REPÚBLICA DE COLOMBIA

 

 

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Segunda de Revisión

 

Sentencia T-322 de 2026

 

Referencia: expediente T-11.945.218

 

Asunto: acción de tutela instaurada por Ángela contra Milena y Esteban.

 

Magistrado sustanciador:

Carlos Camargo Assis

 

Bogotá D.C., dos (02) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

 

En ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, la Sala Segunda de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Héctor Alfonso Carvajal Londoño, Juan Carlos Cortés González y Carlos Camargo Assis, quien la preside, profiere la siguiente:

 

SENTENCIA

 

Aclaración previa

 

En este asunto se hará referencia a la esfera íntima de la accionante a partir de información relacionada en el expediente. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 61^[1] del Reglamento Interno de la Corte Constitucional y la Circular 10 de 2022^[2], se considera necesario suprimir su nombre de esta providencia y de toda futura publicación, así como cualquier otro dato o información que permita individualizarla. Por eso la Sala emitirá dos copias de esta providencia. En aquella que se publique se utilizarán nombres ficticios que aparecerán en letra cursiva. Lo anterior, siguiendo lo establecido en el auto de la Sala de Selección número cuatro de 2026.

 

Síntesis de la decisión

 

La Sala Segunda de Revisión conoció una acción de tutela presentada por una mujer que se dedica a la producción de contenido para adultos en nombre propio y en representación de su hija menor de edad. La acción se dirigió contra su expareja, quien consiguió sus videos sin su consentimiento, y la nueva pareja de este, quien amenazó a la accionante con difundirlos.

 

El juez de instancia declaró improcedente el amparo por considerar que (i) no se acreditaba la inmediatez porque no existía certeza sobre el momento en que se presentaron las amenazas; y (ii) tampoco se cumplía la subsidiariedad pues la accionante contaba con otros mecanismos para su protección, como la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Seleccionado el caso, la Sala Segunda de Revisión se planteó el siguiente problema jurídico:

 

¿Milena y Esteban vulneraron los derechos fundamentales de la accionante y de su hija a una vida libre de violencia, a la intimidad, al buen nombre y a la propia imagen, así como el interés superior de la menor de edad, con ocasión de las conductas relacionadas con la presunta obtención no autorizada, tenencia y amenaza de difusión de videos íntimos de la accionante con contenido explícito para adultos?

 

Para resolverlo, se reiteraron las consideraciones de la Sentencia T-184 de 2026 y se estudió (i) la difusión no consentida de contenidos íntimos como una expresión de la violencia contra la mujer; (ii) los derechos fundamentales a la imagen, a la intimidad y al buen nombre en el contexto de la violencia digital y sexual; y (iii) el enfoque de género en la administración de justicia.

 

Al estudiar el caso concreto, se concluyó que la acción de tutela era procedente. En relación con el requisito de inmediatez la Corte sostuvo que a la fecha de interposición de la acción la amenaza a los derechos fundamentales seguía produciendo efectos. Ello es así por cuanto la actora no dirigió la acción de tutela contra una publicación con fecha exacta sino contra la amenaza, prolongada en el tiempo, de que se realizara la difusión. Frente a la subsidiariedad, se encontró que el requisito se acreditaba por tres motivos: (i) la amenaza de difusión de los contenidos íntimos requiere un análisis desde la perspectiva de los derechos fundamentales invocados y no desde una óptica meramente penal o civil; (ii) la accionante afirmó que tenía conocimiento de que sus videos habían sido mostrados a terceros, motivo que indica una urgencia de protección que puede ser únicamente atendida por la celeridad del proceso de tutela; y (iii) en el caso se evidencia la posible afectación de los derechos de una menor de edad.

 

Sobre el fondo del asunto, se concluyó que los accionados habían vulnerado los derechos fundamentales de la accionante y su hija a una vida libre de violencia, a la intimidad, al buen nombre, a la propia imagen y al interés superior del menor, con fundamento en las siguientes razones. Primero, la accionada aceptó la autoría de los mensajes en los que amenazó con difundir los videos y no controvirtió que estos hubieran sido mostrados a terceros, de modo que la amenaza se materializó y sus efectos podrían proyectarse hacia el futuro. Segundo, la afirmación de la accionada de que no pretende divulgar el contenido no permite concluir que cesó la amenaza, pues una vida libre de violencias no puede depender de la contención o de la buena voluntad de quien conserva la capacidad de afectar los derechos, sino de la eliminación de esa posibilidad. Tercero, la accionada no manifestó haber eliminado los videos ni negó su posesión, con lo que persiste la zozobra e incertidumbre de que sean difundidos en cualquier momento. Cuarto, la difusión no consentida de contenidos íntimos constituye una forma de violencia digital y sexual que despoja de dignidad a las mujeres y las cosifica, sin que ello se derive de la actividad económica que ejerce la actora. Quinto, el señor Esteban obtuvo los videos de la accionante sin su consentimiento y esto fue lo que permitió a la accionada realizar las amenazas. Y sexto, esta amenaza no se agota en la accionante, sino que alcanza a su hija, quien, como sujeto de especial protección constitucional, queda expuesta a las consecuencias de una conducta que, en un contexto de machismo y patriarcado estructurales, compromete a su núcleo familiar más próximo.

En consecuencia, la Corte dispuso revocar la sentencia de instancia y, en su lugar, conceder el amparo de los derechos fundamentales de la accionante y su hija a una vida libre de violencia, a la intimidad, al buen nombre, a la propia imagen y al interés superior del menor. Adicionalmente, decidió ordenar a los accionados (i) la eliminación de los contenidos en una diligencia frente al juez de primera instancia; y (ii) que se abstengan de difundir, publicar, reproducir, comercializar, entregar o mostrar a terceros, por cualquier medio, los videos, imágenes o contenidos íntimos de la accionante. Además, se advirtió que la difusión o divulgación no consentida de contenido íntimo, así como el constreñimiento derivado de la amenaza de difundirlo, pueden constituir conductas punibles conforme a la legislación penal colombiana. Adicionalmente, ordenó la compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen los hechos analizados en la providencia. Por último, se reiteraron los exhortos de la Sentencia T-184 de 2026 sobre el vacío de punibilidad en la materia.

I. ANTECEDENTES

 

1. El 22 de diciembre de 2025 la señora Ángela presentó acción de tutela contra los particulares Milena y Esteban. Consideró vulnerados sus derechos fundamentales a la intimidad, al buen nombre, a la propia imagen y al interés superior de su hija menor de edad debido a la amenaza de la señora Milena de difundir un video explícito de contenido para adultos de la accionante.

 

1. Hechos

 

2. La accionante indicó que ejerce “una actividad económica lícita en la industria del entretenimiento para adultos”[3], la cual mantiene “bajo absoluta reserva para proteger [su] entorno familiar y la integridad de [su] hija menor de edad”[4].

 

3. La actora señaló que su expareja, Esteban, obtuvo acceso sin su consentimiento a material audiovisual de contenido íntimo “vulnerando la seguridad de [sus] dispositivos y archivos privados”[5]. Además, afirmó que, de manera ilícita el señor Esteban entregó el material a su actual pareja, la señora Milena.

 

4. La demandante sostuvo que la señora Milena “aprovechándose del material obtenido ilícitamente y motivada por una disputa personal de carácter sentimental, ha iniciado un plan de hostigamiento y chantaje digital en la ciudad de Ibagué”[6], asimismo que “manifiesta su intención de difundir dicho material íntimo entre [su] familia, conocidos y entorno social si no acced[e] a sus pretensiones”[7]. Con la acción de tutela se adjuntaron cuatro capturas de pantalla de una conversación por mensajes de texto en las que pueden leerse amenazas contra la actora.

 

5. La actora afirmó que esta conducta “constituye una clara modalidad de venganza porno y violencia de género digital, poniendo en riesgo inminente el bienestar psicológico y el entorno seguro de [su] hija menor de edad, quien reside con [ella]”[8].

 

6. Por lo anterior, la accionante presentó una acción de tutela contra la señora Milena y el señor Esteban. Como pretensiones solicitó (i) que se amparen sus derechos fundamentales a la intimidad, al buen nombre, a la propia imagen y los derechos de su hija; (ii) ordenar a la señora Milena “la eliminación definitiva de cualquier archivo digital o físico que contenga [su] imagen íntima”[9]; y (iii) advertir a la accionada que el uso de material obtenido sin consentimiento configura delitos informáticos y de extorsión. Además, como medida provisional, pidió al juez que se ordene a los accionados “la abstención inmediata de publicar, ceder o difundir por cualquier medio el material íntimo mencionado”[10] y oficiar a la Policía Metropolitana de Ibagué para que adelante vigilancia preventiva en su domicilio por riesgo de una agresión física.

 

2. Trámite procesal

 

7. Mediante auto del 22 de diciembre de 2025 el Juzgado 002 Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Ibagué avocó conocimiento del asunto y corrió traslado a los accionados. Adicionalmente, negó la solicitud de medida provisional pues consideró que no se había probado el riesgo aducido por la accionante.

 

8. Los accionados guardaron silencio.

 

3. Sentencia objeto de revisión

 

9. En sentencia del 7 de enero de 2026 el Juzgado 002 Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Ibagué declaró improcedente la acción de tutela. Adicionalmente, en el numeral segundo, dispuso “dejar en libertad de la accionante, si a bien lo estima, que acuda a las entidades que considere pertinentes para que investiguen la presunta conducta de los accionados”[11].

 

10. En relación con la procedencia, el juzgado consideró que no se cumplió el requisito de inmediatez pues “no determina la accionante la época de la supuesta ocurrencia, esto es que, no determina la fecha en que su expareja sustrajo la información privada de sus dispositivos, ni cuando Milena, le ha amenazado u hostigado, ni aporta indicio alguno de las fechas de haber sido chantajeada digitalmente en la ciudad de Ibagué”[12]. Además, concluyó que no se cumplía el requisito de subsidiariedad puesto que “la accionante pudo haber acudido ante la Policía Nacional, Comisaria de Familia o Fiscalía General de la Nación, a través de los correspondientes canales de atención, para interponer la denuncia, por violencia digital o amenaza”[13].

 

11. Adicionalmente, sobre el fondo del asunto afirmó que “respecto de los mensajes de WhatsApp intercambiados, supuestamente entre la accionante y otra persona, que resulta imposible determinar quién es, no se evidencia, más allá de una aparente amenaza, por situación, al parecer sentimental, que los supuestos videos o mensajes hayan sido publicados o difundidos en red social alguna o compartidos con alguien por parte de la accionada”[14]. Señaló, sobre la hija de la accionante, que “más allá de la conjetura, no demuestra la actora por medio idóneo alguno que la niña nombrada exista y menos que fuese hija de la accionante”[15]. Finalmente, sostuvo que “a pesar del silencio de los accionados, teniendo en cuenta que, de los elementos materiales probatorios aportados por la actora, no se desprende, más allá de la aparente amenaza, por situación personal de carácter sentimental, que exista la conculcación de derechos fundamentales de la accionante”[16].

 

12. La decisión no fue impugnada.

 

Trámite en sede de revisión

 

13. El expediente de la referencia fue seleccionado para revisión por parte de la Sala de Selección número cuatro de 2026 y repartido a la Sala Segunda de Revisión.

 

14. El 9 de junio de 2026 el magistrado ponente emitió un auto de pruebas en el asunto de la referencia con el objetivo de obtener una ampliación de los hechos de la acción de tutela. Para ello, otorgó tres días a la accionante para que respondiera un conjunto de preguntas formuladas en la providencia[17]. Adicionalmente, se requirió a los accionados para que respondieran a la acción de tutela y se les otorgó un término de tres días para ello. Igualmente, el auto realizó un traslado de las pruebas recabadas en el marco del expediente T-11.634.797 (Sentencia T-184 de 2026), tramitado por este mismo despacho y que se trataba de un asunto similar^[18]. El contenido de estas pruebas se sintetiza en el Anexo I de la providencia.

 

15. El referido auto fue comunicado a las partes mediante el oficio OPTC-324-2026 el 16 de junio de 2026. En consecuencia, el término de tres días transcurrió los días 17, 18 y 19 del mismo mes y año[19].

 

16. El 19 de junio de 2026 la accionada Milena atendió el requerimiento realizado por la Corte y contestó la acción de tutela. Afirmó que “nunca ha sido [su] intención vulnerar los derechos fundamentales de la [accionante] ni causarle daño alguno” ni tiene “interés en difundir información privada, afectar su imagen personal o interferir en su vida privada”[20]. Así, indicó que los hechos que dieron origen a la acción de tutela “tienen como antecedente conflictos personales derivados de la relación sentimental que existió entre la accionante y el señor Esteban”[21] y que desde el inicio de su relación “se presentaron diversas situaciones de confrontación, llamadas telefónicas y mensajes por parte de la accionante, en los cuales recib[ió] expresiones ofensivas y descalificaciones que afectaron [su] tranquilidad personal”[22].

 

17. La accionada reconoció que “en medio de la tensión generada por estas situaciones, respondi[ó] mediante algunos mensajes de texto que hoy hacen parte de las pruebas aportadas por la accionante”[23]. Sin embargo, sostuvo que “dichos mensajes fueron producto de una reacción impulsiva ante un conflicto personal y no constituyeron la ejecución de ninguna conducta encaminada a divulgar contenido íntimo ni a materializar las amenazas que la accionante menciona”[24]. Por ello, indicó que después de ocurridos los hechos no ha vuelto a tener comunicación alguna con la accionante y, por el contrario, ha sido la actora quien ha continuado realizando llamadas y comunicaciones a la accionada. En esa medida, aportó diferentes capturas de pantalla de conversaciones presuntamente entre las partes y solicitó que “se valoren integralmente las pruebas aportadas y el contexto real de los hechos, teniendo en cuenta que no [ha] realizado publicaciones, divulgaciones ni actuaciones dirigidas a afectar los derechos fundamentales de la accionante”[25].

 

18. Mediante oficio OPTC-349-2026 y en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 63 del Acuerdo 01 de 2025 y el numeral sexto del auto del 9 de junio de 2026, la Secretaría General de la Corporación dio traslado de la respuesta recibida por el término de tres días, sin que se recibiera respuesta de acuerdo con el informe secretarial del 6 de julio de 2026.

 

19. Durante el período de tres días otorgado por el auto del 9 de junio de 2026 no se recibió respuesta por parte de la accionante ni del accionado Esteban. En consecuencia, el 30 de junio de 2026 el magistrado ponente profirió un auto requiriendo a las partes. Este fue comunicado el 1 de julio de 2026 mediante el oficio OPTC-361-2026, pero tampoco se obtuvo respuesta.

 

20. Adicionalmente, de acuerdo con la constancia del 1 de julio de 2026 incorporada al expediente mediante auto del mismo día, el despacho se comunicó telefónicamente con la accionante. De manera relevante, la accionante afirmó que la señora Milena la amenazó con difundir unos videos íntimos. Igualmente, indicó que dicha persona se comunicó con ella para manifestarle que había recibido mensajes enviados desde otro número telefónico, cuya autoría atribuyó a la accionante, circunstancia que esta última negó. Respecto del señor Esteban, manifestó que continúa siendo agresivo y que la agrede verbalmente, y agregó que en época anterior la había golpeado en varias ocasiones, sin que ella lo denunciara en su momento por temor. Insistió en su deseo de mantener distancia de ambas personas y en que le gustaría que existiera una medida que pusiera un alto a esas conductas. Finalmente, indicó que tiene conocimiento de que la señora Milena ya mostró los videos a terceras personas, quienes no están dispuestas a declarar, y que no ha vuelto a ser amenazada con posterioridad a la presentación de la tutela, aunque carece de pruebas al respecto.

 

21. Mediante auto del 2 de julio de 2026 la referida constancia fue incorporada al expediente y se dio traslado de esta a las partes por el término de un día. Este auto fue comunicado mediante el oficio OPT-C-370-2026 del 3 de julio de 2026 y, transcurrido el término otorgado, no se obtuvo respuesta.

 

II. CONSIDERACIONES

 

1.     Competencia

 

22. Esta Sala es competente para analizar los fallos materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.

 

2.     Delimitación del problema jurídico y metodología de la decisión

 

23. Corresponde a la Sala Segunda de Revisión conocer en esta oportunidad de una acción de tutela presentada por una mujer, a nombre propio y en representación de su hija menor, con ocasión de la obtención no autorizada, por parte de particulares, de contenidos íntimos de su propiedad, así como de su posterior tenencia, transferencia a terceros y amenazas de difundirlos sin su consentimiento. En esa medida, la Sala debe resolver el siguiente problema jurídico:

 

¿Milena y Esteban vulneraron los derechos fundamentales de la accionante y de su hija a una vida libre de violencia, a la intimidad, al buen nombre y a la propia imagen, así como el interés superior de la menor de edad, con ocasión de las conductas relacionadas con la presunta obtención no autorizada, tenencia y amenaza de difusión de videos íntimos de la accionante con contenido explícito para adultos?

 

24. Para la Sala es importante indicar que, aunque el derecho a vivir una vida libre de violencia no fue invocado explícitamente por la actora, su estudio es procedente por tres razones. Primero, las facultades ultra y extra petita reconocidas para el juez de tutela^[26] permiten ampliar el objeto de estudio de la acción. Segundo, en la Sentencia T-851 de 2010 la Corte indicó que en virtud del principio iura novit curia “corresponde al juez la aplicación del derecho con prescindencia del invocado por las partes, constituyendo tal prerrogativa, un deber para el juzgador, a quien incumbe la determinación correcta del derecho, debiendo discernir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente, la realidad del hecho y subsumiéndolo en las normas jurídicas que lo rigen”. Tercero, en todo caso, la accionante afirmó que la conducta “constituye una clara modalidad de venganza porno y violencia de género digital, poniendo en riesgo inminente el bienestar psicológico y el entorno seguro de [su] hija menor de edad, quien reside con [ella]”[27].

 

25. Para resolver el problema jurídico planteado la Corte estudiará (i) la difusión no consentida de contenidos íntimos como una expresión de la violencia contra la mujer; (ii) los derechos fundamentales a la imagen, a la intimidad y al buen nombre en el contexto de la violencia digital y sexual; y (iii) el enfoque de género en la administración de justicia. Finalmente, (iv) resolverá el caso concreto.

 

3.     La difusión no consentida de contenidos íntimos como una expresión de la violencia contra la mujer. Reiteración de jurisprudencia[28].

 

3.1.          La violencia sexual y digital

 

26. La forma en la cual las mujeres ejercen sus libertades, siempre y cuando no afecte los derechos de las demás personas en el entorno, no puede ser objeto de reproches o de censuras morales, religiosas, políticas, éticas, culturales, educativas o de cualquier otra índole. Todas ellas, arraigadas principalmente a estereotipos de género que reproducen modelos de dominación, discriminación, violencia, subyugación y represión social. Las mujeres son libres y autónomas de escoger qué hacer con su cuerpo. En realidad, están facultadas para determinar cada aspecto de su vida. Esta decisión, como manifestación de los derechos a la libertad de expresión y al libre desarrollo de la personalidad, debe ser salvaguardada por virtud de los mandatos superiores consignados en la Carta[29].

 

27. Específicamente en lo relacionado con la violencia en los entornos digitales,

la Relatoría Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias[30] indicó que se constituye como “todo acto de violencia por razón de género contra la mujer cometido, con la asistencia, en parte o en su totalidad, del uso de las TIC, o agravado por este, como los teléfonos móviles y los teléfonos inteligentes, internet, plataformas de medios sociales o correo electrónico, dirigida contra una mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada”[31].

 

28. El traslado de las relaciones humanas al internet, como un lugar que se habita a través de instrumentos tecnológicos, ha creado en el entorno comunitario la denominada sociedad de la información[32]. Por ello, el acceso a las plataformas digitales ha implicado una transformación del paradigma sobre las relaciones personales, incluidos los ámbitos de la sexualidad. Sobre este aspecto, la literatura especializada ha recalcado que “las actividades sexuales online también pueden conllevar consecuencias adversas y sus efectos también se han hecho presentes en el ámbito victimológico, emergiendo nuevas formas delictivas que afectan la dimensión sexual de las personas[33], generando riesgos asociados a la exposición no deseada, la falta de control sobre la propia imagen y la vulnerabilidad frente a abusos o manipulaciones” [34].

 

29. La Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante Convención Belém do Pará) también refirió que “la violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen en una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno”[35].

 

30. En lo relacionado con la violencia sexual, la Corte en la Sentencia SU-360 de 2024 destacó que se trata de “una expresión de discriminación y el resultado de patrones socioculturales en torno a los cuales se conciben los cuerpos femeninos como particularmente sexualizados, y se sustenta una condición de inferioridad de las mujeres con respecto a los hombres posibilitándoles ser objeto de su uso y abuso”. Asimismo, en la Sentencia T-206 de 2024 advirtió que “las expresiones constitutivas de este tipo de violencia escapan de la órbita de protección del derecho a la libertad de expresión en Internet. Ante tales escenarios, las autoridades del Estado, desde el ámbito de sus competencias y en ejercicio de sus funciones, están llamadas a dictar las medidas necesarias para prevenir, proteger, reparar, prohibir y penalizar los comportamientos que configuren una violencia de género digital o en línea”.

 

31. En síntesis, resulta claro que en la difusión no consentida de imágenes a través de plataformas digitales confluyen principalmente actos de violencia digital y sexual. De tal suerte, es necesario que la comprensión de este flagelo no se estudie como un hecho aislado o independiente de sus causas históricas o estructurales. Por el contrario, es indispensable reconocer que una acción de estas características despoja de toda dignidad a las mujeres, reduce sus cuerpos como objetos del mercado o del placer, comprime a su mínima expresión su voluntad de determinación y atenta contra una lucha histórica por la erradicación del machismo y la discriminación.

 

3.2.          Los efectos del consentimiento y sus características.

 

32. En distintas oportunidades, esta Corporación se ha referido a la definición del consentimiento, sus características y sus efectos. La Sala Plena en la Sentencia SU-360 de 2024 recordó que el consentimiento es una capacidad para enfocar la voluntad de dirigir los actos. Por ello, afirmó que aquel “significa permitir algo, condescender en que se haga algo, aceptar una oferta o proposición, obligarse, otorgar la voluntad con un sí”. De este modo “es la voluntad como atributo de la mente del ser humano que se origina en un impulso interno del cerebro que hace desear o querer algo y permite obtener un resultado determinado”[36].

 

33. En materia de derechos sexuales, el consentimiento se traduce en la capacidad de aceptar y permitir la ocurrencia de cierto tipo de acciones relacionadas con el cuerpo[37]. La difusión no consentida de los contenidos íntimos en las redes sociales representa una de las problemáticas que mayores consecuencias tiene para la dignidad de las mujeres. En esta acción confluyen diversas violencias que reducen a su mínima expresión las garantías superiores reconocidas para un grupo poblacional que ha sido históricamente discriminado[38]. La doctrina autorizada en la materia reconoce que fenómenos de esta naturaleza constituyen formas de cibervictimización, que no solo reflejan expresiones de violencia digital. También así, generan actos propios de la violencia sexual[39].

 

34. El consentimiento, como expresión de autonomía y autodeterminación debe otorgarse siempre libre de contaminación, coacción o engaño. Una decisión que se toma sin conocer todas las consecuencias que de ahí se desprenden no es verdaderamente libre. Esto quiere decir que, cualquier tipo de artificio con la vocación de coartar la libertad de decidir debe ser censurado. De este modo, es necesario recordar que el consentimiento que se ofrece para realizar determinados actos debe ser claro, inequívoco, específico y permanente. El consentimiento también es esencialmente revocable. Aceptar la ocurrencia de un hecho no significa permitir que aquel se perpetúe en el tiempo, de forma prolongada o indefinida. Tan válida es la manifestación de aceptar la ocurrencia de un hecho como la intención genuina de impedir que los efectos subsiguientes continúen reproduciéndose.  

 

3.3.           La ausencia del consentimiento en la difusión de contenidos íntimos.

 

35. La difusión no consentida de imágenes o videos íntimos en las plataformas digitales representa una forma de dominación histórica y patriarcal que concibe el cuerpo de las mujeres como un objeto cosificado del cual se puede disponer. En el contexto de la violencia de género, aquello traduce una reducción de sus derechos cedidos a la propiedad de terceros que ven en el acto una fuente para satisfacer necesidades personales, realizar intercambios monetarios o recibir réditos económicos, como si la imagen femenina constituyera una mercancía que puede difundirse contra la propia voluntad[40].

 

36. Sobre las características del consentimiento para la difusión de contenidos íntimos en plataformas digitales, la Corte Constitucional en la Sentencia T-407A de 2018 estableció los siguientes requisitos: (i) especificación de los usos y los fines de las imágenes; (ii) determinación del alcance de la comercialización; (iii) información suficiente sobre las imágenes que serán grabadas o fotografiadas, el impacto y consecuencias que estas tendrán en su vida personal, familiar, social o laboral, y el valor promedio de los honorarios que se pagan y (iv) fijación del término para ratificar el consentimiento.

 

37. Puntualmente, en lo relacionado con el alcance de la comercialización, la Corte especificó que aquello implica el conocimiento acerca de (i) los medios a través de cuáles se van a vender las imágenes (internet, medios digitales o impresos, etc.); (ii) a qué personas o empresas se les va a ofrecer la venta o distribución de las imágenes; (iii) en qué países se podrá acceder a las imágenes grabadas o fotografiadas; (iv) si el acceso a las imágenes será gratuito o pago; (v) exponer los riesgos que existen en la actualidad sobre la piratería de contenidos digitales y los riesgos de que las imágenes grabadas o fotografiadas sean reproducidas en medios que no han sido autorizados para estos fines, y finalmente, (vi) en caso de que las imágenes se vayan a distribuir en páginas de internet, establecer cuál es el nivel de seguridad de dichas páginas frente al  hackeo de información tanto en la web como en la deep web”[41].

 

38. En estos términos, cuando las mujeres autorizan a terceros para que divulguen sus contenidos íntimos en plataformas digitales, es necesario constatar que aquella decisión es verdaderamente una expresión de sus derechos a la libertad de expresión y al libre desarrollo de la personalidad. No es válido esconder información, tampoco así valerse de datos erróneos que impidan conocer los efectos que produce la expansión de los datos.

 

39.  A pesar de ello, como ha procurado señalarse en precedencia, ofrecer una autorización para compartir los contenidos tampoco implica una cláusula abierta para difundirlos permanentemente. Retractarse de esa decisión siempre es válido. Por ello, al margen de la discusión sobre el incumplimiento contractual o los efectos de los convenios que facilitan esos acuerdos, tratándose de derechos fundamentales, quien difunde imágenes íntimas contra la voluntad de su titular incurre en conductas que, por el nivel de afectación que causan a los bienes jurídicos, afectan prerrogativas de carácter constitucional y riñen con los linderos de la responsabilidad penal.

 

40. En consecuencia, es necesario afirmar que la decisión de publicar y difundir contenidos íntimos en plataformas digitales, siempre y cuando se encuentre libre de vicios que coarten la autorización, es una expresión de libertad que se encuentra constitucionalmente protegida. Asimismo, la determinación de revocar esa facultad, como manifestación paralela de ausencia de voluntad, retractación o falta de consentimiento, debe ser igualmente salvaguardada sin que medien consideraciones adicionales de ninguna naturaleza. Solo de esta manera se garantiza que las mujeres pueden vivir una vida libre de violencias. También, que sus decisiones y convicciones personales no queden atrapadas a condición de lo que la esfera social, influida por estereotipos de género, considera más apropiado para ellas. El cuerpo de las mujeres no es una mercancía de la cual los hombres puedan disponer y lucrarse cada vez que así lo consideren. 

 

3.4.          La existencia de vacíos de punibilidad para sancionar conductas de difusión no consentida de imágenes íntimas en redes sociales y los avances en el derecho comparado. Reiteración de la Sentencia T-184 de 2026. 

 

41. Conforme a los parámetros de protección reconocidos en la Convención de Belém do Pará[42], los Estados parte deben adoptar todas las medidas necesarias para reprimir y castigar todo acto de violencia de género en contra de la mujer[43].  Por virtud de este mandato, algunos comportamientos que expresan sustanciales niveles de afectación a los derechos fundamentales de las mujeres deben ser criminalizados. Ello no implica necesariamente una expansión abusiva de la potestad sancionatoria del Estado. Tampoco el desconocimiento de sus principios de fragmentariedad, subsidiariedad o última ratio.

  

42. El derecho penal, como una estructura habitualmente ligada al cumplimiento de estrictos presupuestos teóricos y dogmáticos, en ocasiones no abarca una serie de conductas altamente reprochables con serios niveles de afectación material. Estas ausencias han sido denominadas técnicamente como “vacíos de punibilidad” y suponen escaños de infra-protección normativa respecto de conductas que, aunque representan verdaderas afrentas contra los bienes jurídicos, se encuentran desprovistas de consecuencias sancionatorias dentro de la legislación. Esta clase de lagunas impactan seriamente el principio de estricta tipicidad, porque a condición de la ausencia regulatoria se impide que acciones u omisiones verdaderamente reprochables puedan encajar en la descripción normativa de un determinado delito. Por ello, a pesar del evidente daño que pueden causar en la esfera de lo social corren la suerte de quedar desprovistas de sanción.

 

43. Aunque la criminalización de los comportamientos más lesivos no genera automáticamente un efecto anulador del fenómeno delictivo, debe advertirse que la ausencia de un reproche jurídico por la transgresión efectiva y sustancial de derechos de contenido personalísimo genera defectos de garantía, incompatibles con el ordenamiento constitucional y convencional vigente en la materia. 

 

44. Con fundamento en este presupuesto, es necesario reconocer que algunas de las novísimas formas de violencia en contra de la mujer, por sus características propias de un sistema de dominación heteropatriarcal, se encuentran desprovistas de verdaderas consecuencias jurídicas en el campo del derecho penal. Esto significa que, la premisa que enmarca la esfera de protección estatal se encuentra incompleta, o al menos, produce resultados insatisfactorios de cara a la consolidación constitucional de una amplia gama de garantías; todas ellas tendientes a reprochar cualquier forma de violencia de género.

 

45. Así las cosas, tal y como fue advertido por los Semilleros de Investigación en Derecho Penal de la Universidad de Caldas y la Universidad del Rosario, existe un vacío normativo en torno a las consecuencias jurídicas que se deducen propiamente de la difusión no consentida de contenidos íntimos[44]. No existe actualmente en nuestra normatividad un tipo penal que fije de forma directa las consecuencias jurídicas por una acción de estas características[45].

 

46. Sin embargo, este no ha sido un asunto completamente ajeno a nuestro ordenamiento constitucional. En Colombia, diversas propuestas legislativas ya han advertido el vacío legal que existe en la materia. A modo de ejemplo, a través del proyecto de Ley 247 de 2024 de Senado y 359 de 2025 de Cámara se persiguen medidas de sensibilización, prevención, protección, reparación y penalización de la violencia de género digital[46]. Como una medida tendiente a cumplir la finalidad, se ha propuesto la creación del delito de distribución de material íntimo sexual sin consentimiento[47].

47. A pesar de ello, apenas hasta el 8 de septiembre de 2025 se surtió su aprobación en el segundo debate parlamentario[48]. De tal suerte, a la fecha no existe todavía un pronunciamiento definitivo del legislativo que permita que conductas de difusión no consentida de material íntimo a través de plataformas digitales puedan ser debidamente sancionadas. Lo anterior, como se expuso líneas arriba, con el propósito de cumplir los compromisos internacionales que ha asumido el Estado colombiano para reprimir y castigar todo acto de violencia de género en contra de la mujer.

 

48. Contrario a esto, en otros ordenamientos jurídicos esta problemática ha sido mayormente visibilizada y también cuenta con decisiones legislativas de carácter definitivo. Concretamente en México, a través de la Ley Olimpia, se ha establecido un marco jurídico integral para comprender el fenómeno de la violencia digital en contra de las mujeres. Los antecedentes fácticos que motivaron esta creación normativa se enmarcan en el caso de una mujer que fue víctima de la difusión no consentida de contenidos íntimos en plataformas de internet. Sin embargo, cuando aquella acudió a las autoridades a denunciar el vejamen “se enfrentó con un vacío normativo y una respuesta institucional que no reconocía dicha conducta como delito”[49]. Así las cosas, se dispuso una reforma al Código Penal Federal en la cual se adicionó un título denominado “Delitos contra la Indemnidad de la Privacidad de la Información Sexual”, que sanciona con pena de 3 a 6 años de prisión la divulgación no consentida de material íntimo[50].

 

49. Igualmente, en España desde el año 2015 se incorporó al Código Penal el delito de difusión no consentida de imágenes de carácter íntimo obtenidas con anuencia de la víctima[51]. Al respecto, se ha advertido que, con esta decisión normativa, “el legislador quiso poner fin a una relevante laguna de punición, que se había evidenciado, en el ordenamiento penal español, a raíz de varios casos mediáticos[52] que convergieron en el tiempo”[53].

 

50. Finalmente, en Perú desde el año 2017 se sancionó el proyecto de ley que incorporó al Código Penal el delito de Difusión de material íntimo de manera no consentida. En la exposición de motivos que dio lugar a esta determinación legislativa, se indicó que “los principales victimarios resultan ser ex parejas de la víctima. Esta es una de las razones por las que esta figura ha sido calificada como un tipo de violencia psicológica, doméstica e incluso como una forma de abuso sexual”[54]. Por ello, se dijo que “la inclusión de un tipo penal específico manda un mensaje a la sociedad respecto a que no se tolerará este tipo de conductas que afectan gravemente la salud mental de sus víctimas”[55].

 

51. En conclusión, es claro que una sociedad democrática que persigue la erradicación de cualquier forma de violencia en contra de la mujer debe reprochar las conductas que de forma más grave atentan contra los bienes jurídicos de los cuales ellas son sus titulares. Esto significa que los postulados estructurales del derecho penal y la criminología contemporánea también deben compadecerse con las formas actuales de delincuencia y segregación por razones del género.

 

4.     Los derechos fundamentales a la imagen, a la intimidad y al buen nombre en el contexto de la violencia digital y sexual. Reiteración de jurisprudencia[56].

 

4.1.          La imagen como un derecho fundamental autónomo e innominado

 

52. La Corte Constitucional ha reconocido que la imagen es un “derecho fundamental innominado y autónomo bajo el entendido de que [constituye] una expresión directa de la individualidad e identidad de la persona y, por tanto, su protección constitucional se deriva de la relación estrecha que ésta tiene con el derecho a la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad y la personalidad jurídica”[57]. Asimismo, se ha establecido que el derecho a la imagen es en esencia disponible[58]. A pesar de ello, la capacidad para disponer del derecho a la imagen, por ejemplo, consintiendo la difusión de la misma para fines publicitarios, marcarios o comerciales, debe contar con el pleno consentimiento de su titular[59].

 

53. El uso de la propia imagen sin que medie plenamente la autorización para tales fines constituye una afrenta contra el derecho fundamental que debe ser objeto de salvaguarda[60].  En cuanto al alcance de la permisión para que terceros puedan difundir la propia imagen en el marco de las relaciones contractuales, la Corte ha explicado que este no puede comprenderse como una renuncia inmediata a la titularidad de la prerrogativa. Esto significa que, retirado el consentimiento o finiquitada la relación contractual, el particular que se facultó para la divulgación de la imagen se encuentra impedido para seguir haciendo uso de ella, principalmente cuando aquella es usada con fines económicos o lucrativos. Sobre este aspecto, la Corte en la Sentencia T-471 de 1999 explicó que:

 

Cuando en virtud de un contrato se permite la explotación comercial de la imagen o de la voz de una persona, en ejercicio de una actividad profesional (modelos, actores y locutores, por ejemplo), la utilización que se haga de aquéllas es lícita. Pero, una vez concluido el término del contrato y agotado el cometido del mismo, el dueño de la imagen o de la voz recupera su derecho a plenitud y, por tanto, quien la venía difundiendo queda impedido absolutamente para seguir haciéndolo, si no cuenta con el consentimiento expreso del afectado o renueva los términos de la convención pactada. Ahora bien, cualquier acto que desconozca este principio constituye ostensible abuso, contrario a los derechos fundamentales del titular de la imagen, que está, obviamente, sometido a la jurisdicción y competencia del juez constitucional. Este, que tiene a su cargo velar por aquellos, goza de competencia para impartir las órdenes necesarias, con miras a impedir que la violación de tales derechos se prolongue en el tiempo, mediante la explotación no consentida de la imagen del solicitante.

 

54. Sobre las implicaciones que tienen las publicaciones en las redes sociales, la Corte en la Sentencia T-634 de 2013 recordó que un contenido mínimo del derecho a la imagen es la posibilidad de excluirla de las redes, bien porque se está haciendo un uso indebido de ella, o por simple voluntad del titular.  En este sentido, la disponibilidad de la propia imagen exige la posibilidad de decidir sobre su cambio o modificación, lo cual constituye a su vez un presupuesto ineludible del ejercicio del libre desarrollo de la personalidad.

 

55. En síntesis, es posible advertir que el derecho a la propia imagen es una garantía autónoma que se encuentra relacionada con distintas prerrogativas de carácter fundamental. Por su naturaleza es disponible, lo que constituye una expresión de los derechos fundamentales a la libertad de expresión y al libre desarrollo de la personalidad. A pesar de ello, cuando es utilizada por terceros con fines comerciales, publicitarios o de cualquier otra índole, requiere consentimiento expreso y permanente para su utilización. Asimismo, requiere que las autorizaciones otorgadas por su titular en el marco de las relaciones contractuales no sean entendidas como una renuncia al derecho mismo[61].

 

4.2.          El marco constitucional del derecho fundamental a la intimidad y al buen nombre.

 

56. El derecho a la intimidad ha sido concebido como una expresión de la necesidad humana de permanecer en privacidad[62]. Por ello, las primeras conductas con la vocación de afectar esta garantía representaban la intrusión en los asuntos más personales, la publicación de hechos privados o falsos y la apropiación comercial del nombre[63]. Sin embargo, la dimensión de este derecho ha evolucionado. A la estructura de la prerrogativa también se le ha asignado un contenido relacional bastante amplio, lo que “condujo a que a este se le adscribieran una serie de obligaciones positivas a cargo del Estado con el objetivo de materializar efectivamente su dimensión social. Esa faceta más amplia del derecho a la intimidad se basó en un criterio de conexidad con otros derechos, como la vida privada y familiar, la libertad y la dignidad humana”[64].

 

57. Esta situación en particular ha permitido comprender que con objeto del derecho a la intimidad no se protegen propiamente espacios físicos, sino lo que las personas realizan en ellos. De tal modo, la expectativa razonable de intimidad se refiere a una zona de protección garantizada en la que el individuo puede actuar basado en la confianza legítima de que no habrá injerencias del Estado o de terceros. Con base en ello, la Corte ha reconocido que el marco de protección del derecho a la intimidad es flexible, porque no resulta posible determinar en abstracto cuáles son los elementos que componen la vida privada del individuo. Sin embargo, se han fijado algunos criterios que permiten delimitar el alcance de la salvaguarda constitucional frente a la invasión en la garantía, estos son: (i) la voluntad del titular del derecho, (ii) las esferas de privacidad, (iii) los espacios físicos y (iv) la naturaleza y los tipos de información.

 

58. En lo relacionado con la voluntad del titular del derecho, la Corte ha establecido que se trata de un nivel en el que la persona decide “ceder parte de su interioridad hacia el conocimiento público”[65]. En virtud de ello, resulta posible clasificar el grado de intimidad conforme a la esfera personal, familiar, social y gremial. Asimismo, por virtud de la naturaleza de la información, se parte del supuesto según el cual, las características del contenido es lo que posibilita “su divulgación cuando el titular de la información no lo ha autorizado y las razones que pueden justificar su conocimiento por parte de terceros, dado que estas varían en función de su cercanía con la esfera más íntima de la persona”[66].

 

4.3.          Los peligros de la difusión de imágenes en internet

 

59. El contexto en el cual se produce la violencia digital genera importantes retos en relación con los métodos con los que cuentan las personas para denunciar la transgresión de sus derechos fundamentales. Sobre este tema, la literatura de los estudios de género ha advertido por ejemplo que las plataformas de contenido para adultos se han convertido en lugares habituales para la difusión de contenidos íntimos, sin que en ocasiones sea posible diferenciar la línea divisoria entre la pornografía comercial y la no consentida[67]. También, se ha documentado que estos sitios “han convertido la distribución no consentida de contenido íntimo en material lucrativo: las víctimas se convierten en productos, los abusadores en productores y los espectadores en consumidores”[68].

 

60. Sobre los peligros por la divulgación de contenidos en internet, la Corte en la Sentencia T-260 de 2012 reconoció que “a pesar de que las redes sociales digitales […] se consolidan como un espacio en el que rigen normas similares a las del mundo no virtual, el acceso a la misma acarrea la puesta en riesgo de derechos fundamentales, pues el hecho de que algunas de ellas se manejen a través de perfiles creados por los usuarios, por medio de los cuales se pueden hacer públicos datos e información personal, puede traer como consecuencia la afectación de derechos como la intimidad, la protección de datos, la imagen, el honor y la honra”[69].

 

61. Igualmente, la Corte afirmó que este tipo de afectaciones, en gran medida, se producen por el desconocimiento de los usuarios de las plataformas sobre el funcionamiento y la reglamentación de las mismas. Esto porque, “la falta de privacidad en los perfiles y la publicación de información personal y datos especialmente protegidos como vivencias, gustos, ideología y experiencias sin ninguna restricción, se constituye en una fuente de riesgo para los derechos fundamentales de los usuarios”[70]. Del mismo modo, resaltó que la falta de conciencia de las personas sobre el uso de las plataformas permite que los datos o la información personal sea utilizado por terceros malintencionados de forma ilícita. Asimismo, el Tribunal en la Sentencia T-240 de 2018 precisó que:

 

[E]l escenario de las redes sociales expone a quienes lo usan a situaciones que en un principio pudieron no ser presupuestadas y que pueden llegar a implicar afectaciones a la dignidad de las personas cuando superan el ámbito de lo privado. Una fotografía íntima compartida en un chat, por ejemplo, puede llegar a tener impactos inesperadamente sobredimensionados, mucho más allá de lo que pudieron inicialmente querer o pretender los involucrados”.

 

62. Con base en esta premisa, la Corte indicó que el poder insospechado de las tecnologías de la información produce una vulnerabilidad principalmente en las personas jóvenes, quienes tienen mayores cercanías y afinidades con el mundo digital.

 

5.     El enfoque de género en la administración de justicia. Reiteración de jurisprudencia[71]

 

63. La Constitución en los artículos 2, 13 y 43 establece que el Estado tiene como fines esenciales garantizar la efectividad de los derechos fundamentales, asegurar la igualdad real y proteger de manera especial a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. En ese contexto, la Carta proscribe la discriminación por razones de género y, en consecuencia, el ordenamiento jurídico colombiano protege de manera reforzada los derechos de la mujer. Este tribunal ha reconocido la histórica desigualdad y discriminación que ha enfrentado este grupo poblacional y el rechazo por la violencia a la que tradicionalmente han sido sometidas las mujeres[72].

 

64. En el contexto internacional[73], la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y la Convención para Eliminar todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) han abordado la violencia contra las mujeres como un asunto de derechos humanos. En efecto, en la Recomendación General No. 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité Cedaw), la violencia por razones de género se entendió como una manifestación particularmente intensa de la discriminación porque implica actos de violencia “dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada, […] que infligen daño o sufrimiento de índole física, mental o sexual, las amenazas de esos actos, la coacción y otras formas de privación de la libertad”[74]. Estos se consideran actos discriminatorios porque tienen por efecto limitar, restringir o anular el ejercicio de derechos a las mujeres.

 

65. En la misma línea, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, señaló que la lucha contra la violencia por razones de género es una condición indispensable para asegurar la plena vigencia de los derechos humanos y los propósitos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y la Cedaw. Allí se define la violencia contra las mujeres como:

 

“[T]odo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”[75].

 

66. Por otro lado, la Convención Belém do Pará estableció obligaciones específicas a los Estados para eliminar la violencia contra las mujeres. Este documento reconoció a nivel interamericano el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en todos los ámbitos en los que se desarrolla su existencia (artículo 3). Además, el artículo 1 de la Convención define la violencia contra las mujeres como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”[76]. Finalmente, este tratado destaca que la violencia contra las mujeres por razones de género no ocurre solo en los espacios domésticos o privados, sino también en otros espacios como los comunitarios y aquellos controlados por el Estado (artículo 2).

 

67. A partir de los mandatos constitucionales citados y obligaciones asumidas por el Estado de forma internacional, el Congreso expidió la Ley 1257 de 2008[77], con el fin de sensibilizar, prevenir y sancionar las formas de violencia y discriminación contra las mujeres. En ese contexto, la Corte ha reconocido como fundamental el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia[78].

 

68. Específicamente en materia de los deberes de las autoridades judiciales, en la Sentencia SU-167 de 2024 la Corte precisó que la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, en el documento Criterios orientadores relacionados con el procedimiento y la decisión judicial, identificó una serie de criterios para el trámite y la decisión judicial de los procesos que requieren ser analizados a partir de una perspectiva de género. Al referirse a ese documento, la Corte Constitucional precisó que le corresponde al juez “(i) verificar si en el caso concreto proceden medidas especiales cautelares o de protección, (ii) privilegiar la prueba indiciaria cuando no sea posible la prueba directa, (iii) argumentar la sentencia desde una hermenéutica de género, (iv) identificar la existencia de estereotipos, sexismo y la relación desequilibrada de poder; y (v) escuchar la voz de las mujeres”.

 

69. Igualmente, señaló que el deber de aplicar este enfoque conduce a la activación de las siguientes obligaciones específicas: “(i) desplegar toda actividad investigativa en aras de garantizar los derechos en disputa y la dignidad de las mujeres; (ii) analizar los hechos, las pruebas y las normas con base en interpretaciones sistemáticas de la realidad, de manera que en ese ejercicio hermenéutico se reconozca que las mujeres han sido un grupo tradicionalmente discriminado y como tal, se justifica un trato diferencial; (iii) no tomar decisiones con base en estereotipos de género; (iv) evitar la revictimización de la mujer; (v) reconocer las diferencias entre hombres y mujeres; (vi) flexibilizar la carga probatoria en casos de violencia o discriminación, privilegiando los indicios sobre las pruebas directas, cuando estas últimas resulten insuficientes; (vii) considerar el rol transformador o perpetuador de las decisiones judiciales; y (viii) efectuar un análisis rígido sobre las actuaciones de quien presuntamente comete la violencia”^[79].

 

6.     Caso concreto

 

70. Corresponde a la Sala Segunda de Revisión conocer en esta oportunidad de una acción de tutela presentada por una mujer que recibió amenazas por parte de un particular de difundir videos íntimos los cuales fueron obtenidos sin su consentimiento. En el fallo de única instancia se declaró improcedente el amparo por incumplimiento de los requisitos de inmediatez y subsidiariedad. En sede de revisión, la accionada reconoció ser la autora de los mensajes, pero indicó que “nunca ha sido [su] intención vulnerar los derechos fundamentales de la [accionante] ni causarle daño alguno” ni tiene “interés en difundir información privada, afectar su imagen personal o interferir en su vida privada”^[80].

 

6.1.  Estudio de procedencia

 

71. La acción de tutela cumple con los requisitos de legitimación, inmediatez y subsidiariedad y, en esa medida, es procedente y es necesario estudiar el fondo de la demanda. Esta conclusión se sustenta en el siguiente cuadro:

 

Tabla 1. Estudio de procedencia

 

72. En esta medida, no le asiste razón al Juzgado 002 Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Ibagué al haber declarado improcedente el amparo. Como se indicó en los antecedentes, el juzgado consideró que no se cumplió el requisito de inmediatez pues “no determina la accionante la época de la supuesta ocurrencia, esto es que, no determina la fecha en que su expareja sustrajo la información privada de sus dispositivos, ni cuando Milena, le ha amenazado u hostigado, ni aporta indicio alguno de las fechas de haber sido chantajeada digitalmente en la ciudad de Ibagué”[82]. Además, concluyó que no se cumplía el requisito de subsidiariedad puesto que “la accionante pudo haber acudido ante la Policía Nacional, Comisaria de Familia o fiscalía general de la Nación, a través de los correspondientes canales de atención, para interponer la denuncia, por violencia digital o amenaza”[83].

 

73. Sin embargo, esta conclusión desconoce que, como lo indicó la Corte en la Sentencia T-280 de 2022, “[n]o existe otro medio de defensa judicial con la virtualidad de revisar la situación planteada desde una perspectiva constitucional y en clave de derechos fundamentales” y que, en todo caso, existía el riesgo de afectación a los derechos fundamentales de una menor de edad, así como una afirmación por parte de la accionante de que el caso constituía un hecho de violencia digital en su contra. Por estas razones, la acción de tutela cumplía con los requisitos de procedencia.

 

74. Igualmente, la Sala de Revisión considera pertinente llamar la atención sobre un punto en relación con la actuación del juez de instancia. Como se indicó en las consideraciones, en Colombia existe un vacío de punibilidad de este tipo de conductas. A pesar de ello, se fundamentó la improcedencia de la acción de tutela, entre otras razones, en que la accionante podía acudir ante la Policía Nacional, la Comisaría de Familia o la Fiscalía General de la Nación, a través de los canales dispuestos para denunciar hechos de violencia digital o amenazas. En esta medida, el mecanismo previsto por el juzgado no tomó en consideración el referido vacío con sus negativas consecuencias en casos como el aquí estudiado.

 

6.2.  La señora Milena y el señor Esteban vulneraron los derechos fundamentales de la accionante a una vida libre de violencia, a la intimidad, al buen nombre y a la propia imagen

 

75. La Sala encuentra que el señor Esteban obtuvo videos de la accionante con contenido explícito para adultos, sin su consentimiento; los mantuvo bajo su custodia y posteriormente los compartió con la señora Milena. Por su parte, la señora Milena amenazó a la actora con los videos sin su autorización, afectando sus derechos fundamentales a una vida libre de violencia, a la intimidad, al buen nombre y a la propia imagen.

 

76. De manera preliminar, la Corte busca realizar una reflexión sobre la protección de las personas que se dedican a la producción de contenido para adultos en línea. Si bien esta labor supone que su titular autoriza la exhibición de determinado contenido personal a través de plataformas digitales especializadas, ello no significa que renuncie a la protección de sus derechos fundamentales ni que cualquier tercero quede habilitado para utilizar ese material con fines distintos a aquellos propios de la actividad desarrollada.

 

77. En estos casos, el consentimiento prestado se encuentra delimitado por el contexto en el cual se desarrolla esa actividad, esto es, por una plataforma determinada, un público específico y una finalidad económica claramente identificable. En consecuencia, el hecho de que el contenido pueda ser visualizado por los usuarios de ese servicio no autoriza a personas ajenas a dicha relación a apropiarse de ese material para amenazar con divulgarlo al entorno familiar, social o laboral de quien lo produce, ni para convertirlo en un mecanismo de presión, intimidación o control sobre sus decisiones personales. Incluso, tampoco sus usuarios podrían generar ningún tipo de constreñimiento que lleve a desconocer unas garantías mínimas desde la perspectiva de su intimidad familiar.

 

78. Así, esta actividad no comporta una renuncia, pérdida o disposición absoluta del derecho fundamental a la intimidad. Si bien el contenido producido en el marco de esta actividad supone una modulación en las expectativas de privacidad frente a quienes acceden legítimamente a las plataformas destinadas para ello, dicha circunstancia no implica que desaparezca la protección constitucional de la información ni que cualquier tercero quede facultado para utilizarla con fines distintos de aquellos para los cuales fue voluntariamente puesta en circulación. La exposición inherente a esta actividad económica es necesariamente limitada por su contexto, de manera que los derechos fundamentales de quienes la ejercen continúan siendo plenamente exigibles frente a usos abusivos o no consentidos del material difundido. En este sentido, el contenido generado en ejercicio de esta actividad goza de protección constitucional frente a usos no consentidos que excedan el ámbito propio de esa actividad económica.

 

79. La Corte constata que de acuerdo con el recaudo probatorio es posible afirmar a partir de dos elementos que la amenaza sobre los derechos fundamentales ocurrió y generó efectos, los cuales podrían continuar presentándose en el futuro. Primero, la accionada aceptó ser la autora de los mensajes en los que se amenaza a la accionante con la difusión de sus videos. Específicamente, en su respuesta a la acción de tutela afirmó que “en medio de la tensión generada por estas situaciones, respondi[ó] mediante algunos mensajes de texto que hoy hacen parte de las pruebas aportadas por la accionante”^[84].  Segundo, en la llamada del 1° de julio de 2026, no controvertida por los accionados durante el término de traslado[85], se evidenció que la accionante tenía conocimiento de que sus videos habían sido mostrados a terceros. Si bien este hecho no fue confirmado por los accionados, lo cierto es que da cuenta de un riesgo para sus derechos fundamentales, al sugerir una posible difusión no consentida del contenido íntimo.

 

80. A partir de ello, la Sala encuentra que la amenaza a los derechos fundamentales de la actora se materializó en la obtención no consentida del material audiovisual, por parte del señor Esteban; la posesión ilegítima de los videos por la señora Milena; y la difusión de estos frente a terceros.

 

81. En relación con la señora Milena, la Corte evidencia que la accionada no hizo referencia a que haya eliminado estos videos ni negó su posesión. Frente al segundo, se guardó silencio durante el término de traslado otorgado para responder a la incorporación al expediente de la constancia de llamada del 1 de julio de 2026.

 

82. Ahora bien, dado que en su respuesta a la acción de tutela la señora Milena le expresó a la Corte que no busca realizar la difusión, podría sostenerse que ya no existe una amenaza sobre los derechos fundamentales. En concreto, la accionada afirmó que “dichos mensajes fueron producto de una reacción impulsiva ante un conflicto personal y no constituyeron la ejecución de ninguna conducta encaminada a divulgar contenido íntimo ni a materializar las amenazas que la accionante menciona”^[86] e indicó que después de ocurridos los hechos no ha vuelto a tener comunicación alguna con la accionante y, por el contrario, ha sido la actora quien ha continuado realizando llamadas y comunicaciones a la accionada. No obstante, para la Corte concluir que estas afirmaciones implican que cesó la vulneración a los derechos sería un razonamiento errado.

 

83. Aunque en el presente caso no ocurrió una difusión masiva de los videos y la accionada afirmó que no tiene interés en divulgar el contenido, la posesión de los videos en cabeza de la accionada constituye una amenaza para los derechos de la actora y su hija pues funge como un riesgo permanente de que, en cualquier momento, la accionada cambie de opinión sobre la difusión. Adicionalmente, la accionante indicó tener conocimiento de que estos fueron mostrados a terceros, afirmación no controvertida por la accionada a pesar de haber tenido la oportunidad procesal para ello.

 

84. Sobre este punto, la Corte resalta que la acción de tutela es un mecanismo apropiado para frenar las amenazas a los derechos fundamentales. En efecto, el artículo 86 de la Constitución establece que la acción se presenta cuando los derechos “resulten vulnerados o amenazados” (énfasis añadido) y el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991 sigue una idéntica redacción. En este sentido, aunque la difusión no se haya materializado de manera masiva, la amenaza sobre los derechos persiste pues (i) el contenido podría seguir en poder de la accionada y (ii) ella podría seguir mostrándolo a terceros.

 

85. Adicionalmente, es necesario enfatizar en un punto: una vida libre de violencias se edifica a partir de una vida sin que los demás puedan ejercer esa violencia. No se trata de contar con la aquiescencia o buena voluntad de que los demás no afectarán los derechos fundamentales, sino de eliminar las posibilidades que tengan de hacerlo. En esto consiste verdaderamente la vida sin violencia, no en contar con la buena fortuna de que otros se restrinjan de vulnerar los derechos. No en vano el artículo 95 de la Constitución establece como un deber de las personas “[r]espetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”.

 

86. Lo anterior obliga a precisar el sentido en que se protege la libertad de la accionante. No basta con que la accionada afirme que no difundirá el material que conserva en su poder, pues no es posible vivir una vida libre de violencias cuando ello depende de la contención o de la buena voluntad de quien conserva la capacidad de afectarla; de lo contrario la accionante quedaría expuesta a la voluntad eventualmente arbitraria del otro. La libertad se realiza, más bien, cuando se reducen las capacidades que terceros tienen para interferir en su vida. Desde esta perspectiva, la protección reclamada no se satisface con la mera expectativa de que la accionada se abstenga de difundir el contenido, sino con la eliminación de la posibilidad misma de que pueda hacerlo[87].

 

87. Además, como se indicó anteriormente, la accionada no hizo referencia alguna a que se hayan eliminado los videos íntimos de la accionante ni negó su posesión. En esta medida, persiste el riesgo de que estos videos se encuentren en posesión de la señora Milena sin el consentimiento de la accionante. En consonancia con lo recién indicado, esta zozobra e incertidumbre de que los videos puedan ser difundidos en cualquier momento implican, en sí mismas, una amenaza y una vulneración para los derechos fundamentales.

 

88. Así, la amenaza de los derechos se concreta en el riesgo de que los contenidos íntimos sean difundidos. Como se indicó en las consideraciones de esta providencia y en la Sentencia T-184 de 2026, en “la difusión no consentida de imágenes a través de plataformas digitales confluyen principalmente actos de violencia digital y sexual”. Por esto mismo, la Corte indicó que “es indispensable reconocer que una acción de estas características despoja de toda dignidad a las mujeres, reduce sus cuerpos como objetos del mercado o del placer, comprime a su mínima expresión su voluntad de determinación y atenta contra una lucha histórica por la erradicación del machismo y la discriminación”. Igualmente, señaló que “[l]a difusión no consentida de imágenes o videos íntimos en las plataformas digitales representa una forma de dominación histórica y patriarcal que concibe el cuerpo de las mujeres como un objeto cosificado del cual se puede disponer” y que “[e]n el contexto de la violencia de género, aquello traduce una reducción de sus derechos cedidos a la propiedad de terceros que ven en el acto una fuente para satisfacer necesidades personales, realizar intercambios monetarios o recibir réditos económicos, como si la imagen femenina constituyera una mercancía que puede difundirse contra la propia voluntad”.

 

89. En el caso bajo estudio es clara la ausencia de consentimiento para la difusión de los videos de la accionante con los que cuentan los accionados. Es claro que la actora no fue quien les entregó los videos, ni suscribió ningún tipo de autorización para que estos sean difundidos. Por ende, mientras los accionados no eliminen los videos bajo su posesión, persistirá la zozobra respecto de que, algún día y por cualquier motivo, estos sean publicados de manera masiva o mostrados a terceros sin su consentimiento. Esta constante incertidumbre implica una vulneración a sus garantías fundamentales.

 

90. Adicionalmente, la afectación no se agota en la incertidumbre generada por una eventual divulgación. La tenencia del contenido íntimo y su utilización como instrumento de amenaza otorgan a la accionada una capacidad de injerencia sobre la intimidad, el cuerpo y las decisiones de la accionante, y generan una relación asimétrica en la que esta queda sometida a la voluntad de quien conserva el material. Desde esta perspectiva, la amenaza constituye una forma actual de control y dominación que compromete la autonomía de la accionante y su derecho a una vida libre de violencia, con independencia de que la difusión llegue a materializarse.

 

91. Por su parte, el señor Esteban vulneró los derechos fundamentales de la actora pues accedió sin autorización a los dispositivos y archivos privados de la accionante, obtuvo el material íntimo y, posteriormente, se lo entregó a la accionada. En este punto, es importante precisar que el consentimiento de la titular no solo debe examinarse respecto de la divulgación del material, sino también frente a su obtención, tenencia y entrega a terceros. La conservación de contenido íntimo por una persona que no ha sido autorizada para acceder a él supone que dicho material permanece bajo el dominio de un tercero en contra de la voluntad de su titular. A su vez, su posterior entrega a otra persona profundizó la afectación y constituyó una manifestación de violencia de género en entornos digitales.

 

92. Es la actuación del señor Esteban la que permitió que la accionada llevara a cabo las amenazas en contra de la actora, razón por la cual también puso en una situación de vulneración los derechos fundamentales de la accionante. Sin esta primera obtención sin consentimiento de los videos, la señora Milena no habría podido amenazar a la actora y no existiría una presión sobre ella.

 

93. Finalmente, es importante indicar que a pesar de contar con múltiples oportunidades procesales, el accionado no respondió a la acción de tutela controvirtiendo las afirmaciones de la actora respecto de la obtención ilegítima de los videos. En ese sentido, corresponde aplicar la presunción de veracidad prevista en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 respecto de los hechos que le fueron atribuidos y que no fueron controvertidos.

 

94. En esta medida, la Sala concluye que los accionados vulneraron los derechos de la accionante a una vida libre de violencia, a la intimidad, al buen nombre y a la propia imagen.

 

95. Por último en relación con este punto, para la Sala es importante señalar que el juzgado de instancia indicó que “a pesar del silencio de los accionados, teniendo en cuenta que, de los elementos materiales probatorios aportados por la actora, no se desprende, más allá de la aparente amenaza, por situación personal de carácter sentimental, que exista la conculcación de derechos fundamentales de la accionante”^[88]. Sobre ello, se recuerda que en la Sentencia SU-167 de 2024 la Corte indicó que es un deber de las autoridades judiciales el “argumentar la sentencia desde una hermenéutica de género”. En este sentido, al desconocer el impacto que las amenazas tenían sobre los derechos de la accionante el juzgado desconoció estos deberes y la jurisprudencia constitucional en la materia.

 

6.3.  Cuestión final: la afectación de derechos de la hija de la accionante

 

96. En el presente asunto es posible concluir que los hechos que suscitan la presente acción también podrían afectar los derechos fundamentales de la hija de la accionante. Aunque es cierto, como afirmó el juez de instancia, que la actora no aportó con la acción de tutela -ni en sede de revisión, a pesar de los requerimientos realizados- un registro civil o datos de la niña, lo cierto es que este hecho no fue controvertido en la acción de tutela. Por ello, es posible presumir su existencia y, a partir de ello, analizar la afectación de sus derechos fundamentales.

 

97. En el presente caso la vulneración de los derechos de la niña se concretó en tres puntos. Primero, la amenaza de difusión asociada a la identidad de la accionante permite que terceros vinculen el material con su núcleo familiar e identifiquen indirectamente a la menor de edad como su hija. Segundo, las amenazas de difusión alcanzaban el entorno cercano de la actora, que es el mismo en el que la niña desarrolla su vida cotidiana. Tercero, el riesgo de permanencia y replicabilidad del material en el entorno digital impide controlar su circulación futura, de manera que el riesgo no se agota con la difusión inicial y puede reactivarse en etapas posteriores de la vida de la menor de edad.

 

98. A ello se suma que la afectación de la accionante repercute en el entorno de cuidado de su hija, pues la situación de violencia digital podría incidir en las condiciones materiales y emocionales en las que la niña recibe cuidado. Se trata, en definitiva, de violencias que confluyen y reducen a su mínima expresión las garantías superiores reconocidas para un grupo poblacional que ha sido históricamente discriminado[89], y que la doctrina autorizada en la materia identifica como formas de cibervictimización que no solo reflejan expresiones de violencia digital, sino que también generan actos propios de la violencia sexual, cuyos efectos se extienden al entorno familiar de la víctima[90].

 

99. Por esto, la amenaza de difusión también constituye un riesgo para los derechos fundamentales de la niña. Ello por cuanto la eventual circulación de esos contenidos proyecta sobre el entorno en el que ella se desenvuelve las mismas formas de estigmatización, discriminación y violencia digital y sexual que se han descrito. Al tratarse de un sujeto de especial protección constitucional, dicha exposición la ubica en una situación de vulnerabilidad que compromete su dignidad y las condiciones necesarias para su desarrollo. De esta manera, la zozobra que la amenaza de difusión genera para la actora no se agota en ella, sino que alcanza a su hija, quien queda igualmente sometida a las consecuencias de una conducta que, en un contexto de machismo y patriarcado estructurales, trasciende a la persona directamente afectada y compromete a su núcleo familiar más próximo.

 

7.     Conclusiones

 

100. De acuerdo con lo anterior, la Sala encuentra que la señora Milena y el señor Esteban vulneraron los derechos fundamentales de la accionante y su hija a una vida libre de violencia, a la intimidad, al buen nombre, a la propia imagen y al interés superior del menor, con fundamento en las siguientes razones. Primero, la accionada aceptó la autoría de los mensajes en los que amenazó con difundir los videos y no controvirtió que estos hubieran sido mostrados a terceros, de modo que la amenaza se materializó y sus efectos podrían proyectarse hacia el futuro. Segundo, la afirmación de la accionada de que no pretende divulgar el contenido no permite concluir que cesó la amenaza, pues una vida libre de violencias no puede depender de la contención o de la buena voluntad de quien conserva la capacidad de afectar los derechos, sino de la eliminación de esa posibilidad. Tercero, la accionada no manifestó haber eliminado los videos ni negó su posesión, con lo que persiste la zozobra e incertidumbre de que sean difundidos en cualquier momento. Cuarto, la difusión no consentida de contenidos íntimos constituye una forma de violencia digital y sexual que despoja de dignidad a las mujeres y las cosifica, sin que ello se derive de la actividad económica que ejerce la actora. Quinto, el señor Esteban obtuvo los videos de la accionante sin su consentimiento, los mantuvo bajo su poder y se los entregó a la señora Milena; lo que le permitió a la accionada realizar las amenazas. Y sexto, esta amenaza no se agota en la accionante, sino que alcanza a su hija, quien, como sujeto de especial protección constitucional, queda expuesta a las consecuencias de una conducta que, en un contexto de machismo y patriarcado estructurales, compromete a su núcleo familiar más próximo.

 

101. En consecuencia, la Sala considera necesaria la adopción de varios remedios. En primer lugar, revocará la sentencia del 7 de enero de 2026 del Juzgado 002 Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Ibagué que declaró improcedente la acción de tutela. En su lugar, concederá el amparo de los derechos fundamentales de la accionante y su hija a una vida libre de violencia, a la intimidad, al buen nombre, a la propia imagen y al interés superior del menor.

 

102. En segundo lugar, en la acción de tutela las pretensiones de la accionante estaban dirigidas a ordenar a la señora Milena “la eliminación definitiva de cualquier archivo digital o físico que contenga mi imagen íntima”^[91] y advertirle que el uso de material obtenido sin consentimiento configura delitos informáticos y de extorsión. En esa medida, la Corte ordenará a los accionados que eliminen de manera definitiva todos los videos, imágenes o contenidos íntimos de la accionante que se encuentren en su poder, en cualquier dispositivo, medio físico o virtual, servicio de mensajería, correo electrónico, nube o sistema de almacenamiento. Con el fin de verificar el cumplimiento de esta orden, el juzgado de primera instancia citará a los accionados a una diligencia en la que la eliminación del contenido se efectúe en su presencia y se levante el acta correspondiente. En el curso de dicha diligencia, los accionados declararán bajo la gravedad del juramento que no conserva copia alguna del referido material en ningún dispositivo o medio, y que no lo ha entregado, remitido o compartido con terceros. El juzgado podrá invitar a la accionante a esta diligencia, pero su comparecencia no será obligatoria. Sin embargo, ante la inasistencia injustificada de los accionados, el juzgado estará facultado para conducirlos a la diligencia, garantizando el cumplimiento de la orden o iniciar inmediatamente el trámite de desacato.

 

103. Como se expuso en el análisis del caso concreto, la amenaza a los derechos fundamentales de la actora y su hija se sostiene mientras el material permanezca en poder de los accionados, pues su sola posesión constituye un riesgo permanente de difusión. Una orden que se limitara a prohibir la divulgación resultaría insuficiente porque en este caso la protección de los derechos exige eliminar la posibilidad misma de que el contenido sea difundido, y no simplemente confiar en que los accionados se abstengan de hacerlo. Ahora bien, el riesgo no se agota en el ejemplar que los accionados tengan a la vista, sino que se extiende a las eventuales copias que pudieran subsistir en otros dispositivos o sistemas de almacenamiento. De ahí que la orden comprenda la eliminación del material en cualquier medio y se acompañe de la declaración, bajo la gravedad del juramento, de que no se conservan copias ni se han entregado a terceros. La diligencia de eliminación ante el juez de primera instancia, con la respectiva acta, y esa declaración, constituyen los mecanismos a través de los cuales se verificará el acatamiento efectivo de lo ordenado.

 

104. En tercer lugar, la Sala le ordenará al señor Esteban y a la señora Milena que se abstengan de difundir, publicar, reproducir, comercializar, entregar o mostrar a terceros, por cualquier medio, los videos, imágenes o contenidos íntimos de la accionante. En consecuencia, les advertirá a los accionados que la difusión o divulgación no consentida de contenido íntimo, así como el constreñimiento derivado de la amenaza de difundirlo, pueden constituir conductas punibles conforme a la legislación penal colombiana[92].

 

105. En cuarto lugar, se ordenará al juez del cumplimiento que, en caso de que obtenga información de que los videos hayan sido difundidos, deberá compulsar copias de estos hechos a la Fiscalía General de la Nación para que se realice la investigación pertinente. Esta circunstancia se informará a la accionante, para que pueda poner en conocimiento del juez de primera instancia cualquier evento de difusión sin consentimiento de las imágenes en el futuro que se origine en la controversia estudiada en la presente acción de tutela.

 

106. En quinto lugar, pese al vacío de punibilidad identificado en esta providencia respecto de la difusión de contenidos íntimos, la Corte considera que la actuación de los accionados podría implicar la comisión de otras conductas que sí se encuentran tipificadas en la legislación penal. En concreto, el actuar del accionado podría adecuarse en el delito de violación de datos personales previsto en el artículo 269F del Código Penal. En efecto, el accionado obtuvo y puso bajo su dominio información privada de la accionante sin su autorización y, posteriormente, la suministró a un tercero. Adicionalmente, la actuación de la accionada no solo resulta reprochable desde la perspectiva de los derechos fundamentales, sino que también podría enmarcarse en los delitos de extorsión o constreñimiento ilegal del Código Penal. Por este motivo, se compulsarán copias a la Fiscalía General de la Nación para que estudie la conducta de los accionados. Igualmente, se dispondrá que la Defensoría del Pueblo preste acompañamiento a la accionante en lo que requiera.

 

107. En sexto lugar, y en atención al vacío de punibilidad en la materia, la Sala reiterará los exhortos realizados en la Sentencia T-184 de 2026 en relación con el vacío de punibilidad para perseguir actuaciones como las estudiadas en esta oportunidad.

 

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución

 

RESUELVE:

 

Primero. REVOCAR la sentencia del 7 de enero de 2026 del Juzgado 002 Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Ibagué que declaró improcedente la acción de tutela y, en su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales de la accionante y su hija a una vida libre de violencia, a la intimidad, al buen nombre, a la propia imagen y al interés superior del menor.

 

Segundo. ORDENAR a los accionados que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de esta providencia, eliminen de manera definitiva todos los videos, imágenes o contenidos íntimos de la accionante que se encuentren en su poder, en cualquier dispositivo, medio físico o virtual, servicio de mensajería, correo electrónico, nube o sistema de almacenamiento. Para verificar el cumplimiento de esta orden, el juez de primera instancia citará a los accionados a una diligencia en la que se efectúe la eliminación del contenido en su presencia y se levante el acta correspondiente. En el curso de dicha diligencia, los accionados declararán bajo la gravedad del juramento que no conservan copia alguna del referido material en ningún dispositivo o medio, y que no lo han entregado, remitido o compartido con terceros.

 

El juzgado podrá invitar a la accionante a esta diligencia, pero su comparecencia no será obligatoria. Sin embargo, ante la inasistencia injustificada de los accionados, el juzgado estará facultado para conducirlos a la diligencia, garantizando el cumplimiento de la orden o iniciar inmediatamente el trámite de desacato.

 

Tercero. ORDENAR al señor Esteban y a la señora Milena que se abstengan de difundir, publicar, reproducir, comercializar, entregar o mostrar a terceros, por cualquier medio, los videos, imágenes o contenidos íntimos de la accionante. En consecuencia, ADVERTIR al señor Esteban y a la señora Milena que la difusión o divulgación no consentida de contenido íntimo, así como el constreñimiento derivado de la amenaza de difundirlo, pueden constituir conductas punibles conforme a la legislación penal colombiana.

 

Cuarto. ORDENAR por medio de la Secretaría General de la Corte Constitucional que se compulsen copias a la Fiscalía General de la Nación para que investiguen la actuación de los accionados en el asunto de la referencia. Igualmente, ORDENAR a la Defensoría del Pueblo que presente acompañamiento a la accionante en los procesos penales que surjan en virtud de la presente compulsa de copias.

 

Quinto. EXHORTAR al Congreso de la República para que, dentro del marco temporal de la siguiente legislatura, se pronuncie respecto de las consecuencias punitivas que se derivan de la difusión no consentida de contenidos íntimos, conforme a lo expresado en el cuerpo de las consideraciones.

 

Sexto. ORDENAR a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que, en el término de 6 meses contados a partir de la notificación de la presente providencia, elaboren de forma coordinada una guía digital para la prevención de la difusión no consentida de contenidos íntimos, conforme a lo expresado en el cuerpo de las consideraciones.

 

Séptimo. EXHORTAR NUEVAMENTE al Consejo Superior de la Judicatura para que, en compañía de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, elabore un protocolo para el manejo del material probatorio sensible por la potencial vulneración de los derechos a la intimidad y a la imagen.

 

Octavo. LIBRAR, por medio de la Secretaría General, la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

 

 

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO

Magistrado

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

Anexo I

 

Mediante auto del 9 de junio de 2026 el magistrado ponente dispuso realizar un traslado de las pruebas recabadas en el marco del expediente T-11.634.797 (Sentencia T-184 de 2026), tramitado por este mismo despacho y que se trataba de un asunto similar. En el presente anexo se incorpora la síntesis de las intervenciones realizada en dicha oportunidad y que se incluye en el fundamento jurídico 23 de la referida providencia.