REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

-Sala Cuarta de Revisión-

 

SENTENCIA T-299 DE 2026

 

Referencia: expediente T-11.644.707

 

Asunto: acción de tutela interpuesta por Fernando, en calidad de agente oficioso de Mauricio, contra el Juzgado Promiscuo de Familia

 

Tema: defectos por violación directa de la Constitución y procedimental absoluto por desconocimiento del derecho de niños, niñas y adolescentes a ser escuchados en decisiones que los afecten

 

Magistrado ponente:

Juan Carlos Cortés González

 

Bogotá D.C., once (11) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

 

La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez y los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Juan Carlos Cortés González, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la presente

 

SENTENCIA

 

En el trámite de revisión del fallo de tutela adoptado el 17 de septiembre de 2025, por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó la decisión emitida el 4 de agosto de 2025 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial, que negó el amparo.

 

Aclaración previa

 

La Sala Cuarta de Revisión mantendrá la anonimización dispuesta por la Sala de Selección Número Doce, mediante Auto del 18 de diciembre de 2025. Por lo tanto, esta versión sigue las reglas para la difusión a la ciudadanía y los canales de la Corte Constitucional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síntesis de la decisión

 

 

 

 

 

I. ANTECEDENTES

 

1.     Hechos relevantes del caso y de la acción de tutela

 

1. Contexto previo a la acción de tutela. Mauricio nació el 5 de febrero de 2015, por lo que en la actualidad tiene 11 años. A los dos meses de nacido, es decir, en abril de 2015, Alejandra y Ariel comparecieron ante la Notaría Única para registrarlo como su hijo[1]. Ocho años después, esto es, en septiembre de 2023, la Defensoría de Familia, abrió trámite administrativo de restablecimiento de derechos de Mauricio. Esto, por la solicitud de restablecimiento de derechos presentada por Zulma y Zaid, quienes adujeron ser los padres biológicos del niño e invocaron su protección, ante la necesidad de reunificación familiar como firmantes de paz. El defensor ordenó la práctica de pruebas, entre ellas, la realización de una entrevista al niño e informes de seguimiento al caso, los cuales sugirieron que el niño ha vivido en un entorno familiar que él quiere, reconoce como propio y le brinda cuidado y amor. En los informes también se dejó constancia de medidas provisionales de apoyo psicológico especializado, ante la inestabilidad emocional que le produjo la información sobre su origen familiar dada por sus padres biológicos[2].

 

2. Demanda[3]. En el curso de dicho proceso administrativo de restablecimiento de derechos, el 8 de febrero de 2024, el Defensor de Familia presentó la demanda de impugnación e investigación de la paternidad y maternidad en contra de Alejandra, Ariel, Zulma y Zaid. El defensor solicitó que se declarara a Mauricio como hijo de Zulma y Zaid y, en consecuencia, que se hiciera la respectiva anotación en su registro civil de nacimiento. La demanda narró que Zulma y Zaid son firmantes del Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado colombiano y la exguerrilla de las FARC-EP y, en esa condición, alegaron reunificación familiar. Según el escrito, estas personas, por condiciones de seguridad y riesgo contra su vida y la de Mauricio, dejaron al niño al cuidado de Alejandra -sobrina de Zaid- y Ariel, mientras resolvían su situación jurídica. Sin embargo, Alejandra y Ariel registraron al niño como su hijo, sin consentimiento de sus padres biológicos.

 

3. Tras resolver su situación jurídica en virtud del Acuerdo de Paz, lo que según narra la demanda aconteció el 5 de febrero de 2021, Alejandra y Ariel se negaron a permitirles un contacto con el niño y su entrega. En la demanda también se afirmó que los presuntos padres biológicos no perdieron el vínculo con el niño y respondían económicamente por aquel. El 9 de febrero de 2024, el Juzgado Promiscuo de Familia admitió la demanda, ordenó de manera oficiosa la prueba de ADN, así como notificar al personero y correr traslado de la demanda[4], de conformidad con el trámite del proceso verbal previsto en el artículo 368 del Código General del Proceso (CGP).

 

4. Mediante apoderado judicial, Zulma y Zaid coadyuvaron la demanda. Agregaron que ellos han tenido una relación socioafectiva con el niño y que no quieren que su situación personal y condiciones de seguridad lo afecten, pero que actuaron en su nombre con el propósito de que reconozca y construya una verdadera identidad. Alegaron que en la actualidad el niño los rechaza, pues se pretende destruir cualquier vínculo psicológico y afectivo por su antigua condición de guerrilleros.

 

5. Por su parte, Alejandra y Ariel, mediante apoderada judicial, se opusieron a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, plantearon las excepciones de “posesión notoria del estado de hijo”[5], “declaración de “hijo de crianza” y “excepción genérica en atención al interés superior del niño[6]. Confirmaron que Alejandra es sobrina por la línea paterna de Zaid; sin embargo, controvirtieron que el niño hubiera sido entregado simplemente para el cuidado. Explicaron que acordaron con los padres biológicos su entrega con la intención de registrarlo como su hijo. Negaron que los presuntos padres biológicos respondieran económicamente por el niño y señalaron que, si bien tenían una relación socioafectiva, la misma era consecuencia de que el niño los reconocía como tíos. Agregaron que, sin su consentimiento ni acompañamiento, le informaron a Mauricio su origen familiar, lo que desencadenó un proceso de inestabilidad emocional en aquel. Por eso, solicitaron que se reconozca a Mauricio el estado civil de hijo de crianza y se adopten las medidas necesarias para el respeto de su realidad socioafectiva, en el proceso de filiación.

 

6. Decisión judicial recurrida. A las 2:34 p.m. del 1° de julio de 2025, el Juzgado Promiscuo de Familia comenzó la audiencia inicial dispuesta en el artículo 372 del CGP para procesos verbales. A dicha audiencia comparecieron los demandados, sus apoderados judiciales y el defensor de familia. Desde un inicio, la jueza aclaró que el estado civil no era un asunto disponible por las partes, pero propuso una “fórmula de conciliación”[7] para efectos de poder “hablar con las partes”[8]. La jueza expuso que durante la conciliación “se [suspendería] la grabación, puesto que las propuestas que se hagan o lo que se diga por parte de la jueza, las partes o los apoderados no puede ser tenida en cuenta (…) para dictar una sentencia ni puede significar prejuzgamiento”[9].

 

7. La grabación de la audiencia se retomó a las 4:29 p.m. de ese día. La jueza manifestó que “luego de un amplio diálogo entre las partes, sus apoderados y coadyuvados por el (…) defensor de familia, [lograron] construir un acuerdo que [les permite] dar por terminado el proceso de manera anticipada”[10]. La jueza dejó constancia de que “el acuerdo al que [llegaron las partes] con la intervención de sus apoderados y la coadyuvancia del defensor de familia obedece al principio del interés superior del menor”[11]. Resaltó que “si bien la filiación es una institución de orden público que constituye un elemento fundamental en la vida jurídica y personal de cualquier individuo, no puede desconocerse los lazos afectivos, el amor y el cuidado construido a lo largo del tiempo a través de vínculos de hecho”[12].

 

8. La jueza expuso que “el acuerdo al que las partes [llegaron] se encuentra ajustado a derecho”[13]. Argumentó que la filiación es un vínculo jurídico que une a los hijos con su padre o madre, que consiste en una relación de parentesco establecida biológicamente o por adopción. Para el caso, la prueba de ADN demostró la alta probabilidad de que Zulma y Zaid sean los padres biológicos de Mauricio. Sin embargo, el legislador se ha orientado a proteger a todos los hijos, sean matrimoniales o extramatrimoniales. Por lo tanto, el acuerdo de las partes se “ajusta al derecho procesal y sustancial”[14].

 

9. En consecuencia, el Juzgado Promiscuo de Familia (i) declaró que Mauricio no es hijo de Alejandra y Ariel; (ii) los padres biológicos de Mauricio son Zulma y Zaid, por lo tanto, (iii) en lo sucesivo su nombre será Mauricio con otros apellidos. También ordenó que (iv) la patria potestad sea ejercida por los padres biológicos, quienes deberán suministrar una cuota alimentaria mensual. Sin embargo, (v) la custodia y cuidado personal estará a cargo de Alejandra y Ariel. En relación con (vi) las visitas y, dado que “Mauricio presenta afectaciones psicológicas y psiquiátricas”[15], la jueza ordenó al Centro Zonal un plan de acción, definido a través de un equipo interdisciplinario, para que se sienten las bases a fin de determinar encuentros con los padres biológicos y coordinar el desarrollo de las visitas[16]. La decisión judicial quedó en firme pues ninguna de las partes, luego del traslado respectivo, la apeló ni solicitó aclaración o adición. La parte resolutiva quedó consignada en el Acta de Audiencia del Fallo No. 066[17].

 

10. Acción de tutela. El 28 de julio de 2025, Fernando, como agente oficioso de Mauricio, presentó la acción de tutela que ahora se revisa contra la decisión proferida el 1° de julio de 2025 por el Juzgado Promiscuo de Familia. El agente oficioso solicitó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a tener una familia y a no ser separado de ella, a la identidad, a la intimidad y a ser escuchado de Mauricio.

 

11. El agente argumentó que satisface los requisitos para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. Hizo énfasis en que está legitimado en la causa por activa, dado que cualquier persona puede interponer la acción constitucional para salvaguardar los derechos de los niños que están siendo vulnerados de forma grave y manifiesta[18]. Igualmente, para el agente, el caso tiene relevancia constitucional pues el fallo modifica la filiación e identidad del menor, sin valorar de forma integral sus vínculos socioafectivos ni escuchar directamente su voz. También se resaltó que se cumple el presupuesto de subsidiariedad, pues se trata de evitar un perjuicio irremediable. Esto, porque aun cuando no se presentó el recurso de apelación contra el fallo cuestionado, tal omisión no corresponde a una decisión consciente del niño ni a una estrategia pensada en su bienestar, sino que se debe a una falla de defensa técnica, puesto que ninguna de las partes del proceso actuó de forma independiente y autónoma, y privilegiando el interés del niño[19]. Además, el perjuicio irremediable está demostrado en el hecho de que el niño ha sido obligado a cambiar de nombre, tener una nueva patria potestad, tener a sus cuidadores y no una relación socioafectiva y familiar estable y definitiva y aceptar visitas de quienes no reconoce como su familia.

 

12. En lo que se refiere al fondo del asunto, el agente expuso que la decisión judicial incurrió en un defecto sustantivo[20] por las siguientes razones principales.

 

13. Primera, señaló que, aunque el fallo judicial invocó el principio de interés superior del niño, Mauricio “no fue escuchado, entrevistado, valorado ni analizado desde una perspectiva socioafectiva”[21]. Para el agente, la decisión se fundó en una interpretación asistemática del derecho a ser escuchado y su voz tenida en cuenta. Con ello, el fallo desconoció el artículo 44 de la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que reconocen los derechos de los niños y las niñas a ser escuchados de forma efectiva en las actuaciones judiciales. De esta manera y de forma consecuencial, se desconoció el derecho de Mauricio a tener una familia y a su unidad y estabilidad familiar. La familia fue, desde la visión del agente, “definida desde afuera, por adultos que jamás convivieron con él y por una autoridad judicial que [no] intentó asomarse a su mundo real, a su realidad concreta”[22]. Además, criticó aquel que no existieran medios de prueba orientados a analizar su entorno afectivo y que la jueza no practicara pruebas sobre su vida familiar o los efectos emocionales que podrían generarse al transformar su estructura filial, pero especialmente a que no se preocupara por conocer qué pensaba o sentía directamente el niño.

 

14. Segunda, la decisión judicial reprodujo una versión formalista, aislada, desactualizada y descontextualizada del parentesco que privilegia la filiación genética sobre la realidad y la filiación socioafectiva. Para el agente, el fallo judicial define la filiación centrada en lo dispuesto en el artículo 248 del Código Civil[23] y aplicó como único criterio el dato y la filiación genética. Lo anterior, para el agente oficioso, no se encuentra dentro de un margen razonable de interpretación actual de las normas civiles, pues desconoce la complejidad del derecho de familia, la evolución del concepto de filiación, el reconocimiento a la realidad y la filiación socioafectiva[24], el mandato de protección reforzada de los niños, niñas y adolescentes, la pluralidad familiar y la identidad relacional de estos niños[25]. Expuso que “aunque la presunción de la familia biológica no es discutible, el interés superior del niño impone la necesidad de preservar su entorno socioafectivo, por encima de la verdad genética”[26]. Sin embargo, el fallo acusado utilizó la prueba de ADN como criterio exclusivo y definitivo negando “toda eficacia jurídica a los afectos, los vínculos y la familia realmente existente”[27].

 

15. En consecuencia, el agente oficioso solicitó: (i) dejar sin efectos la sentencia judicial cuestionada y, con ello, que se ordene (ii) proferir una nueva decisión que garantice la escucha activa del niño, se practiquen pruebas sobre su entorno socioafectivo y se incluya el respeto sobre la pluralidad de formas familiares protegidas por la Constitución de 1991. Además, (iii) que el juzgado se abstenga de continuar desplegando los efectos del fallo mientras no exista una decisión definitiva.

 

2.     Trámite de la acción de tutela y sentencias objeto de revisión

 

16. Admisión[28]. El conocimiento de la acción de tutela correspondió al Tribunal Superior del Distrito Judicial. El 28 de julio de 2025, esa autoridad admitió la acción de tutela contra la decisión adoptada por el Juzgado Promiscuo de Familia. Además, vinculó como terceros con interés al Defensor de Familia, a Alejandra, Ariel, Zulma y Zaid, así como al resto de los sujetos que participaron en el proceso ordinario. La autoridad accionada y las personas vinculadas respondieron en los siguientes términos:

 

Tabla No. 1: Respuestas a la acción de tutela

 

17. Sentencia de tutela de primera instancia. El 4 de agosto de 2025, el Tribunal Superior del Distrito Judicial, negó la acción de tutela. Para el tribunal no se acreditaron los elementos de la agencia oficiosa según lo dispuesto por la Corte Constitucional, entre otras, en la Sentencia T-510 de 2024. El agente no cumplió con la carga argumentativa mínima en cuanto justificar la ausencia de representación legal del niño y la inminencia en la vulneración de sus derechos fundamentales. Tampoco expuso cómo conoció las circunstancias del niño, lo cual era relevante, dado que en el proceso judicial Mauricio fue representado por el defensor de familia, quien se presume como el profesional más idóneo para garantizar sus intereses.

 

18. Con todo, en relación con el fondo de la discusión, el tribunal estimó que la decisión judicial no configuró el defecto alegado. Aunque manifestó que no desconocía que en el proceso judicial no se entrevistó ni se escuchó al niño directamente, esa circunstancia no configura, por sí misma, una irregularidad procesal en el trámite del litigio, considerando que sus intereses fueron canalizados por el defensor de familia. Además, el proceso de impugnación e investigación de la maternidad y la paternidad busca que el niño reconozca la verdad sobre su filiación y la plenitud de sus derechos, incluso su historia de vida, lo cual no cambia con oírlo. Tal verdad fue valorada por la jueza, quien expuso que el estado civil y la relación de parentesco no es conciliable, pero, además, reconoció la situación emocional del niño y sus relaciones afectivas, por lo que decidió otorgar la custodia a quienes siempre lo cuidaron.

 

19. Impugnación del fallo. El agente oficioso[33] presentó impugnación argumentando que la agencia oficiosa no exige mayor requisito que la manifestación de actuar a nombre de los derechos del niño cuando existe un escenario de alta amenaza o vulnerabilidad, como la Corte Constitucional lo sostuvo en la Sentencia T-541A de 2014. Para el agente, el juez de primera instancia desconoció el estándar constitucional sobre la primacía del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Además, para aquel agente, el defensor de familia no representó al niño, sino los intereses de los padres biológicos. Aclaró que conoció “académicamente el caso”[34] y que el impacto en los derechos fundamentales del niño lo motivó a la presentación de la acción de tutela.

 

20. También presentaron impugnación el Procurador Judicial II de Familia[35] y Alejandra y Ariel[36]. El primero manifestó que el agente oficioso tiene legitimidad, dada la prevalencia de los derechos del niño y la regla según la cual ante la duda sobre la agencia oficiosa aquella debe resolverse en favor de los derechos de los niños. Aclaró que con su intervención “no se busca sacar de la vida del niño a los padres biológicos, ellos pueden (…) hacer un acompañamiento gradual, sino que pueda coexistir con su familia de crianza” [37]. Por su parte, Alejandra y Ariel agregaron que el defensor de familia vulneró los derechos del niño a tener una familia y a no ser separado de ella, privilegiando las prerrogativas de los padres biológicos sobre las relaciones de crianza ya formadas. Además, reiteraron que ni en el proceso judicial ni en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos (PARD) se escuchó realmente al niño, preguntándole sobre los efectos de los procesos judiciales, su noción de familia y cómo aquel construye su identidad. Adicionalmente, insistieron en el incumplimiento de obligaciones del defensor de familia y la falta de cumplimiento de deberes en cuanto a la dirección del proceso por parte de la jueza de familia.

 

21. Sentencia de tutela de segunda instancia. El 17 de septiembre de 2025, la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo de primera instancia. Estimó que se cumple con el presupuesto de legitimación en la causa por activa del agente oficioso, pues la Corte Constitucional, en la Sentencia T-302 de 2017, criterio reiterado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, ha privilegiado la defensa de los derechos de los niños sobre una cualificación especial del sujeto que promueve la solicitud de amparo. Sin embargo, analizado de fondo el asunto, compartió las razones del fallo recurrido, puesto que la filiación no es un aspecto de libre disposición de las partes, incluso de preferencia del niño y, en todo caso, la custodia y su cuidado personal están a cargo de quienes tienen con él un vínculo socioafectivo.

 

3.     Actuaciones en sede de revisión ante la Corte Constitucional

 

22. Selección y reparto. El 18 de diciembre de 2025, la Sala de Selección de Tutelas Número Doce de la Corte Constitucional escogió el expediente para revisión, con fundamento en el criterio objetivo de “posible violación o desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional”[38] y el criterio subjetivo de “urgencia de proteger un derecho fundamental”[39]. El 23 de enero de 2026, el caso se remitió a la Sala Cuarta de Revisión, presidida por el magistrado ponente.

 

23. Primer auto de pruebas. El 2 de febrero de 2026, el despacho ponente ordenó al Juzgado Promiscuo de Familia remitir copia completa del proceso de impugnación e investigación de la paternidad y maternidad de Mauricio. Los días 11 y 18 de febrero siguientes dicho despacho remitió la documentación solicitada. El 10 y 24 de febrero de 2026, el agente oficioso informó que estaba en curso un nuevo proceso judicial de declaratoria de hijo de crianza ante el mismo Juzgado Promiscuo de Familia. La actuación fue promovida por Alejandra y Ariela favor de Mauricio. A juicio del agente, esta nueva actuación acentúa la afectación de los derechos fundamentales del niño, dado que lo expone a un nuevo escenario judicial en el que se debatirán hechos similares a los ya discutidos en el proceso de impugnación e investigación de la maternidad y paternidad. Además, se seguirá fragmentando su identidad, desconociéndose una respuesta integral a su derecho a tener una familia y no ser separado de ella.

 

24. Medidas provisionales. El 20 de abril de 2026, mediante Auto 477, la Sala Cuarta de Revisión verificó que, sin que implicara de alguna manera prejuzgamiento, se cumplían los presupuestos dispuestos por la jurisprudencia para decretar dos medidas provisionales. La primera, la suspensión parcial de los efectos de la sentencia del 1° de julio de 2025 proferida por el Juzgado Promiscuo de Familia. La Sala dispuso la suspensión de las órdenes relacionadas con la redefinición de la filiación del niño, su estado civil, cambio de nombre, registro civil y patria potestad. Dicha medida se adoptó en tanto la providencia judicial controvertida era el objeto de la acción de tutela y en aquella se adoptaron diferentes determinaciones que podían generar riesgos asociados a los derechos fundamentales alegados. En segundo lugar, la Sala ordenó la suspensión del procedimiento de declaración de hijo de crianza. Lo anterior, por cuanto ese trámite tiene una relación inescindible con la providencia judicial discutida y la decisión a adoptarse en esta acción de tutela podía incidir directamente en el objeto de aquel trámite. Por lo mismo, se ordenó tales suspensiones hasta que se comunicara la decisión definitiva en este asunto.

 

25. Solicitud de pruebas complementarias y suspensión de términos. En el mismo Auto 477 de 2026, la Sala de Revisión decretó distintos medios de prueba complementarios para obtener información adicional sobre: (i) las actuaciones del proceso administrativo de restablecimiento de derechos de Mauricio; (ii) el estado procesal y decisiones adoptadas en el proceso de declaración de hijo de crianza[40]; (iii) acciones preparatorias y de acompañamiento a Mauricio para que pueda decidir en forma libre si ejercía o no su derecho a participar y ser escuchado directamente en esta acción de tutela; (iv) información a diversas entidades del Estado sobre aspectos contextuales del caso, relativa a los conflictos entre padres biológicos y de crianza y la situación de firmantes del Acuerdo de Paz que solicitan los procesos de reunificación familiar; asimismo, (v) se invitó a instituciones públicas y privadas con experiencia en la asesoría, investigación y seguimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia. Tras ello, la Sala dispuso la suspensión del trámite de revisión por el término de 2 meses. Las respuestas se resumen a continuación:

 

26. Respuesta de Mauricio. El 6 de mayo de 2026, mediante prueba delegada, el magistrado auxiliar del despacho ponente realizó las diligencias respectivas para que Mauricio, a través de la Personería Municipal y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, contara con el acompañamiento respectivo sobre el alcance de la acción de tutela. En respuesta, el 14 de mayo de 2026, a través de estas entidades, Mauricio remitió una carta a los magistrados de la Corte Constitucional[41]. En ella expresó lo siguiente:

 

Tabla No. 2: Respuesta Mauricio

 

27. Adicionalmente, el ICBF presentó un informe de campo y un anexo de trabajo con el niño denominado árbol de la vida. En la actividad psicosocial, el niño registró su lugar de origen y su núcleo familiar incluyendo de manera explícita que “no quiere ser obligado” y que “lo importante es su familia”. Además, en su discurso expresó de manera reiterada que “no desea tener encuentros ni comunicación con sus padres biológicos”. También se le indicó que podía ser entrevistado directamente por un magistrado, frente a lo cual manifestó de manera libre y voluntaria su deseo de participar de dicho espacio. En su declaración ante esta Corporación, el niño manifestó que comprendía el alcance del caso y reconocía quiénes eran sus padres biológicos, sin embargo, manifestó de forma insistente no ser obligado a tener contacto con ellos, ni cambiar su nombre, ni hablarles. Indicó que no los identifica como sus padres, sino a sus papás de crianza, con quienes siempre ha vivido.

 

28. Respuestas de las partes y terceros con interés vinculados. En su conjunto, cada parte mantuvo la aproximación inicial presentada en la tutela, profundizando en los puntos solicitados en el auto de pruebas:

 

Tabla No. 3: Respuestas de las partes y vinculados

 

29. Respuesta de entidades del Estado con funciones en la materia. En su conjunto estas instituciones expusieron que (i) no conocen ni tienen lineamientos respecto de conflictos en asuntos de filiación que involucren disputas entre padres biológicos y de crianza; (ii) el proceso de reunificación familiar de firmantes del Acuerdo de Paz se rige por la normatividad derivada de este, en particular, en el caso del ICBF por la Resolución 2800 de 2022; y (iii) el derecho del niño a participar y ser escuchado es un mandato constitucional aplicable a toda actuación administrativa y judicial. En concreto, expusieron lo siguiente:

 

Tabla No. 4: Respuestas de las entidades del Estado

 

30. Intervención de instituciones invitadas a emitir concepto. Presentaron conceptos representantes del (i) Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Antioquia[52], (ii) Departamento de Derecho Civil y Observatorio de Familias, Infancia y Adolescencia de la Universidad Externado de Colombia[53]; y (iii) la Facultad de Jurisprudencia y la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario[54]. En su conjunto los invitados expusieron los siguientes puntos relevantes, a partir de las temáticas solicitadas:

 

Tabla No. 5: Respuestas de las instituciones invitadas a emitir concepto

 

II. CONSIDERACIONES

 

1. Competencia

 

31. La Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela dentro del expediente de la referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política.

 

2. El caso cumple con la totalidad de presupuestos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

 

32. En primer lugar, la Sala Cuarta de Revisión analizará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, dispuestos en la Sentencia C-590 de 2005, reiterados y precisados, entre otras, en las sentencias SU-129 de 2021, SU-428 de 2024 y SU-070 de 2025.

 

Tabla No. 6: Análisis de procedencia

 

3. Delimitación del asunto, problemas jurídicos y metodología de decisión

 

33. Delimitación del asunto. Verificado el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, a la Sala Cuarta le corresponde establecer si lo pretendido con el amparo se enmarca en, al menos, una de las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela unificadas desde la Sentencia C-590 de 2005[69].

 

34. El agente oficioso sostuvo que la providencia del 1° de julio de 2025 incurrió en un doble escenario que configura un defecto sustantivo. En relación con el primer escenario, alegó que la sentencia anticipada desconoció tanto el derecho fundamental al debido proceso (art. 29 C.P.) como el principio de interés superior del niño (art. 44 C.P.). Lo anterior, al admitirse por la autoridad judicial una conciliación celebrada por los padres biológicos, los cuidadores y el defensor de familia y, con ello, terminar de forma anticipada el proceso de filiación, sin que el niño fuera escuchado directamente respecto del objeto de dicho proceso, el conflicto parental subyacente y las determinaciones adoptadas en esa actuación. Por su parte, el Procurador II de Familia estimó que este mismo alegato es propio de un defecto procedimental absoluto.

 

35. Respecto del segundo escenario, el agente oficioso alegó que la autoridad judicial incurrió en una interpretación y aplicación irrazonable de las normas civiles sobre filiación y estado civil que afectó los derechos a la identidad, intimidad y a tener una familia y no ser separado de ella. Dicho error no consistió en desconocer tales normas, sino en aplicarlas de forma aislada y descontextualizada, sin considerar que el caso involucra a un niño cuya situación familiar no se ajusta a un modelo biparental. Según el agente, seguido por varios de los intervinientes que conceptuaron en este caso (§ 30), la jueza definió la filiación sin incorporar al proceso determinaciones concretas sobre su dinámica familiar ampliada con vínculos socioafectivos, puesto que un escenario es la custodia y cuidado personal y otro el reconocimiento de tales relaciones familiares y su incidencia en la filiación y el estado civil.

 

36. De acuerdo con los antecedentes expuestos y en aplicación del principio iura novit curia (el tribunal conoce el derecho[70]), la Sala Cuarta de Revisión adecuará el primer escenario a un defecto por violación directa de la Constitución y el segundo debate a un defecto procedimental absoluto.

 

37. La adecuación del primer escenario a un defecto por violación directa de la Constitución resulta procedente dado que el conjunto de alegatos expuestos en la acción de tutela y en sede de revisión no se limitaron a cuestionar la aplicación de normas civiles sobre filiación y estado civil, sino que involucraron la transgresión directa de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política. De esta manera, los argumentos expuestos no se redujeron a cuestionar la mera omisión en el decreto y práctica de una prueba asociada a escuchar al niño o la pretermisión de una etapa procesal en la que tenía que participar Mauricio. Los reproches tanto del agente oficioso como de los diferentes intervinientes, incluso del Procurador II de Familia, apuntaron directamente al desconocimiento del contenido de un derecho fundamental y autónomo del niño que debía garantizarse durante el trámite de la actuación judicial. En ese orden, los hechos del caso y los argumentos expuestos en la tutela, así como en el trámite de revisión, revelan que el núcleo del cuestionamiento se relaciona directamente con si se inaplicó el derecho del niño a ser escuchado en el trámite de una actuación judicial, ya sea de forma directa o a través de mecanismos adecuados y suficientes para garantizar la materialización de tal prerrogativa constitucional.

 

38. Por su parte, la segunda discusión se relaciona con la configuración de un defecto procedimental absoluto porque la juez omitió pronunciarse sobre asuntos sustanciales del proceso y que, al parecer, incidían directamente en la definición de la identidad y del entorno familiar del niño. De esta manera, se le acusó de pretermitir etapas procesales para dar por terminado de forma anticipada del proceso, sin una respuesta expresa y motivada a los diferentes aspectos alegados en este. No se trata entonces de un alegato derivado de una interpretación inadmisible de las normas de filiación y estado civil, sino de un debate más amplio y de alcance constitucional.  

 

39. Problemas jurídicos. En consecuencia, la Sala Cuarta procederá a resolver los dos siguientes problemas jurídicos:

 

¿La providencia del 1° de julio de 2025, emitida por el Juzgado Promiscuo de Familia, incurrió en un defecto por violación directa de la Constitución al desconocer los derechos fundamentales al debido proceso y a ser escuchado del niño, al dar por terminado de forma anticipada el proceso de filiación sin oírlo directamente?

 

¿La providencia del 1° de julio de 2025, proferida por el Juzgado Promiscuo de Familia, incurrió en un defecto procedimental absoluto que vulneró los derechos al debido proceso, a la identidad y a tener una familia y no ser separado de ella del niño, por pretermitir instancias del proceso judicial sin pronunciarse de forma expresa y motivada sobre cuestiones sustanciales de su dinámica familiar planteadas en el litigio?

 

40. Metodología de decisión. Para resolver estas cuestiones planteadas, la Sala Cuarta expondrá las siguientes consideraciones: (i) reiterará brevemente la caracterización de los defectos por violación directa de la Constitución y procedimental absoluto; (ii) reiterará las reglas jurisprudenciales sobre el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser escuchados en toda actuación judicial que les interese, con énfasis en que la escucha de aquellos tiene una naturaleza constitucional no estrictamente probatoria; igualmente (iii) dispondrá de consideraciones asociadas a los deberes constitucionales y legales de los jueces de familia cuando en procesos de filiación se presentan disputas con la realidad socioafectiva ampliada de niños, niñas y adolescentes. Al final (iv) se resolverá el caso concreto a partir del análisis de cada uno de los problemas jurídicos.

 

Caracterización general de los defectos por violación directa de la Constitución y sustantivo. Reiteración de la jurisprudencia[71]

 

Tabla No. 7: Reiteración reglas jurisprudenciales

 

El derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes a ser escuchados y a que su expresión sobre el mundo sea tenida en cuenta en todo trámite judicial. Garantía del debido proceso y materialización del principio de su interés superior

 

41. Naturaleza constitucional y relevancia internacional. El derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser escuchados es un pilar de la Convención sobre los Derechos de los Niños de 1989[76]. El artículo 12 de dicha convención establece que “los Estados parte garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez (…)”. Esta normativa convencional también dispone que, para tal fin, se dará al niño la oportunidad de “ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo (…) ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia, con las normas del procedimiento de la ley nacional”.

 

42. El referido tratado fue ratificado por Colombia mediante la Ley 12 de 1991, momento que coincidió con la aprobación de la nueva Constitución Política, lo que permitió reforzar el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos directos de derechos, con prevalencia incondicionada sobre los derechos de los demás. De esta manera, la Corte Constitucional ha señalado que el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser oídos y a que su opinión sea tenida en cuenta tiene una naturaleza constitucional que se desprende de diferentes principios y derechos fundamentales, desarrollados por este Tribunal[77].

 

43. En primer lugar, el derecho a ser escuchado se fundamenta en el principio del interés superior del niño, derivado del artículo 44 de la Constitución Política. Esta norma señala la obligación que le asiste a la familia, a la sociedad y al Estado de asistir y proteger al niño para garantizar, no solo su desarrollo armónico e integral, sino el pleno ejercicio de sus derechos. Además, dispone expresamente que “los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”. Por esta razón, el interés superior conlleva a que todas las medidas concernientes a los niños, niñas y adolescentes, a cargo de instituciones públicas o privadas, maximicen la protección de sus derechos, cuya realización podrá ser expresada por aquellos mismos[78].

 

44. En segundo lugar, el derecho de los menores de edad a ser escuchados en los procesos que les concierne también tiene soporte en el derecho fundamental al debido proceso, previsto en el artículo 29 constitucional. El debido proceso impone, como garantía irrenunciable del Estado de Derecho, la potestad de toda persona, sin importar su edad, a ser escuchada en toda actuación judicial o administrativa. Para el caso específico de los niños, niñas y adolescentes este derecho al debido proceso se asocia al derecho a ser escuchados, puesto que permite que tales sujetos sean oídos de forma efectiva en los procesos y procedimientos que los involucran. Tal garantía a ser escuchados, además, conlleva una preferencia por una escucha directa y también, dependiendo de las condiciones particulares del menor de edad, una escucha indirecta que permita protegerlos de diferentes tipos o escenarios de victimización o riesgo[79].

 

45. En tercer lugar, este tribunal también ha manifestado, siguiendo la Observación General Número 12 del Comité de los Derechos de los Niños de Naciones Unidas, relativa al derecho del niño a ser escuchado[80], que esta prerrogativa incide de forma significativa en el ejercicio de otros derechos fundamentales necesarios para su desarrollo armónico e integral. Se ha hecho referencia a la relación de este derecho con (i) la libertad de expresión, (ii) la libertad de pensamiento, (iii) la libertad de conciencia y (iv) el acceso a la información. Estos derechos son condiciones necesarias para que los menores de edad pueden realmente expresar sus opiniones y sean tomados en serio influyendo en los asuntos que les interesa. La Corte Constitucional igualmente ha señalado que este reconocimiento parte del respeto por (v) su condición de seres humanos, por lo que deben ser “tenidos en cuenta en las decisiones que los afecten y con el ideal de potencializar su conciencia, la inmensa fuerza de la naturaleza en su formación y su identidad”[81].

 

46. Subreglas jurisprudenciales. En desarrollo de estas disposiciones internacionales y constitucionales, y de las Leyes 1098 de 2006[82] y 1878 de 2018[83], desde tiempo atrás, la Corte Constitucional ha dispuesto que, en asuntos judiciales o administrativos como pueden ser los procesos de familia, los niños, niñas y adolescentes tienen un derecho fundamental a ser escuchados y su opinión tenida en cuenta que se relaciona con otros derechos fundamentales como el debido proceso y el de identidad[84]. Sobre este punto, la Corte Constitucional ha expresado que:

 

“Los niños tienen voz propia y como tal, deben ser escuchados y sus intereses visibilizados. El derecho de un niño a ser escuchado, además del plano procesal, tiene una especial connotación en el ámbito familiar y social, dado que la mayoría de las decisiones que, representándolos, toman los padres, tienen consecuencias directas en sus opciones vitales, y resulta apenas acertado que, atendiendo al nivel de sus habilidades comunicativas y su desarrollo, los progenitores tomen en serio la opinión, las necesidades, la rutina y el interés de sus menores hijos para decidir sobre sus vidas, desde luego aclarando que se tratan de referentes significativos, que no unívocos”[85]

 

47. En las diferentes decisiones adoptadas por este Tribunal la participación de los niños, niñas y adolescentes no se dispuso como un mero trámite procesal o como una prueba a recolectarse por la autoridad judicial[86]. La Corte Constitucional ha sido enfática en que escuchar a los niños y niñas y tener en cuenta su voz es un derecho subjetivo y, a su vez, un principio de carácter constitucional que rige el proceso de toma de decisiones judiciales en los asuntos que les interesan. Por tal razón, esta Corporación insistió en que este derecho obedece a la necesidad de cambios significativos en el relacionamiento de los niños, niñas y adolescentes respecto de los trámites jurisdiccionales, al menos, desde tres aristas.

 

48. La primera arista exige transformar la visión adultocéntrica, según la cual lo normal, lo correcto y lo adecuado es que el adulto interprete el mundo del niño y tome decisiones en su nombre. El derecho a ser escuchado rompe precisamente con esa perspectiva, dado que incorpora una mirada desde los propios niños, niñas y adolescentes, reconociéndoles que tienen formas autónomas de relacionarse con el mundo, exigibles ante el Estado y la sociedad.

 

49. El segundo cambio de paradigma es la superación de la visión tutelarista respecto de los menores de edad, que ha reducido a los niños como objetos de protección. Hoy, en el ordenamiento jurídico nacional e internacional ya descrito, aquellos son sujetos y titulares de derechos y, por lo mismo, su ejercicio no deriva necesariamente de su relacionamiento con sus padres. En consecuencia, cuentan aquellos con capacidad y autonomía progresivas para ejercerlos, que crecen a medida que se desarrolla su madurez y su discernimiento[87].

 

50. El tercer cambio implica comprender, como lo señala UNICEF en el documento “Derecho a la Participación de los niños, niñas y adolescentes”[88], que los procesos judiciales con niños, niñas y adolescentes no pueden concebirse como trámites estáticos desarrollados entre adultos y por adultos. En vez de ello, deben procurar convertirse en actuaciones dinámicas e intergeneracionales, en las que los niños y niñas puedan concebir su participación como un derecho y una posibilidad real de formar su opinión y expresarla.

 

51. La Corte Constitucional no ha sido indiferente al hecho de que, como todo cambio o proceso de transformación en el reconocimiento de derechos, aquello trae consigo retos y ajustes para las autoridades del Estado y para la sociedad en su conjunto. Sin embargo, al tratarse de una población sujeto de especial protección constitucional, con primacía de sus derechos, dicho proceso exige un reconocimiento diligente y responsable. Por esta razón, a lo largo de su jurisprudencia, esta Corte ha desarrollado una serie de condiciones que resultan esenciales para materializar el referido derecho y que, al mismo tiempo, constituyen obligaciones esenciales a cargo de las autoridades responsables. De hecho, en casos previos el incumplimiento de tales prerrogativas ha llegado a configurar defectos en providencias judiciales sobre asuntos de familia, tales como el defecto sustantivo, el defecto fáctico y la violación directa de la Constitución[89].

 

52. A continuación, se presentan dichas prerrogativas especiales en favor de los niños, niñas y adolescentes, agrupadas por su relevancia para el examen del caso concreto y por un ejercicio de pedagogía constitucional:

 

53. Primera. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a participar de forma activa en todo proceso judicial o administrativo que les interese[90]. La Corte Constitucional ha señalado que, en el ejercicio de esta prerrogativa, el niño es “un participante activo en la promoción, protección y vigilancia de sus derechos”[91]. Esto significa que el derecho a ser escuchado no se satisface con un acto formal, aislado dentro de la actuación; por el contrario, exige que se garanticen condiciones reales para que el niño ejerza este derecho, se pueda formar una opinión verdadera y pueda expresarla libremente, desde un diálogo directo, respetuoso y adaptado. Por lo tanto, para una participación activa deben considerarse condiciones mínimas por parte de las autoridades del Estado, por ejemplo, las siguientes:

 

Tabla No. 8: Primera garantía básica

 

54. Segunda. Los niños, niñas y adolescentes deben contar con condiciones adecuadas para formarse su propio juicio y expresarlo, conforme a su capacidad evolutiva. De conformidad con el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, las autoridades del Estado deben garantizar que los niños “estén en condiciones de formarse un juicio propio” [98]. Esta exigencia no alude a un criterio estrictamente etario, sino a la creación de condiciones materiales para que el niño pueda construir una opinión genuina e informada sobre aquello que conoce, atendiendo a su capacidad evolutiva y al principio de autonomía progresiva. En consecuencia, la autoridad debe reconocer que a mayor madurez y autonomía corresponde una mayor participación del niño en las actuaciones que le conciernen[99]. En decisiones previas, la Corte Constitucional ha hecho referencia a las siguientes garantías a favor de los niños, niñas y adolescentes, que deben brindarse por parte de las autoridades del Estado y la sociedad en su conjunto.

 

Tabla No. 9: Segunda garantía básica

 

55. Tercera. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que su voz y su mirada del mundo sean tenidas en cuenta. La Corte Constitucional ha precisado que no basta con habilitar un espacio formal para que los niños y niñas se expresen. Las autoridades deben escucharlos de manera atenta, ponderar sus manifestaciones dentro del trámite y, en especial, motivar la decisión explicando cómo se valoró su opinión. Esta exigencia se concreta, entre otras, en las siguientes garantías:

 

Tabla No. 10: Tercera garantía básica

 

56. Conclusión. El derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser escuchados refleja un cambio en la manera de concebir las relaciones con las autoridades judiciales y administrativas. Este derecho contribuye a superar los enfoques tutelarista y adultocéntrico y promueve procedimientos dinámicos e intergeneracionales, en los que los niños, niñas y adolescentes, directamente interesados en las decisiones, sean reconocidos como titulares de derechos y puedan incidir en el proceso de toma de decisiones. De acuerdo con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado prerrogativas que materializan este derecho en los trámites judiciales y administrativos, y ha precisado obligaciones mínimas para las autoridades consistentes en: asegurar (i) una participación activa, (ii) promover condiciones para que el niño se forme un juicio propio conforme a su capacidad evolutiva y pueda expresarlo, y (iii) un grado de motivación que permita que su voz sea debidamente valorada en la decisión final.

 

Los deberes constitucionales de los jueces de familia en los procesos de impugnación e investigación de la paternidad y la maternidad. La especial diligencia, cuidado y motivación como ejes para la resolución de conflictos en los que se evidencia una tensión entre la filiación biológica y las relaciones socioafectivas 

 

57. La Sala presentará algunas reglas que se estiman relevantes en torno a la filiación y a los eventos en los que esta entra en tensión con vínculos socioafectivos.

 

58. El derecho constitucional a tener una familia y no ser separado de ella y su relación con la construcción identitaria de los niños y niñas. El derecho a tener una familia y no ser separado de ella tiene un carácter fundamental y prevalente en relación con los niños, niñas y adolescentes. Esto dado que diversas disposiciones de la Constitución Política se ocupan de él y lo asocian con la especial importancia que tiene para el desarrollo integral y bienestar de la niñez y la adolescencia. El artículo 5° superior define la familia como “la institución básica de la sociedad”. El artículo 15 de la Carta protege la intimidad familiar como una prerrogativa que el Estado debe respetar. A su turno, el artículo 42 constitucional establece que la familia “es el núcleo fundamental de la sociedad” y que se constituye “por vínculos naturales o jurídicos”[114]. Pero, especialmente, en lo que se refiere a la situación de los niños y niñas, el artículo 44 superior dispone expresamente que tienen derecho a “tener una familia y no ser separados de ella”.

 

59. Por esta razón, desde tiempo atrás[115], esta Corte ha manifestado que el aludido derecho de naturaleza constitucional le supone a la infancia y a la adolescencia contar con “un espacio vital que, mediante lazos de afecto, cuidado, amor y solidaridad, favorezca su desarrollo integral y garantice el ejercicio pleno de sus derechos[116]. Además, su consagración constitucional, siguiendo la jurisprudencia de este Tribunal, conlleva una serie de garantías a favor de los niños, niñas y adolescentes.

 

60. En primer lugar, comprende la garantía de la unidad familiar. Esto es, asegurar la protección del vínculo afectivo que une al niño con sus padres o con las personas que lo protegen, a efectos de favorecer su adaptación al mundo y su desarrollo integral. Se trata, entonces, de respetar su relación más cercana, aquella que le permite ganar confianza, seguridad y le brinda amor y cuidado. Por tal razón, se ha expresado, en oportunidades pasadas, que “la falta de una relación fuerte y afectuosa en la infancia puede poner en peligro los impulsos iniciales de curiosidad intelectual y propiciar la presencia de problemas sociales y afectivos posteriores”[117].

 

61. En segundo lugar, el derecho a tener una familia y no ser separado de ella implica la protección de la estabilidad del ambiente físico y familiar necesario para el bienestar integral del menor de edad. Esta Corporación ha señalado que el derecho a tener una familia “antepone la necesidad de un entorno estable y seguro, que facilite su concentración, motivación y cuidado familiar permanente y constante”[118]. Desde esta perspectiva, la institución familiar se proyecta como el ambiente más apropiado para el crecimiento y fortalecimiento del niño a lo largo del tiempo. Por tal motivo, esta prerrogativa comporta, “por una parte, un deber general de abstención, que se traduce en la prohibición de adoptar medidas infundadas e irrazonables de restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes; y, por otra, una faceta prestacional, en virtud de la cual el Estado debe implementar acciones positivas dirigidas a mantenerla y preservarla”[119].

 

62. En tercer lugar, el derecho a la familia no es una institución rígida ni única. Para este Tribunal, encargado de asegurar la supremacía de la Constitución y la realización de los derechos fundamentales, la familia es una institución que “evoluciona con los cambios sociales, culturales, económicos, políticos e ideológicos”[120]. Por tal razón, se ha insistido que la noción de familia prevista en la Constitución de 1991 debe ajustarse a la realidad social y al principio de pluralismo que orienta al Estado social de derecho. En ese orden, la protección constitucional de la familia significa que no solo se amparan los vínculos consanguíneos, sino que también se protegen las relaciones “conformadas por la voluntad responsable de sus integrantes”[121].

 

63. Por último, tener una familia constituye una condición relevante para que los niños, niñas y adolescentes puedan ejercer de forma efectiva sus otros derechos fundamentales. La Corte ha hecho referencia, entre otros derechos, a la relación que existe entre el derecho a la familia y no ser separado de ella con los derechos a la educación, integridad física, salud, alimentación, cuidado y amor, cultura, recreación y libertad de expresión[122]. Por su relevancia para este caso, la garantía del derecho a la familia también se asocia con la protección del derecho a la identidad y personalidad jurídica[123]. Esta Corte ya ha señalado que “la familia constituye un espacio privilegiado a partir del cual el sujeto construye sus propios referentes de identificación personal y social”. Luego, la familia es, por lo general, “la vertiente social primaria de la identidad, pues es la primera institución con la que el ser humano entra en contacto y desde la cual empieza a desarrollar su proceso de formación. Así, luego de una vida familiar en la que adquiere pensamientos, valores y creencias, se consolidan una serie de rasgos que trazan su identidad”[124].

 

64. Los derechos a tener una familia y no ser separado de ella y a la identidad se proyectan de forma especial en los procesos judiciales asociados al reconocimiento de la filiación y del estado civil. La Corte Constitucional ha señalado, siguiendo a la Corte Suprema de Justicia, como máxima corporación especializada en la materia, que la filiación es el vínculo jurídico que ubica a una persona dentro de una línea generacional ascendiente y descendiente. Por regla general, tal filiación se funda en la biología, esto es, la relación genética que el hijo tiene con sus padres. También, por virtud de la ley, es admisible la filiación civil a partir de la adopción[125]. Más recientemente, la Corte Suprema de Justicia ha expuesto que resulta jurídicamente admisible la filiación derivada de técnicas de reproducción asistida[126]. Además, esta Corporación ha indicado que la filiación tiene dos dimensiones: “por una parte, define el estado civil filial, es decir, otorga al individuo una posición en el conjunto de sus relaciones familiares y sociales; por otra parte, entronca al sujeto en una línea generacional, lo que tiene claras repercusiones identitarias y jurídicas”[127].

 

65. Por aquel contenido, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que la filiación (i) constituye un derecho de las personas; (ii) que se encuentra estrechamente relacionado con los atributos de la personalidad; (iii) está indisolublemente ligado al estado civil de las personas y al nombre y (iv) es un presupuesto para el ejercicio de otros derechos, como tener una familia y construir la identidad[128]. Lo anterior, considerando que al definirse la filiación se generan, por lo general, una serie de efectos asociados con el nombre de la persona, sus apellidos, la nacionalidad que tendrá, sus relaciones de parentesco, quién ejerce la patria potestad, quién le brindará alimentos o a quién puede heredar, además de todas las obligaciones de cuidado y amor propias de las relaciones entre padres e hijos e hijas[129].

 

66. Ahora bien, cuando existen dudas sobre la filiación de una persona, el Código General de Proceso dispone de diferentes acciones de reclamación o para la declaración de la filiación y del estado civil: (i) las acciones de investigación de la paternidad y maternidad, las cuales se dirigen a demostrar que una determinada persona tiene un vínculo de consanguinidad o jurídico con otra persona que es su presunto padre o madre; (ii) las acciones de desconocimiento de la filiación o impugnación de la paternidad y maternidad, las cuales pretenden terminar con el estado civil o la filiación que hasta el momento se ostentaba y, con ello, cesar las obligaciones y derechos entre las partes; y (iii) las acciones de reconocimiento de la calidad de hijo o hija, mediante las cuales se reconoce por voluntad de los padres que una persona es su hijo[130].

 

67. En este tipo de procesos, los jueces de familia tienen amplias facultades y cumplen deberes específicos en su función de dirección del proceso (art. 42 del CGP) y respecto de los cuales, por su relevancia para el caso, la Sala destaca tres.

 

68. En primer lugar, estos asuntos se rigen por reglas probatorias especiales, entre ellas, la práctica oficiosa de la prueba genética de ADN o de la que corresponda conforme a los avances científicos, desde la audiencia inicial, dada la importancia de los vínculos genéticos y de las presunciones que de ellos pueden derivarse (art. 386 del CGP).

 

69. En segundo lugar, de conformidad con el artículo 1° del Decreto 1260 de 1970 y el artículo 7 de la Ley 2220 de 2022, la filiación es un asunto de orden público, no sujeto a la libre disposición de su titular, y el estado civil es indisponible, indivisible e imprescriptible. En consecuencia, la definición tanto de la filiación como del estado civil no puede quedar supeditada a un acuerdo o conciliación entre las partes, sino que, en un escenario de controversia, debe ser objeto de la decisión motivada de la autoridad judicial.

 

70. En tercer lugar, y de acuerdo con el artículo 278 del CGP, los jueces de familia cuentan con la potestad para terminar de forma anticipada estos procesos, cuando (i) “las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, por iniciativa propia o por sugerencia del juez”, (ii) “no hubiere pruebas por practicar” y (iii) “se encuentre probada la cosa juzgada, la transacción, la caducidad, la prescripción extintiva y la carencia de legitimación en la causa”. Ahora bien, esta facultad de terminación anticipada, incluso bajo la modalidad de acuerdo entre las partes, no habilita a conciliar la determinación de la filiación ni del estado civil, materias que son indisponibles. En efecto, el acuerdo o la conciliación recae sobre los asuntos del proceso que resulten efectivamente disponibles. Por ejemplo, en lo relativo a los alimentos o las visitas asociadas a una filiación ya determinada, las partes sí pueden acordar el resultado procesal.

 

71. Adicionalmente, el juez debe observar que la terminación anticipada del proceso no vulnera derechos fundamentales, particularmente de niños, niñas y adolescentes. Sobre este punto, la Corte Constitucional ha señalado que la conciliación, como forma de terminación anticipada, no es un simple trámite de verificación automática del ánimo conciliatorio, sino que, por el contrario, frente a ella el juez debe ejercer un control material de tal arreglo y verificar su compatibilidad con el principio del interés superior del menor[131].

 

72. Distinción entre filiación biológica y realidad socioafectiva, así como la existencia del estado civil autónomo de hijo o hija de crianza. Con la Ley 2388 de 2024, “[p]or medio de la cual se dictan disposiciones sobre la familia de crianza”, el legislador recogió avances jurisprudenciales efectuados por la Corte Constitucional[132] y la Corte Suprema de Justicia[133] sobre la protección a la realidad socioafectiva de niños, niñas y adolescentes.

 

73. Esta normativa reconoce y protege a las familias surgidas “de hecho, y por causa de la convivencia continua, estrechos lazos de amor, afecto, apoyo, solidaridad, respeto, auxilio y ayuda mutuos entre sus Integrantes propios de la relación, durante un periodo de tiempo no menor a cinco (5) años” (art. 2). Además, dispone que el reconocimiento de hijo de crianza puede acreditarse por diferentes medios de prueba, que permitan demostrar (i) una relación inexistente o precaria con los padres biológicos o de su fallecimiento; (ii) la demostración de la acogida, el afecto, la solidaridad, el respeto y el sostenimiento material del presunto hijo de crianza por un término no menor de cinco años; (iii) la existencia de una relación afectiva estable y (iv) la dependencia económica total o parcial. Además, exige (v) acreditar la posesión notoria de hijo de crianza, esto es, que el padre o madre de crianza lo haya incorporado a su familia, le haya brindado sustento moral, material y económico, y que esa relación haya trascendido al ámbito público por un lapso mínimo de cinco años (art. 6°).

 

74. En el análisis de la Ley 2388 de 2024, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, en la Sentencia SC1702-2025, unificó su jurisprudencia disponiendo, entre otros elementos, tres aspectos que resultan relevantes para esta ocasión.

 

75. En primer lugar, la Corte Suprema de Justicia señaló que la Ley 2388 de 2024 diferencia con nitidez la familia de crianza respecto de la noción de filiación. Dicho en otras palabras, no es posible declarar la existencia de una filiación socioafectiva o de crianza. Según la Corte Suprema de Justicia, a partir de lo dispuesto en la Ley 2388 de 2024, no es posible equiparar la filiación y las relaciones de crianza, pues dicha equiparación compromete el derecho a la identidad personal de los niños, niñas y adolescentes a conocer su verdadero origen, habilita formas encubiertas de adopción sin garantías especiales para ello, o genera confusión o colisión entre derechos parentales, por ejemplo, en lo que se refiere a la patria potestad y a la representación legal. Por lo tanto, a partir de lo dispuesto por el legislador, la familia de crianza no crea lazos filiales.

 

76. Con todo y en segundo lugar, la Corte Suprema de Justicia precisó que el legislador “con la autoridad que le es propia, optó por una configuración particular: reconoció la familia de crianza como un estado civil autónomo”. Esto significa que el fin de la Ley 2388 de 2024 es “(…) ampliar, mas no restringir, las prerrogativas en cabeza de los integrantes de la familia de hecho”. Para la Corte Suprema de Justicia, el reconocimiento de la familia de crianza como estado civil se configura porque (i) demuestra un estatus jurídico-relacional frente a la familia y la sociedad, (ii) constituye fuente de derechos y obligaciones[134] y (iii) goza de estabilidad y publicidad mediante su inscripción en el registro civil.

 

77. En ese orden, el estado civil autónomo de hijo de crianza está “dotado de efectos patrimoniales y asistenciales específicos, manteniendo una clara distinción respecto de la filiación”. Entre aquellos, genera efectos propios en derechos sucesorales, obligaciones alimentarias, régimen general de visitas, visitas carcelarias, licencias de luto, deducciones fiscales, pensión de sobrevinientes y equiparación en el sistema de seguridad social. Sin embargo, dicha relación de crianza, según la Corte Suprema de Justicia, no otorga “la patria potestad, tampoco crea parentesco, ni modifica elementos de la identidad jurídica, como los apellidos o la nacionalidad”. Con todo, precisó si los padres de crianza aspiran a obtener la patria potestad de sus hijos de crianza, podían acudir a dos vías: la suspensión, terminación o privación de la patria potestad respecto de los padres biológicos o adoptivos, y, de ser el caso, un trámite de adopción que consolidaría jurídicamente su posición parental plena.

 

78. En tercer lugar, la Corte Suprema de Justicia señaló tres vías judiciales asociadas a la declaración del vínculo de crianza. Primera, el procedimiento de jurisdicción voluntaria, tramitado ante el juez de familia, por virtud de la modificación al artículo 577 del CGP, introducida mediante el artículo 4° de la Ley 2388 de 2024, cuando existe una iniciativa exclusiva de los padres de crianza. Segundo, el proceso declarativo verbal, conforme la regla residual del artículo 368 del CGP, cuando no es posible acudir al trámite de jurisdicción voluntaria. Tercero, en procesos de investigación e impugnación de la maternidad y la paternidad, puesto que, siguiendo el artículo 22.2 del CGP, al juez de familia le corresponde decidir todo asunto referente al estado civil, lo que puede comprender el estado civil autónomo de hijo de crianza. Estas vías jurisdiccionales tienen relación con lo precisado recientemente en la Sentencia C-506 de 2025[135], en donde se dispuso que ese trámite debe adelantarse ante el juez de familia y se rige por las reglas procesales y probatorias propias de un proceso judicial, por lo que no es posible adelantarse por vía notarial como inicialmente lo dispuso el legislador.

 

79. Criterios de especial cuidado, diligencia y motivación para valorar los vínculos socioafectivos en procesos de impugnación e investigación de la maternidad y la paternidad. En el escenario específico de un proceso de impugnación e investigación de la maternidad y la paternidad, la Corte Suprema de Justicia expuso, en el mismo fallo de unificación SC1702-2025, que “los vínculos socioafectivos representan un factor que el juez debe ponderar cuidadosamente antes de emitir su fallo”. En sus palabras, toda modificación de la filiación “debe venir precedida de una justificación constitucional y legal suficiente”.

 

80. Esto incluye considerar en la evaluación, especialmente de los procesos de impugnación de la maternidad y la paternidad, el examen del “reconocimiento voluntario, realizado con plena consciencia de la ausencia de vínculo biológico”. Aquella corporación precisó que “cuando una persona reconoce voluntariamente la filiación de un menor de edad, siendo consciente de la inexistencia de lazos biológicos, y consolida con posterioridad a ello una familia de crianza con las características ya anotadas, no procede la impugnación posterior de aquel reconocimiento, ni por parte de quien lo hizo, ni tampoco de sus herederos”. Dicha restricción, según la corporación, “alcanza al individuo que exteriorizó su voluntad de reconocimiento con pleno conocimiento de la ausencia de vínculo biológico, así como a sus herederos”. Luego, sigue manteniéndose la posibilidad de impugnar la filiación tanto por el hijo o hija como por quienes reclaman el presunto vínculo biológico.

 

81. En estos casos, la Corte Suprema de Justicia aclaró, siguiendo su propio precedente[136], que no debe considerarse la desnaturalización de la acción de impugnación, ni que se eleva la crianza a la categoría de fuente autónoma de filiación, sino que lo que se reconoce es “el interés superior del menor de edad y la protección de las relaciones familiares consolidadas –y formalmente asentadas en el registro civil– pueden, excepcionalmente, tener preeminencia sobre el esclarecimiento de la verdad biológica”.

 

82. Por su parte, la Corte Constitucional también ha expuesto tal criterio de especial cuidado, diligencia y motivación en conflictos entre familiares biológicos y relaciones socioafectivas. Desde las sentencias T-278 de 1994[137], T-049 de 1999[138] y T-292 de 2004[139] aquella ha destacado la necesidad de actuar con especial diligencia en conflictos familiares, lo cual supone una valoración caso a caso y desde una perspectiva interdisciplinaria, con el fin de “evitar decisiones desfavorables que puedan incidir negativa e irreversiblemente sobre el desarrollo armónico y estable del niño afectado”.

 

83. Tal análisis ha implicado, según las particularidades del caso, la necesidad de preservar el derecho del niño a tener una familia y a no ser separado de ella o incluso de identificar razones poderosas que justifiquen la intervención del Estado en las relaciones familiares actuales. De todas maneras, la Corte ha dispuesto como criterio relevante “el bienestar del menor es el objetivo primordial en la toma de decisiones administrativas o judiciales que lo afecten” y así justificarlo.

 

84. Más recientemente, en la Sentencia T-341 de 2024[140] la Corte señaló que cuando existen tensiones entre los derechos de los padres biológicos, en su condición de firmantes del Acuerdo Final de Paz y los derechos de los niños y niñas, deben activarse medidas de protección con enfoques diferenciales, como el enfoque de género, que permitan reconocer las especiales dificultades que enfrentan las personas en el contexto del conflicto armado. Lo anterior, sin desconocerse que, en todo caso, las actuaciones de las autoridades del Estado deben guiarse, de manera prevalente y motivada, por el interés superior de los niños, niñas y adolescentes y por la garantía de su desarrollo armónico e integral.

 

85. En aquella sentencia, la Corte Constitucional desarrolló en detalle que el Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP incluyó compromisos de reincorporación económica y social para los excombatientes, entre ellos programas de reunificación familiar y atención a hijos e hijas. De ese proceso derivó, de manera puntual, la Resolución 2800 de 2022 del ICBF, la cual precisó la competencia de esa entidad en los procesos de reunificación que involucran niños, niñas y adolescentes.

 

86. En particular, la Corte Constitucional expuso que la ruta diseñada por el ICBF define algunos de los pasos que se siguen al interior de la entidad para abordar las situaciones que puedan presentarse al recibir solicitudes de reunificación familiar provenientes de personas en procesos de reincorporación. Sin embargo, corresponde al ICBF evaluar si la reunificación resulta procedente, de conformidad con el principio del interés superior del niño. Eso incluye la valoración de criterios como su desarrollo integral, la garantía de sus derechos, la existencia de un ambiente familiar apto y, especialmente, su derecho a ser escuchados y a que su voz sea tenida en cuenta.

 

87. Conclusión. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Cuarta concluye que los jueces deben actuar con especial cuidado y diligencia para encontrar soluciones justas y equilibradas, y debidamente motivadas, desde el interés superior de los niños, niñas y adolescentes y la garantía de su desarrollo armónico e integral, lo que incluye lo siguiente, al menos, lo siguiente:

 

Tabla No. 11: Sistematización de reglas jurisprudenciales

 

III. ANÁLISIS DEL CASO

 

La decisión judicial controvertida incurrió en un defecto por violación directa de la Constitución por el desconocimiento del derecho de Mauricio a ser escuchado y a que su voz fuera tenida en cuenta

 

88. Está probado que el juzgado de familia, en el proceso de impugnación e investigación de la maternidad y la paternidad, nunca escuchó a Mauricio. Aunque en la contestación de la demanda quienes adujeron su condición de padres de crianza lo solicitaron expresamente, lo cierto es que ello no ocurrió. El proceso terminó de forma anticipada por un acuerdo conciliatorio aprobado por el juzgado de familia y al que llegaron los cuatro adultos y el defensor de familia. Durante el trámite de la acción de tutela los jueces que conocieron el caso sostuvieron que, en todo caso, no era necesario escuchar directamente a Mauricio en el proceso judicial porque, de una parte, el niño ya había sido escuchado en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos y, por lo mismo, su voz fue canalizada por el defensor de familia. De otra parte, nada cambiaba al escucharlo, puesto que la filiación es un asunto determinado por la genética.

 

89. A juicio de la Sala Cuarta de Revisión tales argumentos no resultan suficientes ni adecuados para considerar que no era necesario escuchar a Mauricio directamente en el trámite del proceso judicial ordinario en la especialidad de familia. Al contrario, a partir de las reglas jurisprudenciales expuestas sobre el particular, se concluye que el Juzgado Promiscuo de Familia, mediante la providencia del 1° de julio de 2025, incurrió en un defecto por violación directa de la Constitución al omitir el derecho fundamental de Mauricio a ser escuchado y a que su opinión fuera tenida en cuenta en el trámite de dicha actuación judicial. La jueza vulneró este derecho, de carácter constitucional y convencional, al considerarlo como una etapa o un medio probatorio prescindible. Lejos de ello, como ya se explicó, escuchar a los niños, niñas y adolescentes es un derecho subjetivo y autónomo dispuesto para propiciar un cambio necesario en el relacionamiento judicial con aquellos.

 

90. En su rol de sujetos de derechos y titulares activos de estos, los procesos judiciales deben concebirse como escenarios abiertos, dinámicos e intergeneracionales que realmente les permitan un diálogo y, como señalaron varios de los aquí intervinientes, una justicia amigable con la infancia y la adolescencia. Si bien la Sala reconoce retos para los operadores judiciales y posibles dificultades prácticas y operativas, asociadas principalmente a asegurar una escucha adecuada, mediante métodos y metodologías que realmente canalicen su voz y sus necesidades, ello no es razón para no cumplir ese derecho. En esta ocasión, se configuró este defecto porque la jueza de familia omitió cada una de las garantías esenciales dispuestas por la jurisprudencia constitucional, a partir de estándares internacionales y nacionales en la materia. En especial, la Sala resalta tres garantías constitucionales omitidas.

 

91. Primera. El juzgado de familia no acreditó un mínimo esfuerzo para asegurar una participación directa del niño en la actuación judicial. Tal esfuerzo inicia con el reconocimiento de que no se trata de una mera prueba o de una actuación aislada, sino de un derecho y, como tal, de la necesidad de preguntarle al niño, por cualquier medio idóneo, si deseaba ejercerlo de forma directa o no. Al ser una facultad radicada en cabeza del titular judicial, en el expediente del proceso de investigación y de impugnación de la maternidad y paternidad no quedó consignada actuación alguna encaminada, al menos, a que el niño optara por participar directamente en alguna diligencia y expresarle a la jueza su opinión del litigio y sobre las determinaciones por adoptarse. En ese orden, el niño no tuvo la posibilidad de decidir si deseaba ser escuchado de forma directa, que es la opción preferible según los precedentes ya expuestos. O, en su defecto, a través de alguna persona o figura especializada. Ante esta Corporación, por ejemplo, preguntándole directamente a Mauricio, él decidió hablar ante el magistrado sustanciador y expresar lo que sentía de todas las actuaciones judiciales y administrativas y, de igual manera, que se tuviera presente lo considerado por su agente oficioso. Además, quedó consignada su capacidad para expresarse y entender la naturaleza de tales actuaciones judiciales.

 

92. Ahora bien, como quedó expuesto en detalle en los antecedentes de esta sentencia, la parte accionada, el propio defensor de familia y los jueces de instancia indicaron que este derecho fue ejercido de manera indirecta por conducto de la Defensoría de Familia. Sin embargo, la supuesta forma indirecta de escuchar al niño no exime al juzgado de familia del cumplimiento de obligaciones propias en el trámite jurisdiccional. En cualquier modalidad de intervención indirecta, el juzgado de familia debe dejar consignado, al menos, (i) por qué no se recogió la opinión directa del niño y (ii) por qué la intervención indirecta resulta suficiente. Así, el juez debe acreditar, por ejemplo, cómo se recogió de forma indirecta la opinión del niño, a través de quién se le escuchó, mediante qué metodologías o métodos se recogió su voz, cómo se garantizaron condiciones adecuadas de recepción de su opinión, incluso cómo se valoró dicha intervención indirecta con los demás elementos de prueba del expediente.

 

93. No se trata de una exigencia imposible o de una carga excesiva, sino de un mínimo de acreditación por parte de los jueces de familia de cómo aseguraron el derecho del niño a ser oído de forma efectiva, incluso tratándose de una intervención indirecta. Sin embargo, la providencia judicial guardó silencio absoluto sobre cómo tal intervención de la Defensoría de Familia o de los cuatro adultos responsables recogió adecuadamente la opinión de Mauricio. De hecho, no dejó consignado ningún problema práctico en cuanto escucharlo, barreras para garantizar su participación directa o algún elemento asociado a escenarios perjudiciales para aquel de acudir a un escenario judicial.

 

94. Tampoco se expuso alguna consideración sobre cómo, ante la existencia de un conflicto altamente complejo en torno a la representación de Mauricio, tal circunstancia no distorsionaba la expresión del niño ni comprometía la imparcialidad de la opinión transmitida por el defensor de familia. Lo anterior cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que, si bien el defensor de familia instauró el proceso judicial en contra de los padres biológicos y de crianza, los padres biológicos ya tenían conocimiento previo de la demanda y tuvieron acceso a ella antes de la audiencia. Así consta en el Informe de Valoración Psicológica para audiencia de fallo del primer proceso administrativo de restablecimiento de derechos[141].

 

95. Segunda. El juzgado de familia no demostró algún tipo de valoración asociada al derecho del niño a formarse su propio juicio y a ser escuchado. En la intervención ante el juez de tutela de primera instancia el defensor de familia del Centro Zonal expuso que, en este caso, el niño fue escuchado por el equipo interdisciplinario de la Defensoría de Familia y su voz recogida mediante diferentes informes puestos en conocimiento del juzgado de familia. Además, argumentó que aquella atención es la vía prevista para garantizar la participación del niño cuando una comparecencia directa en actuaciones judiciales podría exponerlo a mayores afectaciones emocionales[142]. Sin embargo, revisado el material probatorio del primer proceso administrativo de restablecimiento de derechos, así como el expediente del proceso de impugnación e investigación de paternidad y maternidad, la Sala Cuarta no advierte una constancia o escrito que demuestre que el defensor de familia puso en conocimiento al juzgado de familia, de forma previa o durante el trámite de la audiencia preliminar, de cada informe o actuación adelantada en el primer PARD.

 

96.  De hecho, según da cuenta la demanda, el defensor no realizó consideración alguna para que el niño fuera escuchado directamente, como tampoco se indicó que su voz o su expresión sería canalizada indirectamente a través de aquel. El defensor de familia solo pidió el interrogatorio de parte de los cuatro adultos en disputa. Tampoco anexó en la demanda copia completa del PARD ni de los informes o entrevistas específicos asociados con la expresión de la opinión del niño[143]. Incluso la demanda tampoco deja constancia sobre la situación de inestabilidad del niño que, para el defensor, conllevaba a que la jueza no lo escuchara directamente. Luego, el defensor no demostró cómo realmente el derecho a la escucha pudo materializarse a través de aquel. Lo que sugieren las pruebas es la prevalencia de una visión tutelar de sus derechos, más que una preocupación demostrada porque la autoridad judicial conociera directamente lo que aquel podría pensar, sentir o estar viviendo. 

 

97. Ahora bien, revisados cada uno de los informes psicosociales, existen diferentes manifestaciones del niño asociadas a su realidad socioafectiva, su situación emocional y su relación con los padres biológicos y de crianza. En tales documentos se realizan expresiones como las siguientes:

 

Tabla No. 12: Análisis cronológico

 

98. En este punto, la Sala Cuarta reconoce que, si bien en aquellos informes y visitas de seguimiento el niño expresó consideraciones relevantes sobre su situación personal y su realidad afectiva, que incluso ratificó ante esta Corte, ninguna de esas intervenciones estuvo orientada a explicarle específicamente el contexto del proceso judicial y los aspectos necesarios sobre este para que pudiera formarse un juicio propio. En ninguno de esos informes consta que el niño hubiera recibido información adecuada o asesoramiento sobre el alcance del proceso judicial de filiación respecto de su derecho a tener una familia, el impacto en su estructura identitaria, o los efectos que la decisión podía producir sobre su nombre, estado civil, patria potestad, alimentos, custodia y visitas, etc. En consecuencia, la Sala concluye que no se le garantizó a Mauricio información suficiente ni un acompañamiento específico que le permitieran formarse un juicio propio, no sobre todos los aspectos del proceso, sino sobre aquellas circunstancias que podían incidir de manera relevante en sus derechos. Por lo tanto, no puede considerarse que tales expresiones del niño en el trámite del proceso administrativo equivalen lo mismo a su participación activa en la actuación judicial.

 

99. Ahora bien, incluso si aquello se admitiera, como lo plantea el defensor de familia en cuanto que la expresión y opinión del niño se encontraban recogidas en la documentación recaudada en el PARD, lo cierto es que la jueza tampoco dejó constancia en la audiencia ni en la providencia judicial de algún argumento, idea o, al menos, consideración sobre tales expresiones y opiniones del niño. En el acta y en la audiencia de terminación anticipada solo se dejó constancia de que “el acuerdo al que [llegaron las partes] con la intervención de sus apoderados y la coadyuvancia del defensor de familia obedece al principio del interés superior del menor”.

 

100. El principio del interés superior del niño, ciertamente, orienta toda actuación judicial y administrativa que lo involucre. Sin embargo, no constituye una fórmula genérica que basta invocar en una providencia judicial, sino que exige una motivación concreta según las condiciones particulares del caso. En lo que respecta al derecho de Mauricio a ser escuchado, por ejemplo, el juzgado no explicó cómo valoró su capacidad para formarse un juicio propio, comprender lo que sucedía y considerar su voluntad, capacidad y autonomía progresiva, acorde no solo con su edad, sino con su madurez. En los informes del PARD es claro que el niño contaba con la capacidad para formarse una opinión y expresarla libremente. En esos informes se registra, por ejemplo, su miedo a no tener a su familia de crianza, la fractura de su relación con los padres biológicos y su negativa, en las circunstancias de aquel momento, a mantener contacto con estos. No obstante, el juzgado de familia no explicó cómo aseguró que el niño pudiera expresarse de manera real y efectiva, incluso por conducto del defensor de familia. Tampoco realizó consideración alguna sobre tales manifestaciones, ni dejó constancia si indagó, al menos, si habían sido producidas de forma libre, espontánea y sin miedo.

 

101. Tercera. La jueza no demostró cómo tuvo en cuenta las expresiones y opiniones de Mauricio. La jueza hizo uso de la facultad para terminar de forma anticipada el proceso judicial prevista en el artículo 278 del Código General del Proceso. Dicha disposición establece que “[en] cualquier estado del proceso, el juez deberá dictar sentencia anticipada, total o parcial” cuando, entre otras hipótesis, “las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez”. De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, una sentencia anticipada es una institución jurídica que permite finalizar el proceso sin agotar todas las etapas procesales, constituyéndose en una excepción a la regla general de terminación prevista en el artículo 373 del CGP[155]. Su propósito es asegurar una justicia fundada en los principios de celeridad y economía procesal, garantizando el acceso efectivo a la administración de justicia para quienes reclaman decisiones prontas “con el menor número de actuaciones posibles y sin dilaciones injustificadas”[156].

 

102. Sin embargo, como ya ha precisado la Corte Constitucional, por ejemplo en el fallo T-350 de 2025, en lo que se refiere a los escenarios conciliatorios en asuntos de familia, la sentencia anticipada no se agota en la verificación del consentimiento de las partes. Es decir, una sentencia anticipada no se puede fundar únicamente en el acuerdo de las partes. El juez o jueza está llamado a “garantizar materialmente las condiciones fácticas y relacionales del núcleo familiar, atendiendo al principio del interés superior del menor y a las normas de orden público que tutelan la niñez”. Ello comprende, por lo tanto, el derecho del niño a ser escuchado y a que su opinión sea tenida en cuenta[157]. De esta manera, una sentencia anticipada y, con ello, la celeridad en el cierre de un asunto no puede convalidar una decisión carente de un análisis suficiente sobre los derechos fundamentales de quienes participan en él o se ven afectados con la decisión.

 

103. En esa ocasión, la providencial del 1° de julio de 2025 no solo definió la filiación de Mauricio y los efectos en el nombre, estado civil y la patria potestad del niño, sino que dispuso quiénes estarían a cargo de su custodia y cuidado personal, alimentos y estableció, además, un plan de acción para las visitas de los padres biológicos. Sin embargo, el juzgado no explicó qué papel le dio a las diferentes opiniones y expresiones del niño sobre el litigio y las determinaciones por adoptarse.

 

104. Este punto es especialmente relevante para esta Sala Cuarta de Revisión. Escuchar a un niño no solo implica permitir su participación y que se exprese, incluso mediante algún tipo de ente o persona especializada, sino también demostrar cómo su voz y su comprensión del mundo fueron efectivamente consideradas. En este caso, el juzgado adoptó una secuencia de órdenes comunes a un proceso de filiación, pero dejó de lado explicar cómo valoró la afectación específica que el niño experimentaba en su entorno familiar ampliado, tales como las distintas manifestaciones sobre su rechazo, miedo o negativa a mantener de forma inmediata una relación con los padres biológicos. De este modo, el juzgado de familia dejó de ofrecer una argumentación específica que explicara, de manera comprensible, cómo tuvo en cuenta las diferentes expresiones del niño. Incluso, no explicó el impacto del miedo del menor de edad a ser separado de su familia de crianza por la decisión que se adoptase, el cual incluso se mantiene en la actualidad, tal y como da cuenta la declaración de Mauricio en sede de revisión. Tampoco justificó por qué optó por un plan condicionado de visitas con los padres biológicos, pese a la aparente resistencia del niño y a la fractura de su vínculo con ellos.

 

105. En consecuencia, en un escenario como este, marcado por la desarmonía familiar y la inestabilidad emocional del niño, el juzgado de familia no justificó de qué manera sus órdenes incorporaron las expresiones reiteradas de Mauricio. Tampoco demostró la aplicación de un criterio de progresividad en las medidas adoptadas, esto es, que tales determinaciones se ajustaran gradualmente a su estabilidad emocional, a su proceso de adaptación y a lo expresado por el propio niño. Además, no le permitió participar en el diseño de esas medidas, a pesar del evidente impacto que podían tener en su identidad y en su entorno familiar. En suma, no existe prueba de que al adoptar una decisión de tal trascendencia para Mauricio, el juzgado hubiera considerado de manera específica la voz, las necesidades y la situación particular de este. Como ya se explicó en esta providencia, tales procedimientos deben concebirse como escenarios dinámicos y abiertos al diálogo con los niños, niñas y adolescentes.

 

106. Por último, la Sala estima relevante señalar que, si bien desde el ámbito constitucional, el defecto por violación directa de la Constitución está demostrado en esta oportunidad, al tratarse de la afectación directa y especialmente sensible de un derecho fundamental del niño a ser oído y su voz escuchada, en su condición de sujeto de especial protección constitucional, igualmente, este defecto se proyecta en la práctica en obligaciones procesales a ser acatadas por los jueces de familia.

 

107. Tales autoridades judiciales deben, a efectos de cumplir con la Constitución, la ley y las reglas procesales en la materia, en su día a día, disponer de etapas, instancias o actuaciones procesales que de forma real y efectiva aseguren el derecho del niño a participar y ser escuchado, de acuerdo con las garantías constitucionales previamente señaladas. En consecuencia, este derecho de carácter fundamental, que puede conllevarle a la autoridad judicial una posible configuración de un defecto por violación directa a la Constitución, también genera un deber correlacional, de carácter legal, de brindarle a los niños, niñas y adolescentes las etapas o instancias procesales correspondientes en el proceso de familia para materializar dicho postulado supralegal. Así las cosas, dicha omisión sustantiva para el jueza o jueza encargada del asunto le implica una obligatoriedad en términos de la fase procesal a asegurarse.

 

La providencia judicial incurrió en un defecto procedimental absoluto por la pretermisión de etapas procesales sin pronunciarse de forma autónoma sobre cuestiones sustanciales de la dinámica familiar de Mauricio planteadas dentro del litigio

 

108. Acreditado el defecto por violación directa de la Constitución, por el desconocimiento del derecho de Mauricio a ser escuchado y a que su voz fuera tenida en cuenta, la Sala Cuarta de Revisión podría agotar el análisis del caso concreto y adoptar inmediatamente los remedios constitucionales. Sin embargo, en esta oportunidad, se evidencia que la providencia objeto de la acción también incurrió en un defecto procedimental absoluto. Este pronunciamiento es necesario por la relevancia que tiene para la decisión definitiva por adoptarse a favor Mauricio y, en general, para los asuntos en los que, en el marco del proceso de impugnación e investigación de la paternidad y la maternidad, existen disputas entre vínculos biológicos y de crianza. Además, por tratarse de un asunto de pedagogía constitucional.

 

109. En esta oportunidad, el defecto procedimental absoluto surge porque el Juzgado Promiscuo de Familia al momento de valorar la solicitud de declaración de la filiación de Mauricio, mediante el proceso de impugnación e investigación de la paternidad y maternidad, pretermitió etapas procesales, bajo una fórmula de terminación anticipada del proceso, como producto de un acuerdo entre las partes, sin resolver de forma autónoma, específica y contextualizada a la realidad socioafectiva del menor, diferentes aspectos sustanciales que le fueron planteados en el litigio. Con ello, no solo afectó el derecho de Mauricio al debido proceso, sino también su derecho a tener una familia y no ser separado de ella, así como su derecho a la identidad, a construirse de forma progresiva, primando su bienestar y su interés superior. Además de lo ya expuesto sobre que no escuchó directamente al niño, lo cual era esencial para este caso, la Sala llama la atención sobre tres circunstancias adicionales que configuran este defecto procedimental absoluto.

 

110. Primera. Se pretermitieron etapas procesales sin resolver cuestiones sustanciales planteadas en el litigio. En la contestación de la demanda, Alejandra y Ariel formularon tres excepciones de mérito. La primera, la posesión notoria del estado de hijo, con fundamento en el artículo 397 del Código Civil[158]. La segunda, la “excepción de estado civil de hijo de crianza”[159]. Y la tercera, una excepción genérica dirigida a privilegiar “los derechos del menor y no de los adultos”[160].

 

111. Para sustentar tales excepciones, los accionados reconocieron que no tenían la condición de padres biológicos. Sin embargo, sostuvieron que dadas las circunstancias del caso y la situación particular del niño, era indispensable que el juzgado de familia examinara la situación de Mauricio como hijo de crianza y los efectos que ello podía producir en la definición judicial de su filiación, para efectos de negar la impugnación de la maternidad y la paternidad.

 

112. En ese sentido, hicieron referencia, con apoyo en distintos medios de prueba, a: (i) la relación precaria y casi inexistente del niño con sus padres biológicos, derivada de la separación ocurrida desde que tenía dos meses de edad; (ii) la incorporación de Mauricio a su núcleo familiar como uno de sus hijos durante un lapso superior a nueve años; (iii) el vínculo afectivo consolidado entre ellos y el niño a lo largo de ese tiempo; y (iv) la dependencia económica y material de Mauricio respecto de ellos, puesto que desde los dos meses de edad asumieron su salud, educación, vivienda, alimentación, amor, cuidado y protección, con fundamento, además, en el derecho a la igualdad de las familias de crianza y en el interés superior del niño.

 

113. En la providencia cuestionada del 1° de julio de 2025, el juzgado señaló que la filiación no era un asunto disponible por las partes[161]. Acto seguido, concluyó que “el acuerdo al que las partes [llegaron] se encuentra ajustado a derecho” [162]. A su juicio, dicho acuerdo se ajustaba al derecho porque la prueba de ADN demostraba la alta probabilidad de que quienes alegaban tal condición fueran los padres biológicos. Con todo, hizo referencia a que no podía desconocerse que el legislador ha orientado la protección a todos los hijos, sean matrimoniales o extramatrimoniales.

 

114. En esta decisión judicial el juzgado de familia delimitó el asunto y dejó de pronunciarse sobre aspectos que fueron planteados expresamente en el proceso ordinario. En concreto, dentro del proceso se alegaron la posesión notoria del estado de hijo y la condición de hijo de crianza, asuntos respecto de los cuales la autoridad judicial tenía el deber de pronunciarse por su trascendencia en el proceso. Esto por su impacto y estrecha relación con los derechos del niño a la identidad, a tener una familia y a no ser separado de ella.

 

115. Segunda. La terminación anticipada del proceso dejó la definición de la solicitud de posesión notoria del estado civil de hijo de crianza a la sola voluntad de las partes. Recuérdese, como se expuso en la parte motiva, que la filiación y el estado civil, aunque coexisten en este tipo de asuntos, son conceptos jurídicos distintos. La filiación define la línea generacional de una persona, mientras que el estado civil es un concepto más amplio que da cuenta de las diferentes situaciones jurídicas de una persona en sus relaciones familiares y sociales, lo que determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer determinadas obligaciones. Por tal razón, aunque la filiación es una de las fuentes tradicionales que determina el estado civil, dicho estado civil es una categoría independiente que define diferentes posiciones del niño ante los demás.

 

116. Por ello, esta Corporación ha señalado que el estado civil es un atributo esencial de la personalidad y, a su vez, un derecho fundamental que, en el caso de los niños, adquiere un carácter prevalente[163]. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia ha destacado la relevancia constitucional y jurídica del estado civil como situación jurídica fundamental de la persona dentro de la familia y la sociedad, así como la necesidad de reconocer y proteger los vínculos de crianza cuando estos han adquirido estabilidad[164]. Por lo tanto, si bien las relaciones socioafectivas y, particularmente, las familias de crianza, en la actualidad, no alteran en principio la filiación biológica, sí tienen el alcance de constituir un estado civil autónomo especial y requieren una valoración cuidadosa y especial en los procesos de impugnación de la maternidad y la paternidad.

 

117. Por lo tanto, al debatirse la pretensión de reconocimiento del estado civil de hijo de crianza de Mauricio, por virtud de los artículos 2473 del Código Civil y 1° del Decreto 1260 de 1970, este no era un asunto que pudiera finalizarse o decidirse de forma exclusiva a través de la voluntad de los adultos involucrados. En efecto, cuando en el proceso se alegó la posesión notoria del estado civil del hijo y la existencia de un vínculo socioafectivo consolidado que hace parte del estado civil de Mauricio, la jueza no podía dejarlo a la mera voluntad de las partes. Sin embargo, determinó su alcance a un acuerdo entre los adultos, lo que transformó el debate sobre el estado civil como hijo de crianza en un tema de custodia y cuidado personal.

 

118. En esta ocasión, ante el conflicto entre filiación bilógica y realidad socioafectiva, en el marco del proceso de impugnación e investigación de la maternidad y paternidad, la jueza no podía pronunciarse únicamente sobre el estado civil filial, sino que tenía la obligación de resolver la pretensión sobre el estado civil de hijo de crianza, por las razones que a continuación se precisan:

 

119. En primer lugar, como ya se anotó en la parte motiva, los procesos de filiación guardan una relación directa relevante con los derechos a tener una familia y no ser separado de ella, así como con el conjunto de derechos que de allí derivan para los niños, entre ellos y de forma especial, de su construcción de identidad. En consecuencia, no se trata de procesos en los que se define de forma aislada un aspecto asociado a la situación del niño, sino que tienen por propósito establecer el conjunto amplio de obligaciones familiares, de cuidado y amor que se desprenden entre las partes en su relación padres e hijos. De ahí que, en otros casos, los vínculos de crianza hayan sido temas a estudiarse y definirse en el marco de los procesos de impugnación e investigación de la paternidad y la maternidad[165].

 

120. En segundo lugar, en virtud del principio del interés superior del niño, se le exige al juzgado de familia adoptar las decisiones que valoren de forma integral, contextualizada y cuidadosa la realidad familiar de los niños y niñas. Este principio no se satisface con una decisión parcial sobre el estado civil del menor de edad, sino que impone resolver de fondo todas las dimensiones de los vínculos familiares que inciden en su bienestar integral. En este asunto, una valoración integral exigía considerar tanto el estado civil filial como la solicitud de estado civil de crianza y valorar cómo en el contexto del niño, tales estados pueden existir y confluir para proteger de manera efectiva los derechos fundamentales y la prevalencia de sus intereses legítimos. O, en su defecto, si los vínculos socioafectivos exigían considerar la existencia de una autonomía previa al proceso de impugnación.

 

121. En tercer lugar, como ya se indicó, al tratarse de una solicitud asociada al estado civil, no se trataba de un aspecto que pudiera dejarse a la voluntad o al arbitrio de las partes, por lo que el proceso no podría terminarse por cuenta de una conciliación. El estado civil a que se aludió es de orden público, indisponible e indivisible. Luego, era obligación de la autoridad judicial realizar una valoración específica de tal pretensión y resolverla de forma integral y contextualizada respecto de la realidad de Mauricio.

 

122. Por último, siguiendo el precedente expuesto de la Corte Suprema de Justicia y de conformidad con el artículo 22.2 del CGP, a los jueces de familia le corresponde resolver todos los asuntos referentes al estado civil que lo modifiquen o alteren, lo que incluye el estado civil de hijo de crianza. En consecuencia, en este caso, la competencia de la jueza no se agotaba con la definición del estado civil filial, pues la controversia puesta bajo su conocimiento comprendía además el estado civil de hijo de crianza. Además, la prevalencia del derecho sustancial sobre lo formal, las facultades extra y ultrapetita[166] y el principio de economía procesal también le imponían al juzgado resolver integralmente la controversia a su cargo.

 

123. Con todo, resulta relevante precisar que la Sentencia SC1702-2025 de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, al emitirse con posterioridad al fallo controvertido, no es, en sí mismo, un precedente cuyo desconocimiento se le pueda reprochar directamente al juzgado. Tal precedente se utiliza como un criterio que permite comprender, ordenar, sistematizar y orientar el alcance de la protección a la familia de crianza y su naturaleza jurídica, a partir de las disposiciones previstas en la Ley 2388 de 2024 y decisiones antecedentes de esa misma corporación que reconocieron la protección a las familias de crianza y dispusieron su análisis desde la noción de estado civil.  

 

124. Tercera. El juzgado prescindió de un cauce procesal que le hubiera permitido demostrar un especial cuidado y diligencia en el contexto familiar específico de Mauricio. Como explicaron varios de los aquí intervinientes, la coexistencia entre filiación biológica y realidad socioafectiva, regulada en la Ley 2388 de 2024, genera tensiones interpretativas y prácticas que los jueces deben resolver. El juzgado de familia no solo debía valorar los efectos de tales relaciones de filiación en el estado civil, sino también examinar, de manera integral y contextualizada, cómo ese estado civil derivado de la crianza coexiste, si es que se considera así, con el estado civil filial o, en su defecto, no era valida la modificación pretendida a la filiación y estado civil de Mauricio. Sin embargo, aunque la autoridad expuso que el Estado protegía las diferentes formas familiares, no justificó ni explicó por qué no sería valorado el estado civil de familia de crianza y sus efectos en las relaciones filiales. Ni cómo en la práctica sería llevado o considerado el estado civil frente a las relaciones familiares del niño.

 

125. Dicho en otras palabras, el juzgado de familia terminó de forma anticipada el asunto, sin una motivación mínima sobre la filiación y el estado civil de Mauricio en el contexto muy específico en que se debatía su filiación biológica y su realidad socioafectiva entre cuatro adultos. En ese orden, para esta Sala Cuarta de Revisión, el juzgado de familia no tuvo en cuenta órdenes específicas que le permitieran a Mauricio canalizar el impacto de la decisión filial a mediano y largo plazo. Tampoco acreditó cómo actuó con especial diligencia en el caso para conocer y valorar consecuencias desfavorables de su decisión. De hecho, adoptó las órdenes típicas de custodia, alimentos y visitas, sin responder a la complejidad del conflicto entre los cuatro adultos.

 

126. Tampoco respondió al “deber de ponderar cuidadosamente antes de emitir el fallo”, previsto por la Corte Suprema de Justicia cuando, en los procesos en que se controvierte la paternidad y la maternidad una persona reconoce voluntariamente la filiación de un menor de edad, siendo consciente de la inexistencia de lazos biológicos, y consolida con posterioridad a ello una familia de crianza. Adicionalmente, el juzgado de familia tampoco demostró cómo valoró la prevalencia del interés superior del niño en el marco del proceso de reunificación familiar alegado por sus padres biológicos, ni la especial cautela que este asunto exigía. Por ejemplo, el fallo no señaló ninguna consideración u orden sobre una evaluación integral del niño, reconociendo cuál era su opinión sobre tal proceso de reunificación.

 

127. Téngase en cuenta que el juzgado de familia adoptó una orden asociada a adelantar un proceso de acompañamiento interdisciplinario para asegurar las visitas del niño con sus padres biológicos, no para conocer cómo entendería él su relacionamiento con sus padres ni si, desde su interés superior y bienestar, le resultaba admisible de forma progresiva tal proceso de reunificación familiar.

 

128. Para esta Sala de Revisión la omisión de una valoración integral de la realidad socioafectiva del niño pudo tener la aptitud de incrementar la incertidumbre respecto de su identidad y de sus relaciones familiares y, con ello, contribuir a prolongar o profundizar la conflictividad familiar y judicial existente. Respecto de la situación de Mauricio no solo está la presente acción de tutela, sino que en el expediente electrónico se enuncia que los padres biológicos han formulado una “denuncia penal por fraude procesal, falsedad en documento público y actuación temeraria”[167] y los cuidadores han promovido un proceso de declaratoria de hijo de crianza[168], por los mismos hechos debatidos en el proceso de impugnación e investigación de la paternidad y maternidad.

 

129. En consecuencia, el defecto procedimental absoluto se configura en este caso porque (i) el juzgado de familia pretermitió etapas procesales propias del trámite de impugnación e investigación de la paternidad y la maternidad, sin resolver cuestiones sustanciales planteadas en el litigio. De manera específica, (ii) la providencia del 1° de julio de 2025 dio por terminado el proceso de forma anticipada y se limitó a formalizar un acuerdo alcanzado entre los adultos involucrados, sin ofrecer una respuesta concreta a la solicitud sobre el estado civil de hijo de crianza, materia que, por tratarse de un asunto de orden público, indisponible e indivisible, no podía quedar definida por la voluntad de las partes. Por lo mismo, (iii) al terminar el proceso de forma anticipada, el juzgado prescindió de un cauce procesal que exigía un amplio debate probatorio, en el que habría podido valorar de manera cuidadosa y motivada la tensión entre los vínculos biológicos y socioafectivos en procesos de impugnación e investigación de la maternidad y la paternidad, y su alcance en la definición de la filiación y el estado civil.

 

130. Conclusión y órdenes por adoptar. La Sala Cuarta de Revisión procederá a revocar el fallo adoptado el 17 de septiembre de 2025 por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó la decisión del juez de tutela de primera instancia que negó el amparo. En su lugar, amparará los derechos fundamentales al debido proceso, a ser escuchado y a que su voz sea tenida en cuenta, a tener una familia y a la identidad de Mauricio, en su condición de sujeto de especial protección constitucional. De esta manera, se procederá a adoptar las siguientes órdenes: 

 

131. En primer lugar, la Sala levantará la suspensión de términos y las medidas provisionales decretadas en el Auto 477 de 2026.

 

132. En segundo lugar, se dejará sin efectos la sentencia proferida el 1° de julio de 2025 por el Juzgado Promiscuo de Familia. En su lugar, se ordenará a la autoridad accionada que adopte una nueva decisión en la que dé curso al proceso y, en consecuencia, adopte un fallo de fondo. Se le advertirá a la autoridad judicial que, al emitirse dicho fallo, deberá tener en cuenta los fundamentos de esta providencia que llevaron al amparo de los derechos fundamentales de Mauricio. Esto incluye lo siguiente: (i) la providencia que se profiera deberá motivar expresamente en qué medida la decisión satisface el principio del interés superior de Mauricio, cómo lo escuchó y qué papel le otorgó a la opinión del niño sobre el objeto del proceso y las determinaciones adoptadas, siguiendo las garantías dispuestas en los fundamentos de esta sentencia. En todo caso, el juzgado de familia deberá procurar la adopción de órdenes que, de forma progresiva y soportadas en la opinión y expresión del niño, procuren su bienestar integral y estabilidad emocional y familiar, incluso tratándose del proceso de reunificación familiar alegado por los padres biológicos. Igualmente, (ii) el despacho deberá tener en cuenta que el reconocimiento de hijo de crianza constituye un estado civil autónomo y, por lo mismo, debe ser objeto de valoración judicial y no es un asunto conciliable. Por lo anterior, deberá resolver las tensiones que en el contexto específico de Mauricio se generen eventualmente por sus relaciones familiares, su filiación y estados civiles.  

 

133. En tercer lugar, la Sala dispondrá que el Juzgado Promiscuo de Familia proceda de forma inmediata a analizar la procedencia de la conexidad procesal entre los procesos de impugnación e investigación de la maternidad y paternidad de Mauricio y el procedimiento de declaración de hijo de crianza del mismo niño. En caso de no encontrar procedente dicha figura, también de forma inmediata y mientras se define el proceso de impugnación e investigación de la maternidad y paternidad de Mauricio, suspenda el procedimiento de declaración de hijo de crianza, iniciado por Alejandra y Ariel, que se adelanta ante el mismo Juzgado Promiscuo de Familia, en la etapa en que se encuentre. Lo anterior, hasta que se profiera la decisión judicial definitiva en el proceso de impugnación e investigación de la maternidad y paternidad, en atención al principio de interés superior de Mauricio. Esta orden procede porque: (i) el proceso de jurisdicción voluntaria para la declaratoria de hijo de crianza expone hechos similares a los debatidos en el proceso ordinario de filiación; (ii) la decisión que ha de adoptarse en el proceso de impugnación e investigación de la maternidad y la paternidad guarda estrecha relación con el procedimiento declarativo de familia de crianza; y, (iii) además, la continuación de ese trámite jurisdiccional paralelo podría propiciar la coexistencia de decisiones judiciales concurrentes o incluso potencialmente contradictorias sobre la identidad filial y socioafectiva del niño. Además, resulta pertinente valorar ambos procedimientos desde el principio de celeridad procesal y en atención a la similitud entre los dos procesos.

 

134. En cuarto lugar, la Sala dispondrá la remisión de una copia de este fallo a la Defensoría de Familia del Centro Zonal para que, en el trámite del proceso o procesos judiciales que involucren a Mauricio, así como a cualquier otro niño, niña o adolescente, observe diligentemente los lineamientos de esta providencia sobre el interés superior del menor y el derecho de estos a ser escuchados y a que su voz sea tenida en cuenta en todo trámite administrativo o judicial.

 

135. Por último, la Sala Cuarta de Revisión ordenará al Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla que divulgue esta providencia a todos los despachos judiciales del país y continúe generando espacios de capacitación que fomenten la aplicación: (i) del derecho a ser escuchado y a que la voz de niños, niñas y adolescentes sea tenida en cuenta en los procesos de familia y, más específicamente en los de filiación, con las salvaguardas mínimas de protección dispuestas en esta sentencia y (ii) la valoración integral de las tensiones interpretativas y prácticas entre filiación biológica y realidad socioafectiva, con énfasis en el análisis cuidadoso y contextualizado de las relaciones familiares y la existencia de los estados civiles filiales y de crianza.

 

III. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,

 

RESUELVE

 

Primero. LEVANTAR la suspensión de términos y las medidas provisionales decretadas en el Auto 477 de 2026.

 

Segundo. REVOCAR la sentencia emitida el 17 de septiembre de 2025 por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó el fallo adoptado el 4 de agosto de 2025, emitido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial, que negó la acción de tutela. En su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a ser escuchado y a que su voz sea tenida en cuenta, a tener una familia y a la identidad de Mauricio.

 

Tercero. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 1° de julio de 2025 por el Juzgado Promiscuo de Familia, que decidió la terminación de forma anticipada del proceso de investigación e impugnación de la maternidad y paternidad, interpuesto por el Defensor de Familia del Centro Zonal en contra de Alejandra, Ariel, Zulma y Zaid.

 

Cuarto. En su lugar, DISPONER que, de manera inmediata, el Juzgado Promiscuo de Familia, dé curso al proceso y, en consecuencia, adopte un fallo de fondo, de conformidad con lo previsto en esta sentencia. ADVERTIR al Juzgado Promiscuo de Familia, que deberá tener en cuenta los fundamentos de esta providencia que llevaron al amparo de los derechos fundamentales de Mauricio. Esto incluye lo siguiente: (i) la providencia que se profiera deberá motivar expresamente en qué medida la decisión satisface el principio del interés superior de Mauricio, cómo lo escuchó y qué papel le otorgó a la opinión del niño sobre el objeto del proceso y las determinaciones adoptadas, siguiendo las garantías dispuestas en los fundamentos de esta providencia. En todo caso, el juzgado de familia deberá procurar la adopción de órdenes que, de forma progresiva y soportadas en la opinión y expresión de Mauricio, procuren su bienestar integral y estabilidad emocional y familiar. Igualmente, (ii) el despacho deberá tener en cuenta que el reconocimiento de hijo de crianza constituye un estado civil autónomo y, por lo mismo, la definición de ese estado civil no es objeto de conciliación por las partes en conflicto. Por lo anterior, deberá resolver las tensiones que en el contexto específico de Mauricio se generen eventualmente en sus relaciones familiares, su filiación y los estados civiles a valorarse.

 

Quinto. ORDENAR al Juzgado Promiscuo de Familia que, de forma inmediata, analice la procedencia de la conexidad procesal entre los procesos de impugnación e investigación de la maternidad y paternidad de Mauricio y el procedimiento de declaración de hijo de crianza del mismo niño. En caso de no encontrar procedente dicha figura, también de forma inmediata, suspenda el procedimiento de declaración de hijo de crianza, iniciado por Alejandra y Ariel, que se adelanta ante el mismo juzgado, en la etapa en que se encuentre. Lo anterior, hasta que se profiera la decisión judicial definitiva en el proceso de impugnación e investigación de la maternidad y paternidad, de conformidad con lo dispuesto en el fundamento jurídico 133 de esta providencia.

 

Sexto. ADVERTIR al Defensor de Familia que en el trámite del proceso o procesos judiciales que involucren a Mauricio, así como a cualquier otro niño, niña o adolescente, observe diligentemente los lineamientos de esta providencia sobre el interés superior del menor y el derecho de estos a ser escuchados y a que su voz sea tenida en cuenta en todo trámite administrativo o judicial.

 

Séptimo. ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura que, a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, divulgue esta providencia a todos los despachos judiciales del país y continúe generando espacios de capacitación que fomenten la aplicación del: (i) el derecho de los niños, niñas y adolescentes en los procesos de familia a ser escuchados y a que su voz sea tenida en cuenta y, más específicamente en los de filiación, con las salvaguardas mínimas de protección dispuestas en esta sentencia y (ii) la valoración integral de las tensiones interpretativas y prácticas entre filiación biológica y realidad socioafectiva, con énfasis en el análisis cuidadoso y contextualizado de las relaciones familiares y la existencia de los estados civiles filiales y de crianza.

 

Octavo. Por Secretaría General de la Corte Constitucional, LIBRAR la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991, para que el juzgado de primera instancia realice las notificaciones a las partes e intervinientes de la presente acción de tutela.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ

Magistrada

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General