T-357-26 REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL
Sala Quinta de Revisión
Sentencia T-357 de 2026
Ref. Expediente T-11.884.151
Asunto: acción de tutela presentada por Sandra en contra de la Fiscalía 35 Local de San Marcos, la Sala Penal del Tribunal Superior de San Miguel y el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Marcos
Magistrada ponente:
Lina Marcela Escobar Martínez
Bogotá D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez, quien la preside, y los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Jorge Enrique Ibáñez Najar, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, ha proferido la siguiente
Aclaración previa
El presente asunto involucra un presunto caso de violencia de género, así como información sensible de la vida íntima y la situación socioeconómica de la accionante y su núcleo familiar. En consecuencia, con el fin de proteger su derecho a la intimidad y evitar una exposición innecesaria de datos sensibles, la Sala Quinta de Revisión dispuso como medida de protección la supresión de los datos que permitan la identificación de las personas involucradas. Por lo tanto, se emitirán dos versiones de esta decisión: una que contenga los nombres reales y la información completa de los implicados, y otra anonimizada[1].
Síntesis de la decisión
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional revisó la acción de tutela presentada por Sandra contra la Fiscalía 35 Local de San Marcos, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Marcos y la Sala Penal del Tribunal Superior de San Miguel. La accionante cuestionó, de una parte, el trámite del proceso penal seguido por lesiones personales dolosas agravadas y las decisiones judiciales que culminaron con la declaratoria de prescripción de la acción penal frente a sus victimarios y, de otra, la actuación de la Fiscalía, por considerar que la investigación no fue adelantada con debida diligencia reforzada ni con enfoque de género.
La Sala concluyó que los reproches dirigidos contra las providencias judiciales no superaron el requisito de subsidiariedad. En particular, encontró que la accionante contó con varias oportunidades procesales para cuestionar la aplicación del procedimiento especial abreviado, la competencia del juez, la sentencia penal de primera instancia y la posterior declaratoria de prescripción, pero no ejerció los mecanismos disponibles.
En cambio, la Sala consideró procedente el reproche autónomo contra la Fiscalía, pues los recursos contra las decisiones judiciales no permitían reconstruir retroactivamente la investigación ni corregir las omisiones atribuidas al ente acusador. Al estudiar el fondo, concluyó que la Fiscalía 35 Local de San Marcos vulneró los derechos fundamentales de la accionante a vivir una vida libre de violencias, al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia. Aunque existían elementos que justificaban examinar una posible dimensión de género y la propia Fiscalía incluyó en la acusación la circunstancia de agravación prevista en el artículo 119 del Código Penal, no desarrolló una respuesta investigativa y probatoria suficientemente diligente, integral y contextual para sustentar esa hipótesis.
La Sala precisó que esta conclusión no supone afirmar que el juez penal debiera haber aplicado la circunstancia de agravación ni que el proceso necesariamente tuviera que culminar con una condena por lesiones personales agravadas. El reproche constitucional se circunscribió a la actuación investigativa de la Fiscalía y al incumplimiento del estándar de debida diligencia reforzada y de aplicación material del enfoque de género.
Finalmente, debido a que, para cuando se presentó la acción de tutela, ya se encontraba ejecutoriada la providencia que declaró extinguida la acción penal por prescripción, la Sala consideró que no era posible reabrir o retrotraer el proceso penal y declaró la carencia actual de objeto por daño consumado respecto de la vulneración atribuible a la Fiscalía. No obstante, adoptó medidas de no repetición y de orientación: previno a la Fiscalía General de la Nación para que incorpore materialmente el enfoque de género en las investigaciones que lo requieran; ordenó ofrecer a la accionante información y orientación sobre las rutas actuales de atención y protección; y dispuso que la Dirección Seccional de Fiscalías del Departamento del sur adopte una medida de fortalecimiento institucional dirigida a los fiscales que conozcan investigaciones relacionadas con violencia contra las mujeres.
SENTENCIA
1. Hechos[2]. Con el fin de contextualizar los hechos del caso, se presentarán los antecedentes en varios momentos. Lo anterior, debido a que la acción de tutela se dirige contra el proceso penal en su conjunto y no únicamente contra una actuación aislada, razón por la cual resulta necesario realizar una descripción detallada de su trámite y de las actuaciones que lo integraron. En consecuencia, para contextualizar la controversia, la Sala expondrá: (i) el origen del conflicto vecinal; (ii) los hechos ocurridos el 9 de junio de 2021 y la respuesta institucional posterior; y (iii) el proceso penal seguido contra Carlos Ramírez y Fabián Ramírez.
2. Origen del conflicto vecinal[3]. La accionante, Sandra, relató que, en 2012, se radicó con su familia en San Marcos y que, tres años después, suscribió con el señor Pedro Ramírez. una promesa de compraventa sobre una fracción de terreno por $30.000.000. El 11 de julio de 2016, el señor Pedro Ramírez manifestó su intención de retractarse del negocio, pese a que la señora Sandra ya había pagado parte del precio. Por esa razón, se adelantó ante la inspección de Policía de San Marcos la audiencia de conciliación n.º 4930[4]. En esa diligencia, la accionante se opuso a la retractación, al señalar que ya existía una promesa de compraventa[5].
3. Con posterioridad, se promovieron procesos judiciales relacionados con dicho negocio jurídico. De un lado, se inició un proceso de pago por consignación, en el que el Juzgado Primero Promiscuo de San Marcos declaró válido el pago mediante sentencia del 24 de mayo de 2021. De otro lado, el señor Pedro Ramírez presentó demanda civil de resolución del contrato de compraventa. Sin embargo, mediante auto del 6 de febrero de 2018, el Juzgado Único Promiscuo de San Marcos declaró probada la excepción de inepta demanda por falta de requisitos legales y dio por terminada la actuación.
4. La accionante sostuvo que, a partir de esos hechos, comenzaron los problemas con integrantes de la familia Ramírez, en especial con sus miembros masculinos, quienes, según afirmó, “no desaprovechaban oportunidad para hostigarme, insultarme a mí y a mis hijas; me tiraban botellas que explotaban en el sitio donde parqueaba los carros; les tomaban fotos a las niñas”[6]. Agregó que, en 2016, David, primo hermano del señor Pedro Ramírez, arrancó las matas que había sembrado en el terreno objeto de la negociación y amenazó con machete a su esposo[7]. Asimismo, señaló que en 2018 denunció ante la Comisaría de Familia actos intimidantes e insultos dirigidos contra las niñas. Sostuvo que también informó de estas situaciones a la Inspección de Policía de San Marcos, pero no recibió una respuesta efectiva[8].
5. También afirmó que, ante la falta de protección de las autoridades locales, en 2018 decidió arrendar su casa y trasladarse a otra propiedad en San Marcos. Sin embargo, señaló que esa alternativa no fue efectiva, pues los arrendatarios les devolvían el inmueble debido a las dificultades con algunos miembros de la familia Ramírez, quienes, según su relato, le impedían el acceso a la casa y los hacían mensajeros de amenazas hacia Sandra.[9]
6. Hechos ocurridos el 9 de junio de 2021. La accionante relató que, el 9 de junio de 2021 fue a revisar su casa y a sacar basura, pues unos inquilinos que ocupaban la casa habían restituido el inmueble. En el lugar se encontraban los hermanos Fabián Ramírez y Carlos Ramírez, integrantes de la familia con la que se había originado el conflicto por el predio. Fabián Ramírez la increpó y le preguntó “cuáles eran las amenazas que ellos le estaban haciendo”[10], miró hacia su derecha y vio a Carlos parado mirándola, entonces giró hacia el lado izquierdo cuando sintió “un líquido muy caliente en su cara y vi[ó] a Fabián con un pocillo mug en la mano”. Según su relato, “de inmediato [sintió] que [la] golpeaban por el cuello y la espalda con un elemento durísimo, que después vi[o] que era una piedra y el pocillo. Solo atin[ó] a tapar[se] la cabeza y trat[ó] de llegar al carro dando pasos chiquitos porque sentía que se [le] salían los pulmones; era Fabián quien [la] golpeaba sin parar. Como pud[o] [se] meti[o] al carro y, una vez adentro, Fabián se vino a dar[le] con la piedra en la cabeza, entonces [se] recost[ó] sobre la silla del copiloto, y allí continuó golpeándo[la] con la piedra en las costillas y el estómago. P[idió] auxilio, pero nadie [fue] en [su] ayuda”[11].
7. Indicó que logró refugiarse en su vehículo y huir, fue auxiliada por su vecino Jesus Santamaria, posteriormente, acudió con su abogada, Valentina Posso, y la Policía Nacional al lugar de los hechos. Relató que, al llegar al sitio, salieron varios miembros de la familia Ramírez y se dirigieron contra su abogada, por lo que un policía tuvo que intervenir para evitar una agresión. Agregó que, pese a que el señor David le dijo delante del uniformado “ahora sí cogió miedito”[12], el policía no identificó a los presentes, no inspeccionó el lugar, los elementos presuntamente usados en la agresión ni su vehículo. Por el contrario, le pidió que dejara de llorar y se subiera a la camioneta[13].
8. Después fue llevada a urgencias, en donde recibió atención inicial. Según la anamnesis de fecha 9 de junio de 2021, realizada por Jennifer Ríos[14], en el examen físico se evidenciaron múltiples hematomas, especialmente uno de aproximadamente 10 x 10 cm en el hombro izquierdo, además de lesiones en la región dorsal y lumbar, con limitación para elevar la extremidad superior izquierda. La impresión diagnóstica fue: “Dolor agudo”[15] “Traumatismos superficiales que afectan múltiples regiones de los miembros”[16] relacionado con “Violencia física”[17].
9. El 10 de junio de 2021, se practicó informe pericial forense. En este se registró un área de edema doloroso en la región dorso lumbar y un hematoma de aproximadamente 6 cm en el hombro izquierdo, asociado a dolor a la palpación y a la movilización del miembro superior izquierdo. El dictamen concluyó que la examinada presentaba lesiones recientes compatibles con el relato de los hechos, producidas por mecanismo traumático contundente. En consecuencia, se fijó una incapacidad médico legal definitiva de doce (12) días, sin secuelas medicolegales al momento del examen[18].
10. A raíz de estos hechos, la accionante formuló denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación[19] y abandonó San Marcos para trasladarse a Santa Aurora, donde recibió atención psicológica y médica. Debido a las dificultades para desplazarse hasta la Fiscalía de San Marcos, el 7 de julio de 2021 amplió la denuncia por escrito y la remitió por correo electrónico al investigador de campo asignado al caso, junto con una fotografía y otros documentos[20]. En esa oportunidad solicitó que los hechos no fueran investigados como simples lesiones personales, sino como un feminicidio en grado de tentativa[21].
11. Actuaciones institucionales posteriores. El 22 de junio de 2021, la Personería Municipal de San Marcos solicitó a la Fiscalía dar prioridad al caso de la señora Sandra, con fundamento en un video difundido en redes sociales, fotografías y un requerimiento de su apoderada. En esa comunicación, la Personería advirtió que la situación podía culminar en uno o varios feminicidios y que también se aludía a presunto maltrato infantil contra sus hijas menores de edad[22]. Ese mismo día, la Fiscalía 35 Local de San Marcos informó que la noticia criminal, adelantada contra Fabián Ramírez y Carlos Ramírez por el delito de lesiones personales, fue categorizada como priorizada[23].
12. También el 22 de junio de 2021[24], la Comisaría de Familia de San Marcos profirió auto de trámite por la presunta amenaza o vulneración de derechos de la NNA Margarita[25]. En consecuencia, ordenó valoración psicológica y emocional inicial, valoración del entorno familiar, identificación de redes vinculares y factores protectores y de riesgo, así como verificación de la vinculación de las niñas a salud y educación. El 25 de junio de 2021, al constatar que la señora Sandra y sus hijas se encontraban en Santa Aurora, la Comisaría ordenó trasladar la solicitud de restablecimiento de derechos al ICBF Regional Santa Aurora [26].
13. El 30 de junio de 2021, durante la audiencia celebrada ante el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Iscalia, en función de control de garantías, la Fiscalía 35 Local de San Marcos solicitó medidas de protección a favor de la señora Sandra, petición a la que accedió el juzgado con fundamento en el artículo 17 de la Ley 1257 de 2008[27]. Entre otras medidas, ordenó a los presuntos agresores abstenerse de ingresar a cualquier lugar donde se encontrará la víctima y dispuso protección temporal especial por parte de la Policía Nacional. El 11 de julio de 2021, la Estación de Policía de San Marcos informó que el seguimiento de la medida se dificultaba porque la accionante ya no residía en el Departamento del sur y no había suministrado su ubicación actual por razones de seguridad[28].
14. Por otra parte, la Secretaría Distrital de la Mujer de Santa Aurora realizó seguimiento al acompañamiento psicosocial brindado a la accionante. En el radicado n.º 1-2021-011132 del 7 de diciembre de 2021, se dejó constancia de que la señora Sandra asistió a tres sesiones de orientación psicosocial, los días 6, 13 y 27 de julio de 2021, para abordar el malestar emocional relacionado con hechos de violencia psicológica, verbal y física presuntamente ejercidos por vecinos en San Marcos [29].
15. Finalmente, el 20 de septiembre de 2021 tuvieron lugar dos actuaciones distintas. Por una parte, la Personería Municipal de San Marcos trasladó al Fiscal Local 35 una comunicación de la Procuradora 38 Judicial Penal II de Macao, en la que se sugirió tener en cuenta el agravante del artículo 119 del Código Penal, relativo a que la conducta se hubiera cometido contra una mujer por el hecho de ser mujer[30]. Por otra parte, la Procuradora delegada para el Ministerio Público de Asuntos penales designó al Personero Municipal de San Marcos para que priorizara la intervención del Ministerio Público[31]. Posteriormente el 25 de febrero de 2022, la Personería informó que el 9 de febrero de ese año se realizó una diligencia de conciliación, con acompañamiento de una funcionaria de la Procuraduría Judicial de San Marcos, en la que se abordaron asuntos relacionados con una presunta perturbación a una servidumbre de tránsito, caninos, presunto consumo de estupefacientes y quejas recíprocas entre las partes[32].
Desarrollo del proceso penal
16. La siguiente tabla sintetiza las principales actuaciones del proceso penal, incluidas las suspensiones, los aplazamientos y las reprogramaciones de la audiencia concentrada y del juicio oral, así como la información relevante para resolver el caso concreto:
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Fecha |
Actuación |
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25 de abril de 2022 |
La Fiscalía 35 Local de San Marcos trasladó el escrito de acusación contra Fabián Ramírez y Carlos Ramírez como coautores, a título de dolo, del delito de lesiones personales agravadas, previsto en los artículos 111, 112, inciso primero, y 119, inciso segundo, del Código Penal. Para sustentar el agravante, señaló que la víctima había sido objeto de conductas amenazantes por su condición de mujer, vivía sola en el inmueble y se encontraba en una situación de desventaja frente a los dos acusados, quienes habrían aprovechado esas circunstancias para agredirla.[33] |
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12 de mayo de 2022 |
La Personería Municipal de San Marcos solicitó ser citada a las audiencias, debido a que el caso había sido priorizado mediante la Alerta de Intervención Judicial n.º 66 de 2021, relacionada con la defensa de los derechos de las mujeres[34]. |
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6 de octubre de 2022 |
El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Marcos instaló la audiencia concentrada. Los procesados no aceptaron los cargos y designaron defensor. La diligencia fue suspendida por un corte de energía[35]. |
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2 de noviembre de 2022 |
El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Marcos no realizó la audiencia debido a trabajos en las redes eléctricas del municipio[36] |
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13 de abril de 2023
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La Fiscalía 35 Local de San Marcos solicitó aplazar la audiencia porque debía atender diligencias en un proceso con persona capturada por violencia intrafamiliar[37]. |
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22 de agosto de 2023
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El fiscal informó que había sido sancionado disciplinariamente con destitución y solicitó una nueva fecha. El juzgado reprogramó la continuación de la audiencia para el 23 de noviembre de 2023[38][39]. |
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23 de noviembre de 2023 |
Delimitación del debate probatorio. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Marcos continuó la audiencia concentrada. La Fiscalía, la defensa, la representación de la víctima y el Ministerio Público indicaron que no advertían nulidades[40]. En la audiencia concentrada la Fiscalía solicitó pruebas testimoniales, documentales y periciales relacionadas con la denuncia, las valoraciones médicas, entrevistas, informes de investigador, registros fotográficos, audios y videos. La defensa también pidió pruebas testimoniales, documentales y periciales, entre ellas videos de Papel vivo, audios de una emisora, una denuncia por injuria y calumnia formulada contra la víctima y oficios de la Personería de San Marcos [41]. El fiscal solicitó rechazar varios de los testimonios y documentos pedidos por la defensa porque, en su criterio, se referían a disputas por tierras, desalojos, injurias, calumnias y denuncias cruzadas que no contribuían a esclarecer la agresión. Sostuvo que el proceso versaba sobre “unas lesiones personales” y que no debían incorporarse “otras circunstancias” relacionadas con los conflictos previos[42]. |
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21 de mayo de 2024
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El apoderado de los procesados renunció al poder. En esa diligencia, la representante de las víctimas advirtió que la defensa estaba dilatando el proceso[43]. La jueza concedió cinco días hábiles para que los acusados designaran nuevo defensor y advirtió que, de no hacerlo, solicitaría la asignación de un defensor público[44]. |
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4 de junio de 2024 |
La jueza reconoció personería al abogado Roberto Martínez como defensor de confianza de Fabián Ramírez y dejó constancia de que Carlos Ramírez sería representado por defensor público[45]. La jueza también dejó constancia de que los acusados fueron citados y no comparecieron. Además, recordó que en la audiencia del 21 de mayo de 2024 se había advertido que no se permitiría ninguna dilación injustificada, pues la audiencia venía siendo programada desde febrero[46]. Sin embargo, ante una nueva solicitud de aplazamiento de la defensa y debido a que el defensor público manifestó desconocer el asunto, la diligencia fue suspendida[47]. |
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7 de junio de 2024
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La jueza reconoció personería al abogado Roberto Martínez como defensor del otro implicado, Carlos Ramírez; resolvió sobre el decreto probatorio; y fijó el 9 de julio de 2024 para iniciar el juicio oral.[48] |
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9 de julio de 2024 |
El juzgado instaló el juicio oral. La diligencia se realizó de forma mixta: virtual para la víctima y su representante, y presencial para la Fiscalía, los procesados y su defensor. En sus alegatos iniciales, la Fiscalía señaló que adelantaría el juicio contra Carlos Ramírez y Fabián Ramírez por el delito de lesiones personales dolosas agravadas, con ocasión de la denuncia presentada por Sandra. Indicó que demostraría, más allá de toda duda razonable, que los acusados fueron quienes le causaron las lesiones a la víctima el 9 de junio de 2021[49]. |
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13 de agosto de 2024
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Recibió los testimonios de Jennifer Ríos, Eduardo Montes y Alexa. Al finalizar su testimonio, la Fiscalía renunció a las demás pruebas decretadas a su favor. En consecuencia, no fueron incorporados varios de los documentos admitidos en la audiencia concentrada, entre ellos la denuncia, su ampliación, los registros fotográficos, las entrevistas, las actas de conciliación y el disco compacto que contenía videos, fotografías y otros documentos[50]. La diligencia fue suspendida y se fijó el 7 de octubre de 2024 para su continuación[51]. Por auto del 4 de octubre de 2024, el Juzgado reprogramó la continuación del juicio oral para el 16 de octubre de 2024, debido a una reorganización de la agenda de audiencias del despacho[52]. |
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16 de octubre de 2024
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La defensa presentó solicitud de nulidad por presunta vulneración del derecho de defensa y del debido proceso, relacionada con la negativa de decretar una prueba común en la audiencia del 7 de junio de 2024. La Fiscalía se opuso. Señaló que cada parte podía desistir de sus pruebas conforme a su teoría del caso y que la defensa ya había tenido oportunidad de controvertir la decisión probatoria. La representante de las víctimas y el Ministerio Público coadyuvaron la oposición y consideraron que la solicitud podía tener efectos dilatorios[53]. |
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30 de octubre de 2024
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Continuó el juicio con la asistencia del Ministerio Público. No asistió Carlos Ramírez. La jueza negó la nulidad deprecada por el defensor de los acusados y dispuso compulsar copias disciplinarias en su contra, al estimar dilatoria su actuación[54]. La jueza aclaró que el proceso tiene seguimiento por la Procuraduría, además de tener riesgo de prescripción. Inconforme con esta decisión, el abogado interpuso recurso de apelación, y las partes nuevamente dejaron constancia de que el proceso tenía riesgo de prescripción[55]. |
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11 de febrero de 2025
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El Juzgado Primero Penal del Circuito de Helena resolvió el recurso de apelación interpuesto por la defensa y confirmó la decisión del 30 de octubre de 2024[56], que negó la solicitud de nulidad[57]-[58]. |
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5 de marzo de 2025
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Continuó el juicio oral y la defensa inició su práctica probatoria[59]. Se recibieron los testimonios de Carlos Ramírez, David y Carolina Ramírez. |
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14 de marzo de 2025
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Se recibió el testimonio de Fabián Ramírez. La defensa solicitó un nuevo aplazamiento para procurar la comparecencia de Andrés Gómez y desistió de otros dos testimonios[60]. La representante de víctimas se opuso, al considerar que desde la audiencia anterior se había advertido al defensor sobre la proximidad de los términos y que este tenía la carga de gestionar oportunamente la comparecencia o citación de sus testigos. No obstante, la jueza accedió a la solicitud, ordenó citar al testigo pendiente y fijó el 19 de marzo de 2025 para continuar la audiencia. |
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19 de marzo de 2025
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Recibió el testimonio de Andrés Gómez, cerró la práctica probatoria y escuchó los alegatos de conclusión. La jueza pospuso el sentido del fallo para revisar el expediente[61]. La Fiscalía solicitó emitir sentido de fallo condenatorio contra Carlos Ramírez y Fabián Ramírez. Sostuvo que, cuando las lesiones generan una incapacidad física o para trabajar “no superior a 30 días”, la pena prevista es de “16 a 36 meses”. Por su parte, la representante de víctimas solicitó condena por “lesiones dolosas agravadas”, al considerar que existió “un ánimo de los hombres de golpear a una mujer por la rencilla” entre la familia Ramírez y la señora Sandra. El Ministerio Público no hizo ninguna apreciación al respecto. Finalmente, la jueza difirió el sentido del fallo para revisar el expediente. |
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7 de abril de 2025
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Audiencia de sentido del fallo. El 7 de abril de 2025[62] se realizó audiencia en la que se anunció el sentido del fallo: absolutorio para Carlos Ramírez, al no existir pruebas directas ni indicios graves en su contra, y condenatorio para Fabián Ramírez. Luego, las partes se pronunciaron conforme al artículo 447 del CPP sobre las condiciones personales del condenado y la eventual concesión de subrogados penales. Finalmente, la jueza indicó que daría traslado de la sentencia en los términos del artículo 545 de la Ley 906 de 2004. |
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8 de abril de 2025
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Sentencia. el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Marcos profirió sentencia dentro del proceso penal por lesiones personales dolosas[63]. Declaró penalmente responsable a Fabián Ramírez, al considerar acreditado que el 9 de junio de 2021 agredió a Sandra y le causó lesiones que generaron una incapacidad médico legal definitiva de 12 días[64]. En consecuencia, condenó a Fabián Ramírez a 16 meses de prisión y le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena por dos años. Por otra parte, absolvió a Carlos Ramírez, al estimar que no existían pruebas directas ni indicios suficientes que demostraran su participación en los hechos. En la decisión se condenó a Fabián Ramírez por el delito de lesiones personales dolosas, pero sin el agravante del artículo 119 del Código Penal[65].
El juzgado descartó el agravante previsto en el inciso segundo del artículo 119 del Código Penal. Aunque reconoció que la víctima era una mujer, en los fundamentos del fallo explicó no se demostró que la agresión hubiera estado motivada por su condición de mujer ni que se inscribiera en un contexto de dominación, discriminación o violencia estructural. A su juicio, el ataque tuvo origen en el conflicto relacionado con el predio y la servidumbre de paso, por lo que condenó a Fabián Ramírez únicamente por lesiones personales dolosas (pág. 43). |
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9 de abril de 2025 |
La Personería Municipal de San Marcos, en calidad de Ministerio Público y en seguimiento del caso priorizado por la Procuraduría, informó al juzgado que no recurriría la sentencia proferida dentro del proceso penal[66]. |
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21 de abril de 2025 |
La representante de víctimas también manifestó que no interpondría recursos[67]. |
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22 de abril de 2025 |
La defensa apeló la sentencia del 8 de abril de 2025[68]. Al día siguiente, el juzgado concedió el recurso en efecto suspensivo y ordenó remitir la actuación a la Sala Penal del Tribunal Superior de San Miguel [69]. |
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25 de abril de 2025 |
El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Marcos comunicó a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Departamento del sur la compulsa de copias ordenada contra el defensor Roberto Martínez por sus actuaciones en la audiencia del 30 de octubre de 2024[70]. |
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9 de mayo de 2025 |
La Sala Primera de Decisión Penal del Tribunal Superior de San Miguel a través de Auto y acta n.º 760 advirtió que, al momento de recibir el recurso de apelación interpuesto por la defensa contra la sentencia del 8 de abril de 2025, la acción penal ya se encontraba prescrita. En consecuencia, no resolvió de fondo la apelación interpuesta por la defensa contra la sentencia del 8 de abril de 2025, porque advirtió que la acción penal ya había prescrito. Señaló que, tras el traslado del escrito de acusación del 25 de abril de 2022, el término de prescripción volvió a correr por tres años, por lo que se cumplió el 25 de abril de 2025. Para el cálculo tuvo en cuenta la circunstancia de agravación punitiva prevista en el inciso segundo del artículo 119 del Código Penal (pág. 6). Como el recurso llegó al Tribunal el 28 de abril de 2025, la acción penal ya estaba prescrita. En consecuencia, decretó la extinción de la acción penal por prescripción y declaró la cesación del procedimiento a favor de Fabián Ramírez y Carlos Ramírez [71]. |
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13 de mayo de 2025 |
La Sala Penal del Tribunal Superior de San Miguel realizó audiencia virtual de lectura de providencia dentro del proceso por lesiones personales dolosas agravadas contra Fabián Ramírez y Carlos Ramírez. La decisión fue notificada en estrados y contra ella procedía únicamente el recurso de reposición. Al finalizar la audiencia, se preguntó a las partes e intervinientes si deseaban interponer recurso de reposición contra la decisión. La apoderada de la víctima, la Fiscalía y el defensor manifestaron que no lo interpondrían. Asimismo, se concedió el uso de la palabra a la víctima, quien también indicó que no presentaba recurso[72]. |
Tabla n.º 1 desarrollo del proceso penal.
17. Actuación penal paralela por calumnia. Además del proceso por lesiones personales, la accionante relató que, el 20 de junio de 2021, expuso su caso en una sección de Papel Vivo dedicada a denunciar hechos de violencia de género, debido a la falta de protección por parte de las autoridades locales. Con ocasión de esa publicación, el 23 de junio de 2021, Carlos Ramírez y Fabián Ramírez la denunciaron penalmente por el delito de calumnia, al considerar que las agresiones denunciadas no ocurrieron y que la exposición del caso afectó su honra.
18. La Fiscalía ordenó el archivo de esa investigación el 28 de julio de 2023 por atipicidad. Sin embargo, posteriormente, fue desarchivada a solicitud del abogado Roberto Martínez, apoderado de los hermanos Ramírez, con fundamento en nuevas pruebas relacionadas con publicaciones en medios y redes sociales. La accionante afirmó que no conocía la reactivación del proceso y que solo obtuvo copia de la resolución de desarchivo tras solicitarla. En ese trámite fue citada a conciliación con los hermanos Ramírez, quienes reclamaron $40.000.000 por daños morales, sin que se lograra acuerdo[73].
19. La acción de tutela[74]. El 23 de septiembre de 2025, la accionante presentó acción de tutela contra el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Marcos, el Tribunal Superior de San Miguel y la Fiscalía 35 Local del mismo municipio, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al juez natural y a vivir una vida libre de violencias, los cuales consideró vulnerados en el marco de la actuación penal.
20. La accionante sostuvo que las autoridades accionadas incurrieron en un defecto procedimental absoluto, debido a la falta de competencia del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Marcos para conocer del delito imputado en el escrito de acusación. Señaló que, al haberse acusado a los hermanos Ramírez por lesiones personales dolosas agravadas, el asunto no era de competencia de los jueces municipales ni debía tramitarse por el procedimiento especial abreviado, sino por el procedimiento ordinario ante los jueces penales del circuito. Asimismo, alegó que las autoridades desconocieron el precedente constitucional en materia de enfoque de género, pues no abordaron la investigación y el proceso con base en ese criterio ni cumplieron el deber de debida diligencia reforzada. En particular, señaló que omitieron considerar como hipótesis investigativa que los hechos hubieran sido cometidos por su condición de mujer, dejaron de valorar el contexto de violencia previa y redujeron la agresión a un simple conflicto vecinal[75].
21. En consecuencia, solicitó la protección de sus derechos fundamentales, dejar sin efectos lo actuado en el proceso penal desde el escrito de acusación, ordenar el reparto del asunto a los jueces penales del circuito de Helena y disponer que la Fiscalía designe un fiscal imparcial, que actúe con debida diligencia y enfoque de género[76].
22. Trámite de la acción. Mediante auto del 26 de septiembre de 2025, la Sala de Decisión de Tutelas n.º 1 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia corrió traslado de la acción de tutela a las entidades accionadas y vinculadas. En particular, según la constancia de notificación del 29 de septiembre de 2025[77], fueron notificados de la acción de tutela y de su vinculación Carlos Ramírez, Fabián Ramírez, Roberto Martínez, Valentina Posso, la Secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Miguel, el Juzgado Promiscuo Municipal de Iscalia y la Personería Municipal de San Marcos.
23. Dentro del término concedido, se recibieron las contestaciones de la Secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Miguel, de la Fiscalía 35 Local de San Marcos, y del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Marcos, en calidad de partes accionadas en el trámite de tutela.
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Sala Primera de Decisión Penal del Tribunal Superior de San Miguel [78]. |
El 29 de septiembre de 2025 solicitó declarar improcedente la tutela por falta de subsidiariedad. Informó que el 9 de mayo de 2025 decretó la extinción de la acción penal por prescripción a favor de Fabián Ramírez y Carlos Ramírez, decisión leída el 13 de mayo de 2025 y no recurrida en reposición. Agregó que la adecuación típica correspondía a la Fiscalía y que la accionante debió controvertir oportunamente la calificación jurídica. |
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Secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior de San Miguel [79] |
El 30 de septiembre de 2025 informó que el expediente fue recibido y repartido el 23 de abril de 2025, pero ese mismo día se devolvió al juzgado de origen para corregir la contabilización del término de sustentación de la apelación. Fue recibido nuevamente el 28 de abril de 2025. El 9 de mayo de 2025 se decretaron la prescripción y la cesación del procedimiento; la decisión se leyó el 13 de mayo de 2025 y el expediente se devolvió al juzgado el 15 de mayo de 2025. |
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Fiscalía 35 Local de San Marcos [80]. |
El 1 de octubre de 2025 sostuvo que los jueces penales municipales eran competentes, pues el artículo 37.1 del CPP les atribuye el conocimiento de las lesiones personales y el artículo 119 del CP establece una agravante, no un delito autónomo. Por ello, estimó adecuado el procedimiento especial abreviado. Indicó que actuó con transparencia, se opuso a solicitudes defensivas que consideró dilatorias y pidió compulsar copias ante la Comisión de Disciplina Judicial. Además, explicó que el archivo de la investigación por calumnia contra la accionante era provisional y que la actuación fue desarchivada por la presentación de nuevas pruebas; actualmente se encuentra en indagación y sin acusación. |
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Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Marcos[81]. |
El 1 de octubre de 2025 solicitó declarar improcedente la tutela o negar las pretensiones. Consideró que los jueces penales municipales eran competentes para conocer de las lesiones personales; que el término de prescripción se interrumpió con el traslado del escrito de acusación y comenzó a correr nuevamente por la mitad, sin ser inferior a tres años; y que no se probó que la agresión estuviera motivada por la condición de mujer de la víctima o por un contexto de dominación o discriminación. Finalmente, sostuvo que no se cumplió la subsidiariedad, porque la accionante no formuló oportunamente sus objeciones ni utilizó los mecanismos ordinarios contra la decisión que decretó la prescripción. |
Tabla n.º 2 Síntesis de las contestaciones en el trámite de tutela.
24. Sentencia de primera instancia de tutela[82]. El 7 de octubre de 2025, la Sala de Decisión de Tutelas n.º 1 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente el amparo solicitado por Sandra. Consideró que no se cumplió el requisito de subsidiariedad, porque la accionante no interpuso el recurso de reposición contra la providencia del 9 de mayo de 2025, mediante la cual el Tribunal Superior de San Miguel decretó la extinción de la acción penal por prescripción. Además, señaló que, aun si se flexibilizara dicho requisito, la decisión cuestionada estuvo debidamente sustentada y no se advertía caprichosa, arbitraria ni afectada por defectos protuberantes que justificaran la intervención del juez constitucional.
25. Impugnación[83]. El 5 de noviembre de 2025, Sandra interpuso recurso de apelación contra la sentencia del 7 de octubre de 2025, que declaró improcedente la tutela. La accionante cuestionó que la Sala hubiera fundado la improcedencia en el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, por no haber recurrido la decisión del Tribunal Superior de San Miguel que declaró la prescripción de la acción penal, sin valorar que no contaba con otro medio de defensa para evitar la impunidad. Además, sostuvo que la sentencia no se pronunció de fondo sobre el defecto procedimental absoluto alegado, relacionado con que el proceso penal se tramitó por el procedimiento especial abreviado, pese a que, en su criterio, debía adelantarse por el procedimiento ordinario debido a la acusación por lesiones personales dolosas agravadas. También reprochó que no se hubiesen analizado sus argumentos sobre violencia de género, falta de debida diligencia de las autoridades y afectación de sus derechos como víctima.
26. Sentencia de segunda instancia de tutela[84]. El 28 de noviembre de 2025, la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia resolvió la impugnación y confirmó la sentencia del 7 de octubre de 2025, que había declarado improcedente la acción de tutela. Consideró que la accionante cuestionaba, principalmente, el auto mediante el cual el Tribunal Superior de San Miguel declaró la prescripción de la acción penal. Sin embargo, estimó que el amparo no cumplía el requisito de subsidiariedad, porque la accionante tenía la posibilidad de interponer el recurso de reposición contra esa decisión y no lo hizo, pese a haber sido notificada en debida forma. Además, señaló que los demás reproches de la accionante tampoco podían estudiarse por vía de tutela, porque no fueron planteados oportunamente ante el juez natural ni ante las autoridades competentes dentro del proceso penal. En consecuencia, confirmó la improcedencia del amparo y dispuso remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
27. El expediente T-11.884.151 fue escogido para revisión y repartido a este despacho por la Sala de Selección de Tutelas Número Tres de 2026, a través de Auto del 27 de marzo de 2026. Posteriormente, el 17 de abril del mismo año, el expediente fue remitido al despacho sustanciador[85].
28. Mediante Auto del 20 de mayo de 2026, la magistrada sustanciadora consideró necesario ejercer la facultad de decretar pruebas, con el fin de: (i) esclarecer el contexto previo de conflictividad entre la señora Sandra y la familia Ramírez; (ii) determinar si las autoridades competentes conocieron oportunamente las presuntas amenazas, hostigamientos, intimidaciones y afectaciones denunciadas por la accionante y sus hijas; (iii) establecer si la investigación y el proceso penal debían ser adelantados con enfoque de género y, de ser así, si este fue tenido en cuenta; (iv) verificar las circunstancias que condujeron a la prescripción de la acción penal; y (v) conocer si la accionante contó con información suficiente y recursos efectivos para controvertir las decisiones adoptadas dentro del proceso penal.
29. Respuestas recibidas en el recaudo probatorio. Las personas y entidades oficiadas atendieron los requerimientos de la magistrada sustanciadora y remitieron los informes solicitados. La información pertinente para resolver la controversia será expuesta en el análisis del caso concreto y se empleó para complementar los hechos descritos en la acción de tutela presentada por la accionante.
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Entidad |
Respuesta |
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Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Miguel, Sala Primera de decisión Penal[86]. |
El 27 de mayo de 2026, el tribunal superior de San Miguel informó que la providencia proferida el 9 de mayo de 2025 fue leída el 13 de mayo de 2025. Indicó que contra la decisión procedía el recurso de reposición, circunstancia que fue informada al finalizar la lectura de la providencia. Sin embargo, la víctima y su apoderada manifestaron expresamente que no lo interpondrían. Frente a la prescripción, explicó que la interrupción de la acción penal se produjo el 25 de abril de 2022, fecha en la que la Fiscalía corrió traslado del escrito de acusación a los procesados y que el término de tres años se cumplió el 25 de abril de 2025, incluso tomando como referencia el delito en su modalidad agravada, aunque la condena fue por la modalidad simple. Por ello, sostuvo que no existía alternativa distinta a decretar la prescripción. No obstante, el despacho afirmó que, al tratarse de una causal objetiva y verificado el cumplimiento del término prescriptivo, debía declararse la extinción de la acción penal por prescripción, pues el Estado había perdido la potestad de juzgar a los procesados[87]. |
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Personería Municipal de San Marcos [88]. |
El 27 de mayo de 2026, la Personería Municipal informó que el día 23 de septiembre de 2021, mediante correo electrónico institucional se llegó a la Personería Municipal de San Marcos comunicación del “Caso Priorizado - Alerta de Intervención Judicial N° 66” por parte de la Procuraduría delegada Ministerio Público Asuntos Penales. Señaló que el día 22 de junio de 2021, por medio de correo electrónico institucional, la abogada Valentina Posso apoderada de la señora Sandra, solicitó intervención para el caso bajo la Noticia Criminal, por lo que, el despacho procedió a solicitar priorización de este a la Fiscalía 35 Local[89]. Informó que realizó seguimiento e intervenciones relacionadas con el caso de Sandra. En 2021 remitió un informe ejecutivo a la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia, la Familia y las Mujeres[90]. En 2022 acompañó a la accionante a una audiencia de conciliación por una presunta perturbación de servidumbre y una queja por caninos[91], trasladó el asunto al Inspector de Policía y comunicó la respuesta a la interesada[92]. Asimismo, solicitó a la Fiscalía 35 Local información sobre el estado de la noticia criminal priorizada[93]. Posteriormente, el 16 de mayo de 2022 remitió información y respuestas sobre el caso priorizado a autoridades de la Procuraduría Judicial Penal en San Miguel y Macao[94]. Finalmente, Mediante PMSA-242-2022 del 17 de mayo de 2022 otorgó respuesta del caso priorizado a la procuradora delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales y la Procuradora 38 judicial Penal II de Macao. Mediante oficio PMSA-228-2024, del 20/5/2024 se remitió informe a la Procuradora delegada con Funciones Mixtas Para el Ministerio Público en asuntos penales. Frente a sus actuaciones como Ministerio Público dentro del proceso penal, indicó que, las actuaciones e intervenciones realizadas en calidad de Agente del Ministerio Público se encuentran en los informes rendidos a la Procuradora delegada con Funciones Mixtas Para el Ministerio Público en Asuntos Penales[95]. Asimismo, indicó que el proceso penal contaba con priorización del Ministerio Público y que el suscrito funcionario venía realizando seguimiento permanente para evitar el vencimiento de términos y garantizar el avance de las etapas procesales. Sobre este punto, precisó que dicha vigilancia obedecía a que “se tiene como víctima a una mujer quien según los dictámenes médicos y demás reportes que reposan en el expediente judicial presuntamente tuvo que soportar algunas afectaciones en su integridad”[96][97].
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Procuraduría 139 judicial II para el Ministerio Público en Asuntos Penales de San Miguel[98]. |
El 27 de mayo de 2026, la Procuraduría 139 Judicial II para el Ministerio Público en Asuntos Penales de San Miguel informó que no tuvo conocimiento ni intervención directa en el proceso penal objeto de revisión, pues la función de Ministerio Público ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Marcos correspondía, por competencia, a la Personería Municipal de San Marcos. Señaló que en sus registros no obra ninguna solicitud, queja, petición, actuación de acompañamiento, vigilancia administrativa o requerimiento relacionado con los hechos del caso, ni antes ni después del 20 de septiembre de 2021.
Sin embargo, informó que el procurador fue notificado para asistir a la audiencia de lectura de providencia de segunda instancia del proceso penal, fijada para el 13 de mayo de 2025 a las 9:00 a.m. Sin embargo, no pudo asistir porque a esa misma fecha y hora tenía programada una audiencia preparatoria en otro proceso, en el cual la víctima había solicitado expresamente la presencia del Ministerio Público.
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Procuraduría delegada con Funciones Mixtas 5 para el Ministerio Público en Asuntos Penales[99]. |
El 27 de mayo de 2026, la Procuraduría delegada informó que, revisadas sus bases de datos, no encontró solicitudes, quejas o peticiones presentadas antes del 9 de junio de 2021 por la señora Sandra, sus familiares, arrendatarios o integrantes de la familia Ramírez, relacionadas con el conflicto por un predio, amenazas, hostigamientos o falta de atención institucional. Indicó que, con ocasión de la solicitud de “Caso Priorizado – Alerta de Intervención Judicial N. 66”, realizada el 20 de septiembre de 2021, la Procuradora Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales dispuso designar al personero municipal de San Marcos, para que priorizara la intervención del Ministerio Público en la investigación penal, adelantada por la Fiscalía 35 Local de esa ciudad por el delito de lesiones personales, en la que figura como víctima la señora Sandra [100]. Señaló que, antes de dicha solicitud, no tuvo conocimiento de actuaciones de acompañamiento, vigilancia administrativa o requerimientos elevados por la Personería Municipal de San Marcos, ni por otra autoridad, con ocasión de esos hechos. Agregó que, para ese momento, tampoco conocía que el asunto estuviera relacionado con hechos de violencia contra la mujer o con una situación de riesgo para la accionante y sus hijas. |
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Comisión Seccional de Disciplina Judicial[101]. |
La Comisión Seccional de Disciplina Judicial informó que, en cumplimiento del auto del 20 de mayo de 2025, adelantó investigación disciplinaria contra el abogado Roberto Martínez, con ocasión de la compulsa de copias ordenada por el Juzgado Único Promiscuo Municipal de San Marcos. Señaló que el proceso disciplinario, se encuentra terminado y archivado, debido a que el 11 de marzo de 2026, en audiencia, se profirió decisión de terminación de la actuación disciplinaria. Además, adjuntó el vínculo de acceso a las actuaciones correspondientes.
Del expediente remitido se advierte que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial concluyó que no existía mérito para continuar la investigación disciplinaria contra el abogado Roberto Martínez. Esta conclusión fue sustentada por la magistrada durante la audiencia, en la que precisó que el profesional asumió la defensa técnica el 4 de junio de 2024 y que, desde ese momento, sus intervenciones se circunscribieron al ejercicio legítimo de la defensa de sus representados, mediante la participación en diligencias, la práctica de pruebas y el uso de los mecanismos procesales previstos en el ordenamiento jurídico. Asimismo, la magistrada señaló que las principales dilaciones del proceso ocurrieron antes de que el abogado asumiera la defensa o estuvieron asociadas a factores externos y a actuaciones de otros intervinientes, por lo que no podían atribuírsele. En consecuencia, decretó la terminación de la actuación disciplinaria adelantada en su contra[102].
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Comisaría de Familia de San Marcos [103]. |
El 27 de mayo de 2026, la Comisaría de Familia informó que antes del 9 de junio de 2021 no encontró registros de que Sandra hubiera acudido a esa dependencia por amenazas, hostigamientos, agresiones, intimidaciones, afectaciones a sus hijas o conflictos con la familia Ramírez. Tampoco halló quejas o actuaciones promovidas por integrantes de esa familia contra la accionante o su núcleo familiar.
La comisaría señaló que, el 22 de junio de 2021, en atención a la información allegada por parte de la Personería Municipal la Comisaria de Familia de San Marcos emitió Auto por medio del cual se ordenó la verificación de la garantía de derechos a favor de la menor Tatiana y Margarita [104]. De acuerdo con ello, el equipo interdisciplinario de la Comisaría de Familia ordenó realizar la valoración inicial del entorno familiar, redes vinculares e identificación de elementos protectores y de riesgo para la garantía de derecho de las niñas.
El 25 de junio de 2021, la Comisaría de Familia de San Marcos, elaboró informe de visita domiciliaria respecto de la niña Tatiana, de 11 años. La Comisaría informó que, el 24 de junio de 2021, estableció comunicación telefónica con la señora Sandra para realizar las valoraciones social y psicológica de las niñas. La progenitora manifestó que se encontraba con sus hijas en Santa Aurora. y que, por razones de seguridad, no suministraría la dirección exacta de residencia. Asimismo, señaló que la actuación se originó en una solicitud de la Personería Municipal de San Marcos, relacionada con una denuncia según la cual la señora Sandra y sus hijas habrían sido maltratadas por los señores Fabián Ramírez y Carlos Ramírez [105]. Seguidamente, la Comisaría de Familia del municipio expidió auto de traslado del 25 de junio de 2021, mediante el cual remitió la solicitud de restablecimiento de derechos a favor de las niñas Tatiana y Margarita al ICBF Regional Santa Aurora., en atención a que en dicha ciudad se encontraban las menores y su progenitora. Finalmente, la Comisaría sostuvo que la señora Sandra fue acompañada el 9 de junio de 2021, oportunidad en la que recibió orientación jurídica sobre los derechos que le asistían como mujer y como víctima de violencia basada en género[106]. |
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Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Marcos [107]. |
El 28 de mayo de 2026, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Marcos, respondió y informó sobre el proceso penal contra Carlos Ramírez y Fabián Ramírez. Explicó que la audiencia concentrada, inicialmente fijada para el 6 de octubre de 2022, fue suspendida por fallas de energía eléctrica y reprogramada para el 2 de noviembre de 2022. Como la interrupción persistió, se aplazó al 13 de abril de 2023. Ese día, la Fiscalía solicitó aplazamiento por atender audiencias con persona capturada, la diligencia se fijó para el 22 de agosto de 2023. En esa fecha, el fiscal pidió un nuevo aplazamiento tras ser notificado de una sanción disciplinaria de destitución. Finalmente, la audiencia continuó y culminó el 23 de noviembre de 2023. El juzgado señaló que procuró impulsar el trámite mediante la programación de diligencias en las fechas más próximas, la priorización del proceso, el control de aplazamientos, el uso de medios tecnológicos para testigos, exhortos a Fiscalía y defensa y la preparación digital de documentos. Asimismo, advirtió reiteradamente sobre el riesgo de prescripción, en especial el 30 de octubre de 2024 y el 5, 14 y 19 de marzo de 2025. El 19 de marzo verificó el término y programó el sentido de fallo para el 7 de abril; la sentencia se profirió el 8 de abril de 2025. Explicó que la duración obedeció a recursos, aplazamientos, una solicitud de nulidad, varias sesiones probatorias y la espera de aproximadamente tres meses y medio por la decisión de una apelación. Añadió que tres jueces dirigieron el juicio oral, por lo que la jueza titular tuvo que revisar las audiencias adelantadas por otros funcionarios antes de fallar. Acerca de la priorización del proceso y la participación del Ministerio Público. Relató que La Personería Municipal informó el 12 de mayo de 2022 que el caso había sido priorizado por una alerta relacionada con los derechos de las mujeres. El juzgado indicó que notificó a la Personería de las diligencias y que el Ministerio Público participó en las audiencias del 7 de junio, 9 de julio, 13 de agosto, 16 y 30 de octubre de 2024, y 5, 14, 19 de marzo y 7 de abril de 2025. El 8 de abril se le trasladó la sentencia y el 10 de abril presentó renuncia a términos. Sobre el enfoque de género, el juzgado indicó que la víctima relató hostigamientos, amenazas, conflictos con la familia Ramírez y actuaciones ante la Comisaría de Familia e Inspección de Policía. Aunque la Fiscalía decretó pruebas sobre ese contexto denuncia, fotografías, entrevistas, documentos de conciliación y archivos audiovisuales, sostuvo que en el juicio solo se incorporó efectivamente el informe médico legal. Por tanto, concluyó que no se probó que las lesiones obedecieran a razones de género, sino a un conflicto por la compraventa de un predio rural, y descartó el agravante del artículo 119 del Código Penal. Además, el 30 de octubre de 2024 compulsó copias contra el defensor Roberto Martínez, por una solicitud de nulidad dirigida a reabrir la discusión sobre un testimonio, pese a que la negativa de esa prueba ya había sido resuelta y no se habían agotado los recursos disponibles. El despacho consideró que la solicitud podía generar una dilación injustificada en un proceso próximo a prescribir. Finalmente, atribuyó parte de las demoras a cambios de jueces y personal de apoyo, vacancias, licencias, renuncias, traslados, incapacidades, cierres extraordinarios y la creación del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de San Marcos, que exigió reorganizar, digitalizar y redistribuir expedientes. En 2025, la jueza titular estuvo incapacitada por accidente laboral; aunque el Juzgado Segundo atendió asuntos urgentes y la secretaria fue encargada como jueza, la titular debió reasumir el caso y valorar integralmente la prueba antes de dictar sentencia. |
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Inspección de Convivencia y Paz del Municipio de San Marcos (Inspección de Policía)[108]. |
El 26 de mayo de 2026, la Inspección de Convivencia y Paz de San Marcos solicitó ser desvinculada de la tutela, pues el actual inspector ocupa el cargo desde el 4 de junio de 2025 y el secretario desde el 1 de agosto de 2024, por lo que los hechos objeto de revisión ocurrieron antes de su vinculación a la dependencia.
La Inspección informó que, una vez revisados sus archivos, encontró varias actuaciones relacionadas con Sandra y la familia Ramírez. El 16 de agosto de 2016 se adelantó una conciliación extraprocesal entre la accionante y David, sin acuerdo, según la Inspección, allí no se expusieron amenazas ni maltratos vinculados al negocio entre las partes.
La inspección indicó que el 20 de junio de 2021, la Personería remitió copia de la solicitud de priorización de la noticia criminal. La Inspección respondió el 23 de junio de 2021 y, ese mismo día, puso el caso en conocimiento de la Comisaría de Familia, que acusó recibo el 24 de junio y señaló que le daría trámite[109]. También informó que el 28 de junio de 2021 solicitó a Papel Vivo aclarar hechos relacionados con una publicación sobre el conflicto, sin obtener respuesta[110].
El 24 de febrero de 2022, la Personería trasladó por competencia una solicitud de la señora Sandra, que fue resuelta el 25 de febrero de 2022[111]. En esa respuesta, la Inspección indicó que el 9 de febrero se había realizado una conciliación con acompañamiento de la Personería. Allí, David reconoció que no existía perturbación de la servidumbre de tránsito. Además, se precisó que los hechos que pusieran en riesgo la vida o integridad debían denunciarse con sus respectivas pruebas y que, al existir quejas recíprocas, cualquier sanción debía respetar el debido proceso y el derecho de defensa.
Asimismo, informó que la señora Sandra presentó el 23 de julio de 2024 una solicitud para citar a Carlos Ramírez, Fabián Ramírez y Pedro Ramírez [112], resuelta el 1 de agosto de 2024[113]. La Personería trasladó esa misma petición el 24 de julio, aunque la accionante ya la había radicado directamente ante la Inspección. La dependencia manifestó no haber encontrado registros de actuaciones iniciadas por integrantes de la familia Ramírez contra la accionante o su núcleo familiar antes del 9 de junio de 2021. Tampoco pudo dar cuenta de amenazas, presiones para que abandonara el inmueble o el municipio, ni de actos para impedir el ejercicio de sus derechos sobre el predio, dado que el inspector actual no estaba vinculado para entonces.
Finalmente, reiteró que puso el caso en conocimiento de la Comisaría de Familia el 23 de junio de 2021 y que esta informó haber adelantado un trámite de restablecimiento de derechos respecto de las hijas de la accionante. Añadió que la Inspección no ha recibido capacitaciones sobre violencia basada en género[114]. |
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Fiscal 35 Local de San Marcos [115]. |
El 2 de junio de 2026, la Fiscalía 35 Local de San Marcos, por conducto de su encargado, informó que no encontró denuncias penales con anterioridad al 9 de junio de 2021 por amenazas, hostigamientos, agresiones o intimidaciones relacionadas con los hechos investigados. Identificó como antecedente una conciliación del 11 de julio de 2016, que reflejaba un conflicto previo entre las partes, pero sin entidad para demostrar un patrón de violencia penalmente relevante[116].
La Fiscalía indicó que conoció actuaciones administrativas y conciliatorias previas, pero las valoró solo como contexto de una conflictividad interpersonal, pues esos antecedentes no constituían “evidencia suficiente de un patrón sistemático de violencia con incidencia en la adecuación típica”. Agregó que, al formular acusación, tuvo en cuenta el conflicto previo, pero fundamentó la imputación en el hecho del 9 de junio de 2021, la denuncia del 15 de junio, la valoración médicolegal y las declaraciones recaudadas. Indicó que los antecedentes no fueron el eje estructural de los elementos materiales probatorios ni el sustento central de la teoría del caso, pues se privilegió “la prueba directa del hecho investigado”[117].
Argumentó que la acusación por lesiones personales agravadas se sustentó en (i) la existencia de una lesión corporal determinada mediante valoración médico legal (ii) el señalamiento directo de los presuntos agresores por parte de la víctima y (iii) el uso de un elemento contundente en la agresión[118]. Señaló que “no se acreditaron elementos suficientes para estructurar otros tipos penales distintos”, por lo que adecuó la conducta al delito de lesiones personales agravadas. Durante la investigación se recibieron: (i) la denuncia, (ii) la valoración médicolegal, (iii) órdenes a Policía Judicial, inspección al lugar de los hechos del 6 de julio de 2021, (iv) informe de investigador de campo FPJ-11 del 27 de julio de 2021, entre otras actividades. No obstante, la Fiscalía indicó que “no se estructuró una línea investigativa autónoma por violencia basada en género”[119], porque el material probatorio no permitió acreditar un patrón de violencia sistemática con relevancia penal. En juicio oral, renunció a algunos medios probatorios relativos al contexto previo, como decisión estratégica para concentrar la prueba en la materialidad y responsabilidad de los acusados.
También indicó que conoció la Alerta de Intervención Judicial n.º 66, del 20 de septiembre de 2021, emitida por la Procuraduría. Aunque esta incidió en la priorización y seguimiento del asunto, no modificó la tipificación, pues no aportó pruebas determinantes. Informó igualmente que se gestionaron medidas de protección, coordinación con la Policía, intervención de la Comisaría de Familia y seguimiento de la Personería. No identificó solicitudes formales de la víctima que hubieran llevado a modificar la adecuación típica o ampliar sustancialmente la investigación desde un enfoque de género.
La noticia criminal fue registrada el 15 de junio de 2021 y el escrito de acusación se trasladó el 25 de abril de 2022. La Fiscalía sostuvo que en ese período se desarrolló el programa metodológico —recolección de pruebas, órdenes de policía judicial, inspecciones, coordinación interinstitucional y valoración del material—. La Fiscalía concluyó que el tiempo transcurrido correspondió al desarrollo del programa metodológico de investigación, “sin evidenciarse inactividad absoluta”[120]. El expediente contiene, entre otros documentos, el escrito de acusación del 21 de abril de 2022, su traslado del 25 de abril, registros de audiencias, elementos materiales probatorios y comunicaciones sobre la Alerta n.º 66.
En particular, el procurador judicial II de la Procuraduría 139 Judicial II Penal de San Miguel, remitió a la Personería de San Marcos una solicitud de intervención judicial prioritaria. En comunicación del 12 de mayo de 2022, explicó que la Procuraduría había priorizado el caso, pero advirtió que, aunque el 25 de abril de 2022 se trasladó la acusación para seguir el procedimiento abreviado, las lesiones personales dolosas agravadas debían tramitarse por el procedimiento ordinario, dado que la agravante no estaba incluida en el numeral 2 del artículo 534 del Código de Procedimiento Penal[121].
El fiscal 35 local, informó a la Personería que la noticia criminal fue asignada el 15 de junio de 2021, que la víctima recibió una “incapacidad de dos días”, sin secuelas, y que se solicitaron medidas de protección ante la Policía de San Marcos y el Juzgado Promiscuo Municipal de Iscalia[122]. Este último, en audiencia del 30 de junio de 2021, impuso medidas de protección a favor de Sandra, con fundamento en el artículo 17 de la Ley 1257 de 2008[123][124]. El 11 de julio de 2021, el comandante de la Estación de Policía de San Marcos informó que, al intentar ejecutar la medida, contactó a la señora Sandra, quien manifestó que ya no vivía en el Departamento del sur sin indicar su ubicación. Por ello, solicitó a la Fiscalía establecer su lugar de residencia, pues la Policía de San Marcos no podía hacer seguimiento efectivo fuera de su jurisdicción[125].
Finalmente, la Policía reportó que el 9 de junio de 2021, hacia la 1:30 p.m, acudió a la vereda San Vicente por un requerimiento de convivencia. Los uniformados no observaron un delito ni conductas que permitieran imponer captura o comparendo; sin embargo, la señora Sandra manifestó haber sido agredida física y verbalmente por vecinos. La acompañaron al hospital de San Marcos y luego a presentar denuncia ante la Fiscalía, junto con Carlota Corredor, representante de mujeres en la Mesa de Víctimas y la Red de Mujeres de San Marcos. Ante la negativa inicial de la Fiscalía de recibir la denuncia, la Policía la registró como noticia criminal por lesiones personales. Según las labores de vecindario, algunos habitantes afirmaron que la accionante recibió agresiones verbales, aunque indicaron que nadie atentó contra su integridad física. |
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El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses[126]. |
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses consultó el Sistema de Información de Clínica Forense —SICLICO— y encontró el Informe Pericial de Clínica Forense elaborado el 10 de junio de 2021 en respuesta al oficio del 9 de junio de 2021 de la Fiscalía 35 Local de San Marcos.
Indicó que el examen fue realizado el 10 de junio de 2021, a las 11:22 a.m, en la E.S.E. Hospital de San Marcos, por un médico del servicio social obligatorio. En su primer reconocimiento médicolegal, Sandra relató que, cuando fue a sacar unas cosas de una casa en San Vicente, varias personas la rodearon, le lanzaron líquido caliente en un pocillo y luego la golpearon “como con una piedra”, por lo que intentó defenderse y protegerse la cabeza.
El informe registró dolor, sensación de inseguridad, edema doloroso en la región dorsolumbar y un hematoma de aproximadamente 6 cm en el hombro izquierdo, con dolor a la palpación y a la movilización del miembro superior. Medicina Legal concluyó que presentaba lesiones actuales compatibles con el relato, causadas por un mecanismo traumático contundente. Le otorgó incapacidad medicolegal definitiva de doce días y no identificó secuelas medicolegales al momento de la valoración.
Finalmente, recomendó seguimiento psicológico, acompañamiento de las autoridades y medidas para proteger la integridad de la víctima y restablecer sus derechos, debido a la inseguridad manifestada. El Grupo de Clínica Forense de la Dirección Regional Sur añadió que, a la fecha de su respuesta, no había recibido nuevas solicitudes relacionadas con Sandra |
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Sandra [127]. |
El 9 de junio de 2026, Sandra respondió el auto de pruebas. Informó que su núcleo familiar está integrado por su esposo y sus dos hijas menores. Tras la agresión del 9 de junio de 2021, salió de San Marcos con sus hijas, y se trasladó a Santa Aurora, donde recibió apoyo económico y emocional de familiares. Señaló que la situación también generó un conflicto de pareja[128]. Indicó que, durante los dos años que estuvo separada de su esposo, subsistió con ayuda de sus familiares. Sin embargo, sostuvo que la familia Ramírez hostigaba a sus inquilinos con insultos, amenazas y agresiones, lo que provocaba que abandonaran el inmueble. Residió inicialmente en Santa Aurora y luego en Villa Serena. En mayo de 2023 vendió la casa de San Marcos por debajo de su valor comercial, por temor a regresar y para cubrir su manutención y la de sus hijas[129]. La accionante relató que el conflicto con la familia Ramírez se originó en 2016, tras un negocio sobre un lote con Pedro Ramírez. Afirmó que miembros de esa familia la insultaban, obstaculizaban la entrada de su casa, arrancaban las plantas sembradas y amenazaban a su esposo con machetes. También señaló que Fabián Ramírez tomó fotografías de su hija menor, le gritó que se fuera del pueblo porque “a Ud nadie la quiere”, insultaba a sus hijas y, en una ocasión, casi atropelló a una de ellas con una motocicleta[130]. Manifestó que acudió a la Inspección de Policía, la Fiscalía, la Estación de Policía y la Comisaría de Familia para informar las amenazas, agresiones verbales, daños al lote y hechos relacionados con sus hijas. Sin embargo, afirmó que no recibió una respuesta efectiva. Según su relato, en la Inspección de Policía el funcionario minimizó la situación y le dijo “dejen eso así y dejen de pelear”[131]; luego, cuando denunció que Fabián Ramírez la había intimidado junto con varios familiares armados con machetes, el Inspector le habría respondido que, “[...] que quiere que haga, ¿qué le ponga un guardaespaldas?; si es una amenaza, pues vaya a la Fiscalía y váyase a vivir a otra vereda”, porque qué quiere que haga yo [...]”[132]. A su vez, señaló que en la Fiscalía le indicaron que el asunto correspondía a la Inspección de Policía, mientras que en la Estación de Policía le manifestaron que no podían actuar sin una boleta de citación del Inspector. También relató que Fabián Ramírez pasó rápidamente en motocicleta cuando ella caminaba con sus dos hijas por el acceso a la casa de los Ramírez y alcanzó a rozarle el brazo; sostuvo que, de no haber halado a su hija menor, la habría atropellado[133]. Al acudir a la Comisaría de Familia, afirmó que su relato se consignó de forma incompleta e ilegible, se omitieron hechos relevantes y la funcionaria cuestionó sus afirmaciones. Añadió que el trámite terminó enfocado en la verificación de los derechos de sus hijas. Sin embargo, el 7 de julio de 2021, la defensora de familia concluyó que los derechos de las niñas estaban garantizados, pues se encontraba articulado el Sistema Nacional de Bienestar Familiar se había asignado otra comisaría de familia del circuito del Departamento del sur, recibían asesoría e intervención terapéutica por la Casa de la Igualdad y contaban con apoyo de red externa[134]. Agregó que, después de ocurridos los hechos del 9 de junio de 2021, esas diligencias fueron remitidas a Santa Aurora. La señora Sandra afirmó que, después de la agresión, continuaron las intimidaciones, Fabián Ramírez habría dicho a su esposo que no podía tocarlo porque era funcionario público[135]; Carlos Ramírez, Fabián Ramírez, Pedro Ramírez y Miriam Ramírez, habrían manifestado que defenderían el lote “con plomo, con machete o con lo que toque”[136]; y el 11 de junio de 2021 Carlos habría sacado un machete frente a ella y su esposo. Asimismo, sostuvo que la familia hostigó a sus inquilinos y que, en julio de 2024, Carlos Ramírez y Fabián Ramírez realizaron actos de señor y dueño sobre el lote, pese a no ser propietarios[137]. La accionante sostuvo que los hostigamientos, amenazas y agresiones previas fueron puestos en conocimiento de distintas autoridades. Para acreditarlo, aportó: (i) acta de audiencia de conciliación y compromiso del 16 de agosto de 2016, adelantada ante la Inspección de Policía de San Marcos entre ella y David [138]; (ii) denuncia del 26 de enero de 2018 ante la Comisaría de Familia, por presunto maltrato infantil contra sus hijas atribuido a Fabián Ramírez, trámite que, según afirmó, terminó orientándose en su contra y fue decidido el 7 de julio de 2021[139] por la Defensoría de Familia de la Regional Santa Aurora, que concluyó que las niñas tenían garantizados sus derechos en el núcleo familiar[140]; (iii) audiencia de conciliación del 9 de febrero de 2022 ante la Inspección de Policía, relacionada con el hostigamiento a sus inquilinos[141]; y (iv) oficio del 24 de julio de 2024 remitido por la Personería Municipal al Inspector de Policía de San Marcos, por presuntos actos de perturbación a la posesión atribuidos a Carlos Ramírez y Fabián Ramírez, consistentes en guadañar, cercar y poner en venta el lote[142]. Indicó que entregó a la Fiscalía distintos documentos y soportes probatorios para acreditar tanto la agresión del 9 de junio de 2021 como el contexto previo de amenazas y hostigamientos: (i) Registro fotográfico tomado el día de la agresión, en donde se puede apreciar la magnitud de las lesiones en hombro, espalda y cuello; incluso la quemadura en mi cara. “Hay una fotografía en donde se puede apreciar mi rostro enrojecido por el agua caliente que me tiraron en la cara antes de agredirme”[143], (ii) reporte de atención inicial de urgencias en el Hospital de San Marcos, practicado por la doctora Jennifer Ríos[144], (iii) ampliación de la denuncia remitida del 7 de julio de 2021 al investigador[145], (iv) reporte de acompañamiento psicosocial, expedido en Santa Aurora el 7 de diciembre de 2021, por la directora de territorialización de Derechos y Participación de la Secretaría de la Mujer, Santa Aurora [146], (v) Ecografía de tejidos blandos de hombro izquierdo, tomado el 21 de enero de 2022 en la Ciudad del Viento[147], (vi) tomografía óptica de Segmento Posterior, fechado el 11 de marzo de 2022 practicado en Ciudad del Viento e historia clínica de Neuro médica, Ciudad del Viento [148], acta de audiencia de conciliación del 11 de julio de 2016, llevada a cabo con Pedro Ramírez [149], (vii) acta de audiencia de conciliación y compromiso del 16 de agosto de 2016, ante la Inspección de Policía de San Marcos, por “maltrato verbal (…) y la perturbación a la posesión”[150] (viii) denuncia ante la Comisaría de Familia de San Marcos, por maltrato infantil en contra de Fabián Ramírez, de fecha el 26 de enero de 2018[151]. La accionante solicitó investigar los hechos como tentativa de feminicidio, pues afirmó que los Ramírez la odiaban “por ser una mujer que no se sometió a sus designios”[152]. Señaló que, a diferencia de ella, su esposo nunca fue amenazado ni atacado y que las agresiones ocurrían cuando estaba “sola y sin posibilidad alguna de defender[se]”[153]. Sobre el ataque del 9 de junio de 2021, indicó que se encontraba “absolutamente sola y desprevenida”[154] cuando los agresores se le acercaron “por detrás de manera sigilosa”[155] y le arrojaron “agua hirviendo en el rostro”[156], dejándola en estado de indefensión. Luego, afirmó, comenzaron a golpearla “por la espalda, en el cuello y la cabeza con una piedra y el pocillo”[157], incluso cuando intentó refugiarse en su vehículo. Para la accionante, la forma del ataque, los medios empleados, la reiteración de los golpes y las partes del cuerpo hacia las que fueron dirigidos “la cara, el cuello, la cabeza y el tórax”[158] evidenciaban un ánimo de matar y no una simple intención de causar lesiones o asustarla. Para la accionante, el ataque no fue aislado, sino la culminación de una violencia progresiva que comenzó con insultos, amenazas, perturbaciones a la posesión e intimidaciones contra ella y sus hijas[159]. Añadió que su autonomía económica, liderazgo comunitario, representaba una “disrupción frente a los patrones y roles que la mujer suele desempeñar”[160] en el entorno sociocultural de San Marcos. Afirmó que, durante la audiencia concentrada y el juicio oral, recibió un trato denigrante y revictimizante, al ser calificada como “enferma mental”, “mitómana” y “una persona que no sirve para nada” [161]. Indicó que pidió enfoque de género en la ampliación de denuncia del 7 de julio de 2021[162] y ante la Procuraduría, al solicitar vigilancia especial. También cuestionó la asistencia jurídica recibida. Señaló que no tuvo asesoría suficiente, oportuna ni efectiva[163] y que su abogada le indicó que el fiscal sería su apoyo[164]. Antes de la audiencia concentrada, el fiscal la contactó y le preguntó si era la señora que había tenido un problema con un vecino, lo que le hizo concluir que no conocía el caso[165]. Por ello, le propuso formular una pregunta abierta para que pudiera relatar detalladamente los hechos. Expresó preocupación por los aplazamientos, la dificultad de la Fiscalía para ubicar testigos y la superficialidad de los interrogatorios[166]. Indicó que su abogada no contrainterrogaba y le dijo que la prueba documental estaba en el expediente y que confiara en la Fiscalía. Reconoció que la abogada Valentina Posso actuó de buena fe, pero señaló que no era penalista y que la escogió por ser la única profesional disponible y su amiga[167]. Finalmente, informó que reside en Cundinamarca con su esposo e hijas desde diciembre de 2023. Antes vivió en Santa Aurora, entre junio y diciembre de 2021, y en Villa Serena, entre diciembre de 2021 y diciembre de 2023. Afirmó que su salida de San Marcos afectó su actividad de arrendamiento de cabañas y turismo de experiencia y cultural, que dependía de su presencia, por lo que perdió sus ingresos. Además, la separación afectó a sus hijas, que enfrentaron cambios escolares y sociales y la ausencia de su padre. Sostuvo que acumuló deudas, vendió propiedades por debajo de su valor comercial y tuvo dificultades para insertarse laboralmente. Agregó que perdió el predio objeto del conflicto y el dinero entregado a Pedro Ramírez, luego de que el Juzgado Segundo de San Marcos no accediera al otorgamiento de la escritura; además, una finca de 18 hectáreas permanece abandonada y sufrió un incendio[168]. La accionante señaló que también sufrió una grave afectación patrimonial por el conflicto del predio, pues el Juzgado Segundo de San Marcos no accedió al otorgamiento de la escritura del inmueble, al considerar que debía permanecer durante todo el día en la Notaría, pese a que, según afirmó, existía una constancia que certificaba su comparecencia el 13 de julio de 2016 a las 2:00 p. m., fecha y hora pactadas para la firma. Indicó que, al ser un asunto de menor cuantía, no pudo controvertir la decisión y, en consecuencia, perdió el predio, el dinero entregado a Pedro Ramírez y la suma consignada para pagar el saldo del inmueble. Agregó que actualmente su esposo asume la mayor parte de los gastos familiares y que una finca de 18 hectáreas en San Marcos permanece abandonada y sufrió un incendio, lo cual agravó aún más su situación patrimonial[169].
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Tabla n.º 3 Respuestas recibidas al primer recaudo probatorio.
30. Segundo auto de pruebas[170]. El 24 de junio de 2026, la Sala Quinta de revisión emitió un segundo auto de pruebas y suspendió los términos por sesenta (60) días, con el fin de decretar y practicar pruebas adicionales. En concreto, la Sala ordenó: (i) notificar físicamente a Fabián Ramírez y Carlos Ramírez, para garantizar su intervención en el trámite; (ii) requerir a la Inspección de Convivencia y Paz de San Marcos para que remitiera en formato accesible los documentos que no pudieron ser consultados; (iii) solicitar al ICBF Regional Santa Aurora información sobre la recepción y el trámite de la solicitud de restablecimiento de derechos de las hijas de la accionante; y (iv) correr traslado de las pruebas allegadas, incluidas aquellas recibidas de manera extemporánea, para que fueran conocidas y controvertidas por las partes y los sujetos vinculados.
31. Respuestas recibidas en el recaudo probatorio. Las entidades oficiadas atendieron los requerimientos formulados por la magistrada sustanciadora y remitieron los informes solicitados. Por su parte, Fabián Ramírez y Carlos Ramírez fueron notificados en su domicilio del trámite de revisión y de las pruebas recaudadas. Sin embargo, guardaron silencio y no presentaron pronunciamiento dentro del término concedido. La información pertinente para resolver la controversia será expuesta en el análisis del caso concreto y se empleó para complementar los hechos descritos en la acción de tutela.
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Entidad |
Respuesta |
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El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Dirección regional Santa Aurora [171]. |
Mediante oficio del 6 de julio de 2026, el ICBF informó que el 7 de julio de 2021 recibió de la Comisaría de Familia de San Marcos, una solicitud de restablecimiento de derechos solicitada por la comisaría de familia de San Marcos. La Defensora de Familia del ICBF Regional Santa Aurora, Centro Especializado Revivir, asumió el asunto y, mediante auto del 8 de julio de 2021, ordenó al equipo psicosocial verificar el estado de sus derechos. Las valoraciones de psicología y trabajo social concluyeron que las niñas tenían condiciones adecuadas de vivienda, salud, educación, alimentación, cuidado y protección; vínculos familiares significativos y protectores, y progenitores garantes de sus derechos. Por ello, no se evidenció amenaza, vulneración ni riesgo inminente para su integridad, y se recomendó no iniciar un proceso administrativo de restablecimiento de derechos. La actuación se limitó a recomendaciones conforme a la oferta institucional. El 8 de julio de 2021, la psicóloga realizó las valoraciones psicológicas iniciales de Tatiana y Margarita En ambos casos, evaluó las áreas de desarrollo, salud mental y factores de protección y riesgo, y concluyó que presentaban un estado mental conservado y funcional, vínculos protectores y ausencia de amenaza o vulneración de derechos. Identificó como factor de vulnerabilidad la preocupación familiar por las presuntas agresiones físicas y verbales contra la madre en San Marcos, que ocasionaron su traslado temporal a Santa Aurora y la separación no intencional de los padres. Sin embargo, concluyó que la familia contaba con recursos familiares, institucionales y protectores suficientes para garantizar los derechos de las niñas, por lo que recomendó no abrir el proceso administrativo. |
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Juzgado Promiscuo Municipal de Iscalia [172]. |
El 14 de julio de 2026, el Juzgado Promiscuo Municipal de Iscalia informó que, dentro de la actuación, adoptó medidas de protección a favor de Sandra. La Fiscalía 35 Local de San Marcos las solicitó el 22 de junio de 2021 contra Fabián Ramírez y Carlos Ramírez, y el juzgado las decretó en audiencia del 30 de junio de 2021, con fundamento en el artículo 17 de la Ley 1257 de 2008. La Fiscalía señaló que la accionante fue agredida física y verbalmente, se refugió en su vehículo, aportó fotografías de las lesiones y recibió una incapacidad medicolegal definitiva de doce días, sin secuelas. También informó afectación psicológica y que los hechos estarían relacionados con procesos previos promovidos por la víctima. En la audiencia, el juzgado impuso medidas definitivas previstas en los literales b) y f) del artículo 17 de la Ley 1257 de 2008 y remitió el Oficio n.º 312 a la Estación de Policía de San Marcos. No obstante, indicó que no encontró actuaciones posteriores de verificación o seguimiento a su cumplimiento. El despacho aclaró que las medidas no se basaron en violencia intrafamiliar, sino en la aplicación amplia de la Ley 1257 de 2008 a distintas formas de violencia contra la mujer. Consideró que existían elementos de riesgo para la accionante como sujeto de especial protección, sin definir de manera definitiva si se configuró violencia basada en género, pues ello correspondía al proceso penal. Finalmente, explicó que respondió tardíamente al auto de pruebas por un error involuntario en la identificación de las partes y autoridades en el asunto del correo, que inicialmente le hizo creer que la comunicación no estaba dirigida a ese juzgado. |
Tabla n.º 4 Respuestas recibidas al segundo recaudo probatorio.
A. Competencia, delimitación del caso y metodología
32. Competencia. La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar las decisiones judiciales descritas, de conformidad con los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y 33 a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991, y en virtud del Auto del 27 de marzo de 2026, proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Tres de 2026.
33. Delimitación del asunto. Sandra presentó acción de tutela contra la Fiscalía 35 Local de San Marcos, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Marcos y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Miguel. Solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al juez natural y a vivir una vida libre de violencias, que consideró vulnerados con ocasión del proceso penal adelantado contra Fabián Ramírez y Carlos Ramírez por los hechos ocurridos el 9 de junio de 2021.
34. La demanda cuestiona actuaciones de distinta naturaleza desarrolladas dentro del proceso penal. De una parte, controvierte dos providencias judiciales. La primera es la sentencia del 8 de abril de 2025, respecto de la cual la accionante sostiene que el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Marcos desconoció el precedente constitucional sobre aplicación del enfoque de género al descartar la circunstancia de agravación prevista en el inciso segundo del artículo 119 del Código Penal. La segunda es la providencia del 9 de mayo de 2025, mediante la cual la Sala Penal del Tribunal Superior de San Miguel declaró la extinción de la acción penal por prescripción y la cesación del procedimiento en favor de los procesados. Esta última decisión es cuestionada como consecuencia de la supuesta utilización indebida del procedimiento especial abreviado y de la alegada falta de competencia del juez municipal.
35. De otra parte, y de manera transversal, la accionante cuestiona la falta de aplicación material del enfoque de género y del deber de debida diligencia reforzada en la respuesta estatal frente a los hechos denunciados. Este reproche se proyecta principalmente sobre la actuación investigativa de la Fiscalía General de la Nación, a la que atribuye no haber reconstruido de manera suficiente el contexto previo de amenazas, hostigamientos e intimidaciones ni haber desarrollado una estrategia investigativa y probatoria orientada a acreditar o descartar la posible dimensión de género de la agresión. También se proyecta sobre la sentencia penal de primera instancia, en cuanto la accionante considera que el juzgado redujo el asunto a un conflicto de naturaleza patrimonial al descartar la agravante del artículo 119 del Código Penal.
36. Aunque la accionante agrupó parte de estos últimos argumentos en el acápite VII de la demanda, denominado “Desconocimiento del precedente”, la Sala atenderá a su contenido material. En cuanto a las providencias judiciales, ese cuestionamiento puede entenderse dirigido principalmente contra la sentencia penal de primera instancia, pues es allí donde se adoptó la decisión de descartar la agravante asociada a la condición de mujer de la víctima. En cambio, las acciones u omisiones atribuidas a la Fiscalía serán examinadas como actuaciones autónomas de una autoridad pública en ejercicio de sus funciones constitucionales de investigación y acusación, sin atarlas a una causal específica de procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
37. Esta distinción determina la metodología del examen de procedencia. En la Sentencia SU-360 de 2024, la Sala Plena estudió una acción de tutela que cuestionaba simultáneamente actos de la Fiscalía y providencias judiciales dentro de un proceso penal. Allí se explicó que, como los requisitos aplicables a unas y otras actuaciones no son idénticos, corresponde analizar primero los requisitos comunes de procedencia —legitimación en la causa por activa y por pasiva, inmediatez y subsidiariedad— y, solo después, los requisitos adicionales exigibles respecto de las providencias judiciales.
38. En esta oportunidad la Sala seguirá esa metodología. En consecuencia: (i) examinará los requisitos comunes de procedencia respecto de las actuaciones cuestionadas; (ii) dentro del análisis de subsidiariedad distinguirá entre el reproche contra la sentencia penal de primera instancia, el reproche contra el trámite y la providencia que declaró la prescripción, y las presuntas omisiones investigativas de la Fiscalía; (iii) únicamente si alguno de los cuestionamientos dirigidos contra providencias judiciales supera esos requisitos comunes, verificará los requisitos adicionales propios de la tutela contra providencias judiciales; y (iv) formulará el problema jurídico de fondo a partir de aquello que resulte procedente.
B. Análisis de procedibilidad
39. Metodología aplicable. Como se indicó, siguiendo la metodología de la Sentencia SU-360 de 2024, la Sala examinará inicialmente los requisitos comunes de legitimación en la causa por activa y por pasiva, inmediatez y subsidiariedad. Los requisitos adicionales propios de la acción de tutela contra providencias judiciales —entre ellos, la relevancia constitucional, el carácter decisivo de la irregularidad procesal cuando sea aplicable, la identificación razonable de los hechos y de los derechos vulnerados y la verificación de que no se cuestione una sentencia de tutela, una sentencia de constitucionalidad de la Corte Constitucional, de nulidad por inconstitucionalidad o interpretativa dictada por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la JEP—[173] solo serán examinados si el respectivo reproche judicial supera previamente los requisitos comunes.
1. Requisitos comunes de procedencia
40. La acción de tutela satisface el requisito de legitimación en la causa por activa. El artículo 86 de la Constitución Política prevé que “toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces […], por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales”. Asimismo, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que la acción de tutela “podrá ser ejercida por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante”. En ese sentido, la legitimación en la causa por activa se acredita cuando la acción es promovida por el titular de los derechos fundamentales, directamente o por conducto de su representante legal, apoderado judicial, agente oficioso —cuando aquel no esté en condiciones de ejercer su propia defensa— o, en los casos previstos por la ley, por el personero municipal.
41. La señora Sandra está legitimada por activa para promover la presente acción, pues actúa en nombre propio y en defensa de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados en el marco de las actuaciones y decisiones adoptadas dentro del proceso penal seguido en contra de Fabián Ramírez y Carlos Ramírez.
42. En efecto, la accionante fue víctima directa de los hechos que dieron lugar a la investigación penal por el delito de lesiones personales dolosas agravadas e intervino en el proceso penal en esa condición. Asimismo, atribuye a las autoridades judiciales y de investigación que intervinieron en el asunto la vulneración de sus derechos fundamentales, debido a la forma en que habrían tramitado la actuación, valorado el contexto de violencia denunciado y adoptado las decisiones que condujeron a la terminación del proceso por prescripción de la acción penal.
43. La acción de tutela satisface el requisito de legitimación en la causa por pasiva[174]. Para acreditar este requisito es necesario verificar dos exigencias: (i) que el amparo se dirija contra uno de los sujetos respecto de los cuales procede la acción de tutela; y (ii) que la conducta que genera la vulneración o amenaza del derecho fundamental se pueda vincular, directa o indirectamente, con su acción u omisión.
44. En el presente asunto, el requisito se satisface respecto de la Fiscalía 35 Local de San Marcos, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Marcos y la Sala Penal del Tribunal Superior de San Miguel, porque la accionante atribuye a las actuaciones y decisiones adoptadas por estas autoridades la vulneración de los derechos fundamentales cuya protección reclama.
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Entidades accionadas |
Razones que sustentan su legitimación por pasiva |
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Fiscalía 35 Local de San Marcos. |
Está legitimada por pasiva porque tuvo a su cargo la indagación penal y formuló acusación contra Carlos Ramírez, Fabián Ramírez por el delito de lesiones personales dolosas agravadas, conforme a los artículos 111, 112, inciso primero, y 119, inciso segundo, del Código Penal. |
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Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Marcos |
Está legitimado por pasiva porque adelantó el juicio oral y dictó la sentencia de primera instancia cuestionada por la accionante. |
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Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Miguel |
Está legitimada por pasiva porque conoció del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia y dictó la providencia mediante la cual declaró la extinción de la acción penal por prescripción y la cesación del procedimiento. |
Tabla n.º 5. legitimación en la causa por pasiva de las autoridades accionadas.
45. Sujetos vinculados en primera instancia. Mediante auto del 26 de septiembre de 2025, la Sala de Decisión de Tutelas n.º 1 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dispuso vincular al trámite constitucional a Valentina Posso, a la Secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Miguel, al Juzgado Promiscuo Municipal de Iscalia, a la Personería Municipal de San Marcos, a Carlos Ramírez, a Fabián Ramírez y a Roberto Martínez.
46. No obstante, la Sala considera necesario precisar cuáles de esas vinculaciones deben mantenerse, atendiendo a la relación de cada sujeto con las actuaciones cuestionadas y a la eventual incidencia de la decisión que se adopte en su situación jurídica.
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Sujetos vinculados en primera instancia |
Análisis de su vinculación |
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Carlos Ramírez y Fabián Ramírez |
La Sala advierte que Carlos Ramírez y Fabián Ramírez tienen la condición de terceros con interés legítimo, pues fueron los procesados dentro de la actuación penal cuestionada y una eventual decisión de tutela relacionada con la validez del trámite, la sentencia de primera instancia o la providencia que declaró la prescripción de la acción penal podría afectar directamente su situación jurídica. En consecuencia, su vinculación al trámite constitucional resulta necesaria para garantizar sus derechos de defensa y contradicción, así como el debido proceso. |
Tabla n.º 6. terceros con interés legítimo vinculados en primera instancia.
47. Por el contrario, la Sala considera que no resulta necesario mantener la vinculación de Roberto Martínez, Valentina Posso, la Secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Miguel, la Personería Municipal de San Marcos ni el Juzgado Promiscuo Municipal de Iscalia. Si bien su participación permitió allegar información relevante para reconstruir el contexto y las actuaciones relacionadas con los hechos objeto de la acción de tutela, la accionante no les atribuye de manera directa la vulneración de sus derechos fundamentales ni se advierte que la decisión que se adopte pueda producir efectos jurídicos respecto de ellos. En consecuencia, serán desvinculados del presente trámite.
48. Autoridades y entidades vinculadas en sede de revisión. Mediante auto de pruebas del 20 de mayo de 2026, la Sala vinculó y requirió información a distintas autoridades y entidades que, aunque no habían sido accionadas inicialmente pero que podían aportar elementos relevantes para esclarecer el contexto previo de los hechos y la respuesta institucional brindada frente a la situación denunciada por la accionante. En particular, vinculó a la Comisaría de Familia de San Marcos; a la Inspección de Policía de San Marcos; a la Policía Nacional – Estación de Policía de San Marcos; a la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales; y a la Procuraduría 38 Judicial II Penal de Macao - Apoyo Regional de Intervención Judicial en Defensa de los Derechos de las Mujeres.
49. La Sala precisa que la vinculación efectuada con fines probatorios en sede de revisión no implica, por sí misma, que todas estas autoridades deban permanecer vinculadas hasta la decisión definitiva. Para determinarlo, es necesario establecer si de los elementos recaudados se advierte una actuación u omisión propia que pueda ser objeto de cuestionamiento o si la decisión que se adopte puede producir efectos respecto de ellas.
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Autoridades y entidades requeridas y vinculadas en sede de revisión |
Análisis de su vinculación |
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Comisaría de Familia de San Marcos. |
No resulta necesario mantener su vinculación. Aunque conoció actuaciones relacionadas con la situación de las hijas de la accionante y aportó información relevante para reconstruir la respuesta institucional, los elementos recaudados no permiten identificar una acción u omisión autónoma que deba ser objeto de pronunciamiento ni se advierte que la decisión pueda producir efectos jurídicos respecto de esta autoridad. |
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Policía Nacional – Estación de Policía de San Marcos. |
No resulta necesario mantener su vinculación. Su intervención se relacionó principalmente con controversias de convivencia y de naturaleza predial que integran el contexto previo de los hechos. La información aportada permitió reconstruir la respuesta institucional, pero no evidencia una actuación u omisión autónoma que deba ser objeto de pronunciamiento constitucional. |
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Inspección de Policía de San Marcos. |
No resulta necesario mantener su vinculación. Aunque la información aportada contribuye a reconstruir el contexto previo de los hechos, no permite individualizar una actuación u omisión autónoma que deba ser examinada en este trámite. |
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Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales. (Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, Procuraduría 38 Judicial II Penal de Macao – Apoyo Regional de Intervención Judicial en Defensa de los Derechos de las Mujeres.)
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No resulta necesario mantener su vinculación. La información recaudada muestra que estas dependencias intervinieron en el seguimiento del proceso penal y promovieron la consideración de la posible dimensión de género de los hechos, incluida la valoración de la circunstancia de agravación prevista en el artículo 119 del Código Penal. No se advierte una conducta propia a la que pueda atribuirse la presunta vulneración de los derechos fundamentales ni que la decisión que se adopte pueda producir efectos jurídicos respecto de ellas. |
Tabla n.7 desvinculación de las autoridades y entidades vinculadas en sede de revisión.
50. En consecuencia, la Sala desvinculará del presente trámite a la Comisaría de Familia de San Marcos, a la Inspección de Policía de San Marcos, a la Policía Nacional – Estación de Policía de San Marcos, a la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales y a la Procuraduría 38 Judicial II Penal de Macao – Apoyo Regional de Intervención Judicial en Defensa de los Derechos de las Mujeres. La información aportada por estas autoridades será valorada únicamente como elemento probatorio para reconstruir el contexto y la respuesta institucional frente a los hechos alegados.
51. La acción de tutela cumple con el requisito de inmediatez. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela es un mecanismo de “protección inmediata” de derechos fundamentales, que puede promoverse “en todo momento y lugar”. La Constitución y el Decreto 2591 de 1991 no definen el término para presentar la solicitud de tutela. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha precisado que esta acción debe ejercerse dentro de un plazo razonable y proporcionado[175]. Según la Corte, “una facultad absoluta para presentar la acción de tutela en cualquier tiempo sería contrario al principio de seguridad jurídica”[176] y “desvirtuaría el propósito mismo de [esta acción], el cual es permitir una protección urgente e inmediata de los derechos fundamentales”[177].
52. En el presente asunto, la Sala toma como referente temporal la providencia que puso fin a la actuación penal cuestionada, mediante la cual la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Miguel declaró la extinción de la acción penal por prescripción y la cesación del procedimiento. Esta decisión fue proferida el 9 de mayo de 2025 y leída en audiencia el 13 de mayo siguiente, mientras que la acción de tutela fue presentada el 23 de septiembre de 2025. En consecuencia, entre el conocimiento de la providencia y la presentación del amparo transcurrieron aproximadamente cuatro (4) meses y diez (10) días, lapso que resulta razonable y permite tener por satisfecho el requisito de inmediatez.
53. Esta conclusión también comprende las presuntas omisiones atribuidas a la Fiscalía, tanto durante la investigación como en el ejercicio de su función acusadora en el juicio. Tales actuaciones se desarrollaron en el marco del mismo proceso penal y finalizaron antes de la providencia que declaró la prescripción. La tutela fue promovida pocos meses después de la terminación definitiva del proceso, por lo que tampoco se advierte, respecto de este reproche, un lapso que desvirtúe la necesidad de protección constitucional invocada.[178]
54. Subsidiariedad. Conforme al artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela procede cuando el solicitante no dispone de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Esta regla es reiterada por el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, que además establece que “la existencia de dichos medios será apreciada en concreto, atendiendo las circunstancias en las que se encuentre el solicitante”. La existencia de otros medios judiciales no excluye de manera absoluta la procedencia de la acción de tutela, pues esta puede resultar procedente en dos supuestos excepcionales: “(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las controversias no es idóneo ni eficaz conforme a las especiales circunstancias del caso estudiado y (ii) cuando, pese a existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede como mecanismo transitorio”[179].
55. El requisito de subsidiariedad exige un examen diferenciado según la actuación cuestionada y el mecanismo que el ordenamiento ofrecía para controvertirla. En materia de tutela contra providencias judiciales, el proceso ordinario y sus recursos constituyen el escenario primario para la protección de los derechos fundamentales. Por ello, la acción de tutela no puede emplearse para plantear por primera vez asuntos que pudieron ser sometidos oportunamente al juez natural, salvo que se acredite una circunstancia excepcional que haga ineficaz o inexigible el mecanismo ordinario. Esta regla debe aplicarse separadamente a cada una de las decisiones judiciales que la accionante cuestiona.
56. Los reproches contra la aplicación del procedimiento especial abreviado y contra la providencia del Tribunal Superior de San Miguel que declaró la prescripción de la acción penal no superan el requisito de subsidiariedad. La accionante formuló dos cuestionamientos estrechamente relacionados. Por una parte, sostuvo que la actuación incurrió en un defecto procedimental absoluto porque el proceso penal fue tramitado por una autoridad judicial que, en su criterio, carecía de competencia. Por otra, cuestionó la providencia mediante la cual el Tribunal Superior de San Miguel declaró la prescripción, al considerar que aplicó una regla que no regía el caso. Explicó que la Fiscalía formuló acusación por el delito de lesiones personales dolosas agravadas, con fundamento en los artículos 111, 112 y 119, inciso segundo, del Código Penal. Esta última disposición prevé una circunstancia específica de agravación cuando la conducta se comete contra una mujer por el hecho de ser mujer.
57. A partir de esa calificación jurídica, la accionante afirmó que el asunto no podía tramitarse mediante el procedimiento especial abreviado previsto en la Ley 1826 de 2017. Señaló que el artículo 534 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 10 de la Ley 1826 de 2017, delimitó el ámbito de aplicación de ese procedimiento a determinadas conductas, entre ellas algunas modalidades de lesiones personales. Sin embargo, sostuvo que esa regla comprendía únicamente las lesiones personales simples y no aquellas agravadas por la circunstancia prevista en el artículo 119 del Código Penal.
58. En particular, el reproche contra la providencia del Tribunal se fundó en que la aplicación del procedimiento especial abreviado habría determinado el uso de una regla de prescripción que, según la accionante, no correspondía al asunto. Según la accionante, esta irregularidad incidió directamente en la prescripción de la acción penal. En efecto, al haberse tramitado el proceso mediante el procedimiento especial abreviado, el Tribunal Superior de San Miguel aplicó el artículo 536 de la Ley 906 de 2004, adicionado por el artículo 13 de la Ley 1826 de 2017. Esta disposición establece que, en dicho procedimiento, el traslado del escrito de acusación interrumpe el término de prescripción y que, una vez interrumpido, este vuelve a correr por un término igual a la mitad del previsto en el artículo 83 del Código Penal, sin que pueda ser inferior a tres años[180].
59. En consecuencia, la accionante sostuvo que, si el asunto se hubiera tramitado por el procedimiento ordinario y ante el juez que considera competente, la acción penal no habría prescrito el 25 de abril de 2025. Por ello, afirmó que la declaratoria de prescripción se sustentó en una norma que no resultaba aplicable al caso y que esta irregularidad vulneró sus derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a una respuesta judicial efectiva en su condición de víctima[181].
60. Estos cuestionamientos no satisfacen el requisito de subsidiariedad. La supuesta irregularidad podía advertirse desde las primeras etapas del proceso y existieron oportunidades concretas para plantearla. Asimismo, la decisión del Tribunal podía controvertirse directamente mediante recurso. El 25 de abril de 2022, la Fiscalía surtió el traslado del escrito de acusación por los artículos 111, 112 y 119 del Código Penal y, desde ese momento, era plenamente conocido que el asunto se adelantaba por el procedimiento especial abreviado.
61. La audiencia concentrada constituía el escenario procesal oportuno para formular objeciones relacionadas con la competencia y con la acusación. En efecto, el artículo 542 de la Ley 906 de 2004 regula expresamente varias oportunidades de intervención dirigidas a depurar la actuación antes del juicio. Así, su numeral 3 dispone que el juez debe darle la palabra a las partes e intervinientes para que expresen oralmente las causales de incompetencia, impedimentos y recusaciones. A su vez, el numeral 5 establece que el juez dará el uso de la palabra a la defensa y a la víctima para que presenten sus observaciones al escrito de acusación y sus modificaciones, respecto de los requisitos previstos en los artículos 337 y 538 de la misma ley, y faculta al juez para ordenar al fiscal que lo aclare, adicione o corrija de inmediato, cuando ello resulte procedente.
62. La disposición prevé, además, mecanismos específicos para cuestionar la validez de la actuación. El numeral 11 establece que el juez debe otorgar la palabra a las partes para que propongan las nulidades que consideren pertinentes, mientras que el numeral 13 ordena correr traslado conjunto para la interposición de los recursos procedentes respecto de las decisiones adoptadas en la audiencia. En consecuencia, el diseño de la audiencia concentrada ofrecía oportunidades concretas para plantear objeciones relacionadas con la competencia, formular observaciones frente a la acusación y promover, en los términos previstos por la ley, los mecanismos de corrección de eventuales irregularidades procesales.
63. En el caso concreto, según la propia demanda de tutela, cuando la audiencia concentrada se instaló el 6 de octubre de 2022 “ninguna de las partes expresó la presencia de causales de incompetencia, impedimentos y recusaciones” y “tampoco se hicieron observaciones al escrito de acusación”. De esta forma, pese a que desde ese momento era conocida tanto la calificación jurídica formulada por la Fiscalía como la aplicación del procedimiento especial abreviado, no se advierte que la accionante o su apoderada hubieran cuestionado entonces la competencia del juez, la procedencia de ese trámite o la necesidad de reconducir la actuación al procedimiento ordinario.
64. Luego, en la continuación de la audiencia concentrada del 23 de noviembre de 2023, tampoco se formularon nulidades y se avanzó hacia la delimitación del debate probatorio. No se advierte que la víctima o su apoderada hubieran sostenido en esa oportunidad que la inclusión de la circunstancia de agravación prevista en el artículo 119 del Código Penal hacía improcedente el procedimiento especial abreviado, que el juez promiscuo municipal carecía de competencia o que la actuación debía invalidarse y reconducirse al procedimiento ordinario.
65. El comportamiento procesal posterior confirma, además, que los mecanismos de contradicción eran conocidos y se encontraban disponibles para la representación de la víctima. Su apoderada intervino activamente durante la actuación, se opuso a distintas solicitudes de la defensa e interpuso un recurso contra una decisión probatoria adoptada en la audiencia concentrada. Asimismo, conocía el riesgo de prescripción, sobre el cual el juzgado llamó la atención en varias oportunidades durante el juicio. En particular, el 14 de marzo de 2025 se opuso a un nuevo aplazamiento solicitado por la defensa, precisamente por la proximidad del vencimiento de los términos.
66. La sentencia penal de primera instancia ofreció una nueva oportunidad para someter al conocimiento del superior las inconformidades relacionadas con el trámite. El 8 de abril de 2025, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Marcos profirió sentencia y advirtió expresamente que contra ella procedía el recurso de apelación. Sin embargo, el 21 de abril siguiente, la apoderada de la accionante manifestó que no interpondría recurso alguno. De este modo, tampoco en esa oportunidad se planteó que la actuación hubiera sido adelantada mediante un procedimiento incorrecto o por un juez carente de competencia.
67. Finalmente, existió una oportunidad directa para controvertir la decisión que produjo la consecuencia que la accionante cuestiona en sede de tutela. Mediante providencia del 9 de mayo de 2025, la Sala Penal del Tribunal Superior de San Miguel declaró la extinción de la acción penal por prescripción y ordenó la cesación del procedimiento en favor de los procesados. La decisión fue leída en audiencia el 13 de mayo siguiente, oportunidad en la que el Tribunal informó expresamente que contra ella procedía el recurso de reposición. Tanto la apoderada de la víctima como la propia accionante manifestaron que no lo interpondrían.
68. El recurso de reposición constituía un medio judicial idóneo para poner en conocimiento del propio Tribunal el argumento que ahora sustenta la solicitud de amparo: que la regla de interrupción de la prescripción prevista en el artículo 536 del Código de Procedimiento Penal no resultaba aplicable porque, en criterio de la accionante, el proceso no debía haberse tramitado mediante el procedimiento especial abreviado. Ese mecanismo le permitía solicitar a la misma autoridad que reconsiderara la premisa jurídica en la que sustentó la declaratoria de prescripción antes de que la decisión quedara ejecutoriada.
69. En las condiciones descritas, la Sala no advierte que la falta de planteamiento de esta controversia dentro del proceso obedeciera a la inexistencia de mecanismos judiciales, a una imposibilidad material para ejercerlos o al desconocimiento de las actuaciones. Por el contrario, la accionante contó con representación judicial mediante una apoderada de confianza, quien participó activamente en el proceso y conocía el riesgo de prescripción antes de que este se concretara.
70. Por lo anterior, el reproche relacionado con la aplicación del procedimiento especial abreviado, la alegada falta de competencia del juez promiscuo municipal y la incidencia que estas circunstancias habrían tenido en la declaratoria de prescripción no satisface el requisito de subsidiariedad.
71. Esta conclusión reitera el precedente fijado por la Sala Plena en la Sentencia SU- 770 de 2014. En esa oportunidad, la Corte declaró improcedente la acción de tutela porque la parte actora, pese a haber contado con varias oportunidades procesales, no alegó dentro del proceso judicial las vulneraciones que posteriormente planteó en sede constitucional. Esta regla resulta aplicable al presente asunto, pues los cuestionamientos sobre el procedimiento empleado y la competencia del juez podían formularse dentro del proceso penal mediante los mecanismos ordinarios de defensa, pero no fueron planteados oportunamente.
72. Asimismo, en la Sentencia SU-258 de 2021, la Sala Plena declaró improcedente el reproche relacionado con la prescripción al constatar que la accionante “no agotó todos los mecanismos judiciales de defensa que tenía a su alcance”, pues disponía de un mecanismo judicial idóneo para plantear esa controversia que no había ejercido. Más recientemente, la Sentencia SU-060 de 2026 reiteró esta regla y precisó que la acción de tutela no puede sustituir los mecanismos ordinarios o extraordinarios previstos por el ordenamiento ni utilizarse para reabrir oportunidades procesales que no fueron ejercidas oportunamente.
73. En contraste, en la Sentencia SU-360 de 2024 la Sala Plena examinó una acción de tutela promovida por la víctima de un proceso penal que había terminado por prescripción y tuvo por satisfecho el requisito de subsidiariedad después de verificar que “la accionante agotó los medios de defensa ordinarios y extraordinarios a su alcance”. Para llegar a esa conclusión destacó, entre otras circunstancias, que la parte actora había solicitado la realización de un control material del acto de acusación y promovido dos incidentes de nulidad, así como impugnado la decisión que declaró extinguida la acción penal por prescripción.
74. En consecuencia, no corresponde a la Sala determinar si el procedimiento especial abreviado era jurídicamente aplicable, si el juez que adelantó la causa era competente para conocer del asunto o cuál habría sido el término de prescripción bajo un procedimiento distinto.
75. El reproche contra la sentencia penal de primera instancia relacionado con la aplicación del enfoque de género no supera el requisito de subsidiariedad. La accionante también cuestiona la sentencia del 8 de abril de 2025 porque el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Marcos descartó la circunstancia de agravación punitiva prevista en el inciso segundo del artículo 119 del Código Penal —esto es, que la conducta se cometa contra una mujer por el hecho de ser mujer—. En consecuencia, condenó a Fabián Ramírez por el delito de lesiones personales dolosas sin agravantes por razones de género y absolvió a Carlos Ramírez por no haberse probado su autoría, coautoría o complicidad en los hechos.
76. En el acápite de la demanda denominado “Desconocimiento del precedente”, la accionante sostuvo, en esencia, que el juzgado no aplicó adecuadamente los estándares jurisprudenciales sobre enfoque de género, pues valoró los hechos a partir de su relación con un conflicto de naturaleza vecinal o civil y no examinó de manera integral el contexto previo de amenazas, hostigamientos e intimidaciones que, en su criterio, permitía advertir una posible dimensión de género de la agresión.
77. Este cuestionamiento recaía directamente sobre el contenido de la sentencia penal y podía ser sometido al conocimiento del superior funcional mediante el recurso de apelación. No se trataba, por tanto, de una inconformidad que careciera de un mecanismo ordinario de defensa. Por el contrario, la apelación permitía controvertir precisamente las determinaciones que ahora cuestiona la accionante: la valoración del contexto en el que ocurrieron los hechos, la decisión de descartar la circunstancia de agravación prevista en el artículo 119 del Código Penal y la absolución de uno de los procesados. La sentencia indicó expresamente que contra ella procedía este recurso y la víctima, como interviniente especial en el proceso penal, estaba legitimada para impugnar los aspectos del fallo que considerara contrarios a sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
78. En consecuencia, el proceso penal ofrecía un mecanismo judicial idóneo para que el reproche relacionado con la falta de aplicación del enfoque de género fuera examinado por el juez de segunda instancia antes de acudir al amparo constitucional. Este aspecto adquiere especial relevancia en materia de tutela contra providencias judiciales, pues el proceso ordinario constituye el escenario principal para plantear las inconformidades relacionadas con la valoración probatoria, la aplicación del derecho y la eventual afectación de garantías constitucionales. La acción de tutela no puede sustituir los recursos previstos por el ordenamiento ni convertirse en una instancia adicional para formular cuestionamientos que pudieron ser examinados oportunamente por el juez natural.
79. Sin embargo, el 21 de abril de 2025, la apoderada de la accionante manifestó expresamente que no interpondría recursos contra la sentencia. Para ese momento, las determinaciones que ahora sustentan este reproche ya se habían concretado: el juzgado había descartado la circunstancia de agravación prevista en el artículo 119 del Código Penal, había condenado a uno de los acusados sin dicha agravante y había absuelto al otro. Por tanto, la inconformidad relacionada con la forma en que el juzgado valoró el contexto de los hechos y aplicó el enfoque de género podía ser identificada y planteada mediante la apelación.
80. Para la Sala resulta relevante advertir que la sentencia de primera instancia sí examinó expresamente la circunstancia de agravación prevista en el inciso segundo del artículo 119 del Código Penal y expuso las razones por las cuales consideró que no se encontraba acreditada. El juzgado señaló que, aunque la víctima era una mujer, de las pruebas documentales y testimoniales recaudadas no se desprendía, en su criterio, que la agresión hubiera obedecido a su condición de mujer ni que se hubiera producido en un contexto de dominación, control o discriminación basada en el género. Por el contrario, concluyó que las lesiones tuvieron origen en un conflicto particular sobre una servidumbre de paso y que no se había demostrado una motivación discriminatoria, sexista o misógina. Así, el cuestionamiento que la accionante formula en sede de tutela no se dirige a la ausencia de una decisión sobre este aspecto, sino al contenido y a la suficiencia de la valoración efectuada por el juez penal para descartar la agravante y la dimensión de género de los hechos. Precisamente por ello, el recurso de apelación constituía el mecanismo idóneo para someter esa inconformidad al examen del superior funcional.
81. La posterior declaratoria de prescripción de la acción penal no modifica esta conclusión. Ese hecho ocurrió después de que venciera la oportunidad para recurrir la sentencia y no torna inidóneo el recurso de apelación que se encontraba disponible para controvertir las decisiones adoptadas en ella. Tampoco explica por qué el presunto desconocimiento de los estándares constitucionales sobre enfoque de género no fue puesto oportunamente en conocimiento del superior funcional. Aceptar lo contrario supondría permitir que una circunstancia procesal sobreviniente reviviera una oportunidad de impugnación que la representación de la víctima decidió expresamente no ejercer.
82. Tampoco se advierte una circunstancia excepcional que permita flexibilizar el requisito de subsidiariedad. Como se destacó en el apartado anterior, la accionante contó durante el proceso con una apoderada de confianza, quien intervino activamente en la actuación y ejerció mecanismos de contradicción cuando lo consideró pertinente.
83. La Sala no pasa por alto que, en la solicitud de tutela, la accionante manifestó que su apoderada actuó con “desconocimiento de los temas penales”. Sin embargo, esta afirmación genérica no permite concluir que la falta de interposición del recurso de apelación hubiera obedecido a una deficiencia en la representación judicial de tal entidad que le impidiera ejercer oportunamente ese mecanismo. La accionante no explicó de qué manera la alegada falta de conocimiento especializado de su apoderada determinó la decisión de no recurrir, ni señaló que esta hubiera sido adoptada en contra de su voluntad o en circunstancias que le imposibilitaran controvertirla. Por el contrario, el expediente muestra que su representante actuó conforme al poder que ella misma le otorgó y participó activamente en todas las fases del proceso.
84. En estas condiciones, el reproche dirigido contra la sentencia penal de primera instancia por el presunto desconocimiento del precedente constitucional sobre aplicación del enfoque de género no satisface el requisito de subsidiariedad. En consecuencia, la Sala no examinará si el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Marcos desconoció ese precedente, si valoró adecuadamente el contexto de los hechos o si la decisión de descartar la circunstancia de agravación prevista en el artículo 119 del Código Penal fue constitucionalmente acertada.
85. Esta conclusión se limita al cuestionamiento dirigido contra la sentencia penal de primera instancia y no impide examinar, de manera independiente, las presuntas acciones u omisiones atribuibles a la Fiscalía General de la Nación durante la investigación y en el ejercicio de sus funciones como ente acusador en el juicio. Estas últimas se relacionan con deberes propios de la actividad investigativa —en particular, la debida diligencia reforzada y la incorporación material del enfoque de género— y su eventual vulneración no dependía de que la víctima interpusiera recurso de apelación contra la sentencia.
86. El reproche relacionado con las omisiones investigativas atribuidas a Fiscalía 35 Local de San Marcos durante la investigación y el juicio sí satisface el requisito de subsidiariedad. Una conclusión diferente se impone respecto del cuestionamiento dirigido contra la actividad investigativa y acusatoria de la Fiscalía. Las omisiones alegadas no consisten en una irregularidad judicial susceptible de corrección mediante un recurso contra una providencia, sino en el supuesto incumplimiento de deberes constitucionales y legales que recaían directamente sobre el ente acusador: reconstruir adecuadamente los hechos, formular y contrastar hipótesis investigativas, recaudar e incorporar los elementos probatorios pertinentes y esclarecer si la agresión podía inscribirse en un contexto de violencia basada en género.
87. Además, la posible dimensión de género no fue planteada únicamente después de terminado el proceso. La accionante afirma que la puso de presente desde la ampliación de la denuncia; acudió al Ministerio Público en procura de vigilancia especial; la Procuraduría sugirió valorar la circunstancia de agravación del artículo 119; la Fiscalía incorporó formalmente ese agravante en la acusación; y la representación de víctimas solicitó en los alegatos finales una condena por lesiones personales agravadas. El asunto, por tanto, estuvo presente durante la actuación.
88. Las sentencias SU-394 de 2016 y SU-297 de 2023 señalaron que, frente a omisiones o dilaciones judiciales, la subsidiariedad se satisface cuando la persona interesada desplegó una conducta procesal activa y la parálisis o demora no le resulta atribuible[182]. Aunque esa regla fue formulada para supuestos de mora o parálisis procesal, y el reproche examinado en este caso se refiere a la suficiencia de una investigación y una actuación acusatoria ya concluidas, sus criterios resultan relevantes. Como se expuso, la accionante realizó distintas gestiones para poner en conocimiento de las autoridades la posible dimensión de género de los hechos y aportar elementos para su esclarecimiento. Por tanto, las omisiones investigativas y probatorias alegadas no pueden atribuirse a su inactividad.
89. Ni la apelación contra la sentencia ni la reposición contra la providencia de prescripción constituían mecanismos idóneos para reconstruir retroactivamente una investigación ya adelantada, incorporar pruebas que no fueron recaudadas o introducidas al juicio, o corregir decisiones investigativas adoptadas durante los años anteriores. Exigir a la víctima que subsanara mediante esos recursos las omisiones que atribuye a la Fiscalía trasladaría a aquella una carga que corresponde al Estado y desconocería el carácter oficioso de los deberes de investigación.
90. En consecuencia, la Sala encuentra satisfecho el requisito de subsidiariedad respecto del reproche autónomo relacionado con la actuación investigativa de la Fiscalía 35 Local de San Marcos durante la investigación y como ente acusador en el juicio.
91. Conclusiones. Los dos cuestionamientos dirigidos contra providencias judiciales no superan el requisito común de subsidiariedad: (i) el reproche por defecto procedimental absoluto relacionado con el procedimiento especial abreviado, la competencia y la posterior declaratoria de prescripción; y (ii) el reproche por presunto desconocimiento del precedente constitucional sobre enfoque de género dirigido contra la sentencia penal de primera instancia. Por esta razón, resulta innecesario examinar respecto de ellos los requisitos adicionales propios de la tutela contra providencias judiciales, incluido el carácter decisivo de la irregularidad procesal alegada, ni estudiar las causales específicas de procedibilidad invocadas.
92. En cambio, el cuestionamiento autónomo frente a la investigación adelantada por la Fiscalía supera los requisitos comunes de procedencia y habilita un pronunciamiento de fondo. El examen constitucional se limitará a determinar si el ente acusador cumplió los deberes de debida diligencia reforzada y de aplicación material del enfoque de género. Esta conclusión no supone pronunciamiento alguno sobre la corrección de la sentencia penal de primera instancia, la validez del procedimiento especial abreviado, la competencia del juez municipal o la declaratoria de prescripción.
93. Formulación del problema jurídico. De acuerdo con lo anterior, corresponde a la Sala resolver el siguiente problema jurídico: ¿la Fiscalía 35 Local de San Marcos vulneró los derechos fundamentales de la señora Sandra a vivir una vida libre de violencias, al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, al omitir una investigación diligente, integral y con enfoque de género sobre hechos que podían enmarcarse en un contexto de violencia contra la mujer, tanto en la conducción de la investigación como en su actuación como titular de la acción penal durante el proceso?
94. Para resolver este interrogante, la Sala se referirá a la jurisprudencia constitucional sobre enfoque de género, debida diligencia reforzada y valoración integral del contexto en casos de violencia contra la mujer.
A. El derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Reiteración de jurisprudencia[183]
95. La Corte Constitucional ha entendido la violencia de género como aquella que se basa en las relaciones de poder desiguales en la sociedad, donde predomina el dominio masculino. Esta violencia afecta principalmente a mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, perpetuando su subordinación. No se limita a agresiones físicas y psicológicas (violencia visible), sino que incluye formas de violencia invisible o estructural (inequidad política, social y económica) y cultural (discursos justificativos de la desigualdad). Estos componentes se refuerzan mutuamente, perpetuando la discriminación y la violencia, reproduciendo así la exclusión social[184].
96. A nivel internacional, tres de los instrumentos principales de protección para las mujeres son la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de 1979; la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1993; y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como la Convención de Belém do Pará, de 1994. Los tres instrumentos hacen un llamado a los Estados para garantizar la igualdad de las mujeres y atender, investigar y sancionar las distintas formas de violencia que estas experimentan. A nivel interno, se ha reconocido que la CEDAW y la Convención de Bélem do Pará hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto, por lo que tienen fuerza vinculante, jerarquía constitucional y han de servir de parámetro para la interpretación y aplicación de las demás normas del ordenamiento jurídico[185].
97. La Convención de Bélem do Pará define la violencia contra la mujer como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. Además, identifica tres tipos de violencia: física, sexual y psicológica, y tres ámbitos de manifestación: (i) en la vida privada, cuando la violencia se ejerce dentro de la familia, la unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, incluso si el agresor ya no vive con la víctima; (ii) en la vida pública, cuando la violencia es ejercida por cualquier persona, ya sea que esta se lleve a cabo en la comunidad, en el lugar de trabajo, en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar; y finalmente, (iii) la violencia perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra[186].
98. El artículo 7º del tratado establece obligaciones para los Estados parte, incluyendo la adopción de leyes y medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y asegurar que las víctimas tengan acceso a mecanismos judiciales y administrativos efectivos para obtener compensación y reparación.
99. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha subrayado que la efectividad de los recursos judiciales debe ser adecuada para proteger los derechos infringidos. En el caso de Rosendo Cantú vs. México, la Corte enfatizó la necesidad de diligencia por parte de las autoridades en investigar y sancionar la violencia contra la mujer, destacando las obligaciones del Estado de erradicar dicha violencia y brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el caso de María da Penha Maia Fernandes, señaló que los Estados deben procesar y condenar a los agresores y evitar prácticas degradantes contra la mujer[187].
100. Adicionalmente, el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer ha emitido dos recomendaciones generales para atender de manera específica las distintas formas de violencia contra la mujer. La Recomendación General n.º 19, sobre “la violencia contra la mujer”, de 1992, se refirió de manera general a las distintas formas de violencia que experimenta este grupo, indicando que la violencia contra la mujer “incluye actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad”[188], los cuales pueden provenir de actores públicos o privados y manifestarse en ámbitos como la educación, la salud, el empleo y la vida familiar. Dicha recomendación aclaró que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación prohibida por la convención. Por su parte, la Recomendación General n.º 35 de 2017, mediante la cual se actualizó la Recomendación General n.º 19, reconoció el carácter generalizado y sistémico de la violencia por razón de género contra las mujeres y enfatizó la responsabilidad del Estado por los actos u omisiones de agentes estatales y no estatales. Asimismo, formuló recomendaciones específicas sobre medidas legislativas, prevención, protección de las víctimas, acceso a la justicia, reparación, coordinación, vigilancia, recopilación de datos y cooperación internacional[189].
101. A nivel interno, la Constitución Política contiene múltiples cláusulas que protegen la igualdad de las mujeres en relación con los hombres y que condenan la discriminación basada en género, incluyendo los artículos 13 (principio de igualdad y no discriminación); 42 (igualdad de derechos y deberes entre los miembros de la pareja y protección a la familia); 43 (igualdad de derechos entre hombres y mujeres, prohibición de discriminación contra la mujer, especial protección durante y después del embarazo); y 53 (igualdad de oportunidades para los trabajadores y protección especial a la mujer y a la maternidad). Estas disposiciones constitucionales dan cuenta del reconocimiento por parte del constituyente de la subordinación experimentada por las mujeres y, concomitantemente, del deber especial del Estado para reducirla y garantizar condiciones de igualdad, tanto formal como material, para este grupo. Así mismo, dan cuenta de un rechazo constitucional contra las distintas formas de violencia que afectan a las mujeres, por ser manifestaciones de la discriminación sistémica que estas enfrentan.
102. La jurisprudencia constitucional ha avanzado en el reconocimiento del derecho fundamental de las mujeres a una vida libre de violencias. La Corte Constitucional se ha referido de manera amplia a las afectaciones diferenciales provenientes de las situaciones de violencia contra la mujer, que pueden presentarse tanto en el contexto de relaciones de pareja o familiares, en la prestación de servicios de salud, acceso o permanencia a la educación o el trabajo, o corresponder a formas de agresión sexual, esclavitud doméstica y violencia institucional[190].
103. Tal como se sintetiza en la Sentencia T-529 de 2023[191], en distintas providencias, la Corte Constitucional ha concluido que la violencia contra la mujer persiste de manera generalizada en el entorno social[192]. Para responder a este grave problema social, esta Corporación ha desarrollado un catálogo amplio de estándares jurisprudenciales para atender a estas situaciones y garantizar materialmente los derechos de las mujeres víctimas.
104. La jurisprudencia también ha caracterizado los distintos tipos de violencia que experimentan las mujeres. Sobre la base del trabajo de instituciones como ONU Mujeres, se ha referido a la violencia psicológica como aquella consistente en: “provocar miedo a través de la intimidación; en amenazar con causar daño físico a una persona, su pareja o sus hijas o hijos, o con destruir sus mascotas y bienes; en someter a una persona a maltrato psicológico o en forzarla a aislarse de sus amistades, de su familia, de la escuela o del trabajo”[193]. Sobre este tipo de violencia, ha dicho que es la más extensa y silenciosa, y que es, en muchos casos, precursora a la violencia física.
105. Así mismo, en referencia a la Ley 1257 de 2008, ha indicado que la violencia económica consiste en “cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o política. Esta forma de violencia puede consolidarse en las relaciones de pareja, familiares, en las laborales o en las económicas”[194].
106. Adicionalmente, ha indicado que la violencia vicaria se refiere a “cualquier acción u omisión que genere daño físico, psicológico, emocional, sexual, patrimonial o de cualquier índole a familiares, dependientes o personas afectivamente significativas para la mujer con el objetivo de causarle daño”[195]. Este tipo de violencia se ejerce a través de los hijos de la víctima[196] y, en muchos casos, es antesala a situaciones de feminicidio.
107. Por último, se encuentra la violencia institucional, la cual consiste en “actuaciones de distintos operadores judiciales, quienes toman decisiones con fundamento en actitudes sociales discriminatorias que perpetúan la impunidad para los actos de violencia contra la mujer”[197]. En muchos casos, la violencia institucional consiste en situaciones de revictimización de mujeres que ya han sido víctimas de otras formas de violencia basada en el género, en especial en eventos en los que acuden a buscar apoyo por parte de las instituciones para salvaguardar sus derechos.
108. La Corte ha dicho que las situaciones de violencia institucional “no son actos aislados de maltrato, sino prácticas institucionales que ‘invisibilizan violencias que no son físicas,’ que omiten informar a las mujeres sobre las rutas de atención, que adoptan un enfoque ‘familista’ y no de género, que no adoptan medidas de protección idóneas y efectivas y tampoco hacen seguimiento a las decisiones adoptadas por las comisarías”[198].
109. La jurisprudencia constitucional ha resaltado la necesidad de nuevos marcos de acción para cumplir con los mandatos de la Convención de Belem do Pará, sobre todo respecto al derecho fundamental de las mujeres a una vida libre de violencias en el ámbito público y privado (art. 3). Inicialmente protegido por los derechos a la dignidad humana, la igualdad, la integridad personal y la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes; actualmente, la jurisprudencia constitucional entiende esta garantía como un derecho fundamental autónomo. En virtud de este, el Estado tiene obligaciones ineludibles de investigar y juzgar cualquier tipo de violencia contra las mujeres, garantizar la no repetición de estos actos, abstenerse de ejercer violencia institucional contra ellas y prevenir el feminicidio[199].
110. Por otro lado, durante la vigencia de la Constitución Política de 1991, se han promulgado múltiples leyes que propenden por la igualdad de las mujeres o que las protegen de manera especial en distintos ámbitos. De estas, cabe resaltar aquellas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, en desarrollo de los artículos 13, 42 y 43 de la Constitución Política y los estándares internacionales aplicables[200], las cuales incluyen las leyes 294 de 1996[201], 1257 de 2008[202], 1542 de 2012[203], 1639 de 2013[204], 1761 de 2015[205] y 2215 de 2022[206].
111. En conclusión, Colombia cuenta con un marco normativo importante, tanto a nivel interno como internacional, para hacer frente a las situaciones de violencia de género, el cual propende por la garantía de los derechos de las víctimas, su no revictimización y su protección frente a situaciones de violencia adicionales.
B. El acceso a la administración de justicia con enfoque de género como garantía reforzada de los derechos de las mujeres[207]
112. En el Estado Social y Democrático de Derecho, la función jurisdiccional trasciende la aplicación meramente formal de las normas para constituirse en un escenario orientado a la realización efectiva de los derechos fundamentales y a la corrección de las desigualdades estructurales persistentes en la sociedad. En este marco, la incorporación del enfoque de género en la administración de justicia no es una facultad discrecional ni una herramienta hermenéutica eventual, sino un mandato constitucional imperativo, transversal y vinculante, que se proyecta sobre todas las etapas del razonamiento judicial[208].
113. Este deber encuentra fundamento en los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Política, así como en los compromisos internacionales que integran el bloque de constitucionalidad en materia de acceso a la justicia y no discriminación, particularmente aquellos que imponen a los Estados la obligación de garantizar recursos judiciales efectivos para las mujeres víctimas de violencia[209]. En ese sentido, el Estado colombiano debe: (i) asegurar a todas las personas una vida libre de violencia y discriminación por razón del sexo; (ii) prevenir y proteger a las mujeres y niñas frente a cualquier forma de violencia o discriminación; y (iii) investigar, sancionar y reparar la violencia estructural contra la mujer.
114. Bajo esta perspectiva, la jurisprudencia constitucional ha advertido que la aparente neutralidad del derecho puede operar como un mecanismo de reproducción de relaciones de poder desiguales[210], de modo que, si no se incorpora un enfoque de género en la decisión judicial, dicha neutralidad puede encubrir formas de discriminación estructural. Por ello, quienes ejercen funciones jurisdiccionales están llamados a adoptar medidas eficaces que permitan superar las barreras en el acceso a la justicia y desarticular los patrones discriminatorios que se manifiestan a lo largo de todo el proceso judicial e inciden en las decisiones[211].
115. Lo anterior se explica, en buena medida, porque “la cultura política de los operadores de justicia [se encuentra] permeada por patrones de discriminación contra la mujer, en tanto no investigan los casos adecuadamente, y cuando abren las investigaciones exigen niveles de prueba que no se corresponden con las dificultades propias de los casos de violencia […]”[212], lo que evidencia que las actuaciones judiciales continúan atravesadas por estructuras sociales de género, en parte debido a la insuficiente formación en enfoques diferenciales. Esta situación favorece la naturalización de la violencia contra las mujeres y la persistencia de respuestas institucionales débiles frente a conductas como controles, amenazas u ofensas.
116. En consecuencia, resulta imperativo “orientar siempre las actuaciones de los operadores de justicia, armonizando los principios constitucionales y la especial protección otorgada a la mujer”[213], mediante la incorporación efectiva de la perspectiva de género en el acceso a la justicia. Esta exigencia, lejos de ser opcional, constituye una herramienta analítica indispensable para reconocer la discriminación histórica basada en género, examinar las desigualdades y el trato diferenciado entre hombres y mujeres, cuestionar la asignación sociocultural de roles, desmantelar estereotipos y eliminar categorías sospechosas de discriminación.
117. Asimismo, permite comprender cómo ciertas diferencias han sido utilizadas para justificar desigualdades, superar visiones deterministas, promover la igualdad jurídica y propiciar escenarios de equidad. De este modo, el derecho se reconfigura como un instrumento de transformación social, orientado a habilitar a la mujer como sujeto político y social, a promover y garantizar sus derechos humanos, y a asegurar la igualdad material entre mujeres y hombres como presupuesto para la superación de las estructuras históricas de discriminación.
118. Sobre esta base, el deber de protección reforzada de las mujeres en el ejercicio de la función jurisdiccional se traduce en una obligación intensificada de investigar, sancionar y reparar la violencia estructural que las afecta[214]. En desarrollo de este mandato, la Corte Constitucional ha identificado un conjunto de deberes concretos que delimitan el alcance del enfoque de género en la función jurisdiccional, orientados a guiar la adopción de decisiones judiciales en esta materia.
119. En particular, ha señalado que corresponde a las autoridades judiciales: (i) desplegar una actividad investigativa integral dirigida a garantizar los derechos en disputa; (ii) analizar los hechos, las pruebas y las normas desde una comprensión sistemática de la realidad social; (iii) abstenerse de fundamentar sus decisiones en estereotipos de género; (iv) evitar la revictimización; (v) flexibilizar la carga probatoria en contextos de discriminación; (vi) asumir el carácter transformador de sus decisiones; (vii) ejercer un escrutinio riguroso de las conductas; (viii) valorar las condiciones reales de acceso a la justicia; y (ix) examinar las relaciones de poder que inciden en la autonomía de las mujeres[215].
120. En este contexto, los deberes jurisprudencialmente decantados no pueden entenderse como mandatos aislados, sino como expresiones de una estructura metodológica común que orienta la aplicación del enfoque de género en la función jurisdiccional. En efecto, su análisis conjunto permite identificar ejes articuladores que organizan su contenido y evidencian que se trata de una verdadera metodología de decisión judicial, que incide en todas las etapas del razonamiento.
121. Desde esta perspectiva, los deberes pueden sistematizarse del siguiente modo:
Tabla 7. Estructura metodológica en la aplicación del enfoque de género en la administración de justicia.
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Eje estructural |
Deberes comprendidos |
Contenido y alcance |
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Inmediación y actividad investigativa reforzada |
Desplegar una actividad investigativa integral
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La aplicación del enfoque de género en la administración de justicia exige un rol activo del juez en la reconstrucción de los hechos y en la garantía de los derechos en disputa. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha precisado que los jueces deben analizar los hechos, las pruebas y las normas desde una comprensión amplia y contextual de la realidad, reconociendo las dificultades probatorias propias de los contextos de discriminación[216]. En desarrollo de esta obligación, la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial ha señalado la necesidad de priorizar la prueba indiciaria, adoptar medidas de protección y garantizar la participación efectiva de las mujeres en el proceso[217]. Así mismo, el deber de escrutinio riguroso implica examinar las conductas desde una perspectiva estructural, con el fin de identificar si reproducen escenarios de discriminación, relaciones desiguales de poder, estereotipos o prejuicios que históricamente han limitado el goce efectivo de los derechos de las mujeres[218]. |
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Flexibilizar la carga probatoria |
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Ejercer un escrutinio riguroso de las conductas |
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Valoración contextual y estructural del caso |
Analizar los hechos, las pruebas y las normas desde una comprensión sistemática de la realidad social |
La aplicación del enfoque de género demanda su incorporación desde una perspectiva estructural en el análisis judicial, superando visiones fragmentadas o individualizantes. En esa medida, la Corte Constitucional ha advertido que el acceso a la justicia no se agota en su dimensión formal, sino que comprende la obtención de decisiones efectivas, lo que exige considerar las barreras reales que enfrentan las mujeres[219]. En esta línea, la jurisprudencia ha reconocido que factores sociales, económicos y culturales inciden de manera diferenciada en el acceso a la justicia, imponiendo un análisis reforzado por parte del juez[220]. A su vez, el examen de las relaciones de poder permite identificar cómo las estructuras sociales y los estereotipos de género afectan la autonomía de las mujeres, en coherencia con la línea jurisprudencial que reconoce el carácter estructural de la discriminación[221]. |
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Valorar las condiciones reales de acceso a la justicia |
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Examinar las relaciones de poder que inciden en la autonomía de las mujeres
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Control de estereotipos y garantía de imparcialidad material |
Abstenerse de fundamentar decisiones en estereotipos de género |
El razonamiento judicial debe ser libre de prejuicios y patrones culturales discriminatorios. En efecto, la jurisprudencia ha señalado que las decisiones judiciales no pueden fundarse en estereotipos de género ni en concepciones preconcebidas sobre el comportamiento de las mujeres, pues ello afecta la imparcialidad material del juez[222].
En esta misma línea, se ha destacado que la revictimización puede producirse tanto en la valoración probatoria como en el desarrollo del proceso, lo que impone a las autoridades judiciales el deber de adoptar una postura activa, crítica y contextualizada que evite reproducir relaciones de poder desiguales[223]. De este modo, la imparcialidad no se traduce en neutralidad formal, sino en la adopción de decisiones libres de sesgos y orientadas a la igualdad material[224]. |
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Evitar la revictimización |
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Función transformadora de la decisión judicial |
Asumir el carácter transformador de las decisiones judiciales |
El enfoque de género se proyecta más allá del caso concreto, reconociendo que la función jurisdiccional está orientada a la realización efectiva de los derechos fundamentales y a la corrección de desigualdades estructurales. En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha señalado que las decisiones judiciales deben contribuir a desarticular patrones de discriminación y a promover la igualdad sustantiva[225]. Este mandato se articula con los estándares interamericanos que imponen a los Estados la obligación de prevenir, investigar y sancionar la discriminación, así como de garantizar recursos judiciales efectivos[226]. En consecuencia, la decisión judicial se configura como un instrumento de transformación social, orientado a la superación de las estructuras históricas de discriminación contra la mujer. |
122. Como se aprecia, el enfoque de género no opera como un criterio aislado, sino como una metodología estructural del proceso y del razonamiento judicial, que exige del juez un rol activo, una comprensión contextual de los hechos, un control estricto de los sesgos y una proyección transformadora de sus decisiones, en consonancia con los mandatos constitucionales y los compromisos internacionales del Estado. Más aún, la aplicación del enfoque de género, cuando hay lugar a ello, no incumbe exclusivamente al juez que dirige el proceso, sino también a todas las autoridades que intervienen en este y que, como la Fiscalía General de la Nación en los procesos penales, ejercen un rol fundamental en la reconstrucción completa y contextualizada de los hechos.
123. En este caso era exigible investigar la posible dimensión de género de los hechos. La Sala encuentra que la Fiscalía 35 Local de San Marcos contaba con elementos suficientes para advertir que la agresión denunciada por la accionante no debía ser investigada exclusivamente como un episodio aislado de lesiones personales. Desde las primeras actuaciones, la víctima puso de presente un contexto previo de conflictos, amenazas, hostigamientos, agresiones verbales, afectaciones a sus hijas, intimidaciones y presiones relacionadas con su permanencia en el inmueble y en el municipio.
124. Esta información no provenía únicamente de afirmaciones formuladas con posterioridad al proceso. El 22 de junio de 2021, la Personería Municipal solicitó a la Fiscalía priorizar el caso y advirtió que la situación podía culminar en hechos graves de violencia contra la mujer. Además, la Fiscalía solicitó las medidas de protección que el Juzgado Promiscuo Municipal de Iscalia adoptó a favor de la accionante con fundamento en la Ley 1257 de 2008. Posteriormente, la Procuraduría sugirió valorar la circunstancia de agravación prevista en el inciso segundo del artículo 119 del Código Penal y la propia Fiscalía decidió incorporarla formalmente en la acusación.
125. La Sala no afirma que esos elementos demostraran por sí mismos que la agresión hubiese sido cometida contra la accionante por el hecho de ser mujer. Tampoco le corresponde realizar esa determinación, pues se trataba de una cuestión que debía resolverse en el juicio penal. Sin embargo, las actuaciones reseñadas muestran que existía una hipótesis que requería esclarecimiento y cuya inclusión formal en la acusación no agotaba el deber de debida diligencia reforzada. Durante la investigación, la Fiscalía debía reconstruir el contexto de los hechos, recaudar los elementos de prueba necesarios y establecer su relación con la posible dimensión de género de la agresión. Como ente acusador, debía incorporar los elementos pertinentes al juicio y desarrollar de manera consistente la hipótesis incluida en la acusación. Como se expondrá, pese a reconocer formalmente la posible dimensión de género de los hechos mediante su escrito de acusación, la Fiscalía no articuló una estrategia investigativa, probatoria y argumentativa suficiente para esclarecer y sustentar esa hipótesis en el juicio.
126. La Fiscalía 35 Local de San Marcos incluyó formalmente la agravante por razones de género, pero no desarrolló suficientemente la estrategia investigativa y acusatoria necesaria para sustentarla. En el escrito de acusación, la Fiscalía mantuvo la circunstancia de agravación prevista en el inciso segundo del artículo 119 del Código Penal y aludió a las conductas amenazantes denunciadas, al hecho de que la víctima era una mujer que vivía sola y a la situación de desventaja en la que se encontraba frente a dos hombres[227].
127. Sin embargo, tales actuaciones no se articularon en una teoría del caso que permitiera acreditar o descartar esa hipótesis. En sus alegatos iniciales, la Fiscalía se limitó a anunciar que demostraría la responsabilidad de los acusados por las lesiones personales ocasionadas el 9 de junio de 2021, sin explicar cómo sustentaría la circunstancia de agravación incluida en la acusación[228]. Tampoco precisó suficientemente cuáles antecedentes podían resultar relevantes para establecer una posible motivación basada en el género ni explicó su relación con la agravante.
128. Durante la audiencia concentrada, al discutir la pertinencia de varios testimonios solicitados por la defensa sobre disputas por tierras, desalojos, injurias, calumnias y denuncias cruzadas[229], la Fiscalía interpretó restrictivamente la relevancia de los antecedentes del caso. Sostuvo que el proceso versaba sobre “unas lesiones personales” y que no debían incorporarse “otras circunstancias” relacionadas con los conflictos previos[230]. Sin embargo, dado que había incluido en la acusación la circunstancia de agravación por haberse cometido la conducta contra una mujer por el hecho de ser mujer, no bastaba con descartar esos antecedentes como jurídicamente irrelevantes. Le correspondía distinguir cuáles podían contribuir a esclarecer la posible dimensión de género de la agresión y cuáles carecían de relación con la teoría del caso.
129. La deficiencia también se refleja en la actividad probatoria desarrollada durante el juicio. Aunque inicialmente fueron solicitados testimonios, documentos, valoraciones, informes, registros fotográficos, audios y videos[231], durante el juicio oral la Fiscalía renunció a las demás pruebas decretadas a su favor después de practicar tres testimonios. En consecuencia, no fueron incorporados, entre otros elementos, la denuncia y su ampliación, los registros fotográficos, las entrevistas, las actas de conciliación y el disco compacto que contenía videos, fotografías y otros documentos. Si bien no todos estos elementos estaban dirigidos específicamente a acreditar la circunstancia de agravación, algunos podían aportar información relevante para reconstruir los antecedentes denunciados, contrastar el relato de la víctima y establecer si los conflictos previos guardaban relación con la posible dimensión de género de la agresión. De acuerdo con la información remitida en sede de revisión por el propio juzgado de conocimiento, el informe medicolegal fue el principal elemento documental efectivamente incorporado al debate[232].
130. La oposición de la Fiscalía a las pruebas solicitadas por la defensa no permite concluir, por sí sola, que hubiera descartado el análisis del contexto previo. El reproche de la Sala se sustenta en la valoración conjunta de esa intervención y de las deficiencias advertidas en su actividad probatoria. En particular, la renuncia a varios medios de prueba y la falta de incorporación de otros elementos limitaron la información disponible para reconstruir los antecedentes y esclarecer su relación con la posible dimensión de género del delito. Estas omisiones adquieren relevancia constitucional porque el ente acusador mantuvo una circunstancia de agravación cuya sustentación exigía una actuación coherente durante la investigación y el juicio. El deber de debida diligencia reforzada no imponía obtener una condena por esa agravante, sino esclarecer de manera seria y objetiva si se configuraba y someter a la valoración judicial los fundamentos probatorios y argumentativos pertinentes.
131. Asimismo, durante la práctica probatoria de la defensa se formularon expresiones descalificadoras contra la accionante. El 5 de marzo de 2025, Carlos Ramírez afirmó que era una señora que “no sirve pa nada”, mientras que David sostuvo que ella “se volvió mugre” y que les “amargaba la vida”[233]. Luego, el 14 de marzo de 2025, Fabián Ramírez la describió como una persona “exagerada en lo que expresaba”[234]. Aunque la Fiscalía contrainterrogó a los dos primeros declarantes sobre los conflictos previos y la servidumbre, no profundizó en el sentido de esas expresiones ni en su posible relación con el contexto de hostigamiento denunciado por la víctima. La Sala no considera que tales expresiones acrediten, por sí mismas, una motivación de género, su relevancia consiste en que requerían ser examinadas en relación con los demás antecedentes conocidos.
132. Además, en los alegatos de conclusión del 19 de marzo de 2025, la defensa calificó el testimonio de la accionante como contradictorio; afirmó que no estaba respaldado por otros medios de prueba; y sostuvo que ella tenía motivos para mentir por el “clima de asperezas y de animadversiones vecinales”[235]. La Fiscalía podía controvertir esos planteamientos mediante la réplica prevista en el artículo 443 del Código de Procedimiento Penal[236]. Asimismo, podía solicitar a la jueza que garantizara el trato humano y digno debido a la víctima y que adoptara, de ser necesario, las medidas correspondientes frente a expresiones injuriosas o irrespetuosas[237]. Sin embargo, no desarrolló un análisis contextual que permitiera establecer si las expresiones y los antecedentes referidos podían revelar una dinámica de intimidación o violencia basada en género. El reproche no se funda en limitar el ejercicio de la defensa, sino en que la Fiscalía no ejerció todas sus facultades para examinar y controvertir ese contexto.
133. En sede de revisión, el propio ente acusador reconoció que “no se estructuró una línea investigativa autónoma por violencia basada en género” porque, en su criterio, el material probatorio no permitía acreditar un patrón de violencia sistemática con relevancia penal[238]. Sin embargo, esa explicación no resulta suficiente. La ausencia inicial de elementos concluyentes sobre la configuración de violencia basada en género no justificaba prescindir del esclarecimiento de una hipótesis cuya existencia precisamente debía ser confirmada o descartada mediante la actividad investigativa desarrollada durante el proceso penal.
134. A lo anterior se suma que la Fiscalía no interpuso el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, pese a que el juzgado descartó la circunstancia de agravación prevista en el artículo 119 del Código Penal. Esta decisión, por sí sola, no permite concluir que el ente acusador incumplió el deber de debida diligencia, pues pudo responder a consideraciones propias de su estrategia procesal. Sin embargo, la apelación constituía el mecanismo ordinario disponible para controvertir la exclusión de la agravante que la propia Fiscalía había incluido en la acusación. Al no ejercerlo, el ente acusador se abstuvo de someter ese aspecto de la sentencia al examen del superior funcional. Por tanto, la falta de apelación no configura una vulneración autónoma, pero, valorada junto con las deficiencias advertidas durante la investigación y el juicio, resulta consistente con la insuficiente sustentación probatoria y argumentativa de la posible dimensión de género de los hechos.
135. Esta actuación desconoció el mandato previsto en el artículo 250 de la Constitución Política, conforme al cual le corresponde ejercer la acción penal e investigar los hechos que revistan las características de un delito. Asimismo, resultó incompatible con los deberes que se derivan de los artículos 66, 114, 115, 142 y 200 de la Ley 906 de 2004, relacionados con la titularidad de la acción penal, la dirección y coordinación de la investigación y de la policía judicial, el recaudo y aseguramiento de los elementos materiales probatorios y el deber de actuar con objetividad.
136. Con ello se comprometieron los derechos de la accionante a vivir una vida libre de violencias y al acceso efectivo a la administración de justicia. También se afectó su derecho al debido proceso en su condición de víctima, pues la participación formal dentro del proceso penal no agota las garantías que el ordenamiento le reconoce cuando el Estado conoce hechos que pueden involucrar violencia contra una mujer. En este caso, esa participación debía acompañarse de una actuación estatal suficientemente diligente para esclarecer la posible dimensión de género de la agresión y presentar al juez los elementos necesarios para su examen.
137. En conclusión, la Fiscalía 35 Local de San Marcos vulneró los derechos fundamentales de la señora Sandra a vivir una vida libre de violencias, al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia. Esta conclusión no se deriva de que el ente acusador no hubiera obtenido una condena por la circunstancia de agravación prevista en el artículo 119 del Código Penal, sino de que no desplegó, durante la investigación y el juicio, una actuación suficientemente diligente, integral y contextual que permitiera esclarecer y someter adecuadamente a la valoración judicial la posible dimensión de género de la agresión. En la práctica, el contexto quedó relegado y la actividad del ente acusador se concentró principalmente en la materialidad de las lesiones.
138. Las actuaciones de las demás autoridades constituyen elementos relevantes del contexto, pero no permiten atribuirles de manera conjunta la vulneración declarada. En atención al problema jurídico formulado, la Sala circunscribirá el análisis a las actuaciones de la Fiscalía 35 Local de San Marcos durante la investigación y el juicio. Las intervenciones de las demás autoridades se reseñan únicamente para reconstruir el contexto institucional y determinar la información que el ente acusador conoció o podía obtener en ejercicio de sus funciones. Por tanto, la Sala no se pronunciará sobre la eventual responsabilidad constitucional de dichas entidades ni impartirá órdenes en su contra.
139. Los agentes de la Estación de Policía de San Marcos acudieron al lugar de los hechos, acompañaron a la accionante al casco urbano para recibir atención médica y facilitaron la recepción de la denuncia penal. Aunque el comandante de estación declaró posteriormente en el juicio oral que no observó lesiones visibles ni señales de agresión —afirmación que contrasta con los registros fotográficos y con el dictamen de Medicina Legal, que documentaron un hematoma y un edema doloroso compatibles con el relato de la víctima—, esa circunstancia no permite, por sí sola, concluir que la Policía Nacional hubiera vulnerado sus derechos fundamentales. En consecuencia, la Sala no formulará reproche constitucional respecto de esta autoridad.
140. La Comisaría de Familia, después de conocer la situación, adelantó actuaciones de verificación de derechos de las hijas de la accionante, dispuso valoraciones interdisciplinarias y remitió el asunto al ICBF Regional Santa Aurora por competencia. Aunque se advierten dificultades en la trazabilidad de una solicitud anterior y la atención se concentró principalmente en las niñas, el material probatorio no permite identificar una acción u omisión autónoma de la Comisaría que alcance a configurar la vulneración constitucional constatada respecto de la Fiscalía.
141. Por su parte, la Personería Municipal solicitó la priorización del caso, intervino en distintas audiencias, rindió informes a la Procuraduría y realizó actuaciones de seguimiento. La Procuraduría, a su vez, sugirió valorar la circunstancia de agravación del artículo 119 del Código Penal y promovió la priorización de la intervención del Ministerio Público. Estas actuaciones pueden haber presentado dificultades de coordinación o continuidad, pero no permiten concluir que dichas autoridades incumplieron una obligación constitucional concreta.
142. Finalmente, respecto de la Inspección de Policía, las actuaciones acreditadas se relacionaron principalmente con controversias de convivencia y de carácter predial. Aunque las autoridades tienen el deber de orientar adecuadamente a quien comunique amenazas o hechos de violencia, el material probatorio disponible no permite individualizar con suficiente certeza una omisión constitucional autónoma imputable a esa entidad.
143. El pronunciamiento sobre la vulneración atribuible a la Fiscalía no permite reabrir el proceso penal. La constatación de la vulneración atribuible a la Fiscalía no autoriza a la Sala a dejar sin efectos la decisión que declaró la prescripción ni a disponer la reapertura o retroacción de la actuación penal. Mediante providencia del 9 de mayo de 2025, la Sala Penal del Tribunal Superior de San Miguel concluyó que la acción penal había prescrito el 25 de abril anterior y, en consecuencia, declaró su extinción y la cesación del procedimiento. La decisión fue leída el 13 de mayo de 2025 y quedó en firme al no haberse interpuesto el recurso de reposición que procedía en su contra. La acción de tutela fue presentada el 23 de septiembre de 2025.
144. La jurisprudencia constitucional ha distinguido los efectos del daño consumado según el momento en que este se produce. En la Sentencia SU-522 de 2019 reiterada por la Sentencia T-179 de 2024, la Sala Plena precisó que, cuando al momento de presentarse la acción de tutela el daño ya se ha consumado de manera irreversible, la regla general es la improcedencia del amparo. En cambio, cuando el daño se produce durante el trámite constitucional, “bien sea en primera o en segunda instancia o en sede de revisión, el juez puede proferir órdenes adicionales tendientes a proteger la dimensión objetiva del derecho, evitar repeticiones o identificar los responsables”. Posteriormente, la Sentencia T-276 de 2022 reiteró esta distinción y señaló que, incluso cuando el daño se hubiera consumado antes de la presentación de la tutela, la Corte puede excepcionalmente, en sede de revisión, emitir un pronunciamiento de fondo cuando existan razones que trasciendan el caso concreto, como avanzar en la comprensión de un derecho fundamental, prevenir nuevas vulneraciones o adoptar correctivos frente a otras personas que puedan encontrarse en una situación semejante.
145. En este caso, para cuando se promovió la acción de tutela ya existía una providencia ejecutoriada que había declarado extinguida la acción penal y ordenado la cesación del procedimiento. El daño no corresponde a esa decisión judicial ni se atribuye a la Fiscalía la declaratoria de prescripción. La afectación radica en la pérdida irreversible de la oportunidad de que la posible dimensión de género de la agresión fuera investigada, sustentada probatoriamente y sometida de manera adecuada a la valoración judicial. Las consecuencias de las omisiones constatadas se tornaron irreversibles con la terminación definitiva del proceso.
146. Por tanto, no resulta jurídicamente posible adoptar una medida restitutoria dirigida a reabrir o retrotraer la actuación penal, pues ello desconocería los efectos de una decisión judicial en firme y comprometería las garantías de legalidad, debido proceso y seguridad jurídica de los procesados. Sin embargo, esta circunstancia no impide que la Corte, en sede de revisión y en los términos excepcionales reconocidos por la jurisprudencia, se pronuncie sobre las omisiones atribuibles a la Fiscalía, cuya relevancia constitucional trasciende la posibilidad de reabrir este proceso concreto. El pronunciamiento se justifica, en particular, por la necesidad de precisar el alcance de los deberes de debida diligencia reforzada de la Fiscalía durante la investigación y el juicio, así como de prevenir que, en casos semejantes, el enfoque de género se reduzca a la inclusión formal de una calificación jurídica o circunstancia de agravación. En consecuencia, la Sala adoptará las medidas preventivas y de garantía de no repetición que resulten necesarias.
Órdenes que se impartirán
147. En atención a las conclusiones precedentes, la Sala (i) confirmará la improcedencia de la tutela respecto de los reproches formulados contra las providencias adoptadas dentro del proceso penal, por incumplimiento del requisito de subsidiariedad; (ii) revocará parcialmente la sentencia de segunda instancia en cuanto declaró improcedente el cuestionamiento dirigido contra la actuación de la Fiscalía 35 Local de San Marcos; y (iii) respecto de esta autoridad, declarará la carencia actual de objeto por daño consumado y adoptará medidas de fortalecimiento institucional, prevención y orientación como garantías de no repetición frente a la vulneración constatada.
148. Como garantía de no repetición directamente relacionada con las deficiencias acreditadas en este caso, la Sala ordenará a la Fiscalía General de la Nación, por conducto de la Dirección Seccional de Fiscalías del Departamento del sur, que, dentro de los tres meses siguientes a la notificación de esta sentencia, diseñe, adopte y divulgue, mediante el instrumento que considere idóneo, una medida de fortalecimiento dirigida a los fiscales que conozcan casos de violencia contra las mujeres. Esta deberá incluir, como mínimo: (i) criterios para identificar y documentar posibles contextos de violencia basada en género; (ii) orientaciones para incorporar esos elementos en el programa metodológico, la teoría del caso y la estrategia probatoria; y (iii) pautas para evitar estereotipos y garantizar un trato respetuoso a las víctimas durante la investigación y el juicio. Vencido el plazo, la entidad deberá remitir al juez de primera instancia de tutela copia del instrumento adoptado y los soportes de su divulgación
149. Finalmente, la Sala ordenará a la Fiscalía General de la Nación, por conducto de la Dirección Seccional competente, que se comunique con la señora Sandra y le ofrezca, si ella acepta recibirla, información y orientación sobre las rutas actualmente disponibles de atención y protección frente a hechos de violencia contra las mujeres. Si la accionante manifiesta hechos o circunstancias que permitan advertir la existencia de un riesgo actual para ella o para sus hijas, la Fiscalía deberá orientarla y realizar las remisiones o gestiones que correspondan ante las autoridades competentes para la adopción de las medidas de protección a que haya lugar.
En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero. REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia del 28 de noviembre de 2025, dictada por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó la sentencia del 7 de octubre de 2025 de la Sala de Decisión de Tutelas n.º 1 de la Sala de Casación Penal de la misma corporación, únicamente en cuanto mantuvo la declaratoria de improcedencia respecto del reproche dirigido contra la actuación de la Fiscalía 35 Local de San Marcos. En lo demás, CONFIRMAR la decisión, por las razones expuestas en esta providencia.
Segundo. DECLARAR la carencia actual de objeto por daño consumado respecto de la vulneración atribuible a la Fiscalía 35 Local de San Marcos de los derechos fundamentales de la señora Sandra a vivir una vida libre de violencias, al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
Tercero. PREVENIR a la Fiscalía General de la Nación para que, en lo sucesivo, cuando existan elementos indicativos de una posible situación de violencia basada en género, incorpore materialmente el enfoque de género tanto en la actividad investigativa como en el ejercicio de sus funciones de acusación durante el juicio. Para ello, deberá formular y contrastar las hipótesis correspondientes, recaudar e incorporar los elementos probatorios pertinentes y sustentar de manera suficiente su relevancia, sin limitarse a incluir formalmente una calificación jurídica o circunstancia de agravación.
Cuarto. ORDENAR a la Fiscalía General de la Nación, por conducto de la Dirección Seccional de Fiscalías del Departamento del sur, que, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta sentencia, se comunique con la señora Sandra con el fin de ofrecerle, si ella así lo acepta, información y orientación sobre las rutas actualmente disponibles de atención y protección frente a hechos de violencia contra las mujeres. Si la accionante manifiesta hechos o circunstancias que permitan advertir la existencia de un riesgo actual para ella o para sus hijas, la entidad deberá orientarla y realizar las remisiones o gestiones que correspondan ante las autoridades competentes para la adopción de las medidas de protección a que haya lugar.
Quinto. ORDENAR a la Fiscalía General de la Nación, por conducto de la Dirección Seccional de Fiscalías del Departamento del sur, que, dentro de los tres (3) meses siguientes a la notificación de esta sentencia, diseñe, adopte y divulgue, mediante el instrumento que considere idóneo, una medida de fortalecimiento dirigida a los fiscales que conozcan casos de violencia contra las mujeres. Esta deberá incluir, como mínimo: (i) criterios para identificar y documentar posibles contextos de violencia basada en género; (ii) orientaciones para incorporar esos elementos en el programa metodológico, la teoría del caso y la estrategia probatoria; y (iii) pautas para evitar estereotipos y garantizar un trato respetuoso a las víctimas durante la investigación y el juicio. Vencido el plazo, la entidad remitirá al juez de primera instancia copia del instrumento adoptado y de los soportes de su divulgación.
Sexto. DESVINCULAR del presente trámite a Roberto Martínez, Valentina Posso, la Secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Miguel, el Juzgado Promiscuo Municipal de Iscalia, la Personería Municipal de San Marcos, la Comisaría de Familia de San Marcos, la Inspección de Policía de San Marcos, la Policía Nacional – Estación de Policía de San Marcos, la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales y la Procuraduría 38 Judicial II Penal de Macao – Apoyo Regional de Intervención Judicial en Defensa de los Derechos de las Mujeres, por las razones expuestas en esta providencia.
Séptimo. Por Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ
Magistrada
VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE
Magistrado
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado
ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ
Secretaria General
[1] Corte Constitucional, Circular Interna No. 10 de 2022, relativa a la “anonimización de nombres en las providencias disponibles al público en la página web de la Corte Constitucional”.
[2] Los hechos del presente asunto se reconstruyeron a partir de la acción de tutela y sus anexos, así como del expediente digital del proceso penal objeto de revisión. De manera complementaria, se tuvieron en cuenta las respuestas allegadas por las entidades accionadas, vinculadas y oficiadas.
[3] Expediente digital, Archivo “0002Demanda.pdf”.
[4] Expediente digital, Archivo “Documento Link Expediente Completo.docx”, carpeta 9981000: 0005Anexos, pág. 149.
[5] La audiencia finalizó sin ánimo conciliatorio, por lo que las partes quedaron en libertad de acudir a las acciones legales correspondientes. Además, la Inspección les impuso una medida correctiva consistente en abstenerse de maltratarse de palabra u obra y de ingresar a casa ajena sin autorización.
[6] Expediente digital, Archivo “0002Demanda.pdf”, pág. 3.
[7] Expediente digital, Archivo “0002Demanda.pdf”.
[8] Expediente digital, Archivo “028 Rta. Sandra 09-06-2026.pdf” Anexo “respuesta Auto de Pruebas Tutela”.
[9] Expediente digital, Archivo “0002Demanda.pdf”, pág. 4.
[10] Expediente digital, Archivo “0002Demanda.pdf”, pág.5.
[11] Expediente digital, Archivo “0002Demanda.pdf”, pág.5.
[12] Expediente digital, Archivo “0002Demanda.pdf” pág.5.
[13] Expediente digital, Archivo “0002Demanda.pdf” pág.6.
[14] Expediente digital, Archivo “Documento Link Expediente Completo.docx”, carpeta, 9981000: 0004Anexos. pág. 10.
[15] Ibidem.
[16] Ibidem.
[17] Ibidem.
[18] Expediente digital, Archivo “Documento Link Expediente Completo.docx”, carpeta, 9981000: 0005Anexos, pág. 305.
[19] Expediente digital, Archivo “Documento Link Expediente Completo.docx”, carpeta, 99810000005Anexos, pág. 82.
[20] Expediente digital, archivo “Documento Link Expediente Completo.docx”, carpeta 9981000, documento “0005Anexos”, pág. 112.
[21] Expediente digital, Archivo “Documento Link Expediente Completo.docx”, carpeta, 9981000: 0005Anexos, pág. 305.
[22] Expediente digital, Archivo “Documento Link Expediente Completo.docx”, carpeta, 9981000: 0005Anexos, pág. 37.
[23] Expediente digital, Archivo “Documento Link Expediente Completo.docx”, carpeta, 9981000: 0005Anexos, pág. 36.
[24] Expediente digital, Archivo “Respuesta Comisaria de familia: Respuesta tutela Corte Constitucional”. Pag.17
[25] Que al momento de los hechos tenía 7 años.
[26] Expediente digital, Archivo “Respuesta Comisaria de familia: Respuesta tutela Corte Constitucional”. Pag.19
[27] Expediente digital, Archivo “Documento Link Expediente Completo.docx”, carpeta, 9981000: 0005Anexos, pág. 49.
[28]Expediente digital, Archivo “Documento Link Expediente Completo.docx”, carpeta, 9981000: 0006Anexos, pág. 184.
[29] Expediente digital, Archivo “Documento Link Expediente Completo.docx”, carpeta, 9981000: 0004Anexos, pág. 215.
[30] Expediente digital, Archivo “Documento Link Expediente Completo.docx”, carpeta, 9981000: 0005Anexos, pág. 143.
[31] Expediente digital, Archivo, Respuesta Procuraduría Mixta 5, Anexo 1.
[32] Expediente digital, Archivo “Documento Link Expediente Completo.docx, carpeta, 9981000: 0005Anexos, pág. 172.
[33] Expediente digital, Archivo “LinkExpedienteCompleto.docx” Documento, 0001ExpedienteDigital15082023.pdf Pag. 31 Documento Link Expediente Completo.docx, carpeta, 9981000: 0005Anexos, pág. 143.
[34] Expediente digital, Archivo, “0012Memorial.pdf” remite link expediente, documento: 0001ExpedienteDigital15082023, pág. 26.
[35]Expediente digital, Archivo “LinkExpedienteCompleto.docx” Documento, “0002AudienciaConcentrada07102022.mp4”.
[36] Expediente digital, Archivo “0012Memorial.pdf” remite link expediente, documento: 0001ExpedienteDigital15082023, pág. 9.
[37] Expediente digital, Archivo “0012Memorial.pdf” remite link expediente, documento: 0001ExpedienteDigital15082023, pág. 2.
[38] Expediente digital, Archivo “0012Memorial.pdf” remite link expediente, documento: 0003 solicitudaplazamiento.pdf.
[39] Expediente digital, Archivo “0012Memorial.pdf” remite link expediente, documento: 0004Autofijafecha.pdf
[40] Expediente digital, Archivo “LinkExpedienteCompleto.docx” Documento, “006Audiencia20231124.mp4”.
[41] Expediente digital, Archivo “LinkExpedienteCompleto.docx” Documento, “006Audiencia20231124.mp4”.
[42] Expediente digital, Archivo “LinkExpedienteCompleto.docx” Documento, “006Audiencia20231124.mp4” (Min 1:32:44).
[43] Expediente digital, Archivo “LinkExpedienteCompleto.docx” Documento, “0013Audiencia20240521.mp4” (min. 5:25).
[44] Expediente digital, Archivo “LinkExpedienteCompleto.docx” Documento, “0013Audiencia20240521.mp4”.
[45] Expediente digital, Archivo, “LinkExpedienteCompleto.docx” Documento, “0016AllegaPoder.pdf”.
[46] Expediente digital, Archivo “LinkExpedienteCompleto.docx” Documento, “0018Audienciadel04 dejunio2024.mp4” (min 10:56).
[47] Expediente digital, Archivo “LinkExpedienteCompleto.docx” Documento, “0018Audienciadel04 dejunio2024.mp4”.
[48]Expediente digital, Archivo “LinkExpedienteCompleto.docx” Documento, “0021Audienciadel07dejunio2024”.
[49] Expediente digital, Archivo “0012Memorial.pdf” remite link expediente, documento: “0029audienciajuicioOralmp4” (min. 8:30).
[50]Expediente digital, Archivo “0012Memorial.pdf” remite link expediente, documento, “0033AudienciaJuicioOral13082024”.
[51]Expediente digital, Archivo “0012Memorial.pdf” remite link expediente, documento, “0033AudienciaJuicioOral13082024”.
[52] Expediente digital, Archivo “0012Memorial.pdf” remite link expediente, documento, “0035ConstanciaAutoFijaFecha.pdf”.
[53] Expediente digital, Archivo “0012Memorial.pdf” remite link expediente, documento, “0037sesionJuicio16102024.mp4”.
[54] Expediente digital, Archivo “0012Memorial.pdf” remite link expediente, documento “0039AudienciaJuicioOralDel30DeOctubrede2024”.
[55] Expediente digital, Archivo “0012Memorial.pdf” remite link expediente, documento “0040ActaAudicenciaOraldel30octubre2024.pdf.
[56] Consideró que el desistimiento de la Fiscalía respecto de una prueba testimonial decretada a su favor no vulneró el debido proceso ni el derecho de defensa, pues la defensa pudo solicitar ese testimonio como prueba propia, sustentar su pertinencia, conducencia y utilidad, y recurrir oportunamente su negativa.
[57] Expediente digital, Archivo “LinkExpedienteCompleto.docx” Documento, “0042ConfirmaDecisionSegundaInstancia”
[58] Consideró que no se configuró nulidad, porque la defensa tuvo la oportunidad de solicitar adecuadamente la prueba y sustentar su pertinencia, conducencia y utilidad, pero no cumplió suficientemente esa carga. Además, aunque interpuso reposición contra la negativa probatoria, no presentó apelación en ese momento. Por ello, confirmó la negativa de nulidad y ordenó devolver el expediente al juzgado de origen.
[59] Expediente digital, Archivo “0012Memorial.pdf” remite link expediente, documento: “49AudienciaJuicioOral05032024”
[60] Expediente digital, Archivo “0012Memorial.pdf” remite link expediente, documento “0052AudienciaJuicioOral14033025”
[61] Expediente digital, Archivo “LinkExpedienteCompleto.docx” Documento “0056AudienciaJuicioOralPT1190032025” (min 6:35).
[62] Expediente digital, Archivo “0012Memorial.pdf” remite link expediente, documento“0063AudienciaSentidoFallo07042025.url”.
[63] Expediente digital, Archivo “LinkExpedienteCompleto.docx” Documento “0065Sentencia.pdf”.
[64] Para ello, el juzgado valoró, entre otros elementos, el testimonio directo de la víctima, quien señaló a Fabián Ramírez como su agresor; la declaración de Jesus, quien la auxilió después de los hechos y la observó afectada, con enrojecimiento facial y dolor corporal; la atención médica de urgencias rendida por Jennifer Rios, quien constató hematomas; y el informe pericial de clínica forense suscrito por Eduardo Montes que concluyó que las lesiones eran compatibles con un mecanismo contundente.
[65] Expediente digital, Archivo “LinkExpedienteCompleto.docx” Documento “0065Sentencia.pdf”.
[66] Expediente digital, Archivo “LinkExpedienteCompleto.docx” Documento, “0071PersoneríaRenunciaTerminos.pdf”.
[67] Documento digital, “LinkExpedienteCompleto.docx” Documento, “0072RepresentanteDevictimasREnuncia”.
[68] Expediente digital, Archivo “LinkExpedienteCompleto.docx” Documento, “0073RecursoApelación”.
[69] Documento digital, “LinkExpedienteCompleto.docx” Documento, “0073RecursoApelación.pdf”.
[70] Documento digital, “LinkExpedienteCompleto.docx” Documento, “0082OficioComisiónSeccionaldisciplinaria”.
[71] Documento digital, “LinkExpedienteCompleto.docx “006Auto0000001– Prescripción”.
[72] Expediente digital, Archivo “0012Memorial.pdf” remite link expediente, Segunda instancia, documento: “013GrabacionAudLectProvSegInsc.mp4” (min 13:27).
[73] Expediente digital, Archivo “0002Demanda.pdf”, pág. 15.
[74] Expediente digital, Archivo “0002Demanda.pdf”.
[75] Expediente digital, Archivo “0002Demanda.pdf”, pág 22.
[76] Expediente digital, Archivo “0002Demanda.pdf”, pág 20.
[77] Expediente digital, Archivo “0009Documento_Notificacion”.
[78] Expediente digital, Archivo “0015Memorial.pdf”.
[79] Expediente digital, Archivo “0012Memorial.pdf”.
[80] Expediente digital, Archivo “0018Memorial.pdf”.
[81] Expediente digital, Archivo “0020Memorial.pdf”.
[82]Expediente digital, Archivo “0023Sentencia.pdf”.
[83] Expediente digital, Archivo “0025Memorial.pdf”.
[84] Expediente digital, Archivo “0004Fallo_de_tutela.pdf”.
[85] Expediente digital, Archivo “003 Informe_Reparto_Sala_de_Seleccion_Auto_27-Mar-2026.pdf”.
[86] Expediente digital, Archivo “015 Rta. Sala Penal del Tribunal Superior de San Miguel.pdf”.
[87] Finalmente, precisó que en el expediente obra una solicitud de la Personería Municipal de San Marcos, mediante la cual pidió información sobre el estado del proceso y ser convocada a las audiencias, en atención a la Alerta de Intervención Judicial n.º 66 del 20 de septiembre de 2021.
[88] Expediente digital, Archivo “013 Rta. Personeria San Marcos .pdf”.
[89] En atención a un video que circula en redes sociales, aunado a las fotos que se adjuntan a la presente, y al requerimiento remitido el día de hoy, vía correo electrónico, por la abogada Valentina Posso, en los que se evidencia hechos que expone la Sra. Sandra contra los señores Fabián Ramírez y Carlos Ramírez de la vereda San Vicente de este Municipio, cordialmente y de manera respetuosa le solicitamos dar prioridad al caso en mención puesto que podría culminar en uno o varios feminicidios, aunado a que en una solicitud que también se anexa a la presente, dirigida a la Procuradora General de Nación en un documento de la Comisaría de Familia Municipal, se alude que se presentó maltrato infantil de sus vecinos contra sus hijas menores de edad Tatiana y Margarita. Todas las presuntas conductas punibles aludidas por la Sra. Sandra, se habrían generado a raíz de un contrato de promesa de compraventa suscrito por la misma con el Sr. Pedro Ramiréz.
[90] Expediente digital, Archivo “013 Rta. Personeria San Marcos .pdf” Oficios informe caso priorizado, “PMSA - 487 – 2021” Mediante oficio PMSA- 487 de 2021.
[91] Expediente digital, Archivo “013 Rta. Personeria San Marcos .pdf” Oficios informe caso priorizado, “PMSA - 105 – 2022” Mediante oficio PMSA-105-2022.
[92] Expediente digital, Archivo “013 Rta. Personeria San Marcos .pdf” Oficios informe caso priorizado, “PMSA - 105 – 2022”, pág. 5.
[93] Expediente digital, Archivo “013 Rta. Personeria San Marcos .pdf” Oficios informe caso priorizado, “PMSA - 105 – 2022”, pág. 9.
[94] Mediante oficio PMSA-240-2022.
[95] Oficios: PMSA-298-2024, PMSA-378-2024, PMSA-465-2024, PMSA-028-2025 y PMSA-243-2025.
[96] Expediente digital, Archivo “013 Rta. Personeria San Marcos .pdf” pág. 9.
[97] Para el efecto se adjuntaron los siguientes oficios: PMSA-588-2021.pdf, PMSA-500-2023.pdf, PMSA-489-2023.pdf, PMSA-487-2021.pdf, PMSA-465-2024.pdf, PMSA-378-2024.pdf, PMSA-298-2024.pdf, PMSA-242-2022.pdf, PMSA-240-2022.pdf, PMSA-228-2024.pdf, PMSA-173-2022.pdf, PMSA-105-2022.pdf, PMSA-028-2025.pdf, PMSA 243-2025.pdf.
[98]Expediente digital, Archivo “014 Rta. Procuraduria General de la Nacion (correo 2).pdf”.
[99] Expediente digital, Archivo “016 Rta. Procuraduría General de la Nación (correo 3).pdf”. La Procuraduría explicó que la intervención del Ministerio Público en ese proceso penal correspondía a la Personería Municipal, conforme al artículo 109 de la Ley 906 de 2004. Por ello, remitió los informes rendidos por esa autoridad y señaló que es la Personería quien debe aportar la información sobre las actuaciones desplegadas en el proceso penal. No obstante, a continuación, se expone la información aportada por la Procuraduría delegada.
[100] Expediente digital, Archivo “016 Rta. Procuraduría General de la Nación (correo 3).pdf” pág. 5.
[101] Expediente digital, Archivo “018 Rta. Secretaria Comisión Seccional Disciplina Judicial San Miguel.pdf”.
[102] Expediente digital, Archivo “018 Rta. Secretaría Comisión Seccional Disciplina Judicial - San Miguel pdf” Archivo: “0032AudioAudiencia.mp4”.
[103] Expediente digital, Archivo “023 Rta. Comisaria de Familia de San Marcos (despues de traslado).pdf”.
[104] En la respuesta de la comisaría se hace referencia a Tatiana y Margarita, de lo documentos anexos se evidencia que el trámite solo se realizó para Tatiana.
[105] Expediente digital, Archivo “024 Rta. Juzgado 01 Promiscuo Municipal - San Marcos (despues de traslado).pdf, pág 21.
[106] Expediente digital, Archivo “024 Rta. Juzgado 01 Promiscuo Municipal - San Marcos (despues de traslado).pdf, pág. 25.
[107] Expediente digital, Archivo “024 Rta. Juzgado 01 Promiscuo Municipal - San Marcos (despues de traslado).pdf”.
[108] Expediente digital, Archivo “022 Rta. Inspeccion de Convivencia y Paz (despues de traslado).pdf” La información suministrada por la Inspección se encuentra complementada con la subsanación presentada por esa autoridad en respuesta al segundo auto de pruebas, mediante la cual remitió en un formato accesible los documentos que no pudieron ser abiertos ni consultados en la primera respuesta.
[109] La inspección hace en este punto referencia al Anexo N. 3.
[110] La inspección hace en este punto referencia al Anexo N. 8
[111] La inspección hace en este punto referencia al Anexo N. 5
[112] La inspección hace en este punto referencia al Anexo N. 6,
[113] mediante radicado AC.123-2004 del 1 de agosto de 2024.
[114] Expediente digital, Archivo “022 Rta. Inspeccion de Convivencia y Paz (despues de traslado).pdf” Pag. 3
[115] Expediente digital, Archivo “026 T-11884151 Rta. Fiscalia 35 Local - San Marcos (despues de traslado) 04-06-2026.pdf”.
[116] Expediente digital, Archivo “026 T-11884151 Rta. Fiscalia 35 Local - San Marcos (despues de traslado) 04-06-2026.pdf”, pág. 5.
[117] Expediente digital, Archivo “026 T-11884151 Rta. Fiscalia 35 Local - San Marcos (después de traslado) 04-06-2026.pdf”, pág. 5.
[118] Expediente digital, Archivo “026 T-11884151 Rta. Fiscalia 35 Local - San Marcos (después de traslado) 04-06-2026.pdf”, pág. 6.
[119] Expediente digital, Archivo “026 T-11884151 Rta. Fiscalia 35 Local - San Marcos (después de traslado) 04-06-2026.pdf”, pág. 6.
[120] Expediente digital, Archivo “026 T-11884151 Rta. Fiscalia 35 Local - San Marcos (después de traslado) 04-06-2026.pdf”, pág. 7.
[121] Expediente digital, Archivo “026 T-11884151 Rta. Fiscalía 35 Local - San Marcos (después de traslado) 04-06-2026.pdf”, pág. 20.
[122] Expediente digital, Archivo “026 T-11884151 Rta. Fiscalía 35 Local - San Marcos después de traslado) 04-06-2026.pdf”, pág. 265. La Sala advierte que la referencia a una incapacidad de dos días corresponde a un error de la Fiscalía, pues el dictamen médico legal estableció una incapacidad definitiva de doce (12) días, circunstancia que también fue reconocida en la sentencia penal de primera instancia.
[123] Expediente digital, Archivo “026 T-11884151 Rta. Fiscalía 35 Local - San Marcos (después de traslado) 04-06-2026.pdf”, pág. 277.
[124] Para ello, dio aplicación al artículo 17 de la Ley 1257 de 2008, que modificó el artículo 5 de la Ley 294 de 1996, modificado a su vez por el artículo 2 de la Ley 575 de 2000, en particular los literales b) y f), desarrollados por el artículo 3, numerales 2 y 5, del Decreto 4799 de 2011.
[125] Expediente digital, Archivo “026 T-11884151 Rta. Fiscalía 35 Local - San Marcos (después de traslado) 04-06-2026.pdf”, pág. 287.
[126] Expediente digital, Archivo “025 T-11884151 Rta. MEDICINA LEGAL (despues de traslado) 01-06-2026.pdf”.
[127] Expediente digital, Archivo “028 Rta. Sandra 09-06-2026.pdf” Anexo “respuesta Auto de Pruebas Tutela”.
[128] Expediente digital, Archivo “028 Rta. Sandra 09-06-2026.pdf” Anexo “respuesta Auto de Pruebas Tutela”, pág. 2.
[129] Expediente digital, Archivo “028 Rta. Sandra 09-06-2026.pdf” Anexo “respuesta Auto de Pruebas Tutela”, pág. 3.
[130] Expediente digital, Archivo “028 Rta. Sandra 09-06-2026.pdf” Anexo “respuesta Auto de Pruebas Tutela”, pág. 2 y 3.
[131] Expediente digital, Archivo “028 Rta. Sandra 09-06-2026.pdf” Anexo “respuesta Auto de Pruebas Tutela”, pág. 5.
[132] Expediente digital, Archivo “028 Rta. Sandra 09-06-2026.pdf” Anexo “respuesta Auto de Pruebas Tutela”, pág. 5.
[133] Expediente digital, Archivo “028 Rta. Sandra 09-06-2026.pdf” Anexo “respuesta Auto de Pruebas Tutela”, Pag 6
[134] Expediente digital, Archivo “028 Rta. Sandra 09-06-2026.pdf” Anexo relación de documentos por preguntas “pregunta 2” documento “1-25 Decision B familiar 7-7-2021”
[135] Expediente digital, Archivo “028 Rta. Sandra 09-06-2026.pdf” Anexo “respuesta Auto de Pruebas Tutela”, Pag 7.
[136] ibidem
[137] ibidem
[138] Documento Digital “028 Rta. Sandra 09-06-2026.pdf” Anexo relación de documentos por preguntas “pregunta 2” documento “1-12 Diligencia de aud Conciliaciòn 16-08-2016”
[139] Expediente digital, Archivo “028 Rta. Sandra 09-06-2026.pdf” Anexo relación de documentos por preguntas “pregunta 2” documento “1-25 Decision B familiar 7-7-2021”
[140] Expediente digital, Archivo “028 Rta. Sandra 09-06-2026.pdf” Anexo relación de documentos por preguntas “pregunta 2” documento “Comisaria de familia-3 Denuncia com Familia 26-1-2018”
[141] Expediente digital, Archivo “028 Rta. Sandra 09-06-2026.pdf” Anexo relación de documentos por preguntas “pregunta 2” documento “1-16 Diligencia de aud Conciliaciòn 9-2-2022”
[142] Expediente digital, Archivo “028 Rta. Sandra 09-06-2026.pdf” Anexo relación de documentos por preguntas “pregunta 2” documento “1-18 Oficio personeria 24-7-2024”
[143] Expediente digital, Archivo “028 Rta. Sandra 09-06-2026.pdf” Anexo relación de documentos por preguntas “pregunta 4” documento “Fotos entregadas a Fiscalia, Fiscal 35”
[144]Expediente digital, Archivo “028 Rta. Sandra 09-06-2026.pdf” Anexo relación de documentos por preguntas “pregunta 4” documento “Reporte Hospital de San Marcos”
[145] Expediente digital, Archivo “028 Rta. Sandra 09-06-2026.pdf” Anexo relación de documentos por preguntas “pregunta 4” documento “Ampliaciòn denuncia Fiscalia 7-7-2021”.
[146] Expediente digital, Archivo “028 Rta. Sandra 09-06-2026.pdf” Anexo relación de documentos por preguntas “pregunta 4” documento “secretaria de la mujer 7-12-21”.
[147] Expediente digital, Archivo “028 Rta. Sandra 09-06-2026.pdf” Anexo relación de documentos por preguntas “pregunta 4” documento “1-10 Colsanitas, valoraciòn hombro”.
[148] Expediente digital, Archivo “028 Rta. Sandra 09-06-2026.pdf” Anexo relación de documentos por preguntas “pregunta 4” documento “Neuromedica, ojo 11-03-2022”.
[149] Expediente digital, Archivo “028 Rta. Sandra 09-06-2026.pdf” Anexo relación de documentos por preguntas “pregunta 4” documento “1-12 1-14 Acta de Conciliaciòn 11-7-2016”.
[150] Expediente digital, Archivo “028 Rta. Sandra 09-06-2026.pdf” Anexo relación de documentos por preguntas “pregunta 4” documento “1 1-12 Diligencia de aud Conciliaciòn 16-08-2016”.
[151] Expediente digital, Archivo “028 Rta. Sandra 09-06-2026.pdf” Anexo relación de documentos por preguntas “pregunta 4” documento “Comisaria de familia-Denuncia com Familia 26-1-2018”.
[152] Expediente digital, Archivo “028 Rta. Sandra 09-06-2026.pdf” Anexo “respuesta Auto de Pruebas Tutela”, pág 11.
[153] Ibidem
[154] Ibidem
[155] Ibidem
[156] Ibidem
[157] Ibidem
[158] Expediente digital, Archivo “028 Rta. Sandra 09-06-2026.pdf” Anexo “respuesta Auto de Pruebas Tutela”, pág 12.
[159] Ibidem
[160] Expediente digital, Archivo “028 Rta. Sandra 09-06-2026.pdf” Anexo “respuesta Auto de Pruebas Tutela” pág 13.
[161] Expediente digital, Archivo “028 Rta. Sandra 09-06-2026.pdf” Anexo “respuesta Auto de Pruebas Tutela” pág 14
[162] Expediente digital, Archivo “028 Rta. Sandra 09-06-2026.pdf” Anexo relación de documentos por preguntas “pregunta 5” documento “Ampliaciòn denuncia Fiscalia 7-7-2021”.
[163] Expediente digital, Archivo “028 Rta. Sandra 09-06-2026.pdf” Anexo “respuesta Auto de Pruebas Tutela”, pág. 14.
[164] Ibidem.
[165] Ibidem.
[166] Ibidem.
[167] Ibidem.
[168] Expediente digital, Archivo “028 Rta. Sandra 09-06-2026.pdf” Anexo “respuesta Auto de Pruebas Tutela”, pág. 20.
[169] Expediente digital, Archivo “028 Rta. Sandra 09-06-2026.pdf” Anexo “respuesta Auto de Pruebas Tutela”, pág. 21.
[170] Expediente digital, Archivo: “031 T-11884151 Auto de Pruebas 24-jun-2026 - nombres ficticios.pdf”.
[171] Expediente digital, archivo: “037 T-11884151 Rta. ICBF 06-07-2026.pdf”.
[172] Expediente digital, archivo: “044 T-11884151 Rta. Juzgado 01 Promiscuo Municipal de Iscalia 15-07-2026.pdf”.
[173] Corte Constitucional, sentencias SU-016 de 2026, SU-018 de 2026, entre otras.
[174] La legitimación por pasiva se refiere a la aptitud legal de la autoridad pública o del particular contra quien se dirige la acción de tutela para ser llamado a responder por la presunta vulneración o amenaza de un derecho fundamental. El artículo 86 de la Constitución y los artículos 1 y 13 del Decreto 2591 de 1991 prevén la procedencia del amparo frente a acciones u omisiones de las autoridades públicas, mientras que el artículo 42 del mismo decreto establece los eventos en los que procede contra particulares.
[175] Corte Constitucional, sentencias SU-108 de 2018 y SU-016 de 2026.
[176] Corte Constitucional, Sentencia SU-391 de 2016.
[177] Corte Constitucional, Sentencia T-307 de 2017.
[178] La Corte ha reiterado que no existe un término específico para determinar el cumplimiento del requisito de inmediatez, por lo que debe analizarse la razonabilidad del término que transcurrió entre la decisión que presuntamente vulnera derechos fundamentales y la presentación de la acción de tutela tomando en consideración las circunstancias de cada caso concreto. Cfr. Sentencia SU-108 de 2018. En cuanto a la valoración de la inmediatez en casos de acciones de tutela, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que «corresponde a un examen más estricto, en el sentido en el que su desconocimiento sacrificaría los principios de cosa juzgada y de seguridad jurídica, generando una total incertidumbre sobre la firmeza de las decisiones judiciales». Sentencia SU-108 de 2018. En este sentido, ha considerado, por regla general, que el término de seis meses es razonable y satisface el requisito de inmediatez para la procedibilidad de la acción de tutela en contra de sentencias.
[179] Corte Constitucional, Sentencia SU-016 de 2026.
[180] En materia de prescripción, el artículo 83 del Código Penal establece, como regla general, que la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley cuando esta sea privativa de la libertad, sin que dicho término pueda ser inferior a cinco años ni exceder de veinte, y dispone que para su cómputo deben tenerse en cuenta las causales sustanciales que modifican la punibilidad. En el procedimiento penal ordinario, el artículo 292 de la Ley 906 de 2004 prevé que la formulación de imputación interrumpe la prescripción y que, producida la interrupción, el término comienza a correr nuevamente por un lapso igual a la mitad del previsto en el artículo 83 del Código Penal, sin que pueda ser inferior a tres años. Por su parte, en el procedimiento especial abreviado, el parágrafo primero del artículo 536 de la Ley 906 de 2004 establece que el traslado del escrito de acusación interrumpe la prescripción y que, a partir de ese momento, el término vuelve a correr por un lapso igual a la mitad del señalado en el artículo 83 del Código Penal, sin que pueda ser inferior a tres años. La misma disposición señala que, para efectos procesales, el traslado de la acusación equivale a la formulación de imputación.
[181] Documento digital “0002Demanda.pdf”, pág. 22-28.
[182] Corte Constitucional, sentencias SU-394 de 2016 y SU-297 de 2023.
[183] En el siguiente apartado se tomó jurisprudencia de la Sentencia T- 401 de 2024, y T-251 de 2025.
[184] Corte Constitucional, Sentencias T-878 de 2014 y T-462 de 2018.
[185] Corte Constitucional, sentencias T-012 de 2016, C-539 de 2016, y T-093 de 2019.
[186] Corte Constitucional, Sentencia SU-080 de 2020.
[187] Ibidem.
[188] Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Recomendación General n.°19, “violencia contra la mujer”, 1992, párrafo 6.
[189] Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Recomendación General n.º 35, de 2017, sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la Recomendación General n.º 19.
[190] Corte Constitucional, Sentencia SU-349 de 2022.
[191] Corte Constitucional, Sentencia T-529 de 2023.
[192] Corte Constitucional, sentencias T-487 de 1994, T-552 de 1994, C-285 de 1995, C-273 de 1998, C-776 de 2010, T-878 de 2014, C-297 de 2016, T-462 de 2018, T-140 de 2021, SU-080 de 2020, C-117 de 2021 y T-172 de 2023.
[193] ONU Mujeres, “Tipos de violencia”: https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence. Sentencia T-172 de 2023. M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar. S.V. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[194] Ley 1257 de 2008, “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”, art. 2.
[195] Sentencia T-172 de 2023. M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar. S.V. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[196] “El concepto de violencia vicaria, como lo reconoció este Tribunal en la Sentencia T-028 de 2023, fue introducido en el año 2012 por la psicóloga clínica Sonia Vaccaro con el objeto de denotar aquella que, ejercida, ‘contra la mujer, [es] desplazada sobre personas, objetos y posesiones de ella para dañarla de forma vicaria. Y cuya máxima expresión es el asesinato de las hijas y los hijos. El maltratador sabe que dañar, asesinar a los hijos / hijas, es asegurarse de que la mujer no se recuperará jamás. (…) Se trata de una violencia indirecta que tiene como fin afligir a una persona instrumentalizando a un tercero, especialmente a un niño”. Sentencia T-526 de 2023.
[197] Corte Constitucional, sentencias T-462 de 2018 y SU-349 de 2022.
[198] Corte Constitucional, Sentencia T-172 de 2023.
[199] Corte Constitucional, Sentencia T-529 de 2023.
[200] Corte Constitucional, Sentencia T-344 de 2020.
[201] Esta ley desarrolla el artículo 42 de la Constitución e inicia el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado con la Convención de Belém do Pará. Esta ley busca prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. Para su interpretación y aplicación, consagra varios principios: la primacía de los derechos fundamentales y el reconocimiento de la familia como institución básica de la sociedad; considera que toda forma de violencia en la familia es destructiva para su armonía y unidad, por lo que debe ser prevenida, corregida y sancionada por las autoridades públicas; y garantiza la oportuna y eficaz protección a las personas que en el contexto familiar sean o puedan llegar a ser víctimas de violencia por parte de otro miembro de la unidad familiar.
[202] Esta ley incluye normas para sensibilizar, prevenir y sancionar la violencia y discriminación contra las mujeres. Esta ley realiza seis avances significativos en la garantía y restablecimiento de los derechos de las mujeres: (i) define de manera específica el daño y el sufrimiento psicológico, físico, sexual y patrimonial ocasionado por la violencia; (ii) impone sanciones directas a los agresores, como la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima por un tiempo determinado; (iii) establece la definición y penalización del acoso sexual; (iv) incluye la violencia sexual dentro del ámbito de la violencia intrafamiliar y agrava los delitos contra la libertad e integridad sexual cuando se perpetran con el propósito de ejercer control social, infundir temor u obtener obediencia dentro de la comunidad; (v) dispone que las medidas de protección y los agravantes de las conductas delictivas se apliquen también a quienes hayan cohabitado con la víctima; y (vi) asegura el derecho de la víctima a no enfrentarse a su agresor en ningún espacio de atención ni en procedimientos administrativos, judiciales u otros.
[203] Esta ley reforma el Código de Procedimiento Penal para garantizar la protección de las víctimas. También elimina la posibilidad de que los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria sean querellables o desistibles. Además, establece que las autoridades judiciales deben investigar de oficio todos los casos relacionados con presuntos delitos de violencia contra la mujer, cumpliendo así con la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar esta forma de violencia.
[204] Esta ley fortalece las medidas de protección a las víctimas de ataques con ácido, garantizando su atención integral y mecanismos para su ocupación laboral.
[205] Esta ley, conocida como la ley Rosa Elvira Cely, tipifica el feminicidio como delito autónomo, promoviendo la investigación y sanción de la violencia de género. Establece la inclusión de la perspectiva de género en la educación y la formación de servidores públicos en temas de violencia contra las mujeres, derechos humanos y derecho internacional humanitario.
[206] Esta ley implementa en el territorio nacional las casas refugio, como medida de protección para las mujeres víctimas de la violencia en sus distintas formas y tipos, así como sus hijos y personas dependientes.
[207] Reiteración de jurisprudencia de la Sentencia SU- 066 de 2026.
[208] Corte Constitucional, Sentencia T-677 de 2011.
[209] Entre dichos instrumentos se encuentran, en particular, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer —CEDAW—, aprobada mediante la Ley 51 de 1981; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer —Convención de Belém do Pará—, aprobada mediante la Ley 248 de 1995; y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada mediante la Ley 16 de 1972, especialmente en lo relativo a las garantías judiciales y la protección judicial efectiva. La Corte Constitucional ha reconocido que la CEDAW y la Convención de Belém do Pará integran el bloque de constitucionalidad en materia de protección de los derechos de las mujeres y sirven como parámetro para interpretar los deberes estatales de prevención, investigación, sanción y reparación de la violencia contra la mujer. Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-408 de 1996, SU-080 de 2020, SU-349 de 2022 y SU-339 de 2024.
[210] Corte Constitucional, Sentencia T-012 de 2016.
[211] Corte Constitucional, Sentencia T-344 de 2020.
[212] Corte Constitucional, Sentencia T-145 de 2017.
[213] Ibidem.
[214]Corte Constitucional, Sentencia T-338 de 2018
[215]Corte Constitucional, Sentencia T-012 de 2016. Estos deberes han sido reiterados y desarrollados en decisiones posteriores como las Sentencias T-338 de 2018, T-093 de 2019 y T-344 de 2020.
[216] Corte Constitucional, sentencias SU-167 de 2024, T-010 de 2024, T-012 de 2016 y T-459 de 2024.
[217] Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, Observatorio, ¿Cómo aplicar la perspectiva de género para administrar justicia?
[218] Corte Constitucional, Sentencia SU-167 de 2024. “juzgar con perspectiva de género comporta una cosmovisión desde la cual es posible interpretar todo tipo de situaciones y ahondar en ellas, permitiendo identificar y problematizar la posición de discriminación estructural que envuelve a las mujeres”.
[219] Corte Constitucional, sentencias C-1195 de 2001, C-426 de 2002, C-086 de 2016 y C-031 de 2019.
[220] Corte Constitucional, Sentencia T-338 de 2018.
[221] Corte Constitucional, T-878 de 2014, T-027 de 2017, T-634 de 2013, T-967 de 2014 y T-462 de 2018.
[222] Corte Constitucional, sentencias T-878 de 2014, T-027 de 2017, T-634 de 2013, T-967 de 2014 y T-462 de 2018.
[223] Ibidem.
[224] Ibidem.
[225] Corte Constituciona, sentencias SU-167 de 2024, T-010 de 2024, T-012 de 2016 y T-459 de 2024.
[226] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Estándares jurídicos vinculados a la igualdad de género y a los derechos de las mujeres, 2011-2014.
[227] Expediente digital, Archivo “LinkExpedienteCompleto.docx” Documento, 0001ExpedienteDigital15082023.pdf Pag. 31 Documento Link Expediente Completo.docx, carpeta, 9981000: 0005Anexos. Pag. 143
[228] Ibidem (min. 8:30).
[229] Expediente digital, archivo “0012Memorial.pdf”, enlace al documento “0029AudienciaJuicioOral.mp4” (min. 16:02).
[230] Expediente digital, archivo “LinkExpedienteCompleto.docx” Documento, “006Audiencia20231124.mp4” (Min 1:32:44).
[231] Expediente digital, archivo “LinkExpedienteCompleto.docx” Documento, “006Audiencia20231124.mp4”.
[232] Expediente digital, archivo “024 Rta. Juzgado 01 Promiscuo Municipal - San Marcos (despues de traslado).pdf”, pág. 16.
[233] Expediente digital, archivo “0012Memorial.pdf”, enlace al expediente, documento “49AudienciaJuicioOral05032024”.
[234] Expediente digital, archivo “0012Memorial.pdf”, enlace al expediente, documento “0052AudienciaJuicioOral14033025”.
[235] Expediente digital, archivo “LinkExpedienteCompleto.docx”, documento “0056AudienciaJuicioOralPT1190032025” (min. 1:40:00).
[236] Ley 906 de 2004, artículos 391 y 443. Corte Constitucional, Sentencia C-616 de 2014.
[237] Ley 906 de 2004, artículos 11, literal a); 138, numeral 2; 139, numerales 2 y 3; 140, numerales 3 y 4; y 143
[238] Expediente digital, archivo “Rta. Fiscalía 35 Local - San Marcos (después de traslado) 04-06-2026.pdf”, pág. 6.