REPÚBLICA DE COLOMBIA

 

 

 

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

SENTENCIA C-217 de 2026

 

Referencia: expediente D-16.857.

 

Asunto: demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 1º de la Ley 1010 de 2006, “[p]or medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo”.

 

Demandante: Juan Felipe Parra Rosas.

 

Magistrado ponente: Carlos Camargo Assis.

 

Bogotá D.C., veintitrés (23) de julio de dos mil veintiséis (2026).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las previstas en el artículo 241, numeral 4 de la Constitución, y cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto Ley 2067 de 1991, profiere la siguiente:

 

SENTENCIA

 

Síntesis de la decisión

 

La Corte estudió una demanda de inconstitucionalidad presentada en contra del parágrafo del artículo 1º de la Ley 1010 de 2006. En sustento del concepto de la violación, el accionante sostuvo que la disposición acusada desconoce el artículo 2 del Convenio 190 de la OIT, aprobado mediante la Ley 2528 de 2025, instrumento que, en su criterio, integra el bloque de constitucionalidad en virtud del artículo 93 de la Constitución. A su juicio, la norma excluye injustificadamente del ámbito de aplicación de la Ley 1010 de 2006 a las personas vinculadas mediante relaciones civiles o comerciales derivadas de contratos de prestación de servicios sin jerarquía o subordinación, así como a quienes se encuentran bajo contratación administrativa, pese a que el Convenio 190 de la OIT prevé una protección amplia frente a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

 

Al resolver el asunto, como cuestión previa, la Corte verificó la aptitud sustantiva de la demanda, debido a que la Procuraduría General de la Nación, la Fundación Jacarandas y el Instituto Colombiano de Derecho Procesal solicitaron una decisión inhibitoria. Dichas solicitudes se fundaron, principalmente, (i) en la inexistencia de un parámetro de control vigente, porque el Convenio 190 de la OIT no ha sido ratificado por Colombia ni integrado al bloque de constitucionalidad, y (ii) en la posible derogatoria tácita del parágrafo demandado por el artículo 18 de la Ley 2466 de 2025. En consecuencia, reiteró su jurisprudencia sobre los requisitos mínimos que deben cumplir los cargos de inconstitucionalidad y precisó el trámite constitucional de incorporación de los tratados internacionales al ordenamiento interno. En particular, la Sala Plena señaló que la aprobación legislativa de un tratado internacional no equivale a su perfeccionamiento, no produce por sí sola su entrada en vigor para Colombia y tampoco implica su incorporación definitiva al ordenamiento interno como fuente obligatoria o parámetro de control constitucional.

 

En el caso concreto, la Sala advirtió que el cargo formulado por el demandante se estructuró sobre la premisa de que el artículo 2 del Convenio 190 de la OIT integra actualmente el bloque de constitucionalidad en sentido estricto. Sin embargo, constató que dicho instrumento, aunque fue aprobado mediante la Ley 2528 de 2025, se encuentra pendiente de control automático de constitucionalidad en el expediente LAT-506 y todavía no ha sido ratificado por Colombia ni depositado ante la OIT. Por esa razón, destacó que el Convenio no constituye, en este momento, una norma internacional obligatoria para el Estado colombiano ni un parámetro vigente de control constitucional.

 

Con fundamento en lo anterior, la Sala Plena consideró que la demanda no satisfizo los requisitos de certeza, pertinencia, especificidad y suficiencia. Así, concluyó que en este caso se configuró la ineptitud sustantiva de la demanda por ausencia de un parámetro de control constitucional vigente. En consecuencia, decidió inhibirse para pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad de la norma demandada.

 

I. ANTECEDENTES

 

1. En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución, el ciudadano Juan Felipe Parra Rosas formuló demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 1º de la Ley 1010 de 2006, “por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo”. El demandante consideró vulnerado el artículo 2 del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)[1], aprobado mediante la Ley 2528 de 2025 que, a su juicio, integra el bloque de constitucionalidad a través del artículo 93 superior.

 

2. Mediante Auto del 22 de septiembre de 2025, el despacho sustanciador (e.)[2] inadmitió la demanda en atención a que el concepto de violación planteado no cumplió con los requisitos de especificidad y suficiencia exigidos en la jurisprudencia constitucional[3]. Dentro del término conferido, el demandante presentó el escrito de corrección[4] y mediante providencia del 16 de octubre de 2025[5], se dispuso la admisión del cargo y la práctica de pruebas[6].

 

3. Posteriormente, a través de auto del 2 de diciembre de 2025[7], el magistrado sustanciador requirió la entrega de los elementos de juicio que no habían sido recibidos por esta Corporación.

 

4. Una vez recibidos los referidos documentos[8], en el auto de 6 de febrero de 2026[9], se ordenó continuar con el trámite en el presente proceso, es decir:

 

(i)               Comunicar la iniciación del proceso al presidente del Congreso, al presidente de la República y al ministro del Trabajo.

 

(ii)             Fijar en lista este asunto por el término de diez (10) días para que cualquier ciudadano pueda intervenir por escrito con el fin de defender o impugnar la constitucionalidad de la ley demandada.

 

(iii)          Invitar a participar al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), a la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC), a la Confederación General del Trabajo (CGT), a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), a la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT), a la Federación Nacional de Comerciantes y a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), a la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá y a la Corporación Humanas. Igualmente extender esta invitación a las facultades de derecho de las universidades Sergio Arboleda, Externado de Colombia, del Rosario, Magdalena, Andes, Javeriana, Nacional de Colombia, de Antioquia y de Caldas.

 

(iv)           Correr traslado del proceso al procurador General de la Nación para que emitiera el concepto correspondiente.

 

1.     Norma demandada

 

5. La disposición acusada se destaca en la siguiente transcripción[10]:

 

“LEY 1010 DE 2006

(enero 23)

 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

 

Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo.

 

EL CONGRESO DE COLOMBIA

 

DECRETA:

 

ARTÍCULO 1. Objeto de la ley y bienes protegidos por ella. La presente ley tiene por objeto definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana que se ejercen sobre quienes realizan sus actividades económicas en el contexto de una relación laboral privada o pública.

 

Son bienes jurídicos protegidos por la presente ley: el trabajo en condiciones dignas y justas, la libertad, la intimidad, la honra y la salud mental de los trabajadores, empleados, la armonía entre quienes comparten un mismo ambiente laboral y el buen ambiente en la empresa.

 

PARÁGRAFO: La presente ley no se aplicará en el ámbito de las relaciones civiles y/o comerciales derivadas de los contratos de prestación de servicios en los cuales no se presenta una relación de jerarquía o subordinación. Tampoco se aplica a la contratación administrativa.”

 

2.     La demanda

 

6. El accionante formuló un cargo único de inconstitucionalidad relacionado con la violación del artículo 2 del Convenio 190 de la OIT, el cual, en su criterio, integra el bloque de constitucionalidad en virtud del artículo 93 de la Constitución. Para sustentarlo, el actor indicó que la disposición acusada excluye del ámbito de aplicación de dicha ley de acoso laboral, las relaciones civiles y comerciales derivadas de contratos de prestación de servicios en las que no exista jerarquía o subordinación, así como también la contratación administrativa.

 

7. En ese sentido, el ciudadano sostuvo que el Convenio 190 de la OIT constituye un parámetro directo de control constitucional al integrar el bloque de constitucionalidad, pues regula derechos humanos que no pueden ser suspendidos ni siquiera en estados de excepción. Para el efecto se refirió a las sentencias C-225 de 1995, C-582 de 1999, C-271 de 2007, C-750 de 2008, entre otras.

 

8. A partir de esa premisa, aseguró que el artículo 2 del mencionado instrumento reconoce una protección amplia frente a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, sin restringirla a una modalidad contractual determinada, porque todos los trabajadores autónomos o subordinados pueden enfrentar situaciones de violencia en el empleo bajo las modalidades de acoso laboral descritas en la Ley 1010 de 2006. Esta interpretación se encuentra, además, respaldada por los desarrollos recientes de la jurisprudencia constitucional. Para ello se refirió a las sentencias T-083 de 2010, T-247 de 2010, T-694 de 2013, T-054 de 2018, entre otras.

 

9. Con fundamento en lo anterior, el demandante afirmó que el parágrafo acusado contradice el ámbito de protección del Convenio 190 de la OIT. En su criterio, la Ley 1010 de 2006 excluye a las personas vinculadas mediante relaciones civiles o comerciales derivadas de contratos de prestación de servicios sin subordinación y a quienes se encuentran bajo contratación administrativa, de los mecanismos de prevención, corrección y sanción del acoso laboral. Señaló que dicha exclusión desconoce que todos los trabajadores pueden enfrentar situaciones de violencia o acoso, bajo las modalidades previstas en la Ley 1010 de 2006.

 

10. El accionante agregó que la disposición acusada contrae la protección legal frente al acoso laboral a quienes están en una relación laboral subordinada. En su criterio, esa restricción resulta incompatible con el alcance amplio y garantista del Convenio 190 de la OIT y con los compromisos internacionales asumidos por Colombia en materia de derechos humanos laborales. Por tanto, afirmó que la norma demandada genera una exclusión injustificada de sujetos que también hacen parte del mundo del trabajo.

 

11. En ese sentido, manifestó que la Corte ha señalado que los trabajadores independientes y aquellos contratados a través de contratos de prestación de servicios tienen derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas, lo que implica que sean titulares de mecanismos para protegerse frente a actos de violencia que puedan afectar su actividad.

 

12. El demandante también explicó que la Sentencia C-960 de 2007 no configura cosa juzgada constitucional frente al cargo propuesto. Señaló que, aunque esa providencia estudió la misma disposición, el debate actual no es equivalente. En esa oportunidad, la Corte declaró exequible la expresión “la presente ley no se aplicará en el ámbito de las relaciones civiles y/o comerciales derivadas de los contratos de prestación de servicios en los cuales no se presenta una relación de jerarquía o subordinación”, contenida en el parágrafo del artículo 1 de la Ley 1010 de 2006, en el entendido de que, si en realidad existe una relación laboral, se aplicará la Ley 1010 de 2006. En criterio del accionante, la mencionada providencia resolvió un cargo de igualdad con fundamento en los artículos 1º, 2 y 13 de la Constitución, mientras que la nueva acusación se funda en el en el artículo 2 del Convenio 190 de la OIT, integrado al bloque de constitucionalidad a través del artículo 93 superior. Por esa razón, afirmó que no existe identidad de causa ni de parámetro de control.

 

13. Con sustento en lo anterior, solicitó que la Corte declare inexequible el parágrafo del artículo 1º de la Ley 1010 de 2006. Además, pidió ordenarle al Ministerio del Trabajo que reglamente la operatividad de las normas sobre acoso laboral en las relaciones de empleo no subordinadas, bajo contratos comerciales, civiles o de prestación de servicios.

 

3.     Pruebas

 

14. A continuación, la Sala Plena presenta un resumen de las pruebas recibidas en virtud del recaudo probatorio decretado por este Tribunal Constitucional:

 

 

15. De igual forma, durante el presente trámite de constitucionalidad se recibieron los siguientes escritos:

 

 

4.     Intervenciones

 

16. A continuación, la Sala Plena sintetiza las intervenciones recibidas dentro del término de fijación en lista, a saber:

 

 

5.     Concepto del procurador General de la Nación[25]

 

17. El procurador General de la Nación solicitó a la Corte declararse inhibida para pronunciarse sobre la constitucionalidad del parágrafo del artículo 1º de la Ley 1010 de 2006.

 

18. De manera preliminar, la Vista Fiscal consideró que no existe cosa juzgada constitucional respecto de la Sentencia C-960 de 2007. Señaló que, aunque en ambos procesos se demandó la misma disposición, no se acreditó identidad de causa. De un lado, en la Sentencia C-960 de 2007, la Corte estudió si la exclusión de las relaciones civiles y comerciales derivadas de contratos de prestación de servicios sin jerarquía o subordinación vulneraba el derecho a la igualdad. En cambio, en este asunto, el actor cuestionó la norma por la presunta vulneración del artículo 2 del Convenio 190 de la OIT, en la medida en que el integraría el bloque de constitucionalidad y exigiría extender la protección contra el acoso a todas las personas que trabajan, sin importar su vínculo contractual.

 

19. De otra parte, el Ministerio Público sostuvo que la demanda no satisface los requisitos de especificidad y pertinencia. Explicó que el cargo se funda en el desconocimiento del Convenio 190 de la OIT, pero dicho instrumento aún no ha sido ratificado por Colombia. Indicó que, aunque el tratado fue aprobado por el Congreso mediante la Ley 2528 de 2025, todavía se encuentra pendiente el control constitucional de la ley aprobatoria y del convenio en el expediente LAT-506. Por esa razón, concluyó que el Convenio 190 no forma parte del ordenamiento jurídico interno ni integra el bloque de constitucionalidad. En consecuencia, la demanda no plantea una confrontación específica entre la disposición acusada y una norma constitucional vigente.

 

20. Además, señaló que el parágrafo demandado fue objeto de derogatoria tácita por el artículo 18 de la Ley 2466 de 2025. A su juicio, esa disposición adoptó un régimen amplio de protección frente a la violencia, el acoso y la discriminación en el mundo del trabajo, aplicable a cualquier persona sin importar su situación contractual, incluidos pasantes, aprendices, personas voluntarias, personas en búsqueda de empleo, postulantes y quienes ejercen autoridad o responsabilidades de empleador. En consecuencia, estimó que la exclusión prevista en el parágrafo acusado dejó de existir dentro del ordenamiento jurídico. Con base en lo anterior, concluyó que se configuró una “carencia actual de objeto por sustracción de materia”[26], porque la demanda recae sobre una disposición tácitamente derogada que no produce efectos jurídicos.

 

II. CONSIDERACIONES

 

1. Competencia

 

21. Con fundamento en el artículo 241.4 de la Constitución, la Corte es competente para pronunciarse sobre la constitucionalidad del parágrafo del artículo 1º de la Ley 1010 de 2006.

 

2. Problema jurídico y metodología de la decisión

 

22. Corresponde a la Sala, inicialmente, pronunciarse sobre la aptitud sustantiva de la demanda, dado que la Procuraduría General de la Nación, la Fundación Jacarandas y el Instituto Colombiano de Derecho Procesal solicitaron una decisión inhibitoria debido a i) la inexistencia del parámetro de control invocado porque el Convenio 190 de la OIT no ha sido ratificado por el Estado colombiano, y ii) la posible derogatoria tácita del parágrafo del artículo 1º de la Ley 1010 de 2006 por conducto del artículo 18 de la Ley 2466 de 2025. En ese sentido, la Corte analizará el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la demanda de inconstitucionalidad, acorde con la jurisprudencia constitucional y responderá el siguiente problema jurídico:

 

23. ¿El cargo formulado contra el parágrafo del artículo 1 de la Ley 1010 de 2006 satisface los requisitos de certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia para habilitar un pronunciamiento de fondo, pese a que el accionante propuso como parámetro de control el artículo 2 del Convenio 190 de la OIT?

 

24. Para realizar este examen, la Sala Plena reiterará la jurisprudencia sobre los requisitos mínimos de las demandas de inconstitucionalidad. Luego precisará el trámite de incorporación de los tratados internacionales al ordenamiento interno y el alcance de los convenios internacionales del trabajo como eventual parámetro de control constitucional. Esta cuestión resulta necesaria porque el cargo formulado por el demandante se estructura sobre la premisa de que el artículo 2 del Convenio 190 de la OIT es un parámetro de control constitucional, vía reenvío por el artículo 93 de la Constitución. Lo anterior, dado que dicho instrumento fue aprobado mediante la Ley 2528 de 2025 y, en criterio del actor, integraría el bloque de constitucionalidad en sentido estricto de conformidad con el artículo 93 superior. Agotado lo anterior, la Corte debe examinar la existencia del parámetro de control invocado en el caso concreto.

 

25. Superado este asunto, la Corte resolverá las solicitudes de suspensión del proceso por prejudicialidad formuladas por la Defensoría del Pueblo y por los ciudadanos Miguel Ángel Rodríguez Rico y Sofía Díaz Vargas. Igualmente, solo en el evento en que la demanda resulte apta y no proceda la suspensión, esta Corporación estudiará las demás cuestiones que podrían incidir en un pronunciamiento de fondo. En particular, (i) analizará si la Sentencia C-960 de 2007 configura cosa juzgada constitucional respecto del cargo formulado y (ii) estudiará la vigencia del parágrafo del artículo 1º de la Ley 1010 de 2006 para determinar si la misma fue objeto de derogatoria tácita por parte del artículo 18 de la Ley 2466 de 2025.

 

26. Por último, si se superan estas cuestiones previas, la Sala formulará el problema jurídico y adelantará el juicio de constitucionalidad correspondiente.

 

3. Verificación de los requisitos de aptitud sustantiva de la demanda. Reiteración de jurisprudencia[27]

 

27. La Corte ha señalado que la acción de inconstitucionalidad se caracteriza por ser una herramienta de naturaleza pública e informal y, por tanto, que abandona los excesivos formalismos técnicos y rigorismos procesales en virtud de la prevalencia del derecho sustancial y del interés general^[28]. No obstante, el procedimiento de revisión abstracta rogada consta, por regla general, de una serie de requisitos formales y filtros tratándose del acceso individual directo a la justicia constitucional^[29]. La forma como se aplica ese baremo de acceso es una vía de equilibrio entre la presunción de constitucionalidad de las leyes que deriva del principio democrático y el derecho político a proteger la supremacía constitucional[30].

 

28. Así, el artículo 2^[31] del Decreto Ley 2067 de 1991^[32] señala los requisitos indispensables que debe contener toda demanda de inconstitucionalidad amparada en el numeral 6^[33] del artículo 40 de la Constitución. Se trata de unos requisitos mínimos razonables que buscan hacer viable el derecho de participación política sin transgredir su contenido esencial, pues si no se observan habría lugar a una ineptitud sustantiva de la demanda por ausencia de cargo^[34]. En esa medida, la tarea de este Tribunal “no consiste en construir oficiosa, aislada y unilateralmente las decisiones sobre la constitucionalidad del sistema jurídico, sino en liderar un proceso de construcción colectiva en un asunto esencialmente público, precisando y orientando el debate y la deliberación (…), organizando y sistematizando los insumos que resulten de este proceso de reflexión colectiva, valorando y sopesando las distintas opciones y alternativas que surgen (…) y, finalmente, adoptando una decisión”^[35].

 

29. De esta forma, a partir de la democracia participativa que anima la Constitución^[36], la exigencia de unas condiciones argumentativas mínimas no puede entenderse como una limitación a los derechos políticos del ciudadano, por cuanto “lo que se persigue al identificar el contenido de la demanda de inconstitucionalidad, es fijar unos elementos que informen adecuadamente al juez para poder proferir un pronunciamiento de fondo”^[37], lo cual “supone como mínimo la exposición de razones conducentes para hacer posible el debate”^[38].

 

30. Según el régimen procedimental constitucional, son tres los elementos que cualquier ciudadano debe cumplir con precisión al ejercer la acción de inconstitucionalidad^[39], a saber:

 

 

31. Sobre las razones de la inconstitucionalidad, esta Corporación ha interpretado que la efectividad del derecho político a interponer acciones públicas en defensa de la Constitución dependerá de que satisfagan los siguientes presupuestos básicos^[41]:

 

 

32. La Corte ha indicado que^[43] “está fuera de su alcance ´tratar de reconducir el alegato del accionante hasta lograr estructurar un cargo dotado de la suficiente idoneidad para provocar un pronunciamiento de fondo´^[44]  y, en ese sentido, no puede ´reelaborar, transformar, confeccionar o construir los planteamientos esbozados en la demanda con el propósito de que cumplan los requisitos mínimos exigidos por la jurisprudencia constitucional para que la misma Corte se pronuncie de fondo´^[45]”.

 

33. En todo caso, la apreciación del cumplimiento de tales requerimientos debe hacerse con sujeción al principio pro actione, conforme al cual “el rigor en el juicio que aplica la Corte al examinar la demanda no puede convertirse en un método de apreciación tan estricto que haga nugatorio el derecho reconocido al actor y que la duda habrá de interpretarse a favor del demandante, es decir, admitiendo la demanda y fallando de fondo”^[46].

 

34. El empleo de tal principio no habilita a esta Corporación “para corregir o aclarar equívocos, aspectos confusos o ambigüedades que surjan de las demandas^[47]”. Para este Tribunal, su aplicación “no puede llevar a que se declare la exequibilidad ante una demanda que no presente suficientes argumentos, cerrando la puerta para que otro ciudadano presente una acción que sí cumpla con las condiciones para revisarla”^[48]. No es factible sustituir al accionante como si se tratara de un control de oficio y, por tanto, “no puede llegar al extremo de suplantar al actor en la formulación de los cargos, ni de determinar por sí misma (…) el concepto de la violación”^[49].

 

35. Ello tiene fundamento en la naturaleza excepcional del control automático de constitucionalidad, que se ha reflejado también en el carácter extraordinario de la integración normativa^[50], así como en la imposibilidad inicial de realizar un juicio a partir de cargos independientes propuestos por los intervinientes en el proceso^[51].

 

36. La posibilidad de adoptar finalmente una decisión inhibitoria^[52] respecto de una demanda que ha sido previamente admitida está presente y resulta válida, ya que “el hecho de que se supere esa primera mirada, que es sumaria, no impone un pronunciamiento de fondo, pues finalmente es en la Sala Plena, integrada por todos sus magistrados, en quien recae la competencia de proferir una sentencia, en donde se determina, previo un debate deliberativo, si la demanda es apta o no, contando con la intervención además de quienes hayan sido convocados y del Ministerio Público”^[53].

 

4. La adopción de los tratados internacionales por el Estado colombiano. Reiteración de jurisprudencia[54]

 

37. La adopción de tratados internacionales por el Estado colombiano es un acto complejo en el que intervienen las tres ramas del poder público a partir del respeto de su independencia y autonomía. Así las cosas, en dicho trámite se desarrollan las siguientes etapas:

 

38. Negociación y suscripción del instrumento internacional. Corresponde al Gobierno nacional, bajo la dirección del presidente de la República, conducir las relaciones internacionales y celebrar tratados, de conformidad con el artículo 189.2 de la Constitución. La representación del Estado para estos efectos se rige por el artículo 7 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969[55], disposición que contempla tanto la representación mediante plenos poderes como aquellos eventos en los que, en virtud de sus funciones, determinadas autoridades representan al Estado sin necesidad de acreditarlos[56].

 

39. Aprobación del convenio por el Congreso mediante ley. Corresponde al Congreso aprobar o improbar los tratados internacionales celebrados por el Gobierno mediante ley aprobatoria -artículo 150.16 C. Pol.-, surtiendo los cuatro debates, anuncios previos y quórum exigidos. Conforme lo ha señalado este Tribunal, el límite del Congreso de la República en esta materia se refiere a la imposibilidad de que dicho órgano modifique o altere^[57] el contenido del instrumento internacional acordado por el Ejecutivo, pero sí está facultado para aprobar o improbar parcialmente los tratados, en atención a lo dispuesto bajo el artículo 217 de la Ley 5ª de 1992. Una vez finalizada esta etapa, el trámite debe volver al Gobierno para la sanción presidencial respectiva y la remisión de la ley aprobatoria a este Tribunal para su revisión automática.

 

40. Control de constitucionalidad posterior y automático del tratado y de su ley aprobatoria por parte de la Corte Constitucional -artículo 241.10 C. Pol.-. Esta Corporación ha precisado que el control es previo al perfeccionamiento del tratado, y posterior a la ley aprobatoria expedida por el Congreso. Por lo demás, su alcance es automático, integral y preventivo. También ha señalado que ese control tiene fuerza de cosa juzgada absoluta y constituye un requisito necesario para la ratificación del instrumento internacional, precisamente porque busca garantizar la supremacía constitucional antes de que el Estado asuma definitivamente obligaciones internacionales[58].

 

41. Además, la revisión constitucional que ejerce esta Corte consiste en un estudio eminentemente jurídico que no se ocupa de “revisar las ventajas, beneficios u oportunidades prácticas del tratado a nivel económico o social, ni tampoco su conveniencia política, por tratarse de reflexiones que le competen al presidente de la República y al Congreso, respectivamente”[59], sino que supone la valoración de exigencias formales y materiales.

 

42. Perfeccionamiento del instrumento por el presidente de la República, acto con el cual el tratado queda perfeccionado y los compromisos resultan exigibles tanto en el ámbito internacional como en el doméstico. El artículo 11 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, dispone las siguientes formas para tal efecto: “Formas de manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado podrá manifestarse mediante la firma, el canje de instrumentos que constituyan un tratado, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión, o en cualquier otra forma que se hubiere convenido”.

 

43. Además, en atención a lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7 de 1944, la vigencia de los tratados, acuerdos, convenios, convenciones, arreglos u otros actos internacionales en el ordenamiento interno está sujeta a que los mismos sean perfeccionados por el Gobierno “mediante el canje de ratificaciones o el depósito de los instrumentos de ratificación, u otra formalidad equivalente”. En tal sentido, la Corte ha reiterado que “la ley rige desde el momento en que se perfeccione el vínculo internacional respectivo, precisión que responde a lo dispuesto en general por el derecho internacional y la Constitución en materia de leyes aprobatorias de tratados internacionales”[60]. Por ende, la ley entra en rigor una vez se perfeccione el vínculo internacional respectivo, conforme a lo dispuesto por el derecho internacional y la Constitución en materia de leyes aprobatorias de tratados internacionales[61].  

 

44. A partir de lo anterior, la Sala Plena desprende una consecuencia relevante para este proceso: la aprobación legislativa de un tratado no equivale a su perfeccionamiento. Tampoco comporta, por sí sola, su entrada en vigor para Colombia ni su incorporación definitiva al ordenamiento interno como fuente obligatoria. La ley aprobatoria permite que el instrumento avance dentro del trámite constitucional interno, pero no agota el proceso de formación del consentimiento internacional del Estado. Por esa razón, la Corte ha distinguido expresamente entre la aprobación del Congreso, la revisión automática de constitucionalidad y las actuaciones posteriores de ratificación, canje, depósito, aceptación, aprobación o adhesión que perfeccionan el tratado y permiten su entrada en vigencia[62].

 

45. Esta regla resulta igualmente aplicable a los convenios internacionales del trabajo. Su aprobación mediante ley constituye una etapa del procedimiento interno, pero no determina, por sí sola, que el instrumento sea obligatorio para Colombia. Mientras no se perfeccione el vínculo internacional en los términos previstos por el ordenamiento jurídico y por el propio instrumento, el convenio no puede tenerse como una fuente internacional obligatoria para el Estado colombiano[63].

 

5. En el presente asunto procede una decisión inhibitoria, porque la demanda carece de un parámetro de control constitucional vigente y aplicable

 

46. En este caso, el cargo admitido se dirige contra el parágrafo del artículo 1º de la Ley 1010 de 2006. El actor sostuvo que esa disposición desconoce el artículo 2 del Convenio 190 de la OIT, aprobado mediante la Ley 2528 de 2025 que, a su juicio, está integrado al bloque de constitucionalidad a través del artículo 93 superior. A partir de esa norma, afirmó que la protección contra la violencia y el acoso en el mundo laboral debe cobijar a todas las personas que trabajan, con independencia de su situación contractual.

 

47. En las intervenciones, el Instituto Colombiano de Derecho Procesal y la Fundación Jacarandas solicitaron expresamente una decisión inhibitoria. En términos generales, indicaron que la demanda no cumple los requisitos mínimos para emitir un pronunciamiento de fondo, porque el cargo se estructura a partir del artículo 2 del Convenio 190 de la OIT, instrumento que, aunque fue aprobado mediante la Ley 2528 de 2025, no ha sido ratificado por Colombia ni integrado al bloque de constitucionalidad. Por esa razón, consideraron que la acusación carece de un parámetro constitucional vigente.

 

48. En similar sentido, el Procurador General de la Nación solicitó la inhibición. Sostuvo que la demanda no satisface los requisitos de especificidad y pertinencia, ya que invoca como parámetro de control un tratado que aún no forma parte del ordenamiento interno. Además, advirtió que el parágrafo demandado habría sido derogado tácitamente por el artículo 18 de la Ley 2466 de 2025, lo cual configuraría una “carencia actual de objeto por sustracción de materia”[64].

 

49. De esta manera, la Sala Plena procede a examinar si la demanda satisface los requisitos indispensables para una decisión de fondo, a partir de la metodología planteada por la Corte. Al respecto, la Corte encuentra que, si bien la demanda superó inicialmente la fase de admisión, es factible advertir que adolece de los requisitos mínimos sustanciales para un pronunciamiento de fondo, una vez se han agotado las fases probatoria, de intervención ciudadana y concepto del procurador general de la Nación^[65].

 

50. Análisis del cargo formulado por el demandante. El cargo presentado por el demandante parte de dos premisas. La primera consiste en afirmar que el Convenio 190 de la OIT se encuentra actualmente vigente y es obligatorio para Colombia. La segunda consiste en sostener que su artículo 2 integra el bloque de constitucionalidad en sentido estricto y, por tanto, puede operar como parámetro directo de control. Ninguna de esas premisas se encuentra acreditada en este momento.

 

51. A juicio del accionante, el artículo 2 del Convenio 190 de la OIT constituye un parámetro de control constitucional, porque dicho instrumento fue aprobado mediante la Ley 2528 de 2025 y, por esa vía, integraría el bloque de constitucionalidad en sentido estricto por virtud del artículo 93 superior. Con base en esto, el actor manifestó que el parágrafo del artículo 1 de la Ley 1010 de 2006 desconoce el ámbito de protección previsto en el Convenio, pues excluye de las medidas contra el acoso laboral a las personas vinculadas mediante relaciones civiles, comerciales o de contratación administrativa sin subordinación.

 

52. No obstante, como se explicó, la aprobación legislativa no equivale al perfeccionamiento del tratado ni produce automáticamente su entrada en vigor. Antes de este trámite, el instrumento puede haber sido aprobado internamente por el Congreso de la República, pero todavía no constituye una norma internacional obligatoria para Colombia, así como tampoco un parámetro de control constitucional.

 

53. En efecto, al momento de este pronunciamiento, la Corte adelanta el control automático de constitucionalidad de la Ley 2528 de 2025, mediante la cual se aprobó el Convenio 190 de la OIT, en el expediente LAT-506. Esa circunstancia es relevante, porque el parámetro invocado por el actor no es la misma norma examinada en aquel proceso (Ley 2528 de 2025 aprobatoria del Convenio 190 de la OIT), sino el artículo 2 del instrumento internacional. Sin embargo, dicho Convenio aún no ha completado las etapas requeridas para obligar internacionalmente al Estado colombiano, ni para producir efectos como parámetro de control constitucional.

 

54. Incluso, la eventual declaratoria de exequibilidad de la Ley 2528 de 2025 no implicaría, por sí sola, que el Convenio entre automáticamente en vigor, produzca efectos jurídicos internos u opere como parámetro normativo de control. Para ello se requiere, además, el perfeccionamiento y el depósito del instrumento de ratificación ante la OIT, así como la determinación expresa por la Corte sobre lo que hace parte del bloque de constitucionalidad[66].

 

55. Sobre el primer punto, es decir, sobre el perfeccionamiento del instrumento internacional, la Sala Plena además precisa que, conforme a lo establecido en el artículo 14[67] del Convenio 190 de la OIT, este entrará en vigor doce (12) meses después de que dos Miembros hayan ratificado el mismo ante el director general de ese organismo. Con posterioridad a lo anterior, el Convenio cobrará vigencia para cada Estado doce (12) meses después del registro de su ratificación. Bajo tal contexto, los dos Estados que, en primer término, ratificaron el Convenio fueron Uruguay (12 de junio de 2020) y Fiyi (25 de junio de 2020)[68], por lo que la vigencia general del cuerpo normativo inició el 25 de junio de 2021.

 

56. Empero, para el caso específico de Colombia, no se ha surtido por completo el trámite de perfeccionamiento, comoquiera que se encuentra en curso el control constitucional posterior y automático del Convenio 190 y su ley aprobatoria (expediente LAT-506) que se halla en fase de fijación en lista y no ha surtido ninguna etapa procesal posterior[69] (concepto del procurador, registro y decisión por la Sala Plena).

 

57. Así las cosas, posterior a la expedición de la sentencia por parte de este Tribunal, el perfeccionamiento del vínculo internacional y el registro la ratificación por parte del Gobierno ante la Dirección General de la OIT, el Convenio 190 entrará en vigencia doce (12) meses más tarde, lo que a todas luces demuestra que el parámetro de control constitucional invocado en esta oportunidad no está vigente, dado que no ha sido perfeccionado por Colombia y no existe una declaración de la Corte en la que indique que hace parte del bloque estricto de constitucionalidad. En consecuencia, es inaplicable.

 

58. Con base en lo anterior, la Sala advierte que la acusación presentada por el demandante no satisface los requisitos de pertinencia, especificidad y suficiencia, porque se apoya esencialmente en un parámetro de control que no existe actualmente para efectos del juicio abstracto de constitucionalidad propuesto.

 

59. Esta deficiencia incide, en primer lugar, en el requisito de pertinencia. Las razones de inconstitucionalidad deben fundarse en normas constitucionales vigentes o en parámetros que puedan ser empleados dentro del control abstracto. En este caso, el actor se apoyó en el artículo 2 del Convenio 190 de la OIT, invocado como integrante del bloque de constitucionalidad. Sin embargo, ese instrumento no ha sido ratificado por Colombia ni la Corte ha determinado que integre el bloque de constitucionalidad como parámetro directo de control. Además, incluso si llegara a ser perfeccionado, esa sola circunstancia no lo convertiría automáticamente en parámetro de constitucionalidad, pues podría incorporarse a la legislación interna, operar como criterio hermenéutico o integrar el bloque de constitucionalidad en sentido lato, según su contenido y el alcance que defina esta Corporación. Por tanto, la acusación no plantea una censura propiamente constitucional, sino una confrontación entre la norma legal demandada y un instrumento internacional que aún no vincula al Estado.

 

60. La Corte encuentra que la misma falencia compromete el requisito de especificidad. El actor debía mostrar una oposición objetiva y directa entre la norma acusada y un parámetro constitucional vigente. No obstante, la contradicción planteada solo surge si se acepta previamente que el artículo 2 del Convenio 190 de la OIT ya integra el bloque de constitucionalidad, lo cual no está acreditado.

 

61. Sobre el particular, la demanda no confronta el parágrafo demandado con una norma superior actualmente vigente, sino con una disposición internacional cuya obligatoriedad para Colombia depende de actuaciones posteriores al control constitucional de su ley aprobatoria. En esas condiciones, el cargo no permite identificar una contradicción constitucional verificable y actual.

 

62. En la Sentencia C-401 de 2005, la Corte concluyó que “la inclusión de los convenios internacionales del trabajo dentro del bloque de constitucionalidad debe hacerse de manera diferenciada y fundamentada. Si bien todos los convenios internacionales del trabajo ratificados por Colombia forman parte de la legislación interna, varios integran también el bloque de constitucionalidad, en sentido lato o en sentido estricto. (…) Ello sugiere que para establecer cuáles convenios ratificados por Colombia integran el bloque de constitucionalidad es necesario que la Corte proceda a decidirlo de manera específica, caso por caso, tal como lo ha venido haciendo en las sentencias anteriormente citadas. (…) Así, pues, hacen parte del bloque de constitucionalidad aquellos convenios que la Corte, después de examinarlos de manera específica, determine que pertenecen al mismo, en atención a las materias que tratan. De esta manera, los convenios internacionales del trabajo hacen parte del bloque de constitucionalidad cuando la Corte así lo haya indicado o lo señale en forma específica”[70].

 

63. Esta conclusión no desconoce que el Convenio 190 de la OIT pueda tener relevancia futura para la interpretación del alcance de la protección frente a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Tampoco implica anticipar el resultado del control automático que se surte en el expediente LAT-506. En el presente asunto, el demandante invocó el artículo 2 del Convenio como parámetro directo y actual de control constitucional debido a que estima que hace parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto. Sin embargo, la Sala aclara que esa norma hasta el momento no integra el bloque de constitucionalidad en sentido estricto. Por tanto, la Corte no puede adelantar el juicio de fondo en los términos propuestos y asumir como vigente una obligación internacional que todavía no existe para el Estado colombiano.

 

64. Aunado a lo anterior, la eventual decisión que se profiera en el expediente LAT-506 definirá la constitucionalidad de la Ley 2528 de 2025 y del tratado aprobado. Sin embargo, ese pronunciamiento no agota el trámite de perfeccionamiento ni determina, por sí mismo, la entrada en vigor del Convenio para Colombia y su integración al bloque estricto de constitucionalidad. Por esa razón, el cargo no logra construir una confrontación constitucional específica entre el parágrafo demandado y una norma superior actualmente aplicable.

 

65. Con todo, el cargo tampoco satisface el requisito de suficiencia. La demanda no aporta los elementos necesarios para generar una duda mínima sobre la constitucionalidad del parágrafo acusado, porque esa duda depende de la existencia de un parámetro que aún no tiene operatividad normativa. La duda constitucional no puede construirse sobre una hipótesis futura e incierta, esto es, que el Convenio 190 sea declarado exequible, ratificado por el presidente, depositado ante la OIT y, finalmente, integrado al bloque estricto de constitucionalidad. En ausencia de ese presupuesto, la Corte no cuenta con los presupuestos necesarios para iniciar el juicio de constitucionalidad.

 

66. En línea con lo anterior, un pronunciamiento de fondo obligaría a la Corte a asumir como vigente una obligación internacional que todavía no existe para el Estado colombiano y su integración al bloque de constitucionalidad o a reconstruir de oficio el cargo con fundamento en normas constitucionales que el actor no desarrolló como parámetro autónomo. Esta última opción no es admisible en un juicio de constitucionalidad rogado, pues desplazaría la carga argumentativa que corresponde al ciudadano.

 

67. En suma, el control abstracto exige que el cargo se formule a partir de un parámetro constitucional vigente. En consecuencia, como el artículo 2 del Convenio 190 de la OIT no ha sido ratificado por Colombia y, por tanto, no es vinculante para el Estado colombiano. Así las cosas, la acusación no cumple los requisitos de pertinencia, especificidad y suficiencia, por lo que, procede una decisión inhibitoria por ineptitud sustantiva de la demanda.

 

68. Adicionalmente, la Sala encuentra incumplido el presupuesto de certeza, en tanto la demanda no abordó el contenido normativo real y verificable de la disposición acusada en tanto no se analizaron los condicionamientos efectuados por este Tribunal en la Sentencia C-960 de 2007. Dicho fallo moduló los efectos de la norma ahora demandada para expandirla a todos los eventos en los que hubiese una “relación laboral” real. En el asunto de la referencia, el demandante se limitó a considerar la sentencia a efectos de descartar la posible cosa juzgada, aduciendo que en esta oportunidad se incluyó un parámetro de control que no fue tenido en cuenta en el año 2007; sin embargo, no consideró que en dicha decisión la Corte amplió los efectos del acoso laboral, lo que le exigía interpretar la norma no solo a partir del tenor literal de la disposición, sino incluyendo el alcance que le dio la citada sentencia C-960 de 2007.

 

69. En el mismo sentido, la Corte advierte que el actor no contrastó el alcance del parágrafo del artículo 1º de la Ley 1010 de 2006 demandado, frente a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 2466 de 2025[71]. En efecto, una lectura sistemática de la Ley 2466 de 2025 podría llevar a inferir la existencia de un cambio normativo respecto del concepto de violencia “en el mundo del trabajo”, lo cual impactaría el alcance de la norma acusada que propone el demandante. Por consiguiente, la parte accionante omitió valorar el contenido real y verificable de la disposición impugnada a partir de la interpretación sistemática de la misma a partir de las modificaciones normativas incorporadas en la Ley 2466 de 2025 por medio de la cual se adoptó la reforma laboral.  

 

70. En relación con este punto, la Sala Plena aclara que no se pronunciará sobre la posible derogatoria tácita del parágrafo demandado, planteada por el Procurador General de la Nación a partir del artículo 18 de la Ley 2466 de 2025. Si bien ese planteamiento fue expuesto como una razón adicional para justificar una decisión inhibitoria, el examen de aptitud sustantiva resulta suficiente para resolver el presente asunto. En efecto, una vez se constata el incumplimiento de los presupuestos de certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia del cargo de constitucionalidad, no es necesario avanzar hacia el análisis sobre la vigencia o los eventuales efectos actuales de la disposición acusada.

 

71. Ese análisis no resulta indispensable para adoptar la decisión en este proceso. La inhibición se funda en la ineptitud sustantiva de la demanda por ausencia de parámetro de control constitucional, de modo que cualquier consideración sobre la derogatoria tácita sería innecesaria y no modificaría el sentido de la decisión.

 

72. Definida la ineptitud sustantiva de la demanda, corresponde a la Sala inhibirse de una decisión de fondo en el asunto de la referencia. Sin perjuicio de lo anterior, como cuestión final, resolverá las solicitudes de suspensión del proceso por prejudicialidad presentadas por la Defensoría del Pueblo y los ciudadanos Miguel Ángel Rodríguez Rico y Sofía Díaz Vargas. Como se reseñó en los antecedentes de esta providencia, los solicitantes consideraban que el trámite debía suspenderse hasta que la Corte decida el control automático de constitucionalidad de la Ley 2528 de 2025 y del Convenio 190 de la OIT dentro del expediente LAT-506.

 

6. Cuestión final. Solicitudes de suspensión del proceso por prejudicialidad

 

73. Como se reseñó en los antecedentes de esta providencia (supra f.j. 15), la Corte recibió dos solicitudes de suspensión del proceso por prejudicialidad allegadas por la Defensoría del Pueblo[72] y los ciudadanos Miguel Ángel Rodríguez Rico y Sofía Díaz Vargas[73]. Los mencionados escritos hicieron referencia a que procedía la suspensión en tanto se encontraba en trámite el expediente LAT-506, en el cual se realiza el control posterior y automático de la Ley 2528 de 2025 aprobatoria del Convenio 190 de la OIT invocado como parámetro de constitucionalidad en el asunto de la referencia.

 

74. El Decreto Ley 2067 de 1991, normativa procedimental de los juicios de control abstracto que se adelantan ante este Tribunal, no establece ninguna regla en relación con la prejudicialidad. En ese contexto, la jurisprudencia constitucional[74] ha avalado el reenvío a las normas de procedimiento civil ante el mencionado vacío regulatorio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º del Código General del Proceso -en adelante CGP-[75]. En concreto, el artículo 161 del CGP establece la procedencia de la suspensión del proceso antes de dictar fallo, a solicitud de parte: “[c]uando la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de lo que se decida en otro proceso judicial que verse sobre cuestión que sea imposible de ventilar en aquel como excepción o mediante demanda de reconvención. (…)”.

 

75. Al respecto, este Tribunal ha indicado que el proceso de constitucionalidad ostenta un carácter público y de control abstracto, en el cual no existen partes, lo cual “no obsta para que el juez, en este caso la Sala Plena de la Corte Constitucional, ejerza su función constitucional y legal de dirección de ese procedimiento y adelante las acciones tendientes a asegurar el cumplimiento de sus finalidades”[76].

 

76. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha establecido que, tratándose de procesos de constitucionalidad, solo procede de oficio la declaratoria de prejudicialidad cuando la Sala evidencie que el estudio de una norma depende de lo decidido en otro asunto de control abstracto[77]. Por consiguiente, la Corte ha reiterado que “las suspensiones a petición de parte no son procedentes, porque el juicio de constitucionalidad tiene un carácter autónomo frente a otros procesos judiciales y no depende de las actuaciones dadas en esas instancias judiciales, pero, además, porque se busca evitar que se habilite una herramienta que pueda atentar contra la economía y celeridad procesal que caracterizan a este proceso”[78].

 

77. En esos términos, las solicitudes presentadas por la Defensoría del Pueblo y los ciudadanos Miguel Ángel Rodríguez Rico y Sofía Díaz Vargas deben rechazarse por ser improcedentes. En efecto, en los procesos de control abstracto no proceden las solicitudes de suspensión por prejudicialidad a petición de parte. Además, aunque la Corte puede valorar de oficio la necesidad de suspender un proceso cuando advierta que la decisión depende necesariamente de otro asunto de constitucionalidad[79], en este caso no hay lugar a ello. En efecto, el presente asunto (expediente D-16857) no depende de lo que se resuelva en el LAT-506 porque (i) el parámetro de control constitucional invocado en la demanda, es decir, el artículo 2 del Convenio 190 de la OIT no es vinculante para el Estado colombiano, de conformidad con lo que se explicó en los párrafos anteriores; (ii) en todo caso, la validez del parágrafo del artículo 1 de la Ley 1010 de 2006 (norma demandada en este proceso) no está sujeto a la vigencia de la Ley 2528 de 2025, es decir, no existe una relación de interdependencia entre ambas normas; (iii) el pronunciamiento que se emita en el expediente LAT-506 no agota en su totalidad el trámite de incorporación del Convenio 190 de la OIT al ordenamiento jurídico interno ni determina, por sí mismo, su entrada en vigor; y (iv) aunque la Corte Constitucional declare la constitucionalidad del Convenio 190 de la OIT y la exequibilidad de la Ley 2528 de 2025, ello no implica que automáticamente este se integre al bloque de constitucionalidad y, por ende, se convierta en un parámetro de control de las normas internas.

 

78. Así las cosas, la duda constitucional planteada por la demanda no puede edificarse sobre una hipótesis futura e incierta, consistente en que el Convenio sea declarado exequible, ratificado por el presidente de la República, depositado ante la OIT y, finalmente, integrado al bloque de constitucionalidad en sentido estricto. Como se explicó, la pretensión de inconstitucionalidad se apoya en un parámetro que no es vinculante para el Estado colombiano mientras no agote el trámite constitucional previsto para la integración de los tratados internacionales al ordenamiento jurídico, en especial teniendo en cuenta que no ha culminado el control constitucional previo y la ratificación presidencial, por lo que no es posible considerar de forma alguna que el Convenio 190 de la OIT constituye parámetro de control constitucional. Por esa razón, la decisión que se profiera en el expediente LAT-506 no constituye un presupuesto indispensable para resolver este proceso. La duda planteada por el accionante no puede edificarse sobre una circunstancia futura consistente en que el Convenio culmine las etapas necesarias para obligar al Estado colombiano. En consecuencia, no se configura una relación de dependencia que justifique la suspensión del trámite por prejudicialidad.

 

III. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

 

RESUELVE:

 

PRIMERO. INHIBIRSE para pronunciarse de fondo respecto del parágrafo del artículo 1 de la Ley 1010 de 2006, por ineptitud sustantiva de la demanda.

 

SEGUNDO. RECHAZAR por improcedentes las solicitudes de suspensión por prejudicialidad formuladas dentro del presente proceso.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Presidenta

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

 

 

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO

Magistrado

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ

Magistrada

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

Ausente con excusa

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General