REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Octava de Revisión de Tutelas

 

Sentencia T-308 de 2026

 

Referencia: T-11.748.402

 

Asunto: acción de tutela interpuesta por Franco Manolo Villota Coral en contra de la Secretaría de Educación Departamental de Nariño y el Cabildo Indígena del Resguardo de Yascual (pueblo de los Pastos) del municipio de Túquerres, Nariño

 

Magistrada ponente: Paola Andrea Meneses Mosquera

 

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

 

La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por las magistradas Natalia Ángel Cabo, Paola Andrea Meneses Mosquera, quien la preside, así como por el magistrado Miguel Polo Rosero, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, dicta la siguiente

 

SENTENCIA

 

Síntesis de la decisión

 

Hechos. Franco Manolo Villota Coral interpuso acción de tutela contra la Secretaría de Educación Departamental de Nariño y el Cabildo Indígena del Resguardo de Yascual. Alegó que las accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo y mínimo vital al retirarle el aval comunitario para desempeñarse como rector etnoeducador de la Institución Educativa San Sebastián de Yascual. Sostuvo que el retiro del aval se produjo sin un procedimiento previo y claro, y sin garantías de defensa y contradicción. En consecuencia, solicitó dejar sin efectos su desvinculación, ser reintegrado al cargo y obtener el reconocimiento de salarios, prestaciones e indemnizaciones.

 

Decisión de la Sala. La Sala reconoció que las comunidades indígenas cuentan con amplia autonomía para otorgar y retirar avales comunitarios a los etnoeducadores. Esta facultad se deriva de la dimensión administrativa del derecho fundamental a la etnoeducación. Sin embargo, recordó que esta facultad no es omnímoda o absoluta, pues debe ejercerse con observancia del derecho propio, la Constitución, la Ley y las garantías mínimas del debido proceso. En el caso concreto, la Sala encontró que el trámite de retiro del aval del señor Villota Coral desconoció esas exigencias. Esto, por dos razones. Primero, la Sala encontró que el Resguardo desconoció el principio de legalidad pues no acreditó la existencia de reglas aplicables al trámite de retiro del aval de etnoeducadores. La Sala reconoció que estas reglas no debían ser escritas ni garantizar los estándares propios del derecho administrativo sancionatorio. Sin embargo, consideró que, cuando menos, debían ser previas, generales y públicas, lo cual no se acreditó en este caso. Segundo, la Sala encontró que el Resguardo desconoció garantías mínimas de debido proceso, puesto que el accionante (i) no fue informado con antelación de que en la Asamblea General del 4 de abril de 2025 se evaluaría su permanencia y el eventual retiro de su aval; (ii) no tuvo la oportunidad de conocer las razones por las cuales se estaba evaluando el retiro de su aval; y (iii) tampoco contó con una oportunidad real y material de defensa.

 

Órdenes y remedios. Con fundamento en lo anterior, la Sala revocó la sentencia de segunda instancia y confirmó parcialmente el fallo de primera instancia, únicamente en cuanto amparó el derecho fundamental al debido proceso del accionante. Asimismo, declaró improcedente la tutela respecto de las pretensiones dirigidas a obtener el reintegro y las demás prestaciones económicas reclamadas. Además, dejó sin efectos la decisión de retiro del aval adoptada por la asamblea general del Resguardo Indígena de Yascual el 4 de abril de 2025 y, en consecuencia, ordenó al Cabildo Indígena de Yascual: (i) definir y adoptar, conforme a su derecho propio, reglas previas, generales y públicas sobre la permanencia y retiro de avales de etnoeducadores, que respeten las garantías mínimas de debido proceso; y (ii) rehacer el trámite de retiro del aval del accionante.

 

I.                  ANTECEDENTES

 

1.            Hechos relevantes

 

1.                 El nombramiento del señor Villota Coral. El 7 de mayo de 2012, mediante el Decreto 583 de 2012, la Gobernación de Nariño nombró, en provisionalidad, a Franco Manolo Villota Coral como directivo docente y rector etnoeducador en la Institución Educativa San Sebastián de Yascual. La Institución Educativa San Sebastián de Yascual está ubicada en la zona rural del municipio de Túquerres, departamento de Nariño, y atiende a la población indígena del Resguardo Indígena de Yascual, Túquerres. Esta designación fue “avalada por [el] señor Omar Isidro Getial, [entonces] gobernador indígena del resguardo de Yascual Túquerres”[1].

 

2.                 Por medio de la Resolución 170 de 2017 del 31 de enero de 2017, la Secretaría de Educación Departamental de Nariño nombró al señor Villota Coral en propiedad en el mismo cargo, “conforme a la designación y escogencia que del mismo ha realizado la comunidad del Pueblo Indígena de resguardo Indígena de Yascual-Túquerres”[2]. Esto, luego de culminado el “proceso de consulta previa”[3], entre cuyos “acuerdos protocolizados se encuentra [su] nombramiento en propiedad”[4].

 

3.                 Convocatoria a asamblea general. Mediante aviso, el gobernador, Jeison Aldemar Chalpartar Ipaz, y la Secretaría de Educación Indígena del Resguardo de Yascual, convocaron a todos los “líderes, mamas, taitas, ex gobernadores, comunidad educativa IESSY[5] y EAPOL”[6] a una asamblea general que se llevaría a cabo en la Casa Mayor del Cabildo, el 2 de abril de 2025. Lo anterior, con el objeto de implementar el “‘sistema transitorio de equivalencias para el régimen de carrera especial de los dinamizadores pedagógicos y educadores indígenas en Colombia’ Decreto 1345”[7].

 

 

4.                 El retiro del aval. La asamblea general se llevó a cabo el 4 de abril de 2025. Durante la reunión, la comunidad resolvió discutir el otorgamiento del aval comunitario al señor Villota Coral y su permanencia en el cargo de rector y etnoeducador en la Institución Educativa San Sebastián de Yascual. Varios intervinientes manifestaron su inconformidad con la labor que venía desempeñando el señor Villota Coral y solicitaron el retiro del aval[8]. En concreto, denunciaron (i) presuntos incumplimientos en la gestión; (ii) bajo rendimiento institucional; (iii) falta de cumplimiento de horarios y compromisos; (iv) escasa coordinación académica y administrativa; y (v) ausencia de resultados visibles. Asimismo, alegaron conflictos internos, episodios de irrespeto y malos tratos, deficiencias en la calidad educativa y en la incorporación de la educación propia, así como inconformidades de padres de familia por decisiones académicas y de convivencia escolar.

 

5.                 Luego de oír a los intervinientes, el gobernador de la comunidad dio la palabra al señor Villota Coral para que presentara sus descargos ante las acusaciones[9]. El señor Villota Coral argumentó que el Decreto 1345 de 2023 tenía carácter transitorio y que el trámite adelantado no correspondía a un nuevo nombramiento sino al “derecho de pasar a otro decreto”[10]. Asimismo, sostuvo que su designación como rector había sido aceptada por la comunidad, pues para acceder al cargo debió contar con la aprobación de “tres asambleas hace 13 años”. También defendió su gestión al frente de la institución educativa y destacó algunos de los proyectos ejecutados durante su administración, entre ellos, la construcción del techo, la cancha y el comedor escolar. Por último, manifestó que dejaba la decisión “en manos de Dios, de la comunidad y [de la] autoridad”, con el compromiso de “acatar[la] y seguir mejorando”.

 

6.                 Culminados los descargos, la decisión de otorgar el aval fue sometida a votación. La mayoría de la asamblea votó en contra de otorgar el aval, mientras que “solo tres personas levantaron la mano”[11] en favor de su continuidad. Finalizada la asamblea, las autoridades del Cabildo remitieron la decisión de retirar el aval comunitario al señor Villota Coral a la Secretaría de Educación Departamental de Nariño.

 

7.                 Reconsideración del retiro del aval. El señor Villota Coral presentó, de forma verbal, una solicitud de reconsideración del retiro del aval. Por esta razón, el 5 de mayo de 2025 se llevó a cabo una “reunión extraordinaria entre las autoridades del Cabildo del Resguardo Indígena de Yascual y el señor Rector Franco Manolo Villota Coral” con el objetivo de “entablar una mesa de diálogo, revisión de compromisos comunitarios y concertación con las autoridades frente a la decisión [del] 4 de abril de 2025”[12]. Durante la reunión, las autoridades indígenas manifestaron que la negativa de otorgamiento del aval obedeció a “peticiones de la comunidad”, estaba “respaldada bajo un acta” y respondía a diversas inconformidades relacionadas con la gestión del accionante como rector. Asimismo, señalaron que “ya se han adelantado procesos respecto a la devolución y negación de otorgamiento de Aval”.

 

8.                 El señor Villota Coral cuestionó el procedimiento adelantado y sostuvo que “se debió agotar desde inicios el debido proceso para tomar medidas y correcciones a tiempo”, por lo que solicitó que “se haga la investigación y frente a ello se concert[e]”. Al finalizar la reunión, las autoridades indígenas ratificaron la decisión previamente adoptada, informaron que ya habían entregado el acta a la Secretaría de Educación Departamental de Nariño y señalaron que se debía dar cumplimiento a la decisión de la comunidad.

 

9.                 El trámite administrativo de desvinculación. El 14 de mayo de 2025, la Secretaría de Educación Departamental de Nariño expidió la Resolución 3358 de 2025[13], mediante la cual dispuso la terminación del nombramiento en “provisionalidad” del señor Villota Coral “como consecuencia del retiro del aval por parte del Resguardo Indígena de Yascual”[14]. Luego, mediante la Resolución 3557 del 28 de mayo de 2025, aclaró aspectos formales de la Resolución 3358 de 2025. En concreto, precisó que el nombramiento correspondía a uno “en propiedad”[15] y no a uno provisional, pero, en todo caso, dejó constancia de que la corrección no alteraba la decisión de fondo[16].

 

10.            El 18 de mayo de 2025, el señor Villota Coral interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 3358 de 2025. Mediante la Resolución 3759 del 10 de junio de 2025, la Secretaría de Educación Departamental de Nariño declaró “improcedente el recurso de reposición”[17]. Esto, al considerar que el acto de terminación del nombramiento se expidió conforme a “lo determinado en el parágrafo del artículo 2.3.3.8.6.1. del Decreto 1343 [sic] de 2023”[18]. Contra esta decisión, el señor Villota Coral interpuso recurso de queja, el cual fue rechazado mediante la Resolución 5023 del 2 de julio de 2025[19].

 

11.            Mesa de diálogo. El 23 de mayo de 2025, el Gobernador del Resguardo Indígena de Yascual citó al señor Villota Coral a una reunión con el propósito de realizar una “mesa de diálogo imprescindible, en aras de escucharnos y dar aclaraciones […] frente al proceso del Decreto 1345 de 2023 y otorgamiento de avales”. El señor Villota Coral no asistió. Luego, el 27 de mayo siguiente, el gobernador hizo una nueva citación, a la que el señor Villota Coral manifestó que no asistiría alegando que no existían garantías y se encontraba en un “estado de indefensión” frente a las autoridades indígenas[20].

 

2.            Trámite de la acción de tutela

 

12.            Solicitud de tutela. El 15 de julio de 2025, el señor Villota Coral (en adelante, el “accionante”) interpuso acción de tutela contra la Secretaría de Educación Departamental de Nariño y el Cabildo Indígena del Resguardo de Yascual. Sostuvo que la terminación de su nombramiento como docente y rector etnoeducador vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, al trabajo, a la seguridad social y al mínimo vital. Según el accionante, el retiro del aval comunitario y la expedición de la Resolución 3358 de 2025 desconocieron sus derechos por las razones que se sintetizan en la siguiente tabla:

 

Tabla 1

 

13.            El accionante formuló las siguientes pretensiones: (i) amparar sus derechos fundamentales y, en consecuencia, dejar sin efectos las Resoluciones 3358 del 14 de mayo de 2025 y 3759 de 10 del junio de 2025, por violación del debido proceso, defensa, trabajo, seguridad social y mínimo vital; (ii) ordenar su restitución en el cargo de “Directivo Docente y Rector Etnoeducador” de la Institución Educativa San Sebastián de Yascual; (iii) disponer “el desembolso de los pagos correspondientes a los salarios dejados de percibir” desde la expedición de la Resolución 3358 de 2025; (iv) ordenar “la reparación integral” de los daños ocasionados a él y a su familia; (v) ordenar el pago de los honorarios por “asesoría jurídica especializada” que tuvo que asumir; (vi) ordenar al Cabildo Indígena de Yascual armonizar la aplicación de la pérdida de avales con su derecho propio, de forma que “permitan […] garantizar la doble instancia”; y (vii) adoptar “las demás órdenes” que resultaran pertinentes para proteger sus derechos fundamentales y los de su núcleo familiar.

 

14.            Admisión de la tutela, vinculaciones y contestaciones. El 22 de julio de 2025, el Juzgado 002 Civil Municipal de Túquerres admitió la tutela y vinculó al trámite a la Gobernación de Nariño[25]. La siguiente tabla resume los escritos de respuesta:

 

Tabla 2

 

15.            Sentencia de primera instancia. El 4 de agosto de 2025, el Juzgado 002 Civil Municipal de Túquerres concedió el amparo y ordenó a la Secretaría de Educación Departamental de Nariño reintegrar al accionante a su cargo. Además, advirtió a la entidad que “para adoptar una decisión de retiro del servicio de docentes etnoeducadores o directivos docentes etnoeducadores deberá previamente realizar la calificación de desempeño y de resultar insatisfactoria también contar con el aval del cabildo”[34]. Asimismo, advirtió al Cabildo Indígena de Yascual que “en lo sucesivo deberá garantizar el debido proceso de los etnoeducadores, derecho de defensa y contradicción, antes de adoptar decisiones respecto de ellos”[35].

 

16.            Nulidad por indebida integración del contradictorio.  El 2 de septiembre de 2025, el Juzgado Civil del Circuito de Túquerres resolvió “declarar la nulidad de todo lo actuado […] a partir de la sentencia […] de fecha 4 de agosto de 2025, inclusive, a efectos de que se rehaga la actuación con la debida notificación y vinculación del Ministerio de Educación, Ministerio del Interior, el Ministerio del Trabajo, Municipio de Túquerres, Personería Municipal y la Comisaría de Familia de Túquerres”[36]. Esto, al considerar que el fallo podía incidir en sus competencias o intereses. En consecuencia, ordenó “devolver el expediente al Juzgado de origen, para que reponga la actuación dentro de la Acción de Tutela”[37].

 

17.            El 4 de septiembre de 2025, el Juzgado 002 Civil Municipal de Túquerres vinculó a las entidades referidas y les solicitó que se pronunciaran sobre la tutela[38]. La siguiente tabla resume los escritos de respuesta:

 

Tabla 3

 

18.            Sentencia de primera instancia (reemplazo). El 17 de septiembre de 2025, el Juzgado 002 Civil Municipal de Túquerres dictó sentencia de reemplazo en la que amparó los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción del accionante y ordenó su reintegro en propiedad, con el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir[45]. El juzgado sostuvo que, dado que el accionante fue nombrado en propiedad con aval de la autoridad indígena, “quedó protegido por los derechos de carrera, por lo que su retiro del servicio solo puede obedecer a las causales previstas en la legislación”. Indicó que, conforme al artículo 125 de la Constitución, “el retiro se hará: por calificación no satisfactoria […] o por las demás causales previstas en la Constitución o la ley”[46], de modo que “no es suficiente que el Resguardo retire su aval para derivar en la decisión de retiro del Etnoeducador”[47]. A partir de lo anterior, concluyó que la Secretaría de Educación vulneró el debido proceso del accionante, pues fundamentó su desvinculación “solo […] con la determinación del Cabildo […] de retirarle el aval”[48], causal que “no está prevista en la ley como justa causa”[49]. Además, reprochó la ausencia de garantías en la actuación del Cabildo, en tanto al accionante no se le informaron las conductas, faltas y normas que infringió ni se le “permitió ejercer su defensa, pedir pruebas […], controvertir”[50] ni “ejercer recurso alguno, bajo la excusa de no pertenecer a la comunidad”[51]. Con fundamento en lo anterior, el Juzgado resolvió:

 

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, derecho de defensa y contradicción invocados en protección por el señor FRANCO MANOLO VILLOTA CORAL, conforme a la argumentación expuesta [a] lo largo de esta providencia.

 

SEGUNDO: ORDENAR a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE NARIÑO que como entidad nominadora efectúe el reintegro en PROPIEDAD del señor FRANCO MANOLO VILLOTA CORAL, en el cargo de Directivo Docente y Rector Etnoeducador en Propiedad de la Institución Educativa San Sebastián de Yascual del municipio de Túquerres, sin solución de continuidad y reconociendo y pagando a su favor los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir durante el periodo dejado de laborar a partir de [la] expedición de la Resolución 3358 de 14 de mayo de 2025 y hasta que se haga efectivo el reintegro a su cargo.

 

TERCERO: PREVENIR a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE NARIÑO que, para adoptar una decisión de retiro del servicio de docentes etnoeducadores o directivos docentes etnoeducadores deberá previamente realizar la calificación de desempeño y de resultar insatisfactoria también contar con el aval del cabildo.

 

CUARTO: PRECISAR al CABILDO INDÍGENA DE YASCUAL que en lo sucesivo deberá garantizar el debido proceso de los etnoeducadores, derecho de defensa y contradicción, antes de adoptar decisiones respecto de ellos; y, para ello, deberá expedir un documento y difundirlo en su comunicad [sic] y con los etnoeducadores, que contenga un mínimo de derecho y garantías para quienes se pretenda su remoción como docentes y/o directivos docentes, en los que se incluye las faltas, puesta en conocimiento del implicado, caducidad, términos o tiempo para formular descargos y pedir o aportar pruebas, tiempo para adoptar decisiones y recursos que proceden.

 

QUINTO: NEGAR las restantes pretensiones del actor (énfasis original)[52].

 

19.            Impugnación. El 22 de septiembre de 2025, Jeison Aldemar Chalpartar Ipaz, gobernador del Resguardo Indígena de Yascual, impugnó el fallo de primera instancia[53]. Sostuvo que el juez desconoció el régimen especial aplicable a los etnoeducadores, pues la decisión cuestionada no correspondía propiamente al retiro del aval, sino al “no otorgamiento del aval para transitar al nuevo sistema de equivalencias” previsto en el Decreto 1345 de 2023. En esa línea, afirmó que el nombramiento anterior era “transitorio” y que, una vez expedido el Decreto, el tránsito al nuevo régimen era obligatorio y requería la renovación del aval. Por ello, al no obtenerlo, “lo único procedente era la desvinculación”. Añadió que el juez valoró el caso con criterios del “derecho ordinario”, pese a que el debido proceso debía apreciarse conforme al derecho propio, esto es, “acorde con las Leyes de Origen, Derecho Mayor y Derecho Propio”. Finalmente, sostuvo que la decisión impugnada constituía una “clara intromisión en asuntos internos de la comunidad indígena” y pidió, en subsidio, que cualquier eventual reintegro no se ordenara en la Institución Educativa San Sebastián de Yascual.

 

20.            Sentencia de segunda instancia. El 24 de octubre de 2025, el Juzgado Civil del Circuito de Túquerres revocó la decisión de primera instancia y negó el amparo. Sostuvo que la Secretaría de Educación “cumplió con el deber de motivar el acto administrativo de retiro del servicio”[54] y que la terminación de la vinculación obedeció a “una razón objetiva, consistente en el retiro del aval y la solicitud expresa de las autoridades del resguardo”[55]. En este sentido, precisó que “el acto de retiro del servicio contiene una motivación razonable, fundada en la norma que regula la Carrera Especial de los Dinamizadores Pedagógicos o Educadores Indígenas”[56] y que, por tanto, “no se evidencia la utilización abusiva y arbitraria de una facultad legal”[57]. Por lo demás, consideró que la decisión comunitaria de retirar el aval fue adoptada en asamblea y que el accionante contó con oportunidad de defensa, “conforme al proceso establecido por dicha jurisdicción indígena”.

 

3.                 Actuaciones en sede de revisión

 

21.            Auto de pruebas. Mediante auto del 27 de abril de 2026, la magistrada sustanciadora decretó pruebas de oficio y solicitó información sobre tres asuntos: (i) la situación socioeconómica, laboral y familiar del accionante; (ii) las acciones judiciales y administrativas promovidas por los mismos hechos; y (iii) el procedimiento adelantado por el Cabildo Indígena del Resguardo de Yascual, en particular las reglas aplicables, las actuaciones previas a la asamblea del 4 de abril de 2025 y los eventuales mecanismos de reconsideración de la decisión de retiro del aval.

 

22.            Respuestas recibidas en el recaudo probatorio. La siguiente tabla resume los escritos de respuesta al auto de pruebas:

 

Tabla 4

 

II.              CONSIDERACIONES

 

1.          Competencia

 

23.            La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos en el trámite de la referencia, según lo dispuesto en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política.

 

2.          Estructura de la decisión

 

24.            La presente decisión tendrá la siguiente estructura. En primer lugar, la Sala examinará si la acción de tutela cumple los requisitos generales de procedencia (II.3 infra). En segundo lugar, de superarse dicho examen, determinará si el Cabildo Indígena del Resguardo de Yascual y la Secretaría de Educación Departamental de Nariño vulneraron los derechos fundamentales del accionante al retirar el aval comunitario y al disponer su desvinculación como rector etnoeducador (II.4 infra). Por último, de ser procedente, adoptará las órdenes y remedios que correspondan (II.5 infra).

 

3.          Examen de procedibilidad

 

25.            El artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela es un mecanismo judicial subsidiario, residual, informal y autónomo que tiene por objeto garantizar la “protección inmediata de los derechos fundamentales” de las personas mediante un procedimiento preferente y sumario. De acuerdo con lo previsto en el Decreto 2591 de 1991 y el desarrollo jurisprudencial de esta Corte, son requisitos generales de procedencia de la acción de tutela: (i) la legitimación en la causa por activa y pasiva, (ii) la inmediatez y (iii) la subsidiariedad. El cumplimiento de estos requisitos de procedencia es una condición para que el juez de tutela emita un pronunciamiento de fondo. En este sentido, a continuación, la Sala examinará si la presente acción de tutela satisface dichas exigencias.

 

3.1.          Legitimación en la causa

 

26.            Legitimación en la causa por activa. El artículo 86 de la Constitución dispone que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales^[58]. Conforme al artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, la solicitud de amparo puede ser presentada: (i) a nombre propio; (ii) mediante representante legal; (iii) por medio de apoderado judicial; (iv) mediante agente oficioso; o (v) por medio del Defensor del Pueblo o de los personeros municipales[59]. En tales términos, la Corte Constitucional ha definido el requisito general de procedibilidad de legitimación en la causa por activa como aquel que exige que la acción de tutela sea ejercida, directa o indirectamente, por el titular de los derechos fundamentales^[60].

 

27.            La Sala Octava constata que la solicitud de amparo objeto de estudio satisface el requisito de legitimación en la causa por activa. Esto, porque el señor Franco Manolo Villota Coral promovió la acción en nombre propio y es el titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados como resultado del retiro del aval comunitario y de la terminación de su nombramiento como rector etnoeducador.

 

28.            Legitimación en la causa por pasiva. Los artículos 86 de la Constitución Política y 5º del Decreto 2591 de 1991 prevén que la acción de tutela procede contra “toda acción u omisión de las autoridades públicas que haya violado, viole o amenace violar derechos fundamentales”. En este sentido, la Corte Constitucional ha sostenido que el requisito de legitimación en la causa por pasiva exige que la acción de tutela sea interpuesta en contra del sujeto –autoridad pública o particular[61]– que (i) conforme a la Constitución y la ley, cuenta con la aptitud o capacidad legal para responder a la acción de tutela y ser demandado^[62] y (ii) es el presunto responsable de la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales^[63]. La Corte Constitucional ha establecido que los cabildos indígenas son entidades públicas de carácter especial, que ejercen poder y control social de conformidad con la Constitución, la ley, los usos, las costumbres y el reglamento interno de la comunidad. Por lo tanto, pueden ser demandadas mediante acción de tutela como cualquier otra autoridad pública^[64].

 

29.            Respecto de la legitimación de las accionadas y vinculadas, la Sala observa lo siguiente:

 

-         La Secretaría de Educación Departamental de Nariño está legitimada en la causa por pasiva, pues fue la autoridad que expidió la Resolución 3358 de 2025, mediante la cual terminó el nombramiento del accionante como rector etnoeducador.

-         El Resguardo Indígena de Yascual, representado por su Cabildo Indígena y Gobernador, está legitimado en la causa por pasiva. Esto, porque (i) conforme a la jurisprudencia constitucional, es una entidad pública de carácter especial; y (ii) el accionante atribuye la vulneración de sus derechos a la decisión adoptada por dicha comunidad indígena, consistente en retirar el aval comunitario[65].

-         Las demás entidades vinculadas al trámite de tutela no están legitimadas en la causa por pasiva porque no son responsables de los hechos alegados ni están llamadas a responder por las pretensiones formuladas en la acción de tutela. Estas entidades son: el Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior, el Ministerio del Trabajo, el Municipio de Túquerres, la Personería Municipal y la Comisaría de Familia de Túquerres. Por lo tanto, la Sala ordenará su desvinculación.

 

3.2.          Inmediatez

 

30.            La acción de tutela no está sujeta a un término de caducidad. Sin embargo, la Corte Constitucional ha interpretado que, conforme al artículo 86 de la Constitución, la finalidad de la solicitud de amparo es la protección inmediata de los derechos fundamentales, por lo que debe presentarse en un término razonable respecto de la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a la presunta amenaza o vulneración de dichos derechos^[66]. La razonabilidad del término de interposición debe examinarse en cada caso concreto, en atención, entre otros, a los siguientes criterios: (i) las circunstancias personales del actor, (ii) su diligencia y posibilidades reales de defensa^[67], (iii) la posible afectación a derechos de terceros derivada de la interposición tardía de la tutela y (iv) los efectos del hecho vulnerador, esto es, si se trata de una vulneración continuada o permanente^[68].

 

31.            La Sala Octava considera que la acción de tutela satisface el requisito de inmediatez. El hecho presuntamente vulnerador ocurrió el 4 de abril de 2025, fecha en la que la comunidad indígena decidió retirar el aval comunitario. La tutela fue presentada el 15 de julio de 2025, por lo que transcurrieron poco más de tres meses hasta la interposición de la acción, lapso que la Sala considera razonable.

 

3.3.          Subsidiariedad

 

32.            El artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela tiene carácter subsidiario respecto de los medios ordinarios de defensa judicial. En virtud del principio de subsidiariedad, la acción de tutela procede únicamente en dos supuestos excepcionales^[69]. Primero, como mecanismo de protección definitivo, si no existe otro medio ordinario de defensa judicial idóneo y eficaz. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el mecanismo judicial ordinario es idóneo si es “materialmente apto para producir el efecto protector de los derechos fundamentales”^[70]. Por su parte, es eficaz si “está diseñado para brindar una protección oportuna a los derechos amenazados o vulnerados”^[71] (eficacia en abstracto), considerando las circunstancias en que se encuentre el solicitante (eficacia en concreto)^[72]. Segundo, como mecanismo de protección transitorio, cuando, a pesar de existir medios ordinarios idóneos y eficaces, la tutela es interpuesta para evitar la consumación de un perjuicio irremediable^[73].

 

33.            El ordenamiento jurídico prevé el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho^[74] como mecanismo ordinario de defensa idóneo y eficaz para cuestionar los actos administrativos de desvinculación de docentes. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, este medio ordinario de defensa ante la jurisdicción contencioso-administrativa es prima facie idóneo y eficaz para cuestionar actos administrativos de retiro del servicio[75]. En principio, es idóneo porque permite a la parte demandante cuestionar la legalidad de la terminación del vínculo, así como solicitar el reintegro y el pago de las prestaciones u honorarios que correspondan[76]. Asimismo, es eficaz en abstracto, pues la normativa que lo regula “contiene un procedimiento expedito para su resolución” y otorga al juez contencioso-administrativo la facultad de decretar las medidas cautelares o provisionales que considere pertinentes para proteger de manera oportuna los derechos fundamentales[77].

 

34.            La existencia de medios ordinarios de defensa implica que, por regla general, la acción de tutela es improcedente para cuestionar las decisiones de desvinculación de trabajadores. Esta regla, sin embargo, no es absoluta. La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede, de manera excepcional, para cuestionar la desvinculación de docentes cuando los medios ordinarios resultan ineficaces en concreto[78]. Para determinar si ello ocurre, el juez constitucional debe valorar las circunstancias particulares de los accionantes. Entre otros criterios relevantes, la Corte Constitucional ha valorado si los accionantes (i) son sujetos de especial protección constitucional o (ii) se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta “por causa de su condición económica, física o mental y [solicitan la protección] del derecho constitucional a la estabilidad laboral reforzada […]”[79]. Estas circunstancias no determinan, por sí solas, la procedencia de la tutela, sino que deben apreciarse conjuntamente con los demás elementos del caso para establecer la eficacia concreta del medio ordinario.

 

35.            En la solicitud de amparo, el señor Villota Coral presenta dos grupos de pretensiones de diferente naturaleza, que ameritan un examen de subsidiariedad independiente. El primer grupo comprende las pretensiones dirigidas a obtener la protección del derecho fundamental al debido proceso frente a la decisión comunitaria de retiro del aval. El segundo grupo comprende las pretensiones dirigidas a obtener el reintegro definitivo, el pago de salarios y prestaciones, la reparación integral de los perjuicios y el reconocimiento de los gastos u honorarios de asesoría jurídica.

 

36.            Primer grupo. Respecto del primer grupo de pretensiones, la Sala considera que la tutela objeto de estudio satisface el requisito de subsidiariedad, por dos razones:

 

37.            En primer lugar, el accionante no cuenta con un mecanismo judicial para controvertir directamente la decisión comunitaria de retiro del aval adoptada por la asamblea general del Resguardo Indígena de Yascual. A diferencia de lo que ocurre con las desvinculaciones de docentes del régimen ordinario, las decisiones de retiro del aval de comunidades indígenas no son actos administrativos y, por lo tanto, no son objeto de los medios de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Así lo señaló la Corte en la sentencia T-246 de 2022:

 

La Sala constata que en el presente caso se satisface el requisito de subsidiariedad, pues si bien la accionante contaba con mecanismos judiciales para controvertir la legalidad del acto administrativo y obtener el restablecimiento de sus derechos, estos no resultaban idóneos de acuerdo con las particularidades de la actuación administrativa que se cuestiona en sede constitucional, ni eficaces dadas las condiciones en que se encuentra la tutelante y a las especiales circunstancias del caso.

 

55.   El mecanismo de defensa ordinario no es idóneo pues la cuestión trasciende la órbita del estudio de legalidad del acto administrativo. El medio de control no resulta idóneo para lograr la protección de los derechos fundamentales de la tutelante, dado que el asunto planteado trasciende la órbita del examen de legalidad y restablecimiento del derecho del acto administrativo por el cual se dio por terminado su vínculo laboral. Si bien el medio de control de nulidad y restablecimiento permitiría reclamar el reintegro, el pago de salarios y prestaciones sociales dejados de percibir -desde el momento del retiro-, la vulneración de los derechos que alega la accionante no tiene como causa la ilegalidad de la actuación por medio de la cual se efectuó su desvinculación y se designó a la persona seleccionada para la prestación del servicio de etnoeducación en la Institución Educativa María Fabiola Largo del Municipio de Riosucio (Caldas).

 

38.            La Sala Octava considera que la regla de decisión citada es plenamente aplicable a este caso. En efecto, la presunta vulneración de los derechos fundamentales que el accionante invoca se deriva, principalmente, del retiro del aval por parte de la asamblea general del Resguardo Indígena de Yascual, la cual no puede ser demandada ante la jurisdicción ordinaria o contencioso-administrativa. Esto implica que la acción de tutela procede como mecanismo principal.

 

39.            En segundo lugar, la Sala reconoce que el accionante interpuso el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio del Interior, la Secretaría de Educación Departamental de Nariño, el Municipio de Túquerres y el Cabildo Indígena de Yascual. De acuerdo con las pruebas que reposan en el expediente, en la demanda el accionante solicitó, entre otras, la nulidad de la Resolución 7239 del 24 de noviembre de 2025[80], así como de las Resoluciones 3358 del 14 de mayo de 2025, 3557 del 28 de mayo de 2025, 3759 del 10 de junio de 2025 y 5023 del 2 de julio de 2025.

 

40.            La Sala considera, sin embargo, que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no resulta idóneo ni eficaz respecto de estas pretensiones. No es idóneo, pues la controversia planteada no se limita al examen de la legalidad del acto administrativo expedido por la Secretaría de Educación Departamental de Nariño. Por el contrario, la tutela involucra problemas de índole constitucional relacionados con el alcance de la autonomía educativa de los pueblos indígenas, el retiro del aval comunitario, los límites del derecho propio y las garantías mínimas de debido proceso exigibles en actuaciones adelantadas por autoridades indígenas[81]. En particular, dicho medio de control no permite controvertir directamente la decisión comunitaria de retiro del aval, que constituye la fuente principal de la presunta vulneración alegada. En esa medida, la controversia trasciende el control ordinario de legalidad propio de la jurisdicción contencioso-administrativa.

 

41.            Por otra parte, respecto de la protección inmediata del derecho fundamental al debido proceso frente a la decisión comunitaria, el medio ordinario tampoco resulta eficaz en concreto. La Sala constata que el señor Villota Coral se encuentra en una situación económica y familiar vulnerable que puede afectar su mínimo vital. En efecto, afirmó que desde su desvinculación no tiene vínculo laboral ni ingresos, que reside con sus padres —adultos mayores— y contribuye a su sostenimiento económico. Asimismo, manifestó que actualmente está separado de su cónyuge y que tiene múltiples obligaciones crediticias. Estas condiciones implican que imponer al accionante la culminación del proceso ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, como condición de procedencia de la tutela, constituiría una carga desproporcionada.

 

42.            Segundo grupo. Respecto del segundo grupo de pretensiones, en cambio, la Sala considera que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho sí resulta idóneo y eficaz. En efecto, dicho mecanismo permite solicitar el reintegro al cargo, el pago de salarios, prestaciones y demás emolumentos dejados de percibir, así como la reparación de los perjuicios derivados de los actos administrativos cuestionados. Estas pretensiones son principalmente económicas, por lo que, en principio, no deben ser resueltas por el juez de tutela al exceder el examen estrictamente iusfundamental, propio del juicio de amparo. Además, las pruebas que reposan en el expediente evidencian que el señor Villota Coral ya promovió ese medio de control contra el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio del Interior, la Secretaría de Educación Departamental de Nariño, el Municipio de Túquerres y el Cabildo Indígena de Yascual. En la demanda solicitó, además de la nulidad de las referidas resoluciones[82], el reintegro al cargo directivo que ocupaba, que se pagaran “los salarios dejados de percibir”, “la reparación integral” de los daños ocasionados y demás gastos asumidos[83]. Dichas pretensiones cuentan no solo con un medio judicial idóneo, sino que fueron solicitadas en un proceso actualmente en curso. Por tanto, la Sala declarará la improcedencia de la tutela frente a dichas pretensiones.

 

43.            Conclusión de procedibilidad. Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala Octava concluye que la acción de tutela satisface los requisitos generales de procedibilidad y procede como mecanismo principal para examinar la presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso derivada de la decisión comunitaria de retiro del aval. En contraste, es improcedente respecto de las pretensiones de reintegro y económicas derivadas de la desvinculación, cuyo conocimiento corresponde al juez administrativo que tramite el medio de nulidad y restablecimiento del derecho en curso.

 

4.         Examen de fondo

 

44.            En el presente acápite, la Sala examinará si las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales del accionante. Para ello, en primer lugar, analizará el contenido y el alcance del derecho fundamental a la etnoeducación y de la autonomía educativa de los pueblos indígenas. En esta sección, la Sala hará especial énfasis en la dimensión administrativa del derecho a la etnoeducación y en la prerrogativa de las comunidades indígenas de retirar el aval comunitario a los etnoeducadores (sección 4.1 infra). Luego, se referirá a los límites al ejercicio de la autonomía indígena en materia educativa y, en particular, a aquellos aplicables a la prerrogativa de otorgar o retirar el aval de reconocimiento al personal docente (sección 4.2 infra). Con fundamento en esas reglas, la Sala resolverá el caso concreto (sección 4.3 infra) y, de encontrar acreditada alguna vulneración, adoptará las órdenes y los remedios que correspondan (sección 5 infra).

 

4.1.          El derecho a la etnoeducación y a la autonomía educativa de los pueblos indígenas

 

(i)     Reconocimiento constitucional y desarrollo legal

 

45.            La etnoeducación es un derecho fundamental de los grupos étnicamente diferenciados^[84]. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional[85], este derecho se deriva de los principios constitucionales de diversidad étnica, multiculturalismo, pluralismo e igualdad material en los que se funda el Estado Social de Derecho (arts. 1, 8, 10 y 70 de la Constitución). Asimismo, se fundamenta en el mandato previsto en el artículo 68 de la Constitución Política, según el cual “los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural”. El derecho a la etnoeducación también está consagrado en instrumentos internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad, a saber, los artículos 8 y 27 del Convenio 169 de la OIT[86]. Asimismo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconocen el derecho de las comunidades indígenas a “establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje”^[87].

 

46.            El Capítulo III del Título III de la Ley 115 de 1994, “por la cual se expide la ley general de educación”, regula el derecho a la etnoeducación en Colombia. Este capítulo, además, se encuentra desarrollado en el nivel reglamentario por: los decretos (i) 804 de 1995, “[p]or medio del cual se reglamenta la atención educativa para grupos étnicos”^[88]; (ii) 1953 de 2014, que creó el Sistema Educativo Indígena Propio (en adelante, “SEIP”); (iii) 1345 de 2023, que estableció el Sistema Transitorio de Equivalencias para el Régimen de Carrera Especial de los Dinamizadores Pedagógicos o Educadores Indígenas; y (iv) 481 de 2025, que reconoció y estableció el Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP). En conjunto, estas leyes y decretos conforman el marco legal y reglamentario de la etnoeducación en Colombia.

 

47.            El artículo 55 de la Ley 115 de 1994 indica que la etnoeducación es aquella que “se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos”^[89]. Asimismo, prevé que dicha educación debe “estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural, con el debido respeto de sus creencias y tradiciones”. Por su parte, el artículo 56 establece que la finalidad de la educación de grupos étnicos es “afianzar los procesos de identidad, conocimiento, socialización, protección y uso adecuado de la naturaleza, sistemas y prácticas comunitarias de organización, uso de las lenguas vernáculas, formación docente e investigación en todos los ámbitos de la cultura”. En concordancia, el Decreto 1953 de 2014 define el SEIP, como un “proceso integral que, desde la ley de origen, el derecho mayor o el derecho propio, contribuye a la permanencia y pervivencia de los pueblos indígenas”[90]. Esto, con el objetivo de —entre otras cosas—, “impulsar y consolidar los procesos de educación propia de acuerdo con las particularidades de cada pueblo” y “aportar al fortalecimiento de la autonomía y de las estructuras de gobierno propio de los pueblos indígenas”[91].

 

48.            La jurisprudencia constitucional ha desarrollado el contenido y alcance del derecho fundamental a la etnoeducación. La Corte Constitucional ha definido la etnoeducación como el derecho fundamental que garantiza a los grupos étnicamente diferenciados un sistema educativo que respete y desarrolle su identidad cultural y bilingüe y que se adapte a las necesidades territoriales y comunitarias^[92]. Asimismo, ha precisado que la etnoeducación tiene como finalidad proteger el “legado de los saberes tradicionales de las comunidades” y “preservar y difundir su historia, cultura, religión”^[93]. Al mismo tiempo, ha dicho la Corte, la etnoeducación es una garantía del ejercicio de los derechos individuales-subjetivos de los miembros de los pueblos étnicos a la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a escoger profesión u oficio, entre otros[94].

 

49.            La jurisprudencia constitucional ha enfatizado que el derecho fundamental de los pueblos étnicos a la educación tiene un enfoque étnico-diferencial, fundamentado en los mandatos de igualdad material y promocional previstos en los numerales 2º y 3º del artículo 13 de la Constitución Política[95]. Esto es así porque garantiza el acceso y el disfrute de la educación de los pueblos étnicos no solo de forma igualitaria, sino también de manera étnico-diferencial. Lo primero —igualitaria—, dado que asegura la igualdad formal de oportunidades en el acceso a la educación, esto es: la facultad de los miembros de las comunidades étnicas de acceder al sistema de educación ordinario y “adquirir una educación por lo menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional”[96]. Lo segundo —diferencial—, porque el modelo étnico busca que “además de brindar herramientas, habilidades y conocimientos que se dan a todas las personas, la [educación] sea sensible a especiales condiciones étnicas”^[97]. En este sentido, la etnoeducación no implica que las personas indígenas solo puedan acceder a la educación impartida en establecimientos indígenas, pues ello “conduciría a una forma de segregación”^[98]. El modelo etnoeducativo constituye una medida afirmativa para los pueblos étnicos que busca combatir uno de los principales factores sistémicos de la discriminación en materia de educación: la tendencia a utilizar la escuela y la universidad como instrumentos para promover la asimilación de los pueblos indígenas al modelo cultural de la mayoría o de la sociedad dominante[99].

 

50.            En concordancia con la Ley 115 de 1994, la Corte Constitucional ha desarrollado la titularidad, facetas y principios del derecho fundamental a la etnoeducación:

 

Tabla 5

 

51.            En síntesis, el derecho fundamental a la etnoeducación es un instrumento para materializar la autonomía e identidad étnica y cultural de los pueblos étnicamente diferenciados, así como para superar las desigualdades y discriminaciones estructurales a las que se han enfrentado. Su protección individual y colectiva se basa en el reconocimiento y el respeto igualitarios de los sistemas de valores y de las diversas culturas que integran nuestra nación multicultural. Además, al poner en cabeza de los pueblos indígenas la posibilidad de definir la formación de sus miembros, la etnoeducación permite y protege la transmisión de saberes ancestrales, o su transformación a distintos entornos, lo que materializa los principios del pluralismo y autodeterminación de los pueblos. En tales términos, la protección constitucional de la etnoeducación es un elemento esencial para establecer y promover relaciones estables y armoniosas entre las comunidades étnicamente diferenciadas y la sociedad mayoritaria, así como para fomentar la comprensión mutua, la tolerancia y la paz[107].

 

(ii)        La dimensión administrativa del derecho a la etnoeducación: la autonomía en la administración del personal docente y el aval de reconocimiento 

 

52.            El derecho fundamental a la etnoeducación tiene una dimensión administrativa. Esta faceta garantiza la participación de las comunidades en el diseño, la implementación, el seguimiento y la administración de su modelo y sistema educativo. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, esta faceta se concreta, entre otras, en el derecho de los pueblos étnicamente diferenciados a (i) contar con un estatuto especial para los etnoeducadores que presten servicios en sus resguardos, (ii) administrar con autonomía el sistema educativo indígena propio y (iii) participar, por medio de un proceso de concertación, en la selección, ascenso y retiro del personal docente y directivo^[108].

 

53.            La prerrogativa de los pueblos étnicos de participar, mediante un proceso de concertación, en la selección, el ascenso y el retiro del personal docente está prevista en la Ley 115 de 1994 y en diversas normas reglamentarias. El artículo 62 de la Ley 115 de 1994 dispone que “las autoridades competentes, en concertación con los grupos étnicos, seleccionarán a los educadores que laboren en sus territorios, preferiblemente, entre los miembros de las comunidades en ellas radicados”. Asimismo, dispone que el ingreso, ascenso y retiro de docentes y directivos docentes de las comunidades étnicas “se efectuará de conformidad con el estatuto docente y con las normas especiales vigentes aplicables a tales grupos”[109]. En concordancia, el artículo 10 del Decreto 804 de 1995, “[p]or medio del cual se reglamenta la atención educativa para grupos étnicos”^[110], prevé que “las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas”^[111] son “autoridades competentes […]  para concertar la selección de los docentes con las autoridades de las entidades territoriales”^[112]. La Corte Constitucional ha enfatizado que la prerrogativa de los pueblos étnicos consistente en administrar el personal docente es uno de los elementos diferenciadores esenciales “entre la educación tradicional y la etnoeducación”^[113]. Asimismo, ha resaltado que las autoridades indígenas tienen un amplio grado de autonomía en el ejercicio de esta potestad.

 

54.            La prerrogativa de los pueblos étnicos de participar, mediante un proceso de concertación, en la selección, ascenso y retiro de docentes se materializa a través de la figura del aval de reconocimiento. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el aval de reconocimiento es un instrumento que otorga a la comunidad la posibilidad de decidir sobre la selección y permanencia de los etnoeducadores, “al constituir la autorización de las autoridades indígenas para que una persona se desempeñe como docente, luego de que se hubiese verificado que el elegido para la vacante en el territorio comunitario posee los conocimientos y capacidades suficientes para transmitir y preservar la identidad cultural de la comunidad”^[114]. La figura del aval “busca garantizar los principios y fines de la etnoeducación” y la calidad en su prestación^[115]. Esto es así porque salvaguarda la participación de las comunidades en la administración del personal educativo, con el objeto de asegurar que los docentes cuenten con las destrezas, aptitudes, experiencia, suficiencia, competencias y capacidades para ejercer el cargo de etnoeducadores en su comunidad[116].

 

55.            La figura del aval de reconocimiento de las comunidades indígenas está regulada en los Decretos 1345 de 2023[117] y 481 de 2025[118]. El numeral 10 del artículo 11 del Decreto 481 de 2025 dispone que una de las funciones de las autoridades indígenas es: “[c]onferir aval a los dinamizadores del [SEIP] que seleccione la comunidad, previo cumplimiento de los criterios, perfiles, procesos y procedimientos, de conformidad con las Leyes de Origen, Derecho Mayor y Derecho Propio”. El artículo 2.3.3.8.3.1.1. del Decreto 1345 de 2023, por su parte, prevé que los pueblos indígenas “tienen plena autonomía para desarrollar e implementar los criterios de selección, vinculación, permanencia, y retiro de los Dinamizadores Pedagógicos o Educadores Indígenas, en el marco de la Ley de Origen, Derecho Mayor y Derecho Propio, así como de los lineamientos mínimos establecidos en la presente norma y las demás disposiciones vigentes que le sean aplicables”. A su turno, el artículo 2.3.3.8.6.1 ibidem regula el retiro del aval en los siguientes términos:

 

El seguimiento y valoración de los compromisos fijados en el nombramiento y acta de compromiso, señalados en el artículo 2.3.3.8.3.1.5. del presente decreto, estará a cargo de los Pueblos Indígenas a través de sus estructuras de gobierno propio la cual, comunicará a la Entidad Territorial Certificada que el Dinamizador Pedagógico o Educador Indígena no cumple con los acuerdos fijados al momento de expedir el aval; por consiguiente, es procedente el retiro del aval, siempre que se agote el debido proceso acorde con las Leyes de Origen, Derecho Mayor y Derecho Propio de cada pueblo indígena, la Constitución Política y las normas legales aplicables.

 

El acto de retiro de aval emitido por las autoridades propias de las comunidades indígenas debe contener las causales, la defensa realizada por el dinamizador pedagógico o educador indígena, y la decisión de la comunidad.

 

PARÁGRAFO. El acto de retiro de aval que cumpla con lo dispuesto en el presente artículo será remitido a la entidad territorial certificada en educación para que proceda al retiro del servicio del Dinamizador Pedagógico o Educador Indígena con fundamento en la decisión de la comunidad indígena (énfasis  y subrayado añadido).

 

56.            En síntesis, la etnoeducación tiene una dimensión administrativa que protege la prerrogativa de los pueblos indígenas de participar, mediante un proceso de concertación, en la selección, el ascenso y el retiro del personal docente. De acuerdo con la ley, las normas de rango reglamentario y la jurisprudencia constitucional, esta prerrogativa se materializa mediante el aval de reconocimiento, que es un instrumento que otorga a la comunidad la posibilidad de decidir de manera autónoma sobre la selección y la permanencia de los etnoeducadores.

 

4.2.          Límites a la autonomía de los grupos étnicos para otorgar o retirar el aval de reconocimiento al personal docente

 

57.            Las comunidades indígenas tienen una amplia autonomía para decidir sobre la selección y permanencia de los docentes y, en concreto, para otorgar o retirar el aval de reconocimiento. Esta prerrogativa, sin embargo, no es absoluta^[119]. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el ejercicio de esta prerrogativa debe respetar el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio del mérito en el acceso a los cargos públicos y garantizar los derechos fundamentales de los aspirantes o etnoeducadores. En este sentido, ha dicho la Corte, aun cuando las comunidades étnicas son titulares de un tratamiento especial en relación con la vinculación, la administración y la formación de docentes y directivos docentes estatales^[120], ello “no desvirtúa su sometimiento a las normas constitucionales sobre las formas de acceso, permanencia y retiro de la función pública”^[121]. En esa línea, este tribunal ha reiterado que la autonomía de las comunidades indígenas en materia educativa no es ilimitada y que sus actuaciones “deben respetar el mínimo de garantías constitucionales”^[122]. En atención al objeto de la presente tutela, a continuación, la Sala se referirá a los límites que se derivan del derecho fundamental al debido proceso.

 

58.            De acuerdo con la Constitución Política, la ley y la jurisprudencia constitucional, el otorgamiento o retiro del aval de los docentes debe respetar las garantías mínimas del debido proceso. El artículo 29 de la Constitución dispone que “el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”. A su turno, el artículo 246 superior reconoce que las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales y administrativas “de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República”. En el mismo sentido, el artículo 2.3.3.8.6.1 del Decreto 1345 de 2023 dispone que “es procedente el retiro del aval, siempre que se agote el debido proceso acorde con las Leyes de Origen, Derecho Mayor y Derecho Propio de cada pueblo indígena, la Constitución Política y las normas legales aplicables” (énfasis añadido). Asimismo, el artículo 78 del Decreto 481 de 2025 dispone que “en el SEIP las actuaciones se regirán bajo el debido proceso, acorde a las Leyes de Origen, Derecho Mayor y Derecho Propio de cada pueblo indígena, y lo establecido en los tratados internacionales, la Constitución Política de 1991 y las normas legales aplicables”.

 

59.            Como puede verse, conforme a la Constitución y las normas reglamentarias, el retiro del aval no sólo debe cumplir con las normas o leyes del pueblo indígena, sino que además está sometido a la Constitución Política. Por esta razón, la jurisprudencia constitucional ha enfatizado que el ejercicio autónomo de este tipo de prerrogativas, derivadas de la dimensión administrativa del derecho a la etnoeducación, debe garantizar el derecho fundamental al debido proceso[123].

 

60.            Con todo, la Corte Constitucional ha reiterado que los estándares de debido proceso aplicables a los procedimientos administrativos y judiciales generales u ordinarios, no son plenamente aplicables a los que llevan a cabo las autoridades indígenas.  La Constitución Política exige armonizar la protección del debido proceso con los principios de diversidad étnica y de autonomía de las comunidades indígenas. En este sentido, ha dicho este tribunal, los límites a la autonomía de las comunidades indígenas en procedimientos internos, tales como el otorgamiento o retiro del aval[124], “solo pueden ser aquellos que se refieran a lo verdaderamente intolerable desde el punto de vista de los derechos humanos, a partir de un consenso intercultural lo más amplio posible”^[125]. Estos límites buscan precaver actuaciones arbitrarias en los trámites que adelantan las autoridades indígenas^[126] y, al mismo tiempo, garantizar el principio de maximización de la autonomía de las comunidades étnicamente diferenciadas^[127].

 

61.            En tales términos, la Corte ha enfatizado que el debido proceso en los trámites judiciales y administrativos que llevan a cabo las autoridades indígenas “no equivale al del derecho no indígena o mayoritario”^[128], pero sí debe “materializar las garantías esenciales”^[129] del debido proceso. Estas garantías esenciales comprenden (i) el principio de legalidad[130], que exige que exista un procedimiento previo, público, razonablemente claro y previsible que regule la materia, sin que esto implique que deba ser necesariamente escrito; (ii) el principio de interdicción o prohibición de arbitrariedad; (iii) la garantía de defensa; y (iv) la garantía de motivación[131]. En contraste, la Corte ha precisado que la doble instancia no constituye una garantía constitucional obligatoria en todos los procedimientos adelantados por las autoridades indígenas^[132].

 

62.            Por su importancia para resolver el presente caso, la Sala resalta las Sentencias SU-011 de 2018 y T-246 de 2022, las cuales desarrollaron los mínimos de debido proceso que son aplicables a procedimientos indígenas relacionados con la administración del personal docente: 

 

Tabla 6

 

63.            La Sala reconoce que estas decisiones no se refirieron específicamente al retiro del aval comunitario. Asimismo, cuando estas decisiones fueron adoptadas, no se había expedido el Decreto 1345 de 2023. No obstante, la Sala de Revisión considera que son precedentes relevantes dado que la Corte señaló que la autonomía de las comunidades indígenas en materia etnoeducativa no es absoluta y que las actuaciones relacionadas con la selección, permanencia y retiro del personal docente deben respetar garantías constitucionales mínimas de debido proceso.

 

64.            Síntesis de las reglas de decisión. La siguiente tabla sintetiza las reglas de decisión relevantes para resolver la acción de tutela objeto de estudio:

 

Tabla 7

 

4.3.          Caso concreto

 

65.            En el presente acápite, la Sala examinará si las accionadas vulneraron los derechos fundamentales del accionante. Para ello, resumirá las posiciones de las partes y luego formulará y resolverá los problemas jurídicos.

 

(i)          Posiciones de las partes y problemas jurídicos

 

66.            Posiciones de las partes. El accionante, Franco Manolo Villota Coral, alegó que la decisión de retiro del aval por parte del Cabildo, así como los actos administrativos de desvinculación expedidos por la Secretaría de Educación Departamental de Nariño, vulneraron garantías mínimas de debido proceso, lo discriminaron y afectaron su mínimo vital. En contraste, el Resguardo Indígena accionado sostuvo que el procedimiento debía valorarse conforme al derecho propio y no a partir de las exigencias del procedimiento administrativo o sancionatorio estatal. En su criterio, la oralidad, el conocimiento colectivo y las dinámicas propias de la comunidad permitían entender satisfechas las garantías mínimas de defensa y contradicción. Por su parte, la Secretaría de Educación Departamental de Nariño argumentó que se limitó a ejecutar la decisión del Cabildo de retirar el aval, por lo que no era responsable de la violación alegada.

 

67.            La siguiente tabla sintetiza los argumentos de las partes respecto de cada garantía o derecho fundamental presuntamente vulnerado:

 

Tabla 8

 

68.            Problemas jurídicos. La Sala Octava debe resolver los siguientes problemas jurídicos:

 

¿El Cabildo Indígena del Resguardo de Yascual vulneró el derecho fundamental al debido proceso del señor Franco Manolo Villota Coral al retirarle el aval comunitario que le permitía desempeñarse como rector etnoeducador sin, presuntamente, cumplir su derecho propio ni las garantías procesales mínimas exigibles a las actuaciones de las autoridades indígenas?[137]

 

¿La Secretaría de Educación Departamental de Nariño vulneró los derechos fundamentales del accionante al debido proceso, trabajo y mínimo vital al disponer la terminación de su nombramiento con fundamento, exclusivamente, en la decisión de retiro del aval comunitario por parte del Resguardo de Yascual?

 

(ii)             Análisis de la Sala

 

(a)             La presunta violación del derecho fundamental al debido proceso por parte del Cabildo Indígena del Resguardo de Yascual

 

69.            La Sala Octava considera que el Cabildo Indígena del Resguardo de Yascual vulneró el derecho fundamental al debido proceso del señor Franco Manolo Villota Coral.

 

70.            La Sala reitera que conforme a la ley, las normas reglamentarias y la jurisprudencia constitucional, las autoridades indígenas tienen una amplia autonomía para conceder o retirar el aval de reconocimiento a los etnoeducadores. No obstante, esta autonomía no es absoluta. El artículo 2.3.3.8.6.1 del Decreto 1345 de 2023 dispone que el retiro del aval procede cuando se haya agotado el “debido proceso acorde con las Leyes de Origen, Derecho Mayor y Derecho Propio de cada pueblo indígena, la Constitución Política y las normas legales aplicables”. Esto implica que la validez legal y constitucional del retiro del aval debe respetar las garantías mínimas de debido proceso aplicables a las actuaciones de las autoridades indígenas.

 

71.             La Sala Octava observa, sin embargo, que el trámite del retiro del aval del señor Villota Coral no cumplió con estas exigencias, por dos razones: (i) la comunidad indígena accionada no acreditó la existencia de una norma comunitaria previa, general, pública que regulara el retiro del aval de los etnoeducadores y (ii) el trámite del retiro del aval del señor Villota Coral desconoció garantías mínimas de debido proceso. A continuación, la Sala desarrolla cada uno de estos puntos:

 

72.            Primero. En el trámite de revisión, la comunidad accionada remitió a la Corte el “Sistema de Derecho Propio - Reglamento Mayor” (en adelante, el “Reglamento Mayor”). El Reglamento Mayor compila las “normas sustantivas y procesales que regulan el comportamiento de las autoridades, los comuneros y los ciudadanos que transiten por el territorio o tienen algún vínculo con la comunidad indígena del Resguardo [de] Yascual”[138]. La Sala reconoce y valora positivamente que el artículo 18 del Reglamento Mayor regula el aval y reconoce que su anulación o retiro deberá respetar el debido proceso:

 

“Los docentes que entren a laborar dentro del territorio deberán ser avalados por la comunidad en asamblea. No será válido el aval otorgado solamente por el gobernador. Aval otorgado solamente por el gobernador será declarado nulo por el Consejo Mayor y de Justicia, previo el debido proceso” (énfasis añadido).

 

73.            A pesar de lo anterior, la Corte observa que el Reglamento Mayor no prevé el procedimiento que las autoridades indígenas deben adelantar para retirar el aval de reconocimiento a los etnoeducadores. Por otra parte, la comunidad tampoco acreditó la existencia de una norma oral, uso, costumbre o práctica pública que regulara este tipo de actuaciones. Por el contrario, en respuesta a los autos de prueba, el Consejo Mayor de Justicia del Resguardo se limitó a afirmar que la decisión sobre el otorgamiento y retiro de avales corresponde a la asamblea general y que esta “tiene un procedimiento que no está escrito pero que por usos y costumbres siempre se practica”^[139]. Sin embargo, no explicó, si quiera mínimamente, en qué consistía tal procedimiento ni la forma en que se garantizaba su publicidad, especialmente para personas que, como el señor Villota Coral, no forman parte de la comunidad. En criterio de la Sala, esta omisión desconoce el principio de legalidad.

 

74.            La Sala reitera y enfatiza que, conforme a la jurisprudencia de esta Corte, la Constitución no exige que las reglas que gobiernan las actuaciones de las autoridades indígenas deban estar necesariamente codificadas ni constar por escrito. Sin embargo, la Sala resalta que el principio de legalidad exige que, por lo menos, esas reglas existan, sean previas, generales y públicas para sus destinatarios. Para la Sala, esta exigencia es de especial importancia y relevancia cuando la decisión puede afectar la situación jurídica y derechos de una persona que, sin pertenecer a la comunidad, mantiene un vínculo estable con ella y está sometida a la autoridad de sus instituciones, como ocurre con los etnoeducadores que prestan sus servicios en un territorio indígena. En estos casos, las reglas aplicables deben permitir identificar, al menos, las causales o circunstancias que pueden conducir al retiro del aval y la forma en que el etnoeducador podrá conocerlas y ejercer su defensa y contradicción. A su vez, conforme al artículo 2.3.3.8.6.1 del Decreto 1345 de 2023, la decisión que finalmente se adopte debe dar cuenta de las causales, la defensa realizada por el educador y la decisión de la comunidad.

 

75.            En el presente caso, sin embargo, el Resguardo accionado no acreditó cuáles eran las reglas concretas del procedimiento oral o consuetudinario que, según afirma, regulan el retiro del aval. En particular, no precisó cuáles eran las causales o circunstancias que podían dar lugar al retiro, cómo se iniciaba la actuación, de qué manera se informa al etnoeducador que su permanencia será evaluada ni cómo podía ejercer su defensa. En consecuencia, tal y como lo alega el señor Villota Coral, no existen elementos que permitan concluir que, antes del 4 de abril de 2025, existían reglas previas, generales y públicas que regularan el retiro de su aval comunitario, lo cual violó su derecho al debido proceso.

 

76.            Segundo. El retiro del aval del señor Villota Coral vulneró por lo menos tres garantías mínimas de debido proceso: (i) la citación previa; (ii) la información sobre las razones que podían conducir al retiro; y (iii) el derecho de defensa. En contraste, contrario a lo que señala el accionante, la comunidad indígena no violó la garantía de (iv) la doble instancia. En la siguiente tabla, la Corte expone las premisas que soportan esta conclusión:

 

Tabla 9

 

77.            Ahora bien, la Sala reconoce que, luego de la asamblea general del 4 de abril de 2025, las autoridades indígenas analizaron la solicitud de reconsideración y citaron al accionante a una mesa de diálogo. Sin embargo, en estas instancias, las autoridades no subsanaron las irregularidades procesales descritas en la Tabla 9 supra. La Sala nota que en la reunión de reconsideración llevada a cabo el 5 de mayo de 2025, las autoridades indígenas explicaron al accionante las razones del retiro del aval. Sin embargo, manifestaron que la decisión de retiro del aval ya estaba tomada, por lo que la comunidad ya había informado a la Secretaría de Educación Departamental de Nariño, para que esta procediera con la terminación del nombramiento. Luego, el 23 de mayo de 2025, el Gobernador del Resguardo Indígena de Yascual citó al señor Villota Coral a una mesa de diálogo “en aras de escucharnos y dar aclaraciones […] frente al proceso del Decreto 1345 de 2023 y otorgamiento de avales”. La Sala reconoce que el señor Villota Coral no asistió. No obstante, esto tampoco implicó un saneamiento procesal, pues la reunión no tenía por objeto subsanar o rehacer el procedimiento sino, únicamente, generar un espacio de diálogo con el accionante. La Sala valora positivamente este tipo de instancias de concertación, dado que demuestran el ánimo conciliatorio de la comunidad. Sin embargo, considera que fueron insuficientes para remediar la violación al debido proceso en el procedimiento del retiro del aval.

 

78.            Conclusión. En síntesis, la Corte concluye que en el trámite del retiro del aval del señor Villota Coral, las autoridades indígenas del Resguardo de Yascual vulneraron el derecho al debido proceso del accionante, porque: (i) la comunidad indígena accionada no acreditó la existencia de reglas previas, generales y públicas que regularan el procedimiento aplicable al retiro del aval, lo que desconoce el principio de legalidad; y (ii) el trámite del retiro del aval del señor Villota Coral desconoció tres garantías mínimas aplicables a este tipo de procedimientos, a saber: (a) la citación previa; (b) la información sobre las razones o circunstancias concretas que podían conducir a su desvinculación; y (c) la garantía de defensa.

 

79.            La Sala aclara que esta conclusión no desconoce el amplio margen de autonomía en la gestión del personal docente que la Constitución reconoce a las comunidades indígenas. Tampoco implica una desacreditación de las quejas, inconformidades y acusaciones que motivaron que la comunidad indígena considerara retirar el aval del señor Villota Coral. La Sala reitera y reafirma que las autoridades indígenas, como el Cabildo del Resguardo de Yascual, están facultadas para retirar el aval si consideran, con fundamento en las causales y criterios definidos conforme a su derecho propio, que la gestión de los etnoeducadores no es adecuada. En este sentido, lo que la Corte reprocha en este caso no es la decisión del retiro del aval o su motivación, sino que esta fue adoptada mediante una actuación cuyas reglas no eran suficientemente claras y previsibles para el accionante y sin garantizarle una oportunidad efectiva de defensa.

 

(b)             La presunta violación de los derechos por parte de la Secretaría de Educación Departamental de Nariño

 

80.            En contraste, la Sala advierte que la Secretaría de Educación Departamental de Nariño no vulneró los derechos fundamentales del accionante por no haber efectuado un control material sobre la decisión de retiro del aval adoptada por las autoridades indígenas.

 

81.            La Sala recuerda que, luego de la asamblea del 4 de abril de 2025, las autoridades indígenas del Resguardo de Yascual informaron a la Secretaría sobre la decisión del retiro del aval. Con base en esta decisión de la comunidad, el 14 de mayo de 2025 la Secretaría de Educación Departamental de Nariño expidió la Resolución 3358 de 2025[142], mediante la cual dispuso la terminación del nombramiento en “provisionalidad” del señor Villota Coral “como consecuencia del retiro del aval por parte del Resguardo Indígena de Yascual”[143]. Luego, mediante la Resolución 3557 del 28 de mayo de 2025, aclaró aspectos formales de la Resolución 3358 de 2025. En concreto, precisó que el nombramiento correspondía a uno “en propiedad”[144] y no a uno provisional, pero, en todo caso, dejó constancia de que la corrección no alteraba la decisión de fondo[145].

 

82.            El 18 de mayo de 2025, el señor Villota Coral interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 3358 de 2025. Mediante la Resolución 3759 del 10 de junio de 2025, la Secretaría de Educación Departamental de Nariño declaró “improcedente el recurso de reposición”[146]. Esto, al considerar que el acto de terminación del nombramiento se expidió conforme a “lo determinado en el parágrafo del artículo 2.3.3.8.6.1. del Decreto 1343 [sic] de 2023[147]”. Contra esta decisión, el señor Villota Coral interpuso recurso de queja, el cual fue rechazado mediante la Resolución 5023 del 2 de julio de 2025[148].

 

83.            El señor Villota Coral considera que, con la expedición de estas resoluciones, la Secretaría de Educación Departamental de Nariño validó o concurrió con la violación de su derecho fundamental al debido proceso. En criterio del accionante, la entidad no podía limitarse a ejecutar la decisión de las autoridades del Resguardo de Yascual, sino que por el contrario debió constatar que el procedimiento se adelantó conforme al debido proceso. Asimismo, sostiene que el simple retiro del aval no es una causal legal para la terminación del nombramiento.

 

84.            La Sala no comparte la posición del accionante, por cuatro razones:

 

85.            Primero. La Secretaría de Educación Departamental de Nariño no tenía competencia para efectuar un control de legalidad o constitucionalidad de la decisión de las autoridades indígenas del Resguardo de Yascual. Como se expuso, los artículos 62 de la Ley 115 de 1994, 10 del Decreto 804 de 1995 y 11 del Decreto 481 de 2025,[149] disponen que la competencia para conceder o retirar el aval corresponde a las comunidades indígenas, no a la administración.

 

86.            Segundo. El artículo 2.3.3.8.6.1 del Decreto 1345 de 2023, que regula la articulación entre las comunidades indígenas y la administración para el retiro del aval de los etnoeducadores, únicamente exige que la comunidad remita la decisión a la entidad para que, luego, la entidad proceda con el retiro del servicio:

 

El seguimiento y valoración de los compromisos fijados en el nombramiento y acta de compromiso, señalados en el artículo 2.3.3.8.3.1.5. del presente decreto, estará a cargo de los Pueblos Indígenas a través de sus estructuras de gobierno propio la cual, comunicará a la Entidad Territorial Certificada que el Dinamizador Pedagógico o Educador Indígena no cumple con los acuerdos fijados al momento de expedir el aval; por consiguiente, es procedente el retiro del aval, siempre que se agote el debido proceso acorde con las Leyes de Origen, Derecho Mayor y Derecho Propio de cada pueblo indígena, la Constitución Política y las normas legales aplicables.

 

El acto de retiro de aval emitido por las autoridades propias de las comunidades indígenas debe contener las causales, la defensa realizada por el dinamizador pedagógico o educador indígena, y la decisión de la comunidad.

 

PARÁGRAFO. El acto de retiro de aval que cumpla con lo dispuesto en el presente artículo será remitido a la entidad territorial certificada en educación para que proceda al retiro del servicio del Dinamizador Pedagógico o Educador Indígena con fundamento en la decisión de la comunidad indígena.

 

87.            Como puede verse, esta disposición no confiere a las entidades territoriales facultades de revisión de la decisión comunitaria, ni discrecionalidad alguna para evaluar el procedimiento de retiro del aval. Únicamente impone que antes de la remisión a la entidad, sea la comunidad la que verifique que el acto de retiro del aval contenga “las causales, la defensa realizada por el dinamizador pedagógico o educador indígena, y la decisión de la comunidad”. Según el parágrafo, luego de recibido el acto de retiro del aval, la entidad territorial debe proceder “al retiro del servicio (…) con fundamento en la decisión de la comunidad indígena”.

 

88.            En este caso, el acto de retiro remitido por el Resguardo de Yascual cumplía, por lo menos prima facie, con esos elementos, pues daba cuenta de (i) las razones expuestas por la comunidad, (ii) la intervención del accionante y (iii) la decisión adoptada por la Asamblea General. Por esta razón, no correspondía a la Secretaría de Educación Departamental llevar a cabo un control integral de legalidad o constitucionalidad del procedimiento. Una revisión de esta naturaleza hubiera constituido una extralimitación de competencias que habría vulnerado el principio de legalidad, así como la autonomía del Resguardo de Yascual para definir los criterios de permanencia y retiro de sus educadores.

 

89.            Tercero. La Sala reconoce que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, mediante el concepto 2176 de 2014, indicó que “el solo hecho de que un educador indígena ya no cuente con el aval de su comunidad no debe afectar su permanencia en el servicio, siempre que la calificación de su desempeño sea satisfactoria, como lo establece el artículo 37 de la Ley 909 de 2004”. No obstante, la Corte considera que este concepto no es aplicable al caso objeto de estudio, porque (i) se basó en el régimen general de docentes y empleo público, regulado en la Ley 909 de 2004; no en el régimen especial para los etnoeducadores, previsto en los Decretos 1345 de 2023 y 481 de 2025; y (ii) es anterior a los Decretos 1345 de 2023 y 481 de 2025, los cuales regulan, de forma específica, el retiro del aval de etnoeducadores. Por lo demás, (iii) la aplicabilidad de la regla de decisión consignada en el concepto se circunscribe a casos en los que la comunidad indígena retira el aval de docentes que forman parte de la comunidad, pese a que la calificación es satisfactoria. Ninguna de estas dos condiciones se presenta en este caso, pues el señor Villota Coral no es integrante del Resguardo Indígena de Yascual y, al margen de la violación del debido proceso, el retiro del aval obedeció, justamente, a la calificación desfavorable –no satisfactoria– que la comunidad otorgó al accionante.

 

90.            Cuarto. La jurisprudencia de la Corte Constitucional confirma esta interpretación sobre el alcance de las competencias de las entidades territoriales en los trámites de retiro del aval. En la Sentencia T-246 de 2022, la Sala Cuarta de Revisión señaló que (i) el retiro del aval es una “razón objetiva” que habilita la desvinculación o terminación del nombramiento del etnoeducador por parte de la entidad territorial, sin necesidad de que se lleve a cabo una calificación del servicio independiente; y, (ii) en estos casos, en principio no corresponde a las entidades territoriales llevar a cabo una revisión del procedimiento adoptado por la comunidad indígena, ni las razones que la comunidad invocó para retirar el aval. Al respecto, la Sala Cuarta señaló que:

 

La entidad accionada dio por terminada la vinculación laboral de la tutelante con fundamento en una razón objetiva, consistente en el retiro del aval y la solicitud expresa de la comunidad indígena de desvincular a la actora del cargo, luego de que esta verificara de manera adecuada las condiciones de la docente a nombrar en el citado cargo[150].

 

91.            La Sala reconoce que la Sentencia T-246 de 2022 es anterior al Decreto 1345 de 2023 y examinó el retiro del aval de un etnoeducador que ocupaba un cargo en provisionalidad. En contraste, la controversia que la Sala resuelve en este caso es posterior a la entrada en vigor del citado decreto y se refiere al retiro del aval del señor Villota Coral, que había sido nombrado en propiedad. No obstante, pese a que estas diferencias son ciertamente relevantes, la premisa sobre la cual se funda la regla de decisión de la Sentencia T-246 de 2022 es, en todo caso, un importante argumento de apoyo para resolver este caso: el retiro del aval es una razón prima facie objetiva de desvinculación y, en virtud de la autonomía que se reconoce a las comunidades indígenas en materia educativa, no corresponde a la entidad territorial hacer una revisión procedimental ni sustancial de la decisión de retiro del aval.

 

92.            Por último, la Sala advierte que el accionante no era titular de ningún tipo de estabilidad laboral reforzada en el empleo, que eventualmente ameritara la adopción de medidas afirmativas por parte de la Secretaría de Educación Departamental de Nariño. La Sala advierte que en algunos apartes de la respuesta a los autos de pruebas, el accionante sugirió que podría ser prepensionado. No obstante, estas consideraciones son meros dichos al pasar y el accionante no formuló pretensiones en ese sentido. En cualquier caso, la Sala resalta que las pruebas que reposan en el expediente sugieren que, al momento de la desvinculación, el señor Villota Coral no tenía esta condición. En efecto, su historia laboral registra apenas 269 semanas cotizadas al Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.[151] y 679 semanas cotizadas al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)[152]. Esto implica que no estaba próximo a cumplir el requisito mínimo de semanas de cotización previsto en el régimen de prima media.

 

93.            Conclusión. Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Corte concluye que, pese a que el procedimiento de retiro del aval al interior de la comunidad violó el debido proceso, la Secretaría de Educación Departamental de Nariño no vulneró los derechos del accionante al ordenar la terminación de su nombramiento. Por el contrario, actuó conforme a la Constitución, la Ley y la jurisprudencia, que le exigían proceder con la terminación del nombramiento luego de haber recibido la decisión de la comunidad.

 

5.          Órdenes y remedios

 

94.            La Sala Octava adoptará las siguientes órdenes y remedios:

 

95.            Primero. Revocará el fallo de tutela de segunda instancia que negó el amparo. En su lugar, confirmará parcialmente el fallo de tutela de primera instancia y concederá el amparo del derecho fundamental al debido proceso por las razones expuestas en esta providencia. La Sala aclara que confirmará de forma parcial –no integral– el fallo de tutela de primera instancia. Esto, porque en la decisión de primera instancia, el Juzgado 002 Civil Municipal de Túquerres concluyó que la violación al debido proceso también era imputable a la Secretaría de Educación Departamental de Nariño, por haber omitido la revisión de la decisión del retiro del aval. Por esta razón, mediante el resolutivo tercero, ordenó a la entidad que, en lo sucesivo, “para adoptar una decisión de retiro del servicio de docentes etnoeducadores o directivos docentes etnoeducadores deberá previamente realizar la calificación de desempeño y de resultar insatisfactoria también contar con el aval del cabildo”. Como se expuso en la sección precedente, la Sala Octava concluyó que la Secretaría de Educación Departamental de Nariño no violó el derecho al debido proceso y no es competente para condicionar el cumplimiento de la decisión comunitaria al examen de una calificación de desempeño. Por lo tanto, este resolutivo y las consideraciones que lo fundamentan, no se confirman. Además, la Sala declarará improcedente la acción respecto de las pretensiones dirigidas a obtener el reintegro, el pago de salarios y prestaciones, la reparación integral de los perjuicios y el reconocimiento de los honorarios de asesoría jurídica. Como se explicó en el examen de subsidiariedad (ver punto 3.3. supra), estas pretensiones deben resolverse mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que actualmente cursa ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

 

96.            Segundo. La Sala dejará sin efectos la decisión del Cabildo Indígena del Resguardo de Yascual adoptada en la asamblea del 4 de abril de 2025, mediante la cual se retiró el aval comunitario al señor Villota Coral. Lo anterior, dado que, por las razones expuestas, esta decisión vulneró el derecho fundamental al debido proceso del accionante. Por otra parte, la Sala advierte que, aunque la Secretaría de Educación Departamental de Nariño no vulneró los derechos fundamentales del accionante, dejar sin efectos la decisión del cabildo indígena implica el decaimiento de la Resolución 3358 de 2025. El numeral 2º del artículo 91 del CPACA regula el decaimiento, al disponer que los actos administrativos “perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados (…) 2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho”. En este caso, el fundamento de hecho y de derecho de la Resolución 3358 de 2025 era, justamente, la decisión de retiro del aval por parte de la comunidad. En tales términos, la desaparición de la decisión comunitaria implica, necesariamente, la pérdida de ejecutoria y obligatoriedad de la resolución citada.

 

97.            Tercero. La Sala Octava ordenará al Cabildo Indígena del Resguardo de Yascual lo siguiente:

 

(i)   Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación de esta sentencia, convoque a las autoridades indígenas u órganos decisorios competentes para definir y adoptar, de conformidad con su derecho propio, las reglas y directrices aplicables al estudio de la permanencia y retiro de avales comunitarios de los etnoeducadores que prestan servicios en sus instituciones educativas. Corresponderá a la comunidad determinar, en ejercicio de su autonomía y de acuerdo con sus usos y costumbres, el mecanismo mediante el cual dichas reglas serán incorporadas, registradas y divulgadas. En todo caso, estas reglas deberán respetar las garantías mínimas de debido proceso desarrolladas en esta providencia y ser suficientemente conocidas o cognoscibles por los miembros de la comunidad educativa y por las personas que, pese a no formar parte de la comunidad, estén sometidas a la autoridad de las instituciones indígenas en esta materia.

(ii)   Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la adopción y divulgación de las reglas previstas en el numeral anterior, la comunidad deberá rehacer el trámite de retiro del aval comunitario de Franco Manolo Villota Coral, con observancia de las reglas que la propia comunidad haya adoptado para tal efecto y de las garantías mínimas de debido proceso desarrolladas en esta sentencia. Antes del inicio del procedimiento, estas reglas deberán ser dadas a conocer al accionante por cualquier medio eficaz.

 

98.            La Sala aclara que, mientras se surte el procedimiento, el señor Villota Coral no será reintegrado. Únicamente deberá ser reintegrado si, culminado el trámite conforme a las garantías mínimas de debido proceso, la comunidad decide mantenerlo. Por otra parte, la Sala precisa que, conforme a lo previsto en el artículo 2.3.3.8.6.1 del Decreto 1345 de 2023, si la comunidad decide retirar el aval, deberá remitir el acto respectivo a la Secretaría de Educación Departamental de Nariño para lo de su competencia.

 

99.            La Sala reitera y enfatiza que es perfectamente posible que, luego de rehacer el trámite, la comunidad ratifique la decisión de retirar el aval comunitario al señor Villota Coral. El remedio ordenado se circunscribe a garantizar que el trámite de retiro del aval se lleve a cabo conforme a las garantías mínimas de debido proceso, en los términos explicados en esta sentencia. Sin embargo, no condiciona ni restringe la autonomía de la comunidad en el manejo de su personal docente, que supone una amplia discrecionalidad en la concesión y retiro de avales. Asimismo, el remedio que la Sala ordena en este caso tampoco confiere al señor Villota Coral un derecho a permanecer vinculado con la comunidad como etnoeducador.

 

III.           DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

 

RESUELVE

 

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 24 de octubre de 2025, proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Túquerres, mediante la cual revocó el fallo de primera instancia y negó el amparo. En su lugar, CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 17 de septiembre de 2025, proferida por el Juzgado 002 Civil Municipal de Túquerres, en primera instancia, en cuanto amparó el derecho fundamental al debido proceso de Franco Manolo Villota Coral, por las razones expuestas en esta providencia. Asimismo, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela respecto de las pretensiones económicas y de reintegro, en los términos del fundamento jurídico 42 de esta providencia.

 

SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS la decisión adoptada en la asamblea general del Resguardo Indígena de Yascual celebrada el 4 de abril de 2025, mediante la cual se retiró el aval comunitario al señor Franco Manolo Villota Coral.

 

TERCERO. ORDENAR al Cabildo Indígena del Resguardo de Yascual que:

 

(i)          Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación de esta sentencia, convoque a las autoridades indígenas u órganos decisorios competentes para definir y adoptar, de conformidad con su derecho propio, las reglas y directrices aplicables al estudio de la permanencia y retiro de avales comunitarios de los etnoeducadores que prestan servicios en sus instituciones educativas. Corresponderá a la comunidad determinar, en ejercicio de su autonomía y de acuerdo con sus usos y costumbres, el mecanismo mediante el cual dichas reglas serán incorporadas, registradas y divulgadas. En todo caso, estas reglas deberán respetar las garantías mínimas de debido proceso desarrolladas en esta providencia y ser suficientemente conocidas o cognoscibles por los miembros de la comunidad educativa y por las personas que, pese a no formar parte de la comunidad, estén sometidas a la autoridad de las instituciones indígenas en esta materia.

(ii)        Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la adopción y divulgación de las reglas previstas en el numeral anterior, rehaga el trámite de retiro del aval comunitario de Franco Manolo Villota Coral, con observancia de las reglas que la propia comunidad haya adoptado para tal efecto y de las garantías mínimas de debido proceso desarrolladas en esta sentencia. Antes del inicio del procedimiento, estas reglas deberán ser dadas a conocer al accionante por cualquier medio eficaz.

 

CUARTO. DESVINCULAR del presente trámite al Ministerio de Educación Nacional, al Ministerio del Interior, al Ministerio del Trabajo, al Municipio de Túquerres, a la Personería Municipal de Túquerres y a la Comisaría de Familia de Túquerres, por las razones expuestas en esta providencia.

 

QUINTO. Por Secretaría General, LIBRAR las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

Con salvamento parcial de voto

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General