, espirituales, culturales y sociales que el proyecto de extracción minera de arenas y gravas naturales y silíceas, y roca o piedra caliza en bruto en los ríos Putumayo y San Francisco ha generado y puede generar sobre las comunidades indígenas mencionadas. El segundo consistirá en proponer e implementar las medidas requeridas para prevenir, mitigar, corregir, recuperar o restaurar los efectos de esa actividad extractiva.

La consulta se surtirá entre las comunidades indígenas de los resguardos Kamëntsá Biyá de Sibundoy (Putumayo) y Kamëntsá Inga de San Francisco (Putumayo), la Asociación para la Conservación y Aprovechamiento de Minerales del Territorio del Pueblo Kamëntsá Ftumaijay —con especial énfasis en las 19 personas que suscribieron el contrato especial de concesión núm. ARE-RLJ-08001X con la Agencia Nacional de Minería—, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia) y la Agencia Nacional de Minería, con la dirección del Ministerio del Interior.

El proceso consultivo ordenado deberá iniciarse una vez las autoridades tradicionales de ambos cabildos le informen a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior sobre la culminación del proceso de diálogo interno o seis (6) meses después de notificada esta sentencia, lo que primero ocurra. La consulta previa deberá adelantarse en un plazo máximo de seis (6) meses, contado a partir de su convocatoria, término que podrá ser prorrogado por una sola vez por otro lapso igual. A su vez, se deberán respetar los principios que rigen la consulta previa, en los términos indicados en los fundamentos de esta providencia. El proceso deberá articularse con los avances que se hayan registrado hasta el momento, si existen, en las consultas previas que Corpoamazonia ordenó efectuar mediante el Auto DTP núm. 558 del 21 de octubre de 2025, que inició el trámite administrativo de conocimiento de la solicitud de licencia ambiental global o definitiva para el proyecto minero. Según el avance de dicho proceso, el que se ordena aquí podrá absorberlo.

El acompañamiento del proceso de consulta estará a cargo de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, a través de las dependencias que dichas autoridades determinen.

Séptimo. SOLICITAR a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo que, en cumplimiento de sus funciones, apoyen y acompañen el proceso de consulta previa ordenado en esta sentencia, con el fin de garantizar la efectividad de los derechos aquí protegidos, así como garantizar la participación y la consulta de las comunidades indígenas de los resguardos Kamëntsá Biyá de Sibundoy (Putumayo) y Kamëntsá Inga de San Francisco (Putumayo).

Octavo. EXHORTAR al Cabildo Kamëntsá Biyá de Sibundoy (Putumayo) y al Cabildo Kamëntsá Inga de San Francisco (Putumayo) a que los integrantes de las comunidades que ostenten dignidades dentro del esquema de gobierno propio y el gabinete de los resguardos apliquen los principios del derecho propio que exigen que las actuaciones de las autoridades den primacía al interés colectivo sobre el particular, cuando puedan producirse posibles tensiones entre los dos.

Noveno. DESVINCULAR del presente proceso a Lorenza, Alberto, Celina, Sandra, Samuel y Alicia, las personas naturales cuyos nombres aparecen en las listas de asistencia a las reuniones de socialización del proyecto allegadas al proceso durante el trámite de las dos instancias y la Agencia Nacional de Tierras.

Décimo. LIBRAR las comunicaciones respectivas —por medio de la Secretaría General de la Corte Constitucional— y DISPONER las notificaciones inmediatas a las partes y vinculados —a través de la autoridad judicial de primera instancia— en los términos del artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Comuníquese y cúmplase.

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO

Magistrado

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

ANEXO 1

Resumen de las intervenciones y pruebas recaudadas durante el trámite de revisión

IV. Situación actual del proyecto minero y estado del trámite ante las autoridades competentes

Parte, tercero con interés o interviniente	Contenido de la intervención y las pruebas aportadas
Accionantes[180]	Trece de los accionantes indicaron que, al 20 de noviembre de 2025, el proyecto continuaba en trámite y no contaba con autorización para operar. Afirmaron que Corpoamazonia inició el procedimiento de evaluación de la licencia ambiental[181], que estaba en curso, y no existía un Plan de Gestión Social (PGS) aprobado. Al respecto, los actores refirieron que la ANM reconoció que el contrato ARE-RLJ-08001X no contaba con estos requisitos esenciales para iniciar la explotación en el auto GEMTM No. 189 del 22 de octubre de 2025[182]. Consideraron que esta situación y las inconsistencias en su cláusula sexta[183] implicaban falta de seguridad jurídica, técnica y social para permitir cualquier intervención minera en el territorio. A pesar de lo anterior, advirtieron que en el área de reserva especial que declaró y delimitó la ANM —bajo un procedimiento administrativo y ambiental en curso— se desarrollaban actividades de extracción de material de arrastre provenientes del cauce de los ríos[184], principalmente remoción, acopio y transporte de material pétreo para su aprovechamiento comercial. Por ello, cualquier avance en actividades de extracción debía analizarse frente a las obligaciones ambientales, sociales y legales que recaen sobre el proyecto. Agregaron que la zona cuenta con condiciones especiales de protección, debido a que el área de influencia se superpone al territorio ancestral y a las zonas históricamente ocupadas por comunidades indígenas. Finalmente, los actores informaron no haber presentado otras acciones de tutela por los mismos hechos ni haber sido notificados de acciones de tutela presentadas por terceros sobre el mismo objeto. Además, insistieron en su solicitud de suspender toda “actividad minera, extractiva, de remoción de material, alteración del cauce o cualquier intervención en el Río Putumayo, en la jurisdicción de San Francisco, Sibundoy, hasta tanto: \| a) Se determine la legalidad de las actuaciones administrativas y concesionales involucradas; \| b) Se verifique la existencia de licencia ambiental; \|c) Se agote el proceso de consulta previa a comunidades indígenas; \| d) Se adopten medidas definitivas en la actuación constitucional correspondiente”. También solicitaron que se ordenara una visita urgente de verificación de la autoridad ambiental competente al sector afectado del río Putumayo y medidas de protección urgentes para ellos.
Asociación Ftumaijay^{^[185]}	El representante legal y la apoderada judicial de la asociación indicaron que el proyecto está suspendido, de acuerdo con el acto administrativo 289 del 19 de junio de 2025 de la ANM. Señalaron que en el área de reserva especial realizan control y vigilancia de los sitios que no se deben intervenir de manera manual o con maquinaria, y actividades de limpieza de los costados de los ríos, porque se convirtieron en depósitos de residuos inorgánicos. Precisaron que dichas actividades, parte de su misionalidad[186], las realizan en atención a la emergencia provocada por la ola invernal en el municipio entre marzo y junio de 2025. Asimismo, en el marco del cumplimiento del licenciamiento ambiental temporal (Resolución DG No 2439 del 22 de diciembre de 2022 de Corpoamazonia[187]) y de la minuta del contrato especial de concesión[188]. Aclararon que, dentro del espacio otorgado por la ANM, está el Distrito de Drenaje administrado por la ADR (Agencia de Desarrollo Rural), lo que suponía algunas obras de mitigación y prevención con maquinaria amarilla. En cuanto a la formalización minera, indicaron que esta se convirtió en un contrato especial de concesión en etapa de explotación. No obstante, el licenciamiento global definitivo para el contrato está en etapa de evaluación por Corpoamazonia[189]. Desde la asociación destacaron haber actuado bajo el principio de buena fe, acudiendo a las autoridades competentes para el desarrollo del proyecto, que busca el aprovechamiento responsable de materiales de construcción en su territorio ancestral. Así, el representante legal afirmó haber acudido y acatado las decisiones de las autoridades competentes, como la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, Corpoamazonia y la ANM. También haber solicitado espacios de socialización, entregado documentación técnica y puesto en conocimiento el estado de la iniciativa ante los gabinetes y gobernadores de la comunidad en cada vigencia, desde 2016[190], a quienes solicitaron el acompañamiento para garantizar la articulación con el bienestar colectivo y la protección del territorio[191].
Cabildo Kamëntsá Biyá de Sibundoy[192]	La autoridad tradicional indicó que, en distintos conversatorios en 2025, no se lograron acuerdos entre la comunidad en general, los accionantes y los miembros de la asociación Ftumaijay, lo cual ha desarmonizado a la comunidad. Por ello, consideró necesario buscar un mecanismo para terminar con el título otorgado a la asociación, pero que le garantice al pueblo la administración de los recursos naturales o minerales en los ríos San Francisco y Putumayo, en el sector, con base en un consentimiento previo, libre e informado.
Cabildo Kamëntsá Inga de San Francisco[193]	Con relación a la postura del Cabildo frente al proyecto minero, el taita Luis Alberto Sigindioy Jamioy[194] indicó que la protección de los recursos naturales, y en especial de las fuentes hídricas, es de máxima importancia al ser vital para la vida y la pervivencia cultural del pueblo. Precisó que, desde su cosmovisión, el territorio, el agua y la naturaleza están intrínsecamente ligados con la identidad espiritual, social y económica, y cualquier daño o alteración en estos elementos amenaza el modo de vida ancestral y la autonomía territorial. Por ello, consideró necesaria una regulación efectiva de las actividades extractivas basada en procesos participativos y democráticos que respeten las normas, usos y costumbres ancestrales. Ello supone que las autoridades indígenas a cargo del manejo y ordenamiento del territorio y de velar por el bienestar colectivo- y la comunidad lleguen a consensos mediante diálogos inclusivos. Así se definirían políticas claras para la conservación, recuperación y manejo sostenible del territorio y sus recursos. El taita acompañó su respuesta del Plan salvaguarda del pueblo Kamëntsá “Sembremos con fuerza y esperanza el pensamiento, la memoria y el idioma en nuestro territorio”[195] y el reglamento propio del pueblo Kamëntsá Inga de San Francisco[196].
Agencia Nacional de Minería[197]	Sobre el trámite administrativo relativo a la solicitud de área de reserva especial, el apoderado de la entidad, reiteró información que había suministrado en el trámite de primera instancia. Ahora bien, con relación al estado del proyecto de extracción minera correspondiente al mencionado contrato, la agencia expuso que la vicepresidente de Contratación y Titulación decretó el desistimiento de las solicitudes de renuncia parcial[198] de algunas personas. Además, el Concepto Técnico de Evaluación Integral PARP No. 287 del 01 de diciembre de 2025[199], mediante el cual se realizó la evaluación documental del expediente, concluyó que el contrato cuenta con PTO aprobado y Licencia Ambiental Temporal, cuyos efectos se extendieron en octubre de 2025[200]. No obstante, el titular minero no podía adelantar actividades de explotación, toda vez que no contaba con un plan de Gestión Social presentado por los cotitulares mineros ni aprobado por la ANM.

V. Relación de las comunidades Kamëntsá Biyá de Sibundoy y Kamëntsá Inga de San Francisco con la minería

Parte, tercero con interés o interviniente	Contenido de la intervención y las pruebas aportadas
Accionantes[201]	Trece de los accionantes sostuvieron que los pueblos Kamëntsá Biyá y Kamëntsá Inga no son pueblos mineros. La minería no ha hecho parte de su economía, sus formas de organización o su vida espiritual. Además, sus normas y Plan de Vida se fundamentan en la protección del río, del territorio y del equilibrio ambiental. Destacaron que, con base en su tejido espiritual, cultural y normativo, su relación con el territorio ha sido siempre de protección, reciprocidad, equilibrio y vigilancia espiritual, desde un respeto profundo; nunca de extracción, de apropiación violenta o utilitaria[202]. Al respecto, los accionantes señalaron que el territorio es un cuerpo vivo y cualquier afectación física tiene consecuencias espirituales, comunitarias y personales. Los cerros, las montañas, los páramos, las lagunas y los ríos son seres vivos, guardianes espirituales y protectores del territorio, y el agua guarda en su cauce la historia y la memoria de sus ancestros, la identidad colectiva, la palabra antigua y el pensamiento que sostiene a su pueblo. Precisaron que la protección de los ríos constituye un deber que no es solo ecológico, sino cultural, espiritual y moral, al ser lugares de cuidado, de sanación del cuerpo y el corazón, que permiten la subsistencia[203] y además sostienen la continuidad cultural. Los actores agregaron que en su memoria ancestral no se registran prácticas extractivas ni enseñanzas que indiquen que la remoción del subsuelo, la explotación del río o el corte de la montaña son permitidos o aceptados en su cultura. Tampoco existe evidencia antropológica y técnica al respecto[204]. Por el contrario, intervenirlos constituye una profanación y agresión contra los espíritus que allí habitan y contra la armonía que sostiene la vida, al tiempo que contradice principios de vida trasmitidos entre generaciones. Por ello, actividades como la minería -industrial, artesanal, de materiales de arrastre o subterránea, e independiente de su escala- son incompatibles con su sistema espiritual y con las normas tradicionales de vida que rigen su pueblo. En su concepto, permitir actividades mineras en el territorio equivaldría a romper el equilibrio ancestral, desconocer su sistema jurídico y poner en riesgo la continuidad cultural de las comunidades Kamëntsá Biyá y Kamëntsá de San Francisco, lo que se traduce en una afectación directa a su dignidad. Ello afectaría el ambiente físico y la relación vital entre cuerpo y agua, desestructuraría la familia y quebrantaría el equilibrio comunitario. En línea con lo anterior, los accionantes afirmaron que ningún miembro de sus comunidades ni en Sibundoy ni en San Francisco ha practicado, permitido o legitimado actividades de extracción minera en algún cuerpo de agua. Indicaron que sus prácticas se han sostenido históricamente en el trabajo colectivo de la siembra, el cuidado de las chagras y la armonización de los espacios de vida.
Asociación Ftumaijay^{^[205]}	El representante legal y la apoderada judicial de la asociación indicaron que las comunidades han mantenido una relación compleja, diversa y continua con la minería y la extracción de recursos naturales en sus territorios. Aunque no es un eje cultural central en el Plan de Vida, la memoria histórica evidencia que la extracción manual de materiales de los ríos ha acompañado a las familias ribereñas durante siglos, respondiendo a necesidades de subsistencia, interacción social, prácticas tradicionales y, recientemente, mecanismos de defensa territorial. Además, se reconoce que los materiales de construcción aportados por los ríos son indispensables para la construcción, incluyendo la conexión vial que los cabildantes necesitan. No obstante, el Plan de Vida no ha sido actualizado conforme a las realidades y transformaciones del territorio[206] y otras actividades económicas tampoco están en él. Al respecto, expusieron que, tras la llegada de los colonos, los indígenas kamëntsás debieron dedicarse a actividades que no eran propias de su cultura (ganadería, pastoreo, comercio), adoptar jornadas de trabajo asalariadas y acogerse a la encomienda. Por ello, participaron de la construcción y para ello, transportaron piedra y arena de los ríos San Francisco y Sibundoy. Agregaron que el polígono del área de reserva especial fue ocupado por la misión Capuchina hasta 1960, cuando el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) adquirió las tierras que luego entregó a 19 familias del pueblo Kamëntsá Biyá que se pagaron y convirtieron en resguardo. Desde entonces, las familias asentadas en las riberas de los ríos, de las veredas Tamabioy y San Feliz de Sibundoy, y San Javier y la Argentina de San Francisco, se dedicaron al aprovechamiento de la arena y piedra para subsistir. El material era extraído de manera manual por la comunidad para la venta de piedra caliza, de piedra blanca y de arena; materiales que continúan con una alta demanda. Añadieron que, para los kamëntsás, el oro se considera un bien valioso y algunas familias lo extraían de manera manual. Este también se usó como pago a la Corona española. Asimismo, el pueblo ha tenido diferentes espacios para beneficiarse de los materiales que le brinda la naturaleza, como los fogones con piedras especiales para usos ceremoniales y domésticos, y las piedras de afilar. A partir de ello, afirmaron que, si bien la minería no es una actividad que la ejerce todo el pueblo, fue necesaria para todas las familias por las prácticas culturales y como mecanismo de defensa del territorio. Actualmente, la ejercen de manera permanente algunas familias ribereñas, en adaptación al mundo moderno. Se trata de un aprovechamiento de los materiales que surgen de recargas naturales que hace el río y que, utilizados con moderación, permiten la subsistencia. Además, han servido a vías y construcciones que han generado bienestar en el Alto del Putumayo[207], y han contado con el apoyo de la comunidad y las autoridades. Sostuvieron que, en 2011, empresas externas aprovecharon de forma desmedida los materiales, con maquinaria pesada, generando daños severos en los cauces y riesgos para las familias ribereñas. Por ello, estas se organizaron en asamblea permanente y formaron la Asociación Ftumaijay, para defender el territorio, ordenar la actividad y evitar daños ambientales. En este sentido, procuran la “extracción de materiales de arrastre con responsabilidad, en beneficio y participación comunitaria, en coordinación con el gobierno propio, atendiendo a la normativa ambiental y bajo el seguimiento y vigilancia de las autoridades competentes”.
Cabildo Kamëntsá Biyá de Sibundoy[208]	La autoridad tradicional señaló que históricamente, la vida del pueblo se vinculaba a la agricultura en chagra, la artesanía, el intercambio de productos y la espiritualidad y ritualidad. En ese contexto, la minería de gran escala no ha sido una actividad central ni definitoria de la cosmovisión ni de la economía tradicional del pueblo; no es un proyecto colectivo ni un eje económico o cultural. Sin embargo, en las últimas décadas, algunos miembros de la comunidad se han dedicado a la extracción de recursos naturales de manera artesanal -principalmente del río, como arena, grava u otros-, en pequeña escala, o al lavado de minerales en ríos cercanos, como el Putumayo y el San Francisco. Al respecto, destacó que, en su cosmovisión, los ríos son seres vivos y espacios sagrados, no solo fuentes de recursos. Por ello, los planes de Vida y de Salvaguarda exigen proteger el territorio frente a actividades que puedan romper la armonía con la Madre Tierra, afectar la calidad del agua, dañar los sitios sagrados o poner en riesgo la pervivencia física y cultural del pueblo. Por su parte, el taita Juan Bautista Agreda Chindoy, gobernador en 2026, añadió que la actividad de extracción de material del lecho del río y la deforestación de las zonas de protección ribereña, adelantadas por la Asociación Ftumaijay, para su provecho económico indebido, eran ajenas al Resguardo y tenían un impacto ambiental significativo, como la alteración del cauce natural del río, la afectación de la ribera y el deterioro de los recursos naturales de los que dependen las familias indígenas y comunidades aledañas. Indicó que el río estaba sujeto a un proceso de deterioro ambiental, consecuencia de actividades antrópicas no sostenibles[209]. También señaló que la tala indiscriminada de árboles había generado la pérdida de cobertura vegetal, incrementando los procesos de erosión y sedimentación, y la inestabilidad de las riberas; mientras que la modificación del cauce y la degradación del hábitat ocasionaron la destrucción, desplazamiento y disminución de la fauna asociada al ecosistema. Por ello, solicitó evaluar el impacto ambiental y adoptar las medidas preventivas, correctivas y sancionatorias correspondientes.
Cabildo Kamëntsá Inga de San Francisco[210]	El taita Luis Alberto Sigindioy Jamioy expuso que algunos miembros de las comunidades Kamëntsá e Inga se han dedicado durante años a actividades de extracción de recursos naturales en ríos y quebradas del territorio, como Quinchoa, Balsayaco y Secayaco en los ríos Putumayo y San Francisco. Precisó que las actividades han estado vinculadas principalmente a la minería artesanal y extracción manual de materiales para la construcción[211]. Agregó que la minería no es parte constitutiva de la cultura de la comunidad ni de su cosmovisión tradicional, las cuales se relacionan con la espiritualidad y la práctica de la agricultura, las artesanías y la medicina tradicional, ejes centrales de su vida y conocimiento ancestral.
Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH)[212]	El jefe de la Oficina Jurídica remitió concepto de la Subdirección de Investigación y Producción Científica del Instituto, en el que esta señaló que en los documentos del Plan de Salvaguarda del Pueblo Kamëntsá Biyá (2013), el Plan de Vida Kamëntsá Biyá (2020) y la Línea Base de Justicia Kamëntsá (2020), no se referenciaba la minería como práctica ancestral, tradicional o productiva del pueblo. Tampoco se identificaba como parte de su sistema económico o cultural. Por el contrario, afirmó que ellos contienen una comprensión profunda y espiritual del territorio, entendida como una totalidad viva en la que conviven seres humanos, aguas, montañas, bosques y entidades espirituales, y cuya integridad espiritual y ecológica es determinante para la continuidad del pueblo. En el concepto, también se indicó que en el documento Línea Base de Justicia se expresa que su territorio de origen fue alterado con la llegada de los colonizadores. Así, aunque no se menciona la minería, es evidente que la afectación del territorio y de las fuentes de agua constituye una herida histórica en la memoria Kamëntsá. De manera que, las actividades mineras, que no responden a una relación recíproca sino más extractiva, podrían entenderse como una perturbación a la armonía, contraria a sus leyes y justicia.
Procuraduría Delegada Preventiva y de Control de Gestión 4 para Asuntos Étnicos[213]	La procuradora no se refirió a la relación del pueblo Kamëntsá con la minería en su respuesta.
Defensoría Delegada para Grupos Étnicos de la Defensoría del Pueblo[214]	La defensora delegada indicó que, de acuerdo con las memorias y documentación de la comunidad, la minería industrial no forma parte constitutiva de su cultura. Su identidad cultural está más vinculada a actividades agrícolas, medicinales, diferentes técnicas sostenibles para la elaboración de artesanías y la espiritualidad. No obstante, señaló que las actividades extractivas (como la minería artesanal de gravas o arenas) han sido practicadas por algunos miembros, especialmente para construir o como forma de ingreso local. La defensora concluyó destacando que, para este pueblo, la protección de los recursos naturales, en especial de fuentes hídricas, es prioritaria. Ello, porque “el agua es la base de la vida, del equilibrio espiritual y de la pervivencia cultural”. Desde su cosmovisión, una afectación al territorio, al agua y a la naturaleza amenaza su modo de vida y el ejercicio de su autonomía territorial. De ahí, la necesidad de una regulación efectiva sobre las actividades extractivas, construida mediante procesos participativos que conduzcan a consensos.
Ministerio de Minas y Energía[215]	El apoderado de la entidad intervino con el fin de aportar elementos de juicio técnicos y de política pública sobre la naturaleza de las Áreas de Reserva Especial (ARE) como instrumentos de dignidad, formalización y autonomía económica para las comunidades étnicas, y justificar la legalidad de la actuación del sector minas y energía. En este sentido, se refirió al marco legal y a la política pública de formalización minera, en especial a la naturaleza de la ARE, conforme al artículo 31 del Código de Minas[216], y a la minería tradicional como hecho preexistente. Así, expuso que la primera disposición normativa constituye una especie de derecho de prelación en favor de las comunidades para beneficiarse de contratos de concesión en zonas donde existe un nexo histórico y económico con una comunidad minera tradicional[217], y evita que terceros ajenos a los pueblos tengan los títulos mineros en territorio indígena. En consecuencia, la política del Ministerio no crea, sino que formaliza la minería en el territorio Kamëntsá, y la ANM debió verificar que los solicitantes ejercían la actividad de manera histórica para declarar el ARE en 2018. A lo anterior, agregó que el Ministerio ha consolidado el Plan Único de Legalización y Formalización Minera (PULFM) basado en (i) un enfoque diferenciado, (ii) la simplificación de trámites, (iii) la articulación institucional y (iv) el acompañamiento permanente. En este Plan, sostuvo que las ARE se consideran la herramienta idónea para que los pequeños mineros indígenas pasen de la informalidad a ser sujetos de derechos. Por ello, la Asociación Ftumaijay no debería considerarse un “tercero” extraño, sino el vehículo asociativo legal mediante el cual 25 familias del Resguardo buscan la sostenibilidad económica y ambiental de su práctica ancestral. La entidad pidió, entonces, mantener la vigencia del contrato ARE-RLJ-08001X y de los actos administrativos que lo sustentan.

VI. Historia y actividades de la Asociación Ftumaijay

Parte, tercero con interés o interviniente	Contenido de la intervención y las pruebas aportadas
Accionantes[218]	Los accionantes señalaron que la asociación es una entidad privada constituida como persona jurídica sin ánimo de lucro, de conformidad con la normativa civil colombiana, sin investidura legal para ejercer funciones públicas o de autoridad indígena. Su objeto social se orienta al desarrollo de actividades asociativas, económicas y de gestión relacionadas con el aprovechamiento de recursos minerales[219]. Con relación al Contrato Especial de Concesión Minera ARE-RLJ-08001X, expusieron que la asociación participa como titular o cotitular del derecho minero en calidad de particular. Por ello, sus actuaciones ni las obligaciones a su cargo pueden atribuirse automáticamente al Cabildo ni a la comunidad indígena, salvo en casos de autorización expresa, libre, informada y otorgada conforme a los procedimientos propios de consulta y decisión interna.
Asociación Ftumaijay^{^[220]}	El representante legal y la apoderada judicial de la asociación informaron que esta surgió como respuesta colectiva ante los graves conflictos socioambientales que se produjeron entre 2011 y 2014, especialmente por la entrada del Consorcio Latinco al territorio, que realizó extracción desmedida de material de arrastre mediante maquinaria pesada y sin criterio técnico o consulta efectiva. Ello llevó a la comunidad a organizar una asamblea permanente durante ocho días, a reclamar la presencia de instituciones y a denunciar la inacción del Cabildo, de las alcaldías y de Corpoamazonia. Dada la continuidad de la explotación irregular por parte de particulares y entidades públicas, entre 2015 y 2016, los habitantes de la ribera y la comunidad en general crearon la figura organizativa legal para ejercer control, protección ambiental y defensa del territorio. La asociación fue legalizada el 3 de agosto de 2016, con 53 socios; actualmente tiene 40 —pertenecientes a ambos resguardos— y cinco renunciaron a ella[221]. Destacaron que 10 de sus integrantes y titulares del proyecto de aprovechamiento de materiales de arrastre del río Putumayo prestaron su servicio como autoridades tradicionales del gobierno del Resguardo Kamëntsá Biyá de Sibundoy. Indicaron que, desde su legalización, la asociación ha desarrollado actividades de monitoreo, mantenimiento de vías ribereñas, limpieza de riberas, control del ingreso de maquinaria, acompañamiento a autoridades de fiscalización y supervisión de las intervenciones permitidas en el marco del Área de Reserva Especial. Con el fin de evidenciar el desarrollo progresivo del proceso organizativo, comunitario e institucional relacionado con la actividad minera tradicional y su posterior formalización bajo la figura de Área de Reserva Especial en los municipios de Sibundoy y San Francisco, el representante legal de la asociación presentó una reconstrucción cronológica de las principales actuaciones del expediente[222], en el que se relacionan comunicaciones con las autoridades tradicionales y exautoridades desde el 18 de agosto de 2016, como invitaciones a espacios de diálogo y de socialización de su proceso organizativo[223]; otras invitaciones a estos espacios dirigidas a líderes comunitarios, presidentes de juntas de acción comunal y demás miembros de la comunidad[224]; constancias de las reuniones y de una minga comunitaria orientada a labores de limpieza el 3 de septiembre de 2016 y la entrega al Cabildo Kamëntsá Biyá de Sibundoy de la documentación del proceso de legalización del Área de Reserva Especial. En la actualidad, precisaron que la asociación se desempeña como operador minero del proyecto, de modo que da apoyo logístico a actividades en desarrollo del laboreo minero y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas por las autoridades minero-ambientales. Asimismo, es un grupo de protección, vigilancia y cuidado del aprovechamiento de los minerales y del medio ambiente[225]. También indicaron que no todos los asociados son titulares mineros del área de reserva especial ni concesionarios del contrato ARE- RLJ-08001X, pues al momento de solicitar la formalización minera (declaración y delimitación del área de reserva especial), los 31 solicitantes no cumplían con los requisitos necesarios para ser beneficiarios; otros no compartieron las obligaciones que se adquirirían en el proceso y desistieron de este[226]. Así, 25 beneficiarios solicitaron el 5 de agosto de 2022 la Licencia Ambiental Temporal para el proyecto[227]. Sin embargo, el 3 de junio de 2022[228], la ANM aceptó el desistimiento de tres beneficiarios[229] y modificó la resolución VPPF-287 del 9 de octubre de 2020. Posteriormente, el 19 de septiembre de 2023[230], la ANM aceptó otras tres renuncias[231] y modificó la resolución para un total de 19 beneficiarios del área de reserva, quienes firmaron el contrato especial de concesión[232]. Ahora bien, el representante legal de la asociación, al pronunciarse sobre las respuestas emitidas por el gobernador del Resguardo Kamëntsá Biyá de Sibundoy, señaló que este no cuenta con una reglamentación que oriente a las organizaciones privadas creadas dentro de su territorio por integrantes del pueblo, de modo que ninguna organización indígena del Resguardo se encuentra adscrita a este. Sin embargo, sí hacen acuerdos de voluntades. Esto, dadas las dificultades que tiene el Resguardo para ejercer control sobre todo su territorio y la vulnerabilidad que ello implica frente al desarrollo de proyectos por parte de instituciones ajenas[233]. También cuestionó que, pese al carácter colectivo e indivisible del territorio, existieran otras situaciones sobre las cuales el Resguardo no se pronunciara, como que una organización privada se apropiara de más de dos hectáreas y las dividiera en solares, o que otros espacios fueran entregados a extranjeros sin consultar a la comunidad. A ello agregó que los ríos y su franja aledaña, así como el subsuelo, son propiedad del Estado, que reglamenta su uso.
Cabildo Kamëntsá Biyá de Sibundoy[234]	Por una parte, la autoridad tradicional informó que los taitas Emilio, gobernador del pueblo en 2024; César, taita alguacero en 2014, y Ramiro, taita alguacero en 2025, eran titulares mineros dentro del área de reserva especial del contrato especial de concesión No. ARE-RLJ-08001X. Por otra parte, el taita Juan Bautista Agreda Chindoy como gobernador en 2026, informó que tres autoridades pasadas eran titulares mineros del área de reserva especial: Ramón, quien ocupó el cargo de alcalde mayor en 2022 y fue taita gobernador en 2024; Tiberio, quien fue alguacil[235] en 2021, y Felipe, alcalde mayor en 2007. Precisó que la Asociación Ftumaijay es una persona jurídica de derecho privado, constituida por iniciativa de particulares, dotada de autonomía administrativa y organizativa, que no forma parte de la estructura del Estado ni de la administración pública, y tampoco pertenece, depende ni se encuentra adscrita al Resguardo Indígena Kamëntsá Biyá, ni integra su estructura organizativa, administrativa o de gobierno, independientemente de que algunos de sus miembros pertenezcan a la comunidad. El gobernador indicó que la titularidad del territorio indígena es de carácter colectivo, indivisible y no susceptible de apropiación por subgrupos o particulares, de manera que pertenecer al pueblo no implica estar facultado para explotar recursos colectivos sin decisión comunitaria ni representación política del pueblo. Añadió que la autonomía recaía sobre el pueblo como sujeto colectivo y sobre sus autoridades legítimamente constituidas.
Cabildo Kamëntsá Inga de San Francisco[236]	El taita Luis Alberto Sigindioy Jamioy afirmó que ninguna autoridad indígena vigente o pasada del Resguardo indígena Kamëntsá Inga hace parte de la Asociación para la Conservación y Aprovechamiento de Minerales del Territorio del Pueblo Kamëntsá Ftumaijay. Además, informó que dentro del esquema de gobierno propio del Resguardo existen límites para que las autoridades indígenas se beneficien personalmente de proyectos mineros mientras representan a la comunidad en procesos participativos o de consulta previa. Indicó que ello configura un conflicto de interés, pues por mandato de la comunidad deben actuar en representación y defensa colectiva.
Ministerio de Minas y Energía[237]	El apoderado del Ministerio sostuvo que la personería jurídica es una exigencia legal para contratar con el Estado y formalizarse. Así, pese a la asociación, los comuneros mantienen su identidad étnica y su nexo territorial.

VII. Gobierno y composición del pueblo Kamëntsá y de los resguardos Kamëntsá Biyá de Sibundoy y Kamëntsá Inga de San Francisco

Parte, tercero con interés o interviniente	Contenido de la intervención y las pruebas aportadas
Asociación Ftumaijay[238]	El representante legal de la asociación sostuvo que el gobierno tradicional del pueblo Kamëntsá se orientaba desde hacía años a través de los usos y costumbres, pero con el tiempo, con el Convenio 169 de la OIT y la Constitución de 1991, el Cabildo había pasado a ser una institución política elegida democráticamente, lo que había generado divisiones al interior del pueblo. Adujo que cada gobierno de turno obedece a intereses de unos sectores de la comunidad y no a los intereses colectivos. En todo caso, el representante legal sostuvo que las certificaciones expedidas por las autoridades tradicionales, como actos institucionales propios del ejercicio de la representación del Cabildo dentro del gobierno propio indígena, que pretenden dejar constancia institucional sobre determinadas situaciones o actividades comunitarias, constituyen manifestaciones de su función representativa y administrativa dentro del sistema de gobierno propio reconocido constitucionalmente. Estas certificaciones, constancias o pronunciamientos institucionales relacionados con situaciones que involucran a miembros de la comunidad o actividades desarrolladas en su territorio no exigen siempre la realización previa de procedimientos deliberativos colectivos, salvo que ello se establezca en el orden normativo propio del pueblo indígena. En ese sentido, su validez no puede evaluarse a partir de criterios procedimentales del derecho administrativo estatal ni de otras formalidades externas al orden normativo de la comunidad[239]. Además, desde su alcance jurídico, deben diferenciarse de (i) la consulta previa, como procedimiento que corresponde al Estado colombiano cuando se adoptan medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas, cuya coordinación institucional recae en la Dirección de Autoridad Nacional y Consulta Previa (DANCP), y (ii) las decisiones colectivas propias de la comunidad indígena que, conforme a sus usos y costumbres, pueden requerir espacios de deliberación comunitaria o mecanismos internos de decisión.
Cabildo Kamëntsá Biyá de Sibundoy[240]	La autoridad tradicional se refirió a las formas de gobierno del pueblo Kamëntsá, en general, y del Resguardo en particular. Precisó que este, de acuerdo con el censo anual, en 2025 lo conformaban 4726 personas, organizadas en 2049 familias. Sobre las formas del gobierno del pueblo, señaló que se organizaba a partir de las leyes Natural y de Origen, que orientan la vida comunitaria, la relación con la Madre Tierra y el ejercicio de la autoridad, de manera que integra asuntos administrativos con dimensiones espirituales, culturales, territoriales y comunitarias. Entre las principales figuras de representantes, fruto de su reconocimiento comunitario y de su trayectoria de servicio, coherencia y sabiduría, mencionó a los waishanyang, autoridades comunitarias encargadas de cuidar, vigilar y proteger la vida de las familias y apoyar la resolución de conflictos, la orientación de las decisiones y la protección de los bienes físicos y espirituales del pueblo; los tatšëmbëng, sabedores que conservan y transmiten el conocimiento tradicional y la memoria histórica; los ebionëng, quienes son médicos tradicionales y guías espirituales, y los utabnëng, responsables de coordinar los trabajos colectivos en los espacios comunitarios. La autoridad adujo que estas personas orientan la toma de decisiones, acompañan al Cabildo y a la Asamblea General, con miras a respetar su cosmovisión. Sobre las formas de gobierno del Resguardo, la autoridad explicó que se articula principalmente a través de las autoridades tradicionales que dialogan permanentemente con la comunidad reunida en Asamblea General. Esta última es la máxima instancia de decisión comunitaria y en ella se aprueban mandatos, se eligen autoridades y se definen posiciones frente a proyectos que afecten el territorio ancestral, los bienes comunes o el equilibrio ambiental. Por su parte, el gabinete ejecuta las decisiones de la Asamblea y es responsable de administrar el Resguardo, proteger el territorio, coordinar la justicia propia y garantizar la participación interna. Este lo conforman el (i) gobernador (taita mandad), quien, como primera autoridad tradicional y representante legal, dirige política y administrativamente el Resguardo; convoca a asambleas; se encarga de implementar el Plan de Vida[241], el Plan de Salvaguarda[242] y el Manual de Justicia Propia[243], y representa al pueblo[244] hacia el exterior. Informó que el gobernador para el período correspondiente al 1 de enero y 31 de diciembre de 2025 era el taita Justo Juagibioy Jamioy[245]; (ii) el alcalde mayor (arkanӱe), segunda autoridad del Cabildo y quien apoya la gestión del gobernador y puede reemplazarlo, hace seguimiento a las decisiones de la Asamblea, coordina la ejecución de mandatos y da solución a los conflictos que versen sobre el territorio dentro del pueblo, y (iii) el alguacil mayor (alguacero) y (iv) cuatro alguaciles (uatëcmá) encargados del orden interno, de las citaciones a comuneros, del acompañamiento a diligencias de justicia propia, de la ejecución material de las decisiones del Cabildo y de mantener la armonía en espacios comunitarios. La autoridad agregó que existen Consejos —de exautoridades, de Territorio y de Mujeres—, que son instancias de consulta, orientación y apoyo para la toma de decisiones, al recoger las voces de distintos sectores. Finalmente, la autoridad precisó que la terminología estatal de "inhabilidades e incompatibilidades" no era usada en su sistema de gobierno en los mismos términos del derecho administrativo ordinario, pero existían límites derivados de la Ley Natural, de los principios de justicia propia y del mandato que regulaban la conducta de las autoridades. Al respecto, destacó la primacía del interés colectivo sobre el interés particular. Ello supone que las decisiones sobre proyectos de alto impacto, como los mineros, se toman en el marco de la Asamblea General.
Cabildo Kamëntsá Inga de San Francisco[246]	El taita Luis Alberto Sigindioy Jamioy expuso que, de acuerdo con el autocenso, pertenecían al Resguardo 2.041 personas que conformaban 1107 familias. La Asamblea es el máximo órgano de decisión y participación comunitaria del pueblo Kamëntsá. Este es el espacio donde todos los miembros de la comunidad se reúnen “para discutir, deliberar y tomar decisiones de gran relevancia sobre asuntos que afectan la vida colectiva del resguardo”. Asimismo, señaló que las autoridades tradicionales legítimas de gobierno del pueblo Kamëntsá Inga son el taita gobernador, cargo que él ostentó hasta el 31 de diciembre de 2025[247], y su gabinete. Ellos tienen una alta representación al ser elegidos en procesos comunitarios y democráticos, y son autoridades con la capacidad de concertar políticas y decisiones en favor del Resguardo y de representar sus intereses[248]. Sobre el gobernador “Waishanya” explicó que es la máxima autoridad y es elegida democráticamente por la comunidad para representar y dirigir sus asuntos. Su rol es fundamental para la preservación de la cultura, la gestión de los territorios y la defensa de los derechos colectivos. En particular, ejerce las funciones de (i) representación legal de la comunidad ante las autoridades estatales y otras instituciones; (ii) gestión administrativa del Resguardo, lo que incluye la asignación de presupuestos y la contratación de personal; (iii) relacionamiento interinstitucional; (iv) defensa de los derechos; (v) participación en las asambleas comunitarias; (vi) promoción de la cultura indígena y (vii) resolución de conflictos internos. Por su parte, el alcalde mayor “Arcanÿe” acompaña estrechamente al gobernador y asume su rol en su ausencia. Está a cargo de apoyar la orientación sobre asuntos que requieran atención especial para el bienestar colectivo y de velar por el patrimonio territorial de la comunidad. En el caso del Bëtsknaté[249], colabora activamente en la gestión de recursos y en la dirección de actividades junto al taita gobernador. El alguacil mayor “Alguacero” es el único encargado de impartir justicia conforme a las decisiones del gobernador. Además, se encarga de la organización de las actividades culturales, de coordinar a los alguaciles menores para entregar notificaciones y de entregar citaciones personalmente a los taitas exgobernadores. Los alguaciles uno “Mayor Watëcma” y segundo y tercero – “Uatëcmá” participan en actividades comunitarias y acompañan en otras acciones junto a los demás cabildantes. El primero acompaña al alguacil mayor en sus funciones y puede ser designado para ejercer sus responsabilidades. Los segundos asisten al alguacil mayor en la entrega de notificaciones a los exalcaldes y exalguaciles mayores y acompañan todas las actividades dirigidas por el gobernador. Atienden las orientaciones de los superiores jerárquicos. El alguacil cuarto “Seviá Uatëcmá” vigila y cuida la casa Cabildo, entrega notificaciones e invitaciones cuando se requieren. Además, acompaña, apoya y vela por la seguridad del taita gobernador.
Ministerio del Interior - Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías^{^[250]}	La Dirección certificó que el señor Walter Leandro Chindoy Jacanamejoy estaba registrado como gobernador del Cabildo del Resguardo indígena Kamëntsá Inga de San Francisco, para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024[251]. Precisó que no se registraba autoridad vigente para el periodo 2025. Asimismo, expidió constancia de que Justo Juagibioy Jamioy registraba como gobernador de la comunidad Kamëntsá Biyá de Sibundoy, para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025[252]. La Dirección también indicó que conforme al Sistema de Información Indígena de Colombia – SIIC, en el cual se encuentran cargados los autocensos por los cabildos o autoridades indígenas, para el 20 de noviembre de 2025, en el Resguardo indígena Kamëntsá Inga de San Francisco estaban censadas 1969 personas, y en la comunidad indígena Kamëntsá Biyá de Sibundoy, 4559 personas.
Corpoamazonia^{^[253]}	La corporación señaló que el Cabildo, compuesto entre otros por el gobernador, es la principal autoridad y vela por el bienestar de la comunidad, sus intereses económicos y el desarrollo de la región[254].
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)[255]	Desde la Consejería de Territorio, Recursos Naturales y Biodiversidad, se indicó que el despacho no contaba con la información requerida.
ICANH[256]	El ICANH expuso que las formas de gobierno se basan en un sistema ancestral de autoridades tradicionales sustentado en el territorio y la palabra. El gobierno se organiza mediante cargos rotativos que gestiona el Cabildo y se orienta por autoridades tradicionales: mayores, taitas, mamitas y yachajs, quienes tienen roles espirituales y de servicio comunitario. El gobierno está ligado a la Ley Natural, la espiritualidad y los principios de unidad, autonomía y reciprocidad. Por ello, quien asume la autoridad está legitimado por las leyes Natural, de Origen y del reconocimiento comunitario; cuenta con carisma personal y conocimiento; ostenta la capacidad de vivir y servir conforme al pensamiento correcto, y lidera dentro y en favor del pueblo. Son cuatro autoridades tradicionales: los yayang, quienes “velan, miran, protegen y defienden a sus hijos, buscando su equilibrio y bienestar en la familia; los waishanyang, se encargan de “vigilar, cuidar, velar y proteger la vida de los miembros y familias Kamëntšá”, administrando justicia y resguardando bienes materiales, naturales y espirituales; los tatšëmbëng son “poseedores de gran conocimiento dentro de la sabiduría Kamëntšá”, responsables de orientar desde su saber profundo la vida espiritual y comunitaria, y los ebionëng, quienes “protegen desde la espiritualidad la vida de los Kamëntšá a través del uso ritual de plantas medicinales”, actuando como sanadores y guardianes de la relación con la naturaleza. Ahora bien, el sistema de autoridad tradicional combina figuras individuales, autoridades funcionales y ceremoniales, y autoridades colectivas, que se articulan para decidir sobre gobernabilidad, justicia, vida espiritual, organización social y protección del territorio, con base en la Ley Natural, la memoria ancestral y el bienestar del pueblo. Entre las primeras, el taita o mama mandad (gobernador(a)) es la máxima autoridad y representa la conducción espiritual, política y comunitaria del pueblo. El arcanÿe (alcalde mayor) lo acompaña y apoya; lo reemplaza en caso de ausencia y fortalece los procesos organizativos. Su rol es administrativo. El alguacero o alguacil mayor, junto con los uatëcmá y otros alguaciles, imparten justicia, ejecutan sanciones y aseguran el cumplimiento de las decisiones comunitarias. Entre las segundas, se destacan roles como soshoua, máxima forma de autoridad ancestral, caracterizada por una vida ejemplar y por la defensa del interés colectivo; lotren y mëtëtsën, acompañantes del gobernador —aquel en espacios rituales y alimentarios, y este, en actividades externas—; tsjuaya, organizador de fiestas ancestrales, y shanya, cuidador de la Casa Cabildo. Entre las terceras, la Asamblea General es la más amplia y máxima instancia de decisión, donde se ejerce la autonomía según el derecho propio, los usos y costumbres; en el marco de la jurisdicción especial indígena y el principio del Buen Vivir. Es la instancia encargada del control político, la consulta colectiva y la validación de decisiones que afectan a la comunidad en su conjunto. En ella participan todos los miembros del pueblo, y es llamada para tratar conflictos colectivos, analizar asuntos centrales de la vida comunitaria y validar decisiones de alto impacto. Su autoridad deriva del consenso, la participación y su papel como garante de la unidad y la vida colectiva. Por su parte, el Consejo de Justicia Kamëntsá, compuesto por sabedores, autoridades espirituales, exgobernadores y excabildantes, asesora, consulta, acompaña y controla las decisiones del gobernador y del gabinete. El Instituto concluyó indicando que el grado de representación interna de las autoridades del Pueblo y del Resguardo Kamëntsá corresponde únicamente a las instancias de gobierno propio reconocidas por dicho pueblo.
Procuraduría Delegada Preventiva y de Control de Gestión 4 para Asuntos Étnicos[257]	La procuradora delegada no se refirió a las formas de gobierno del pueblo Kamëntsá en su respuesta.
Defensoría Delegada para Grupos Étnicos de la Defensoría del Pueblo[258]	La defensora delegada confirmó la calidad de máxima autoridad de la Asamblea y las funciones de esta y de las autoridades, en términos similares a los del taita Luis Alberto Sigindioy Jamioy, del Cabildo Kamëntsá Inga de San Francisco en su respuesta al auto. Con relación al entendimiento de autoridad legítima, señaló que es la que emana de su Autoridad Tradicional y se orienta por los principios de Unidad y Autonomía que fundamentan su identidad como pueblo indígena. Por su parte, la gobernabilidad “se concibe como el poder[, colectivo,] de servir y ejercer autoridad en beneficio de la comunidad, preservando la Ley Natural y el pensamiento basado en la Razón Bojanya (Razón de la Palabra), que guía la rectitud, la igualdad, el respeto, la credibilidad y el buen ejemplo”. Afirmó que “[e]sta autoridad implica un compromiso comunitario permanente para asegurar el equilibrio y el bienestar colectivo en la defensa de la vida, la naturaleza y el territorio”. La defensora explicó que la Justicia Kamëntsá, entendida como Ley Natural, proviene de los mayores, quienes enseñaron el camino del buen pensamiento y el buen hacer. Su ejercicio implica ser consejero, formador y guía del “Ser Kamëntsá”, en familia y comunidad. Es una práctica viva que orienta la convivencia espiritual, la armonía y la pervivencia del pueblo. Junto a la Gobernabilidad establecen “el camino del orden y de la obediencia, que nace del buen vivir consigo mismo y con la familia, para luego proyectarse en la comunidad, el territorio y el entorno”. Agregó que, históricamente, el orden natural se expresó en el cacicazgo y en la figura del shoshoua, autoridad respetada por su defensa del bien común y por su vida ejemplar. Sin embargo, la llegada de los españoles lo fracturó y llevó a su reemplazo por un modelo jerárquico, individualista y ajeno a su cosmovisión. Entre las autoridades tradicionales legítimas, por su reconocimiento comunitario y la continuidad de los usos y costumbres que garantizan la armonía, el respeto y la unidad del Resguardo, destacó al gobernador y su gabinete o equipo de apoyo. Este cumple funciones complementarias que aseguran la gobernabilidad colectiva. “A cada uno le corresponde acompañar la organización comunitaria, mantener el orden y la armonía, apoyar la administración interna, coordinar la ejecución de los acuerdos y garantizar que las decisiones adoptadas se alineen con la Ley Natural y el pensamiento propio. Su labor es velar por el buen vivir, orientar a las familias, prevenir conflictos y fortalecer la cohesión del resguardo”. La defensora insistió en que la representación es “un mandato colectivo que vincula espiritualmente a las autoridades con el territorio, la vida y la pervivencia cultural del pueblo”. El nivel de representación depende de la función que desempeña y del ámbito en el que debe garantizar el equilibrio comunitario en el Resguardo.

VIII. Diálogo intercultural de las entidades estatales involucradas en el caso

Parte, tercero con interés o interviniente	Contenido de la intervención y las pruebas aportadas
Accionantes[259]	Los accionantes manifestaron que la respuesta de Corpoamazonia, en la que indicaba que el único mecanismo formal y vinculante dentro del trámite de licenciamiento ambiental era la consulta previa certificada por la DANCP, constituía una visión formalista, restrictiva y procedimental, que desconocía los principios constitucionales (artículos 1 y 7) y el Bloque de Constitucionalidad (Convenio 169 de la OIT). En particular, adujeron el desconocimiento del pluralismo y de estándares como el “diálogo intercultural más allá de la consulta previa”, porque la autoridad no identificaba mecanismos de diálogo intercultural previos al licenciamiento ambiental, y el “principio pro-participación en escenarios de duda”, cuando la complejidad del caso se reconocía en el Auto 1738 de 2025. Señalaron que un proyecto minero, aún promovido por miembros de la comunidad, la afectaba y no se limitaba a un problema de gobernabilidad interna. Además, reprocharon la falta de proactividad de la Corporación para identificar y activar el diálogo, cuando tiene el deber de identificar afectaciones étnicas durante la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental y no permanecer pasiva ante la oposición que advierte, y cuando las visitas técnicas son una oportunidad de diálogo, contrario a lo por ella sostenido. Por ello, enfatizaron la necesidad del control constitucional del decreto oficioso de pruebas y de la aplicación de los principios pro-persona, pro-indígena y de precaución, como garantías efectivas de los derechos fundamentales comprometidos.
Ministerio del Interior - DANCP^{^[260]}	La directora jurídica (e) de la entidad precisó que, en el marco competencial que regula la actuación de la Dirección[261], esta no actúa de manera oficiosa y su intervención y espacios de diálogo solo se activan mediante la solicitud de determinación de procedencia u oportunidad de la consulta previa, o la solicitud de inicio, coordinación y acompañamiento del proceso consultivo cuando procede. Resaltó que cualquier actuación fuera de dicho marco excedería sus competencias y que los mecanismos de relacionamiento previo, por fuera del proceso de consulta, corresponden a las entidades ejecutoras o proponentes de los proyectos, medidas o decisiones, quienes deben respetar y articular su actuación con los derechos colectivos de los pueblos étnicos y con las autoridades propias de cada comunidad. Desde la Dirección se destacó que, entre sus funciones, esta desarrolla escenarios formales con un enfoque técnico, participativo y culturalmente adecuado, en armonía con las obligaciones internacionales del Estado y la jurisprudencia constitucional. En este sentido, el análisis para determinar la procedencia de la consulta previa es el mecanismo institucional primario para garantizar un acercamiento temprano a la realidad de los pueblos y a sus autoridades. Este implica “un estudio riguroso de la potencial afectación directa, entendida como cualquier impacto –(…) que un proyecto, obra o medida administrativa pueda generar sobre las condiciones sociales, económicas, culturales o espirituales de una comunidad étnica (…)”. Además, señaló que, de activarse el proceso consultivo, este es el mecanismo constitucionalmente idóneo de diálogo, participación y salvaguarda de los derechos de los pueblos étnicamente diferenciados. Ahora bien, con relación a casos en los que el proyecto o actividad es promovido por miembros de comunidades étnicas y se advierte la posible existencia de afectación directa, la autoridad indicó que adelanta las siguientes actuaciones: (i) identificar comunidades posiblemente impactadas; (ii) realizar una visita de verificación en territorio, como mecanismo técnico para contrastar la información documental con las realidades socioculturales de las comunidades. En ellas, se emplean herramientas especializadas de recolección y análisis de información para identificar dinámicas de las comunidades étnicas y su relación con el proyecto. Asimismo, constatar la pertenencia y participación activa de los solicitantes dentro de sus respectivas comunidades, así como su reconocimiento por parte de las autoridades y miembros del Resguardo. Finalmente, (iii) revisar si se genera una afectación directa en los criterios establecidos en la Sentencia SU-123 de 2018.
Agencia Nacional de Minería	La ANM no señaló en su respuesta los mecanismos dispuestos para propiciar algún tipo de diálogo con pueblos étnicamente diferenciados y, en concreto, sus autoridades tradicionales, antes de adoptar decisiones que los pueden afectar, más allá de la visita que la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior efectúa para determinar la procedencia y oportunidad de la consulta previa.
Corpoamazonia^{^[262]}	La corporación manifestó que, dentro del marco normativo que rige el licenciamiento ambiental, se ceñe al único canal de diálogo previsto de manera taxativa por el ordenamiento jurídico: el proceso de consulta previa, cuya procedencia, desarrollo y protocolización se encuentran en el parágrafo 8 del artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 2015. Precisó que la ley ha otorgado a la DANCP del Ministerio del Interior competencia para certificar la presencia de comunidades étnicas y determinar la necesidad de adelantar el proceso consultivo. Respecto a los procedimientos dispuestos para identificar casos que ameriten un diálogo con comunidades étnicas, indicó que las visitas técnicas de campo no son un procedimiento generalizado, sino que constituyen una herramienta técnica dentro de procesos específicos y reglados que no necesariamente dependen de la iniciativa comunitaria. Por una parte, refirió las visitas de verificación de la DANCP en las áreas donde se pretenda desarrollar proyectos. Expuso que no son espacios de diálogo como tal, sino una herramienta técnica y probatoria para establecer si hay presencia de comunidades en el área de influencia de un proyecto, y que se activan primordialmente con la solicitud del interesado en el proyecto. En este sentido, reconoció que la configuración procedimental limita la capacidad de las comunidades para activar formalmente una visita de verificación que conduzca a la apertura de un diálogo intercultural y señaló que, según la jurisprudencia, el deber de diligencia recae en el Estado y en las empresas, quienes deben informar a la DANCP sobre la presencia de comunidades, incluso después de una certificación inicial. Por otra parte, se refirió a las visitas técnicas en el marco del control y seguimiento ambiental, las cuales no buscan activar un diálogo inicial, sino que permiten verificar situaciones y adoptar medidas sobre proyectos que cuentan con una licencia o plan de manejo ambiental. Destacó que, aunque una denuncia de la comunidad sobre un impacto no previsto podría motivar a la autoridad a ejercer dicha facultad, la visita es potestad de la entidad.

IX. Participación de las comunidades en relación con el proyecto minero y estándares de participación de los integrantes de comunidades étnicamente diferenciadas en decisiones que pueden afectarlas a ellas o a sus territorios

Parte, tercero con interés o interviniente	Contenido de la intervención y las pruebas aportadas
Accionantes[263]	Inicialmente, trece de los accionantes reiteraron que la Resolución VPPF No. 293 del 27 de noviembre de 2018 se expidió sin consulta previa y no existe constancia de que la ANM consultara a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior. Ello, en oposición a las obligaciones establecidas en el artículo 330 de la Constitución, la Ley 21 de 1991, la jurisprudencia constitucional[264] y el alcance del Convenio 169 de la OIT. Agregaron que, en el 2016, los gobernadores de sus pueblos certificaron el tema minero sin consultar a las dos comunidades[265]. En 2021, los entonces gobernadores[266] también expidieron certificaciones que respaldaron el proyecto minero identificado con la Placa ARE-RLJ-08001X. Aunque en los documentos se señaló que el proyecto buscaba proteger los ríos Putumayo y San Francisco, generar empleo y beneficiar a la comunidad, en su concepto solo 25 personas identificadas como mineros tradicionales se beneficiarían y dichas certificaciones no constituían expresión válida de la voluntad colectiva del pueblo Kamëntsá. Sobre la certificación de 2021[267], la totalidad de accionantes aportaron una respuesta del 30 de enero de 2024, del gobernador del Cabildo Kamëntsá Inga, en la que este reconoció no haber acudido a la comunidad, pero haber decidido en beneficio de esta, con base en los riesgos ambientales y la extracción artesanal y mecánica que durante años ocurrió, la aprobación de extracción a gran escala de la comunidad para otro proyecto, los resultados del Estudio de Impacto Ambiental y su finalidad[268]. Además, señalaron que las afirmaciones que realizó la Asociación Ftumaijay en su pronunciamiento a esta Corporación eran contradictorias, pues los espacios de socialización con base en los cuales había desarrollado sus argumentos eran posteriores a 2021 y la respuesta a los autos de prueba por parte de la autoridad tradicional del Cabildo Kamëntsá Biyá de Sibundoy desvirtuaba lo sostenido por ella. Los actores insistieron en que no hay evidencia de socialización o aprobación en Asamblea del proyecto ni de un proceso de consulta previa, libre e informada[269]. No obstante, las certificaciones de 2021 sirvieron de soporte administrativo en los trámites adelantados ante la ANM y Corpoamazonia, con el fin de justificar la legalización del proyecto y obtener la licencia ambiental temporal correspondiente. Adicionalmente, los accionantes mencionaron indicios de parentesco con los gobernadores que firmaron las certificaciones y algunos beneficiarios del proyecto, lo que podría configurar un conflicto de intereses contrario a los principios de imparcialidad y representatividad que rigen el gobierno indígena. Finalmente, se refirieron al Auto DTP No. 558 del 21 de octubre de 2025 de Corpoamazonia[270], que determinó que, al encontrarse el proyecto en territorio indígena, debía realizarse consulta previa. No obstante, reprocharon (i) que el acto que afecta sus territorios se expidió sin consultarles, lo que afecta su validez; (ii) que el señor Ramón, quien solicitó la licencia ambiental el 3 de febrero de 2024, fue gobernador dicho año en el pueblo Kamëntsá Biyá de Sibundoy y no informó a la comunidad de los proyectos mineros, y que (iii) el 30 de octubre de 2025 solicitaron a la Asociación Ftumaijay y a los titulares mineros del Contrato Especial de Concesión No. ARE-RLJ-08001X información y copia de los documentos relacionados con las actividades de extracción minera ejecutadas en el área concesionada, incluyendo fechas de intervención, estado actual de las labores, copia íntegra del contrato y sus modificaciones, así como datos sobre utilidades, regalías, cantidades de material extraído y mecanismos de control aplicados. Sin embargo, hasta el 19 de noviembre siguiente, el representante legal y una titular minera respondieron negando la información solicitada por estar amparada por “reserva legal” conforme a la Ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, y remitieron al solicitante a realizar el trámite ante la ANM[271]. Al conocer la respuesta de la DANCP, relativa a que la consulta previa no era necesaria porque la mayoría de los promotores del proyecto eran miembros de las propias comunidades, afirmaron que era insuficiente y violaba la consulta previa. Indicaron que el Ministerio reconoció que su actuación se limitó a un estudio técnico de procedencia (la visita de verificación) y que, pese a conocer una controversia interna posterior en la comunidad sobre la ejecución de las actividades, aceptó la falta de consulta y consentimiento previo, libre e informado, lo cual es contrario a lo exigido por la Corte y por el Convenio 169 de la OIT. Los accionantes también señalaron que su interpretación de “afectación directa” fue restrictiva e ilegal, pues la Corte ha establecido que esta se configura cuando la medida impacta las condiciones sociales, económicas, culturales o espirituales de una comunidad étnica, incluso de forma positiva o impulsada por la comunidad^{^[272]}. Para ellos, un proyecto de explotación de materiales de construcción (Balastrera Tamabioy) implica una intervención territorial y ambiental que exige un consenso colectivo formalizado. De hecho, la necesidad de una licencia ambiental temporal confirmaba los potenciales impactos. Así, consideraron que, al negarse a activar la consulta, el Ministerio no respetó el autogobierno y permitió a una facción imponer su voluntad sobre la colectividad. Además, cuestionaron que la entidad eludiera su responsabilidad al pretender transferir la activación de los procesos de diálogo a las entidades ejecutoras. Por último, negaron que 25 familias representaran el 80% de los miembros de los resguardos, conformados por cientos de habitantes. Al respecto, solicitaron claridad frente a la afirmación.
Asociación Ftumaijay^{^[273]}	El representante legal y la apoderada de la asociación señalaron, en un principio, que esta se ha acercado a los habitantes del área de influencia mediante las socializaciones del proyecto, donde se ha indicado que el proyecto ARE-RLJ-08001X se encuentra a disposición del trabajo comunitario. Lo anterior incluye trabajar mancomunadamente y mantener comunicación entre instituciones, autoridades indígenas y la asociación para aprovechar adecuadamente los minerales presentes dentro del Resguardo. Además, realizar trabajos para el mantenimiento y la conservación de zonas donde lo requiera con la colaboración de las instituciones[274]. En dicha oportunidad, solicitaron una visita a los magistrados de esta Corte. Posteriormente, el representante legal expuso que el 22 de diciembre de 2021 radicó ante el Ministerio del Interior la solicitud de determinación de procedencia y oportunidad de consulta previa, en el marco del trámite de obtención de la licencia ambiental temporal para formalización minera, conforme a las resoluciones 0448 del 20 de mayo de 2020 y 1081[275]. El 24 de enero de 2022, el Ministerio informó el archivo de una de las solicitudes radicadas por ser reiterativa[276], ante lo cual la asociación solicitó aclarar las razones de ello y precisar el procedimiento a seguir para continuar con la determinación de procedencia de la consulta previa[277]. Luego del análisis cartográfico y geográfico del área del proyecto, la DANCP le informó a la asociación que era necesaria la visita de verificación para evaluar la posible afectación directa a comunidades étnicas[278] y el Ministerio convocó su realización para los días 18 y 21 de abril de 2022 en los municipios de Sibundoy y San Francisco. Por ello, también convocó a una reunión virtual para coordinar aspectos logísticos y técnicos relacionados con el desarrollo de la visita de verificación y con la información requerida para el avance del trámite administrativo[279]. Finalmente, la DANCP expidió la Resolución de Procedencia de Consulta Previa No. ST-0788 del 6 de junio de 2022[280], en la que constan antecedentes históricos asociados a la extracción de materiales de los ríos, la pertenencia de los solicitantes a los resguardos, el respaldo de las autoridades tradicionales al proyecto y que este consiste en el aprovechamiento de tipo tradicional de materiales de construcción de la Balastrera Tamabioy del área designada para el polígono de la placa ARERLJ-08001X -como la piedra caliza que se usa como abono fertilizante, para hacer pinturas o venta de materia prima a particulares- y se clasifica en pequeña minería. El representante destacó que dicha resolución concluye que el proyecto no perturba estructuras sociales, espirituales y culturales de los resguardos y no limita o restringe el desarrollo de sus actividades de sustento. Contrario a generar una afectación directa sobre los usos y costumbres, podría ayudar a regenerar y mejorar el equilibrio natural alterado por la explotación descontrolada. Por ello, la DANCP, a partir del análisis antropológico, cartográfico, geográfico, espacial y jurídico realizado, determinó que la consulta previa no era procedente. Esta conclusión también la soportaría la Sentencia SU-123 de 2018, al no demostrarse uno de los impactos requeridos para considerar que existe una afectación directa. A lo anterior agregó que (i) las certificaciones del 28 de noviembre de 2016, mediante la que el taita Justo Juagibioy Jamioy y el taita Juan Manuel Sigindioy, como entonces gobernadores dejaron constancia de las actividades mineras que realiza la Asociación Ftumaijay y señalaron que los cabildos “harían permanente acompañamiento” para coordinar las actividades necesarias para el bienestar de la asociación y de la comunidad, y (ii) los certificados mediante los cuales los taitas Walter Leandro Chindoy Jacanamejoy y Manuel Jesús Mavisoy Juajibioy, como gobernadores de los resguardos en 2021 señalaron “respaldar” el proyecto, fueron expedidos por autoridades tradicionales pertenecientes a los pueblos indígenas Kamëntsá Biyá del municipio de Sibundoy y Kamëntsá Inga del municipio de San Francisco, en ejercicio de sus funciones de gobierno propio dentro de sus respectivos territorios y comunidades. Ello, en el marco del reconocimiento constitucional de la jurisdicción especial indígena y de la autonomía de sus autoridades tradicionales. Añadió que, dentro del mandato propio y del sistema normativo interno de estas comunidades, no está establecido que la expedición de certificaciones por parte de la autoridad tradicional exija necesariamente asambleas comunitarias previas. Por último, el representante legal solicitó la realización de una audiencia pública con el objetivo de respaldar con expertos invitados los argumentos técnicos, jurídicos y etnohistóricos aportados a esta Corporación.
Cabildo Kamëntsá Biyá de Sibundoy[281]	El taita Juan Bautista Agreda Chindoy sostuvo que frente al proyecto de extracción de materiales de construcción de los ríos Putumayo y San Francisco no se habían desarrollado ni ejecutado mecanismos efectivos de participación comunitaria y no había evidencia de lo contrario. En específico, indicó que el Cabildo señaló la falta de mecanismos de participación ante actuaciones unilaterales, como la del (i) 28 de noviembre de 2016, mediante la que el taita Justo Juagibioy Jamioy, entonces gobernador, dejó constancia de las actividades mineras que realizaba la Asociación Ftumaijay y señaló que los cabildos “harían permanente acompañamiento” para coordinar las actividades necesarias para el bienestar de la asociación y de la comunidad, y (ii) el certificado mediante el cual el taita Manuel Jesús Mavisoy Juajibioy, como gobernador señaló “respaldar” el proyecto. De manera que solo se conoció del proceso luego de otorgarse la licencia de extracción. Al respecto, expuso que todas las autoridades tienen el “deber reforzado de proteger y garantizar la pervivencia de los pueblos indígenas en relación a formas de organización, creencias, usos y costumbres” y que la consulta previa es un derecho fundamental autónomo, de aplicación inmediata, conforme a los artículos 1, 7, 40, y 330 de la Constitución, el Convenio 169 de la OIT y a la jurisprudencia constitucional que ha precisado su alcance[282]. Advirtió que, ante la falta de consentimiento previo, libre e informado en el caso, la entrada en vigor de los actos administrativos demandados omitía un requisito esencial, consolidaba una situación de inconstitucionalidad[283] y exponía al pueblo Kamëntsá Biyá a un riesgo real de afectación profunda, estructural y prolongada sobre su integridad cultural, territorial y espiritual. Esto, entonces, afectaba a sujetos de especial protección y debilitaba el alcance del principio de diversidad étnica y cultural consagrado en la Constitución. Así, afirmó que la legalidad administrativa y la buena fe no sustituían la legitimidad constitucional, la necesidad de una decisión y que era improcedente fragmentar la representación del pueblo indígena. El taita también precisó que la convocatoria de una Asamblea General para someter un proyecto a decisión comunitaria recae en quien pretende ejecutarlo. En ese sentido, no corresponde a la comunidad indígena ni a sus autoridades tradicionales activar de oficio el mecanismo de consulta previa, por lo que no puede trasladarse la responsabilidad a la autoridad tradicional frente a quien no se dirigió siquiera un oficio con dicha intención. Al respecto, sostuvo que “informar no equivale a consultar, radicar no implica concertar y socializar no supone obtener consentimiento”[284]. De esta manera sostuvo que el soporte allegado de los espacios de socialización no acreditaba la realización de una Asamblea General ni la adopción de una decisión comunitaria válida, máxime cuando no hubo presencia amplia de la comunidad del Resguardo ni una convocatoria formal por parte de este, sino una participación predominante de miembros de la asociación promotora del proyecto. Ello, sin perjuicio de considerar que la falta de constancia de autorización otorgada por las personas retratadas o por la autoridad tradicional para la captación y uso de dichas imágenes dentro de un trámite judicial, hacía que la prueba no fuera idónea. Por lo anterior, además de la protección en el caso, pidió establecer que cualquier decisión futura que pueda afectar al mencionado pueblo indígena deberá requerir del consentimiento previo, libre e informado o, en su defecto, de la consulta previa. Añadió que el contrato de concesión minera otorgado por treinta (30) años podría afectar varias generaciones del pueblo Kamëntsá Biyá y comprometer su derecho a decidir libremente sobre su futuro colectivo.
Cabildo Kamëntsá Inga de San Francisco	El Cabildo guardó silencio respecto de los mecanismos de participación de las comunidades puestos en práctica en relación con el proyecto, en particular frente a (i) la certificación del 28 de noviembre de 2016, mediante la que el taita Juan Manuel Sigindioy, como gobernador, dejó constancia de las actividades mineras que realizaba la Asociación Ftumaijay y señaló que acompañaría la coordinación de las actividades necesarias para el bienestar de la asociación y de la comunidad; y (ii) los certificados mediante los cuales el taita Walter Leandro Chindoy Jacanamejoy, como gobernador del Resguardo señaló “respaldar” el proyecto.
Ministerio del Interior - DANCP[285]	La directora jurídica(e) de la entidad reiteró que, de manera preliminar, se encontró coincidencia de contextos entre las actividades proyectadas y los territorios de los resguardos indígenas Kamëntsá Biyá de Sibundoy y Kamëntsá Inga de San Francisco. Por ello, se hizo una visita de verificación en territorio para determinar si había una afectación directa a las comunidades, en la que se dialogó con los líderes de las comunidades y se recogieron elementos relacionados con sus dinámicas económicas, sociales, culturales y espirituales, así como observaciones sobre el proyecto. Señaló que se aplicaron metodologías técnicas de reconocimiento territorial y socioeconómico, como entrevistas semiestructuradas, cartografía social y georreferenciación de puntos de interés, y de las conclusiones destacó nuevamente la conformación de la Asociación Ftumaijay y la finalidad del proyecto para definir que no procedía la consulta previa. Desde la dirección se expuso que el trámite se surtió conforme a los criterios específicos que aplican en los casos en que el proyecto es promovido por miembros de comunidades étnicas y se advierte la posible existencia de afectación directa[286]. Sin embargo, podría estarse ante un conflicto interno porque pese a que la comunidad manifestó inicialmente su conformidad con la realización del proyecto, el cual percibía como una oportunidad para corregir los impactos generados por actividades de minería ilegal, luego presentó la controversia sobre la ejecución de las actividades ya conocidas.
Corpoamazonia[287]	La Corporación se refirió a los artículos 7 y 70 constitucionales que conforman el principio de diversidad étnica y cultural, el cual implica una transformación en la concepción del Estado[288], y al Convenio 169 de la OIT y su acatamiento obligatorio para entidades públicas y privadas, respecto del cual destacó las garantías de autonomía y autocontrol de los pueblos indígenas, la protección integral que el Estado debe garantizar y el respeto por sus valores y prácticas. Señaló que el convenio había reforzado el derecho fundamental a la consulta previa, que materializa el principio de participación de los grupos étnicos en las decisiones que los afectan directamente[289], y supone un proceso que debe guiarse por principios como la buena fe, el diálogo intercultural, la flexibilidad y la participación efectiva. Sin embargo, precisó que no toda afectación implica automáticamente el deber de esta consulta[290]. Ello depende de la intensidad de la afectación, pues pueden existir otros mecanismos de participación. Para el caso en concreto, manifestó que no se cumplían los requisitos jurisprudenciales para la correcta determinación de la afectación directa que justificaría la realización de una consulta previa. Adujo que las autoridades accionadas (en particular la DANCP y la ANM) no encontraron que se cumplieran los criterios sustantivos ni adjetivos al evaluar el proyecto. Sobre los primeros, al desestimar (i) la relación del proyecto con la preservación de los usos y costumbres de las comunidades, por ser un proyecto de miembros de la comunidad; (ii) el impacto directo a zonas donde las comunidades han desarrollado sus prácticas culturales de forma permanente, como los ríos Putumayo y San Francisco, con base en que el proyecto busca mantener un equilibrio económico controlado entre las personas y el entorno natural; (iii) la incidencia específica en una comunidad con relacionamiento reducido, ya que la decisión fue tomada por el gobernador en un acto de representación legal que no exigía un proceso de participación colectiva adicional. Además, indicó que (iv) el impacto del proyecto no era una nueva afectación persistente, sino la continuación regulada de una actividad económica que venían desarrollando los comuneros, y la licencia ambiental otorgada era temporal y estaba ligada al trámite de formalización minera. (v) El proyecto no implica la degradación del medio ambiente porque su propósito es de mitigación ambiental y (vi) no se materializa una afectación de derechos reconocidos en el Convenio 169 de la OIT, en tanto el proyecto no impone cargas ni modifica la situación jurídica de la comunidad desde el exterior. Con relación al incumplimiento de los criterios adjetivos, señaló que las autoridades realizaron una valoración adecuada al identificar el factor determinante del caso, esto es, el carácter interno del proyecto. Además, se basaron en evidencia objetiva y contrastable para determinar la no procedencia de la consulta. En ese orden, consideró que la controversia constituía un conflicto de gobernabilidad interna, cuya solución corresponde a la jurisdicción especial indígena. La corporación también indicó que la perspectiva de la comunidad se expresó debida y formalmente mediante sus autoridades legítimas y no existió una “duda irresoluble” para las autoridades respecto a la naturaleza de la afectación que hiciera necesario aplicar el principio pro-participación.
Procuraduría Delegada Preventiva y de Control de Gestión 4 para Asuntos Étnicos[291]	La procuradora delegada señaló que el derecho a la consulta previa y su alcance se derivan del Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia constitucional. Resaltó la importancia de que la Corporación se pronuncie en el caso concreto y analice los documentos aportados para solicitar la licencia ambiental temporal, los Planes de Vida y de Salvaguarda de los pueblos, así como los estatutos o reglamentos internos para decidir.
Defensoría Delegada para los Asuntos Constitucionales y Legales[292]	La defensora delegada se refirió a un informe de la Defensoría Delegada para Grupos Étnicos de la entidad en el que, en primer lugar, afirmó que la garantía del derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada, con respeto del debido proceso, es procedente en el caso concreto. Esto, ya que (i) el ejecutor del proyecto no es la comunidad sino la Asociación Ftumaijay, que no es una autoridad ancestral y no ostenta la representación legítima del pueblo indígena respectivo, sino que cumple el rol de un tercero, y (ii) el proceso de licenciamiento implica actuaciones del Gobierno Nacional[293]. Dado que el caso se centra en la extracción de minerales, subrayó la importancia del territorio para las culturas y valores espirituales de los pueblos y de la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. Asimismo, destacó los deberes de los Estados de garantizar a los pueblos interesados una participación en la administración, utilización y conservación de los recursos naturales existentes en sus tierras[294]; de implementar procesos equitativos, independientes y transparentes en los cuales se reconozcan los sistemas de conocimiento y organizativos tradicionales propios, y de asumir sus responsabilidades para conservarlos para las comunidades indígenas y para las futuras generaciones[295]. En este orden, resaltó que los pueblos indígenas tienen derechos colectivos que son indispensables para su existencia, bienestar y desarrollo integral, como el derecho a desarrollar y controlar sus tierras, territorios y recursos, y, en consecuencia, a participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo que puedan afectarlos directamente[296]. Para la Defensoría Delegada, cuando una medida amenaza la subsistencia de una comunidad, es necesario su consentimiento previo, libre e informado, de conformidad con su sistema organizativo y de participación propio. En ese orden, la aprobación de un proyecto de extracción de minerales, con posible afectación al territorio y demás derechos colectivos, puede requerir una deliberación en la Asamblea General. Ahora bien, en el caso concreto, la defensora delegada advirtió sobre un posible conflicto de intereses de algunos miembros de la Asociación Minera, por sus roles de gobierno. En específico, indicó que el taita Emilio fue gobernador del pueblo Kamëntsá Biyá en 2024 y arkanӱe en 2023; que el contrato especial de concesión fue suscrito el 16 de noviembre de 2023 e inscrito en el Registro Minero Nacional el 29 de diciembre siguiente, y que la tutela se tramitó hasta la impugnación durante su gobierno. En segundo lugar, desde la entidad se afirmó que los proyectos “internos” también pueden generar impactos en los derechos territoriales y culturales, y así exigir la consulta previa, pues el criterio central para definir su procedencia es la afectación a los derechos colectivos de acuerdo con los estándares constitucionales e interamericanos. Al respecto, expuso que un proceso consultivo, con la participación de toda la comunidad, permite conocer los impactos que un proyecto puede tener durante su ejecución y las medidas que se tomarán para mitigarlos. En esta línea, subrayó la relevancia de identificar los actores y sujetos de la consulta previa, y la naturaleza y el origen del proyecto, cuando se actúa a través de una figura que no es parte de la organización propia de los pueblos indígenas. En este punto, la defensora delegada indicó que la configuración “privada” de una empresa o asociación con miembros que ostentan pertenencia a la comunidad puede generar o profundizar conflictos internos y afectar la unidad y la armonía del Pueblo. Asimismo, señaló que, cuando el proyecto es interno, las decisiones deben tomarse de acuerdo con la ley natural, el plan de vida, la cosmovisión y las prácticas propias de subsistencia del pueblo indígena, priorizando el interés colectivo sobre el particular[297]. Con base en lo anterior, la defensora delegada alertó sobre la posible instrumentalización del gobierno propio, a partir de la pertenencia y autorreconocimiento de los miembros de la comunidad indígena, para sustentar las decisiones estatales, y calificó la situación como regresiva, frente al derecho fundamental a la consulta previa y al consentimiento previo, libre e informado. Además, resaltó la importancia de la actividad minera en el marco de una balastrera y su aprovechamiento comercial para otros proyectos de alto impacto en el territorio, como la construcción de la variante San Francisco – Mocoa, y expresó, siguiendo al gobernador para 2025, su preocupación por la afectación física, espiritual y cultural de los ríos Putumayo y San Francisco. En tercer lugar, la defensora delgada insistió en que, si la ejecución de un proyecto, independientemente de su origen, conlleva afectaciones a derechos colectivos de la comunidad indígena y exige permisos o licencias emitidas por entidades del Estado, es decir, la intervención directa o indirecta de terceros, deben garantizarse los derechos fundamentales a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado. Ello, en el marco de estrategias, acciones y procesos permanentes de relación y negociación interculturales, en condiciones de respeto, legitimidad, simetría e igualdad[298]. En todo caso, los proyectos de iniciativa interna que no requieren la intervención de terceros deben contar con la aceptación de la comunidad a través de una autoconsulta, pero mediante mecanismos propios; esto contribuye a materializar el derecho a la libre determinación[299]. En cuarto lugar, respecto al derecho a la participación de los miembros de las comunidades étnicamente diferenciadas en relación con decisiones y asuntos internos que pueden afectarlos a ellos y/o a sus territorios, la defensora delegada añadió a las consideraciones asociadas a la autonomía de los pueblos indígenas, la importancia de garantizar los derechos de acceso a la información, participación pública en los procesos de toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales, para lo cual es esencial la participación de los pueblos indígenas y comunidades locales[300]. Asimismo, indicó que esta Corporación[301] se ha pronunciado sobre la garantía del derecho a la consulta previa a comunidades étnicas, y en especial a la participación efectiva, previa e informada, cuando una medida puede afectarlas directamente, como ocurre con proyectos de explotación de hidrocarburos; resaltó los deberes de los promotores de los proyectos, obras o actividades de promover el trámite administrativo, y la responsabilidad de los particulares de “identificar, prevenir, mitigar y responder a las consecuencias negativas de sus actividades”[302]. Adicionalmente, ante una medida que amenace la subsistencia de una comunidad, subrayó que, de no existir acuerdo, prevalece la protección de las comunidades tradicionales[303]. Así, destacó que, conforme a la jurisprudencia constitucional, la consulta previa protege la integridad de los pueblos indígenas, el derecho al ambiente sano y el desarrollo económico, y que los procesos consultivos son esenciales para asegurar la pervivencia física y protección de las tradiciones de los pueblos[304]. En ese orden, bajo ciertas circunstancias, la tutela permite solucionar conflictos sociales, ambientales y culturales, y el derecho de participación de la población afectada puede constituir una garantía de “justicia ambiental”[305]. Finalmente, recalcó la vinculatoriedad de la decisión de la consulta en respeto de los derechos colectivos[306]. En quinto lugar, con relación a los estándares de participación pertinentes para darle eficacia al derecho a la participación de los miembros de pueblos y comunidades étnicas en balance con los derechos al autogobierno y a la autodeterminación, la defensora delegada señaló la importancia del reconocimiento de los sistemas propios de organización sociopolítica con fundamento en principios del derecho internacional, como como la libre determinación de los pueblos, y el derecho a la igualdad y no discriminación[307]. Asimismo, sostuvo que cualquier decisión que pueda afectar los derechos e intereses de los pueblos indígenas debe fundamentarse en un proceso de participación plena y, cuando se trate de medidas que involucren intereses de sus territorios, exige de un consentimiento informado de toda la comunidad[308]. Concluyó que la representación de los pueblos indígenas durante los procesos de consulta debe ser la que el pueblo afectado determine, conforme a sus sistemas de conocimiento, la voluntad de sus miembros y los mecanismos consuetudinarios correspondientes[309]. En sexto lugar, negó conocer casos o experiencias en las que, al tratarse de un proyecto o decisión interna, se omitiera la consulta previa o se previeran estándares específicos de participación de la comunidad. En séptimo y último lugar, la defensora delegada consideró que, para buscar un equilibrio entre las formas de representación de cada comunidad y la participación de sus miembros, debían tenerse en cuenta el reconocimiento y protección de la diversidad étnica, cultural y lingüística; la cultura como fundamento de la nacionalidad colombiana; el carácter inalienable, imprescriptible e inembargable de las tierras comunales de los grupos étnicos; el respeto a la autodeterminación de los pueblos y a la identidad cultural en materia educativa; la potestad de las autoridades propias ancestrales para ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su territorio, siempre que no sean contrarios a la Constitución y a las leyes, y el autogobierno de las comunidades indígenas según sus usos y costumbres[310]. A continuación, se refirió al desarrollo de la protección de los derechos de los pueblos indígenas en Colombia, por parte de la Corte Constitucional[311] y el Consejo de Estado[312], y expuso pronunciamientos de los derechos colectivos a la autodeterminación, a la consulta previa, a la justicia propia, al territorio y a la identidad cultural. Sobre el primero de estos derechos, resaltó que los pueblos indígenas formulan sus planes de vida donde incluyen los fundamentos que propician la convivencia, y en el caso de pueblo Kamëntsá, estos incluyen la Ley Natural, que posibilita el equilibrio entre el pueblo, la naturaleza y el universo; la unidad; la autonomía; la legitimidad, dada por el pueblo en su conjunto, y la gobernabilidad, que tiene su raíz en la autoridad de la comunidad y pueblo, y tiene una dimensión hacia adentro, asociada a la convivencia comunitaria, y otra hacia afuera, relativa a la defensa y protección física y espiritual del territorio. La defensora delegada finalizó con la mención al carácter irrenunciable de la participación y al alcance de una afectación directa en el marco de proyectos de exploración y explotación de recursos no renovables, de manera que esta incluye un impacto en (i) el territorio de la comunidad tradicional; o (ii) en el ambiente, la salud o la estructura social, económica, o cultural del grupo[313]. Así, afirmó que la omisión o realización inadecuada de la consulta previa, libre e informada afectan diversos derechos de las comunidades indígenas que, en esencia, implican un riesgo para su continuidad física y cultural.
Corporación Comunidad de Juristas Akubadaura[314]	La directora ejecutiva de la Corporación sostuvo que la autonomía y el gobierno propio de los pueblos indígenas solo se fortalecen cuando las decisiones internas se adoptan mediante procedimientos amplios y participativos que involucran de manera efectiva a la mayoría de los miembros de la comunidad y no solo a sus autoridades representativas. En el caso de un proyecto minero que supone un desacuerdo interno y genera una afectación directa a las comunidades implicadas, consideró que la consulta previa es un derecho procedente y exigible, y el mecanismo más idóneo para tramitar los disensos internos, garantizar una participación adecuada y efectiva de los distintos sectores comunitarios y dotar a la decisión sobre el proyecto de legitimidad. Esta no debilita el gobierno propio, sino que sirve a recomponer el tejido social, aclarar los impactos y permitir que la comunidad adopte un mandato claro sobre el futuro de su territorio. Para soportar lo anterior, en primer lugar, se refirió a la procedencia de la consulta previa cuando el proyecto o decisión es respaldada por autoridades tradicionales. Al respecto, afirmó que la jurisprudencia constitucional ha establecido que esta se activa ante una afectación directa sobre la comunidad étnica, es decir, cuando hay evidencia razonable de que una medida puede impactar las condiciones sociales, económicas, ambientales o culturales que constituyen la base de la cohesión social de una determinada comunidad étnica, y no frente a la actitud favorable o desfavorable de sus líderes frente al proyecto[315]. En su criterio, un proyecto de extracción de minerales en territorio indígena, por su naturaleza, configuraría este presupuesto fáctico. Ahora bien, respecto de la oposición de comuneros a un proyecto o decisión que cuenta con el respaldo de las autoridades tradicionales, sostuvo que el proceso de consulta previa puede aumentar las tensiones internas cuando se omite un proceso amplio de consulta, bajo el argumento de que la comunidad ya estuvo “representada” o que sus autoridades ya acordaron el proyecto. Esto, en particular, cuando las autoridades tradicionales deben orientar el proceso, fomentar la participación efectiva y explicar a la comunidad el alcance de las decisiones. Además, si se evidencia que no existieron espacios de participación amplios o que se vulneró el derecho de ciertos comuneros a ser escuchados, lo que podría implicar que la consulta se considere viciada o ilegítima. Sin embargo, también podría servir como un mecanismo de resolución de conflictos internos. En el caso concreto, advirtió indicadores de una fractura de la representatividad y de la ausencia de consenso comunitario. Señaló que la consulta previa podría ser un mecanismo para llegar a una decisión legítima que refleje la voluntad concertada de la comunidad[316], aunque no fuera unánime, y contribuir a la reconstrucción del tejido interno. Así, lo procedente sería abrir nuevos espacios de diálogo y deliberación para escuchar las distintas posturas, aclarar la información sobre el proyecto y construir acuerdos colectivos[317]. En segundo lugar, frente a la consulta cuando el proyecto o decisión es de origen interno, sostuvo que, por regla general, la iniciativa responde a la expresión del ejercicio de la autonomía y autodeterminación de la comunidad, cuyos mecanismos de decisión son vinculantes a nivel interno y, en todo caso, exigen un proceso robusto de deliberación y amplia participación, con información suficiente y representatividad. Así, espacios como la Asamblea General, las mingas o las reuniones con mayores y autoridades, permiten identificar posibles impactos sobre el territorio, la organización social, la cultura y los derechos de los comuneros, y construir acuerdos que dan lugar a procesos más exigentes de información, evaluación de impactos y búsqueda de consensos. Esto cumple una función equivalente a la consulta previa en términos de garantía de participación, prevención de vulneraciones y legitimación de la decisión. No obstante, de manera excepcional, la consulta previa es exigible cuando hay una afectación significativa o cuando implica intervención estatal. En este orden, es imprescindible fortalecer los mecanismos de consulta y concertación interna cuando son necesarios permisos, licencias o la intervención estatal, como en el caso concreto, al requerirse la expedición de títulos mineros y licencias ambientales; se afectan a otras comunidades o pueblos, o el Estado cofinancia o interviene en el proyecto[318]. En tercer lugar, indicó que el derecho a la participación de los miembros de las comunidades étnicas en decisiones y asuntos internos se deriva del reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, aunado a derechos como la autonomía y la autodeterminación de los pueblos étnicos[319], y del derecho a la participación en la conformación, ejercicio y control del poder político[320]. Así, las comunidades pueden definir sus procesos decisorios internos, pero estos deben garantizar espacios de deliberación amplios, incluyentes y representativos[321]. Ello supone que la participación se consolida como derecho y deber colectivo. En cuarto lugar, la directora expuso que la participación de los y las comuneras debe ser amplia, activa y crítica, pero respetuosa del gobierno propio, los acuerdos comunitarios y la autoridad tradicional. Así, si bien señaló que los principios de autonomía y autogobierno limitan que el ordenamiento jurídico estatal imponga estándares de participación al interior de las comunidades étnicas, consideró que el ejercicio del derecho a la participación de las y los comuneros debería guiarse por estándares como el acceso a la información, previo a la discusión, el pluralismo, la representatividad y el diálogo con miras a conciliar distintas posturas. Ello, sin perjuicio del orden comunitario. En específico, del papel de las autoridades dentro de la comunidad, pues estas son elegidas o reconocidas para orientar, representar y ejecutar las decisiones colectivas, de manera que sus determinaciones deben respetarse si se han tomado mediante procesos comunitarios y conforme al derecho propio. En esta línea, también pueden existir límites derivados de factores culturales, organizativos y simbólicos, pues ciertos espacios de deliberación o diálogos internos pueden estar reservados a ciertos roles y comunicaciones. En quinto lugar, mencionó experiencias de mecanismos de participación distintos a la consulta previa, como los espacios propios de deliberación y gobierno comunitario: asambleas comunitarias, reuniones del Cabildo, consejos territoriales, mingas de pensamiento, círculos o procesos de palabra, encuentros con mayores y sabedores, y espacios de diálogo entre familias. Expuso que las autoridades tradicionales participan orientando el debate y las decisiones se validan colectivamente, lo que refuerza su legitimidad. Añadió que, en la resolución de conflictos internos, se convocan asambleas ampliadas en las que mayores o sabedores cumplen un rol de mediación y moderación. Además, que existen reuniones con asesores jurídicos internos o externos para aclarar las implicaciones de ciertas decisiones. Por último, afirmó que el equilibrio entre el gobierno propio que ejercen las autoridades y la participación de la comunidad debe buscarse primordialmente en las normas, usos y costumbres de cada comunidad, llamados a definir los roles de las autoridades, las reglas para la toma de decisiones y los canales de participación de sus miembros, y se construye mediante espacios permanentes, abiertos e incluyentes de deliberación comunitaria, con información transparente, escucha y análisis técnico y político sobre posibles impactos. Ello exige reconocer que, en un mismo sistema, las autoridades garantizan la dirección, representación y continuidad institucional, y la comunidad aporta legitimidad, control social y corrección de rumbo, de ser necesario. En este sentido, el desacuerdo permite fortalecer el diálogo, revisar decisiones y ajustar el ejercicio del gobierno propio a las necesidades colectivas. Al respecto, destacó el respeto y la maximización de la autonomía de las comunidades étnicas. Indicó que el autogobierno interno, como expresión de la autonomía indígena y de su cultura, se expresa en su jurisdicción especial, en la identificación de territorios como entidades territoriales y en el gobierno propio mediante consejos conformados según sus usos y costumbres, de modo que el Estado no debe interferir en las decisiones internas de las comunidades[322]. De dicho marco, además, señaló que surge el derecho al autorreconocimiento y a la autoidentificación, núcleo de la autonomía indígena[323].
Ministerio de Minas y Energía[324]	El apoderado de la entidad indicó que el contrato ARE-RLJ-08001X surgió de la base comunitaria. En esa línea, encontró paradójico pretender una consulta previa cuando los titulares del proyecto son la comunidad. En su criterio, de acuerdo con el principio de autonomía y autogobierno, el Estado debe respetar las decisiones que los pueblos indígenas toman sobre sus prioridades de desarrollo. En ese sentido, la “afectación directa” debe graduarse en atención al origen, en especial, cuando los afectados y los beneficiarios coinciden. Así, si la comunidad decidió avanzar en la formalización de su balastrera, a través de sus autoridades tradicionales, el Estado debe respaldar dicha decisión. Adicionalmente, el apoderado advirtió que una consulta externa podría convertir un trámite de formalización en una barrera burocrática insuperable. Por último, desde la entidad también se señaló que la decisión de la DANCP sobre la no procedencia de consulta previa debía analizarse bajo el principio de buena fe y la presunción de legalidad de los actos administrativos. En este orden, debe entenderse que la decisión de la DANCP se basó en que el 80% de los miembros de la Asociación Ftumaijay pertenecen a los resguardos y que el proyecto busca equilibrar el entorno natural frente a la explotación descontrolada de actores externos.

X. Consideraciones sobre el impacto del proyecto en el medio ambiente y el territorio

Parte, tercero con interés o interviniente	Contenido de la intervención y las pruebas aportadas
Accionantes[325]	Los accionantes sostuvieron que las consideraciones técnicas y administrativas presentadas por la Asociación Ftumaijay no encontraban respaldo en deliberaciones comunitarias verificables.
Asociación Ftumaijay^{^[326]}	El representante de la asociación indicó que su actividad se sujetaba a los instrumentos de control ambiental establecidos por la autoridad competente, como el instrumento ambiental otorgado por la autoridad ambiental regional y el Plan de Manejo Ambiental, que contempla medidas de prevención, mitigación, control y seguimiento frente a posibles impactos sobre el cauce, la dinámica fluvial y los ecosistemas asociados. Afirmó que no incluía el uso de explosivos, no implicaba reasentamiento de población ni afectaba asentamientos humanos o zonas de especial protección ambiental, sino que se limitaba a áreas de depósito aluvial cuya dinámica natural implica procesos periódicos de regeneración.
Cabildo Kamëntsá Biyá de Sibundoy[327]	El taita Juan Bautista Agreda Chindoy señaló que, a falta de evidencia, no conocía que su autoridad tradicional ni los distintos cuerpos u órganos comunitarios hubieran adelantado análisis, discusiones o valoraciones colectivas sobre los impactos ambientales o la sostenibilidad del proyecto. En consecuencia, no se adoptaron acciones concretas en las comunidades. En todo caso, advirtió que la intervención directa de cauces fluviales ubicados en el territorio ancestral genera impactos sobre las barras aluviales que alteran la dinámica hídrica, los ecosistemas asociados, las prácticas culturales vinculadas al río y el equilibrio ambiental del territorio colectivo. Destacó que en este operaba un estándar reforzado de protección ambiental, en aplicación del principio de precaución y del deber de protección especial de los pueblos étnicos, de acuerdo con la Constitución y la jurisprudencia constitucional, y el Convenio 169 de la OIT.
Cabildo Kamëntsá Inga de San Francisco	El Cabildo guardó silencio frente a las consideraciones que las autoridades tradicionales y los distintos cuerpos u órganos donde se había debatido la materia habían tenido en cuenta en relación con los posibles impactos ambientales del proyecto, así como sobre las medidas o acciones desplegadas en atención a ellas.
Procuraduría Delegada Preventiva y de Control de Gestión 4 para Asuntos Étnicos[328]	La procuradora delegada se refirió a los principios de prevención y precaución en materia ambiental. Con relación al primero, destacó que se otorgó una licencia ambiental temporal a la Asociación Ftumaijay y que a la autoridad ambiental le correspondía determinar si el proyecto minero puede impactar negativamente a las comunidades de ambos cabildos. Frente al segundo, indicó que, aunque no estaba documentada de forma sumaria la posibilidad de algún riesgo, las autoridades tenían deberes para evitar daños al ambiente o a la salud.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible[329]	La apoderada del Ministerio señaló que conforme a la Ley 99 de 1993, la entidad era el organismo rector de la política ambiental del país y ejercía funciones de formulación de políticas, regulación ambiental de carácter general y coordinación del Sistema Nacional Ambiental (SINA). Al respecto mencionó la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico de 2010; la reglamentación de los instrumentos para su planificación, según la zonificación hidrográfica e hidrogeológica del país[330], y los instrumentos para la planificación, la administración y la gestión de la información del recurso hídrico[331]. En este orden, no ejercía funciones de control ni de seguimiento ambiental en territorio, por lo que no conocía los riesgos o afectaciones ambientales derivadas de la extracción de materiales de construcción en los ríos Putumayo y San Francisco, sino que dicha información debía requerirse a Corpoamazonia, de acuerdo con el artículo 31 de la ley señalada y los artículos 11 y 12 de la Ley 1444 de 2011. La entidad también se refirió a la competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR); las facetas de su autonomía, en línea con la jurisprudencia constitucional[332], y precisó que estas no estaban adscritas o vinculadas al Ministerio, por lo que no actuaba como su superior jerárquico. Lo anterior, pese a sus funciones de inspección y vigilancia, limitadas a solicitar informes, hacer seguimiento y realizar sugerencias para la adopción de medidas correctivas[333].
Ministerio de Minas y Energía[334]	El apoderado del Ministerio se refirió al rigor de los instrumentos de control en materia ambiental. Al respecto, expuso que el proceso de formalización en una ARE exige una Licencia Ambiental Temporal para amparar las actividades existentes durante el trámite de formalización[335]; la presentación de Instrumentos Técnicos, como el PTO y el Plan de Manejo Ambiental, por parte de los mineros, y la Licencia Ambiental Global, como instrumento definitivo cuando se otorga el contrato de concesión especial, para asegurar que la sostenibilidad y legalidad de las actividades. En cuanto al impacto diferenciado de la extracción en lechos de ríos, señaló que cada explotación responde a características técnicas específicas y su evaluación es exclusiva de las autoridades ambientales y mineras mediante el análisis de los estudios técnicos presentados por los beneficiarios. Así, los instrumentos de seguimiento y control de Corpoamazonia deberían ser suficientes para prevenir, mitigar y compensar cualquier efecto en el ecosistema fluvial.

XI. Posibles riesgos para la seguridad de los accionantes

Parte, tercero con interés o interviniente	Contenido de la intervención y las pruebas aportadas
Accionantes[336]	Trece de los accionantes informaron el 20 de noviembre de 2025 haber sido objeto de presiones y amenazas, sin que existieran pronunciamientos ni medidas claras de protección por parte de las autoridades competentes. En febrero de 2026, los quince accionantes indicaron que el caso se encuadraba en un escenario de alta conflictividad comunitaria, social y territorial, que había dividido al pueblo Kamëntsá, enfrentando a comuneros, autoridades tradicionales, asociaciones mineras y personas que ejercían la defensa del territorio ancestral, del agua y de los derechos colectivos, y suponía riesgos para su integridad personal. En particular, señalaron estar sujetos a estigmatización y deslegitimación dentro de la comunidad, al catalogarlos como responsables de dividir el tejido social y afectar intereses económicos, lo que había implicado presiones sociales, amenazas, aislamiento y un ambiente adverso, sin garantías físicas o institucionales. Precisaron que, pese a no referirse a la certeza de una amenaza concreta, se encontraban en un clima de miedo e incertidumbre, lo que afectaba su tranquilidad personal y familiar, y se agravaba al habitar en un territorio históricamente atravesado por el conflicto armado, donde las comunidades indígenas han sido víctimas reiteradas de violencia, desplazamiento y silenciamiento. Los accionantes resaltaron su condición de defensores de derechos humanos y ambientales, en un contexto rural e indígena, y a los riesgos individuales sumaron los colectivos, entre los que señalaron afectaciones a la armonía comunitaria, al ejercicio de la autonomía indígena y a la pervivencia cultural del pueblo. Por ello solicitaron la adopción de medidas de protección preventivas, sensibles a su contexto. Acompañaron su respuesta con un Comunicado Público de las Defensoras y Defensores del Río Putumayo, del 30 de octubre de 2025, en el que expusieron consideraciones relacionadas con la extracción y aprovechamiento del material de arrastre en los ríos Putumayo y San Francisco, la participación de la comunidad, se invitó a esta a participar y se denunciaron amenazas y presiones contra quienes están en desacuerdo con la minería[337]. Finalmente, coincidieron con la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos en que la UNP ignoró en su análisis del riesgo el contexto territorial, social y cultural en el que se desarrollan los hechos y la presunción de riesgo extraordinario que la jurisprudencia constitucional ha reconocido respecto del pueblo Kamëntsá.
Asociación Ftumaijay[338]	El representante legal de la asociación señaló que las diferencias presentadas por la familia de los tutelantes se trasladaron al gobierno tradicional de la comunidad, por tratarse de circunstancias de convivencia comunitaria no relacionadas con el título minero objeto de la tutela.
Procuraduría Delegada Preventiva y de Control de Gestión 4 para Asuntos Étnicos[339]	La procuradora delegada mencionó la presencia de distintos grupos ilegales en Putumayo y advirtió que la UNP se limitó a la información en sus bases de datos, sin acudir a fuentes externas para analizar el riesgo. Además, señaló que dicha entidad omitió que esta Corte, en el Auto 04 de 2009, estableció que el pueblo Kamëntsá era sujeto de derechos colectivos, en peligro de exterminio, y sobre él recaía una presunción de riesgo extraordinario que la UNP debía valorar.
Unidad Nacional de Protección[340]	La apoderada de la entidad informó que los accionantes no contaban con solicitudes de medidas de protección, de conformidad con la revisión realizada por la Oficina de Relacionamiento con la Ciudadanía. Tampoco con Órdenes de Trabajo ni actuaciones asociadas a evaluaciones de riesgo, según lo informado por la Dirección de Evaluación de Riesgo. La jefe de Oficina Jurídica agregó que ninguno de los elementos incorporados al expediente se relacionaba con su misionalidad ni permitía inferir alguna actuación, omisión, irregularidad administrativa o vulneración de derechos fundamentales de su parte, por lo que no se pronunciaría sobre los demás asuntos, sin que ello implicara reconocer alguno de los hechos o pretensiones ajenos a su competencia. Posteriormente, la jefe de Oficina Jurídica sostuvo que, contrario a lo señalado por la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos, la UNP no omitió sus obligaciones, sino que actuó conforme al principio de legalidad y al debido proceso. Esto, en tanto el Programa de Prevención y Protección se rige por los principios de (i) causalidad[341], que exige que los interesados al menos demuestren de forma sumaria una “conexidad directa entre el riesgo y el ejercicio de las actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias”[342], para activar sus mecanismos de evaluación, y (ii)oportunidad, que la obliga a tomar medidas de forma ágil y expedita, cuando una solicitud formal, que supone el consentimiento del beneficiario, habilita el trámite[343]. Al respecto, afirmó que el Auto 04 de 2009 ordenó obligaciones de carácter colectivo y de política pública, pero no creó obligaciones de protección individuales y automáticas; que la presunción de riesgo extraordinario que reconoce la jurisprudencia constitucional respecto de líderes sociales y defensores de derechos humanos no implica la concesión de estas medidas, sino que se limita a una carga de la prueba a favor del solicitante[344], máxime cuando iniciar evaluaciones de riesgo individuales para todos los miembros de una comunidad reconocida en peligro colectivo generaría una imposibilidad operativa y jurídica para la UNP, y que el procedimiento del análisis de riesgo es posterior a la admisión de una solicitud[345]. En este orden, expuso que el proceso a seguir es (i) la presentación del ingreso al programa por el interesado; (ii) la verificación de los requisitos formales por la UNP; (iii) de ser procedente, la activación del Grupo de Valoración Preliminar; (iv) la evaluación de riesgo con enfoque diferencial, y (v) la decisión sobre las medidas a adoptar por el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM). En este sentido, insistió en la necesidad de activar formalmente el procedimiento, para lo cual solicitó a la Corte que, de estimarlo pertinente, exhortara a los accionantes o entidades competentes para que orientaran a los miembros del pueblo Kamëntsá sobre el procedimiento de presentación de solicitudes de protección ante la UNP. Además, precisó que el temor no era equiparable a una solicitud formal en términos jurídicos y que, en este caso, podrían no concurrir los elementos de un riesgo extraordinario, esto es, un riesgo “específico e individualizable, concreto y fundado en hechos particulares y manifiestos, presente y no eventual, importante, serio, claro y discernible, excepcional y desproporcionado”[346]. No obstante, en respeto de la vida y autonomía de la comunidad indígena, así como en reconocimiento de su vulnerabilidad histórica asociada a la presunción de riesgo extraordinario reconocida por la jurisprudencia constitucional respecto de líderes y comunidades indígenas en zonas de conflicto, manifestó su disposición a atender de manera prioritaria y con enfoque diferencial étnico[347] cualquier solicitud de protección que los miembros del pueblo Kamëntsá Ftumaijay llegaran a presentar y a coordinarse con las demás entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas para garantizar una respuesta integral, de conformidad con el principio de concurrencia y coordinación.

ANEXO 2

Resumen de los videos allegados al expediente durante el proceso

1. Videos aportados con la acción de tutela

Persona	Resumen
**Mario, propietario y residente de la vereda San Félix**^{^[348]}	Expone su oposición a la actividad minera en la ribera del río Putumayo a partir de su experiencia de vida en la zona desde la niñez. Señala que la extracción de piedra ha deteriorado progresivamente el río, lo que afecta su equilibrio natural y se traduce en pérdida de pozos, erosión, arrastre de sedimentos y riesgos de desbordamiento en épocas de creciente. Afirma que dichas prácticas responden a la falta de conciencia ambiental y que no comparte la posición de quienes impulsan el proyecto minero, aun cuando algunos de ellos son familiares suyos. Igualmente, manifiesta su inconformidad con las restricciones de acceso al río, al considerar que se trata de un bien colectivo del resguardo que no debería quedar bajo el control de un grupo reducido de personas. Finalmente, solicita la suspensión de las actividades extractivas, la recuperación del uso comunitario del río y la intervención de las autoridades para la protección ambiental y el mantenimiento de la infraestructura vial, aclarando que su postura obedece a un interés comunitario y no personal.
**Mercedes, propietaria de predios inmediatos al río (veredas San Javier y Tamabioy)**^{^[349]}	La señora Mercedes, exautoridad del territorio y propietaria de predios ubicados en las riberas del río en los sectores de San Javier y la vereda Tamabioy, manifiesta su oposición al proyecto de minería legal que una asociación pretende adelantar dentro del territorio colectivo, señalando que dicha iniciativa no fue consultada ni aprobada por la totalidad de la comunidad. Explica que desde su infancia el río constituye la única vía de acceso a sus terrenos, acceso que se realiza mediante una tarabita que ha sido reiteradamente afectada por inundaciones, situación que, según afirma, se ha agravado por la extracción de arena y piedra del cauce, generando daños ambientales, alteración del curso natural del río, pérdida de vías y mayores riesgos para las familias que habitan en las riberas y zonas bajas, quienes terminan con viviendas inundadas y cubiertas de lodo. Señala que los costos de reparación de la tarabita han debido ser asumidos por los propios afectados ante la falta de apoyo de la asociación promotora del proyecto, y cuestiona que las autoridades del cabildo hayan otorgado su aval sin una consulta previa a toda la comunidad. Finalmente, advierte que la concesión de una licencia minera por treinta años comprometería gravemente el territorio y el bienestar de las generaciones futuras, y aunque reconoce las necesidades económicas existentes, sostiene que la comunidad indígena tiene un deber histórico de proteger la naturaleza, razón por la cual solicita que no se otorgue la licencia minera sin el consentimiento previo, libre e informado de toda la comunidad.
**Fabio, residente de la vereda San Félix**^{^[350]}	Expresa su preocupación y oposición frente a un proyecto de minería, cuya existencia, según afirma, conocieron recientemente y ha generado situaciones que considera delicadas para la comunidad. Relata que la actividad minera, mediante el uso de maquinaria, ha ocasionado afectaciones en parcelas y espacios de siembra de miembros del resguardo, así como impactos ambientales visibles en el río, incluyendo huellas de maquinaria, derrames de aceites y combustibles, disminución de peces y aves, y alteración del ecosistema, lo que, a su juicio, afecta el modo de vida indígena, la relación espiritual con el territorio, la medicina tradicional, los rituales y las costumbres ancestrales. Manifiesta que nunca se solicitó el consentimiento ni se realizó un proceso de concertación con la comunidad para el otorgamiento de la licencia, lo cual le genera preocupación por las consecuencias futuras para sus hijos y nietos, y señala que los presuntos beneficiarios no serían habitantes de la ribera ni de las veredas involucradas, sino que solo algunas familias se estarían beneficiando económicamente, restringiendo además el acceso libre y comunitario al río. En ese contexto, solicita a la autoridad judicial la revocatoria de la licencia minera, la investigación sobre la forma en que fue adquirida, afirmando que quienes figuran como titulares no han ejercido minería ni artesanal ni comercial y desempeñan otros oficios, y que se analicen posibles reparaciones por los daños ocasionados, con el fin de que el río recupere las condiciones que tenía anteriormente.
**Laura, residente de la vereda de San Félix**^{^[351]}	Describe el valor histórico, cultural, espiritual y ambiental del territorio como espacio de vida comunitaria, uso tradicional del río, recolección de plantas medicinales y transmisión de saberes ancestrales aprendidos de sus abuelos y posteriormente compartidos con sus hijos, nietos y la niñez a través de su labor pedagógica y etnobotánica. Señala que estos espacios han sido progresivamente deteriorados por la extracción de material, lo que ha generado la desaparición de plantas medicinales, la afectación del río y la pérdida de prácticas comunitarias tradicionales. En el video hace un recorrido donde se identifica la instalación de letreros que restringen el paso y anuncian la existencia de un territorio con licencia minera, los cuales, según su relato, evidencian la transformación de un espacio colectivo y de libre uso en un territorio minero. Desde esa experiencia manifiesta su oposición al proyecto de minería legal, al considerar que responde a intereses lucrativos que desconocen el sentido espiritual de la Madre Tierra y que la licencia minera fue otorgada sin una decisión colectiva amplia ni la participación de la totalidad de la comunidad del valle de Sibundoy, lo que refleja un conflicto interno frente al proyecto. Finalmente, solicita a la autoridad judicial la suspensión de las actividades mineras, al estimar que el material existente no justifica el daño ambiental, cultural y espiritual que se estaría generando ni garantiza beneficios reales para la comunidad.
**Paulina, comunera del pueblo Kamëntsá**^{^[352]}	La interviniente describe la relación histórica, cultural y espiritual de su comunidad con el río Putumayo, al que identifica como fuente de vida, conocimiento ancestral, alimentación y biodiversidad desde su niñez. Señala que en los últimos años el territorio ha sido afectado por actividades mineras que, según su relato, han deteriorado gravemente el cauce del río y el entorno ambiental, poniendo en riesgo la vida de la comunidad y de los habitantes del valle. Manifiesta su oposición a la minería legal proyectada, al afirmar que las licencias otorgadas no contaron con el consentimiento ni la participación de la comunidad indígena, y que ni los solicitantes de las licencias ni entidades como Corpoamazonia y la Agencia Nacional de Minería habrían realizado procesos de información o diálogo comunitario. Solicita la revocatoria de dichos permisos, al considerar que vulneran el derecho al agua, la salud, la vida y la pervivencia colectiva, no solo de la comunidad indígena sino de todos los habitantes del Valle de Sibundoy.
**Gonzalo, comunero del pueblo Kamëntsá**^{^[353]}	Expresa su oposición al proyecto de minería legal en el territorio colectivo, al afirmar que las licencias y resoluciones fueron otorgadas sin consentimiento previo, libre e informado ni consulta previa, y con información que no refleja el número real de familias y personas que habitan el territorio. Sostiene que las autoridades comunitarias que participaron en el trámite no consultaron ni representaron a la mayoría de la comunidad y que la minería no forma parte de los planes de vida ni de las prácticas tradicionales del pueblo, por lo que su ejecución pone en riesgo la supervivencia física y cultural de la comunidad. Igualmente, señala que la presencia de titulares mineros ha generado temor e inseguridad, restringiendo la libre circulación, el acceso al río y el desarrollo de actividades cotidianas, y exponiendo a riesgos a quienes se oponen al proyecto y apoyan las acciones jurídicas de defensa del territorio.
**Clara, comunera del pueblo Kamëntsá**^{^[354]}	Expone su testimonio desde el río Putumayo, al que atribuye un valor espiritual, cultural y de subsistencia, señalando que desde su infancia el río fue cuidado comunitariamente y utilizado de manera respetuosa para obtener alimentos, remedios tradicionales y sustento básico. Relata que la minería conocida en el pasado era artesanal, esporádica y realizada por personas específicas de la comunidad, sin uso de maquinaria ni explotación intensiva, y destinada únicamente al sostenimiento familiar. Manifiesta su oposición a la actual actividad minera mecanizada y a las acciones de asociaciones que, según afirma, han intervenido el río con maquinaria pesada sin un proceso adecuado de diálogo comunitario, generando erosión, pérdida de árboles, alteración del cauce, disminución de materiales y afectación de predios familiares y de comunidades aguas abajo. Indica que quienes han intentado defender el río han enfrentado restricciones de acceso, presiones y amenazas, lo que ha profundizado el conflicto interno. Precisa que su desacuerdo no obedece a envidia ni rechazo al beneficio económico, sino a la preocupación por el daño ambiental, la ruptura del tejido comunitario y la necesidad de proteger el territorio y la madre tierra mediante decisiones colectivas, diálogo y respeto entre los miembros de la comunidad.
**Silvia, residente de la vereda San Francisco**^{^[355]}	Manifiesta su oposición a las actividades mineras desarrolladas en el río Putumayo, al considerar que este constituye un espacio sagrado y de uso colectivo que históricamente perteneció a toda la comunidad. En su testimonio relata que, durante su infancia, el río era de libre acceso y se utilizaba para actividades recreativas, educativas, espirituales y medicinales, incluyendo rituales de sanación, curaciones tradicionales y recolección de plantas medicinales, prácticas que, según afirma, se han visto afectadas o impedidas por la presencia de la minería. Sostiene que dichas actividades han generado deterioro ambiental, contaminación, acumulación de desechos, alteración del cauce del río y restricciones de acceso para la comunidad, lo que ha producido temor y tristeza entre sus habitantes. De igual forma, expone afectaciones directas sufridas por su familia y otras del sector, consistentes en inundaciones recurrentes derivadas de la extracción de material del río y trabajos de descolmatación, que han ocasionado la pérdida total de cultivos, huertas tradicionales y medios de subsistencia, sin que, según indica, hayan recibido apoyo efectivo por parte de las autoridades estatales, lo cual refuerza su llamado a la defensa colectiva del territorio y a que no sea un grupo reducido quien se beneficie de su explotación.

XII. Videos aportados por los accionantes durante el trámite de revisión

Persona o contenido del video	Resumen
Minga de Pensamiento^{^[356]}	No se identifica la persona que intervino públicamente ante la comunidad y el video no ofrece más contexto que la exposición de una denuncia comunitaria sobre presuntas irregularidades en las declaraciones presentadas ante la Agencia Nacional de Minería. El video detalla cómo ciertos individuos afirman poseer una trayectoria de décadas en la minería artesanal para obtener concesiones de explotación de recursos naturales. No obstante, los habitantes locales desmienten categóricamente estos testimonios, calificando de falsas las cronologías de trabajo presentadas por los solicitantes. Los líderes de la reunión enfatizan que sus reclamos se fundamentan en documentos oficiales y resoluciones administrativas, no en ataques personales. El objetivo principal es evidenciar inconsistencias en los censos mineros para proteger el territorio bajo jurisdicciones indígenas y ordinarias.
Actividades de extracción minera y su localización territorial^{^[357]}	El video reúne registros aéreos y no aéreos que documentan aparentes actividades de extracción realizadas a la orilla de un río. En las imágenes se observa maquinaria propia de estas actividades, como excavadoras hidráulicas, volquetas y camiones de carga, así como áreas de acopio y procesamiento de material. Asimismo, se incorpora un recorrido sobre un mapa que ubica los puntos desde los cuales se efectuaron los registros audiovisuales, los cuales se localizan en inmediaciones del río Putumayo y del municipio de Sibundoy.
*Taita Diego, ex autoridad tradicional del pueblo* Kamëntsá Biyá de Sibundoy^{^[358]}	Un miembro nativo de la comunidad indígena, exautoridad tradicional y descendiente de antiguos gobernadores, manifiesta su oposición al proyecto de minería legal dentro del territorio colectivo. El declarante sustenta su posición en razones históricas, culturales, ambientales y espirituales. Afirma que, según su experiencia de vida en el territorio, la comunidad no ha sido históricamente minera, sino agrícola, pescadora y recolectora, y que las actividades extractivas ancestrales eran manuales, estrictamente reguladas y sin fines comerciales. Sostiene que la minería actual, impulsada por un grupo reducido de comuneros y avalada por algunas autoridades recientes, es ajena al pensamiento tradicional y ha generado graves afectaciones ambientales, culturales y espirituales, especialmente sobre el río Putumayo. Señala que dichas decisiones se adoptaron sin consulta a la comunidad ni a exautoridades, que se apoyan en documentos que considera falsos o descontextualizados, y que desconocen que la máxima autoridad es la asamblea comunitaria. Finalmente, indica que las asambleas recientes han rechazado la actividad minera y exigido su suspensión para garantizar la protección integral de los recursos naturales conforme a los usos y costumbres ancestrales.
*Taita Nicolás, exgobernador del pueblo Kamëntsá Inga de San Francisco*	En el video un exgobernador y exalcalde mayor del cabildo del pueblo Kamëntsá, con experiencia en procesos de defensa territorial, expresa su oposición a la implementación de un proyecto de minería legal en el Valle de Sibundoy, al considerar que todo el territorio es sagrado y cumple una función espiritual, cultural y ambiental esencial para la vida de los pueblos indígenas y de otras regiones. Sostiene que las zonas altas y cerros sagrados del valle constituyen fuentes hídricas estratégicas cuya intervención podría generar afectaciones ambientales graves e irreversibles, y afirma que la minería no forma parte del pensamiento ni de la economía tradicional del pueblo Kamëntsá, siendo una práctica externa y reciente. Advierte que permitir la minería, incluso bajo esquemas de legalización, abriría la puerta a concesiones y organizaciones mineras que pondrían en riesgo la pervivencia del territorio, y señala la existencia de tensiones y desacuerdos internos dentro de la comunidad, al existir sectores que promueven dichas iniciativas sin procesos comunitarios claros ni decisiones colectivas debidamente concertadas^{^[359]}.
**Daniel, ex autoridad tradicional del Pueblo Kamëntsá Biyá de Sibundoy**^{^[360]}	En el video interviene una exautoridad del Cabildo, integrante del pueblo indígena Kamëntsá, quien expone su posición frente a la iniciativa de desarrollar minería legal dentro del territorio colectivo. Fundamenta su postura en la historia ancestral del pueblo, la herencia territorial y la cosmovisión indígena que concibe al territorio como un espacio vivo y sagrado, del cual depende la pervivencia cultural y material de la comunidad. Señala que, conforme a dicha cosmovisión, el uso de los recursos naturales se limita a lo necesario para la subsistencia y el equilibrio, y que la minería no constituye una práctica tradicional del pueblo, sino una actividad reciente y ajena a su forma de vida. Manifiesta que el desarrollo, desde la perspectiva indígena que expone, no se encuentra en la extracción masiva de los materiales de la tierra, sino en el reconocimiento de que cada elemento natural posee un sentido de vida que debe ser respetado. En ese contexto, expresa preocupación por la adopción de dinámicas extractivas por parte de algunos miembros de la comunidad y reitera su rechazo a toda forma de minería en el territorio. Solicita la protección de los lugares sagrados para las generaciones futuras.
**Tatiana, presidenta del Consejo de Mujeres del pueblo Kamëntsá Biyá de Sibundoy**^{^[361]}	La declarante, exautoridad del territorio y descendiente del pueblo Kamëntsá, manifiesta su oposición al proyecto de minería legal, al sostener que dicha actividad no integra la cultura, la cosmovisión ni el plan de vida de los pueblos indígenas. Afirma que la única relación que su comunidad ha tenido históricamente con la minería es de resistencia, basada en el respeto y la defensa del territorio ancestral. Expone que el vínculo del pueblo indígena con la naturaleza se fundamenta en el cuidado, la protección y la conservación de los recursos naturales, especialmente del agua, concebida como elemento esencial para la vida y la pervivencia colectiva. Señala que, según el conocimiento transmitido por sus mayores, no ha existido una práctica minera tradicional en el territorio y que incluso el saber ancestral sobre la posible presencia de metales preciosos en el río reforzaba su carácter sagrado e intangible, sin generar intención de extracción. Indica que la minería responde a una lógica económica ajena a la cosmovisión indígena y que su implementación implicaría afectaciones al suelo, al subsuelo y a las fuentes hídricas, con consecuencias ambientales colectivas contrarias al deber ancestral de protección del territorio.
*Taita Nelson, médico tradicional del pueblo Kamëntsá Biyá de Sibundoy*^{^[362]}	La persona que habla en el video se identifica como médico tradicional, integrante de la comunidad Kamëntsá del Valle de Sibundoy, y expone su posición frente a la minería desde una perspectiva cultural, espiritual y ecológica. Señala que el río y el agua tienen un carácter sagrado para los pueblos indígenas, asociados a prácticas ancestrales de sanación, purificación espiritual y armonización comunitaria, aprendidas de sus mayores y ejercidas desde la niñez. Explica que el agua es central para la vida cultural de la comunidad, pues se utiliza en prácticas tradicionales y rituales de cuidado y protección, siempre bajo formas respetuosas y no contaminantes. Afirma que dichas prácticas se han deteriorado con la llegada de actores externos y actividades que han afectado los ríos, provocando la pérdida de fauna y el deterioro ambiental. Desde esta experiencia, manifiesta oposición a la minería, al considerar que esta genera graves daños ambientales y ecológicos, como la contaminación del agua, inundaciones y afectaciones al territorio, lo cual compromete la subsistencia y la vida en armonía de numerosas familias de las veredas del territorio.
**Inés, comunera del pueblo Kamëntsá Biyá de Sibundoy**^{^[363]}	La declarante, integrante del pueblo indígena Kamëntsá, relata un accidente de tránsito ocurrido el 25 de abril de 2025, en el que ella y su hija menor fueron arrolladas por una volqueta mientras se movilizaban en motocicleta por una vía del municipio de Sibundoy, sin que el conductor prestara auxilio ni asumiera responsabilidad posterior. Afirma que este tipo de hechos se ha incrementado por el aumento del tránsito de volquetas asociado a actividades de extracción minera, las cuales, según señala, se desarrollan de manera imprudente, sin control suficiente y con riesgo para los transeúntes. Indica que los responsables de la actividad, así como el propietario y conductor del vehículo, no se han pronunciado, y que los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía. Finalmente, manifiesta su oposición a la minería en el territorio, al considerar que no hace parte del plan de vida ni de la cosmovisión de su pueblo, orientados históricamente al cuidado de la tierra y del río Putumayo como espacio sagrado.
**Nora, comunera del pueblo Kamëntsá Biyá de Sibundoy**^{^[364]}	La interviniente, integrante del resguardo indígena de San Francisco, manifiesta la oposición al proyecto de minería legal en el territorio colectivo. Sostiene que, histórica y culturalmente, los pueblos indígenas del Valle de Sibundoy no han basado su subsistencia en la minería, sino en la protección de la madre tierra, las fuentes hídricas y la agricultura tradicional. Afirma que la minería no forma parte de su cultura ni de sus planes de vida y salvaguarda, y que representa una amenaza para los ríos y quebradas, considerados esenciales para la pervivencia de la comunidad y de las generaciones futuras. Solicita a las autoridades estatales abstenerse de autorizar proyectos mineros y revisar los instrumentos comunitarios de protección territorial.
**Beatriz, moderadora y comunera del Pueblo Kamëntsá Inga de San Francisco**^{^[365]}	Actúa como moderadora del conversatorio, convocando a algunos miembros del pueblo Inga para rendir testimonio sobre el proyecto de minería legal en el río Putumayo. Introduce a cada interviniente, contextualizando su rol dentro de la comunidad (exautoridades y jóvenes lideresas), y orienta el espacio como un ejercicio de expresión de pensamiento colectivo. En el cierre, sintetiza las posiciones expuestas, al señalar que quienes participan comparten una postura contraria a la minería y a la extracción de recursos dentro del territorio. Igualmente, invoca la protección del medio ambiente, los sitios sagrados y las normas propias que respaldan dicha posición. Concluye con una posición firme de rechazo a la minería y un exhorto a no guardar silencio frente a acciones que la comunidad considere contrarias a la madre tierra ya la comunidad.
**Renata, exautoridad y mayora del Pueblo Kamëntsá Inga de San Francisco**^{^[366]}	Su testimonio se centra en una concepción cultural y ancestral del territorio. Afirma que, históricamente, el pueblo Inga ha sido cuidador de la madre tierra y no un pueblo minero. Señala que las enseñanzas recibidas de los mayores han estado orientadas a la protección y conservación del territorio, no a su explotación. Desde esa perspectiva, expresa una posición contraria a los proyectos mineros, al considerar que estos se oponen a los principios tradicionales de cuidado ambiental y espiritual del territorio colectivo.
**Corina, exalcaldesa del pueblo Kamëntsá Inga de San Francisco**^{^[367]}	Relata que desde generaciones anteriores la comunidad ha sido instruida en la protección de los recursos naturales y no en su explotación. Manifiesta que dicha enseñanza fundamenta su desacuerdo con la explotación minera.
**Alejandra, joven lideresa del pueblo Kamëntsá Inga de San Francisco**^{^[368]}	Interviene desde su condición de joven integrante del pueblo Inga y participante en procesos comunitarios. Expresa de manera directa su desacuerdo con la explotación minera, al argumentar que la prioridad de la comunidad debe ser el cuidado y la protección de la madre tierra.
**Vilma, exautoridad del Pueblo Kamëntsá Inga de San Francisco**^{^[369]}	Manifiesta que los pueblos indígenas, en general, no están a favor de las extracciones mineras dentro de sus territorios. Señala la necesidad de que las autoridades ambientales hagan respetar los territorios indígenas y los sitios sagrados. Propone que estos espacios se conserven como bienes colectivos y lugares para el aprovechamiento comunitario, en lugar de ser destinados a actividades extractivas.

XIII. Videos aportados por la Asociación Ftumaijay

Persona	Resumen
Walter Leandro Chindoy, exgobernador del pueblo Kamëntsá Inga de San Francisco^{^[370]}	Relata que la extracción de material pétreo (arena, piedra, recebo) ha sido histórica en el territorio, primero para obras comunitarias mediante mingas y luego con maquinaria; agrega que hoy también existe extracción artesanal de oro en pequeña escala. Sostiene que, aunque muchos no se reconocen como “mineros”, la comunidad ha usado de forma reiterada dichos materiales para infraestructura y vivienda, con efectos ambientales y tensiones internas, agravadas por cambios previos en el cauce del río Putumayo y la ocupación de rondas hídricas. Sobre la formalización, señala que un grupo acudió al Código de Minas para legalizar una práctica preexistente y cuestiona el trato desigual frente a permisos “temporales” otorgados rápidamente a terceros para extraer material destinado a una obra vial. Como antecedente relevante, indica que la comunidad, mediante consulta previa, permitió la extracción de terceros a cambio de una compensación económica por metro cúbico, y que luego hubo cuestionamientos internos sobre el manejo e impacto de esos recursos, lo que incrementó la conflictividad. Señala que, durante su ejercicio como autoridad, respaldó la continuación de los trámites de formalización únicamente bajo la exigencia de un plan de manejo ambiental responsable. Indica que el proyecto ya cuenta con una concesión minera otorgada mediante acto administrativo. Sostiene que dicha situación genera un escenario de conflicto interno, pues mientras la asociación promotora tendría derechos administrativos adquiridos, un sector de la comunidad manifiesta oposición legítima. Frente a ello, plantea que los asuntos relacionados con la concesión y los actos administrativos deben resolverse en la jurisdicción ordinaria, mientras que los reclamos, señalamientos y desagravios entre miembros de la comunidad deben tramitarse en la jurisdicción indígena, conforme a los usos y costumbres, con el fin de ordenar la actividad, reducir impactos ambientales y evitar una mayor división comunitaria.
**Santiago, fundador y socio de la Asociación Ftumaijay**^{^[371]}	Se identifica como habitante ribereño del río San Francisco y Putumayo, padre de cuatro hijos, y afirma que su vida y sustento dependen del trabajo en su predio y de actividades productivas lícitas (menciona cultivo de uchuva de exportación y generación de empleo local). Describe afectaciones históricas del territorio por desvíos y crecientes del río, presentándolos como fenómenos naturales difíciles de controlar. Rechaza que se responsabilice a los habitantes de la ribera por la contaminación del río o por la supuesta destrucción de cultivos, y sostiene que, por el contrario, quienes habitan allí buscan proteger el entorno para las generaciones futuras. Finalmente, solicita a la Corte enviar delegados al territorio para verificar directamente la situación.
**Carolina, fundadora, titular y socia de la Asociación Ftumaijay**^{^[372]}	Se presenta como integrante del pueblo Kamëntsá y residente del resguardo; refiere que parte del área es privada y otra parte corresponde al resguardo. Explica que, en el pasado, personas externas extraían material de manera frecuente y sin control, generando “desorden” y afectaciones en la zona. Atribuye parte del deterioro observado a la dinámica natural del río y otra parte a esas extracciones no controladas realizadas por terceros. Señala que, ante esa situación, se conformó una asociación con miembros de ambos lados del río, con el propósito de defender derechos y parcelas, evitar el ingreso de externos y proteger el territorio. Niega que la asociación sea responsable del daño y pide “amparo” y verificación presencial por parte de autoridades para constatar la “realidad” en el territorio.
**Sebastián, ingeniero ambiental y socio de la Asociación Ftumaijay**^{^[373]}	Se identifica como miembro del pueblo Kamëntsá, residente del resguardo Tamabioy. Su intervención se centra en el componente ambiental y sanitario: afirma que el río Putumayo presenta contaminación, especialmente por “vertimientos”, lo cual habría impedido actividades recreativas y culturales tradicionales como el baño en el río. Sostiene que la asociación ha desarrollado control territorial y ambiental, recuperación de áreas de reserva y rehabilitación de zonas naturales mediante procesos de reforestación y protección de la ronda hídrica, lo que habría contribuido al control ecológico del río. Solicita a la Corte una visita al territorio para constatar el proceso de control y recuperación que refieren haber adelantado durante varios años.
**Ramiro, fundador, titular y socio de la Asociación Ftumaijay**^{^[374]}	Se presenta como habitante antiguo de la zona ribereña describe que la comunidad ha utilizado material de arrastre del río mediante mano de obra para obras de mitigación, vías terciarias y necesidades constructivas locales. Refiere gestiones previas (búsqueda de firmas) para obtener apoyo institucional y expone que, antes, personas externas abusaban del recurso y no atendían a los residentes; afirma que debieron “sacarlos” para trabajar con tranquilidad y mejorar caminos y vivienda. Reivindica la idea de que los propietarios ribereños son quienes permanecen en el territorio y se benefician del uso del material como parte de su vida comunitaria.
**Sofía, socia de la Asociación Ftumaijay**^{^[375]}	Se identifica como joven residente en el predio familiar en la vereda Tamabioy y narra que creció en un entorno en el que su familia integra y fundó la asociación. Señala que el objetivo de dicha organización es cuidar y preservar el río, y sostiene que la participación juvenil en procesos asociativos fortalece acciones comunitarias. Invita a la Corte a acudir al territorio para observar directamente el proceso de la asociación. Su posición se alinea con el apoyo al esquema asociativo de cuidado y preservación.
**Alicia, socia de la Asociación Ftumaijay**^{^[376]}	Se presenta como residente de la vereda San Félix, expone como problemática inicial la extracción irracional o ilegal sin control y el ingreso de personas externas, y afirma que la asociación se organizó para avanzar en un proceso de legalización y para ejercer control de ingreso a terceros, con el fin de intervenir el material de arrastre de manera “más controlada” y “más técnica”, evitando afectaciones al río. Describe acciones sociales realizadas con recursos limitados (sin maquinaria, ni volquetas), tales como apoyo con material a instituciones rurales y a personas de escasos recursos para caminos o vivienda. Añade que, con apoyo de alcaldía y policía, se mitigaron prácticas indebidas en el espacio (consumo de sustancias, botaderos de basura y abandono de animales), y que se promueve el uso responsable del río mediante recomendaciones a visitantes, sin impedir el acceso. Reconoce que el río está muy contaminado y que ya no se realizan prácticas ancestrales como antes, pero sostiene que buscan contribuir a minimizar impactos y ordenar el espacio.
**Tiberio, socio de la Asociación Ftumaijay**^{^[377]}	Se identifica como habitante de la vereda Tamabioy, con arraigo familiar ribereño. Señala que desde 2015 han impulsado un control territorial para impedir que entidades públicas, privadas o consorcios ingresen al territorio a realizar extracción de material de manera desordenada, y que, pese a ello, persisten daños asociados a olas invernales, afectaciones a vías y bancas, y procesos de colmatación del río. Indica que la extracción manual de piedra y arena ha sido una alternativa de sustento desde aproximadamente 2006, aunque no constituye la principal fuente de ingresos de la comunidad. Precisa que, con anterioridad a la conformación de estos mecanismos de control, tanto entidades externas como los propios resguardos y cabildos indígenas realizaron extracción de material de arrastre mediante convenios y autorizaciones, lo que, según su relato, contribuyó a las afectaciones actuales. En su condición de exautoridad, solicita una visita institucional y afirma que cuentan con un plan de manejo ambiental que delimita las actividades permitidas y prohibidas, insistiendo en que se trata de pequeña minería o aprovechamiento de material de arrastre, y no de megaminería, y que los procesos de colmatación y socavación del cauce justifican intervenciones puntuales orientadas a mitigar desbordamientos. Finalmente, denuncia la existencia de extracción ilegal en otras zonas, incluidas áreas de reserva (“ley segunda”), sin control efectivo por parte de las autoridades competentes.

^{^[1]} En la presente versión anonimizada de la providencia se omiten los nombres de los demás accionantes.

^{^[2]} En la presente versión anonimizada de la providencia se omiten los nombres de los demás accionados (personas naturales).

[3] En algunos de los documentos del expediente, se utilizan, entre otras, las formas Camentsa o Kamentsa para referirse al pueblo. Con el propósito de referirse de manera unificada a dicho pueblo étnico, esta providencia acoge la forma Kamëntsá, que es la principal con la que la Organización Nacional Indígena de Colombia lo identifica. Ver: https://www.onic.org.co/pueblos/118-camentsa.

[4] Expediente digital, archivo “01Demanda”, p. 2.

[5] Ibid., p. 8.

[6] Expediente digital, archivo “01Demanda”, p. 16.

[7] Ibid., p. 17.

[8] Ibid., pp. 71-101.

[9] Ibid., p. 94.

[10] Ibid., pp. 102-172.

[11] Ibid., p. 546.

[12] Ibid., p. 170.

[13] Ibid.

[14] Ibid., pp. 173-198.

[15] Ibid., p. 192.

[16] Expediente digital, archivo “14. ARE-RLJ-08001X”, p. 20.

[17] Expediente digital, archivo “01Demanda”, p. 36.

[18] Ibid., p. 37.

[19] Expediente digital, archivo “09ContestacionTutela”.

[20] Ibid., p. 3.

[21] Ibid., p. 6.

[22] Ibid., p. 8.

[23] Expediente digital, archivo “11ContestacionTutela”.

[24] Expediente digital, archivo “17ContestacionTutela”. El juzgado de primera instancia decidió vincularlos mediante el Auto del 15 de noviembre de 2024. Expediente digital, archivo “14AutoTramite”.

[25] Ibid., p. 3.

[26] Expediente digital, archivo “45ContestacionTutelaCuradora”. El juzgado de primera instancia decidió vincularlos mediante el Auto del 15 de noviembre de 2024. Expediente digital, archivo “14AutoTramite”. La Sala aclara que, por medio del Auto del 20 de enero de 2025, la Sala Única de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa declaró la nulidad de lo actuado desde la sentencia de primera instancia proferida el 22 de noviembre de 2024 porque encontró que la autoridad judicial respectiva no notificó adecuadamente ni a las personas cuyos nombres aparecían en las listas de socialización del proyecto que fueron allegadas al proceso ni a las “personas indeterminadas” que consideraran que sus derechos podrían resultar afectados por el proceso, a quienes había vinculado al admitir la tutela. Expediente digital, archivo “07AutoNulidad”. Mediante Auto del 22 de enero de 2025, el Juzgado Promiscuo de Familia de Sibundoy (Putumayo) subsanó la nulidad decretada por su superior y, para el efecto, emplazó a los integrantes de las listas de asistencia a las reuniones de socialización del proyecto y designó a una curadora ad litem. Expediente digital, archivo “37AdmiteTutelaNulidad”. Luego de las actuaciones procesales respectivas, se profirieron las sentencias de instancia que ahora la Corte revisa.

[27] Ibid.

[28] Expediente digital, archivo “12ContestacionTutela”.

[29] Expediente digital, archivo “13ContestacionTutela”.

[30] Expediente digital, archivo “16ContestacionTutela”.

[31] Expediente digital, archivo “24ContestacionTutela”.

[32] Expediente digital, archivo “23ContestacionTutela”.

[33] Ibid., p. 6.

[34] Ibid.

[35] Expediente digital, archivo “10ContestacionTutela”.

[36] Expediente digital, archivo “47SentenciaPrimeraInstancia”.

[37] Expediente digital, archivo “50Impugnacion”.

[38] Expediente digital, archivo “49Impugnacion”.

[39] Expediente digital, archivo “50Impugnacion”, pp. 13-15.

[40] Expediente digital, archivo “07Sentencia”.

[41] Ibid., p. 13.

[42] Ibid., p. 14.

[43] Decisión adoptada mediante el Auto del 29 de julio de 2025, notificado el 13 de agosto del mismo año. La Sala la conformaron la magistrada Natalia Ángel Cabo y el magistrado Miguel Polo Rosero.

[44] En cumplimiento del tercer inciso del artículo 53 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional (Acuerdo 01 de 2025), la presente sentencia hace referencia al contenido de la insistencia.

[45] Esta providencia suspendió los términos del proceso por dos meses, en virtud del artículo 63 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional (Acuerdo 01 de 2025). Posteriormente, mediante el Auto del 9 de febrero de 2026, la Sala de Revisión resolvió mantener la suspensión de términos por un mes adicional. Finalmente, a través de la providencia del 17 de marzo de 2026 y con base en un informe que la magistrada ponente presentó a la Sala de Revisión el 6 de marzo, esta Corporación mantuvo la suspensión de los términos del proceso por tres meses adicionales, dada la complejidad del asunto y la trascendencia del caso. Las decisiones de suspensión se dieron en el marco del decreto de las pruebas que se resumen en la presente sentencia.

[46] Auto notificado el 12 de noviembre de 2025. Ver: expediente digital, archivos “05Auto-1738_de_2025._T-11.074.329” y “05CONSTANCIA_ESTADO_T-11074329”.

[47] Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), Procuraduría Delegada Preventiva y de Control de Gestión 4 para Asuntos Étnicos , Defensoría Delegada para Grupos Étnicos de la Defensoría del Pueblo, Instituto Amazónico de Investigaciones (IMANI) de la Universidad Nacional de Colombia (Sede Amazonia), Sede Amazonia de la Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de Nariño, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad del Cauca y Universidad de la Amazonia.

[48] Auto notificado el 3 de febrero de 2026. Ver: expediente digital, archivo “10Auto_de_pruebas_Exp_T-11.074.329_consulta_previa_segundo_”.

[49] Auto comunicado el 16 de marzo de 2026. Expediente digital, archivos “14auto_de_pruebas_T-11.074.329pdf” y “14Oficio16Mar-26ComunicacionT-11074329”.

[50] Procuraduría Delegada Preventiva y de Control de Gestión 4 para Asuntos Étnicos, Defensoría Delegada para Grupos Étnicos de la Defensoría del Pueblo, Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC), Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Comunidad de Juristas Akubadaura, Dejusticia, Universidad del Cauca, Universidad de Nariño, Universidad de Antioquia, el experto Kasokaku Busintana Mestre Izquierdo y la experta Tatiana Alfonso Sierra.

[51] El Instituto Amazónico de Investigaciones (IMANI) y la Sede Amazonia de la Universidad Nacional de Colombia, las facultades de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de Nariño y de la Universidad del Cauca, la Universidad de la Amazonia, así como algunos de los expertos y expertas invitados no se pronunciaron.

[52] Expediente digital, archivo “AUTO_PARP_514_ARE-RLJ-08001X_CT287_2025”, p. 12. El concepto mencionado, que la ANM anexó también a su informe, recomendó a la autoridad administrativa “recordar” a los titulares mineros que “NO pueden realizar actividades de explotación en el área del título minero, hasta tanto cuente [sic] con Plan de Gestión Social – PGS aprobado”. Expediente digital, archivo “PAR-PASTO-287-ARE-RLJ-08001X-25”, p. 31.

[53] Expediente digital, archivo “REQUERIMIENTOEXPEDIENTE11.074.3291-2”, p. 10.

[54] “[P]or medio del presente se INICIA TRAMITE ADMINISTRATIVO de la SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL GLOBAL O DEFINITIVA para el proceso de formalización minera tradicional presentada por los titulares de la placa ARE-RLJ-08001X, el señor Ramón, identificado con cédula de ciudadanía no. 97.472.527 de Sibundoy (Putumayo) y otros, para el proyecto denominado: Formalización Minera Con Placa ARE-RLJ08001X, Ubicada en los municipios de San Francisco y Sibundoy, departamento del Putumayo”. Expediente digital, archivo “Contestación a preguntas ordenadas mediante auto 1738 de 2025 del 6 de noviembre de 2025, notificado el 12 de noviembre de 2025 y anexos (1)”, pp. 25-30.

[55] Auto 004 de 2009.

[56] Ver, por ejemplo, la sentencias T-703 de 2008, T-792 de 2012, T-208 de 2019 y T-387 de 2020. Esta postura ha sido reiterada en múltiples ocasiones por la Corte al resolver conflictos de jurisdicción que involucran a la jurisdicción especial indígena y que exigen valorar la pertenencia de las partes procesales a una comunidad étnica para determinar si se cumple el factor subjetivo exigido para la configuración de la competencia de dicha jurisdicción. Al respecto, ver, entre muchos otros, los autos 029 de 2022 y 1943 de 2024.

[57] Corte Constitucional, Sentencia T-375 de 2023.

[58] Corte Constitucional, sentencias T-643 de 2013 y T-145 de 2016.

[59] Ibid.

[60] Corte Constitucional, sentencia T-454 de 2018.

[61] Ibid.

[62] Expediente digital, archivo “REQUERIMIENTOEXPEDIENTE11.074.329”, p. 14.

[63] La Corte ha llegado a conclusiones similares, por ejemplo, en la Sentencia T-375 de 2023. Este Tribunal aclara que en ese caso se estudió la relación de indefensión con empresas mineras externas al pueblo étnico, por lo que no es estrictamente asimilable al presente caso. No obstante, esta Corporación encuentra acreditado el requisito de procedencia por las razones que se explican en esta providencia.

[64] Expediente digital, archivo “REQUERIMIENTOEXPEDIENTE11.074.3291-2”.

[65] Expediente digital, archivo “14AutoTramite”.

[66] Expediente digital, archivo “18AutoTramiteVincula”.

[67] Ver al respecto, por ejemplo, la Sentencia SU-123 de 2018.

[68] Expediente digital, archivo “18AutoTramiteVincula”.

[69] En este punto la presente sentencia retoma las consideraciones de la Sentencia T-498 de 2023, que, a su vez, reiteró la Sentencia SU-123 de 2018.

[70] Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

[71] Corte Constitucional, sentencias T-243 de 2023 y T-433 de 2023.

[72] Sobre la valoración de la diligencia de las comunidades étnicas en la defensa de sus derechos y el análisis de la razonabilidad del término en casos en los que estas acuden a la tutela, ver, por ejemplo, las sentencias T-375 de 2023 y T-248 de 2024.

[73] Ley 685 de 2001, artículo 31. “Reservas especiales. El Gobierno Nacional por motivos de orden social o económico determinados en cada caso, de oficio o por solicitud expresa de la comunidad minera, en aquellas áreas en donde existan explotaciones tradicionales de minería informal, delimitará zonas en las cuales temporalmente no se admitirán nuevas propuestas, sobre todos o algunos minerales. Su objeto será adelantar estudios geológico-mineros y desarrollar proyectos mineros estratégicos para el país destinados a determinar las clases de proyectos mineros especiales y su puesta en marcha. En todo caso, estos estudios geológico-mineros y la iniciación de los respectivos proyectos no podrán tardar más de dos (2) años. La concesión sólo se otorgará a las mismas comunidades que hayan ejercido las explotaciones mineras tradicionales, así hubiere solicitud de terceros. Todo lo anterior sin perjuicio de los títulos mineros vigentes, otorgados o reconocidos”.

[74] Ver al respecto, la intervención extemporánea del Ministerio de Minas y Energía en el presente proceso. Expediente digital, archivo “2-2026-024424 - PRONUNCIAMIENTO CORTE CONST”.

[75] El certificado de existencia y representación legal de la Asociación Ftumaijay fue allegado al trámite de revisión por su representante legal y su apoderada. Expediente digital, archivo “REQUERIMIENTOEXPEDIENTE11.074.329”, p. 14.

[76] Expediente digital, archivo “Contestación a preguntas ordenadas mediante auto 1738 de 2025 del 6 de noviembre de 2025, notificado el 12 de noviembre de 2025 y anexos (1)”.

[77] Expediente digital, archivo “01Demanda”, p. 8.

[78] Este acápite adapta, en lo pertinente, parte de las consideraciones de la Sentencia T-498 de 2023, que, a su vez, reiteró las reglas de unificación establecidas en la Sentencia SU-123 de 2018.

[79] Corte Constitucional, Sentencia SU-123 de 2018.

[80] Corte Constitucional, Sentencia SU-123 de 2018. “La jurisprudencia constitucional, en armonía con el derecho internacional, ha definido la afectación directa como el impacto positivo o negativo que puede tener una medida sobre las condiciones sociales, económicas, ambientales o culturales que constituyen la base de la cohesión social de una determinada comunidad étnica. Procede entonces la consulta previa cuando existe evidencia razonable de que una medida es susceptible de afectar directamente a un pueblo indígena o a una comunidad afro descendiente”.

[81] De acuerdo con la Sentencia T-294 de 2014, “la justicia ambiental puede ser entendida como el tratamiento justo y la participación significativa de todas las personas independientemente de su raza, color, origen nacional, cultura, educación o ingreso con respecto al desarrollo y la aplicación de las leyes, reglamentos y políticas ambientales”.

[82] Corte Constitucional, Sentencia SU-123 de 2018.

[83] Ibid.

[84] Ibid.

[85] Ibid.

[86] Corte Constitucional, Sentencia SU-121 de 2022.

[87] Corte Constitucional, Sentencia SU-123 de 2018.

[88] Ibid.

[89] Ibid.

[90] Ibid.

[91] Para sustentar la distinción que planteó, la Sentencia SU-111 de 2020 citó a Will Kymlicka, quien distingue entre las reivindicaciones que un grupo podría hacer contra sus propios miembros y las que podría hacer contra la sociedad que lo engloba. Kymlicka, Will. Ciudadanía multicultural. Una teoría liberal de los derechos de las minorías. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 1996, p. 58.

[92] Expediente digital, archivo “Respuesta al cuestionario T-11.074.329”.

[93] Expediente digital, archivo “2026 03 30 IntervencionCC_CasoKamentsa_Akubadaura”.

[94] Corte Constitucional, Sentencia SU-111 de 2020.

[95] Corte Constitucional, Sentencia SU-419 de 2024.

[96] Ver, por ejemplo, las sentencias T-221 de 2021 y T-248 de 2024.

[97] Corte Constitucional, Sentencia T-248 de 2024.

[98] Ibid.

[99] Corte Constitucional, Sentencia SU-111 de 2020.

[100] Ibid.

[101] Expediente digital, archivo “2026 03 30 IntervencionCC_CasoKamentsa_Akubadaura”.

[102] Ibid., p. 7.

[103] Expediente digital, archivo “p.s._camentza_version preliminar_0”, p. 82. Este documento es el diagnóstico inicial que precedió al Plan de Salvaguarda del pueblo Kamëntsá. Fue allegado al proceso durante el trámite de revisión por la Defensoría del Pueblo.

[104] Expediente digital, archivo “04. PLAN INTEGRAL DE VIDA 2020 KAMËNTSA”.

[105] Ibid., p. 9. Según indica el Plan Integral de Vida Kamëntsá, el testamento del taita Carlos Tamoabioy fue protocolizado en la Notaría 2 del Circuito de Pasto el 6 de septiembre de 1928.

[106] Expediente digital, archivo “p.s._camentza_version preliminar_0”, p. 42.

[107] Ibid., p. 84.

[108] Ibid., p. 46.

[109] Ibid.

[110] Ambas autoridades tradicionales allegaron, durante el trámite de revisión y en respuesta a los requerimientos probatorios de la magistrada ponente, el Plan de Salvaguarda del Pueblo Kamëntsá adoptado en abril de 2014 en el marco de un convenio interadministrativo entre el Ministerio del Interior y el Cabildo Indígena Kamëntsá Biyá de Mocoa (Putumayo). Expediente digital, archivos “DOCUMENTO DIANÓSTICO PLAN SALVAGUARDA PUEBLO KAMËNTSÁ 2014” Y “05. PLAN_SALVAGUARDA_PUEBLO_KAMËNTSÁ_2014”, p. 6.

[111] Expediente digital, archivo “01. Copia integral de la solicitud de Area de Reserva Especial”, p. 1.

[112] Ibid., p. 46.

[113] Ibid., p. 52.

[114] Ibid., p. 53.

[115] Ibid., p. 52.

[116] Ibid., p. 53.

[117] Ibid.

[118] Expediente digital, archivo “2. AA Resolución 293 2018 - Delimita ARE Sibundoy y San Francisco”, p. 7.

[119] Ibid., p. 24.

[120] Expediente digital, archivo “Oficio que informa la necesidad de visita de verificación_20251120173035”.

[121] Ibid., p. 2.

[122] Expediente digital, archivos “5.4Correo_ministerio del interior”, “5.9Correo_MINISTERIO DEL INTERIOR”, “INFORME - Auto de pruebas 1738” y “10.16Correo_MINISTERIO DEL INTERIOR”.

[123] Expediente digital, archivo “12ContestacionTutela”, pp. 36 y 39.

[124] Ibid., p. 61.

[125] Expediente digital, archivo “01Demanda”, pp. 173-198.

[126] Ibid., p. 182.

[127] Corte Constitucional, Auto 004 de 2009.

[128] Expediente digital, archivo “01Demanda”.

[129] Expediente digital, archivos “5.8Correo_Salomé”, “REQUERIMIENTOEXPEDIENTE11.074.3291”, “5.12Correo_Asociación FTUMAIJAY”, “Respuesta Corte Asoftumaijay”, “13.2Correo_Asociación FTUMAIJAY” y “Respuesta corte constitucional”.

[130] Expediente digital, archivos “5.5Correo_Pueblo Indígena Kamëntsá Biyá”, “Respuesta Auto 1738 del 6-nov-2025”, 5.13Correo_Indígena Kamëntšá Biyá”, “INTERVENCION Y RESPUESTA (CORTE CONSTITUCIONAL)”, 5.1Correo_Resguardo Indígena Kamëntšá” y “AUTO 1738 RESPUESTA MINERIA”.

[131] Expediente digital, archivos “5.6Correo_ ICANH”, “Respuesta_al_Oficio_OPTC-560-2025_-_Expediente_T-” y “ANEXO_2_Concepto_del_Expediente_T-11.074.329”.

[132] Expediente digital, archivos “5.7Correo_ Defensoría del Pueblo”, “RESPUESTA CORTE” y “Respuesta delegada de constitucionales”.

[133] Ver los resúmenes de los videos incorporados en el Anexo 2 de la presente sentencia.

[134] Expediente digital, archivo “04. PLAN INTEGRAL DE VIDA 2020 KAMËNTSA”.

[135] Expediente digital, archivo “05. PLAN_SALVAGUARDA_PUEBLO_KAMËNTSÁ_2014”.

[136] Respuesta remitida por la defensora delegada para los asuntos constitucionales y legales el 25 de noviembre de 2025. La información se encuentra en un informe preparado por la Defensoría Delegada para Grupos Étnicos. Ver: expediente digital, archivo “RESPUESTA CORTE”.

[137] Expediente digital, archivo “01Demanda”, pp. 102-172.

[138] Expediente digital, archivos “01Demanda”, “Contestación a preguntas ordenadas mediante auto 1738 de 2025 del 6 de noviembre de 2025, notificado el 12 de noviembre de 2025 y anexos (1)” y “REPUESTA OFICIO OPTC-086-2026-MATERIAL PROBATORIO SOLICITADO PARA EL EXPEDIENTE T- 11.074.329 Y ANEXO.-.”.

[139] Expediente digital, archivos “Respuesta Auto 1738 del 6-nov-2025”, “INTERVENCION Y RESPUESTA (CORTE CONSTITUCIONAL)”, “RESPUESTA CORTE CONSTITUCIONAL”, y “PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LA ASOCIACION FTUMUJAY”.

[140] Expediente digital, archivos “09ContestacionTutela”, “REQUERIMIENTOEXPEDIENTE11.074.3291” y “Respuesta Corte Asoftumaijay”.

[141] Expediente digital, archivo “01Demanda”, pp. 102-172.

[142] Ibid.

[143] Corte Constitucional, Sentencia SU-123 de 2018.

[144] Corte Constitucional, Sentencia SU-121 de 2022.

[145] Ibid.

[146] Expediente digital, archivos “5.2Correo_Lucrecia”, “Contestación a preguntas ordenadas mediante auto 1738 de 2025 del 6 de noviembre de 2025, notificado el 12 de noviembre de 2025 y anexos (1)”.

[147] Expediente digital, archivos “5.5Correo_Pueblo Indígena Kamëntsá Biyá”, “Respuesta Auto 1738 del 6-nov-2025”, 5.13Correo_Indígena Kamëntšá Biyá”, “INTERVENCION Y RESPUESTA (CORTE CONSTITUCIONAL)”, “5.1Correo_Resguardo Indígena Kamëntšá” y “AUTO 1738 RESPUESTA MINERIA”.

[148] Expediente digital, archivos “Respuesta_al_Oficio_OPTC-560-2025_-_Expediente_T-” y “ANEXO_2_Concepto_del_Expediente_T-11.074.329”.

[149] Expediente digital, archivos “RESPUESTA CORTE” y “Respuesta delegada de constitucionales”.

[150] Expediente digital, archivos “5.8Correo_Salomé”, “REQUERIMIENTOEXPEDIENTE11.074.3291”, “5.12Correo_Asociación FTUMAIJAY” y “Respuesta Corte Asoftumaijay”.

[151] Corte Constitucional, Sentencia SU-123 de 2018.

[152] [152] Expediente digital, archivo “2. AA Resolución 293 2018 - Delimita ARE Sibundoy y San Francisco”, p. 24.

[153] Expediente digital, archivo “01Demanda”, p. 170.

[154] Expediente digital, archivo “REQUERIMIENTOEXPEDIENTE11.074.3291-2”, p. 10.

[155] Expediente digital, archivo “2. AA Resolución 293 2018 - Delimita ARE Sibundoy y San Francisco”, pp. 2-3.

[156] Expediente digital, archivo “01Demanda”, pp. 559-560.

[157] Expediente digital, archivo “Oficio con radicado 2025-2-002104-052659 Id 654001”.

[158] Expediente digital, archivo “Respuesta Auto 1738 del 6-nov-2025”.

[159] Expediente digital, archivo “01Demanda”, pp. 557-558. Este documento fragmenta la población de acuerdo con la vereda donde habita. Para efectos de esta providencia, la Sala totalizó el número de personas y familias.

[160] Expediente digital, archivo “Oficio con radicado 2025-2-002104-052659 Id 654001”.

[161] Expediente digital, archivo “AUTO 1738 RESPUESTA MINERIA”.

[162] Expediente digital, archivo “Auto de Inicio EIA PLACA ARERLJ-08001X”, p. 6.

[163] Expediente digital, archivo “09ContestacionTutela”, p. 164.

[164] Ibid., pp. 167-169.

[165] Ibid., pp. 170-172.

[166] Expediente digital, archivo “Respuesta Traslado - Corte Constitucional”, p. 4.

[167] Expediente digital, archivos “Respuesta Auto 1738 del 6-nov-2025” y “AUTO 1738 RESPUESTA MINERIA”.

[168] Expediente digital, archivo “06. MANUAL DE JUSTICIA PROPIA 2020”.

[169] El documento, que estuvo incorporado en algunas de las intervenciones del proceso, se puede consultar en: https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/fortalecimiento-etnico/Documents/banco-2019/25.%20DOC.%20FINAL%20LINEA%20BASE%20DE%20JUSTICIA%20KAMENTSA%202020%20(1).

[170] Expediente digital, archivo “AUTO 1738 RESPUESTA MINERIA”, p. 1.

[171] Expediente digital, archivo “Respuesta Auto 1738 del 6-nov-2025”, p. 3.

[172] Expediente digital, archivo “06. MANUAL DE JUSTICIA PROPIA 2020”.

[173] Ibid., p. 48.

[174] Expediente digital, archivo “06. MANUAL DE JUSTICIA PROPIA 2020”. La información también está plasmada en la Línea Base de Justicia del Pueblo Kamëntsá.

[175] Expediente digital, archivos “Respuesta Corte Asoftumaijay”, “Respuesta Auto 1738 del 6-nov-2025” y “AUTO 1738 RESPUESTA MINERIA”. El Cabildo Kamëntsá Inga de San Francisco afirmó que ninguna autoridad hacía parte de la Asociación. Sin embargo, la Asociación Ftumaijay presentó una lista de algunos de sus miembros que han ocupado dignidades en el sistema de gobierno de dicho resguardo.

[176] Expediente digital, archivo ““Respuesta Auto 1738 del 6-nov-2025”, p. 5.

[177] Ibid.

[178] Ibid.

[179] Expediente digital, archivo “Respuesta Traslado - Corte Constitucional”, p. 12.

[180] Respuesta recibida el 20 de noviembre de 2025. Ver: expediente digital, archivos “5.2Correo_Lucrecia”, “Contestación a preguntas ordenadas mediante auto 1738 de 2025 del 6 de noviembre de 2025, notificado el 12 de noviembre de 2025 y anexos (1)”. A su respuesta adjuntó vídeos que se resumen en el Anexo 2.

[181] Conforme al Auto DTP No. 558 del 21 de octubre de 2025.

[182] “Por medio del cual se efectúa un requerimiento dentro del contrato especial de concesión no. ARE-RLJ-08001X”. Ver: expediente digital, archivo “Contestación a preguntas ordenadas mediante auto 1738 de 2025 del 6 de noviembre de 2025, notificado el 12 de noviembre de 2025 y anexos (1)”, pp. 30-38.

[183] Al respecto resaltaron la necesidad de comparecer, suscribir un otrosí, aportar certificaciones y ajustar el contrato.

[184] Para soportarlo, aportó fotografías de la extracción minera, de julio de 2024, y de agosto, octubre y noviembre de 2025; del estado del río, del 14 de octubre de 2025, y de las comunidades defendiendo los ríos. Asimismo, un vídeo sobre la extracción minera en el Río Putumayo en octubre de 2025. Ver: expediente digital, archivo “Contestación a preguntas ordenadas mediante auto 1738 de 2025 del 6 de noviembre de 2025, notificado el 12 de noviembre de 2025 y anexos (1)”, pp. 3 y 165-189.

^{^[185]} Respuestas del 21 de noviembre de 2025, el 23 de enero y el 13 de febrero de 2026. Ver: expediente digital, archivos “5.8Correo_Salomé”, “REQUERIMIENTOEXPEDIENTE11.074.3291”, “5.12Correo_Asociación FTUMAIJAY”, “Respuesta Corte Asoftumaijay”, “10.8Correo_Asociación FTUMAIJAY” y “Respuesta Corte”.

[186] Para lo cual aportaron el certificado de existencia y representación legal. Ver: ibid., pp. 14-19.

[187] Ibid., pp. 173-198.

[188] Al respecto, refirieron que la obligación 18 del licenciamiento ambiental temporal dispone que “[l]a actividad minera no deberá provocar e iniciar procesos erosivos sobre la zona del polígono minero otorgado tampoco aguas abajo del mismo” y mencionó los programas de manejo ambiental Control y manejo de procesos erosivos y manejo de cambios inducidos en el cauce, establecidos en la minuta del contrato especial de concesión ARE-RLJ-08001X otorgada por la ANM. Aportó como anexos la respuesta a una denuncia con radicado 20255501138262 del 5 de agosto de 2025 y sus documentos adjuntos, y un informe técnico de actividades en respuesta al requerimiento realizado a través del concepto técnico no. 526 del 18 de septiembre de 2025 por Corpoamazonia, relativo a las evidencias encontradas en tres puntos con ejecución de actividades de extracción. Ver: ibid., pp.50-96.

[189] En específico, mencionaron el Auto DTP No. 558 de inicio de trámite administrativo, del 21 de octubre de 2025.

[190] Para soportarlo, aportó solicitud formal ante el Consejo de Territorio para socialización del proyecto del 22 de marzo de 2023; constancia de entrega de documentación técnica y administrativa del 16 de marzo de 2023; fotos de un espacio de socialización del 10 de marzo de 2023, y comunicaciones formales dirigidas a los gobernadores, del 18 de agosto y 27 de octubre de 2016, y del 5 de marzo de 2023.

[191] Ello, de conformidad con los artículos 7, 246 y 330 de la Constitución, la Ley 89 de 1890 y el Convenio 169 de la OIT.

[192] Respuesta recibida el 20 de noviembre de 2025. Ver: expediente digital, archivos “5.5Correo_Pueblo Indígena Kamëntsá Biyá” y “Respuesta Auto 1738 del 6-nov-2025”.

[193] Respuesta recibida el 18 de noviembre de 2025. Ver: expediente digital, archivos “5.1Correo_Resguardo Indígena Kamëntšá” y “AUTO 1738 RESPUESTA MINERIA”.

[194] Gobernador del Cabildo hasta el 31 de diciembre de 2025. Ver: expediente digital, archivo “CERTIFICACION MIN INTERIOR (4)”.

[195] “Convenio interadministrativo 1026 de 2013 celebrado entre la Nación-Ministerio del Interior y el Cabildo Indígena Kamëntšá Biya de Mocoa Putumayo”. Ver: expediente digital, archivo “DOCUMENTO DIAGNÓSTICO PLAN SALVAGUARDA PUEBLO KAMËNTSÁ 2014”.

[196] Expediente digital, archivo “REGLAMENTO PROPIO RESGUARDO INDIGENA KAMENTSA INGA SAN FRANCISCO”.

[197] Respuesta recibida el 13 de febrero de 2026. Ver: expediente digital, archivos “10.7Correo_AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA”, “COM_20261230399001”.

[198] Resolución VCT No. 1470 de 30 de mayo de 2025, ejecutoriada y en firme el día 21 de octubre de 2025, según Constancia de Ejecutoria No. GGDN-2025-CE-2562 del 28 de octubre de 2025.

[199] Acogido mediante Auto PARP No. 514 de 22 de diciembre de 2025, notificado en Estado Jurídico No. PARP-138-2025 de 23 de diciembre de 2025, en el cual se realizaron aprobaciones, requerimientos y se informó sobre

el estado del cumplimiento de las mismas. Ver: expediente digital, archivos “PAR-PASTO-287-ARE-RLJ-08001X-25”, “AUTO_PARP_514_ARE-RLJ-08001X_CT287_2025” y “Constancia Notificación por Estado No. 138”.

[200] Según el parágrafo del artículo primero del Auto DTP No. 558 del 21 de octubre de 2025, por medio del cual la autoridad ambiental inició el trámite de licencia ambiental y definitiva o global. Este fue validado por la autoridad minera mediante Auto No. 908-2174 de 26 de enero de 2026, notificado en Estado Jurídico No. PARP-004-2026 de 28 de enero de 2026. Ver: expediente digital, archivos “Auto de Inicio EIA PLACA ARE-RLJ-08001X”, “AUTO_ANNA_908_2174_ARE-RLJ-08001X_2026” y “Constancia Notificación por Estado No. 004”.

[201] Respuesta recibida el 20 de noviembre de 2025. Ver: expediente digital, archivos “5.2Correo_Lucrecia”, “Contestación a preguntas ordenadas mediante auto 1738 de 2025 del 6 de noviembre de 2025, notificado el 12 de noviembre de 2025 y anexos (1)”.

[202] Para soportar sus afirmaciones aportaron una declaración escrita de una mujer indígena perteneciente al Cabildo del pueblo Inga Kamëntsá de San Francisco y defensora del territorio ancestral; un comunicado del Consejo de Mujeres del pueblo Kamëntsá Biyá de Sibundoy; el Plan de vida del Pueblo Kamëntsá Biyá de Sibundoy, del 2019; el Plan Salvaguarda del todo el Pueblo Kamëntsá, “Convenio interadministrativo 1026 de 2013 celebrado entre la Nación-Ministerio del Interior y el cabildo indígena Kamëntšá Biya de Mocoa Putumayo”, del 2014; el Plan de vida Pueblo Kamëntsá - Inga de San Francisco (en construcción). Ver: expediente digital, archivo “Contestación a preguntas ordenadas mediante auto 1738 de 2025 del 6 de noviembre de 2025, notificado el 12 de noviembre de 2025 y anexos (1)”, pp. 48-54; 57-161.

[203] Por ejemplo, mediante el uso medicinal del agua y de las plantas que crecen a su alrededor; la pesca manual y limitada, destinada a la alimentación familiar, y los rituales de sanación, paso y fortalecimiento espiritual realizados en las orillas de los ríos.

[204] En este punto mencionaron investigaciones etnográficas, la tradición oral y los registros de sabedores.

^{^[205]} Respuestas del 21 de noviembre de 2025 y el 23 de enero de 2026. Ver: expediente digital, archivos “5.8Correo_Salomé”, “REQUERIMIENTOEXPEDIENTE11.074.3291”, “5.12Correo_Asociación FTUMAIJAY” y “Respuesta Corte Asoftumaijay”.

[206] Al respecto, citó el libro “Siervo de dios y amo de indios”.

[207] Para soportarlo aportaron fotos sobre la socavación lateral de vía sector familia Guerreo afectada por la ola invernal 2025 y conformación de la vía 2025. Asimismo, de ayudas a instituciones y a la comunidad, que incluyen mingas para el mantenimiento de vía, rocería y recolección de residuos sólidos. También aportaron dos vídeos titulados “ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO “FTUMAIJAY” y “Taita Walter Chindoy”, que se resumen en el Anexo 2.

[208] Respuestas recibidas el 20 de noviembre de 2025 y 23 de enero de 2026. Ver: expediente digital, archivos “5.5Correo_Pueblo Indígena Kamëntsá Biyá”, “Respuesta Auto 1738 del 6-nov-2025”, 5.13Correo_Indígena Kamëntšá Biyá” e “INTERVENCION Y RESPUESTA (CORTE CONSTITUCIONAL)”.

[209] Esta afirmación la acompañó de un registro fotográfico y dos vídeos. Ver: expediente digital, archivo “REGISTRO FOTOGRAFICO”.

[210] Respuesta recibida el 18 de noviembre de 2025. Ver: expediente digital, archivos “5.1Correo_Resguardo Indígena Kamëntšá” y “AUTO 1738 RESPUESTA MINERIA”.

[211] Como gravas y arenas.

[212] Respuesta recibida el 24 de noviembre de 2025. Ver: expediente digital, archivos “5.6Correo_ ICANH”, “Respuesta_al_Oficio_OPTC-560-2025_-_Expediente_T-” y “ANEXO_2_Concepto_del_Expediente_T-11.074.329”. El ICANH indicó que, en respeto a la autonomía de los pueblos indígenas, su respuesta partía de los instrumentos construidos con la participación de las autoridades en acompañamiento de los entonces ministerios de Cultura y del Interior, tales como: el Plan de Vida Kamëntsá Biyá, de 2020, el Plan Especial de Salvaguardia del Bëtsknaté o Fiesta del Perdón del Pueblo Kamëntsá, de 2014, el Plan de Salvaguardia Étnica del Pueblo Kamëntsá, de 2013 y la Línea Base de Justicia Kamëntsá, de 2020.

[213] Respuesta recibida el 19 de febrero de 2026. Expediente digital, archivos “10.11Correo_Procuradora Delegada para Asuntos Étnicos” y “oficio n° 02-332 VAMM”.

[214] Respuesta remitida por la defensora delegada para los asuntos constitucionales y legales, el 25 de noviembre de 2025. Ver: expediente digital, archivos “5.7Correo_ Defensoría del Pueblo”, “RESPUESTA CORTE” y “Respuesta delegada de constitucionales”.

[215] Respuesta recibida el 2 de junio de 2026, como pronunciamiento técnico-jurídico sobre el traslado de pruebas y conceptos técnicos ordenado en el Auto del 12 de marzo de 2026. Este traslado fue realizado el 9 de abril de 2026, mediante Oficio OPTC-192-2026, para un pronunciamiento en los tres días siguientes a su recepción. Dada la amplia superación de dicho término, esta respuesta se entiende extemporánea. Ver: expediente digital, archivo “2-2026-024424 - PRONUNCIAMIENTO CORTE CONST” y “14T-11074329_OFICIO_OPT-C-192-2026__Traslado_de_Pruebas”.

[216] Ley 685 de 2001.

[217] Es decir, que realizan actividades de explotación de minas de propiedad estatal sin título inscrito, pero acreditan una presencia mínima en la zona de al menos diez años. Ello, conforme al artículo 2 de la Ley 2250 de 2022.

[218] Respuestas recibidas el 20 de noviembre de 2025 y el 24 de febrero de 2026. Ver: expediente digital, archivos “5.2Correo_Lucrecia”, “Contestación a preguntas ordenadas mediante auto 1738 de 2025 del 6 de noviembre de 2025, notificado el 12 de noviembre de 2025 y anexos (1)”, “10.12Correo_Lucrecia” y “REPUESTA OFICIO OPTC-086-2026-MATERIAL PROBATORIO SOLICITADO PARA EL EXPEDIENTE T- 11.074.329 Y ANEXO.-.”.

[219] Para soportarlo, aportaron el Certificado de existencia y representación de la Asociación para la Conservación y Aprovechamiento de Minerales del Territorio del Pueblo Kamëntsá - Ftumaijay, identificada con NIT 900995950-6. Ver: expediente digital, archivo “Contestación a preguntas ordenadas mediante auto 1738 de 2025 del 6 de noviembre de 2025, notificado el 12 de noviembre de 2025 y anexos (1)”, pp. 19-24.

^{^[220]} Respuestas del 21 de noviembre de 2025 y el 23 de enero y 6 de marzo de 2026. Ver: expediente digital, archivos “5.8Correo_Salomé”, “REQUERIMIENTOEXPEDIENTE11.074.3291”, “5.12Correo_Asociación FTUMAIJAY”, “Respuesta Corte Asoftumaijay”, “13.2Correo_Asociación FTUMAIJAY” y “Respuesta corte constitucional”.

[221] Para ello allegó los certificados emitidos por los cabildos Kamëntsá Biyá de Sibundoy y Kamëntsá Inga de San Francisco, el 6 y el 5 de marzo de 2026, respectivamente. Ver: expediente digital, archivos “Anexo 9. CERTIFICADO EXISTENCIA RESGUARDO SIBUDNOY” y “Anexo 10. CERTIFICADO EXISTENCIA RESGUARDO SAN FRANCISCO”.

[222] Expediente digital, archivo “Anexo 8.”.

[223] La asociación relacionó invitaciones a un conversatorio el 20 de agosto del 2026, relativo a la conservación y el aprovechamiento de minerales en el territorio indígena, sobre el que comunicó las conclusiones el 31 de agosto siguiente; a reuniones de socialización del proceso y de articulación, el 26 de octubre de 2016, 3 de febrero y 5 de septiembre de 2017, 5 de abril y 3 de diciembre de 2019; 31 de marzo, 31 de agosto y 2 de septiembre de 2021; 24 y 25 de enero, 14 de marzo y 29 de abril de 2022; 9 y 21 de marzo de 2023; 27 de enero y 21 de febrero de 2024; así como a la actualización de la política minera en Colombia y a la creación del PGS (Plan de Gestión Social) exigido por la ANM del 13 y 24 de junio de 2024, la cual se extendió al presidente de la JAC y a la comunidad de la vereda San Félix. También se refirió a las solicitudes de audiencia del 2 de marzo de 2021 y 4 de febrero de 2023, y comunicaciones informándole sobre el proceso que surtía el proyecto del 2 de mayo de 2019, 24 de septiembre de 2021, 12 de abril de 2022 y 16 de marzo de 2023. Adicionalmente, a la solicitud para la declaración y delimitación de un Área de Reserva Especial, del 27 de octubre de 2016, y a las certificaciones en las que los gobernadores dejaron constancia de la pertenencia de los integrantes de la asociación a los pueblos indígenas, al desarrollo de su actividad tradicional, a la localización del polígono o al respaldo institucional condicionado al cumplimiento de los estudios técnicos y ambientales exigidos por las entidades estatales competentes , del 28 de noviembre de 2016, de 2021 y del 28 de noviembre de 2022.

[224] Reuniones del 2 de abril de 2019, 31 de agosto de 2021, 14 de marzo y 29 de abril de 2022, 21 de marzo de 2023, 7 y 13 de abril de 2024.

[225] Al respecto aportaron el certificado de existencia y representación legal y el Registro Único Tributario. Ver: ibid., pp. 14-23.

[226] Al respecto citó las resoluciones VPPF No. 293 del 27 de noviembre de 2018; 505 del 2 de agosto, 266 del 10 de julio y VPPF No. 287 del 9 de octubre del 2020, esta última, “por medio de la cual se ordena la delimitación definitiva del área de reserva especial ubicada en los municipios de San Francisco y Sibundoy – departamento del Putumayo, delimitada y declarada mediante resolución No. 293 de fecha 27 de noviembre de 2018”. Asimismo, se refirió a la constancia de ejecutoria CE-VCT-GIAM-00607, del 27 de mayo de 2021, del acto administrativo mediante el cual la ANM aceptó el desistimiento de cinco personas.

[227] Formalización minera con placa ARE-RLJ-08001X, bajo el código de expediente: LA-06-86755-E-001-011-22.

[228] Resolución 066 del 3 de junio de 2022.

[229] Presentados el 2 y 6 de diciembre de 2021, mediante radicados No. 20211001582212 y 20211001587772.

[230] Resolución VPPF No. 041.

[231] Presentadas mediante radicados No. 20231002534312, 20231002534692 y 20231002534702.

[232] Con la respuesta se adjuntaron una lista del Contrato Especial de Concesión Sibundoy- San Francisco, un certificado que incluye los beneficiarios del proyecto, actas de las reuniones de los beneficiarios y miembros de la comunidad, certificados de la pertenencia de los beneficiarios a las comunidades y de sus actividades. Ver: expediente digital, archivo “REQUERIMIENTOEXPEDIENTE11.074.3291”, pp. 24-49.

[233] Para ilustrarlo, señaló que el Consorcio Andino, en 2008, explotó de forma indiscriminada los materiales de arrastre de los ríos San Francisco y Putumayo mediante la figura de licencia de explotación temporal otorgada por el Ministerio de Minas y Energía, situación frente a la cual el Resguardo no se pronunció y los únicos que exigieron respeto fueron los habitantes aledaños al lugar. Posteriormente, en 2014, los resguardos acordaron la extracción de material de arrastre sobre los ríos mencionados, con base en los análisis de los acuerdos de la consulta previa y recibieron un total de $ 110.000.000.

[234] Expediente digital, archivos “5.13Correo_Indígena Kamëntšá Biyá”, “INTERVENCION Y RESPUESTA (CORTE CONSTITUCIONAL)”, “10.14Correo_Gobernador Resguardo Indígena Kamëntšá Biyá” y “PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS ASOCIACION FTUMUJAY”.

[235] Es decir, “uatëcmá”. Con el propósito de referirse de manera unificada a esta autoridad, esta providencia acoge la forma “uatëcmá”, sin perjuicio la escritura usada en otros documentos, como “watëcma” o “watëkma”.

[236] Respuesta recibida el 18 de noviembre de 2025. Ver: expediente digital, archivos “5.1Correo_Resguardo Indígena Kamëntšá” y “AUTO 1738 RESPUESTA MINERIA”.

[237] Expediente digital, archivo “2-2026-024424 - PRONUNCIAMIENTO CORTE CONST”.

[238] Respuesta recibida el 6 de marzo de 2026. Ver: expediente digital, archivos “13.2Correo_Asociación FTUMAIJAY” y “Respuesta corte constitucional”.

[239] Al respecto, se refirió al artículo 246 de la Constitución, al Convenio 169 de la OIT, y a las sentencias SU-510 de 1998, T-349 de 1996 y T-552 de 2003.

[240] Respuestas recibidas el 20 de noviembre de 2025 y el 24 de febrero de 2026. Ver: expediente digital, archivos “5.5Correo_Pueblo Indígena Kamëntsá Biyá”, “Respuesta Auto 1738 del 6-nov-2025”, “10.14Correo_Gobernador Resguardo Indígena Kamëntšá Biyá” y “PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS ASOCIACION FTUMUJAY”.

[241] Expediente digital, archivo “04. PLAN INTEGRAL DE VIDA 2020 KAMËNTSA”.

[242] “Convenio interadministrativo 1026 de 2013 celebrado entre la Nación-Ministerio del Interior y el Cabildo Indígena Kamëntšá Biya de Mocoa Putumayo”. Ver: Expediente digital, archivo “05. PLAN_SALVAGUARDA_PUEBLO_KAMËNTSÁ_ 2014”.

[243] Expediente digital, archivo “06. MANUAL DE JUSTICIA PROPIA 2020 (1)”.

[244] En particular a las personas y familias censadas del Resguardo.

[245] Para soportar dicha afirmación, aportó el Acta unificada del proceso de elección de las autoridades tradicionales del Cabildo, del 7 de diciembre de 2024; el Acta de posesión No. 001 del 1 de enero de 2025 y una constancia del 17 de enero de 2025, expedida por la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior. Ver: expediente digital, archivos “ACTA DE ELECCION VIGENCIA 2025”, “02. Acta de Posesion N° 001 del 2025” y “03. Certificado Ministerio Interior Resguardo”.

[246] Respuesta recibida el 18 de noviembre de 2025. Ver: expediente digital, archivos “5.1Correo_Resguardo Indígena Kamëntšá” y “AUTO 1738 RESPUESTA MINERIA”.

[247] Para ello, aportó el Acta 13 de 2024 en el que la Asamblea lo designó como representante legal entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2025, y certificación de la coordinadora del Grupo de investigación, registro y apoyo al cumplimiento de sentencias de la Dirección de asuntos indígenas, rom y minorías del Ministerio del Interior, del 26 de marzo de 2025. Ver: expediente digital, archivos “ACTA DE ELECCIÓN” y “CERTIFICACION MIN INTERIOR (4)”.

[248] Ello coincide con el reglamento del Resguardo aportado, en particular, con los artículos 5, 8, 15, 18 y 19. Ver: expediente digital, archivo “REGLAMENTO PROPIO RESGUARDO INDIGENA KAMENTSA INGA SAN FRANCISCO”.

[249] Fiesta del perdón, de acuerdo con lo informado por el ICANH.

^{^[250]} Respuesta recibida el 20 de noviembre de 2025. Ver: expediente digital, archivos “5.4Correo_ministerio del Interior” y “Oficio con radicado 2025-2-002104-052659 Id 654001”.

[251] Expediente digital, archivo “Anexo 1 Certificado del Gobernador del resguardo Kamentza-Inga San Francisco”.

[252] Expediente digital, archivo “Anexo 2 Certificado del Gobernado de la comunidad Kamentza Biyá de Sibundoy”.

^{^[253]} Respuesta recibida el 20 de noviembre de 2025, reiterada el 4 de marzo de 2026. Ver: expediente digital, archivos “5.3Correo_Corpoamazonia”, “Contestación CC”, “13.1Correo_CORPOAMAZONIA”, “MEMORIAL PODER” y “MEMORIAL CUMPLIMIENTO ORDEN JUDICIAL”.

[254] Al respecto, citó: Universidad Externado de Colombia. Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras. El Shinÿak-Fuego y su relación con la cosmogonía de la comunidad Kamëntšá-Valle de Sibundoy, Putumayo como propuesta de valoración de la cocina tradicional; desde el turismo consciente. Autor: Carmen Doris Jacanamijoy Juajibioy. 2018.

[255] Respuesta recibida el 11 de diciembre de 2025. Ver: expediente digital, archivo “5.10Correo_Consejería de Territorio”.

[256] Respuesta recibida el 24 de noviembre de 2025. Ver: expediente digital, archivos “5.6Correo_ ICANH”, “Respuesta_al_Oficio_OPTC-560-2025_-_Expediente_T-” y “ANEXO_2_Concepto_del_Expediente_T-11.074.329”.

[257] Respuesta recibida el 19 de febrero de 2026. Expediente digital, archivos “10.11Correo_Procuradora Delegada para Asuntos Étnicos” y “oficio n° 02-332 VAMM”.

[258] Respuesta remitida por la defensora delegada para los asuntos constitucionales y legales, el 25 de noviembre de 2025. Ver: expediente digital, archivos “5.7Correo_ Defensoría del Pueblo”, “RESPUESTA CORTE” y “Respuesta delegada de constitucionales”. En ella se aportan el Plan de vida del Pueblo Indígena Kamëntsá, un documento con el “Diagnóstico de la situación del pueblo indígena Kamsá o Kamentsá” del Observatorio del Programa presidencial de Derechos Humanos y DIH, y el “Diagnóstico Plan Salvaguarda Camëntŝá”, del 2012, del Ministerio del Interior y el Cabildo Indígena Kamëntsá de Sibundoy.

[259] Manifestación recibida el 23 de enero de 2026. Ver: expediente digital, archivos “5.11Correo_Lucrecia” y “PRONUNCIAMIENTO Y CONTRADICCIÓN A ENTIDADES ACCIONADAS- EXP. T-11.074.329.-.”.

^{^[260]} Respuesta recibida el 26 de noviembre de 2025, ratificada el 25 de febrero de 2026. Ver: expediente digital, archivos “5.4Correo_ministerio del interior”, “INFORME - Auto de pruebas 1738” y “10.16Correo_MINISTERIO DEL INTERIOR”.

[261] Decreto 2353 de 2019.

^{^[262]} Respuesta recibida el 20 de noviembre de 2025, reiterada el 4 de marzo de 2026. Ver: expediente digital, archivos “5.3Correo_Corpoamazonia”, “Contestación CC”, “13.1Correo_CORPOAMAZONIA”, “MEMORIAL PODER” y “MEMORIAL CUMPLIMIENTO ORDEN JUDICIAL”.

[263] Respuestas recibidas el 20 de noviembre de 2025 y el 9 y 24 de febrero de 2026. Ver: expediente digital, archivos “5.2Correo_Lucrecia”, “Contestación a preguntas ordenadas mediante auto 1738 de 2025 del 6 de noviembre de 2025, notificado el 12 de noviembre de 2025 y anexos (1)”, “10.5Correo_Lucrecia”, “RESPUESTA OFICIO OPTC-040-2026-MATERIAL PROBATORIO SOLICITADO PARA EL EXPEDIENTE T- 11.074.329.-.”, “10.12Correo_Lucrecia” y “REPUESTA OFICIO OPTC-086-2026-MATERIAL PROBATORIO SOLICITADO PARA EL EXPEDIENTE T- 11.074.329 Y ANEXO.-.”.

[264] Al respecto, refirieron las sentencias C-030 de 2008, T-129 de 2011, T-660 de 2015 y T-024 de 2024.

[265] Para soportarlo aportaron una certificación del 28 de noviembre de 2016, suscrita por los taitas gobernadores Justo Juagibioy Jamioy y Juan Manuel Sigindioy, junto con un listado de los mineros indígenas de la comunidad Kamëntsá Biyá que explotaban materiales de construcción en los ríos San Francisco y Putumayo. Ver: expediente digital, archivo “Contestación a preguntas ordenadas mediante auto 1738 de 2025 del 6 de noviembre de 2025, notificado el 12 de noviembre de 2025 y anexos (1)”, pp. 39-41.

[266] Manuel Jesús Mavisoy Juajibioy del Cabildo Kamëntsá Biyá de Sibundoy y Walter Leandro Chindoy Jacanamejoy del Cabildo Kamëntsá Inga de San Francisco. Ver: expediente digital, archivo “Contestación a preguntas ordenadas mediante auto 1738 de 2025 del 6 de noviembre de 2025, notificado el 12 de noviembre de 2025 y anexos (1)”, pp. 42-47.

[267] Expediente digital, archivo “RESPUESTA OFICIO OPTC-040-2026-MATERIAL PROBATORIO SOLICITADO PARA EL EXPEDIENTE T- 11.074.329.-.”, pp. 14-16.

[268] Ibid., pp. 18-58. Dicha respuesta incluye los documentos que conformaban el expediente del proyecto, tales como: el certificado de 2021, con la localización y beneficiarios del proyecto, y el respaldo del gobernador; el Acta 010 del 31 de agosto de 2021 relativa a la socialización del proyecto minero; invitaciones a una minga relativa a actividades de recolección de desechos de la Asociación Ftumaijay y a reuniones relacionadas con la socialización de avances y formulación de compromisos en el marco del proyecto, entre 2016y 2022, dirigidas a la autoridad; una solicitud de audiencia de la Asociación para la Conservación y Aprovechamiento del Material de Arrastre de la Comunidad Kamëntsá del municipio de Sibundoy Putumayo (TFMAIJAY) del 2 de marzo de 2021; invitaciones a las visitas técnicas de la ANM fijadas para el 29 de septiembre de 2021 y el 29 de abril de 2022, las cuales se extendieron al presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Javier; los listados de la socialización e información del proceso de legalización del área del 31 de marzo y del 31 de agosto de 2021, y del 29 de abril de 2022; un aporte social monetario de la Asociación Ftumaijay al Cabildo, del 27 de noviembre de 2023; una invitación del gobernador y del presidente de la Asociación TUMAJAY a socializar el proceso de legalización, del 4 de abril de 2024, y el acta de la fecha de la citación (7 de abril de 2024) con su respectivo listado de asistencia; invitación del Cabildo y la Asociación Ftumaijay a la comunidad de la vereda San Javier y La Argentina a una socialización del proceso de legalización del área para el 13 de abril de 2024 y el acta de la misma.

[269] Los accionantes acompañaron su respuesta con un comunicado público de los Defensores y Defensoras del Río Putumayo. Ver: expediente digital, archivo “Contestación a preguntas ordenadas mediante auto 1738 de 2025 del 6 de noviembre de 2025, notificado el 12 de noviembre de 2025 y anexos (1)”, pp. 55-56.

[270] “[P]or medio del presente se INICIA TRAMITE ADMINISTRATIVO de la SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL GLOBAL O DEFINITIVA para el proceso de formalización minera tradicional presentada por los titulares de la placa ARE-RLJ-08001X, el señor Ramón, identificado con cédula de ciudadanía no. 97.472.527 de Sibundoy (Putumayo) y otros, para el proyecto denominado: Formalización Minera Con Placa ARE-RLJ08001X, Ubicada en los municipios de San Francisco y Sibundoy, departamento del Putumayo”. Ver: expediente digital, archivo “Contestación a preguntas ordenadas mediante auto 1738 de 2025 del 6 de noviembre de 2025, notificado el 12 de noviembre de 2025 y anexos (1)”, pp. 25-30.

[271] Expediente digital, archivo “Contestación a preguntas ordenadas mediante auto 1738 de 2025 del 6 de noviembre de 2025, notificado el 12 de noviembre de 2025 y anexos (1)”, pp. 162-164.

[272] Expediente digital, archivos “5.11Correo_Lucrecia” y “PRONUNCIAMIENTO Y CONTRADICCIÓN A ENTIDADES ACCIONADAS- EXP. T-11.074.329.-.”.

^{^[273]} Respuestas del 21 de noviembre de 2025 y del 6 de marzo de 2026. Ver: expediente digital, archivos “5.8Correo_Salomé”, “REQUERIMIENTOEXPEDIENTE11.074.3291”, “13.2Correo_Asociación FTUMAIJAY”, “Respuesta corte constitucional”, “13.2Correo_Asociación FTUMAIJAY” y “Respuesta Traslado - Corte Constitucional”.

[274] Al respecto aportaron una respuesta dirigida al presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Javier en el municipio de San Francisco, una solicitud al gobernador del Cabildo Kamëntsá Inga del 11 de abril de 2024 y listados de asistencia a socializaciones del proyecto. Ver: ibid., pp. 168-172 y 230-239.

[275] Expediente digital, archivo “Anexo 1. 1ER ACERCAMIENTO CONSULTA PREVIA_Gmail - OFICIO Y FORMATO DE SOLICITUD A MININTERIOR PARA CONSULTA PREVIA”.

[276] Expediente digital, archivo “Anexo 2. RESPUESTA 1ER ACERCAMIENTO. Gmail - Respuesta Oficial”.

[277] Expediente digital, archivo “Anexo 3. 2do acercameinto. Gmail - Respuesta por que se archiva solicitud si la placa ARE-RLJ-08001x”.

[278] Oficios OFI2022-4961-DCP-2700 del 10 de marzo y OFI2022-7188-DCP-2700 del 7 de abril de 2022. Ver: expediente digital, archivos “Anexo 4. 3cer acercamiento” y “Anexo 5. 4to acecamiento- CONVOCATORIA A VISITA DE VERIFICACION_OFI2022-7188-DCP-2700”.

[279] Oficio OFI2022-7350-DCP-2700 del 8 de abril de 2022. Ver: expediente digital, archivo “Anexo 6. 5to acercamiento”.

[280] Notificada electrónicamente el 30 de junio de 2022. Ver: expediente digital, archivo “Anexo 7. 6to. acercamientoGmail - Resolución Procedencia de Consulta Previa No. ST -0788 DE 06 DE JUN 2022”.

[281] Expediente digital, archivos “5.13Correo_Indígena Kamëntšá Biyá”, “INTERVENCION Y RESPUESTA (CORTE CONSTITUCIONAL)”, “10.2Correo_Resguardo Indígena Kamëntšá Biyá de Sibundoy”, “RESPUESTA CORTE CONSTITUCIONAL”, “10.14Correo_Gobernador Resguardo Indígena Kamëntšá Biyá” y “PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS ASOCIACION FTUMUJAY”.

[282] Al respecto citó las sentencias C-030 de 2008, T-129 de 2011, T-660 de 2015, T-024 de 2024,

[283] Frente a lo cual también mencionó el artículo 246 superior.

[284] Expediente digital, archivo “PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS ASOCIACION FTUMUJAY”, p. 4.

[285] Respuestas recibidas el 25 y 26 de noviembre de 2025, respaldadas el 25 de febrero de 2026. Ver: expediente digital, archivos “5.4Correo_ministerio del interior”, “5.9Correo_MINISTERIO DEL INTERIOR”, “INFORME - Auto de pruebas 1738” y “10.16Correo_MINISTERIO DEL INTERIOR”.

[286] Para soportar su afirmación aportó la solicitud de determinación de procedencia y oportunidad de la consulta previa, presentada por Ramón; el Oficio OFI2022-4961-DCP-2700, del 10 de marzo de 2022, que informa la necesidad de visita de verificación; la convocatoria de la visita de verificación; el listado de asistencia a la visita técnica; la Resolución VPPF No. 293 del 27 de noviembre de 2018 de la ANM y la Resolución ST-0788 del 6 de junio de 2022. Ver: expediente digital, archivos “Solicitud de determinación de procedencia y oportunidad de la consulta previa”, “Oficio que informa la necesidad de visita de verificación”, “Convocatoria a Visita de Verificacion_20251120173101”, “Listado de Asistencia a Visita Técnica”, “Resolución de la ANM”, “Resolución Procedencia de Consulta Previa ST - 0788 de 2022”.

[287] Respuesta recibida el 20 de noviembre de 2025, reiterada el 4 de marzo de 2026. Ver: expediente digital, archivos “5.3Correo_Corpoamazonia”, “Contestación CC”, “13.1Correo_CORPOAMAZONIA”, “MEMORIAL PODER” y “MEMORIAL CUMPLIMIENTO ORDEN JUDICIAL”.

[288] Al respecto, citó la Sentencia T-103 de 2018.

[289] Para lo cual citó el artículo 6 y la Sentencia T-189 de 2025.

[290] Para ello refirió sentencias como la SU-123 de 2018 y la SU-121 de 2022.

[291] Respuestas recibidas el 20 de noviembre de 2025 y el 19 de febrero de 2026. Expediente digital, archivos “5.3Correo_Corpoamazonia”, “Contestación CC”, “10.11Correo_Procuradora Delegada para Asuntos Étnicos” y “oficio n° 02-332 VAMM”.

[292] Respuesta recibida el 7 de abril de 2026. Ver: expediente digital, archivos “14.2Correo_Defensoría del Pueblo”, “202600407001746101”, “Oficio remisorio T-11.074.329” y “Respuesta al cuestionario T-11.074.329”.

[293] Al respecto se refirió a la Resolución VPPF núm. 293 del 27 de noviembre de 2018; la resolución de procedencia de la Consulta Previa por parte de la DANCP, respecto de la cual advirtió confusión sobre la composición de la Asociación que sustentó la no procedencia, y la Resolución núm. ST-0788 del 6 de junio de 2022, relativa a la licencia ambiental temporal.

[294] Ello, con fundamento en los artículos 6, 13, 14, 15 del Convenio 169 de la OIT.

[295] Al respecto, se remitió a los artículos 18, 25, 26, 27 y 32 de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y VI y XXV de la Declaración Americana sobre pueblos indígenas.

[296] Al respecto se remitió, en particular, a los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT.

[297] Al respecto, señaló coincidir con el gobernador de la vigencia 2025 y citó una decisión de 2007, correspondiente al rad. 76001-23-31-000-2003-01856-01, de la Sala de lo Contencioso Administrativo.

[298] Para ello se remitió a la decisión del Consejo de Estado citada en el numeral anterior.

[299] Esto lo justificó, por una parte, en instrumentos y criterios que clasificó como constitucionales, entre los que incluyó el Convenio 169 de la OIT, el principio de diversidad étnica y cultural y la Ley 21 de 1991. Por otra, instrumentos o criterios sociales, que en el caso que proyectos internos corresponden al Plan de vida – Plan de Ordenamiento Territorial Propio, Plan Salvaguarda, Reglamento Interno, Manual de Justicia Propia y a la Asamblea General como máxima autoridad; mientras que, en caso de proyectos externos, se asocian a la consulta previa y el consentimiento previo, libre e informado de acuerdo con el estándar internacional, la jurisprudencia y particularmente, el debido proceso.

[300] Al respecto, se remitió al Acuerdo de Escazú.

[301] Sentencias Su-123 de 2018 y T-124 de 2021.

[302] Sentencia SU-123 de 2018.

[303] Ibid.

[304] Sentencias 704 de 2016 y SU-217 de 2017.

[305] Conforme a la Sentencia T-445 de 2016.

[306] De acuerdo con la Sentencia SU-123 de 2018.

[307] Para lo cual citó el informe sobre el “Derecho a la libre determinación de los Pueblos Indígenas y Tribales” de 2021, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

[308] Al respecto, citó los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), del 27 de diciembre de 2002, y “Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. Normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, del 30 de diciembre de 2009.

[309] Ello, conforme al “Informe sobre la marcha del estudio sobre los pueblos indígenas y el derecho a participar en la adopción de decisiones” del Mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU, del 23 de agosto de 2010.

[310] De acuerdo con los artículos 7, 8, 9, 10, 63, 68, 70, 246 y 330 superiores.

[311] Citó algunas providencias de esta Corporación como las sentencias T-254 de 1994, T-349 de 1996, T-523 de 1997, T-652 y SU-510 de 1998, T-728 de 2002, T-1026 de 2008, T-461 de 2014, C-292 de 2024 y T-012 de 2025.

[312] Se refirió a las decisiones en el marco de los procesos con radicados 19001-23-31-000-1999-00923-01(ACU) de 1999, 47001-23-33-000-2013-00008-01(AC) de 2012, 23-31-000-2013-00008-01(AC) de 2014, 19001-23-33-000-2015-00385-01(AC) y 11001-03-26-000-2014-00143-00(52149) B de 2015, 50001-23-33-000-2016-00243-01(AC) y 50001-23-33-000-2016-00507-01(AC) de 2016de 2016, 73001-23-31-000-2008-00518-01(37815) de 2017 y 11001-03-15-000-2022-03816-01 (AC) de 2023.

[313] De acuerdo con la Sentencia SU-123 de 2018.

[314] Respuesta recibida el 31 de marzo de 2026 y con efectos jurídicos del 6 de abril siguiente, con ocasión de la vacancia judicial. Ver: expediente digital, archivos “14.1Correo_Corporación Comunidad de Jurista Akubadaura” y “2026 03 30 IntervenciónCC_CasoKamentsa_Akubadaura”.

[315] Al respecto, se refirió a la Sentencia SU-123 de 2018.

[316] Para ello se refirió a la Sentencia T-973 de 2009 como precedente.

[317] Al respecto, también mencionó la Sentencia SU-419 de 2024.

[318] Esto, en línea con la Sentencia SU-123 de 2018 y el Convenio 169 de la OIT.

[319] Artículos 7, 246 y 330 de la Constitución Política.

[320] Artículos 2 y 40 de la Constitución Política.

[321] Al respecto, se refirió a las sentencias T-973 de 2009, SU-419 de 2024 y al Convenio 169 de la OIT.

[322] Al respecto, se refirió a la Sentencia T-072 de 2021 y al Convenio 169 de la OIT.

[323] En este punto se remitió al caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

[324] Expediente digital, archivo “2-2026-024424 - PRONUNCIAMIENTO CORTE CONST”.

[325] Expediente digital, archivos “10.12Correo_Lucrecia” y “REPUESTA OFICIO OPTC-086-2026-MATERIAL PROBATORIO SOLICITADO PARA EL EXPEDIENTE T- 11.074.329 Y ANEXO.-.”.

^{^[326]} Expediente digital, archivos “10.8Correo_Asociación FTUMAIJAY” y “Respuesta Corte”.

[327] Expediente digital, archivos “10.2Correo_Resguardo Indígena Kamëntšá Biyá de Sibundoy”, “RESPUESTA CORTE CONSTITUCIONAL”, “10.14Correo_Gobernador Resguardo Indígena Kamëntšá Biyá” y “PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS ASOCIACION FTUMUJAY”.

[328] Respuesta recibida el 19 de febrero de 2026. Expediente digital, archivos “10.11Correo_Procuradora Delegada para Asuntos Étnicos” y “oficio n° 02-332 VAMM”.

[329] Respuesta del 9 de febrero de 206. Ver: expediente digital, archivos “10.4Correo_MINISTERIO DE AMBIENTE”, “T-11.074.329 Poder y anexos” y “T-11.074.329 Respuesta requerimiento (1) (1)”.

[330] A saber: Planes Estratégicos de Macrocuenca - PEM, en las 5 Áreas Hidrográficas del país; Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico, en las Zonas Hidrográficas; Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas - POMCA en Subzonas Hidrográficas o su nivel subsiguiente; Planes de Manejo Ambiental de Microcuencas – PMAM en las cuencas de nivel inferior al del nivel subsiguiente, y Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos – PMAA en acuíferos priorizados.

[331] Además de la Política, las guías técnicas para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (2014), para la formulación de Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico continental superficial - PORH (2018) y de Criterios para el Acotamiento de las Rondas Hídricas en Colombia (2018); las guías metodológicas para la Formulación de Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos (2014) y de Microcuencas (2018), y para la identificación de Zonas Potenciales de Recarga de Acuíferos (Resolución 0017 de 2026); la Guía Nacional de Modelación del Recurso Hídrico para Aguas Superficiales Continentales (2018); la Guía para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua (2018); la Resolución 1256 de 2021 “Por la cual se reglamenta el uso de las aguas residuales y se adoptan otras disposiciones” (2021) y la reglamentación de los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público (Resolución 631 de 2015).

[332] Al respecto citó la Sentencia C-145 de 2021.

[333] Para ello se refirió a los artículos 23 y 31 de la Ley 99 de 1993, 1.2.5.1.1 del Decreto 1076 de 2015, 10.2 del Decreto Ley 3570 de 2011 y a la Sentencia C-570 de 2012.

[334] Expediente digital, archivo “2-2026-024424 - PRONUNCIAMIENTO CORTE CONST”.

[335] Resolución 2439 de 2022 de Corpoamazonia.

[336] Respuestas recibidas el 20 de noviembre de 2025 y el 9 y 24 de febrero de 2026. Ver: expediente digital, archivos “5.2Correo_Lucrecia”, “Contestación a preguntas ordenadas mediante auto 1738 de 2025 del 6 de noviembre de 2025, notificado el 12 de noviembre de 2025 y anexos (1)”, “10.5Correo_Lucrecia” y “RESPUESTA OFICIO OPTC-040-2026-MATERIAL PROBATORIO SOLICITADO PARA EL EXPEDIENTE T- 11.074.329.-.”.

[337] Expediente digital, archivo “RESPUESTA OFICIO OPTC-040-2026-MATERIAL PROBATORIO SOLICITADO PARA EL EXPEDIENTE T- 11.074.329.-.”, pp. 6-8.

[338] Expediente digital, archivo “10.15Correo_Asociación Ftumaijay”.

[339] Respuesta recibida el 19 de febrero de 2026. Expediente digital, archivos “10.11Correo_Procuradora Delegada para Asuntos Étnicos” y “oficio n° 02-332 VAMM”.

[340] Respuestas recibidas el 9 y el 16 de febrero, y el 5 de marzo de 2026. Expediente digital, archivos “10.3Correo_UNP”, “INFORME CUMPLIMIENTO Oficio OPTC-041-2026 dentro del expediente T-11.074.329”, “10.6Correo_UNP” y “OFI-2026-00011295”.

[341] Decreto 1066 de 2015. Artículo 2.4.1.2.2, numeral 2.

[342] Expediente digital, archivo “OFI-2026-00018996”, p. 2.

[343] Decreto 1066 de 2015. Artículo 2.4.1.2.2, numerales 5 y 12.

[344] Al respecto, mencionó la Sentencia SU-546 de 2023.

[345] Decreto 1066 de 2015. Artículo 2.4.1.2.3.

[346] Ibid. Artículo 2.4.1.2.3.

[347] Ibid. Artículo 2.4.1.2.2, numeral 8.

^{^[348]} Expediente digital, archivos audiovisuales.

^{^[349]} Expediente digital, archivo audiovisual.

^{^[350]} Expediente digital, archivos audiovisuales

^{^[351]} Expediente digital, archivos audiovisuales.

^{^[352]} Expediente digital archivos audiovisuales.

^{^[353]} Expediente digital, archivos audiovisuales.

^{^[354]} Expediente digital, archivo audiovisual.

^{^[355]} Expediente digital, archivo audiovisual.

^{^[356]} Archivo audiovisual “VIDEO MINGA DE PENSAMIENTO 24 DE AGOSTO DE 2024.mp4”, obrante en el expediente digital, carpeta “VIDEOS DE EXTRACCIÓN MINERA EN EL RÍO PUTUMAYO EN EL MES DE AGOSTO DE 2025”.

^{^[357]} Archivos audiovisuales “3. EXTRACCION MINERA EN AGOSTO DE 2025.mp4” y ”2. VIDEO DE LA EXTRACCIÓN MINERA EN EL RIO PUTUMAYO- AGOSTO 2025” obrante en el expediente digital, carpeta “VIDEOS DE EXTRACCIÓN MINERA EN EL RÍO PUTUMAYO EN EL MES DE AGOSTO DE 2025”.

^{^[358]} Archivo audiovisual obrante en el expediente digital, carpeta “VIDEOS TESTIMONIOS-PRUEBAS ACCIONANTES-EXPEDIENTE T 11074329”.

^{^[359]} Archivo audiovisual obrante en el expediente digital, carpeta “VIDEOS TESTIMONIOS-PRUEBAS ACCIONANTES-EXPEDIENTE T 11074329”.

^{^[360]} Archivo audiovisual obrante en el expediente digital, carpeta “VIDEOS TESTIMONIOS-PRUEBAS ACCIONANTES-EXPEDIENTE T 11074329”.

^{^[361]} Archivo audiovisual obrante en el expediente digital, carpeta “VIDEOS TESTIMONIOS-PRUEBAS ACCIONANTES-EXPEDIENTE T 11074329”.

^{^[362]} Archivo audiovisual obrante en el expediente digital, carpeta “VIDEOS TESTIMONIOS-PRUEBAS ACCIONANTES-EXPEDIENTE T 11074329”.

^{^[363]} Archivo audiovisual obrante en el expediente digital, carpeta “VIDEOS TESTIMONIOS-PRUEBAS ACCIONANTES-EXPEDIENTE T 11074329”.

^{^[364]} Archivo audiovisual obrante en el expediente digital, carpeta “VIDEOS TESTIMONIOS-PRUEBAS ACCIONANTES-EXPEDIENTE T 11074329”.

^{^[365]} Archivo audiovisual obrante en el expediente digital, carpeta “VIDEOS TESTIMONIOS-PRUEBAS ACCIONANTES-EXPEDIENTE T 11074329”.

^{^[366]} Archivo audiovisual obrante en el expediente digital, carpeta “VIDEOS TESTIMONIOS-PRUEBAS ACCIONANTES-EXPEDIENTE T 11074329”.

^{^[367]} Archivo audiovisual obrante en el expediente digital, carpeta “VIDEOS TESTIMONIOS-PRUEBAS ACCIONANTES-EXPEDIENTE T 11074329”.

^{^[368]} Archivo audiovisual obrante en el expediente digital, carpeta “VIDEOS TESTIMONIOS-PRUEBAS ACCIONANTES-EXPEDIENTE T 11074329”.

^{^[369]} Archivo audiovisual obrante en el expediente digital, carpeta “VIDEOS TESTIMONIOS-PRUEBAS ACCIONANTES-EXPEDIENTE T 11074329”.

^{^[370]} Expediente digital, archivo audiovisual.

^{^[371]} Expediente digital, archivo audiovisual “ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO “FTUMAIJAY”.mp4”.

^{^[372]} Expediente digital, archivo audiovisual “ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO “FTUMAIJAY”.mp4”.

^{^[373]} Expediente digital, archivo audiovisual “ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO “FTUMAIJAY”.mp4”.

^{^[374]} Expediente digital, archivo audiovisual “ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO “FTUMAIJAY”.mp4”.

^{^[375]} Expediente digital, archivo audiovisual “ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO “FTUMAIJAY”.mp4”.

^{^[376]} Expediente digital, archivo audiovisual “ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO “FTUMAIJAY”.mp4”.

^{^[377]} Expediente digital, archivo audiovisual “ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO “FTUMAIJAY”.mp4”.