NOTA DE RELATORÍA

 

NOTA DE RELATORÍA: Dando cumplimiento al auto 1927 de 2025, de la Sala Segunda de Revisión de la Corte, con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González y comunicado mediante oficio de la Secretaría General OPT-A-851-2025 el 12 de diciembre de 2025, se corrige el pie de página 43 y el ordinal segundo de la parte resolutiva, en el sentido de cambiar el expediente T-10.787.762, por el número T-10.791.762.

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-1729/25

 

MEDIDAS PROVISIONALES EN PROCESO DE TUTELA PARA PROTEGER UN DERECHO-Finalidad/MEDIDAS PROVISIONALES-Procedencia según Decreto 2591/91 artículo 7

 

CORTE CONSTITUCIONAL-Facultad de adoptar de oficio medidas provisionales

 

MEDIDAS PROVISIONALES PARA PROTEGER UN DERECHO-Orden de suministrar la atención y servicios que se requieran para garantizar el derecho fundamental a la salud

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

 

 

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Segunda de Revisión

 

AUTO 1729 DE 2025

 

Referencia: expediente T-10.641.262 AC^[1]

 

Asunto: acciones de tutela instauradas por 34 usuarios del Sistema de Seguridad Social en Salud en contra de algunas EPS, gestoras farmacéuticas y otras entidades

 

Tema: medida provisional y suspensión de términos judiciales

 

Magistrado sustanciador: Juan Carlos Cortés González

 

Bogotá D. C., veintinueve (29) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

 

La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere el presente auto con fundamento en los siguientes

 

I.    ANTECEDENTES

 

1. Presentación general del caso acumulado

 

1.       A la Sala Segunda de Revisión se le encomendó el conocimiento de 34 expedientes de tutela acumulados que versan sobre la presunta falta de entrega oportuna de medicamentos en el Sistema de Seguridad Social en Salud. Dada su pluralidad, en este acápite se abordarán sus particularidades en forma general, destacando los aspectos más relevantes.

 

2.       Hechos que motivaron la solicitud de amparo. Los 34 actores informaron que, como parte del tratamiento para su condición de salud, el médico tratante les prescribió ciertos medicamentos. En algunos casos, la orden médica requería entregas recurrentes y periódicas de dichos medicamentos, mientras que en otros se trataba de una única formulación. Una vez quienes accionan buscaron el suministro de los fármacos ante el proveedor farmacéutico dispuesto por sus EPS, estos señalaron no contar con aquellos, debido a su (a) desabastecimiento, (b) falta de disponibilidad en el punto de distribución, o (c) por variaciones en su presentación. En esa medida, la entrega de los medicamentos quedó pendiente. Para el momento en el que interpusieron las acciones de tutela, ninguno de los actores había recibido la medicina prescrita, lo que ocasionó la interrupción abrupta de sus tratamientos.

 

3.       Algunos de los accionantes advirtieron la interposición de otras acciones de tutela relacionadas con el suministro de medicamentos, e incluso con el mismo medicamento, aunque derivaron de órdenes médicas diferentes a las que se reivindicaron en esta oportunidad. Señalaron además que, en su experiencia, la EPS solo proporciona el medicamento una vez es notificada de los autos admisorios en cada trámite de tutela.

 

4.       Pretensiones. Los accionantes acudieron al juez de tutela solicitándole ordenar la entrega inmediata de los medicamentos y asegurar su suministro sucesivo y continuo, conforme las pautas, de modo y tiempo establecidas por el médico tratante. También, pidieron canales de comunicación efectiva con las EPS e IPS, para identificar permanentemente el punto de dispensación, la fecha cierta de entrega de los fármacos y la persona encargada de su suministro. Adicionalmente, requirieron alternativas como la reformulación oportuna ante el desabastecimiento de ciertos medicamentos, al ser esta una condición para recibir sucesiva y continuamente la atención en salud que requieren^[2].

 

5.       En 15 de los asuntos analizados, adicionalmente, se solicitó el tratamiento integral^[3], con la finalidad de asegurar la entrega sucesiva y oportuna de los medicamentos, así como la garantía de la práctica de otros servicios médicos. También, la realización efectiva de consultas médicas y, en un caso particular, la asignación de un cuidador permanente^[4].

 

2. Actuaciones en sede de instancia

 

6.       En esta ocasión la Sala Segunda de Revisión revisa los fallos de primera y segunda instancia, proferidos por las distintas autoridades judiciales que asumieron el conocimiento de los 34 expedientes acumulados. En 22 casos se ordenó la entrega inmediata del medicamento, en 10 hubo un amparo parcial y en 4 se negó o declaró improcedente la acción, como se refleja en la siguiente tabla de síntesis sobre el particular:

 

Tabla 1. Decisiones de instancia

 

3. Actuaciones en sede de revisión

 

7.       Selección del asunto. A través del Auto del 31 de enero de 2025, la Sala de Selección de Tutelas Número Uno escogió para revisión y acumuló los primeros treinta expedientes de la referencia. Tras el sorteo correspondiente, los repartió al despacho sustanciador, al cual se le remitió el conjunto de expedientes el 14 de febrero de 2025.

 

8.       Primer auto de pruebas. Mediante Auto del 17 de marzo de 2025^[6], el magistrado sustanciador vinculó a terceros con interés, resolvió una solicitud presentada por la Clínica Los Nogales y Salud Total EPS para identificar a los accionantes y decretó pruebas de oficio respecto a aspectos generales sobre el suministro de medicamentos en Colombia, elementos de juicio comunes a los treinta expedientes inicialmente acumulados y asuntos particulares de algunos de ellos. Esto, con tres objetivos: (a) recaudar información en relación con cada uno de los expedientes, ante vacíos advertidos en los mismos; (b) identificar si la falta de suministro de los medicamentos persiste en la actualidad y sus efectos en cada uno de los casos concretos; y (c) precisar las particularidades y el alcance del fenómeno de desabastecimiento y la falta de disponibilidad de medicamentos en el país, como el rol de cada uno de los agentes del sistema para asegurar la garantía del derecho a la salud en relación con la cadena de abastecimiento de aquellos^[7].

 

9.       Solicitud de medida provisional durante el trámite de revisión. El 19 de marzo de 2025, la accionante del expediente (1) T-10.641.262 solicitó una medida provisional en su caso concreto, para que le fuera entregado el medicamento Aubagio Teriflunomida 14 mg (caja de 30 tabletas), mes a mes, de manera eficaz, oportuna y domiciliaria. El 25 de marzo de 2025, el despacho sustanciador contactó telefónicamente a la tutelante, quien refirió que para ese momento no había recibido aún el fármaco. El 25 de abril de 2025, la accionante reiteró la solicitud de medidas provisionales.

 

10.   Información sobre el traslado de EPS de una de las accionantes. El 1º de abril de 2025, la agente oficiosa en el expediente (8) T-10.781.400 manifestó telefónicamente al despacho sustanciador que la titular de los derechos, su hermana, se había trasladado de Emssanar EPS a Nueva EPS.

 

11.   Segundo auto de pruebas. El 3 de abril de 2025, se profirió un segundo auto de pruebas. En dicho auto, se ordenó oficiar a los juzgados mencionados en la solicitud de medida provisional presentada por la accionante del expediente (1) T-10.641.262, que no se habían identificado previamente, con el fin de que se remitieran los enlaces de consulta de los respectivos expedientes. Asimismo, se dispuso la vinculación de Nueva EPS al trámite constitucional relacionado con el expediente (8) T-10.781.400, en atención al interés que le asiste en el resultado del proceso.

 

12.   Auto de medidas provisionales, suspensión y requerimiento probatorio. Mediante Auto 559 del 29 de abril de 2025^[8], la Sala Segunda de Revisión concluyó que era viable adoptar medidas provisionales de protección para los primeros treinta accionantes en el marco del expediente T-10.641.262AC y, en consecuencia, ordenó a las EPS, IPS y gestores farmacéuticos la entrega de los medicamentos de manera continua e ininterrumpida. Además, ordenó a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a la Superintendencia Nacional de Salud (en adelante SuperSalud) que debido a sus funciones legales y constitucionales realizara seguimiento de las medidas provisionales ordenadas y remitiera a esta Sala de Revisión el correspondiente informe mensual de cumplimiento.

 

13.   Por otro lado, la Sala suspendió los términos para fallar este proceso de revisión por tres meses, contados a partir de la fecha del auto -29 de abril de 2025-. También, requirió a los diferentes accionantes, accionadas, vinculadas, llamados a participar, entre otros, que a la fecha no hubiesen remitido respuesta alguna frente al decreto probatorio realizado mediante el primer auto de pruebas del 17 de marzo de 2025.

 

14.   Selección de los expedientes 31 a 34. Mediante Auto del 29 de abril de 2025, la Sala de Selección de Tutelas Número Cuatro de la Corte Constitucional seleccionó para revisión^[9], acumuló por unidad de materia y repartió a la Sala Segunda de Revisión^[10] los expedientes de tutela con radicados: T-10.976.437, T-10.990.420, T-11.002.134, T-11.034.630 y T-11.043.036^[11]. El 14 de mayo de 2025, esos cinco expedientes se remitieron al despacho del magistrado sustanciador.

 

15.   Auto de acumulación y desacumulación. La Sala Segunda de Revisión, en ejercicio de sus competencias, dispuso mediante el Auto 1001 de 15 de julio de 2025, desacumular el expediente T-10.976.437 de su grupo original de selección y acumular al expediente T-10.641.262 AC los expedientes de tutela con radicados: (31) T-10.990.420, (32) T-11.002.134, (33) T-11.034.630 y (34) T-11.043.036 por compartir identidad temática.

 

16.   Auto de actualización de términos para fallar. En razón a la acumulación de expedientes que se realizó mediante el Auto 1001 de 2025, a través de Auto del 22 de julio de 2025, el magistrado sustanciador actualizó los términos para fallar el proceso, conforme a lo normado en los artículos 33 del Decreto 2591 de 1991 y 56 del Acuerdo 02 de 2015.

 

17.   Pruebas recibidas en sede de revisión. Con ocasión del decreto de pruebas contenido en los autos del 17 de marzo y 3 de abril de 2025, la Sala Segunda de Revisión recaudó diversos elementos de juicio sobre (i) aspectos generales sobre el suministro de medicamentos en el país y (ii) frente a cada uno de los expedientes acumulados.

 

18.   Tercer auto de pruebas y decreto de vinculación. Mediante Auto del 28 de octubre de 2025, el magistrado sustanciador vinculó a terceros con interés, resolvió dos solicitudes de acceso al expediente y decretó pruebas de oficio respecto de los cuatro asuntos acumulados en el Auto 1001 de 2025, como en los demás treinta asuntos frente a vacíos de información identificados con ocasión de los elementos de juicio recaudados hasta el momento. Además, requirió a la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos e Insumos Médicos, como a la Superintendencia Nacional de Salud, para que acataran lo dispuesto en el Auto del 17 de marzo de 2025.

 

II. CONSIDERACIONES

 

1.   Facultad del juez de tutela para decretar medidas provisionales

 

19.   El artículo 7.º^[12] del Decreto 2591 de 1991 reconoce al juez de tutela la facultad de decretar, de oficio o a petición de parte, medidas provisionales cuando lo considere necesario y urgente para resguardar los derechos fundamentales, con el propósito de “no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo”. Estas medidas tienen el objetivo de (i) intervenir transitoriamente para contener la conducta que amenaza o vulnera un derecho, evitando un daño irreparable^[13] y (ii) ordenar las medidas^[14] para proteger provisionalmente el derecho objeto del trámite constitucional^[15]. Lo anterior, mientras se adopta el fallo que define la controversia^[16] y hasta cuando este se dicte^[17]. En cualquier momento, de forma motivada, el juez puede levantar las medidas decretadas^[18].

 

20.   El decreto de tales medidas amerita un examen preliminar sobre la gravedad de la situación, con fundamento en los indicios que obren en el expediente. Solo proceden aquellas cuando (i) exista una apariencia de buen derecho, de modo que la solicitud de amparo tenga aparente vocación de viabilidad, en función de los elementos fácticos y jurídicos del caso; (ii) se encuentre un riesgo probable de que con el paso del tiempo, durante el trámite de revisión, se afecte de manera considerable la protección del derecho invocado o la salvaguarda del interés público; y (iii) la medida provisional no genere una afectación desproporcionada a quien deba ser ordenada^[19].

 

21.   En estas condiciones, la Corte Constitucional ha resaltado que el decreto de medidas provisionales no constituye prejuzgamiento sobre el asunto bajo estudio, ni indicio sobre el sentido de la decisión^[20]. Su finalidad se limita a prevenir que se materialice la vulneración o un perjuicio irremediable sobre los intereses superiores en debate, hasta el momento en que este tribunal profiera una sentencia.

 

22.   Además, esta Corporación ha considerado en reiteradas oportunidades la pertinencia de declarar medidas provisionales en casos similares a los aquí estudiados. Por ejemplo, en los autos 1292 de 2023^[21], 065 de 2021^[22], 507 de 2017^[23] y 166 de 2006^[24], la Corte ordenó, como medida provisional, la entrega de medicamentos e insumos o la debida prestación de los servicios médicos a favor de los accionantes ante el inminente riesgo de que se afecte su salud.

 

2.   Facultad de la Corte Constitucional para suspender excepcionalmente los términos judiciales en las acciones de tutela

 

23.   Los artículos 19^[25] y 21^[26] del Decreto 2591 de 1991 prevén que el juez de tutela podrá requerir la práctica de informes al órgano o autoridad demandada y fundamentar su decisión en diferentes medios de prueba. Por otra parte, el artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015 (Reglamento Interno de la Corte Constitucional)^[27] señala que, con miras a la protección efectiva de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados, el magistrado sustanciador está facultado para decretar las pruebas que estime necesarias para allegar al proceso elementos de juicio relevantes y suficientes. Esa misma disposición prevé que en el evento que se considere la necesidad de decretar la práctica de pruebas, la Sala de Revisión podrá ordenar que se suspendan los términos del proceso, cuando ello fuere necesario. En todo caso, la suspensión no se extenderá más allá de 3 meses contados a partir del momento en que se alleguen las pruebas, salvo que, por la complejidad del asunto, el interés nacional o la trascendencia del caso, sea conveniente un término mayor, que no podrá exceder de 6 meses, el cual deberá ser aprobado por la Sala de Revisión, previa presentación de un informe por el magistrado ponente.

 

3.   Actuaciones procedentes en esta oportunidad

 

24.   La Sala Segunda de Revisión procederá a (i) decretar medidas provisionales de oficio en relación con los expedientes 31 a 34 acumulados, además, de establecer las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento inmediato y efectivo, así como para su seguimiento, y (ii) suspender adicionalmente los términos judiciales en el expediente acumulado de la referencia.

 

3.1. Análisis sobre la procedencia de medidas provisionales

 

25.   La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional advierte acreditados los requisitos para la procedencia de oficio de las medidas provisionales en los expedientes 31 a 34, los cuales fueron acumulados al presente caso el pasado 15 de julio, tal como se observa en la siguiente tabla:

 

 

Tabla 2. Medidas Provisionales. Análisis específico de los requisitos de procedencia

 

26.   Con todo, a continuación se exponen las razones que sustentan la acreditación de los requisitos para la procedencia de oficio de las medidas provisionales de los expedientes 31 a 34, a partir de los requisitos descritos en el fundamento 20 de esta providencia.

 

27.   Apariencia de buen derecho. La Sala advierte que la protección constitucional que reclama cada uno de los tutelantes en dichos expedientes tiene vocación aparente de viabilidad. La jurisprudencia ha sido enfática en que “la atención de los usuarios del sistema de seguridad social en salud debe ser integral, esto es, completa, pues de otra manera no sólo se afecta el derecho a la salud, sino que la inobservancia del mismo invade la órbita de protección de otros derechos como la vida en especial la vida digna, entre otros. La prestación del servicio de salud debe efectuarse con el propósito de brindar una respuesta efectiva a las necesidades del usuario. Esto es, con la totalidad de tratamientos, medicamentos y procedimientos disponibles basados en criterios de razonabilidad, oportunidad y eficiencia”^[30].

 

28.   Asimismo, el artículo 6.° de la Ley Estatutaria 1751 de 2015[31] establece el deber de continuidad en la prestación de los servicios de salud como uno de los principios y elementos de este derecho fundamental. Tal deber implica que las cuestiones de índole presupuestal o administrativa no pueden alegarse para justificar la privación o la interrupción del servicio[32], aun en los casos en que la causa no sea arbitraria e intempestiva[33].

 

29.   Desde ese punto de vista, para la Corte Constitucional la entrega de los medicamentos asegura los principios de accesibilidad e integralidad en la prestación de los servicios^[34]. En esa medida, ha señalado este tribunal que “las entidades prestadoras del servicio de salud están obligadas a suministrar los medicamentos a sus usuarios de manera integral, oportuna y continua. Cualquier retraso, [barrera], o falta de entrega desconoce el derecho a la salud”^[35]. Esta situación cobra mayor relevancia cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional o personas que se encuentran en graves condiciones de salud, como ocurre en los casos bajo revisión, pues esta Corporación ha reconocido el tratamiento integral de los mismos “a) si la EPS fue negligente en el cumplimiento de sus deberes [y] b) si existen prescripciones médicas que especifiquen tanto el diagnóstico del paciente, como los servicios o tecnologías en salud que requiere”[36].

 

30.   En esa medida, la omisión de la EPS en la entrega continua, efectiva y oportuna de los medicamentos, en principio, constituye una vulneración del derecho a la salud, que hace viable su protección transitoria a través de una medida provisional. El fundamento de esta conclusión se evidencia en la Tabla 2 del presente auto y, al efecto, los casos concretos se analizan en dos grupos.

 

31.   Primer grupo. En el expediente (31) T-10.990.420 los médicos tratantes han prescrito a la accionante los fármacos indicados en las órdenes médicas para el tratamiento de sus diagnósticos. Hay indicios de que los medicamentos no han sido entregados por la EPS y la gestora farmacéutica del caso. En estas condiciones, en principio, la Sala advierte una posible omisión en la entrega de cada uno de los medicamentos, por lo que existe apariencia de buen derecho en relación con este caso.

 

32.   Segundo grupo. En los expedientes (32) T-11.002.134, (33) T-11.034.630 y (34) T-11.043.036, el medicamento fue entregado luego de la interposición de la acción de tutela o la parte accionante ha recibido el fármaco últimamente. No obstante, los pacientes tienen derecho a la garantía del suministro continuo de los medicamentos mientras se dicta el fallo que resuelva el presente asunto. Lo anterior, toda vez que la EPS responsable, inicialmente no cumplió con su deber de asegurar el tratamiento para los accionantes de forma continua o con sujeción a la orden del médico tratante y los pacientes debieron recurrir a las acciones de tutela para enfrentar este incumplimiento.

 

33.   Riesgos para los derechos de las partes accionantes ante el tiempo que puede tomar el trámite de revisión. Existen riesgos sobre los derechos a la vida, a la vida digna, a la integridad personal y a la salud de los cuatro accionantes que acreditan apariencia de buen derecho en la formulación de las acciones de tutela. Tales riesgos surgen como consecuencia de: (i) el diagnóstico que presentan los accionantes con enfermedades crónicas, catastróficas y degenerativas; (ii) los desafíos que suponen en su vida cotidiana esos padecimientos; y (iii) el hecho de que la ingesta de los diferentes fármacos, en su mayoría, no debe ser suspendida ni reiniciada sin supervisión médica. Estos riesgos implican que el tiempo que tarde la adopción de una decisión de fondo en este asunto acumulado constituye una amenaza para los accionantes, quienes son sujetos de especial protección constitucional por su edad o su diagnóstico y todos son titulares del derecho fundamental de acceso a los servicios de salud.

 

34.   Ahora bien, es preciso señalar que, en lo que respecta a los expedientes T-11.002.134, T-11.034.630 y T-11.043.036, se logró verificar que en la actualidad los accionantes están recibiendo los medicamentos formulados por los médicos tratantes. Sin embargo, los riesgos previamente descritos persisten en estos casos, toda vez que, conforme a lo dispuesto en los autos 1282 y 1283 de 2025[37] emitidos por la Sala de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, se identificó una problemática en aumento relacionada con la no entrega, entrega incompleta o inoportuna de medicamentos. En ese sentido, el hecho de que actualmente se esté efectuando la entrega de los medicamentos no permite descartar la existencia de una afectación grave e inminente al principio de continuidad en la prestación del servicio de salud, habida cuenta de las dificultades previamente constatadas por la Sala de Seguimiento en relación con la entrega oportuna y adecuada de los fármacos a los usuarios del sistema, circunstancia que pone en riesgo a su vez el acceso efectivo a los tratamientos médicos.

 

35.   Además, en el Auto 1282 de 2025, la Sala Especial identificó específicamente los medicamentos que presentan mayores dificultades de adquisición, entre los cuales se encuentran los siguientes: Denosumab (expediente T-10.990.420), la Insulina glargina y Empagliflozina + Metformina (expediente T-11.034.630) y Imatinib (expediente T- 11.043.036).

 

36.   Lo anterior refuerza la necesidad y urgencia de adoptar las medidas provisionales en los cuatro casos ya indicados, con el fin de garantizar el principio de continuidad en la prestación del servicio de salud, independientemente de que en la actualidad se estén suministrando los medicamentos a los accionantes de los expedientes T-11.002.134, T-11.034.630 y T-11.043.036. En la Tabla 2 de esta providencia se expone en detalle el análisis de los riesgos que el transcurso del proceso de revisión suscita para cada uno de los demandantes.

 

37.   Inexistencia de una carga desproporcionada para las EPS, IPS y gestoras farmacéuticas. La medida provisional no genera un daño desproporcionado para las EPS, IPS y gestoras farmacéuticas accionadas, en la medida en que ellas no están en imposibilidad material de hacer la entrega de los medicamentos y ninguno de los medicamentos requeridos tiene una anotación oficial sobre su desabastecimiento por parte del Invima. De tal suerte, hay existencias de dichos fármacos en el país. En los expedientes (33) T-11.034.630 y (34) T-11.043.036 se ha presentado en algún momento del año riesgo de desabastecimiento, o los medicamentos han estado sometidos a monitorización. En ese sentido, en el evento en que se efectúe una declaratoria de desabastecimiento, la Sala aclara que dichas anotaciones no implican, en manera alguna, una habilitación para la interrupción del suministro de los medicamentos, lo cual debe ser adecuadamente planificado por las autoridades responsables. Aun en los eventos en los que el fármaco esté desabastecido, la EPS tiene el deber de asegurar la reformulación y la entrega efectiva del fármaco sustituto que establezca el médico tratante a través de su red de prestación de servicios, con el fin de que el afiliado acceda a su tratamiento de manera continua. 

 

38.   Medidas provisionales a decretar. Ante la procedencia de la adopción de medidas transitorias para la protección de los derechos de los accionantes, la Sala Segunda de Revisión dispondrá las siguientes medidas provisionales:

 

39.   Primero. La Sala ordenará en relación con el expediente (31) T-10.990.420 que la EPS encargada entregue en el término máximo de cuarenta y ocho (48) horas, los medicamentos prescritos a la accionante conforme a la prescripción médica que se encuentre vigente y que esté pendiente de entrega, o que haya perdido vigencia por razón de la demora en el suministro del medicamento y que originó la presente acción de tutela. Esta entrega deberá efectuarse en el lugar en que se ha hecho hasta el momento, es decir, en el domicilio de la parte tutelante o en el punto de dispensación al que usualmente acude la afiliada. Además, ordenará que, en el evento de que los médicos tratantes prescriban nuevamente los fármacos, estos sean entregados máximo setenta y dos (72) horas antes de que la formulación que se entregó anteriormente se agote y, al momento de efectuar la entrega del medicamento, también se programe y se fije la fecha cierta de la siguiente entrega. De lo anterior, deberá presentarse un informe ante la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.

 

40.   Segundo. En relación con los expedientes (32) T-11.002.134, (33) T-11.034.630 y (34) T-11.043.036, aunque hubo entrega de los fármacos en el desarrollo de un tratamiento médico continuo y hay evidencia de su entrega actual por parte de las EPS, IPS y gestoras farmacéuticas, se ordenará la continuidad en la entrega de los mismos. En estos casos, la Sala ordenará que en el evento de que los médicos tratantes prescriban nuevamente el suministro de los fármacos, estos sean entregados máximo setenta y dos (72) horas antes de que la formulación que se entregó anteriormente se agote y, al momento de efectuar la entrega de los medicamentos, también se programe y se fije la fecha cierta de la siguiente entrega. De lo anterior, deberá presentarse un informe ante la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación. La orden deberá ser cumplida de manera coordinada entre la EPS, la IPS y el gestor farmacéutico correspondiente.

 

41.   Tercero. En aquellos asuntos en los que, durante la ejecución de las medidas provisionales previstas en este auto, el Invima advierta que alguno de los medicamentos ordenados en los expedientes (31) T-10.990.420, (32) T-11.002.134, (33) T-11.034.630 y (34) T-11.043.036 está desabastecido, la EPS deberá asegurar la valoración médica de la parte accionante para identificar las bioequivalencias[38] necesarias para evitar la interrupción del tratamiento. Esta valoración debe efectuarse mínimo cinco (5) días antes de que la formulación que se entregó anteriormente se agote, para garantizar la entrega del medicamento dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la prescripción.

 

42.   Mecanismos de seguimiento al cumplimiento de estas medidas. Con el propósito de asegurar el cumplimiento de las medidas provisionales adoptadas, la Sala ordenará el concurso de la Procuraduría General de la Nación[39], de la Defensoría del Pueblo[40] y de la Superintendencia Nacional de Salud[41]. En concreto, dichos órganos deberán realizar el seguimiento y velar por el cumplimiento de las órdenes decretadas en esta providencia, conforme a las circunstancias identificadas en la Tabla 2 de esta providencia. Para ello ordenará (i) a la Procuraduría General de la Nación que verifique el cumplimiento de las órdenes del presente auto por parte de las EPS, IPS y gestoras farmacéuticas concernidas y que rinda informe periódico mensual sobre su cumplimiento a esta Sala de Revisión; (ii) a la Defensoría del Pueblo que, en cumplimiento de su labor de promoción, protección y garantía de los derechos humanos, acompañe a los accionantes durante el trámite de revisión y refiera a esta Corporación cualquier incumplimiento o evolución de los hechos de cada caso concreto, y presente el correspondiente informe de cumplimiento de forma mensual. Para ello deberá establecer contacto directo y permanente con los accionantes, o con quienes los representen o agencien; y (iii) a la Superintendencia Nacional de Salud que, en el marco de sus funciones de inspección, vigilancia y control, supervise de manera urgente el cumplimiento de las órdenes contenidas en esta providencia, en lo relacionado con la entrega de medicamentos. Asimismo, deberá habilitar canales de seguimiento que garanticen la efectiva ejecución de dichas órdenes, con el fin de asegurar que los accionantes reciban los medicamentos prescritos por sus médicos tratantes, mientras se profiere una decisión definitiva en el asunto de la referencia. Sobre lo anterior, deberá remitir a esta Sala de Revisión un informe mensual periódico.

 

3.2. Suspensión de los términos judiciales

 

43.   A partir de lo informado por el magistrado sustanciador, la Sala Segunda de Revisión considera que en el expediente de la referencia se configuran los presupuestos para proceder a decretar una segunda suspensión excepcional de los términos judiciales. En primer lugar, la documentación que existe en los expedientes digitales evidencia que se trata de un asunto complejo por la naturaleza de las afectaciones al derecho fundamental a la salud, a la vida y a la dignidad humana de quienes accionan. Por otra parte, los hechos relatados por los actores y las pruebas recaudadas hasta el momento sugieren la existencia de asuntos complejos en el sistema general de seguridad social en salud que ameritan revisar con particular detenimiento las acciones, así como sus causas y las circunstancias que puedan estar incidiendo en la posible vulneración de los derechos fundamentales, no sólo de los accionantes en el presente asunto, sino en general de los usuarios del sistema, de conformidad con las decisiones de la Corte Constitucional en materia de salud^[42].

 

44.   Adicionalmente, dada la acumulación que se realizó de los expedientes 31 a 34 y debido al análisis y estudio del decreto probatorio efectuado en los autos del 17 de marzo y 3 de abril del 2025, se evidenció la necesidad de emitir un nuevo auto de pruebas el pasado 20 de octubre de 2025, del cual se está pendiente de recibir contestación.

 

45.   En consecuencia, la Sala Segunda de Revisión considera que en el expediente de la referencia se configuran los presupuestos para proceder a la suspensión excepcional de los términos judiciales. Ello, toda vez que la práctica probatoria se ha prolongado como consecuencia de (i) la complejidad del asunto y el particular volumen de las pruebas recaudadas, (ii) la necesidad de emitir nuevas pruebas en razón al estudio del material probatorio allegado, y (iii) la necesidad de decretar pruebas particulares en relación con los expedientes 31 a 34, recientemente acumulados al trámite de revisión. La información solicitada resulta indispensable para acopiar de la mejor manera posible los medios de prueba necesarios para la adopción de la decisión que corresponda.

 

III. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

Primero. REQUERIR por conducto de la Secretaría General de la Corte Constitucional a las EPS, IPS, laboratorios y operadores logísticos accionados y vinculados[43] para que, en el término de los cinco (5) días siguientes a la  notificación de esta decisión, resuelvan en forma detallada y completa las siguientes preguntas formuladas previamente en el ordinal octavo del Auto del 17 de marzo de 2025:

 

Tabla 3. Preguntas de la orden primera

 

Segundo. REQUERIR por conducto de la Secretaría General de la Corte Constitucional a la parte accionante[44] en los expedientes: (3) T-10.773.946, (4) T-10.773.996, (5) T-10.774.002, (9) T-10.785.672, (12) T-10.787.762, (16) T-10.796.578, (17) T-10.796.598, (19) T-10.800.758, (20) T-10.800.834, (28) T-10.814.534, (29) T-10.820.873 y (30) T-10.821.146 para que, en el término de cinco (5) días siguientes a la notificación de esta decisión, resuelvan en forma detallada y completa el siguiente cuestionario que se formuló en el resolutivo séptimo del Auto del 17 de marzo de 2025:

 

Tabla 4. Cuestionario dirigido a los accionantes

 

Tercero. ORDENAR como medida provisional a Nueva EPS, que en el término máximo de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, ENTREGUEN los medicamentos: Carboximetilcelulosa sódica, solución oftálmica 5 mg, y Denosumab 60 mg a la parte accionante del expediente (31) T-10.990.420, conforme a la prescripción médica vigente o sin vigencia por mora en el suministro, pendiente de entrega, y que originó la acción de tutela bajo revisión. Ello, según la Tabla 2 de esta providencia. Esta entrega deberá efectuarse en el lugar en que se ha hecho hasta el momento, es decir, en el domicilio de la parte tutelante o en el punto de dispensación al que usualmente acude la afiliada. En el evento de que los médicos tratantes prescriban nuevamente el suministro de los fármacos aludidos, estos serán entregados máximo setenta y dos (72) horas antes de que la formulación que se entregó anteriormente se agote y que al momento de efectuar la entrega de los medicamentos, también debe programarse y fijarse la fecha cierta de la siguiente entrega. Sobre el cumplimiento de esta orden, Nueva EPS deberá ENVIAR un informe a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación tan pronto se ejecute y dentro los primeros (5) cinco días de cada mes y mientras esta medida provisional se encuentre vigente, en el que acrediten la entrega material del medicamento y haber informado la fecha cierta de su próxima entrega a la parte accionante.

 

Cuarto. ORDENAR a las EPS, IPS y gestores farmacéuticos relacionados en la Tabla 5 que se encuentra a continuación  que, en el evento de que el médico tratante prescriba nuevamente el suministro del medicamento, ENTREGUEN el(los) medicamento(s) a la parte accionante conforme a la prescripción médica que corresponda, máximo setenta y dos (72) horas antes de que la formulación que se entregó anteriormente se agote, y que al momento de efectuar la entrega del medicamento, también debe programarse y fijarse la fecha cierta de la siguiente entrega. Sobre el cumplimiento de esta orden, las EPS, las IPS y los gestores farmacéuticos, individual o integradamente, deberán ENVIAR un informe a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación, tan pronto se ejecute y dentro los primeros cinco (5) días de cada mes y mientras esta medida provisional se encuentre vigente, en el que acrediten la entrega material del medicamento y haber informado la fecha cierta de su próxima entrega a la parte accionante. El cumplimiento de esta orden deberá efectuarse de manera coordinada entre la EPS, la IPS y el gestor farmacéutico correspondiente, bajo la advertencia de que la garantía de la entrega del medicamento es responsabilidad de la EPS.

 

Tabla 5. Destinatarios de la orden cuarta

 

Quinto. ADVERTIR a los destinatarios de las órdenes primera y segunda de la parte resolutiva de esta providencia que durante la ejecución de las medidas provisionales adoptadas y en aquellos eventos en los que el Invima alerte el desabastecimiento de alguno de los medicamentos prescritos en cada uno de los expedientes referidos, la EPS correspondiente deberá asegurar la valoración médica inmediata de la parte accionante, para identificar las bioequivalencias necesarias para evitar la interrupción del tratamiento. Esta valoración debe efectuarse mínimo cinco (5) días antes de que la formulación que se entregó anteriormente se agote. Además, el medicamento sustituto deberá entregarse dentro de máximo las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la prescripción.

 

Sexto. ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación que verifique el cumplimiento de las órdenes del presente auto por parte de las EPS, IPS y gestoras farmacéuticas concernidas y que rinda informe sobre su cumplimiento a esta Sala de Revisión, en forma mensual, dentro de los primeros diez (10) días de cada mes.

 

Séptimo. ORDENAR a la Defensoría del Pueblo que, en cumplimiento de su labor de promoción, protección y garantía de los derechos humanos, acompañe a los accionantes durante el trámite de revisión y refiera a esta Sala de Revisión cualquier incumplimiento o evolución de los hechos de cada caso concreto, y presente ante esta Sala el correspondiente informe de cumplimiento en forma mensual, dentro de los primeros diez (10) días de cada mes. Para ello deberá establecer contacto directo y permanente con los accionantes, o con quienes los representen o agencien.

 

Octavo. ORDENAR a la Superintendencia Nacional de Salud que, en el marco de sus funciones de inspección, vigilancia y control, supervise de manera urgente el cumplimiento de las órdenes contenidas en esta providencia, en lo relacionado con la entrega de medicamentos. Asimismo, deberá habilitar canales de seguimiento que garanticen la efectiva ejecución de dichas órdenes, con el fin de asegurar que los accionantes reciban los medicamentos prescritos por sus médicos tratantes, mientras se profiere una decisión definitiva. Dentro de los primeros diez (10) días de cada mes, deberá presentar a esta Sala de Revisión el correspondiente informe de cumplimiento.

 

Noveno. SUSPENDER los términos para fallar este proceso de revisión por tres (3) meses, contados a partir de la fecha del presente auto, para lo cual se ordena a la Secretaría General de la Corte Constitucional adoptar las anotaciones y medidas del caso.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General