REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Segunda de Revisión

 

 

SENTENCIA T-332 de 2026

 

Referencia: expediente T-11.947.021

 

Asunto: acción de tutela instaurada por Santiago contra la Institución Universitaria “Escuela Nacional del Deporte”

 

Tema: el derecho a la educación superior, el derecho a la educación digital y los límites a la autonomía universitaria

 

Magistrado ponente:

Carlos Camargo Assis

 

 

Bogotá, D.C., catorce (14) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

 

La Sala Segunda de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Juan Carlos Cortés González, Héctor Alfonso Carvajal Londoño y Carlos Camargo Assis, quien la preside, en cumplimiento de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente

 

SENTENCIA

 

Aclaración previa[1]

 

En atención a que en este caso se expondrán datos sensibles del accionante como información de su vida privada y la solicitud de tutela se relaciona con su derecho a la vida e integridad personal, de conformidad con el artículo 61[2] del Acuerdo 01 de 2025 (Reglamento Interno de la Corte Constitucional) y la Circular 10 de 2022[3], como medida de protección, la Sala suprimirá de esta  providencia y de las futuras que se emitan en el presente proceso su nombre, así como cualquier otro dato o información que permita individualizarlo. Por lo tanto, el magistrado ponente expedirá dos versiones de las decisiones. Una, en la que se anonimizará el nombre del accionante y cualquier otro dato que permita su identificación. Esta será la versión que se dispondrá para el público. Otra, que contendrá los datos reales, la cual formará parte del expediente para conocimiento exclusivo de las partes[4].

 

Síntesis de la decisión

 

A la Sala Segunda de Revisión le correspondió la revisión de la acción de tutela interpuesta por Santiago contra la Escuela Nacional del Deporte por la negativa de la institución de ofrecerle alternativas académicas para continuar estudiando de forma híbrida o virtual, a pesar de las amenazas que presuntamente enfrenta por parte de dos grupos armados y que le impedían asistir de forma presencial a la institución educativa. A partir de lo anterior, el accionante solicitó la protección de sus derechos fundamentales “a la educación, al debido proceso, a la vida, a la integridad física, a la dignidad humana, a la continuidad en las instituciones de educación superior y a la libre elección de profesión u oficio”.

 

En primera y segunda instancia se negó el amparo de los derechos fundamentales “a la educación, al debido proceso, a la vida, a la integridad física, a la dignidad humana, a la continuidad en las instituciones de educación superior y a la libre elección de profesión u oficio”, al considerar que el programa académico al que estaba inscrito el accionante se ofrece en modalidad presencial. Por lo tanto, ordenar la prestación del servicio educativo en modalidad virtual implicaría una injerencia indebida del juez constitucional en la esfera de la autonomía universitaria.

 

A partir de lo anterior, la Corte Constitucional analizó si la Escuela Nacional del Deporte vulneró los derechos fundamentales “al debido proceso, a la vida, a la integridad física, a la dignidad humana, a la continuidad en las instituciones de educación superior y a la libre elección de profesión u oficio” del accionante, al negarse a otorgarle medidas de flexibilidad académica con ocasión a la situación de riesgo en la que se encontraba el estudiante. Lo anterior, a pesar de que el Ministerio de Educación prevé mecanismos que permiten a las instituciones de educación superior modificar la modalidad de prestación del servicio educativo y adoptar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).

 

En cuanto a la procedencia de la acción de tutela, se constató el cumplimiento

de los requisitos de procedencia. En relación con el marco dogmático, la Sala reiteró la jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la educación y los límites constitucionales de la autonomía universitaria. Adicionalmente, abordó el derecho a la educación digital, describió el uso de las TIC en la educación, así como la virtualización del aprendizaje como medio para garantizar la adaptabilidad del derecho a la educación. Finalmente, se refirió a la carencia actual de objeto y sus categorías: hecho superado, daño consumado y situación sobreviniente.

 

Al analizar el caso concreto, la Sala consideró que no se configuró una situación sobreviniente por la vinculación de Santiago a la Escuela Nacional del Deporte. Esto, porque si bien en el trámite de revisión se acreditó que él se matriculó de forma voluntaria, tal circunstancia no superó la situación vulneradora. Asimismo, concluyó que la Escuela Nacional del Deporte vulneró el derecho a la educación de Santiago, al negarse a adoptar medidas de flexibilidad académica que le permitieran estudiar en una modalidad diferente a la presencial, mientras cesaba la presunta situación de riesgo que, según afirmó, enfrentaba como consecuencia de las amenazas referidas en la acción de tutela.

 

Con base en lo anterior, la Sala Segunda de Revisión revocó las sentencias proferidas por el Juzgado 006 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali y el Juzgado 002 Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Cali, mediante las cuales negaron la acción de tutela y, en su lugar, concedió el amparo del derecho fundamental a la educación superior. En consecuencia, se ordenó a la Escuela Nacional del Deporte, i) realizar una reunión con el accionante en la que evalúe las medidas de flexibilidad académica y los ajustes razonables que resulten procedentes para garantizar la continuidad de su proceso de formación; y ii) evaluar la viabilidad académica y administrativa de incorporar en su Reglamento Estudiantil una normatividad aplicable a los estudiantes que enfrenten circunstancias excepcionales.

Asimismo, se instó a Santiago para que atienda los requerimientos y las recomendaciones formuladas por las autoridades competentes y se desvinculó a la Fiscalía 62 Local de Cali, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

 

I. ANTECEDENTES

 

1. El 21 de octubre de 2025, Santiago presentó una acción de tutela contra la Institución Universitaria “Escuela Nacional del Deporte” (en adelante Escuela Nacional del Deporte), tras considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales a la educación, al “debido proceso, a la vida, a la integridad física, a la dignidad humana, a la continuidad en las instituciones de educación superior y a la libre elección de profesión u oficio”[5]. Lo anterior, debido a que la entidad accionada no le otorgó alternativas académicas para continuar estudiando de forma híbrida o virtual, a pesar de las amenazas que presuntamente enfrenta por parte de dos grupos armados y que le impedían asistir de forma presencial a la institución educativa. Para fundamentar su solicitud de amparo narró los siguientes:

 

1.     Hechos[6]

 

2. El accionante tiene 24 años, reside en Cali (Valle del Cauca) y es abogado. Cursa séptimo semestre del programa de Mercadeo y Negocios Internacionales en la Escuela Nacional del Deporte. Afirmó que es víctima de “amenazas de muerte”[7] por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y del Comando Coordinador de Occidente de las FARC-EP.

 

3. Indicó que el 4 de julio de 2025, a través de la aplicación WhatsApp, recibió un comunicado presuntamente del ELN, en el que lo amenazaban de muerte y le exigían abandonar la región donde reside, pues él y su familia ya habían sido ubicados[8].

 

4. Relató que el 17 de julio de 2025, vía WhatsApp, recibió otro comunicado presuntamente del Comando Coordinador de Occidente de las FARC-EP, en el cual le advirtieron que había sido declarado objetivo militar y le prohibieron permanecer o acercarse a las comunidades del departamento del Valle del Cauca, especialmente a los municipios de Buenaventura, Jamundí, Cali, Yumbo, Palmira y sus corregimientos[9].

 

5. Por lo anterior, presentó tres denuncias ante la Fiscalía General de la Nación: i) el 24 de marzo de 2024 identificada bajo la noticia criminal No. 765206000181202411561; ii) el 14 de julio de 2025, con No. 760016099165202523528 y iii) el 17 de julio de 2025[10]. Agregó que, como consecuencia de dichas denuncias, actualmente tiene medidas de prevención y protección policiva para salvaguardar su integridad personal.

 

6. Indicó que el 24 de septiembre de 2025 le solicitó a la Escuela Nacional del Deporte que le otorgara flexibilidad académica y medidas de apoyo que garantizaran su derecho a la educación en condiciones de seguridad, teniendo en cuenta el riesgo extraordinario en el que se encontraba. Esto, para continuar cursando séptimo semestre del programa de Mercadeo y Negocios Internacionales.

 

7. El 30 de septiembre de 2025, la Escuela Nacional del Deporte le informó que, de conformidad con la Resolución No. 021972 de 2021 del Ministerio de Educación Nacional (en adelante MinEducación), el programa de Mercadeo y Negocios Internacionales se ofrece exclusivamente en modalidad presencial[11], por lo tanto, la institución no está facultada para modificar la metodología académica. Agregó que, dada la gravedad de la situación del accionante, le brindaría acompañamiento en la búsqueda de una posible flexibilidad académica temporal que garantizara la continuidad de su proceso académico.

 

8. El 11 de octubre de 2025, el ciudadano presentó otra petición a la institución educativa en la que propuso alternativas de flexibilidad académica tales como: i) autorizar la presentación extemporánea de las evaluaciones y trabajos correspondientes al primer corte académico del semestre en curso o, en su defecto, habilitar su entrega o presentación bajo la figura de supletorio; ii) habilitar la modalidad remota y la asistencia presencial flexible para presentar evaluaciones, trabajos y clases a través de videoconferencia u otras plataformas institucionales; y iii) establecer con la coordinación académica un porcentaje de asistencias presenciales razonable, que no genere patrones de desplazamiento ni exposición pública.

 

9. El 16 de octubre de 2025, la Escuela Nacional del Deporte rechazó sus propuestas. Frente a la presentación extemporánea de evaluaciones y trabajos, afirmó que no era posible porque la Resolución Rectoral de 21 de agosto de 2025 estableció las fechas para el reporte de evaluaciones y finalización del semestre. Respecto de la modalidad remota y la asistencia presencial flexible, reiteró que, por disposición de la Resolución No. 021972 de 2021 el programa se ofrece exclusivamente de forma presencial. Por lo tanto, la institución educativa no está facultada para establecer porcentajes flexibles de asistencia. Finalmente, le sugirió al estudiante evaluar la posibilidad de cancelar el semestre y retomar sus actividades académicas en el periodo de 2026-1.

 

10. El accionante consideró que dicha determinación desconoce su situación de riesgo, el principio de buena fe y el deber de protección reforzada del Estado frente a personas amenazadas por el conflicto armado.

 

11. El accionante agregó que, el 22 de noviembre de 2025, recibió un video vía WhatsApp, presuntamente proveniente del “Frente Los Marquetalios” que contenía el siguiente mensaje: “[E]ste comunicado de guerra va dirigido a los siguientes supuestos lideres sociales y políticos que están ingresando a nuestros territorios (…) Santiago, tienen 24 horas para abandonar y no ingresar a nuestras comunidades, ya que a partir de ahora quedan declarados objetivo militar”[12].  

 

12. Pretensiones de la acción de tutela. En atención a lo anterior, el accionante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la educación, al debido proceso, a la vida, a la integridad física, a la dignidad humana, a la continuidad en las instituciones de educación superior y a la libre elección de profesión u oficio, y pidió que, como medida provisional y como pretensiones, se ordenara:

 

i)         A la Escuela Nacional del Deporte que, de manera inmediata, adopte las medidas académicas y administrativas necesarias para garantizar su continuidad en el programa de estudios, tales como: a) la posibilidad de desarrollar actividades, evaluaciones o trabajos de forma virtual o asincrónica; b) la no imposición de sanciones o cancelación de semestre por inasistencia derivada de su situación de riesgo c) la habilitación para presentar talleres o exámenes supletorios para las materias calificadas en el primer corte mientras persista la situación de riesgo; y d) la coordinación con su apoderado o con las autoridades de protección para definir mecanismos seguros de evaluación y entrega de actividades académicas.

 

ii)      A la Escuela Nacional del Deporte que, en lo sucesivo, se abstenga de adoptar decisiones que desconozcan la especial situación de riesgo de estudiantes amenazados o en condición de vulnerabilidad, e implemente protocolos internos de atención diferenciada conforme a los principios de accesibilidad, adaptabilidad y protección reforzada en materia educativa.

 

iii)    A la Secretaría de Educación Municipal de Cali, en su calidad de entidad a la cual está adscrita la Escuela Nacional del Deporte, que realice un seguimiento al cumplimiento de las medidas y garantice que la institución educativa actúe conforme al principio de protección reforzada de personas amenazadas por el conflicto armado.

 

iv)    A la Unidad Nacional de Protección y a la Policía Nacional que, dentro del ámbito de sus competencias, coordinen acciones de acompañamiento y vigilancia que permitan el ejercicio seguro de sus actividades académicas.

 

v)       A la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría Delegada para Asuntos de Educación que realice el respectivo seguimiento al cumplimiento de la sentencia de tutela y a la garantía de los derechos fundamentales involucrados.

 

vi)    Las demás medidas que el despacho considere urgentes, necesarias y pertinentes.

2.     Trámite procesal

 

13. Mediante Auto de 22 de octubre de 2025, el Juzgado 006 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali avocó conocimiento de la acción de tutela, corrió traslado a la entidad accionada y vinculó a la Defensoría del Pueblo – Regional Valle del Cauca, a la Unidad Nacional de Protección (en adelante UNP), a la Policía Nacional de Colombia, a la Secretaría de Educación Distrital de Cali y a la Fiscalía General de la Nación – Seccional Cali[13]. Igualmente, desestimó la medida provisional requerida al considerar que no existían elementos objetivos para determinar la posible configuración de un perjuicio irremediable.

 

3.   Contestaciones

 

14. Escuela Nacional del Deporte[14]. Solicitó negar el amparo de los derechos fundamentales, reiteró los argumentos señalados en las respuestas a las peticiones que el accionante presentó y agregó algunas consideraciones. Primero, precisó que no le constan las circunstancias relacionadas con las amenazas y las denuncias, y que le corresponde verificarlas a las autoridades competentes, como la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. Segundo, informó que el accionante cuenta con medidas de prevención y protección policivas pues un esquema lo acompaña a las instalaciones de la institución educativa. Tercero, indicó que respondió las solicitudes del actor con fundamentos normativos y reglamentarios. Cuarto, manifestó que cualquier modificación a la modalidad académica o de las condiciones del programa, debe tramitarse ante el Ministerio de Educación Nacional. Concluyó que la decisión de no adoptar medidas académicas es legítima, razonable y proporcional porque busca preservar la autonomía universitaria y la seguridad jurídica.

 

15. Unidad Nacional de Protección[15]. Afirmó que el accionante no ha remitido los documentos necesarios para la verificación del cumplimiento de los requisitos para adelantar el estudio de nivel de riesgo, de conformidad con el Decreto 1066 de 2015. Por otra parte, indicó que el 18 y 22 de julio de 2025 mediante los oficios UNP- EXT-2025-00043725-43711 y EXT-2025-00038310, le brindó la información requerida al promotor y le solicitó los documentos para el estudio del riesgo. Por último, se opuso a las pretensiones al considerar que no ha vulnerado sus derechos.

 

16. Policía Metropolitana de Cali[16]. Informó que la Estación de Policía de La Flora activó la medida preventiva dispuesta en el Decreto 1066 del 2015 a favor del accionante. Asimismo, indicó que se le brindaron recomendaciones de auto seguridad, auto protección, en desplazamientos, en su residencia y se le proporcionó el número de la patrulla o zona de atención que puede atender cualquier riesgo a su seguridad personal. Finalmente, precisó que estas medidas son herramientas preventivas y que no se deben entender como un esquema de seguridad permanente.

 

17. Defensoría del Pueblo – Regional Valle del Cauca[17]. Pidió su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva. Aseguró que no existe prueba que demuestre que el actor puso en su conocimiento el asunto o solicitó el acompañamiento de la entidad. Además, indicó que no tiene funciones disciplinarias ni coercitivas que le permitan ordenar a la institución educativa lo pretendido por el actor. Destacó que es a la Escuela Nacional de Deporte y a la Secretaría de Educación de Cali a quienes les corresponde satisfacer las pretensiones del ciudadano.

 

18. Secretaría de Educación Distrital de Cali[18]. Requirió su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva. Mencionó que no ha recibido peticiones relacionadas con los hechos que dieron lugar a la acción de tutela. Precisó que, según la Ley 115 de 1994 la Escuela Nacional del Deporte no se encuentra dentro del ámbito de sus competencias, sino del Ministerio de Educación Nacional, en virtud de la Ley 30 de 1992 y la Ley 1740 de 2014. Por lo tanto, concluyó que no tiene competencia para satisfacer la pretensión del accionante relacionada con el seguimiento a las actuaciones de la Escuela Nacional del Deporte.

 

19. Fiscalía 62 Local de Cali[19]. Solicitó su desvinculación por falta de competencia, dado que el 18 de julio de 2025 remitió a la Fiscalía 49 Seccional – Unidad de Recta Impartición de Justicia de Cali la denuncia identificada bajo el radicado 760016099165202523528 por el presunto delito de amenazas.

 

20. Fiscalía 49 Seccional – Unidad de Recta Impartición de Justicia de Cali[20]. Por un lado, informó que verificado el sistema de información SPOA, con el nombre del accionante han sido asignadas las siguientes noticias criminales: i) 765206000181202411561 del 24 de marzo de 2024 y ii) 760016099165202523528 del 18 de julio de 2025. Agregó que, como fiscal encargada profirió dos oficios en el proceso del actor. El primero dirigido al comandante de la Estación de Policía de “La Flora” para que activara medidas de prevención y protección. El segundo, destinado a la UNP para que realizara una valoración de la situación de riesgo del denunciante. Por otro lado, afirmó que a la Escuela Nacional del Deporte y la Secretaría de Educación de Cali, les corresponde solucionar la situación académica del accionante y satisfacer las pretensiones elevadas por él, en concreto, respecto de su derecho a la educación.

 

4.     Sentencias objeto de revisión

 

21. Primera instancia. En sentencia de 5 de noviembre de 2025[21], el Juzgado 006 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali negó la acción de tutela con fundamento en dos consideraciones. Por un lado, estimó que la Escuela Nacional del Deporte no vulneró los derechos fundamentales del accionante, puesto que al responder negativamente a las propuestas de flexibilización académica actuó “en derecho” bajo el imperio de las disposiciones del Ministerio de Educación Nacional[22] que indican que el programa académico que cursa el estudiante se ofrece de forma exclusiva en la modalidad presencial. Por otro lado, afirmó que la acción de tutela no tiene la vocación de derogar, suspender o modificar actos administrativos ni de sustituir funciones atribuidas al legislador o las autoridades administrativas especializadas[23].

 

22.  Además, exhortó a la Escuela Nacional del Deporte para que, “se apersone del caso”[24] y en un término razonable, adopte las acciones para la flexibilización académica, de acuerdo con el programa de estudios. Finalmente, instó a Santiago para que atienda el llamado de la UNP respecto del cumplimiento de los requisitos para la definición del servicio de protección.

 

23. Impugnación. El 5 de noviembre de 2025, el accionante presentó impugnación bajo cuatro consideraciones. Primero, cuestionó que, pese a que el juzgado reconoció la existencia de amenazas graves y actuales en su contra, así como las respectivas denuncias penales y medidas de protección, concluyó que no había vulneración de sus derechos fundamentales. Segundo, reprochó que la institución se negó a actuar bajo el principio de coordinación interinstitucional para articular medidas académicas complementarias. Tercero, afirmó que el despacho omitió aplicar el principio de favorabilidad y desconoció el bloque de constitucionalidad para garantizar condiciones de accesibilidad, adaptabilidad y continuidad educativa a las personas en situación de vulnerabilidad. Cuarto, consideró que el juzgado realizó una interpretación errónea de la autonomía universitaria porque no confrontó sus argumentos con el caso particular.

 

24. Segunda instancia. En sentencia de 18 de diciembre de 2025, el Juzgado 002 Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Cali confirmó el fallo impugnado[25]. Argumentó que el accionante se matriculó voluntariamente en un programa académico de modalidad presencial y aceptó las reglas que lo rigen. Por lo tanto, ordenar la prestación del servicio educativo en modalidad virtual implicaría una injerencia indebida del juez constitucional en la esfera de la autonomía universitaria. Además, agregó que no procedían órdenes a la Policía Nacional y a la UNP porque se constató que: i) desde el 17 de julio de 2025, el ciudadano cuenta con medidas de protección preventivas a cargo del comandante de la Estación de Policía de “La Flora”; y ii) desde el 18 de julio de 2025, la UNP le solicitó enviar la documentación necesaria para realizar el estudio de nivel de riesgo y el actor no atendió el requerimiento. 

 

5.     Piezas procesales que obran en el expediente

 

 

6.     Actuaciones en sede de revisión

 

25. Por Auto de 30 de abril del 2026, notificado el 15 de mayo siguiente[26], la Sala de Selección de Tutelas Número Cuatro escogió este asunto para que se surtiera el trámite de revisión. Posteriormente, se remitió a la Sala Segunda de Revisión, cuyo ponente es el magistrado Carlos Camargo Assis[27].

 

26. Mediante Auto de 18 de junio de 2026[28], el magistrado sustanciador solicitó información sobre: i) las circunstancias actuales del señor Santiago y los hechos que en este momento podrían comprometer su seguridad; ii) su situación académica y la vinculación con la Escuela Nacional del Deporte; iii) la reglamentación del Ministerio de Educación Nacional sobre medidas de flexibilidad académica ante situaciones excepcionales; iv) las actuaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación para dar trámite a las denuncias presentadas por el accionante; v) el estado de los procedimientos ante la UNP; y vi) la vigencia de las medidas preventivas a cargo de la Policía Nacional, entre otras cuestiones. Asimismo, vinculó al Ministerio de Educación Nacional con el fin de que se pronunciara sobre los hechos y pretensiones del escrito de tutela y brindara una respuesta a cuestiones relacionadas con el programa académico al que está inscrito el actor.

 

7.     Respuestas recibidas en sede de revisión

 

 

II. CONSIDERACIONES

 

1.     Competencia

 

27. La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar la decisión proferida dentro de la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto Estatutario 2591 de 1991.

 

2.     Formulación del problema jurídico y metodología de la decisión

 

28. En este caso, de conformidad con las pruebas que obran en el expediente y la información allegada en el trámite de revisión, la Sala delimitará el estudio a la presunta vulneración del derecho fundamental a la educación. Esto, porque el asunto sometido a revisión de la Corte se relaciona con la decisión de la institución de educación superior de negar la adopción de medidas de flexibilidad académica ante la situación que presentaba el accionante.

 

29. Lo anterior, encuentra su fundamento en la aplicación del principio iura novit curia, según el cual, corresponde al juez aplicar el derecho con prescindencia del invocado por las partes. En efecto, es deber del juzgador, a quien incumbe determinar el derecho aplicable, calificar jurídicamente los hechos y subsumirlos en las normas pertinentes, incluso más allá de lo alegado por el accionante, especialmente en el marco de la acción de tutela, dada su naturaleza informal[45].

 

30. Así las cosas, le corresponde a la Corte Constitucional determinar si: ¿La Escuela Nacional del Deporte vulneró el derecho fundamental a la educación de Santiago, al negarse a valorar la posibilidad de adoptar medidas de flexibilidad académica con ocasión a la presunta situación de riesgo en la que se encontraba?

 

31. Para dar solución a lo anterior, esta Corporación reiterará la jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la educación y los límites constitucionales de la autonomía universitaria. Adicionalmente, se abordará el derecho a la educación digital y se describirá el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la educación, así como la virtualización del aprendizaje como medio para garantizar la adaptabilidad del derecho a la educación. Finalmente, se realizará el examen de los requisitos generales de procedencia en el caso objeto de revisión y, a partir de allí, se emitirán las órdenes que correspondan.

 

3. El derecho a la educación superior

 

32. El artículo 67 de la Constitución establece que la educación es un derecho fundamental y un servicio público que tiene una función social. Respecto de su faceta como derecho[46], se ha determinado que tiene naturaleza fundamental cuando se trata de educación primaria y básica y, de manera excepcional, de educación superior. Asimismo, que tiene una especial relación con la dignidad humana, debido a que contribuye al goce de otras garantías superiores como: la libertad para escoger la profesión u oficio, y las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y de cátedra, el trabajo, la igualdad de oportunidades y el mínimo vital, entre otros. La Corte ha acogido la orientación que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales propuso en la Observación General N^o 13 frente a los cuatro componentes que integran el derecho a la educación: (i) disponibilidad, (ii) accesibilidad, (iii) adaptabilidad, y (iv) aceptabilidad.

 

33. La adaptabilidad atiende a las condiciones de los estudiantes y exige al sistema una adaptación a las necesidades de éstos, “a partir de una valoración social, étnica, cultural y/o económica, para así asegurar su permanencia en el proceso educativo”. Esto implica una flexibilidad para responder a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación y de los alumnos en contextos culturales y sociales variados, con el fin de asegurar la permanencia del estudiante y evitar la deserción. Así, esta Corte ha enfatizado que “[l]a aspiraci[ón específica del componente de adaptabilidad consiste, en últimas, en asegurar que los estudiantes permanezcan en el sistema educativo”[47].

 

34. Sin embargo, la Corte Constitucional[48] ha establecido que la adaptabilidad no supone la obligación de implementar cualquier modificación pues ello dependerá de la valoración de las circunstancias particulares de cada estudiante, la cual permita establecer si, de acuerdo con cada caso, resulta razonable, necesario y posible adoptar determinados ajustes para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la educación[49].

 

35. Respecto de su faceta como servicio público[50], se ha dispuesto que le corresponde al Estado adelantar todas las acciones para garantizar que su prestación sea eficaz y continua, bajo los parámetros de universalidad, solidaridad y redistribución de los recursos en la población vulnerable. Asimismo, se ha explicado que el Estado tiene deberes de respeto, protección y cumplimiento. Esto quiere decir que está en la obligación de asegurar recursos económicos, normativos y técnicos para garantizar el acceso efectivo a la educación y, además, adoptar medidas tendientes a garantizar que no se obstaculice[51].

 

36. En relación con el acceso a la educación superior, la Corte Constitucional ha señalado que si bien la obligación del Estado en materia de educación se limita según el nivel de enseñanza (primaria y básica), de conformidad con el principio de progresividad, tiene el deber de “procurar el acceso progresivo de las personas a los distintos niveles de escolaridad, mediante la adopción de diferentes medidas, dentro de las que se destaca, por expreso mandato constitucional, la obligación de facilitar mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior”[52].

 

37. Así las cosas, la educación es un derecho fundamental y un servicio público. En el ámbito de la educación superior, el Estado debe adoptar medidas encaminadas a facilitar el acceso de las personas a este nivel educativo y garantizar que el servicio se preste de manera eficaz y continua. Por su parte, las instituciones educativas deben realizar una valoración de la situación particular del estudiante, lo cual no supone, por sí misma, un deber automático de implementar ajustes, pues su adopción dependerá de las circunstancias del caso y de la decisión de la institución, en ejercicio de su autonomía universitaria.

 

3.1 Los límites constitucionales de la autonomía universitaria y los ajustes razonables

 

38. El artículo 69 de la Constitución dispone que las instituciones de educación superior gozan de autonomía universitaria para darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos. La jurisprudencia constitucional[53] ha establecido que la autonomía universitaria como la capacidad de autorregulación filosófica y autodeterminación administrativa. La primera, como la potestad de determinar sus características y su concepción filosófica y delimitar sus planes y sistemas de estudio e investigación. La segunda, como la facultad de organizarse internamente, lo cual se representa en la elaboración del presupuesto, administración de sus bienes, elección de docentes y directivas.

 

39. La autonomía universitaria puede verse desde tres perspectivas: (i) como derecho-deber, es decir, que el estudiante conoce sus opciones y alternativas, así como las exigencias de la institución, por lo que hay obligaciones recíprocas; (ii) como autonomía universitaria, es decir, que tipifica los propósitos “filosóficos, ideológicos, académicos, etcétera, que espera cumplir en el ejercicio de la actividad académica como institución de educación y; (iii) como ordenamiento jurídico, reconocida desde la potestad regulatoria”[54]. Sin embargo, la autonomía universitaria no es absoluta y tiene límites en el cumplimiento de la Constitución y la ley[55], en la garantía de los derechos fundamentales[56] y en el respeto los principios de razonabilidad, proporcionalidad y la prohibición de la arbitrariedad[57].

 

40. Por su parte, la Corte Constitucional ha reconocido que los ajustes razonables son “las adaptaciones necesarias y adecuadas a un entorno previamente definido”[58] las cuales “no impongan una carga desproporcionada o indebida”[59] y constituyan una herramienta para garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales en condiciones de igualdad, particularmente en el ámbito del derecho a la educación de las personas en situación de discapacidad[60] o en situaciones excepcionales de estudiantes que requieren a sus animales de compañía[61].

 

41. ⁠Al respecto, la jurisprudencia constitucional relacionada con estudiantes en situación de discapacidad[62] es relevante para el presente asunto. Esto, porque si bien las circunstancias que originan la necesidad de una medida pueden ser diferentes, en ambos escenarios corresponde examinar si las condiciones particulares de los estudiantes implican una respuesta por parte de la institución educativa para garantizar sus derechos fundamentales.

 

42. El deber constitucional de adoptar ajustes razonables supone que las instituciones de educación superior identifiquen las necesidades particulares que pueden incidir en el goce de los derechos fundamentales de los estudiantes y dentro del ámbito de sus competencias y en ejercicio de su autonomía universitaria, valoren la posibilidad de adoptar medidas que garanticen el acceso, la permanencia y la participación en el sistema educativo en condiciones de igualdad[63]. Esto no implica que toda situación particular genere, por sí misma, el deber de adoptarlos, pues los ajustes pueden suponer la modificación de las condiciones académicas, metodológicas o administrativas y demás cargas que las instituciones no están en la obligación de soportar.

 

43. Por ello, la adopción de este tipo de medidas no puede formularse como una regla general aplicable ante cualquier circunstancia de los estudiantes, sino que debe atender a las condiciones concretas de cada caso y a la decisión de la institución educativa, en respeto de su autonomía universitaria y de las competencias que le han sido reconocidas para definir y organizar sus condiciones académicas, metodológicas y administrativas. Lo anterior, permite armonizar el deber constitucional de protección con la autonomía reconocida a las instituciones de educación superior, de manera que esta última no pueda invocarse, en principio y sin una valoración previa del caso, para adoptar medidas indispensables frente a un riesgo constitucionalmente relevante, pero tampoco pueda entenderse limitada por cualquier circunstancia individual que no justifique razonablemente su adopción.

 

44. La autonomía universitaria le reconoce a las instituciones de educación superior un amplio margen para autorregular sus asuntos académicos, administrativos y financieros. No obstante, dicha potestad encuentra límites en la Constitución, la ley y en la protección de los derechos fundamentales. En este contexto, los ajustes razonables adquieren relevancia porque implica que en su adopción, las instituciones analicen las circunstancias particulares de cada estudiante y determinen qué medidas son necesarias y adecuadas para garantizar sus derechos.

 

3.2 El derecho a la educación digital y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)

 

45. La expansión de las tecnologías de la información y las comunicaciones ha transformado los procesos de enseñanza y aprendizaje, de manera que los entornos digitales constituyen, en algunos casos, un medio para garantizar el acceso, la permanencia y la culminación de los estudios superiores. Esta evolución supone que las instituciones de educación superior, en la medida de las posibilidades académicas e institucionales y en ejercicio de la autonomía universitaria que les asiste, decidan incorporar progresivamente herramientas tecnológicas que permitan hacer efectivo el derecho a la educación en condiciones de igualdad, especialmente frente a estudiantes que encuentran barreras para acceder al modelo presencial.

 

46. La Sentencia SU-032 de 2022 desarrolló las características principales de los modelos pedagógicos presenciales y no presenciales[64]. Se estableció que la pedagogía no presencial está basada en modelos de educación remotos y en ambientes virtuales de aprendizaje. Asimismo, expuso que los medios digitales y tecnologías de la información se utilizan como base para el diseño de acciones educativas.

 

47. A su vez, la Sentencia C-424 de 2024 declaró la constitucionalidad de la Convención Mundial sobre el reconocimiento de las cualificaciones relativas a la educación superior. En esta providencia se estableció que uno de los objetivos del tratado es “promover la educación para el desarrollo sostenible y contribuir al desarrollo estructural, económico, tecnológico, cultural, democrático y social de todas las sociedades”. Asimismo, se reseñó que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ha promovido la adopción de ciertos instrumentos para alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible número cuatro, “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.

 

48. En el Informe “Educación virtual o educación en línea” el Ministerio de Educación definió la educación virtual como una modalidad de educación a distancia que implica “una nueva visión de las exigencias del entorno económico, social y político, así como de las relaciones pedagógicas y de las TIC”[65] y concluyó que “todas las modalidades o generaciones de la educación a distancia son válidas y pertinentes en un país como Colombia”[66]. El Congreso de la República estudió el proyecto de Ley 514 de 2026 “Ley de Educación Digital”[67] el cual tiene por objeto “actualizar y fortalecer la asignatura de Tecnología e Informática en los niveles de educación básica y media del sistema educativo colombiano, mediante la incorporación de competencias en pensamiento computacional, programación, inteligencia artificial, ciencia de datos, ciudadanía digital y demás áreas propias de la transformación tecnológica, incluyendo de manera progresiva aquellas que surjan de las tecnologías emergentes, en el marco de la política pública”[68].

 

49. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Observación General No. 13, precisó que la adaptabilidad exige que la educación sea flexible para responder a las necesidades de las sociedades en transformación, así como a las diversas circunstancias de los estudiantes. La Unesco conformó un documento denominado “Marco de competencias de los docentes en materia de TIC” el cual proporciona directrices a los docentes para que integren las herramientas digitales en sus enseñanzas. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el Informe “A/HRC/57/28”, estableció que la educación digital se refiere al uso de la tecnología y de los recursos en línea para la enseñanza y el aprendizaje. Precisó que actualmente existen iniciativas que apoyan el aprendizaje digital y que abarcan “recursos, contenidos, plataformas, sistemas, herramientas y tecnologías, incluida la inteligencia artificial”[69]. Al respecto, la Unesco recordó que “la innovación digital ha demostrado su capacidad para complementar, enriquecer y transformar la educación, y posee el potencial para acelerar el avance en la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4) para la educación, así como para transformar los modos de acceso universal al aprendizaje”[70].

 

50. El uso de herramientas digitales, de modalidades apoyadas en tecnologías de la información y de las comunicaciones, podría tener relevancia constitucional cuando constituye un medio para hacer efectivo el derecho a la educación y para garantizar, en condiciones de igualdad, el acceso, la permanencia y la continuidad de los estudiantes en la educación superior. Es decir, las instituciones de educación superior pueden valorar, dentro del ámbito de su autonomía y atendiendo a las particularidades del programa académico y las circunstancias concretas del estudiante, la implementación de herramientas o alternativas de apoyo tecnológico que permitan remover barreras para el ejercicio efectivo del derecho a la educación. Lo anterior no supone que exista un deber general de adoptar modalidades virtuales ni que la educación digital constituya un ajuste constitucionalmente exigible en todos los casos.

 

3.3 La virtualización del aprendizaje como un medio para garantizar la adaptabilidad del derecho a la educación

 

51. La educación presencial constituye, en principio, una modalidad fundamental para garantizar procesos de enseñanza y aprendizaje, debido a que, la educación digital no produce necesariamente resultados equivalentes a los de la presencialidad y su implementación puede generar riesgos relacionados con la calidad, la interacción pedagógica y la permanencia de los estudiantes[71].

 

52. La Corte Constitucional en las Sentencias T-030 de 2022 y T-410 de 2022, estableció que existe una relación complementaria entre la educación virtual y la educación presencial, en el sentido de que “se reconoce la importancia del servicio de internet como una herramienta necesaria para el desarrollo de actividades académicas, el cual, sin embargo, no garantiza por sí solo el derecho a la educación”.

 

53. La Unesco[72] ha reconocido que la tecnología puede ampliar las oportunidades de aprendizaje, personalizar la enseñanza, favorecer la interacción y atender brechas de acceso, pero también ha advertido que su impacto educativo es limitado y que sus beneficios dependen de las condiciones en las que se incorporen al proceso de enseñanza. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha señalado que la educación presencial produce mejores resultados que la educación virtual, y que esta última puede asociarse con mayores tasas de deserción, menor progresión académica y resultados adversos en determinados contextos.

 

54. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef)[73] destacó la importancia de garantizar la continuidad del aprendizaje mediante modalidades diversas, entre ellas las plataformas de educación a distancia y los cursos en línea, especialmente durante situaciones que impedían la asistencia presencial. El Banco Mundial (BM)[74] señaló que el aprendizaje remoto permitió mantener cierta continuidad educativa durante los cierres escolares, aunque advirtió que la tecnología, por sí sola, no resulta suficiente. Esto, porque su efectividad depende de la calidad de la enseñanza, de los recursos tecnológicos disponible y de la participación de los estudiantes. La OECD[75] expuso que la evidencia actual sugiere que, para la mayoría de los estudiantes y contextos, el aprendizaje presencial produce mejores resultados, en cuanto a habilidades de pensamiento de orden superior que el aprendizaje totalmente en línea.

 

55. En efecto, en estudios empíricos se demostró que entre dos grupos de estudiantes que tomaron un mismo curso de forma virtual y presencial, las calificaciones del primer grupo disminuyeron en 0,215 desviaciones estándar, tanto en las tareas como en los exámenes, y una encuesta posterior al curso reveló que los estudiantes en línea tuvieron dificultades para concentrarse en clase y se sintieron menos conectados con sus profesores y compañeros[76]. Otro estudio reveló que, en un caso similar, los resultados del aprendizaje fueron entre 5 y 10 puntos menores para los estudiantes en la sección puramente en línea en comparación con los de la sección presencial en el examen final acumulativo[77]. Por último, otro artículo reveló que cursar una materia en línea, en lugar de presencialmente, reduce el éxito y el progreso académico de los estudiantes. Las calificaciones son más bajas tanto en la materia cursada en línea, como en materias posteriores y los estudiantes tienen menos probabilidades de permanecer matriculados en la universidad[78].

 

56. De este modo, la virtualización puede constituir una herramienta para preservar la continuidad del proceso educativo cuando la presencialidad se convierte, en una barrera de acceso o permanencia. Sin embargo, su uso debe responder a criterios académicos, administrativos, y pedagógicos[79] que permitan determinar cuándo resulta adecuada, qué componentes pueden desarrollarse mediante herramientas virtuales y qué condiciones deben garantizarse para preservar la calidad de la formación. Estos criterios resultan especialmente relevantes en el ámbito de la educación superior, en el que no todos los componentes de un programa académico presentan las mismas exigencias de presencialidad. La posibilidad de desarrollar determinados contenidos, actividades, evaluaciones o espacios de acompañamiento mediante herramientas virtuales puede variar según la naturaleza del programa, los resultados de aprendizaje, las actividades prácticas requeridas y las condiciones particulares del estudiante[80].

 

57. En consecuencia, una respuesta compatible con el derecho a la educación no exige necesariamente transformar de manera general la modalidad de un programa, sino examinar razonablemente si existen ajustes que permitan mantener el vínculo académico del estudiante sin comprometer la calidad de su formación, por ejemplo, a través de la virtualización del aprendizaje.

 

3.4 La carencia actual de objeto y sus categorías: hecho superado, daño consumado y situación sobreviniente

 

58. La carencia actual de objeto es un fenómeno procesal que se presenta cuando desaparece la razón de ser de la acción de tutela, debido a la “alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la presunta vulneración de los derechos”. La Corte ha sostenido que el juez de tutela no es “un órgano consultivo que emite conceptos o decisiones inocuas una vez ha dejado de existir el objeto jurídico, sobre escenarios hipotéticos, consumados o ya superados”[81]. Existen tres categorías para su configuración: hecho superado, daño consumado y situación sobreviniente. 

 

 

4. Caso concreto

 

59. Santiago presentó una acción de tutela contra la Escuela Nacional del Deporte, tras considerar vulnerado su derecho fundamental a la educación superior. Lo anterior, debido a que la institución educativa no le otorgó alternativas académicas para continuar estudiando de forma híbrida o virtual, a pesar de las amenazas que presuntamente enfrentaba por parte de dos grupos armados y que le impedían asistir de forma presencial. Los jueces de instancia negaron el amparo al estimar que el programa académico al que estaba inscrito el accionante se ofrecía en modalidad presencial. Por lo tanto, ordenar la prestación del servicio educativo en modalidad virtual implicaría una injerencia indebida del juez constitucional en la esfera de la autonomía universitaria.

 

4.1 Examen de procedencia de la acción de tutela

 

60. La Sala Segunda de Revisión encontró acreditados los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela. La síntesis de la revisión de tales criterios se expone a continuación:

 

 

4.2 No se configuró una carencia de objeto por situación sobreviniente con ocasión a la vinculación académica de Santiago a la Escuela Nacional del Deporte

 

61. De la información suministrada en sede de revisión, la Sala conoció que Santiago continuó con su matrícula académica en el programa de la Escuela Nacional del Deporte, que actualmente está cursando octavo semestre y está asistiendo a sus actividades académicas de forma presencial. 

 

62. En virtud de lo expuesto, la Sala advierte que no se configuró una carencia actual de objeto con ocasión de la decisión del accionante de matricularse y continuar estudiando de forma presencial, porque si bien el actor asumió una carga que no le correspondía, esto es, estudiar presencialmente a pesar de las amenazas que presuntamente enfrentó, ello no superó la situación vulneradora, como se expondrá más adelante.

 

63. Adicionalmente, en este caso es necesario realizar un pronunciamiento como consecuencia del presunto desconocimiento de la normativa y del precedente constitucional sobre la materia por parte de la Escuela Nacional del Deporte, que pudo materializar la vulneración del derecho fundamental a la educación del demandante. Por lo anterior, la Sala procederá a realizar un pronunciamiento de fondo.  

 

4.3 La Escuela Nacional del Deporte vulneró el derecho a la educación superior de Santiago

 

64. La Sala Segunda de Revisión concluye que la Escuela Nacional del Deporte desconoció el derecho a la educación superior de Santiago. Esta vulneración se deriva de la negativa de la institución accionada de adoptar medidas de flexibilidad académica que le permitieran estudiar en una modalidad diferente a la presencialidad, mientras cesaba la situación de riesgo que, según afirmó, enfrentaba como consecuencia de las amenazas elevadas en su contra. Lo anterior, encuentra su fundamento en las siguientes consideraciones.

 

65. Primero, según los elementos obrantes en el expediente de tutela, el accionante afirmó que era víctima de amenazas por parte de dos grupos armados y que ello le impedía asistir de forma presencial a la institución educativa. Para esos efectos, aportó los panfletos y las denuncias que presentó ante la Fiscalía General de la Nación. La Escuela Nacional del Deporte conocía la situación de riesgo a la que se enfrentaba el accionante, esto es, las presuntas amenazas, pues, a través de las comunicaciones de 24 de septiembre y 11 de octubre de 2025, el demandante informó de su situación y solicitó apoyo institucional a través de la adopción de medidas de flexibilidad académica.

 

66. La Escuela Nacional del Deporte no accedió a su solicitud, bajo dos argumentos principales: ii) la imposibilidad de modificar la metodología académica indicada en el registro único calificable del Ministerio de Educación que había establecido que el programa de Mercadeo y Negocios Internacionales se ofrecía en modalidad presencial[101] y ii) la ausencia de mecanismos en el Reglamento Estudiantil que permitieran modificar las fechas de entrega o la asistencia a clases. La universidad precisó que, dada la gravedad de su situación, le brindaría acompañamiento en la búsqueda de una posible flexibilidad académica temporal que garantizara la continuidad de su proceso académico. Sin embargo, no se advierte que la universidad hubiera adoptado medidas temporales o ajustes razonables dirigidos a garantizar la continuidad del proceso académico del accionante. Esto, a pesar de que el estudiante sugirió diferentes medidas como la presentación extemporánea de las evaluaciones y trabajos correspondientes, la habilitación de la modalidad remota y la asistencia presencial flexible para presentar evaluaciones. Por el contrario, la alternativa que planteó la institución fue la cancelación del semestre académico.

 

67. En efecto, la respuesta de la institución se sustentó en el carácter presencial del programa académico y en la inexistencia de mecanismos reglamentarios que permitieran acceder a las medidas de flexibilización solicitadas. Sin embargo, no se evidenció que se hubiera realizado una valoración específica de las circunstancias excepcionales derivadas de las amenazas denunciadas y de la incidencia que estas tenían sobre el ejercicio de su derecho fundamental a la educación. En ese contexto, para la Sala no resulta admisible que, frente a una presunta situación de riesgo, la única alternativa planteada haya sido suspender temporalmente los estudios para “retomarlos cuando desaparecieran las condiciones de riesgo”. Una respuesta de esa naturaleza desconoce que pueden existir circunstancias extraordinarias que exigen un análisis diferenciado y una evaluación de medidas razonables orientadas a garantizar, en la mayor medida posible, la continuidad del proceso formativo, como se expondrá más adelante.

 

68. Segundo, según los elementos allegados en sede de revisión, el registro único calificable puede modificarse. En concreto, el MinEducación informó que, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 2.5.3.2.10.2 del Decreto 1075 del 2015[102], cualquier institución de educación superior que desee realizar una modificación sobre las condiciones del programa, deberá presentar la solicitud a través de la herramienta tecnológica o mecanismo que se disponga para ello y allegar: i) la descripción y las razones que motivan la modificación; ii) la identificación de la(s) condición(es) de calidad sobre la(s) cual(es) recae la modificación y la justificación de cómo incide la modificación sobre esta(s); iii) la aprobación de la modificación por el (los) órgano(s) competente(s) de la institución; iv) el régimen de transición, cuando aplique. Asimismo, se advierte que el Reglamento Estudiantil contempla, en sus artículos 26 a 29, las disposiciones relativas a la asistencia a clases y, en sus artículos 51 a 56, las referentes a la presentación de trabajos y exámenes.

 

69. La Sala considera que la inexistencia de una regulación específica para este tipo de situaciones no eximía a la institución de analizar las circunstancias particulares que afrontan sus estudiantes, cuando estas pueden comprometer sus garantías fundamentales. Si bien la autonomía universitaria faculta a las instituciones de educación superior para definir sus reglamentos y programas académicos, dicha potestad debe ejercerse con observancia de la Constitución y de los derechos fundamentales. Lo anterior, exige valorar razonablemente las circunstancias excepcionales que puedan afectar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.

 

70. Por lo tanto, la institución no podía limitarse a aplicar de manera estricta las reglas generales del reglamento estudiantil ni a trasladar íntegramente al estudiante las consecuencias derivadas de la situación que presuntamente enfrentaba, sino que debía armonizar las exigencias académicas con las circunstancias particulares del estudiante. El deber institucional de evaluar la incorporación de otras medidas académicas temporales suponía estudiar de manera individualizada las alternativas disponibles para evitar que la modalidad presencial se tornara en una barrera para el acceso, la permanencia o la continuidad del proceso educativo. Esta aproximación permitía conciliar la garantía del derecho a la educación, la autonomía universitaria de la institución y la calidad de la formación; no obstante, la Escuela Nacional del Deporte no satisfizo este deber.

 

71. Tercero, se constató que el accionante continuó su proceso académico, que está cursando octavo semestre del programa de Mercadeo y Negocios Internacionales y que recibió una nueva amenaza en noviembre de 2025, es decir, posterior a la presentación de la acción de tutela. Adicionalmente, él afirmó que su presunta situación de riesgo no le permite acudir de manera continua a las clases. La Sala no puede pasar por alto esta circunstancia, si bien la investigación de las amenazas que, al parecer, está enfrentando el actor le corresponde a las autoridades competentes, se evidencia un posible riesgo en su vida e integridad personal. En ese contexto, la incorporación de las TIC constituía una herramienta relevante para favorecer la adaptabilidad del proceso educativo, particularmente frente a las transformaciones que han experimentado las formas de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, su utilización debía responder a las circunstancias particulares del estudiante y a las características del programa académico, de manera que permitieran determinar qué medidas eran adecuadas para garantizar la continuidad de su proceso formativo sin afectar las condiciones académicas y pedagógicas que lo rigen.

 

72. En este caso, la Escuela Nacional del Deporte no valoró las alternativas que ofrecían las tecnologías de la información y las comunicaciones para responder a la situación particular de Santiago. Esto, a pesar de que la incorporación de las herramientas virtuales y la virtualización del aprendizaje, en algunos casos, puede facilitar la comunicación, el acompañamiento entre estudiantes y docentes y ofrecer alternativas para el desarrollo de determinados contenidos y actividades académicas. Por ello, su eventual y temporal adopción constituía una alternativa que merecía ser valorada por la institución.

 

73. Finalmente, esta Corporación considera pertinente precisar que la dimensión de adaptabilidad del derecho a la educación no implica que las instituciones educativas estén constitucionalmente obligadas a implementar una modalidad específica, como la educación virtual, para responder a las circunstancias particulares de un estudiante. La adaptabilidad constituye el deber constitucional de reconocer dichas circunstancias y evaluar la posibilidad de adoptar las medidas razonables y efectivas que resulten necesarias para garantizar el goce del derecho a la educación. Lo anterior, debido a que es a la institución educativa a la que le corresponde determinar, en ejercicio de su autonomía, cuál es la herramienta o modalidad más adecuada. Esta distinción permite conciliar la obligación de garantizar una educación adaptable a las necesidades de los estudiantes con el respeto por la autonomía universitaria, pues la protección constitucional no se traduce en una imposición de una modalidad concreta de prestación del servicio educativo.

 

74. En atención a lo expuesto, la Sala concluye que la omisión en la adopción de medidas flexibles o ajustes razonables: i) desconoció el derecho a la educación superior del accionante, pues este exige que las instituciones atiendan las condiciones de los estudiantes, a partir de una valoración social, cultural, étnica y de su entorno. Esto, con el propósito de asegurar, en la medida de las posibilidades, su permanencia en el proceso educativo.  

 

75. Asimismo, ii) constituyó un desconocimiento de los límites de la autonomía universitaria, pues si bien la institución educativa no estaba obligada a transformar la modalidad del programa, sí le correspondía valorar la posibilidad de adoptar medidas de flexibilización y ajustes razonables que atendieran la condición del accionante como presunta víctima de amenazas. Al respecto, la Escuela Nacional del Deporte contaba con un margen suficiente para evaluar alternativas de flexibilización apoyadas en herramientas tecnológicas o en otros mecanismos académicos transitorios que permitieran al accionante continuar con su proceso formativo mientras persistía la presunta situación de riesgo alegada.

 

76. Finalmente, la Sala precisa que el objeto de la presente acción de tutela se circunscribió a analizar la vulneración del derecho fundamental a la educación de Santiago. En consecuencia, este trámite no comprendió el estudio de la imposición o la modificación de las medidas relacionadas con la protección de sus derechos a la vida, a la integridad física y a la seguridad personal, pues ello le corresponde a las autoridades competentes en el marco de sus competencias. Si bien la UNP y la Policía Metropolitana de Cali estaban legitimadas en la causa por pasiva, la Sala no encontró que sus actuaciones u omisiones hubieran incidido en la afectación del derecho fundamental a la educación del accionante. Por lo tanto, serán desvinculadas del trámite de tutela.

 

4.4  Remedios constitucionales

 

77. Con fundamento en lo anterior, la Sala Segunda de Revisión revocará las sentencias proferidas el 5 de noviembre de 2025 por el Juzgado 006 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali y el 18 de diciembre de 2025 por el Juzgado 002 Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Cali, mediante las cuales se negó la acción de tutela y, en su lugar, concederá el amparo del derecho fundamental a la educación superior, en su componente de adaptabilidad. En consecuencia, se ordenará a la Escuela Nacional del Deporte que, i) realice una reunión con el accionante en la que evalúe las medidas de flexibilidad académica y los ajustes razonables que resulten procedentes para garantizar la continuidad de su proceso de formación; y ii) evalúe la viabilidad académica y administrativa de incorporar en su Reglamento Estudiantil una normatividad aplicable a los estudiantes que enfrenten circunstancias excepcionales.

 

78. Asimismo, se instará a Santiago para que atienda los requerimientos y las recomendaciones formuladas por las autoridades competentes y finalmente, se desvinculará a la Fiscalía 62 Local de Cali, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

 

4.5 Acotación final

 

79. Según la información remitida en sede de revisión por parte de la Unidad Nacional de Protección, de la Policía Metropolitana de Cali y de la Fiscalía 49 Seccional de Cali, la UNP afirmó que el accionante no remitió la documentación requerida para el estudio del riesgo. La Policía indicó que, en múltiples ocasiones, las unidades policiales no lograron ubicar al actor, lo que dificultó la continuidad del seguimiento y la materialización plena de las medidas preventivas. La Fiscalía 49 informó que no se ha podido recolectar evidencia adicional para el proceso penal, debido a que el demandante no ha asistido a todas las citaciones.

 

80. Al respecto, la Sala considera que el accionante tiene el deber de colaborar con las autoridades competentes, atender oportunamente los requerimientos que estas le formulen y adoptar las medidas de autocuidado y autoprotección que le sean recomendadas. Ello no solo facilita la implementación efectiva de las medidas dirigidas a salvaguardar su vida e integridad personal, sino que también permite el adecuado desarrollo de las actuaciones administrativas y judiciales y garantiza una respuesta institucional efectiva.

 

III. DECISIÓN

 

En virtud de lo anterior, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional de Colombia

 

RESUELVE:

 

PRIMERO. REVOCAR las sentencias proferidas el 5 de noviembre de 2025 por el Juzgado 006 Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali y el 18 de diciembre de 2025 por el Juzgado 002 Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Cali, mediante las cuales se negó la acción de tutela. En su lugar, AMPARAR el derecho a la educación superior de Santiago, en su componente de adaptabilidad.

 

SEGUNDO. En consecuencia, ORDENAR a la Escuela Nacional del Deporte, que, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente decisión, realice una reunión con el accionante en la que evalúen las medidas de flexibilidad académica y los ajustes razonables que resulten procedentes para garantizar la continuidad de su proceso de formación, hasta que se realice una valoración oficial del riesgo. Para tal efecto, deberá valorar la utilización de herramientas tecnológicas, estrategias de educación mediadas por las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) u otros mecanismos académicos transitorios compatibles con la naturaleza del programa.

 

TERCERO. ORDENAR a la Escuela Nacional del Deporte que evalúe la viabilidad académica y administrativa de incorporar en su Reglamento Estudiantil una normatividad aplicable a los estudiantes que enfrenten circunstancias excepcionales. Lo anterior, con el propósito de determinar si la incorporación de componentes virtuales u otras alternativas de flexibilización académica pueden contribuir a garantizar el derecho a la educación de estudiantes que enfrentan barreras para asistir presencialmente. La conceptualización y decisión que se adopte deberá constar por escrito y estar motivada.

 

CUARTO. INSTAR al señor Santiago para que atienda los requerimientos y las recomendaciones formuladas por las autoridades competentes y adopte las medidas de autoprotección y autocuidado necesarias para contribuir a la protección de su vida e integridad personal.

 

QUINTO. DESVINCULAR a la Fiscalía 62 Local de Cali, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

 

SEXTO. LÍBRESE por la Secretaría General de la Corte la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

 

 

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO

Magistrado

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General