T-363-26
REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL
-Sala Cuarta de Revisión-
Sentencia T-363 de 2026
Referencia: expediente T-12.076.123
Asunto: acción de tutela presentada por Antonio, en nombre propio y en representación de su hijo menor de edad, contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Temas: derecho a la igualdad y corresponsabilidad parental. Acceso diferenciado de madres y padres al teletrabajo para el cuidado de hijos menores de edad.
Magistrado ponente:
Juan Carlos Cortés González
Bogotá D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintiséis (2026)
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez y los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Juan Carlos Cortés González, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la presente
SENTENCIA
En el trámite de revisión de los fallos de tutela dictados, en primera instancia, por el Juzgado 022 Civil del Circuito de Bogotá, el 21 de enero de 2026 y, en segunda instancia, por la Sala Sexta Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 18 de febrero de 2026, con ocasión de la solicitud de amparo promovida por Antonio en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).
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¿Qué estudió la Corte? |
La Corte Constitucional revisó las sentencias proferidas en el marco de la acción de tutela interpuesta por un trabajador de Colpensiones, quien solicitó acceder a la modalidad de teletrabajo con fundamento en sus responsabilidades familiares y de cuidado como padre de un menor de edad. La entidad negó la solicitud al considerar que el accionante no cumplía la condición de ser “madre” prevista en el numeral 11 del artículo 5 de la Resolución 010 de 2025, modificado por la Resolución 012 de 2025. Entre las circunstancias expuestas por el accionante se encontraban (i) su condición de padre y las responsabilidades directas de cuidado de su hijo, (ii) las circunstancias familiares derivadas del embarazo de alto riesgo y el nacimiento de su segunda hija, (iii) la licencia de maternidad y recuperación posparto de su esposa y (iv) el tiempo de desplazamiento diario hacia su lugar de trabajo, que, según manifestó, reducía el tiempo disponible para el acompañamiento de su hijo. |
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¿Qué consideró la Corte? |
La Corte consideró que el principio de corresponsabilidad parental exige que las responsabilidades de crianza, cuidado y acompañamiento de los hijos sean asumidas de manera compartida por ambos progenitores y no distribuidas a partir del sexo de cada uno. En este sentido, señaló que las medidas de conciliación entre la vida laboral y familiar no pueden establecer diferencias que permitan a las madres acceder a determinados beneficios por el solo hecho de tener hijos dentro de un rango de edad, mientras imponen a los padres cargas o requisitos adicionales para acceder a una medida en circunstancias familiares comparables.
Asimismo, recordó que el derecho a la igualdad prohíbe establecer diferencias de trato fundadas en el sexo cuando estas carecen de una justificación constitucionalmente admisible. En particular, advirtió que las disposiciones que atribuyen exclusivamente a las mujeres las responsabilidades de cuidado pueden reproducir estereotipos de género y perpetuar una distribución desigual de las labores familiares. Por ello, las medidas de conciliación laboral y familiar deben contribuir a la corresponsabilidad parental y no reforzar la idea de que el cuidado de los hijos constituye una responsabilidad predominantemente femenina.
También consideró que, el derecho al cuidado y los derechos de los niños, niñas y adolescentes adquieren especial relevancia cuando las decisiones sobre las condiciones laborales de sus progenitores inciden en las posibilidades reales de cuidado y acompañamiento. En consecuencia, las autoridades deben valorar las circunstancias familiares concretas y no limitarse a aplicar de manera automática una regla que establezca diferencias entre madres y padres.
En el caso concreto, encontró que las circunstancias del accionante, su condición de padre, las responsabilidades directas de cuidado, las circunstancias familiares derivadas del embarazo de alto riesgo y el nacimiento de su segunda hija, la licencia de maternidad y recuperación posparto de su esposa, el tiempo de desplazamiento hacia su lugar de trabajo y la viabilidad funcional de desarrollar sus labores mediante una modalidad no presencial, justificaban una protección constitucional concreta. Además, consideró relevante que Colpensiones hubiera autorizado previamente el trabajo desde casa por razones de salud, pues ello constituía un elemento adicional para valorar la viabilidad material de una modalidad no presencial.
Finalmente, se concluyó que Colpensiones no podía negar al accionante el acceso a la medida de conciliación laboral y familiar por el solo hecho de no ser “madre”, ni exigirle acreditar circunstancias adicionales que no eran requeridas a las mujeres comprendidas en la causal cuestionada. Por ello, determinó que el numeral 11 del artículo 5 de la Resolución 010 de 2025, modificado por la Resolución 012 de 2025, establecía una diferencia de trato incompatible con el derecho a la igualdad y con el principio de corresponsabilidad parental. |
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¿Qué decidió la Corte? |
La Corte Constitucional revocó las decisiones de instancia y, en su lugar, amparó los derechos fundamentales del accionante a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo, al trabajo en condiciones dignas y a la corresponsabilidad parental, así como los derechos de su hijo menor al cuidado, acompañamiento e interés superior. En consecuencia, ordenó a Colpensiones autorizar al accionante, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la providencia, el desarrollo de sus funciones mediante la modalidad de teletrabajo, en condiciones compatibles con la naturaleza de su cargo y con los mecanismos de seguimiento y evaluación correspondientes.
Asimismo, ordenó a Colpensiones abstenerse de aplicar el numeral 11 del artículo 5 de la Resolución 010 de 2025, modificado por la Resolución 012 de 2025, como criterio de exclusión de los trabajadores que sean padres de hijos entre cero y doce años, de manera que la condición de “madre” no pueda utilizarse, por sí sola, para negar el acceso a una medida de conciliación laboral y familiar a un trabajador que se encuentre en una situación familiar comparable. Además, dispuso que la entidad adopte, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de la providencia, las medidas necesarias para modificar dicha disposición o la que la sustituya, de modo que la posibilidad de acceder a la medida no esté restringida por razón del sexo del trabajador y pueda ser invocada por cualquiera de los progenitores, previa verificación de las condiciones objetivas correspondientes.
Finalmente, estableció que, mientras se adopta la modificación de la regulación, Colpensiones deberá aplicar el numeral 11 de manera compatible con los derechos a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo, valorando las circunstancias familiares y las responsabilidades efectivas de cuidado, junto con las condiciones objetivas relacionadas con la naturaleza de las funciones, su viabilidad para ser desarrolladas mediante una modalidad no presencial y las necesidades del servicio.
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Aclaración previa. Teniendo en cuenta que en este asunto se estudiará la situación familiar de Antonio y de su hijo menor de edad, en asuntos como las responsabilidades de cuidado y las condiciones de crianza de los niños y se revela información de la historia clínica que podría identificar al accionante, la Sala Cuarta de Revisión adoptará la decisión que corresponda en dos ejemplares paralelos. Una versión mantendrá los nombres reales de las partes que se incluirá en el expediente y se comunicará a las partes, mientras que la otra, que será de acceso público[1], tendrá los nombres anonimizados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del Reglamento Interno de la Corporación.
1. Antonio manifestó que es trabajador oficial de Colpensiones y que se encuentra vinculado laboralmente a esa entidad, por lo que presta sus servicios de manera permanente y bajo subordinación. Afirmó que es padre de un niño de cuatro años[3], quien convive con él y se encuentra bajo su cuidado personal. Señaló que, en tal condición, tiene responsabilidades permanentes de acompañamiento, supervisión y atención directa de su hijo.
2. El accionante indicó que Colpensiones reguló las modalidades de trabajo en casa y teletrabajo mediante la Resolución 010 del 19 de septiembre de 2025. Posteriormente, mediante la Resolución 012 del 29 de octubre de 2025, la entidad modificó el artículo 5 de aquella resolución e incorporó como numeral 11 la causal para acceder al teletrabajo consistente en “ser madre con hijo(s) entre cero (0) y doce (12) años”[4]. A su juicio, este artículo excluye a los padres que se encuentren en una situación similar de cuidado.
3. En ese contexto, el 10 de noviembre de 2025, el accionante presentó ante Colpensiones una solicitud de acceso a la modalidad de teletrabajo autónomo, en la que invocó su condición de padre cuidador y solicitó la inaplicación del requisito de género previsto en el numeral 11 del artículo 5 de la Resolución 010 de 2025, modificado por la Resolución 012 de 2025. En la petición manifestó que su hijo estaba en el rango de edad contemplado por la disposición, que convivía con él y que se encontraba bajo su custodia y cuidado personal, por lo que solicitó que su situación fuera valorada de manera individual y objetiva.
4. Colpensiones comunicó la negativa de la solicitud el 18 de noviembre de 2025. Según afirmó el accionante, la entidad fundamentó su decisión en la aplicación del requisito previsto en el artículo 1, numeral 11, de la Resolución 012 de 2025 y no realizó un análisis particular de su situación familiar ni de su condición de padre cuidador.
5. El accionante sostuvo que la decisión generó un trato desigual por razón de género, pues las madres trabajadoras de Colpensiones con hijos entre cero y doce años pueden acceder al teletrabajo por esa condición, mientras que los padres que se encuentran en situaciones similares de cuidado no pueden hacerlo. Agregó que sus funciones laborales son compatibles con el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y que la decisión de Colpensiones afecta tanto su derecho a la igualdad como el derecho de su hijo a recibir el acompañamiento y cuidado de su padre.
6. Acción de tutela[5]. El 18 de diciembre de 2025, Antonio, actuando en nombre propio y en representación de su hijo menor de edad, promovió acción de tutela en contra de Colpensiones por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales de petición, igualdad y no discriminación por razón de género, trabajo en condiciones dignas y justas, protección integral de la familia y corresponsabilidad parental, así como la protección del interés superior del niño. Esto, porque la entidad negó su solicitud de acceso al teletrabajo, decisión que, según afirmó, se fundamentó exclusivamente en su condición de padre y en la aplicación del numeral 11 del artículo 5 de la Resolución 010 de 2025, modificado por la Resolución 012 de 2025.
7. Pretensiones. El actor solicitó que: (i) se protejan sus derechos fundamentales y los de su hijo a la igualdad y no discriminación por razón de género, al trabajo en condiciones dignas y justas, a la protección integral de la familia, a la corresponsabilidad parental y al interés superior del niño; (ii) se deje sin efectos la decisión comunicada por Colpensiones el 18 de noviembre de 2025 y se revalore su solicitud de acceso al teletrabajo con base en criterios objetivos relacionados con la situación familiar, las necesidades de cuidado del menor y la viabilidad funcional del cargo; (iii) de resultar procedente, se autorice el teletrabajo en condiciones de igualdad frente a las madres que se encuentren en una situación fáctica de cuidado similar; y (iv) se inaplique, por vía de excepción de inconstitucionalidad, el artículo 1, numeral 11, de la Resolución 012 de 2025[6].
8. Admisión de la tutela. El 18 de diciembre de 2025[7], el Juzgado 022 Civil del Circuito de Bogotá admitió la acción de tutela y ordenó notificar a las partes accionadas.
9. Respuestas de las partes y entidades vinculadas. A continuación, la Sala presenta una síntesis de las respuestas recibidas por el juez de primera instancia.
Tabla 1. Respuestas obtenidas por el juez de primera instancia en el trámite de la acción de tutela
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Parte |
Respuesta |
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Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones[8] |
Informó que el accionante presentó el 10 de noviembre de 2025 una solicitud para ser incluido en la modalidad de teletrabajo autónomo, en la que invocó su condición de padre cuidador y solicitó la inaplicación del requisito previsto en el numeral 11 del artículo 1 de la Resolución 012 de 2025. Señaló que, el 18 de noviembre de 2025, Colpensiones respondió que la condición de padre con hijo menor de doce años no constituía una causal autónoma para acceder al teletrabajo y que los padres podían acceder a dicha modalidad a través de otras causales previstas en la política interna, siempre que acreditaran los requisitos correspondientes. En consecuencia, sostuvo que la respuesta fue clara, concreta y de fondo, por lo que solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela por falta de subsidiariedad y ausencia de un perjuicio irremediable. |
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Ministerio del Trabajo. |
El ministerio guardó silencio durante el trámite, a pesar de haber sido vinculado en el auto admisorio. |
10. Decisión de primera instancia[9]. El 21 de enero de 2026, el Juzgado 022 Civil del Circuito de Bogotá declaró improcedente la acción de tutela. Consideró que, si bien se cumplían los requisitos de legitimación, tanto por activa como por pasiva, así como el requisito de inmediatez, no se satisfacía el requisito de subsidiariedad. Lo anterior porque el accionante contaba con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir la decisión de Colpensiones que negó su solicitud de teletrabajo. Asimismo, estimó que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable, debido a que el actor no demostró circunstancias particulares de su núcleo familiar que evidenciaran una afectación grave e inminente de sus derechos fundamentales o de los de su hijo.
11. Impugnación[10]. El accionante impugnó la decisión y sostuvo que el juez de primera instancia no valoró adecuadamente su situación familiar ni la afectación actual de los derechos de su hijo menor de edad. Señaló que la negativa de Colpensiones se fundamentó en su condición de padre y en la aplicación del requisito de género previsto en el numeral 11 del artículo 5 de la Resolución 010 de 2025, modificado por la Resolución 012 de 2025, sin realizar un análisis individualizado de sus responsabilidades de cuidado. Además, manifestó que su esposa tenía un embarazo de alto riesgo, circunstancia que incrementaba sus responsabilidades familiares.
12. Asimismo, cuestionó la conclusión sobre la subsidiariedad, pues consideró que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no era un mecanismo idóneo y eficaz para brindar una protección oportuna a los derechos comprometidos. Por ello, solicitó revocar la decisión y conceder el amparo de los derechos invocados.
13. Decisión de segunda instancia[11]. El 18 de febrero de 2026, la Sala Sexta Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó el fallo impugnado[12] . Consideró que no se cumplía el requisito de subsidiariedad, pues el accionante contaba con medios de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable. Además, señaló que la respuesta de Colpensiones no constituía un acto discriminatorio por razón de género, sino la aplicación de una acción afirmativa dirigida a favorecer a las madres trabajadoras con hijos menores de doce años, sin excluir la posibilidad de que los padres accedieran al beneficio cuando acreditaran las causales previstas en la regulación interna. Asimismo, consideró que el argumento relacionado con el embarazo de alto riesgo de la cónyuge del accionante constituía un hecho nuevo que no podía ser examinado en segunda instancia, por lo que correspondía presentar una nueva solicitud ante Colpensiones y alegar aquel hecho nuevo.
5. Actuaciones en sede de revisión ante la Corte Constitucional
14. Selección y reparto[13]. El 30 de junio de 2026, la Sala de Selección de Tutelas Número Seis de la Corte Constitucional seleccionó el asunto de la referencia[14] y, por sorteo, lo asignó a la Sala Cuarta de Revisión. El 16 de julio siguiente[15], la Secretaría General de esta Corporación remitió el expediente al despacho del magistrado sustanciador.
15. Autos de pruebas[16]. El 30 de julio de 2026, el magistrado sustanciador decretó la práctica de pruebas. Para el efecto, ofició al accionante y a Colpensiones con el propósito de actualizar la información sobre la situación familiar y laboral de aquel, así como sobre el estado de la regulación y los criterios aplicables al teletrabajo y trabajo en casa relacionados con responsabilidades de cuidado. Asimismo, el despacho ofició al Ministerio del Trabajo y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para que emitieran concepto sobre las políticas de trabajo flexible, la corresponsabilidad parental y el interés superior del niño. Finalmente, invitó al Instituto Colombiano de Derecho de Familia, a la Fundación Padres por Siempre, a las facultades y departamentos de derecho de las universidades Nacional de Colombia, del Rosario y Externado de Colombia para que, si lo estimaban pertinente, conceptuaran sobre el principio de corresponsabilidad parental, la evolución de los roles de cuidado y su relación con el interés superior de los niños.
16. Respuestas al auto de decreto de pruebas. A continuación, la Sala sintetiza las respuestas obtenidas dentro del trámite de revisión.
Tabla 2. Respuestas recibidas durante el trámite de revisión[17]
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Parte o tercero |
Respuesta |
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Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones[18] |
Informó que la política institucional de teletrabajo se encuentra regulada por las Resoluciones 010 del 19 de septiembre de 2025 y 012 del 29 de octubre de 2025, las cuales continúan vigentes y no han sido derogadas ni sustituidas. Explicó que la primera regula la política institucional de teletrabajo, mientras que la segunda modificó el artículo 5 de la Resolución 010 de 2025 en la causal consistente en “ser madre con hijo(s) entre los cero (0) y doce (12) años de edad”. Agregó que permanecen vigentes otras causales relacionadas con la salud del trabajador, la condición de único cuidador, determinadas condiciones clínicas, la calidad de padre cabeza de familia, la custodia y cuidado exclusivo del menor y la condición de madre o padre de crianza. Asimismo, señaló que la aplicación de estas disposiciones se desarrolla mediante el Lineamiento de Teletrabajo GTH-GSA-LIN-003.
Respecto de las solicitudes presentadas con posterioridad a la acción de tutela, señaló que el accionante continuaba vinculado a Colpensiones como trabajador oficial y que, después de presentar la tutela, formuló nuevas solicitudes relacionadas con las modalidades de trabajo en casa y teletrabajo. Precisó que estas fueron examinadas individualmente, atendiendo la circunstancia invocada, los documentos aportados, la regulación aplicable y la diferencia entre el teletrabajo, como forma de organización laboral voluntaria y reglada, y el trabajo en casa, como habilitación temporal frente a circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales. Manifestó que, mediante comunicación del 18 de noviembre de 2025, Colpensiones explicó que la sola condición de padre de un menor de doce años no configuraba la causal prevista en el numeral 11, sin que ello implicara la exclusión general de los hombres de la política de teletrabajo, pues estos podían acceder a la modalidad si acreditaban alguna de las demás causales previstas.
Asimismo, informó que, a partir de marzo de 2026, el accionante presentó solicitudes relacionadas con una situación de salud propia, las cuales fueron valoradas de manera independiente de la solicitud inicial. Señaló que, mientras avanzaba el tratamiento, la adaptación del dispositivo PAP o CPAP y los estudios ordenados, determinó que la figura procedente era el trabajo en casa y habilitó y prorrogó esta medida en distintos periodos entre el 16 de marzo y el 14 de agosto de 2026. También indicó que el 28 de abril de 2026 presentó una nueva solicitud de teletrabajo por un año, sustentada en su condición de salud, que fue resuelta el 13 de mayo siguiente, oportunidad en la que se consideró procedente mantener el trabajo en casa como medida temporal y revisable.
Expuso que, el 8 de julio de 2026, el accionante presentó una nueva solicitud de teletrabajo autónomo, en la que manifestó ser padre de dos hijos menores de edad y pidió que el beneficio previsto en el numeral 11 del artículo 5 de la Resolución 010 de 2025 se extendiera a los padres. Frente a esta petición, Colpensiones explicó que el numeral 11 constituye, desde su perspectiva institucional, una medida de acción afirmativa dirigida a atender la situación histórica y material de las mujeres frente a la distribución de las cargas de cuidado y a desarrollar la protección especial prevista en los artículos 13 y 43 de la Constitución. En ese sentido, sostuvo que la causal prevista en el numeral 11 debe interpretarse de manera sistemática, dentro del conjunto de causales establecidas en el artículo 5, y no como una disposición aislada de teletrabajo.
Respecto de los criterios actualmente utilizados para evaluar las solicitudes relacionadas con responsabilidades de cuidado familiar, Colpensiones manifestó que estas son examinadas de manera individual, teniendo en cuenta la naturaleza de la situación expuesta, la modalidad solicitada, la documentación aportada, la duración de la necesidad, las condiciones del trabajador y de la persona que requiere cuidado, la posibilidad de desarrollar las funciones por fuera de las instalaciones y el marco normativo aplicable. Agregó que la evaluación no se agota en la verificación del sexo del solicitante ni en la aplicación aislada del numeral 11, sino que primero se determina si los hechos corresponden a una causal de teletrabajo o si, por su carácter ocasional, excepcional, especial o temporal, deben ser atendidos mediante trabajo en casa.
Finalmente, sostuvo que no resultaba procedente extender al accionante el numeral 11 del artículo 5 de la Resolución 010 de 2025 ni inaplicar dicha disposición por vía de excepción de inconstitucionalidad, por considerar que esta constituye una acción afirmativa de protección a la maternidad y que el trabajador no acreditó alguna de las demás causales objetivas previstas en la regulación. Reiteró que la política no excluye a los padres del acceso al teletrabajo, pues contempla otras causales aplicables a estos y prevé rutas formuladas en términos neutros respecto del sexo del solicitante. |
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Antonio - Accionante[19] |
El accionante informó que continúa vinculado laboralmente a Colpensiones y que, para el momento, desarrollaba transitoriamente sus funciones bajo la modalidad de trabajo en casa por razones de salud. Precisó que dicha autorización tenía carácter temporal, hasta el 14 de agosto de 2026, razón por la cual debía solicitar periódicamente su renovación, siempre que subsistieran las razones médicas, lo que, según afirmó, le generaba incertidumbre sobre la continuidad de esta modalidad.
Asimismo, manifestó que, con posterioridad a la presentación de la acción de tutela, el 8 de julio de 2026 presentó una nueva solicitud de teletrabajo ante Colpensiones, con fundamento en el numeral 11 del artículo 5 de la Resolución 010 de 2025, modificado por la Resolución 012 de 2025. Señaló que, mediante comunicación del 17 de julio de 2026, la entidad nuevamente negó su solicitud, al considerar que no cumplía con el requisito de ser “madre”.
En cuanto a su situación familiar, indicó que convive con su esposa y sus dos hijos menores de edad[20] y que ambos progenitores participan activamente en las labores de crianza y cuidado. Explicó que, respecto de su hijo mayor, participa en la preparación de los alimentos, el transporte hacia y desde el jardín infantil, el acompañamiento de sus actividades académicas y las demás tareas cotidianas. Frente a su hija recién nacida, señaló que apoya activamente las actividades relacionadas con su cuidado, entre ellas las compras de medicamentos y elementos necesarios, el acompañamiento a citas médicas y las demás labores de crianza. Agregó que su esposa está en licencia de maternidad y en recuperación de una cesárea. Resaltó que también asumía responsabilidades de cuidado respecto de su madre, una persona adulta mayor.
Frente a la persistencia de las circunstancias que motivaron la acción de tutela, sostuvo que estas continuaban vigentes, pues consideraba que su presencia activa en el hogar es necesaria para apoyar a su esposa y participar en el cuidado de sus hijos. Señaló que sus funciones laborales podían desarrollarse desde su domicilio sin afectar la continuidad, calidad o eficiencia del servicio, y que las autorizaciones de trabajo en casa se desarrollaron sin reportes de incumplimiento o bajo desempeño. Agregó que, en la actualidad, sus funciones eran exclusivamente de oficina y no implicaban atención al público.
Respecto del embarazo de alto riesgo de su esposa, mencionado durante el trámite de la tutela, informó que este había culminado satisfactoriamente y que, durante dicho periodo, asumió una parte importante de las actividades domésticas y del cuidado de su hijo mayor, entre ellas su alimentación, transporte al jardín infantil y acompañamiento en sus actividades escolares. Indicó que aportaba documentación médica relacionada con la condición de embarazo de alto riesgo de su esposa durante ese periodo.
Por otra parte, manifestó que no promovió otra acción de tutela ni otro proceso judicial relacionado con los hechos objeto de la presente actuación. Explicó que, cuando trabajaba de manera presencial, su esposa asumía prácticamente la totalidad de las labores del hogar y del cuidado de su hijo, debido a las limitaciones que le imponía su jornada laboral. Señaló que, si regresaba a la presencialidad, dicha carga recaería nuevamente sobre ella, pero ahora respecto de dos menores de edad, uno de ellos recién nacido, además de las responsabilidades de cuidado de su madre, lo que, en su criterio, dificultaría la organización familiar y el adecuado desempeño laboral de ambos.
En relación con la incidencia de la negativa de Colpensiones en sus responsabilidades de cuidado, afirmó que esta había tenido un impacto directo y significativo en el ejercicio de su paternidad. Explicó que los desplazamientos diarios entre su residencia y el lugar de trabajo le representaban aproximadamente dos horas y treinta minutos en transporte público, lo que, según indicó, reducía el tiempo disponible para acompañar a sus hijos y limitaba su capacidad de respuesta ante situaciones familiares. Añadió que ello incrementaba la carga de cuidado de su esposa y dificultaba, a su juicio, el ejercicio efectivo de la corresponsabilidad parental.
Adicionalmente, precisó que su solicitud no pretendía disminuir sus obligaciones laborales ni afectar el cumplimiento de sus funciones en Colpensiones, sino continuar desarrollándolas desde su domicilio para conciliar su actividad laboral con su participación en la crianza y cuidado de sus hijos.
Finalmente, el accionante expuso la situación que, según afirmó, enfrentan otros padres trabajadores de Colpensiones. Señaló que varios de ellos, pese a considerar que cumplen los criterios para acceder al trabajo en casa por tener hijos entre cero y doce años y ejercer corresponsablemente las labores de crianza y cuidado, han visto rechazadas sus solicitudes por no cumplir la condición de “madre”. Igualmente han interpuesto acciones de tutela y aunque dichos expedientes no fueron seleccionados para revisión, la situación planteada no sería aislada y ameritaría un pronunciamiento de fondo por parte de la Corte Constitucional.
Luego del traslado realizado por la Secretaría General de la Corte Constitucional, el accionante se pronunció frente a la respuesta de Colpensiones y señaló que esta confirmaba la vigencia y aplicación del numeral 11 del artículo 5 de la Resolución 010 de 2025, modificado por la Resolución 012 del mismo año, según el cual “ser madre con hijo(s) entre los cero (0) y doce (12) años de edad” constituye una causal autónoma de acceso al teletrabajo. Sostuvo que la disposición no era aplicable a los padres ni sustituida por una causal neutra y que, por tanto, la controversia constitucional conservaba actualidad.
Frente a la existencia de otras causales de acceso para los padres, afirmó que estas no resultaban equivalentes a la prevista para las madres, pues mientras el numeral 11 opera por la sola acreditación de la condición materna y la edad de los hijos, las demás rutas para los padres exigen demostrar circunstancias adicionales, como la ausencia, fallecimiento o inhabilidad de la progenitora, la custodia y cuidado exclusivo o la condición de único cuidador. Por ello, sostuvo que el problema constitucional se encuentra en las distintas condiciones exigidas a madres y padres para acceder a una modalidad destinada a facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar.
Asimismo, manifestó que las autorizaciones de trabajo en casa concedidas por razones de salud no resolvían la controversia, por tratarse de una modalidad temporal y sustentada en una causa distinta de la solicitud de teletrabajo fundada en la paternidad.
Finalmente, solicitó a la Sala que valore integralmente la respuesta de Colpensiones y los documentos allegados y que, al resolver el asunto, examine la compatibilidad constitucional de la diferenciación cuestionada, teniendo en cuenta no solo la existencia formal de otras causales para los padres, sino las diferencias sustanciales en las condiciones exigidas a madres y padres para acceder al teletrabajo como mecanismo de conciliación de la vida laboral y familiar. |
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Ministerio del Trabajo[21] |
El Ministerio del Trabajo, por intermedio de la Dirección de Derechos Fundamentales del Trabajo, presentó un concepto técnico jurídico en respuesta al numeral tercero del auto de pruebas del 30 de julio de 2026. Precisó que su pronunciamiento se circunscribía a las competencias de esa cartera ministerial y al requerimiento efectuado por la Corte.
Explicó que el trabajo en casa se encuentra regulado por la Ley 2088 de 2021 y los Decretos 1662 de 2021 y 649 de 2022, y consiste en una habilitación transitoria para prestar los servicios fuera del lugar habitual de trabajo ante circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales. A su vez, señaló que el teletrabajo está regulado por las Leyes 1221 de 2008 y 2466 de 2025, así como por los Decretos 884 de 2012, 1072 de 2015 y 1227 de 2022, y que constituye una forma de organización laboral basada en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. También mencionó el trabajo remoto, regulado por la Ley 2121 de 2021 y el Decreto 555 de 2022. Precisó que tanto el trabajo en casa como el teletrabajo tienen carácter voluntario para las partes.
Sostuvo que las medidas de flexibilización laboral deben interpretarse desde un enfoque diferencial; que el cuidado y la protección integral de los menores constituyen una obligación compartida entre padres y madres; y que el trabajo en casa, el teletrabajo y el trabajo remoto pueden operar como herramientas de conciliación entre la vida laboral y familiar, orientadas a garantizar la protección de los niños.
Finalmente, como consideración adicional para la resolución del asunto, el Ministerio remitió a la Sentencia T-233 de 2025, cuyo tema corresponde al derecho al trabajo en condiciones dignas y justas y a la evaluación de las solicitudes de teletrabajo con enfoque diferencial. Indicó que, de acuerdo con el área técnica, dicha providencia constituye el criterio normativo y jurisprudencial relevante para la evaluación de las solicitudes de teletrabajo en las condiciones objeto de estudio. |
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Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF[22] |
El ICBF señaló que la corresponsabilidad no constituye una prerrogativa de los padres, sino un deber orientado a garantizar los derechos de los niños, cuyo ejercicio debe desarrollarse de manera solidaria por ambos progenitores. Añadió que este derecho al cuidado y acompañamiento subsiste con independencia de la convivencia de los padres, de quién ejerza la custodia y de la titularidad de la patria potestad.
Respecto de las modalidades de trabajo flexible, teletrabajo y trabajo en casa, el ICBF señaló que estas pueden constituir instrumentos para la realización del derecho fundamental al cuidado y facilitar la conciliación entre la vida laboral y las responsabilidades familiares. Asimismo, destacó que estas modalidades pueden fortalecer la corresponsabilidad parental cuando permiten una distribución efectiva, equitativa y equilibrada de las tareas de cuidado entre ambos progenitores.
No obstante, advirtió que el teletrabajo no garantiza por sí solo una adecuada dinámica de cuidado, pues la presencia física del progenitor en el hogar puede no traducirse en disponibilidad efectiva para el niño si no existen límites adecuados entre las obligaciones laborales y familiares. Por ello, señaló la necesidad de acompañar estas modalidades con medidas como el respeto de la desconexión laboral y el seguimiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
Finalmente, expuso que las modalidades de trabajo flexible tienen un impacto positivo sobre el derecho al cuidado y pueden contribuir a redistribuir las cargas entre los progenitores; sin embargo, advirtió que un diseño que reserve el acceso a uno solo de ellos en función del género o excluya injustificadamente a trabajadores con responsabilidades de cuidado puede reproducir una distribución inequitativa de estas labores y debilitar la corresponsabilidad parental. Agregó que las medidas de conciliación deben incorporar enfoques diferenciales y de género. |
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Instituto Colombiano de Derecho de Familia - ICDF[23] |
Explicó que la responsabilidad parental comprende la orientación, el cuidado, el acompañamiento y la crianza de los niños, niñas y adolescentes, y que corresponde de manera compartida y solidaria al padre y a la madre. Asimismo, señaló que la corresponsabilidad también involucra a la familia, la sociedad y el Estado en la garantía de los derechos de los niños. En el ámbito laboral, destacó que las medidas destinadas a conciliar la vida familiar y laboral no deberían partir de la presunción de que las labores de cuidado corresponden exclusivamente o principalmente a las mujeres, sino reconocer a ambos progenitores como sujetos igualmente responsables de la crianza.
En relación con la evolución de los roles parentales, sostuvo que el ordenamiento jurídico colombiano ha transitado de un modelo centrado en la autoridad paterna y en la asignación predominante del cuidado a las mujeres hacia uno basado en la igualdad y la responsabilidad compartida. Con fundamento en esta evolución y en la jurisprudencia constitucional, señaló que el padre ya no puede ser entendido exclusivamente como proveedor económico ni la madre como principal responsable del cuidado, pues ambos progenitores son sujetos igualmente responsables de la crianza y educación de sus hijos. Añadió que este cambio impone al Estado y a los empleadores el deber de no perpetuar, mediante normas o decisiones administrativas, los modelos tradicionales de distribución de los roles de cuidado.
Asimismo, sostuvo que la corresponsabilidad parental, el interés superior del niño y su derecho al cuidado y acompañamiento de ambos progenitores están directamente relacionados. En ese sentido, indicó que cuando las condiciones laborales de uno de los padres dificultan el ejercicio de sus responsabilidades de cuidado, la cuestión adquiere una dimensión constitucional.
Finalmente, frente al caso concreto, consideró que la negativa de Colpensiones, fundada exclusivamente en que el accionante no es mujer, establece una diferenciación basada en el sexo del progenitor que desconoce la corresponsabilidad parental, perpetúa estereotipos de género y afecta el interés superior del niño. Por ello, conceptuó que resultaría ajustado a la jurisprudencia constitucional inaplicar la Resolución 012 de 2025 al caso concreto para extender el trabajo remoto al accionante. |
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Universidad del Rosario[24] |
La Universidad del Rosario, a través de la Clínica Jurídica contra la Violencia Intrafamiliar y de Género de la Facultad de Jurisprudencia, señaló que el cuidado debe comprenderse como una responsabilidad compartida entre la familia, la sociedad, el Estado y los empleadores, y que su distribución debe atender los principios de corresponsabilidad, igualdad y no discriminación. En particular, destacó que hombres y mujeres deben poder asumir las responsabilidades de cuidado en condiciones de igualdad, evitando que estas sean asignadas de manera desproporcionada a las mujeres y que se reproduzcan estereotipos tradicionales de género.
Sostuvo que el Estado y los empleadores deben avanzar progresivamente en la adopción de medidas que permitan conciliar la vida laboral y familiar y distribuir de manera más equitativa las cargas de cuidado. Señaló que las modalidades de trabajo flexible pueden constituir una de esas herramientas cuando las circunstancias particulares del trabajador y la naturaleza de sus funciones permitan su implementación.
En relación con el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, adujo que las condiciones laborales de los progenitores no pueden analizarse únicamente desde la perspectiva de los derechos de los trabajadores, pues también pueden incidir en la posibilidad efectiva de los niños de recibir cuidado y acompañamiento de sus padres. Por ello, consideró que las decisiones sobre modalidades de trabajo deben atender las circunstancias concretas de cada familia y las necesidades particulares de cuidado. Añadió que el teletrabajo puede facilitar una distribución más equitativa de las responsabilidades familiares y que, cuando no resulte posible implementarlo completamente, pueden contemplarse alternativas como la alternancia entre el trabajo presencial y remoto.
De manera particular, al analizar la perspectiva de género, sostuvo que la asociación histórica entre mujer, maternidad y cuidado puede trasladarse al ámbito jurídico y generar medidas que, aunque tengan una finalidad protectora, terminen reforzando los roles tradicionales. En ese sentido, explicó que reconocer la necesidad de medidas especiales para las mujeres no implica asumir que el cuidado constituye una función naturalmente femenina. Por el contrario, consideró necesario reconocer a los hombres como sujetos activos del cuidado y evitar que las medidas de protección reproduzcan una distribución de las responsabilidades parentales determinada por el sexo.
Finalmente, respecto de la Resolución 012 de 2025, la Universidad analizó los numerales 8, 9, 10 y 11 del artículo 5 de aquella y consideró necesario complementar su contenido para garantizar la corresponsabilidad en las labores de cuidado y evitar interpretaciones restrictivas. En particular, señaló que el numeral 11 reconoce a las madres el acceso al teletrabajo por tener hijos entre cero y doce años, pero no contempla en los mismos términos a los padres, lo que puede reproducir el estereotipo de que el cuidado corresponde principalmente a las mujeres. Por ello, propuso extender este criterio a ambos progenitores cuando efectivamente tengan responsabilidades de cuidado respecto de hijos dentro de ese rango de edad. |
17. Una vez recibidas las pruebas, la Secretaría General de la Corte Constitucional corrió traslado de aquellas a las partes[25].
18. La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar las sentencias proferidas dentro del proceso de tutela de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
19. A continuación, la Sala analizará si habida cuenta de la información allegada en sede de revisión, en el presente caso se configuró el fenómeno de carencia actual de objeto. Por lo tanto, se reiterará la jurisprudencia sobre los supuestos en los cuales se configura dicha figura y, luego, se determinará si se configura en el presente caso.
20. Reiteración de la jurisprudencia sobre la carencia actual de objeto. Esta Corte ha afirmado que el propósito de la acción de tutela es asegurar de manera efectiva y clara la protección del derecho que se considera vulnerado o amenazado, lo que justifica la necesidad de que el juez tome una decisión sobre el particular. No obstante, si en el trámite de la acción la situación es solucionada o satisfecha de alguna manera, no tendría sentido el pronunciamiento de la autoridad judicial, dado que cualquier orden que emitiera no tendría efecto alguno. Esta es la base del fenómeno de carencia actual de objeto[27].
21. La Sentencia SU- 522 de 2019 reiteró las modalidades en las que se puede presentar la carencia actual de objeto: (i) hecho superado, (ii) daño consumado y (iii) situación sobreviniente, precisando su contenido y efectos así:
Tabla 3 Categorías carencia actual de objeto
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Categoría |
Descripción y deber de pronunciamiento |
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Hecho superado |
Se configura como producto del obrar de la entidad accionada, es decir, lo que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de que el mismo dicte una orden. En este caso, corresponde al juez verificar que lo pretendido efectivamente fue satisfecho por completo y que la accionada haya actuado (o cesado su actuar)[28] voluntariamente. La Corte puede a su discreción, decidir si emite un pronunciamiento e incluir en la sentencia llamados de atención o advertencias tendientes a que no se repitan situaciones como las que originaron la presentación de la acción de tutela, corregir decisiones judiciales, avanzar en la comprensión de derechos fundamentales o realizar un ejercicio de pedagogía constitucional[29]. |
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Daño consumado |
Cuando se ha perfeccionado la vulneración que se pretendía evitar con la acción de tutela, de modo que no es factible que el juez dé una orden para retrotraer la situación[30]. En esta figura, si al momento de interponer la acción es evidente que el daño se generó, el juez debe declarar la improcedencia del amparo. Sin embargo, si el daño se consuma en el trámite judicial en cualquiera de las instancias o en sede de revisión, el juez debe emitir un pronunciamiento para evitar que el daño se proyecte hacia el futuro o implementar correctivos[31]. |
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Situación sobreviniente |
Comprende aquellos eventos que no se enmarcan en un hecho superado o un daño consumado. Es “otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío”[32]. En estos eventos, el juez de tutela puede valorar si resulta útil emitir un pronunciamiento de fondo. En particular, la Corte Constitucional, en sede de revisión, podrá hacerlo cuando lo considere necesario para la protección de los derechos fundamentales, de manera análoga a lo dispuesto frente al hecho superado[33]. |
22. No se configura la carencia actual de objeto en el presente caso. La Sala considera que en el presente asunto no se configura la carencia actual de objeto en ninguna de las circunstancias identificadas por la jurisprudencia.
23. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el 10 de noviembre de 2025 el accionante solicitó a Colpensiones acceder a la modalidad de teletrabajo autónomo, con fundamento en el numeral 11 del artículo 5 de la Resolución 010 de 2025, modificado por la Resolución 012 de 2025. En dicha oportunidad, el accionante invocó su condición de padre de un niño menor de doce años y solicitó que la causal prevista para las madres con hijos entre cero y doce años se le aplicara en igualdad de condiciones. Colpensiones resolvió la solicitud el 18 de noviembre de 2025 y señaló que la sola condición de padre de un menor de doce años no configuraba la causal prevista en el numeral 11.
24. Posteriormente, durante 2026, el accionante presentó nuevas solicitudes relacionadas con modalidades de trabajo no presencial. En particular, el 28 de abril de 2026 solicitó nuevamente el teletrabajo, esta vez con fundamento en su condición de salud. El 13 de mayo siguiente, Colpensiones respondió y consideró procedente mantener la modalidad de trabajo en casa como una medida temporal y revisable, mientras continuaba el tratamiento y seguimiento de su situación médica. Paralelamente, desde el 16 de marzo y hasta el 14 de agosto de 2026, la entidad autorizó y prorrogó sucesivamente el trabajo en casa por periodos determinados, sujetos a la evolución de su estado de salud y a la presentación de los soportes correspondientes.
25. Finalmente, el 8 de julio de 2026, el accionante presentó una nueva solicitud de teletrabajo autónomo, fundada nuevamente en su condición de padre de dos hijos menores de edad. En ella solicitó que el beneficio previsto en el numeral 11 del artículo 5 de la Resolución 010 de 2025, modificado por la Resolución 012 de 2025, se extendiera a los padres y que, en su caso particular, no se aplicara la diferenciación prevista en dicha disposición. El 17 de julio de 2026, Colpensiones negó la solicitud al considerar que el accionante no cumplía el requisito de ser “madre”.
26. En conclusión, la solicitud de amparo no estuvo dirigida simplemente a obtener la posibilidad de teletrabajar, sino a cuestionar la negativa de Colpensiones a permitirle acceder al teletrabajo con fundamento en sus responsabilidades familiares y de cuidado, particularmente respecto de su hijo menor de edad.
27. En este sentido, no se configura un hecho superado, pues las autorizaciones temporales de trabajo en casa concedidas al accionante obedecen a una causa distinta de aquella que fundamentó la solicitud de tutela. Mientras estas se encuentran relacionadas con sus condiciones de salud, la pretensión constitucional se refiere al acceso al teletrabajo como una medida que le permita armonizar sus responsabilidades laborales con sus responsabilidades familiares y de cuidado.
28. Tampoco se configura un daño consumado, pues no se advierte una afectación que la acción de tutela pretendiera evitar que se haya perfeccionado de manera irreversible, ni existe imposibilidad de que una eventual orden judicial produzca efectos respecto de la situación planteada.
29. No se configura un hecho sobreviniente, pues no existe una circunstancia posterior que determine que una eventual orden de tutela respecto de la pretensión formulada por el accionante resulte inocua o caiga en el vacío. Por el contrario, la nueva solicitud de teletrabajo presentada el 8 de julio de 2026 y su negativa del 17 de julio siguiente muestran que la controversia planteada en la acción de tutela conserva actualidad y continúa teniendo efectos concretos sobre las condiciones en que el accionante puede ejercer sus responsabilidades de cuidado respecto de su hijo menor de edad.
30. Así las cosas, la circunstancia de que el accionante haya podido desarrollar temporalmente sus funciones desde casa por razones relacionadas con su estado de salud no implica la configuración de algún escenario de carencia actual de objeto.
31. La Sala Cuarta de Revisión considera que la presente acción de tutela cumple con la totalidad de los requisitos generales de procedencia, como pasa a exponerse.
32. La acción de tutela cumple con el requisito de legitimación en la causa por activa. Este presupuesto exige que quien presenta la acción esté facultado para solicitar la protección de los derechos fundamentales que se alegan vulnerados[34]. De conformidad con los artículos 86 de la Constitución Política y 10 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela puede ser ejercida directamente por el titular de los derechos, o mediante representante legal, apoderado judicial, agente oficioso o agente del Ministerio Público, en los casos previstos por el ordenamiento.
33. En este caso, la Sala considera satisfecho este presupuesto, por cuanto Antonio está legitimado para promover la acción en nombre propio y en representación de su hijo menor de edad. En efecto, la solicitud de amparo fue presentada por el propio accionante, quien alegó la vulneración de sus derechos fundamentales y de los que es titular. Respecto de la presentación de la acción de tutela en nombre de su hijo, la Sala considera que el requisito también se supera, pues está acreditado que se trata de un menor de edad y que el accionante ejerce su representación legal dado que es su padre, según da cuenta el registro civil correspondiente [35].
34. La acción de tutela satisface el requisito de legitimación en la causa por pasiva. Por su parte este requisito exige que la acción se dirija contra quien está llamado a responder por la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales que se alegan[36]. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 5 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra las autoridades públicas y, en los casos previstos por la ley, contra los particulares.
35. En este caso, Colpensiones está legitimada en la causa por pasiva por cuanto, en su calidad de empleador del accionante, es la empresa industrial y comercial del Estado encargada de estudiar y decidir las solicitudes relacionadas con el acceso a la modalidad de trabajo en casa. Además, es la entidad a la que el accionante atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales, derivada de la negativa de la solicitud que presentó para acceder a dicha modalidad.
36. En efecto, Colpensiones recibió y resolvió la solicitud presentada por el accionante y, mediante comunicación del 18 de noviembre de 2025, negó su petición con fundamento en la causal prevista en el numeral 11 del artículo 5 de la Resolución 010 de 2025, modificado por la Resolución 012 de 2025. Por esta razón, las pretensiones de la acción de tutela se dirigen contra dicha actuación, pues el accionante solicita que se deje sin efectos la decisión y que se inaplique, por vía de excepción de inconstitucionalidad, la disposición en la que aquella se fundamentó.
37. La acción de tutela cumple con el requisito de inmediatez. La inmediatez como requisito de procedibilidad implica que la acción de tutela debe ser presentada dentro de un plazo razonable, contabilizado a partir del momento en que se generó la vulneración o amenaza del derecho fundamental, de forma que el amparo responda a la exigencia constitucional de ser un instrumento de aplicación inmediata y urgente.
38. En el caso bajo estudio, de acuerdo con el material probatorio recaudado, el 18 de noviembre de 2025 Colpensiones negó su solicitud para acceder a la modalidad de teletrabajo, con fundamento en que no cumplía la causal prevista en el numeral 11 del artículo 5 de la Resolución 010 de 2025, modificado por la Resolución 012 de 2025., relativa a ser madre con hijos entre cero y doce años. Posteriormente, el 18 de diciembre de 2025, el accionante acudió a la acción de tutela para solicitar la protección de sus derechos fundamentales. Así, entre el presunto hecho vulnerador de los derechos del accionante y la presentación de la solicitud de amparo transcurrió un mes, término que la Sala considera razonable. En consecuencia, se encuentra acreditado el requisito de inmediatez.
39. La acción de tutela satisface el requisito de subsidiariedad. Los artículos 86 de la Constitución y 6° del Decreto 2591 de 1991 disponen que la acción de tutela es un mecanismo residual y subsidiario, es decir, que sólo se puede utilizar cuando no exista otro medio de defensa judicial disponible en el ordenamiento jurídico. En este sentido, la acción de tutela es procedente (i) de forma definitiva, si no existen medios judiciales de protección que sean idóneos y eficaces para resolver el asunto sometido a consideración del juez y (ii) de forma transitoria, en caso de que la persona disponga de dichos medios, pero exista la posibilidad de que se configure un perjuicio irremediable. La existencia formal de otro mecanismo judicial no determina, por sí sola, la improcedencia del amparo, pues su idoneidad y eficacia deben analizarse en atención a las características del proceso, las circunstancias particulares del accionante y la naturaleza de los derechos cuya protección se solicita[37].
40. En el presente asunto, tanto el juez de primera como el de segunda instancia consideraron que la acción de tutela era improcedente por falta de subsidiariedad. El juez de primera instancia[38] sostuvo que el accionante contaba con medios de defensa ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para controvertir la actuación de Colpensiones y que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable. Esta decisión fue confirmada por el Tribunal[39], que mantuvo la conclusión de improcedencia por la existencia de mecanismos ordinarios de defensa.
41. Para la Sala, en este caso existen, en efecto, mecanismos de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo que, en principio, podrían utilizarse para cuestionar la legalidad de la regulación interna de Colpensiones o de la decisión adoptada con fundamento en ella. La propia entidad accionada señaló que el medio de control de nulidad es procedente para controvertir el acto administrativo de carácter general y que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho permitiría obtener, además, un efecto individual de restablecimiento.
42. Este análisis implica en todo caso considerar que como se expresó en la Sentencia T-488 de 2025, el hecho de que un mecanismo judicial sea formalmente idóneo para controvertir un acto administrativo no significa que resulte necesariamente eficaz para proteger los derechos fundamentales en el caso concreto. En esa oportunidad, la Sala examinó las condiciones particulares del accionante y concluyó que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no ofrecía una respuesta eficaz, dadas sus circunstancias de vulnerabilidad. Este criterio resulta pertinente para el presente asunto, pues la evaluación de la subsidiariedad no puede agotarse en constatar la existencia de mecanismos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino que exige establecer si estos pueden brindar una protección oportuna y efectiva frente a la negativa de Colpensiones a autorizar el teletrabajo, teniendo en cuenta las circunstancias acreditadas del accionante, sus responsabilidades de cuidado y los derechos fundamentales de su hijo menor de edad.
43. Para la Sala, la controversia planteada en esta acción de tutela no se reduce a una discusión abstracta sobre la legalidad de la Resolución 012 de 2025, que puede ser objeto de los medios de control de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho, según corresponda. Si bien el accionante solicitó expresamente la inaplicación, por vía de excepción de inconstitucionalidad, del numeral 11 de su artículo 5, la pretensión de amparo se encuentra vinculada con la aplicación concreta de esa disposición a su situación familiar. En particular, cuestionó que Colpensiones negara su solicitud de acceso al teletrabajo por no ostentar la condición de «madre» prevista en dicha causal, pese a afirmar que se encontraba a cargo del cuidado de su hijo menor de edad y que sus funciones podían desarrollarse bajo una modalidad no presencial. Por ello, el asunto exige determinar si, en las circunstancias particulares del caso, la aplicación de ese criterio basado en el sexo produjo una afectación de los derechos fundamentales invocados y, además, de los derechos de su hijo, así como establecer si los mecanismos ordinarios ofrecen una respuesta suficientemente oportuna y eficaz frente a esa situación.
44. Si bien el accionante podría solicitar medidas cautelares dentro de los medios de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, su existencia no garantiza, por sí misma, una protección oportuna y efectiva de los derechos comprometidos. De acuerdo con los artículos 229, 230 y 231 del CPACA, el juez contencioso administrativo debe examinar la medida solicitada y verificar el cumplimiento de los requisitos legales para decretarla. Aunque el artículo 234 de ese código permite adoptar medidas cautelares de urgencia cuando las circunstancias lo exijan, su procedencia también depende de que se acrediten las condiciones previstas en la ley.
45. Además, una medida dirigida a suspender los efectos de la regulación cuestionada no implicaría necesariamente que Colpensiones deba autorizar al accionante para desarrollar sus funciones mediante teletrabajo, pues ello requeriría resolver su solicitud particular. En esa medida, aunque el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho permitiría controvertir la decisión que negó el acceso a dicha modalidad, su existencia no demuestra, por sí sola, que resulte eficaz para brindar una protección oportuna frente a la afectación alegada. En las circunstancias presentes, la necesidad de obtener una decisión individual que valore la situación familiar del accionante, sus responsabilidades de cuidado y los derechos de su hijo menor de edad deben examinarse articuladamente con el tiempo que podría tomar la resolución definitiva de la controversia. Por tanto, la posibilidad de acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo no asegura que el accionante obtenga oportunamente una respuesta que le permita atender sus responsabilidades de cuidado y acompañamiento respecto de su hijo.
46. A esta consideración se suma que en el presente asunto están comprometidos los derechos fundamentales de un niño, quien es sujeto de especial protección constitucional en los términos del artículo 44 de la Constitución Política. La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que cuando la acción de tutela se promueve para proteger los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, el examen de subsidiariedad debe realizarse de manera flexible, precisamente en atención a su condición de sujetos de especial protección[40] y a la prevalencia de sus derechos. Así, la existencia de mecanismos ordinarios de defensa no puede valorarse con el mismo rigor que en aquellos asuntos en los que únicamente se encuentran comprometidos los derechos de personas adultas, pues el juez constitucional debe considerar las circunstancias particulares del menor y la necesidad de brindarle una protección oportuna y efectiva.
47. Esta circunstancia resulta especialmente relevante en este caso, pues la controversia no versa exclusivamente sobre la situación laboral del padre. La solicitud de trabajo no presencial fue formulada, precisamente, como una medida orientada a facilitar el ejercicio de las responsabilidades de cuidado, acompañamiento y crianza respecto de su hijo menor de edad. Por ello, la eventual afectación no se proyectaría únicamente sobre los derechos a la igualdad, a la familia y al trabajo invocados por el accionante, sino también sobre los derechos del niño involucrado, cuyo interés superior, derecho a recibir cuidado y acompañamiento deben ser considerados al valorar la eficacia del mecanismo judicial disponible.
48. En ese sentido, la especial protección constitucional de la que es titular el niño constituye un elemento adicional que debe ser ponderado al determinar si resulta razonable exigir que la controversia sea resuelta exclusivamente mediante los mecanismos ordinarios ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisprudencia constitucional ha advertido que en asuntos que comprometen los derechos de niños, niñas y adolescentes, el examen de subsidiariedad debe realizarse de manera más flexible y que puede resultar desproporcionado exigir a los interesados que esperen el resultado de los trámites ordinarios cuando el paso del tiempo pueda poner en peligro los derechos del sujeto de especial protección constitucional[41].
49. En el presente caso, además, el carácter temporal de la situación familiar refuerza esa consideración. El accionante pretende contar con una modalidad de trabajo que le permita atender de manera efectiva sus responsabilidades de cuidado y acompañamiento respecto de su hijo, quien para el momento de la presentación de la tutela, tenía cuatro años. Si bien durante el trámite de revisión Colpensiones autorizó temporalmente al accionante para desarrollar sus funciones mediante trabajo en casa por razones relacionadas con su estado de salud, esta autorización obedece a una circunstancia distinta y transitoria, asociada exclusivamente a su situación médica, y no a sus responsabilidades familiares. En efecto, como lo explicó el accionante, dicha autorización se encuentra condicionada a la evolución de su estado de salud y, por tanto, no constituye una medida estable de conciliación entre sus responsabilidades laborales y parentales, ni resuelve la controversia planteada en esta tutela, relacionada con la posibilidad de acceder al teletrabajo en razón de tener un hijo menor de edad. Por ello, una eventual decisión favorable obtenida después de varios años de trámite no permitiría recuperar el tiempo de cuidado y acompañamiento familiar que se hubiera dejado de prestar durante la infancia del menor.
50. A lo anterior se suma que las medidas cautelares tienen carácter provisional y pueden ser modificadas o revocadas durante el proceso, en los términos del artículo 235 del CPACA. Si bien esta posibilidad no significa que necesariamente vayan a perder sus efectos, sí evidencia que su adopción no garantiza una solución estable durante el tiempo en que el niño requiere el cuidado y acompañamiento de su padre. En estas condiciones, la espera de una decisión definitiva, incluso si durante el trámite se adopta alguna medida provisional, podría prolongar la situación que origina la controversia. Ello resulta relevante porque el tiempo de la infancia no es recuperable y la oportunidad del cuidado y acompañamiento parental forma parte de la protección de los derechos del niño.
51. La conclusión anterior no se fundamenta en la sola condición de padre del accionante ni en las dificultades que puedan surgir al conciliar las responsabilidades laborales y familiares. Deriva de la valoración conjunta de las circunstancias particulares del caso: la aplicación de un criterio de diferenciación basado en el sexo para negar la modalidad de trabajo solicitada; la finalidad concreta de facilitar el cuidado y acompañamiento de un niño que tenía cuatro años al momento de presentarse la tutela; la relevancia temporal de esa necesidad de cuidado durante la infancia; y la ausencia de una solución estable, pues la autorización de trabajo en casa concedida durante el trámite responde a razones de salud del accionante y no a sus responsabilidades parentales. Estas circunstancias, examinadas junto con las limitaciones de los mecanismos ordinarios para brindar una respuesta suficientemente oportuna y efectiva, justifican la intervención del juez constitucional. Esta conclusión no supone exigir que el niño se encuentre en situación de desamparo ni que el accionante sea su cuidador exclusivo, sino valorar las circunstancias acreditadas y los efectos que la situación planteada puede tener sobre los derechos fundamentales involucrados.
52. Por lo anterior, si bien existen mecanismos de defensa ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y la posibilidad de solicitar medidas cautelares dentro de esos procesos, la Sala considera que, en las circunstancias particulares del caso, estos mecanismos no garantizan una respuesta suficientemente oportuna y efectiva frente a la afectación alegada. Esta conclusión tiene en cuenta que la controversia se relaciona con la aplicación concreta de una diferenciación fundada en el sexo del trabajador; que están comprometidos los derechos fundamentales de un niño, sujeto de especial protección constitucional; que la medida solicitada busca facilitar el ejercicio de las responsabilidades de cuidado y acompañamiento parental; y que la espera de una decisión definitiva podría prolongar la situación durante una etapa de la infancia que no puede recuperarse.
53. En consecuencia, la Sala encuentra acreditado el requisito de subsidiariedad y procederá al estudio de fondo de la controversia planteada.
54. Delimitación del caso. De acuerdo con los antecedentes reseñados, en esta ocasión la Sala debe pronunciarse sobre la acción de tutela presentada por Antonio, en nombre propio y en representación de su hijo menor de edad, contra Colpensiones. Adujo aquel la vulneración de sus derechos fundamentales de petición, a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo, al trabajo en condiciones dignas y justas, a la protección integral de la familia y a la corresponsabilidad parental, así como por la afectación del interés superior de su hijo.
55. La controversia debe analizarse a partir de los derechos fundamentales que, de acuerdo con los hechos expuestos y las pruebas recaudadas, se encuentran efectivamente comprometidos. La Corte Constitucional ha señalado que, en virtud del principio iura novit curia, el juez de tutela no está limitado por la calificación jurídica que las partes hagan de los hechos, sino que debe identificar los derechos fundamentales que realmente se encuentran comprometidos y adoptar las medidas necesarias para garantizar su protección[42]. El análisis se concentrará, por tanto, en los derechos que guardan relación directa con esta controversia, esto es, la igualdad y la prohibición de discriminación por razón de sexo, el trabajo en condiciones dignas y justas, la corresponsabilidad parental y los derechos del niño al cuidado, acompañamiento e interés superior.
56. No obstante, el derecho de petición no será objeto de un pronunciamiento autónomo, en tanto la controversia que permanece vigente no se refiere a la falta de respuesta de Colpensiones, sino a la negativa de fondo de la entidad a reconocerle el acceso al teletrabajo en las condiciones solicitadas y a un problema más amplio que tiene que ver con la existencia o no de una discriminación. En esa medida, aunque Colpensiones respondió la solicitud del accionante mediante la aplicación formal de la causal prevista en el numeral 11 del artículo 5 de la Resolución 010 de 2025, modificado por la Resolución 012 de 2025, corresponde a la Sala determinar si esa aplicación resulta compatible con los derechos fundamentales involucrados en la controversia.
57. Planteamiento del problema jurídico. Una vez determinada la procedencia de la presente acción, la Sala delimitará los contornos de la controversia constitucional a partir de los derechos fundamentales efectivamente comprometidos, de conformidad con el principio iura novit curia. En particular, aunque el accionante alegó la vulneración del derecho de petición, este no será objeto de un pronunciamiento autónomo, en los términos expuestos previamente. Definido así el alcance de la controversia, corresponde a la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional resolver el siguiente problema jurídico:
- ¿Colpensiones vulneró los derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo, al trabajo en condiciones dignas, a la corresponsabilidad parental, así como los derechos de su hijo menor de edad al cuidado, acompañamiento e interés superior, al negar la solicitud del accionante para acceder a la modalidad de teletrabajo con fundamento en que no cumplía la causal prevista en el numeral 11 del artículo 5 de la Resolución 010 de 2025, modificado por la Resolución 012 de 2025, que contempla el supuesto consistente en ser madre con hijos entre cero y doce años?
58. Metodología de decisión. Para resolver el problema jurídico referido, esta Sala (i) abordará el estudio del derecho al trabajo y del marco jurídico aplicable a las modalidades de trabajo no presencial; (ii) examinará el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación por razón de sexo, así como las acciones afirmativas y su relación con la protección de las mujeres; luego, (iii) estudiará el principio de corresponsabilidad parental y el derecho al cuidado, en particular, su relación con las medidas de conciliación entre la vida laboral y familiar; posteriormente, (iv) analizará los derechos de los niños, niñas y adolescentes, su interés superior y su derecho al cuidado y acompañamiento; y, finalmente, (v) resolverá el caso concreto.
5. El derecho al trabajo y las modalidades de trabajo no presencial
59. La Constitución Política consagra el trabajo como un derecho, un valor y una obligación social que goza, en todas sus modalidades, de especial protección del Estado. Asimismo, el artículo 25 superior establece que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. La jurisprudencia constitucional ha precisado que esta garantía no se limita al acceso y permanencia en el empleo, sino que comprende las condiciones en las que se desarrolla la actividad laboral, las cuales deben respetar la dignidad humana y los demás derechos fundamentales del trabajador.
60. En la Sentencia T-233 de 2025, esta Corporación señaló que, al determinar las condiciones en que un trabajador debe prestar sus servicios, no pueden atenderse exclusivamente las necesidades del servicio, sino que también deben valorarse las circunstancias particulares del trabajador, con el fin de garantizar que estas no comporten la afectación de otros derechos fundamentales del propio trabajador o de su familia. En esa oportunidad, la Corte destacó la relación entre el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas y la obligación de considerar las circunstancias particulares que rodean la prestación del servicio. En similar sentido, en la Sentencia T-265 de 2024, la Corte consideró irrazonable mantener el traslado de una trabajadora y negar la posibilidad de desarrollar sus funciones mediante teletrabajo, atendiendo a las consecuencias que dicha decisión generaba en sus condiciones económicas y familiares.
61. La regla relevante de este precedente consiste en que las solicitudes de teletrabajo deben examinarse de manera individual y concreta, considerando las condiciones personales y familiares del trabajador, los efectos de la decisión sobre sus derechos fundamentales y los de su familia, y la viabilidad funcional de la modalidad solicitada. Sin embargo, la solución adoptada en la Sentencia T-233 de 2025 respondió a las particularidades de ese asunto, en el que concurrieron factores de especial protección constitucional relacionados con la pertenencia indígena, el desplazamiento forzado y las afectaciones de salud y familiares. Por tanto, su aplicación al presente caso exige identificar las circunstancias relevantes de este expediente y justificar el remedio a partir de ellas.
62. La regla que se desprende de este precedente es que las decisiones sobre las condiciones de prestación del servicio deben considerar las circunstancias particulares del trabajador y de su familia, así como sus efectos sobre los derechos fundamentales comprometidos. Esta regla no supone que toda solicitud de teletrabajo deba resolverse de la misma manera, pues la solución depende de las circunstancias acreditadas en cada asunto y de la valoración de los demás elementos jurídicamente relevantes. Por ello, la aplicación de este precedente exige examinar las particularidades del caso concreto, sin trasladar automáticamente el remedio adoptado en aquella oportunidad.
63. En desarrollo del derecho al trabajo el ordenamiento jurídico ha previsto distintas modalidades de prestación del servicio por fuera del lugar habitual de trabajo. Entre ellas se encuentran el teletrabajo[43], el trabajo en casa[44] y el trabajo remoto[45]. Estas modalidades tienen características y presupuestos jurídicos propios, aunque comparten la posibilidad de desarrollar las actividades laborales sin la presencia permanente del trabajador en las instalaciones del empleador.
64. En particular, la Ley 1221 de 2008, modificada por el artículo 52 de la Ley 2466 de 2025, reconoce el teletrabajo como una modalidad laboral que se desarrolla en el marco de un contrato de trabajo o de una relación laboral dependiente y que permite la ejecución de actividades remuneradas mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, sin requerir la presencia física del trabajador en un lugar específico. La referida ley contempla, entre otras modalidades, el teletrabajo autónomo, en el que el trabajador puede escoger un lugar para desarrollar su actividad a distancia, de manera permanente, y acudir a las instalaciones del empleador únicamente en algunas ocasiones cuando este lo requiera. Esta definición resulta pertinente para el asunto bajo estudio, pues el accionante solicitó acceder precisamente a dicha modalidad, cuya implementación debe valorarse de acuerdo con la naturaleza de sus funciones y las condiciones objetivas de prestación del servicio.
65. Por su parte, el artículo 54 de la Ley 2466 de 2025 adicionó garantías al artículo 6 de la Ley 1221 de 2008. Entre ellas, incluyó reglas específicas para las relaciones de teletrabajo transnacional y el deber del empleador de proporcionar programas de formación y capacitación a los teletrabajadores. Las primeras no resultan relevantes para este asunto, pues la solicitud no corresponde a una modalidad transnacional. La garantía de formación y capacitación, aunque integra el marco normativo aplicable al teletrabajo, no incide directamente en el problema jurídico relativo al acceso diferenciado a esta modalidad por razón del sexo del trabajador.
66. La jurisprudencia constitucional ha destacado que el teletrabajo y el trabajo en casa no son figuras equivalentes. Mientras el primero constituye una modalidad de contratación y de organización laboral caracterizada por el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el desarrollo de las actividades y el contacto entre el trabajador y el empleador, el segundo constituye una habilitación transitoria para que el trabajador desempeñe sus labores desde su domicilio, sin que ello implique modificar la modalidad de contratación, ante circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales.
67. Ahora bien, también se ha relacionado las modalidades de trabajo a distancia con la protección de la familia y la conciliación entre la vida laboral y familiar. En la Sentencia C-400 de 2024, la Corte Constitucional señaló que las medidas dirigidas a conciliar las responsabilidades laborales y familiares se vinculan con la dimensión del trabajo en condiciones dignas y justas y con la efectividad de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En ese contexto, reconoció que las modalidades de trabajo a distancia pueden ofrecer mayores posibilidades de flexibilidad para armonizar la actividad laboral con las responsabilidades que se desarrollan en el ámbito familiar.
68. De esta manera, el derecho al trabajo en condiciones dignas comprende las garantías propias de la relación laboral y, en los términos desarrollados por la jurisprudencia constitucional, puede involucrar la adopción de formas de organización del trabajo que permitan conciliar las responsabilidades laborales con la vida familiar. En este marco, las modalidades de trabajo no presencial constituyen mecanismos regulados por el ordenamiento jurídico que, bajo las condiciones previstas para cada una de ellas, pueden contribuir a la conciliación entre la actividad laboral y las responsabilidades familiares.
6. El derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación por razón de sexo: estereotipos de género, así como las acciones afirmativas y su relación con la protección de las mujeres
69. El artículo 13 de la Constitución Política establece que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y tienen derecho a recibir la misma protección y trato de las autoridades, así como a tener los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin discriminación, entre otras razones, por motivos de sexo. A su vez, el artículo 43 superior reconoce que hombres y mujeres tienen iguales derechos y oportunidades y prohíbe cualquier forma de discriminación contra la mujer. La Corte Constitucional ha señalado que la igualdad cumple un triple rol en el ordenamiento jurídico, como valor, principio y derecho, y que, por su carácter relacional, puede ser invocada frente a cualquier trato diferenciado cuya justificación constitucional deba ser examinada[46].
70. La jurisprudencia constitucional ha precisado que el principio de igualdad exige, desde el punto de vista analítico y según las circunstancias de los sujetos comparados, (i) un trato idéntico frente a situaciones de hecho idénticas; (ii) un trato diferente frente a situaciones que no tienen elementos en común; (iii) un trato semejante cuando las similitudes sean más relevantes que las diferencias; y (iv) un trato diferente cuando las diferencias resulten más relevantes que las similitudes. Por ello, la existencia de una diferencia de trato no implica, por sí misma, una vulneración de la Constitución, pues corresponde establecer si aquella se encuentra justificada de acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad[47].
71. Esta Corporación ha distinguido entre la dimensión formal y la dimensión material de este derecho[48]. La primera exige la igualdad ante la ley y comprende la prohibición de establecer tratos diferenciados con fundamento en criterios constitucionalmente prohibidos. La segunda impone al Estado el deber de promover condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, lo que permite adoptar medidas dirigidas a favorecer a grupos que históricamente han sido objeto de discriminación. En este último ámbito se encuentran las acciones afirmativas, mediante las cuales pueden establecerse tratamientos diferenciados encaminados a superar situaciones históricas de desigualdad.
72. Igualmente se ha establecido que el sexo y el género constituyen categorías sospechosas de discriminación. En consecuencia, las diferencias de trato fundadas en estos criterios se encuentran, en principio, prohibidas, salvo que exista una justificación constitucionalmente válida que permita establecerlas. En la Sentencia C-588 de 1992, esta Corte señaló que la pertenencia al sexo masculino o femenino no puede constituir, por sí misma, una razón para obtener beneficios legales o para encontrarse en condiciones de inferioridad frente a las normas. Posteriormente, esta Corporación ha precisado que los tratos diferenciados sustentados en el sexo deben superar un examen estricto de razonabilidad y proporcionalidad cuando resulten desfavorables e injustificados[49].
73. La prohibición de discriminación no impide que el ordenamiento establezca medidas dirigidas a superar situaciones históricas de desigualdad que afectan a las mujeres. Por el contrario, los artículos 13 y 43 de la Constitución autorizan la adopción de acciones afirmativas destinadas a contrarrestar los efectos de la discriminación histórica. La Corte Constitucional ha precisado que estas medidas pueden acudir a categorías como el sexo cuando su finalidad sea favorecer a quienes han ocupado posiciones desventajosas y no perpetuar las desigualdades que se pretenden superar[50].
74. Igualmente, esta Corporación ha advertido que muchas de las diferenciaciones fundadas en el sexo o en los roles tradicionalmente asignados a hombres y mujeres se sustentan en estereotipos de género. Estos han sido entendidos como construcciones sociales y culturales que atribuyen a hombres y mujeres determinados comportamientos, funciones o características y que resultan constitucionalmente problemáticos cuando desconocen las circunstancias individuales de las personas, restringen el ejercicio de sus derechos o reproducen jerarquías de género. La jurisprudencia ha identificado, entre otros, los estereotipos relativos a los roles de género, referidos a los comportamientos que social y culturalmente se atribuyen o esperan de hombres y mujeres[51].
75. En particular, la Corte ha considerado que las normas o prácticas que, aun cuando tengan una finalidad protectora, atribuyen a las mujeres determinados roles con fundamento en concepciones tradicionales sobre sus capacidades, funciones o responsabilidades pueden reproducir estereotipos de género y, por esa vía, perpetuar desigualdades. Así, en las sentencias C-534 de 2005, C-804 de 2006 y C-154 de 2022, se examinaron disposiciones que asociaban determinadas consecuencias jurídicas con concepciones tradicionales sobre el papel de las mujeres y se concluyó que la protección constitucional de estas no puede edificarse sobre presupuestos que desconozcan su autonomía o las reduzcan a determinados roles derivados de su género.
7. El derecho al cuidado y el principio de corresponsabilidad parental en particular, su relación con las medidas de conciliación entre la vida laboral y familiar
76. La Corte Constitucional ha construido progresivamente el cuidado como un derecho fundamental autónomo. Inicialmente, su protección se desarrolló como una faceta de otros derechos, particularmente de los derechos a la educación, la salud, la alimentación y a tener una familia. Posteriormente, la jurisprudencia amplió esta comprensión a otros sujetos y ámbitos de protección, hasta reconocer, en la Sentencia T-583 de 2023, que el cuidado es un derecho fundamental, universal, autónomo e interdependiente. Esta evolución fue recogida por la Sentencia C-400 de 2024, que explicó que el cuidado dejó de ser entendido exclusivamente como una actividad asociada al ámbito doméstico para adquirir relevancia constitucional propia.
77. En cuanto a su contenido, la Corte Constitucional ha señalado que el derecho al cuidado comprende tres dimensiones: cuidar, ser cuidado y cuidarse. La primera supone la responsabilidad de concurrir en la atención de quienes requieren cuidado; la segunda comprende el derecho a recibirlo; y la tercera reconoce la necesidad de disponer de tiempo y condiciones para procurar el propio bienestar. Asimismo, la jurisprudencia ha distinguido entre el cuidado directo, que requiere interacción y disponibilidad; el indirecto, relacionado con actividades como la provisión de alimentos, la limpieza y la gestión del hogar; y el pasivo, que consiste en permanecer pendiente o prestar atención puntual y puede desarrollarse simultáneamente con otras actividades[52].
78. Corresponsabilidad: el cuidado de los hijos no es una responsabilidad exclusivamente materna. La jurisprudencia constitucional ha advertido que la división sexual del trabajo, que históricamente asignó a las mujeres las labores domésticas y de crianza, debe ser reevaluada a la luz de los principios de igualdad y corresponsabilidad familiar. En la Sentencia C-273 de 2003, la Corte Constitucional señaló que la licencia de paternidad tiene como finalidad hacer efectivo el interés superior del niño a recibir el cuidado y el amor de su padre, y precisó que la ausencia de convivencia entre los progenitores no constituye una razón para negar al padre la posibilidad de participar en el cuidado del hijo, pues se trata de una obligación parental. Esta regla fue reiterada en la Sentencia C-174 de 2009, que insistió en que el fundamento de la licencia de paternidad se encuentra en el derecho fundamental de los niños al cuidado y al amor.
79. Esta comprensión fue profundizada por la Sentencia C-517 de 2024, en la que la Corte señaló que las responsabilidades familiares no se agotan en la provisión económica, sino que comprenden el amor, el cuidado, el acompañamiento y el sostenimiento de la vida de los hijos. Por ello, la corresponsabilidad parental exige que tanto hombres como mujeres se involucren efectivamente en las labores de crianza y cuidado. Se precisó que las responsabilidades que surgen para el padre comprenden no solo la disposición de recursos económicos, sino también el cuidado efectivo, pues solo a partir de esta participación puede hablarse propiamente de corresponsabilidad.
80. Esta Corte ha reconocido que el derecho al cuidado también proyecta sus efectos sobre el ámbito laboral. En la Sentencia C-187 de 2024, al examinar el Convenio 156 de la OIT sobre trabajadores con responsabilidades familiares, señaló que los empleadores y el Estado tienen responsabilidades frente al cuidado y deben promover políticas que permitan conciliar las actividades laborales con las responsabilidades familiares. De este modo, el cuidado constituye también una dimensión relevante de las relaciones laborales y exige que estas puedan organizarse de manera compatible con las responsabilidades familiares de quienes trabajan.
81. Igualmente, la Sentencia C-400 de 2024 estableció que el cuidado como derecho fundamental promueve en el trabajo políticas de conciliación de la vida personal con las responsabilidades familiares y el bienestar cotidiano. Asimismo, señaló que el cuidado debe ser asumido socialmente mediante la corresponsabilidad entre la familia, el Estado y los particulares. Este estándar resulta especialmente relevante cuando las condiciones de trabajo inciden en las posibilidades efectivas de las personas de ejercer sus responsabilidades familiares y de cuidado, pues las medidas de conciliación deben permitir que quienes tienen responsabilidades familiares puedan participar efectivamente en ellas.
82. En este sentido, la conciliación de la vida laboral y familiar constituye una manifestación de los principios de igualdad, solidaridad y trabajo en condiciones dignas y justas. La jurisprudencia constitucional ha explicado que las políticas de conciliación han evolucionado desde modelos centrados exclusivamente en la protección de la maternidad hacia mecanismos que buscan distribuir las responsabilidades familiares entre ambos progenitores. Así, las medidas de flexibilidad laboral, los permisos, las licencias y otras formas de organización del trabajo pueden contribuir a que las personas mantengan su vinculación laboral sin que ello resulte incompatible con sus responsabilidades familiares[53].
83. La conciliación y la corresponsabilidad, aunque se encuentran estrechamente relacionadas, no son equivalentes: mientras la primera busca armonizar las exigencias laborales con las responsabilidades familiares, la segunda exige que estas responsabilidades sean asumidas de manera equitativa por hombres y mujeres. Por ello, las medidas de conciliación no deben partir de estereotipos sobre quién debe asumir las labores de cuidado, sino permitir que cualquiera de los progenitores pueda participar efectivamente en ellas.
84. En la Sentencia C-026 de 2026, la Corte profundizó en la dimensión relacional del derecho al cuidado y señaló que la forma en que los integrantes de una familia distribuyen las labores de cuidado y crianza debe regirse por los principios de igualdad y no discriminación. En particular, advirtió que dicha distribución no puede sustentarse en estereotipos de género ni en presunciones históricas acerca de quién debe asumir principalmente las labores de cuidado dentro del hogar.
85. Esta exigencia encuentra respaldo, entre otros instrumentos, en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, cuyo artículo 5 reconoce la responsabilidad común de hombres y mujeres en la educación y desarrollo de sus hijos, y cuyo artículo 16 exige igualdad en los derechos y responsabilidades como progenitores. En el mismo sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño establece que ambos padres tienen obligaciones comunes respecto de la crianza y desarrollo de sus hijos. Estos mandatos se complementan con los estándares internacionales sobre trabajadores con responsabilidades familiares, que promueven condiciones que permitan a hombres y mujeres conciliar los asuntos laborales y familiares y avanzar hacia una distribución equitativa de las labores de cuidado. La Corte Constitucional también ha relacionado estos mandatos con los estándares de la OIT sobre trabajadores con responsabilidades familiares, que promueven condiciones para que dichas responsabilidades se distribuyan equitativamente y sin discriminaciones directas o indirectas.
86. En el ámbito interno, la jurisprudencia ha desarrollado progresivamente este mandato. En las sentencias C-273 de 2003 y C-174 de 2009 reconoció la importancia de la participación del padre en la crianza y el cuidado de sus hijos; posteriormente, en la Sentencia C-005 de 2017 destacó que la participación activa del padre en el cuidado constituye un elemento fundamental para superar los modelos tradicionales de distribución de las responsabilidades familiares y avanzar en la armonización entre la vida laboral y familiar. Esta perspectiva fue reiterada en la Sentencia C-415 de 2022 y en la Sentencia T-259 de 2024, en las que se resaltó la función de las licencias parentales como instrumentos para promover una participación activa del padre y una distribución más equitativa de las labores de cuidado.
87. En esa misma línea, la Sentencia C-517 de 2024 reiteró que las responsabilidades familiares comprenden el amor, el cuidado, el acompañamiento y el sostenimiento de la vida, y que el cuidado constituye una responsabilidad compartida entre hombres y mujeres. Por ello, esta Corte sostuvo que los mecanismos de protección asociados a la maternidad y la paternidad deben permitir a ambos progenitores disponer de tiempos de cuidado y acompañamiento efectivo, pues los hombres trabajadores tienen iguales responsabilidades familiares que las mujeres trabajadoras.
88. De esta manera, la corresponsabilidad en las labores familiares y de crianza constituye un mandato constitucional orientado a desmontar los estereotipos de género que históricamente han distribuido de manera desigual las cargas de cuidado. De ahí que el Estado deba promover condiciones que permitan tanto a hombres como a mujeres asumir un rol activo en las responsabilidades familiares y en la crianza de sus hijos. La corresponsabilidad no supone, entonces, una facultad exclusiva de las mujeres ni una obligación subsidiaria de los hombres, sino un mandato de participación activa y equitativa en el cuidado y la crianza[54]. En este contexto, las medidas de flexibilidad en la organización del trabajo pueden constituir instrumentos para hacer efectiva la participación de ambos progenitores en las labores de cuidado, siempre que su acceso no se encuentre condicionado por estereotipos asociados al sexo de quien ejerce dichas responsabilidades.
8. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes, su interés superior y su derecho al cuidado y acompañamiento
89. El artículo 44 de la Constitución Política reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de especial protección constitucional y establece la prevalencia de sus derechos sobre los de los demás. Entre estos se encuentran el derecho a tener una familia y no ser separados de ella, así como el derecho al cuidado y al amor. Esta protección se desarrolla, además, en los artículos 8 y 9 de la Ley 1098 de 2006, que consagran el principio del interés superior y la prevalencia de los derechos de los niños en toda actuación, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que los afecte. La Corte Constitucional ha reiterado que esta protección reforzada responde a la especial situación de vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes y exige garantizar su desarrollo armónico e integral[55].
90. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes constituye un criterio de aplicación concreta que debe determinarse a partir de las circunstancias particulares de cada niño. La Corte ha señalado que su contenido es de naturaleza real y relacional, por lo que no puede establecerse de manera abstracta o uniforme, sino que exige considerar las condiciones individuales, familiares y sociales que rodean al menor de edad. Asimismo, ha precisado que este principio tiene una dimensión sustantiva, interpretativa y procedimental: debe constituir una consideración primordial en la toma de decisiones que lo afecten, orientar la interpretación de las normas y exigir que las autoridades valoren las consecuencias de sus decisiones sobre los derechos de aquellos[56].
91. Entre los derechos que integran esta protección especial se encuentra el derecho fundamental al cuidado. La Convención sobre los Derechos del Niño establece que los Estados deben asegurar la protección y el cuidado necesarios para el bienestar del niño y reconoce, además, que ambos padres tienen obligaciones comunes en su crianza y desarrollo. En el ámbito interno, el artículo 44 de la Constitución reconoce expresamente el cuidado y el amor como derechos fundamentales de los niños, lo que impone a la familia, la sociedad y el Estado el deber de adoptar las medidas necesarias para garantizarlos. La Corte Constitucional ha destacado que la efectividad de estos derechos se relaciona con las condiciones en las que los padres o cuidadores pueden ejercer sus responsabilidades[57].
92. En esa medida, la garantía del interés superior y del derecho al cuidado no se agota en reconocer formalmente la responsabilidad de los padres, sino que puede requerir la adopción de condiciones que faciliten su ejercicio efectivo. En la Sentencia C-026 de 2026 se señaló que los derechos de los niños solo pueden protegerse integralmente cuando sus cuidadores cuentan con condiciones que faciliten el cumplimiento de sus responsabilidades y destacó que los ajustes en las actividades laborales pueden resultar relevantes para que los padres dispongan del tiempo y de los mecanismos necesarios para conciliar sus responsabilidades familiares con su proyecto de vida. Por ello, las condiciones laborales de los progenitores pueden adquirir relevancia constitucional cuando inciden en las posibilidades reales de cuidado, atención y acompañamiento de los hijos.
93. Finalmente, la jurisprudencia ha reconocido que los niños son sujetos de especial protección constitucional y titulares del derecho a recibir cuidado y acompañamiento de sus progenitores. En consecuencia, las decisiones que incidan en las condiciones en que estos pueden ejercer sus responsabilidades parentales deben considerar sus efectos sobre los derechos e intereses de los menores. En la Sentencia T-233 de 2025, la Corte reiteró que toda actuación relacionada con niños y niñas debe orientarse a la satisfacción de sus derechos y, en ese contexto, tuvo en cuenta la situación familiar de los hijos menores de edad al analizar la solicitud laboral formulada por su padre.
9. Análisis del caso concreto
94. En el presente asunto, Antonio, en nombre propio y en representación de su hijo menor de edad, cuestionó la negativa de Colpensiones a su solicitud de acceso al teletrabajo, fundada en que no cumplía la causal prevista en el numeral 11 del artículo 5 de la Resolución 010 de 2025, modificado por la Resolución 012 de 2025, que contempla el supuesto de “ser madre con hijo(s) entre los cero (0) y doce (12) años”. El accionante sostuvo que esta diferencia de trato desconocía sus derechos a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo, al trabajo en condiciones dignas, a la familia y a la corresponsabilidad parental, así como los derechos de su hijo al cuidado, acompañamiento e interés superior[58].
95. Durante el trámite de revisión, Colpensiones informó que la causal cuestionada constituye, desde su perspectiva, una acción afirmativa dirigida a proteger la maternidad y que los padres pueden acceder a otras causales de teletrabajo, entre ellas, ser padre cabeza de familia, tener la custodia y cuidado exclusivo del menor o ser su único cuidador[59]. Asimismo, señaló que el 8 de julio de 2026 el accionante presentó una nueva solicitud, en la que pidió extender a los padres el beneficio previsto en el numeral 11 y autorizar el teletrabajo autónomo. La entidad negó nuevamente la petición, al considerar que no acreditaba alguna de las circunstancias adicionales exigidas a los padres[60].
96. La medida cuestionada establece un trato diferenciado por razón de sexo. Antes de examinar la situación particular del accionante, la Sala debe determinar si la diferencia establecida por el numeral 11 del artículo 5 de la Resolución 010 de 2025, modificado por la Resolución 012 de 2025 resulta constitucionalmente admisible. Para ello, aplicará el juicio integrado de igualdad[61], pues la disposición utiliza expresamente el sexo como criterio de diferenciación y, además, incide en la posibilidad de conciliar las responsabilidades laborales con las familiares y de cuidado.
97. La Sala aplicará un juicio estricto[62], dado que la medida utiliza el sexo como categoría sospechosa y compromete, además del derecho a la igualdad y a la no discriminación, derechos relacionados con el trabajo, el cuidado y los derechos de los niños. De otro lado, la Sala reconoce que, conforme a la Sentencia C-345 de 2019, la jurisprudencia constitucional ha aplicado el escrutinio intermedio a medidas que emplean categorías sospechosas con el propósito de favorecer a grupos históricamente discriminados, como ocurre con determinadas acciones afirmativas. Sin embargo, la intensidad del juicio no depende exclusivamente de la finalidad protectora invocada, sino también de la naturaleza del criterio de diferenciación y de los bienes constitucionales comprometidos. En este caso, la medida no solo establece un trato diferenciado por razón del sexo, sino que excluye a los padres que ejercen responsabilidades de cuidado de una modalidad de conciliación laboral y familiar, con incidencia en sus derechos y en los de sus hijos. Estas circunstancias justifican someter la regulación al escrutinio estricto, sin que ello implique desconocer la legitimidad constitucional de las medidas dirigidas a corregir la desigualdad histórica que afecta a las mujeres. Conforme a la Sentencia C-026 de 2026, este nivel de examen exige verificar si la finalidad perseguida es imperiosa, si el medio empleado es efectivamente conducente y necesario y si resulta proporcional en sentido estricto[63].
98. En primer lugar, la Sala identifica como grupos comparables a las madres y los padres trabajadores de Colpensiones que tienen hijos entre cero y doce años y ejercen responsabilidades de cuidado respecto de estos. Ambos grupos son comparables, pues tienen la condición de trabajadores de la misma entidad, prestan sus servicios a la empresa y, al mismo tiempo, asumen responsabilidades familiares y de cuidado respecto de hijos comprendidos en el mismo rango de edad. La diferencia radica en que las madres pueden acceder a la causal prevista en el numeral 11 del artículo 5 de la Resolución 010 de 2025, modificado por la Resolución 012 de 2025 por la sola acreditación de tener hijos entre cero (0) y doce (12) años, mientras que los padres no pueden acceder a esa causal y deben acreditar circunstancias adicionales para acudir a otras modalidades previstas en la regulación. Por tanto, el sexo del trabajador constituye el criterio que determina el trato diferenciado entre dos grupos que, para efectos de la medida de conciliación laboral y familiar, se encuentran en un mismo plano tanto fáctico como jurídico.
99. En cuanto a la finalidad de la medida, Colpensiones sostuvo que el numeral 11 del artículo 5 de la Resolución 010 de 2025, modificado por la Resolución 012 de 2025 constituye una acción afirmativa dirigida a proteger a las mujeres y a la maternidad, en la medida en que permite conciliar sus responsabilidades laborales y familiares[64]. Esta finalidad encuentra fundamento en los artículos 13 y 43 de la Constitución, que imponen al Estado el deber de promover condiciones de igualdad real y efectiva y establecen una protección especial para las mujeres. La Sala reconoce, por tanto, que la protección de las mujeres frente a las cargas que históricamente han recaído sobre ellas y la adopción de medidas dirigidas a favorecer su igualdad material constituyen propósitos constitucionalmente relevantes.
100. No obstante, la calificación de la medida como acción afirmativa no basta, por sí sola, para establecer su constitucionalidad ni determina automáticamente la intensidad del juicio de igualdad aplicable. Es necesario examinar tanto su finalidad protectora como la configuración concreta del beneficio, en particular la exclusión de los padres que también ejercen responsabilidades de cuidado. Por ello, el argumento de Colpensiones debe valorarse a la luz de la intensidad del escrutinio definida por la Sala y de las exigencias que esta impone respecto de la necesidad y proporcionalidad de la diferenciación.
101. Que una medida persiga una finalidad constitucionalmente imperiosa no significa per se que el medio empleado para alcanzarla resulte efectivamente conducente. En este caso, la posibilidad de acceder al teletrabajo por tener hijos menores de doce años puede contribuir a facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar de las mujeres, así como a aliviar las cargas de cuidado que históricamente han recaído de manera desproporcionada sobre ellas. Por tanto, la medida tiene aptitud para contribuir, al menos parcialmente, a la finalidad de promover la igualdad material de las mujeres. Sin embargo, esta conclusión no resuelve si resulta constitucionalmente admisible reservar ese beneficio exclusivamente a las madres, cuestión que debe examinarse al determinar si la diferenciación es necesaria y proporcionada.
102. Ahora bien, la existencia de una distribución desigual de las labores de cuidado entre hombres y mujeres no es desconocida por esta Corporación. En la Sentencia C-269 de 2025, la Corte Constitucional, con fundamento en información del DANE correspondiente a 2021, señaló que las mujeres realizaban el 78 % del trabajo de cuidado no remunerado, frente al 22 % realizado por los hombres. Asimismo, indicó que, en materia de cuidado directo, participaban el 58 % de las mujeres frente al 16 % de los hombres y que las mujeres destinaban, en promedio, 7 horas y 44 minutos diarios a estas actividades, mientras que los hombres destinaban 3 horas y 6 minutos. Estos datos evidencian que las mujeres continúan asumiendo una proporción significativamente mayor de las labores de cuidado y permiten comprender la necesidad de adoptar medidas dirigidas a superar esta desigual distribución.
103. En este contexto, las acciones afirmativas constituyen instrumentos dirigidos a corregir situaciones de desigualdad de hecho, compensar situaciones de relegación y promover la igualdad real y efectiva de grupos que han sido históricamente discriminados. Por ello, su adopción debe responder a una situación objetiva de desigualdad y guardar una relación razonable y proporcionada con la finalidad que se pretende alcanzar. Estas medidas, además, tienen carácter temporal y no pueden convertirse en mecanismos de perpetuación de las mismas condiciones que buscan superar, sino que deben contribuir a transformar las situaciones de desigualdad que justifican su adopción. En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que las acciones afirmativas deben estar orientadas a lograr condiciones de igualdad efectiva[65].
104. Por ende, el carácter afirmativo de una medida no excluye el examen de las condiciones en que se establece ni de los efectos que produce sobre otros sujetos titulares de derechos. En particular, debe verificarse si la exclusión de los padres que ejercen responsabilidades de cuidado comparables resulta indispensable para alcanzar la finalidad protectora perseguida.
105. Sin embargo, que una acción afirmativa contribuya a corregir una situación de desigualdad no significa que cualquier diferencia de trato establecida para ese propósito resulte constitucionalmente admisible. Por ello, es necesario examinar si la exclusión de los padres que también ejercen responsabilidades de cuidado es indispensable para alcanzar la finalidad protectora de la medida o si esta puede lograrse mediante alternativas que no establezcan una distinción por razón del sexo. Esta cuestión debe resolverse en las etapas de necesidad y proporcionalidad en sentido estricto del juicio de igualdad.
106. En consecuencia, la Sala considera que la medida es conducente, al menos parcialmente, para facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar de las mujeres y atender la distribución desigual de las cargas de cuidado. No obstante, esta conclusión no implica que su reconocimiento exclusivo a las madres sea constitucionalmente admisible, pues la exclusión de los padres que ejercen responsabilidades de cuidado comparables debe examinarse a la luz de los requisitos de necesidad y proporcionalidad.
107. Establecida la conducencia de la medida, corresponde determinar si la exclusión de los padres que se encuentran en circunstancias de cuidado comparables es necesaria para alcanzar la finalidad de proteger a las mujeres y facilitar la conciliación de sus responsabilidades laborales y familiares, o si existen alternativas menos restrictivas que permitan lograr ese propósito sin establecer una diferencia de trato por razón del sexo.
108. La medida no es necesaria. La finalidad de facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar y atender las responsabilidades de cuidado puede alcanzarse mediante criterios que valoren las circunstancias familiares de cada trabajador y la viabilidad de desarrollar sus funciones de manera no presencial, sin excluir a los padres por razón de su sexo. Las causales adicionales previstas para estos no eliminan la diferencia de trato, pues mientras las madres acceden directamente al beneficio por tener hijos entre cero y doce años, los padres deben acreditar condiciones complementarias, como ser padre cabeza de familia, tener la custodia y el cuidado exclusivo del menor, ser único cuidador, ser padre de crianza o acreditar una condición de salud que cumpla los requisitos establecidos en la regulación[66].
109. Además, acudir a estas causales diferenciadas como alternativa para los padres puede reproducir los mismos estereotipos que la medida pretende superar, al asociar el cuidado cotidiano de los hijos con las mujeres en las familias biparentales y reservar para los hombres el reconocimiento de responsabilidades de cuidado cuando concurren circunstancias excepcionales, como la ausencia de la madre o la condición de único proveedor o cuidador. De este modo, la regulación no parte exclusivamente de las responsabilidades efectivas de cuidado, sino que establece condiciones diferenciadas de acceso al beneficio según el sexo del trabajador y determinadas circunstancias de su estructura familiar.
110. Finalmente, la medida tampoco resulta proporcional en sentido estricto. Si bien el beneficio concedido a las mujeres contribuye a facilitar la conciliación de sus responsabilidades laborales y familiares y a aliviar las cargas de cuidado que recaen desproporcionadamente sobre ellas, su configuración exclusiva impone un sacrificio significativo a los padres que se encuentran en circunstancias de cuidado comparables y a sus hijos. La exclusión limita las posibilidades de los padres de participar en la crianza y el cuidado de sus hijos y puede contribuir a mantener la distribución desigual de las responsabilidades familiares. En estas condiciones, los beneficios de la medida no justifican la afectación que produce sobre los derechos a la igualdad y a la no discriminación de los padres excluidos, así como sobre el ejercicio de sus responsabilidades parentales y sobre los derechos de los niños a recibir cuidado y acompañamiento.
111. La afectación de la igualdad y la prohibición de discriminación por razón de sexo trasciende, en este caso, el ámbito estrictamente relacional de este derecho. La exclusión de los hombres de la medida de conciliación laboral y familiar por no ser mujer incide, además, en el ejercicio de sus responsabilidades parentales y, con ello, en las posibilidades efectivas de sus hijos de contar con su cuidado y acompañamiento. De igual manera, la negativa adquiere relevancia frente al derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, en la medida en que desconoce la dimensión de conciliación entre la vida laboral y familiar que integra este derecho. Estas consecuencias refuerzan la conclusión de que la exclusión establecida por la regulación impone una carga desproporcionada a los padres que ejercen responsabilidades de cuidado comparables y a sus hijos.
112. Por consiguiente, el numeral 11 del artículo 5 de la Resolución 010 de 2025, modificado por la Resolución 012 de 2025 no supera el juicio estricto de igualdad. Aunque persigue una finalidad constitucionalmente imperiosa y resulta efectivamente conducente para contribuir a la protección de las mujeres y facilitar la conciliación de sus responsabilidades laborales y familiares, la exclusión de los padres que ejercen responsabilidades de cuidado comparables no es necesaria ni proporcionada en sentido estricto. En efecto, existen alternativas menos restrictivas que permiten alcanzar la finalidad protectora sin establecer una diferencia de trato injustificada por razón del sexo.
113. La diferencia de trato se concretó en el presente caso. Antonio es trabajador de Colpensiones y padre de un menor de edad. De acuerdo con lo manifestado por el accionante y con la información recaudada durante el trámite, ejerce responsabilidades directas de cuidado y, cuando desempeña sus funciones de manera presencial, debe desplazarse aproximadamente una hora y quince minutos por trayecto, lo que representa dos horas y treinta minutos diarios de desplazamiento y reduce el tiempo disponible para acompañar a su hijo. Asimismo, señaló que, antes de trabajar desde casa, buena parte de las labores cotidianas de cuidado recaía sobre su esposa, quien además se encontraba en recuperación después del nacimiento de su hija. Estas circunstancias fueron puestas en conocimiento de Colpensiones durante el trámite y no fueron desvirtuadas por la entidad. En ese sentido, la solicitud planteada por el accionante estuvo relacionada con la necesidad de contar con condiciones que, según expuso, le permitieran participar efectivamente en el cuidado y acompañamiento de su hijo, y no con la simple obtención de una facilidad laboral[67].
114. A ello se suma una circunstancia particularmente relevante: durante el trámite del presente asunto el accionante ha contado con autorizaciones para desarrollar sus labores desde casa por razones asociadas a su estado de salud. Esta circunstancia constituye un elemento relevante para valorar la viabilidad de una modalidad no presencial, pues evidencia que la propia entidad ha permitido el desarrollo de sus funciones bajo esas condiciones. Aunque dicha autorización no equivale al reconocimiento del derecho al teletrabajo, debía ser considerada, junto con los demás elementos del expediente, al evaluar la situación laboral, personal y familiar del accionante.
115. En cuanto a la viabilidad funcional de la modalidad no presencial, de lo advertido en el expediente se desprende que las funciones del accionante son de oficina, no implican atención al público y pueden desarrollarse mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, sin afectar la continuidad, calidad y eficiencia del servicio. Esta circunstancia se ve respaldada por las autorizaciones temporales de trabajo en casa que Colpensiones le concedió y prorrogó durante varios periodos, así como por lo manifestado por el accionante acerca de que, durante su ejecución, no recibió reportes de incumplimiento o bajo desempeño, aspecto que no fue controvertido por la entidad. Si bien la experiencia previa de trabajo en casa no equivale al cumplimiento automático de todos los presupuestos del teletrabajo, sí constituye un elemento relevante para valorar la compatibilidad de sus funciones con una modalidad no presencial. En consecuencia, esta experiencia debe considerarse al determinar las condiciones de implementación del teletrabajo, incluidos los mecanismos de seguimiento y evaluación, las exigencias de seguridad de la información y las necesidades de continuidad del servicio. Para ello, Colpensiones deberá considerar las condiciones técnicas, organizativas y funcionales necesarias para la ejecución de las labores mediante teletrabajo, así como los requerimientos de seguridad de la información y las necesidades de continuidad del servicio, en el marco de los mecanismos de implementación, seguimiento y evaluación correspondientes.
116. En efecto, la situación del accionante reúne circunstancias que, valoradas conjuntamente, hacen especialmente relevante la posibilidad de desarrollar sus funciones mediante teletrabajo: es padre de un menor, del cual ejerce responsabilidades directas de cuidado; su núcleo familiar atravesó recientemente un embarazo de alto riesgo y el nacimiento de su segunda hija; su esposa se encontraba en licencia de maternidad y recuperación posparto; y, adicionalmente, durante el trámite de esta acción ha desarrollado sus funciones desde casa por razones de salud. A esto se suma que el desplazamiento diario hacia su lugar de trabajo representa aproximadamente dos horas y treinta minutos, tiempo que podría destinar al acompañamiento de su hijo. Estas circunstancias, examinadas en conjunto, permiten concluir que la solicitud de teletrabajo merece una protección constitucional concreta, pues la negativa de Colpensiones se fundamentó en que el accionante no cumplía la condición de ser “madre”, sin valorar adecuadamente sus responsabilidades familiares y de cuidado.
117. En este contexto, la Sala considera que el teletrabajo constituye una medida adecuada para facilitar la armonización de las responsabilidades laborales del accionante con sus responsabilidades familiares y de cuidado, atendiendo a las circunstancias concretas acreditadas en el proceso. Esta conclusión no implica relevarlo de sus obligaciones laborales ni reconocer un derecho irrestricto a trabajar desde casa, sino conceder una modalidad de trabajo no presencial compatible con las circunstancias examinadas en esta providencia. Su implementación deberá contemplar condiciones adecuadas de seguimiento y evaluación, sin que estas puedan utilizarse para desconocer la protección concedida. La adopción de esta modalidad tampoco garantiza por sí misma la corresponsabilidad parental ni la efectiva realización del derecho al cuidado, por lo que debe evitarse que las responsabilidades familiares continúen distribuyéndose de manera desigual en el ámbito doméstico o interfieran con el adecuado cumplimiento de las obligaciones laborales. La experiencia de la entidad durante el trámite, al autorizar temporalmente el trabajo desde casa por razones de salud, constituye un elemento adicional para valorar la viabilidad material de una modalidad no presencial.
118. En estas condiciones, Colpensiones no podía limitarse a verificar si el accionante acreditaba alguna de las circunstancias adicionales previstas para los padres. Debía examinar si la exclusión derivada de su condición de hombre resultaba compatible con el derecho a la igualdad y con el principio de corresponsabilidad parental. Sin embargo, tanto en la respuesta inicial como en la emitida frente a la nueva solicitud de julio de 2026[68], la entidad mantuvo la diferencia de trato y negó que la sola condición de padre con hijo dentro del rango de edad previsto en el numeral 11 permitiera acceder a dicha causal.
119. La Sala precisa que lo anterior no significa reconocer un derecho automático al teletrabajo por el solo hecho de ser padre. La procedencia de esta modalidad debe determinarse a partir de las condiciones aplicables y de la viabilidad funcional del cargo. Sin embargo, en este caso, las circunstancias acreditadas permiten concluir que el accionante debe acceder al teletrabajo, por lo que no corresponde dejar nuevamente a consideración de Colpensiones la procedencia de la solicitud. Lo constitucionalmente inadmisible es que el sexo del trabajador determine, por sí solo, que una madre pueda invocar una causal de conciliación por tener hijos entre cero y doce años, mientras que un padre en una situación familiar comparable deba acreditar circunstancias adicionales.
120. Alcance de la vulneración y remedio constitucional. La vulneración constatada tampoco se circunscribe a las circunstancias individuales de Antonio. El numeral 11 tiene un alcance general y establece una diferencia que puede proyectarse sobre los demás padres trabajadores de Colpensiones que tengan hijos entre cero y doce años. Las otras causales[69], aunque formuladas en términos aparentemente neutros, no eliminan esta diferencia, pues imponen a los padres cargas adicionales que no recaen sobre las madres comprendidas en el numeral 11. De este modo, el esquema regulatorio puede producir impactos diferenciados en función del sexo y reproducir una distribución desigual de las responsabilidades de cuidado. Esta situación resulta especialmente relevante a la luz del derecho al cuidado, pues, como lo ha señalado la Corte, las políticas laborales de conciliación deben permitir el ejercicio de las responsabilidades familiares y responder a un principio de corresponsabilidad en su distribución[70].
121. Por lo anterior, la Sala debe pronunciarse sobre la solicitud del accionante de inaplicar, por vía de excepción de inconstitucionalidad, el numeral 11 del artículo 5 de la Resolución 010 de 2025, modificado por la Resolución 012 de 2025. Si bien la aplicación de esta disposición en las circunstancias del caso desconoce los derechos fundamentales comprometidos, la Sala considera que la controversia no debe resolverse exclusivamente mediante su inaplicación para el accionante. La vulneración advertida no se circunscribe a su situación particular, pues el criterio previsto en la disposición puede producir efectos frente a otros padres trabajadores de Colpensiones que se encuentren en situaciones familiares comparables, al exigirles condiciones adicionales que no se imponen a las madres por el solo hecho de tener hijos entre cero y doce años.
122. En estas condiciones, limitar la respuesta constitucional a la inaplicación de la disposición para el accionante dejaría vigente el criterio que origina la diferencia de trato y permitiría que continúe produciendo efectos contrarios a la Constitución. Por ello, la Sala considera necesario adoptar un remedio que, además de brindar una protección efectiva al accionante, permita corregir la regla que genera la diferencia identificada y evitar que esta se proyecte sobre otros trabajadores de la entidad.
123. En consecuencia, la Sala no resolverá la solicitud de excepción de inconstitucionalidad mediante la inaplicación individual del numeral 11, sino que adoptará las medidas necesarias para garantizar los derechos del accionante y ordenar a Colpensiones la modificación de la disposición, de manera que el acceso a la medida de conciliación laboral y familiar no esté determinado por el sexo del trabajador, sino por las responsabilidades efectivas de cuidado y las condiciones objetivas que permitan su desarrollo mediante una modalidad de trabajo no presencial.
124. La modificación ordenada no constituye una medida desvinculada del caso concreto, sino una respuesta dirigida a remover el criterio normativo que dio lugar a la vulneración constatada. Su alcance se justifica porque la disposición cuestionada tiene efectos generales dentro de la política institucional de teletrabajo de Colpensiones y puede reproducir la diferencia de trato frente a otros trabajadores que asuman responsabilidades de cuidado en circunstancias comparables. En consecuencia, la medida busca asegurar la eficacia de la protección constitucional y prevenir la repetición de la vulneración, sin sustituir las competencias de la entidad para definir las condiciones operativas de la modalidad laboral ni relevarla de verificar su viabilidad funcional y las necesidades del servicio.
125. La procedencia de medidas dirigidas a prevenir la reiteración de vulneraciones de derechos fundamentales encuentra respaldo en la jurisprudencia constitucional. En la Sentencia T-126 de 2026, esta Corte reiteró que cuando una actuación puede comprometer derechos fundamentales y existe un riesgo de repetición, el juez constitucional puede adoptar medidas orientadas a proteger la dimensión objetiva de esos derechos y evitar que se reproduzcan prácticas contrarias al orden constitucional. En esa oportunidad, la Sala ordenó adoptar, mediante un acto administrativo de carácter general, criterios objetivos y verificables para prevenir futuras decisiones discriminatorias. Aunque las circunstancias de aquel asunto son distintas de las del presente caso, este precedente resulta pertinente para sustentar que la protección constitucional puede comprender medidas de corrección institucional cuando sean necesarias para evitar la reiteración de una vulneración. En este asunto, esa finalidad se concreta en la modificación del numeral 11 del artículo 5 de la Resolución 010 de 2025, modificado por la Resolución 012 de 2025, para eliminar la exclusión fundada en el sexo del trabajador, sin desconocer la finalidad protectora de la medida ni las competencias de Colpensiones para verificar las condiciones objetivas de acceso al teletrabajo.
126. La modificación deberá preservar la finalidad protectora de la medida y el beneficio reconocido a las trabajadoras, sin que la corrección de la exclusión implique suprimirlo ni imponer condiciones que desmejoren injustificadamente la situación de aquellas. Se trata de ampliar el acceso a la causal en condiciones de igualdad, de modo que pueda ser invocada por cualquiera de los progenitores que se encuentre en una situación familiar comparable, previa valoración de las responsabilidades efectivas de cuidado y de las condiciones objetivas relacionadas con la naturaleza de las funciones, la viabilidad del trabajo no presencial y las necesidades del servicio. Así, la corrección de la diferencia de trato debe armonizar la igualdad y la no discriminación con la protección de la maternidad y la corresponsabilidad parental.
127. En el caso concreto, la Sala encuentra que las circunstancias que justifican la protección concurren respecto de Antonio. Su condición de padre de un menor de edad constituye uno de los elementos de la situación analizada. A ello se suman las responsabilidades directas de cuidado que manifestó ejercer, la corta edad de uno de sus hijos, las circunstancias familiares expuestas durante el trámite y la posibilidad de desarrollar sus funciones mediante una modalidad de trabajo no presencial, circunstancia que además ha sido reconocida temporalmente por Colpensiones al autorizarle el trabajo desde casa por razones de salud. En conjunto, estos elementos permiten concluir que, en su situación particular, el teletrabajo constituye una medida adecuada para armonizar sus responsabilidades laborales y familiares. Esta cuestión también tiene que ver con el ejercicio del trabajo en condiciones dignas y justas.
128. La Sentencia T-233 de 2025 constituye un referente para el análisis, en cuanto exige valorar de manera concreta las condiciones personales y familiares del trabajador y la compatibilidad de sus funciones con el teletrabajo. No obstante, existen diferencias relevantes entre ambos asuntos. En aquella oportunidad, la decisión estuvo determinada por la concurrencia de circunstancias particulares, entre ellas la pertenencia indígena del accionante, su condición de víctima de desplazamiento forzado y las afectaciones de salud y de unidad familiar derivadas de la separación de su núcleo familiar. En este caso, la controversia se origina en la exclusión de los padres de una causal de acceso al teletrabajo prevista para las madres con hijos entre cero y doce años, pese a que aquellos pueden asumir responsabilidades de cuidado comparables.
129. En consecuencia, la aplicación del precedente no supone equiparar las circunstancias de los dos procesos ni reproducir automáticamente el remedio adoptado en el anterior. La decisión debe sustentarse en las pruebas de este expediente, que dan cuenta de las responsabilidades de cuidado del accionante, las circunstancias familiares acreditadas, el tiempo de desplazamiento al sitio de trabajo y la viabilidad funcional de una modalidad no presencial. Estos elementos, examinados junto con la diferencia de trato por razón del sexo identificada en la regulación aplicada por Colpensiones, permiten determinar la medida necesaria para proteger los derechos comprometidos.
130. La decisión también ha de incidir en el principio de corresponsabilidad parental. Este principio exige que las responsabilidades de crianza, cuidado y acompañamiento de los hijos sean asumidas de manera compartida por ambos progenitores y no distribuidas a partir del sexo de cada uno. Sin embargo, la aplicación del numeral 11 permitió a las madres acceder a la medida por la sola acreditación de tener hijos entre cero y doce años, mientras que los padres debían demostrar circunstancias adicionales. En el caso de Antonio esta diferencia incidió directamente en su posibilidad de participar en el cuidado de su hijo, pues la entidad no valoró sus responsabilidades parentales a partir de sus circunstancias concretas, sino que aplicó como criterio determinante su condición de hombre.
131. Esta afectación adquiere especial relevancia frente a los derechos fundamentales del hijo del accionante. Las condiciones laborales de los progenitores pueden incidir en las posibilidades reales de ejercer las responsabilidades de cuidado y acompañamiento. En este caso, el accionante manifestó que participa directamente en el cuidado de su hijo y que el desplazamiento diario hacia su lugar de trabajo reduce el tiempo disponible para acompañarlo. Al responder el auto de pruebas, Colpensiones no se pronunció específicamente sobre estas manifestaciones relacionadas con las actividades cotidianas de cuidado del accionante y el tiempo que destina al acompañamiento de su hijo. Estas afirmaciones fueron valoradas por la Sala, junto con los demás elementos del expediente, conforme a las reglas de la sana crítica. Por tanto, la exclusión del accionante de la medida de conciliación laboral y familiar por razón de su sexo no solo afectó su posibilidad de ejercer sus responsabilidades parentales, sino que repercutió en las condiciones en que su hijo pueda contar con su cuidado y acompañamiento.
132. Lo anterior resulta particularmente relevante en atención al interés superior de los niños. La medida cuestionada no podía ser examinada exclusivamente desde la perspectiva de la protección de la maternidad, pues sus efectos también recaen sobre los hijos de los trabajadores que solicitan acceder a ella. En consecuencia, la valoración constitucional de la medida debía considerar si la diferenciación entre madres y padres contribuía efectivamente a garantizar el cuidado y acompañamiento de los niños o si, por el contrario, terminaba reforzando una distribución del cuidado fundada en estereotipos de género. En el presente caso, la Sala encontró que ocurrió lo segundo, pues la exclusión del padre trabajador de una medida de conciliación, por el solo hecho de no ser mujer, restringió injustificadamente su posibilidad de participar en el cuidado de su hijo.
133. En consecuencia, la Sala amparará los derechos fundamentales a la igualdad, a la no discriminación por razón de sexo, al trabajo en condiciones dignas y a la corresponsabilidad parental del accionante, así como los derechos de su hijo menor al cuidado, acompañamiento e interés superior. Como remedio constitucional, ordenará a Colpensiones autorizar al accionante el desarrollo de sus funciones mediante la modalidad de teletrabajo, dentro de las condiciones de implementación, seguimiento y evaluación que correspondan. Esta decisión se fundamenta en la valoración conjunta de las circunstancias familiares y de cuidado acreditadas en el expediente y en la viabilidad de una modalidad no presencial en su caso. Por tanto, las condiciones de implementación y seguimiento no podrán convertirse en una nueva evaluación de la procedencia del beneficio basada en el sexo del trabajador.
134. La Sala considera acreditados, para efectos de resolver el caso concreto, los presupuestos que justifican la autorización del teletrabajo como medida de conciliación laboral y familiar. Por ello, la orden no supone una nueva evaluación de la procedencia del beneficio, sino su implementación efectiva dentro de las condiciones funcionales y operativas que correspondan, así como de los mecanismos de seguimiento y evaluación aplicables. Estas condiciones podrán regular la ejecución de las labores y verificar su adecuado desarrollo, pero no podrán utilizarse para reabrir la decisión sobre el acceso a la modalidad ni para reproducir, directa o indirectamente, la diferenciación por razón del sexo que dio lugar a la vulneración.
135. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala precisa que la autorización del teletrabajo no impide que Colpensiones ejerza sus competencias de seguimiento, evaluación y verificación durante la ejecución de esta modalidad. En particular, la entidad podrá constatar el cumplimiento de las condiciones funcionales y operativas aplicables y verificar si las circunstancias objetivas que sustentaron la protección reconocida en este caso se mantienen o si se presentan modificaciones relevantes que incidan en la viabilidad de la modalidad, en las responsabilidades efectivas de cuidado o en las necesidades del servicio. En caso de que se produzcan cambios sustanciales en dichas circunstancias, Colpensiones podrá adoptar las decisiones que correspondan en el marco de sus competencias, siempre observando la protección de los derechos fundamentales reconocidos en esta providencia.
136. La Sala precisa que la invalidez de las razones que sustentaron la negativa inicial de Colpensiones no acredita, por sí sola, la viabilidad del teletrabajo respecto de la totalidad de las funciones a cargo del accionante. En consecuencia, la autorización de esta modalidad no implica que todas las actividades deban ejecutarse necesariamente de manera remota ni impide que sus condiciones de ejecución sean adecuadas a las exigencias concretas del cargo y del servicio. Así, Colpensiones conservará la competencia para determinar, al momento de implementar la medida y durante su ejecución, las condiciones técnicas, funcionales y operativas necesarias para su adecuada prestación y, cuando existan razones objetivas y verificables relacionadas con las funciones efectivamente asignadas, podrá disponer la realización presencial de determinadas actividades o establecer una modalidad parcial de teletrabajo. En todo caso, estas determinaciones no podrán fundarse en el sexo del accionante ni podrán desconocer o hacer ineficaz la protección reconocida en esta providencia
137. De otra parte, la Sala ordenará a Colpensiones que adopte las medidas necesarias para modificar el numeral 11 del artículo 5 de la Resolución 010 de 2025, modificado por la Resolución 012 de 2025 o la disposición que lo sustituya, de manera que la posibilidad de acceder a la medida allí prevista no esté restringida por razón del sexo del trabajador y pueda ser invocada por cualquiera de los progenitores, previa verificación de las condiciones objetivas relacionadas con la naturaleza de las funciones, la viabilidad de su ejecución mediante trabajo no presencial y las necesidades del servicio.
138. Asimismo, Colpensiones deberá aplicar el numeral 11 del artículo 5 de la Resolución 010 de 2025, modificado por la Resolución 012 de 2025 de manera compatible con los derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo, de modo que la condición de “madre” no opere como criterio de exclusión de los padres que se encuentren en una situación familiar comparable. Para ello, deberá valorar las circunstancias familiares y las responsabilidades efectivas de cuidado, junto con las condiciones objetivas relacionadas con la naturaleza de las funciones, su viabilidad para ser desarrolladas mediante una modalidad no presencial y las necesidades del servicio. Esta regla de aplicación constitucional deberá observarse mientras se adopta la modificación de la disposición ordenada en esta providencia.
139. En suma, la Sala encuentra que la vulneración de los derechos fundamentales del accionante no provino únicamente de la negativa concreta de Colpensiones, sino de la aplicación de un criterio de diferenciación por razón de sexo que, al reservar una causal de conciliación laboral y familiar a las madres y exigir a los padres condiciones adicionales, reproduce estereotipos sobre la distribución de las labores de cuidado y desconoce que hombres y mujeres pueden ejercer, en condiciones de igualdad, responsabilidades parentales. Por ello, se concederá el amparo solicitado en los términos que se precisarán en la parte resolutiva.
Conclusiones
140. Así las cosas, la Sala: (i) revocará las decisiones de instancia proferidas dentro de la referida acción de tutela y, en su lugar, amparará los derechos fundamentales del accionante a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo, al trabajo en condiciones dignas y a la corresponsabilidad parental, así como los derechos de su hijo menor al cuidado, acompañamiento e interés superior; (ii) ordenará a Colpensiones que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, autorice al accionante el desarrollo de sus funciones mediante la modalidad de teletrabajo, en condiciones compatibles con la naturaleza de su cargo y con los mecanismos de seguimiento y evaluación correspondientes. La implementación de esta modalidad deberá respetar la protección concedida en esta providencia y no podrá supeditarse a una nueva valoración de la procedencia del beneficio basada en el sexo del trabajador; (iii) ordenará a Colpensiones que se abstenga de aplicar el numeral 11 del artículo 5 de la Resolución 010 de 2025, modificado por la Resolución 012 de 2025 como criterio de exclusión de los trabajadores que sean padres de hijos entre cero y doce años, de manera que la condición de “madre” no pueda ser utilizada, por sí sola, para negar el acceso a una medida de conciliación laboral y familiar a un trabajador que se encuentre en una situación familiar comparable; (iv) ordenará a Colpensiones que, dentro de los 30 días siguientes a la notificación de esta providencia, adopte las medidas necesarias para modificar el numeral 11 del artículo 5 de la Resolución 010 de 2025, modificado por la Resolución 012 de 2025 o la disposición que lo sustituya, de manera que la posibilidad de acceder a la medida allí prevista no esté restringida por razón del sexo del trabajador y pueda ser invocada por cualquiera de los progenitores; y (v) exhortará a Colpensiones para que revise sus regulaciones, procedimientos y prácticas relacionadas con las modalidades de trabajo no presencial y adopte las medidas necesarias para evitar que estas reproduzcan estereotipos de género o diferencias de trato fundadas en el sexo o la identidad de género de quien las ejerce[71].
En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE
Primero. REVOCAR la sentencia proferida el dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiséis (2026) por la Sala Sexta Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que confirmó la sentencia proferida el veintiuno (21) de enero de dos mil veintiséis (2026) por el Juzgado Veintidós Civil del Circuito de Bogotá, que declaró improcedente la acción de tutela. En su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo, al trabajo en condiciones dignas y a la corresponsabilidad parental de Antonio, así como los derechos de su hijo menor de edad al cuidado, acompañamiento e interés superior.
Segundo. ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, autorice al accionante el desarrollo de sus funciones mediante la modalidad de teletrabajo, en condiciones compatibles con la naturaleza de su cargo y con los mecanismos de implementación, seguimiento y evaluación correspondientes. La entidad no podrá supeditar el cumplimiento de esta orden a una nueva evaluación de la procedencia del beneficio basada en el sexo del trabajador.
Tercero. ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones que se abstenga de aplicar el numeral 11 del artículo 5 de la Resolución 010 de 2025, modificado por la Resolución 012 de 2025 como criterio de exclusión de los trabajadores que sean padres de hijos entre cero y doce años. En consecuencia, la condición de “madre” no podrá ser utilizada, por sí sola, para negar a un trabajador que se encuentre en una situación familiar comparable el acceso a una medida de conciliación entre la vida laboral y familiar.
Cuarto. ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de esta providencia, adopte las medidas necesarias para modificar el numeral 11 del artículo 5 de la Resolución 010 de 2025, modificado por la Resolución 012 de 2025 o la disposición que lo sustituya, de manera que la posibilidad de acceder a la medida allí prevista no esté restringida por razón del sexo del trabajador y pueda ser invocada por cualquiera de los progenitores, previa verificación de las condiciones objetivas relacionadas con la naturaleza de las funciones, la viabilidad de su ejecución mediante trabajo no presencial y las necesidades del servicio. La modificación deberá preservar la finalidad protectora de la medida y el beneficio reconocido a las trabajadoras, sin suprimirlo ni introducir condiciones que desmejoren injustificadamente su situación.
Quinto. EXHORTAR a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones para que revise sus regulaciones, procedimientos y prácticas relacionadas con las modalidades de trabajo no presencial y adopte las medidas necesarias para evitar que estas reproduzcan estereotipos de género o establezcan diferencias de trato fundadas en el sexo o la identidad de género de los trabajadores. En particular, deberá procurar que el acceso a las medidas de conciliación laboral y familiar se determine a partir de las responsabilidades efectivas de cuidado y de las condiciones objetivas de viabilidad de la modalidad de trabajo, y no de una asignación predeterminada de las labores de cuidado según el sexo o la identidad de género de quien las ejerce, en condiciones compatibles con los principios de igualdad, no discriminación y corresponsabilidad parental.
Sexto. Por Secretaría General de la Corte Constitucional, LÍBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ
Magistrado
LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ
Magistrada
VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE
Magistrado
ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ
Secretaria General
[1] “Artículo 61 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional, relativa a la “anonimización de nombres en las providencias disponibles al público en la página web de la Corte Constitucional”.
[2] Expediente digital T-12.076.123, archivo “001_001EscritoTutela.pdf”
[3] Aunque durante la impugnación y el trámite de revisión el accionante informó sobre el nacimiento de una segunda hija, la presente providencia tomará como referente al niño de cuatro años mencionado en el escrito de tutela, por ser aquel respecto del cual se planteó inicialmente la controversia. Esta precisión se realiza para facilitar la exposición y delimitar el objeto de la protección, sin desconocer la existencia de la segunda hija ni las circunstancias familiares derivadas de su nacimiento, que podrán ser consideradas como elementos contextuales para valorar las responsabilidades de cuidado del accionante, sin que ello implique extender el amparo a los derechos de aquella.
[4] De acuerdo con el artículo 1 de la Resolución 012 del 29 de octubre de 2025, mediante el cual se modificó el artículo 5 de la Resolución 010 de 2025 y se incorporó el numeral 11.
[5] Expediente digital T-12.076.123, archivo “001_001EscritoTutela.pdf”
[6] Expediente digital T-12.076.123, archivo “001_001EscritoTutela.pdf”, p. 4.
[7] Expediente digital T-12.076.123, archivo “ENLACE EXPEDIENTE COMPLETO.pdf”, archivo “004_004AutoAdmiteTutela202500636.pdf”
[8] Expediente digital T-12.076.123, archivo “ENLACE EXPEDIENTE COMPLETO.pdf” archivo “014_014RptaColpensiones.pdf”
[9] Expediente digital T-12.076.123 archivo “016_016 SentenciaPrimeraInstancia202500636.pdf”.
[10] Expediente digital T-12.076.123, archivo “019_019impugnacion.pdf”
[11] Expediente digital T-12.076.123, archivo “SentenciaTutelaSegundaInstancia,pdf”
[12] Expediente digital T-12.076.123, archivo “SentenciaTutelaSegundaInstancia,pdf”
[13] Expediente digital T-12.076.123, archivo “001 SALA 6-2026 - AUTO SALA DE SELECCION 30-JUN-2026 NOTIFICADO 16-JUL-2026.pdf”
[14] La selección del expediente se sustentó en los criterios orientadores del proceso de selección de carácter objetivo denominados asunto novedoso y exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental.
[15] Expediente digital T-12.076.123, archivo “003 Informe_Reparto_Sala_de_Seleccion_Auto_30-Jun-2026.pdf”.
[16] Expediente digital T-12.076.123, archivo “004 T-12076123 Auto de Pruebas-30-Jul-26.pdf”.
[17] Las universidades Nacional y Externado de Colombia no se pronunciaron al respecto.
[18] Colpensiones presentó dos comunicaciones el 10 de agosto de 2026, mediante las cuales dio respuesta a los requerimientos formulados en el auto de pruebas del 30 de julio de 2026 y remitió la documentación correspondiente para sustentar la información suministrada. Expediente digital T-12.076.123, archivos “009 T-12076123 Rta. Colpensiones 10-08-2026.pdf”, “010 T-12076123 Rta. Colpensiones 10-08-2026.pdf”.
[19] Correo 10 y 20 de agosto de 2026. Expediente digital T-12.076.123, archivo ““011 T-12076123 Rta. Antonio 10-08-2026.pdf” y “018 T-12076123 Rta. Antonio 20-08-2026 (despues de traslado)”
[20] Aunque en la impugnación y durante el trámite de revisión el accionante informó que tenía una segunda hija, la presente providencia se desarrollará tomando como referente al niño de cuatro años mencionado en el escrito de tutela, por ser este el hijo respecto del cual se planteó inicialmente la controversia. Esta precisión se realiza únicamente para facilitar la exposición y evitar confusiones, sin que implique desconocer la existencia de la otra hija ni incida en el análisis de fondo del caso.
[21] Expediente digital T-12.076.123, archivo “012 T-12076123 Rta. MINTRABAJO 11-08-2026.pdf”
[22] Correo electrónico del 18 de agosto de 2026, Expediente digital T-12.076.123, archivo “016 T-12076123 Rta.ICBF 18-08-2026 (despues de traslado).pdf”
[23] Correo electrónico del 18 de agosto de 2026, Expediente digital T-12.076.123, archivo “013 T-12076123 Rta. ICDF 18-08-2026.pdf”
[24] Correo electrónico del 18 de agosto de 2026, Expediente digital T-12.076.123, archivo “017 T-12076123 Rta.UROSARIO 19-08-2026 (despues de traslado).pdf”
[25] La Secretaría General de la Corte Constitucional puso a disposición de las partes las pruebas, respuestas e intervenciones recibidas en virtud de los autos del 30 de julio de 2026. Dicha gestión consta en los informes de cumplimiento de 24 de agosto del presente año, disponibles en el expediente digital.
[26] Corte Constitucional, sentencias T-496 de 2020, T-365 de 2022 y T-058 de 2023.
[27] Corte Constitucional, Sentencia SU-522 de 2019.
[28] Ib.
[29] Corte Constitucional, Sentencia T- 494 de 2024.
[30] Ib.
[31] Corte Constitucional, Sentencia T-200 de 2022.
[32] Corte Constitucional, Sentencia SU-522 de 2019.
[33] Corte Constitucional, Sentencia T-229 de 2026.
[34] Corte Constitucional, Sentencia T-031 de 2026.
[35] Esta relación de filiación se encuentra acreditada en el expediente mediante el respectivo registro civil de nacimiento.
[36] Corte Constitucional, Sentencia T-055 de 2026.
[37] Corte Constitucional, sentencias T-065 de 2007, T-029 de 2010, T-351 de 2014, T-316 de 2016, T-070 de 2023 y T-105 de 2024.
[38] Juzgado 022 Civil del Circuito de Bogotá.
[39] Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
[40] Corte Constitucional, sentencias T-005 de 2018, T-157 de 2023 y T-252 de 2023.
[41] Corte Constitucional, sentencias T-638 de 2014 y T-281 de 2025.
[42] Corte Constitucional, Sentencias T-019 de 2021 y T-577 de 2017.
[43] Regulado por la Ley 1221 de 2008, modificada por el artículo 52 de la Ley 2466 de 2025.
[44] Regulado por la Ley 2088 de 2021.
[45] Establecido por la Ley 2121 de 2021.
[46] Corte Constitucional, Sentencias C-250 de 2012, C-104 de 2016 y C-038 de 2021.
[47] Corte Constitucional, Sentencias C-551 de 2015, C-104 de 2016, C-250 de 2012, C-091 de 2018 y SU-109 de 2022.
[48] Corte Constitucional, Sentencias C-057 de 2021, C-371 de 2000.
[49] Corte Constitucional, Sentencias C-534 de 2005 y C-026 de 2026
[50] Corte Constitucional, sentencias C-371 de 2000 y C-534 de 2005.
[51] Corte Constitucional C-154 de 2022, SU-239 de 2024, C-335 de 2013 y T-212 de 2021.
[52] Corte Constitucional, C-400 de 2024.
[53] Corte Constitucional, Sentencia C-400 de 2024.
[54] Corte Constitucional, Sentencia C-026 de 2026.
[55] Corte Constitucional, sentencias T-237 de 2004, T-070 de 2023, T-105 de 2024 y C-569 de 2016.
[56] Corte Constitucional Sentencias C-683 de 2015, C-127 de 2023 y C-028 de 2024.
[57] Corte Constitucional, sentencias C-026 de 2026, T-259 de 2024 y C-400 de 2024.
[58] Expediente digital T-12.076.123, archivo “001_001EscritoTutela (2).pdf”, pp. 1-4.
[59] Expediente digital T-12.076.123, archivo “010 T-12076123 Rta. Colpensiones 10-08-2026.pdf”,
[60] Expediente digital T-12.076.123, archivo “010 T-12076123 Rta. Colpensiones 10-08-2026.pdf”, pp. 4 y 7-8.
[61] Juicio integrado de igualdad: constituye un instrumento metodológico que tiene como propósito definir si un tratamiento desigual se encuentra o no justificado. Corte Constitucional, Sentencia T-179 de 2025. En cuanto a la forma como se aplica el test, la Sentencia T-214 de 2019 indicó que “el juicio integrado de igualdad se desarrolla a través de tres etapas: (i) establecer el criterio de comparación, patrón de igualdad o tertium comparationis, esto es, precisar si los supuestos de hecho son susceptibles de compararse y si se confrontan sujetos o situaciones de la misma naturaleza, (ii) definir si en el plano fáctico y en el plano jurídico existe un trato desigual entre iguales o igual entre desiguales, y (iii) averiguar si la diferencia de trato está constitucionalmente justificada, en otras palabras, verificar si las situaciones objeto de la comparación ameritan un trato diferente a la luz de la Constitución”.
[62] Desde la sentencia C-093 de 2001, la Corte caracterizó el juicio estricto de la siguiente forma: “Por último, el test estricto de igualdad: surge cuando las clasificaciones efectuadas se fundan en criterios “potencialmente discriminatorios”, como son la raza o el origen familiar, entre otros (artículo 13 C.P.), desconocen mandatos específicos de igualdad consagrados por la Carta (artículos 19, 42, 43 y 53 C.P.), restringen derechos a ciertos grupos de la población o afectan de manera desfavorable a minorías o grupos sociales que se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta (artículos 7º y 13 C.P.) ”.
[63] Corte Constitucional, Sentencia C-026 de 2026.
[64] Expediente digital T-12.076.123, archivo “010 T-12076123 Rta. Colpensiones 10-08-2026.pdf”, p. 8.
[65] Corte Constitucional, sentencia C-038 de 2021.
[66] Expediente digital T-12.076.123, archivo “014_014RptaColpensiones(2).pdf”, pp. 4-5.
[67] Expediente digital T-12.076.123, archivo “011 T-12076123 Rta. Antonio 10-08-2026(1).pdf”, pp. 9-13.
[68] Expediente digital T-12.076.123, archivo “010 T-12076123 Rta. Colpensiones 10-08-2026.pdf”, pp. 4 y 7-8.
[69] Ser padre cabeza de familia, tener la custodia y el cuidado exclusivo del menor, ser único cuidador, ser padre de crianza o acreditar una condición de salud que cumpla los requisitos establecidos en la regulación.
[70] Corte Constitucional, Sentencia C-400 de 2024.
[71] Corte Constitucional sentencias C-324 de 2023 y SU-466 de 2025.