TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-1409/25

 

IMPEDIMENTO Y RECUSACION DE MAGISTRADO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN PROCESO DE CONSTITUCIONALIDAD-Causales

 

IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES-Carácter excepcional y taxativo de las causales en que se originan, lo cual exige una interpretación restrictiva de las mismas

 

PERTINENCIA DE LA RECUSACION-Requisitos

 

RECUSACION CONTRA MAGISTRADOS EN PROCESO DE CONSTITUCIONALIDAD-Examen previo de pertinencia

 

RECUSACION CONTRA MAGISTRADOS EN PROCESO DE CONSTITUCIONALIDAD-Rechazar por impertinente

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

-Sala Plena-

 

AUTO 1409 de 2025

 

Referencia: Expediente D-16.101Ac

 

Asunto: examen de pertinencia de una recusación presentada en contra de la magistrada Natalia Ángel Cabo y del impedimento presentado por la misma magistrada

 

Peticionario: Ramsés Alberto Ruiz Sánchez

 

Magistrado ponente:

Miguel Polo Rosero

 

Bogotá D.C., cuatro (04) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, procede a resolver la solicitud del asunto de la referencia, con fundamento en los siguientes:

 

I.                  ANTECEDENTES

 

1.            En oficio del 26 de agosto de 2025, la Secretaría de la Corte dio traslado al despacho del magistrado ponente de la solicitud de recusación presentada por Ramsés Alberto Ruiz Sánchez, el 25 de agosto de la presente anualidad, en contra de la magistrada Natalia Ángel Cabo, en el expediente D-16.101 y 16.112, acumulados. En la solicitud, expresó que la magistrada debe ser apartada de la decisión de fondo del asunto, toda vez que, según el ciudadano, algunas consideraciones realizadas en los autos de inadmisión y admisión dentro del expediente D-16.255, en el que es ponente la magistrada recusada, ponen en riesgo la independencia e imparcialidad judicial y comprometen la legitimidad de la decisión.

 

2.            Señaló que la magistrada Ángel incurrió en la causal “haber conceptuado sobre la constitucionalidad de la disposición acusada”, en los términos dispuestos en los artículos 25 y 26 del Decreto 2067 de 1991. Ello, con sustento de los siguientes hechos.

 

3.            Relató que el 25 de noviembre de 2024, al inadmitir la demanda contra la Ley 2385 de 2024, radicada con el número D-16.255, la magistrada Ángel Cabo plasmó consideraciones que fijaron una interpretación subjetiva y sesgada sobre la jurisprudencia constitucional que ha abordado la tauromaquia como manifestación cultural. El ciudadano resaltó el siguiente párrafo del auto inadmisorio:

 

“En la Sentencia C-666 de 2010, la Corte abandonó la idea del toreo como una expresión artística y adoptó un análisis objetivo basado en información científica sobre las corridas de toros, las cuales, de manera inequívoca, constituyen maltrato animal. En consecuencia, determinó que la excepción al castigo legal por maltrato animal solo es válida bajo estrictas condiciones constitucionales que respeten los principios de la Constitución ecológica. Además, la Corte vinculó la prohibición del maltrato animal al respeto por la función ecológica de la propiedad privada y aclaró que, aunque los animales no poseen dignidad, este concepto obliga a los seres humanos a garantizarles un trato digno. Por lo tanto, la prohibición de la tauromaquia es una opción reconocida en la jurisprudencia y fundamentada en principios constitucionales”

 

4.            Con base en aquella afirmación, el ciudadano afirmó que la magistrada acudió a una interpretación subjetiva de la jurisprudencia vigente y omitió que esto debe ser definido por la Sala Plena de la Corte Constitucional. En sus palabras, “nótese cómo en esta afirmación la Magistrada Ángel Cabo no hizo simplemente un análisis de admisibilidad de una demanda, sino que de antemano prejuzgó sobre el valor de las actividades taurinas. De manera categórica señaló que la jurisprudencia objetivamente las considera maltrato animal, lo cual es falso, y por ende, de un plumazo, borrando una línea jurisprudencial y sin el voto mayoritario de la Sala Plena, es decir violando el reglamento de la Corte y las reglas procesales de la acción pública de inconstitucionalidad, llevó a las actividades taurinas al terreno de lo constitucionalmente prohibido, cuando es claro en la jurisprudencia que hacen parte de lo constitucionalmente permisible”.

 

5.            El ciudadano explicó que el demandante en aquel expediente corrigió la demanda, y en el auto admisorio del 18 de diciembre de 2024, la magistrada insistió en interpretaciones presuntamente aisladas sobre la jurisprudencia relacionada con la prohibición de maltrato animal y las corridas de toros como manifestaciones culturales. En consecuencia, solicitó a la Corte apartar a la magistrada Ángel de la deliberación sobre la inconstitucionalidad de la Ley 2385 de 2024.

 

6.            En el expediente de la referencia, el término de fijación en lista transcurrió entre el 20 de noviembre y el 3 de diciembre de 2024. Precisamente, durante dicho lapso, esto es, el 29 de noviembre 2024, el mismo ciudadano presentó intervención en la que respaldó los argumentos de la demanda dentro del proceso de la referencia.

 

7.            Por otra parte, mediante oficio del 29 de agosto de 2025, la magistrada Natalia Ángel Cabo manifestó impedimento ante la Sala Plena en relación con el expediente de la referencia, con base en la posible configuración de la causal consistente en “haber conceptuado sobre la constitucionalidad de la disposición acusada”, prevista en el artículo 25 del Decreto 2067 de 1991. En el mismo sentido de la recusación antes expuesta, afirmó que, en el auto inadmisorio de la demanda del expediente D-16.255, realizó unas consideraciones que una parte de la ciudadanía podría cuestionar como un concepto previo sobre la constitucionalidad de la Ley 2385 de 2024. En sus propias palabras, afirmó que:

 

“Someto a consideración de la Sala Plena una manifestación de impedimento en relación con el expediente D-16.101, con base en la posible configuración de la causal consistente en ‘haber conceptuado sobre la constitucionalidad de la disposición acusada’, prevista en el artículo 25 del Decreto 2067 de 1991. (…)

 

Con el propósito de mantener las garantías de imparcialidad, transparencia e independencia, quiero poner de presente que en el marco de otro expediente, mediante Auto del 25 de noviembre de 2024, inadmití una demanda de inconstitucionalidad en contra de la misma ley, que presentó el ciudadano Juan Carlos Gómez Muñoz. En dicha providencia, entre otras consideraciones, me pronuncié sobre un cargo de inconstitucionalidad que alegaba un supuesto ‘perfeccionismo moral’ en la norma demandada, al darle, en palabras del actor, un ‘carácter absoluto’ al deber de protección animal. (…)

 

Esta afirmación se dio en un escenario estrictamente jurisdiccional y reiteró el precedente de la Corte Constitucional para efectos de ilustrar las razones por las que la demanda no cumplía los requisitos para ser admitida. La consideración, en este sentido, se ligó al contenido de la jurisprudencia constitucional reiterada”

 

II.               CONSIDERACIONES

 

A.          Competencia

 

8.            De conformidad con lo previsto en los artículos 28 y 29 del Decreto Ley 2067 de 1991, “por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional” y el artículos 5 y 94 del Acuerdo 01 de 2025, cuando se recusa a un magistrado o conjuez de la Corte Constitucional, en cualquiera de las actuaciones que hace parte de un proceso de control abstracto de constitucionalidad, el resto de los magistrados es competente para decidir sobre la pertinencia de la solicitud, sin que esta actuación suspenda los términos procesales[1]. Como se precisó de manera reciente por la Sala en el auto 282 de 2025, a cuya fundamentación más amplia se remite, “la sola presentación de una solicitud de recusación no suspende los términos procesales, a no ser que se trate de una recusación pertinente”[2].

 

B.           El régimen de impedimentos y recusaciones contra conjueces y magistrados de la Corte en los procesos de control abstracto de constitucionalidad^[3]

 

9.            A diferencia de lo que ocurre en el proceso de tutela, en el que las causales de impedimento se definen por su remisión al Código de Procedimiento Penal y en el que, además, se encuentra excluida la figura de la recusación[4], en materia del control abstracto de constitucionalidad tal codificación no es aplicable, ya que se admite la invocación del citado instituto procesal a sujetos legitimados, a través de un régimen taxativo y excepcional dispuesto en el capítulo V del Decreto Ley 2067 de 1991.

 

10.             De acuerdo con los artículos 25 y 26 de dicho esquema normativo, en los casos de “acción de inconstitucionalidad”, las únicas causales de impedimento y recusación son las siguientes: (i) “haber conceptuado sobre la constitucionalidad de la disposición acusada”; (ii) “haber intervenido en su expedición”; (iii) “haber sido miembro del Congreso durante la tramitación del proyecto”; (iv) “tener interés en la decisión” y (v) “tener vínculo por matrimonio o por unión permanente, o de parentesco en cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con el demandante”[5]. De estas causales, solo la cuarta ha sido considerada por la jurisprudencia de la Corte como una causal de carácter subjetivo, ya que las otras han sido identificadas como objetivas. Esta distinción implica que, mientras que para la configuración de las últimas es suficiente evidenciar el hecho objetivo que las origina, aquella otra exige que se evidencie un interés actual y directo del magistrado en la decisión[6].

 

11.        Dado que existe una regulación especial de esta institución, no son aplicables las de otros estatutos procesales, como las del Código de Procedimiento Penal, del Código General del Proceso o del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En atención a esta especialidad, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo V del Decreto Ley 2067 de 1991 (artículos 25 a 31), la valoración de las solicitudes de recusación en los procesos de control abstracto de constitucionalidad está sujeta a un examen previo de pertinencia, que tiene por objeto “determinar si la solicitud reúne las condiciones para que se adelante el trámite del incidente y para que posteriormente la Corte se pronuncie de fondo sobre los planteamientos del recusante”[7].

 

12.        En esta etapa le corresponde a la Sala Plena valorar las siguientes tres exigencias: (i) que la persona solicitante acredite legitimación en la causa[8]; (ii) que la solicitud sea oportuna[9]; y (iii) que se acredite una justificación suficiente o carga argumentativa adecuada, de tal forma que se pueda evidenciar la necesidad de ordenar abrir el respectivo incidente, según lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto Ley 2067 de 1991[10]. Esta última exigencia le impone al solicitante el deber de (a) identificar la causal de recusación; (b) hacer una relación precisa de los hechos que la configuran; (c) justificar la relación que se presenta entre ambas, de tal manera que pueda evidenciarse la necesidad de ordenar abrir el respectivo incidente, según lo dispuesto en el citado artículo, y (d) demostrar que no se trata del supuesto previsto en el artículo 30 de este decreto, según el cual, “[n]o están impedidos ni son recusables los magistrados y conjueces a quienes corresponda la decisión sobre impedimentos o recusaciones”. Las razones de que tratan los ordinales (b) y (c) se deben presentar de manera clara y específica, y a partir de argumentos pertinentes y suficientes.

 

C.               Examen de pertinencia

 

13.        A excepción de la magistrada Natalia Ángel Cabo, contra quien se formula la recusación, dado que el solicitante censura su objetividad para participar en la decisión del expediente de la referencia, le corresponde al resto de los magistrados de la Sala Plena decidir sobre la pertinencia de la petición, tal como se dispone en la última parte del artículo 28 del Decreto Ley 2067 de 1991, según el cual, “[l]a recusación debe proponerse ante el resto de los magistrados con base en alguna de las causales señaladas en el presente decreto”. A continuación, se verificarán cada uno de los requisitos para definir la pertinencia de la recusación formulada.

 

14.        Al verificar el expediente digital D-16.101Ac, se constata que el peticionario tiene la calidad de ciudadano y fue interviniente dentro del proceso de la referencia. En efecto, el 29 de noviembre de 2024 intervino mediante escrito en el que defendió la inconstitucionalidad de la Ley 2385 de 2024.

 

15.        La solicitud es oportuna debido a que los hechos en los que sustenta la causal son posteriores y concomitantes a la intervención presentada. El ciudadano cuestiona las consideraciones que la magistrada Ángel realizó en las providencias fechadas los días 25 de noviembre y 18 de diciembre de 2024 dentro del expediente D-16.255. El solicitante explicó que, a pesar de que el auto inadmisorio tiene fecha anterior a su intervención en el proceso D-16.101Ac., lo cierto es que, tan solo con el auto que admitió y rechazó la demanda, la magistrada reiteró su interpretación sobre la jurisprudencia constitucional que se cuestiona como prejuzgamiento. La Sala Plena considera que la solicitud es oportuna en tanto los hechos que dieron lugar a la recusación se concretaron luego del auto de admisión definitivo, en donde la magistrada reiteró algunas de las consideraciones cuestionadas por el ciudadano.

 

16.        La solicitud de recusación no cumple con una carga argumentativa adecuada y suficiente, que evidencie la necesidad de ordenar abrir el incidente de recusación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 del Decreto Ley 2067 de 1991. Al respecto, el señor Ruiz Sánchez invocó que las consideraciones realizadas por la magistrada en los autos antes mencionados configuran la causal de “haber conceptuado sobre la constitucionalidad de la disposición acusada”.

 

17.        La jurisprudencia constitucional ha señalado que para que se configure esta causal se debe demostrar que el magistrado realizó manifestaciones relacionadas con la constitucionalidad de la norma objeto de estudio. En ese sentido, la Corte ha señalado que la importancia de esta causal radica en que su concepto o juicio lo vincula con la decisión misma, “en la medida que, por haber emitido un concepto previo sobre el fondo del asunto, surge la duda de que el fallador, por razones de amor propio se inclinará por la solución planteada, dejando a un lado su sumisión exclusiva a la ley. En este sentido, los conceptos u opiniones que constituyen la causal en estudio tienen que haber sido expresados por el magistrado durante el trámite de constitucionalidad, o antes de su iniciación, siempre que a tiempo de su manifestación el recusado haya conocido, o debido conocer que la norma sería, o podría ser objeto de control”[11].

 

18.        Ahora bien, sobre la naturaleza del concepto emitido en relación con el objeto de constitucionalidad bajo estudio, la Corte ha precisado que no cualquier opinión o manifestación configura la causal invocada, “ello, por cuanto el verbo conceptuar en este caso no puede desligarse del resto de la frase en la que se encuentra incluido, por lo que no cualquier ‘pensamiento expresado con palabras’, ‘dicho ingenioso’, ‘opinión’, o ‘juicio’, es el que debe ser tomado en cuenta en este caso sino solamente aquel que contenga una manifestación concreta sobre la constitucionalidad de la disposición acusada”[12]. Por lo tanto, deben cumplirse las siguientes condiciones para que se configure la causal: (i) que el magistrado recusado haya hecho una declaración pública; (ii) que la declaración se haya realizado en un escenario distinto al jurisdiccional, y que, por tanto, la manifestación no se derive de las opiniones vertidas por el magistrado recusado en un fallo anterior como ponente del caso, en un salvamento de voto o en una aclaración de voto; (iii) que la declaración recaiga sobre la materia general objeto de debate en el proceso en el que se solicita la recusación; (iv) y que la declaración no corresponda exclusivamente a una explicación dada por el magistrado en calidad de presidente de la Corte, sobre el contenido de un fallo expedido anteriormente. A partir de estas directrices generales la Corte ha evaluado la pertinencia de las recusaciones planteadas en contra de los magistrados de esta Corporación[13].

 

19.        Conforme con lo anterior, es esencial tener en cuenta que la recusación invocada por el solicitante se configura “cuando se ha emitido en un escenario distinto al jurisdiccional”. De ese modo, en la recusación presentada por el señor Ruiz Sánchez, se observa que las consideraciones que cuestiona, a pesar de tener relación con el objeto demandado en el expediente D-16.101Ac, fueron emitidas en el trámite de admisión de un proceso de inconstitucionalidad cuya ponente es la magistrada Ángel y, por tanto, se emitieron en un escenario jurisdiccional propio de su competencia. En este orden de ideas, en la exposición del recusante no se advierte claridad y justificación suficiente, para demostrar la causal objeto de análisis, limitándose a plasmar su oposición con el criterio argumentativo asumido en un auto adoptado por la magistrada cuestionada en el expediente D-16.255, cuyo alcance, como ha sido reiterado por esta corporación, no puede trascender del escenario jurisdiccional en el que fue expuesto. Por este motivo, la recusación será rechazada, en tanto no supera el mínimo argumentativo requerido.

 

20.        Por estas mismas razones, la Sala Plena declarará infundado el impedimento propuesto por la magistrada Natalia Ángel Cabo, debido a que las manifestaciones que invoca como causal justificativa del mismo se encuadran dentro de sus funciones jurisdiccionales, y no se trata de opiniones o declaraciones públicas externas que afecten su imparcialidad en el proceso de la referencia.

 

21.        En consecuencia, por notoria impertinencia, la Sala rechazará la recusación presentada por Ramsés Alberto Ruiz Sánchez, al incumplir el requisito de carga argumentativa. Y, además, declarará infundado el impedimento de la magistrada Natalia Ángel Cabo, para conocer del presente asunto.

 

III.           DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

 

RESUELVE

 

PRIMERO: RECHAZAR, por notoria impertinencia, la recusación presentada por Ramsés Alberto Ruiz Sánchez en contra de la magistrada Natalia Ángel Cabo, en el expediente D-16.101Ac, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

 

SEGUNDO: DECLARAR INFUNDADO el impedimento presentado por la magistrada Natalia Ángel Cabo para conocer del presente asunto, por las razones expuestas en esta providencia.

 

TERCERO: Contra esta decisión no procede ningún recurso.

 

Comuníquese y cúmplase,

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

No participa

 

 

 

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO

Magistrado

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General