TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-445/25

 

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA-Factor territorial/CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA EN TUTELA POR FACTOR TERRITORIAL-Competencia del lugar donde ocurrió la violación o donde tiene efectos

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

AUTO 445 DE 2025

 

Referencia: expediente ICC–4946

 

Asunto: conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado 002 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Medellín, Antioquia y el Juzgado 001 Penal del Circuito para Adolescentes con función de Conocimiento de Zipaquirá, Cundinamarca

 

Tema: conflicto de competencia en materia de tutela por factor territorial

 

Magistrada ponente:

Paola Andrea Meneses Mosquera

 

Bogotá D. C., dos (2) de abril de dos mil veinticinco (2025)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de la prevista en el literal e) del artículo 5º de su Reglamento Interno, dicta el siguiente

 

AUTO

 

Aclaración preliminar. Con fundamento en el artículo 61 del Acuerdo 01 de 2025 (Reglamento de la Corte Constitucional) y la circular interna núm. 10 de 2022, la Sala Plena considera necesario suprimir de esta providencia el nombre de los accionantes, así como los datos e información que permitan conocer su identidad. Esto, como medida de protección de su intimidad. Por ende, en la versión publicada de esta sentencia se cambiará la identificación del accionante y la información que permita identificarlo, por seudónimos en cursiva. 

 

I.                  ANTECEDENTES

 

1.                 Solicitud de amparo. Joseph y Alicia, en nombre propio y en representación de su hijo Kevin, por intermedio de apoderada judicial, interpusieron una acción de tutela en contra de las notarías 20 y 13 del Círculo de Medellín, Antioquia, y la Registraduría Nacional del Estado Civil, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, a la familia, a la personalidad jurídica y los derechos de los niños. Argumentaron que las notarías accionadas se negaron a registrar al menor de edad con sus nombres como padres biológicos, bajo el argumento de que el niño nació por gestación subrogada y, por lo tanto, quien debía registrarse como madre, es la madre gestante, pues es quien dio a luz al menor de edad[1]. En su escrito, los accionantes brindaron la siguiente información: (i) su residencia se encuentra en Trinidad y Tobago y (ii) la dirección de notificaciones de su apoderada es en Cajicá, Cundinamarca. Además, el escrito de demanda fue radicado ante los jueces de la ciudad de Medellín.

 

2.                 Declaraciones de falta de competencia. La tutela correspondió por reparto al Juzgado 002 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín. El 11 de marzo de 2025, la autoridad ordenó remitir el expediente a los «Juzgados de Categoría Circuito de Zipaquirá (Cundinamarca)»[2]. Lo anterior, por considerar que, dado que la apoderada de los accionantes tiene su domicilio en Cajicá, corresponde al juez del circuito[3] que tiene competencia en esa ciudad conocer del expediente[4]. El asunto fue nuevamente repartido al Juzgado 001 Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Zipaquirá, autoridad que, el 12 de marzo de 2025, no avocó conocimiento del asunto, planteó un conflicto negativo de competencias y ordenó la remisión del expediente a la Corte Constitucional para que lo dirimiera[5]. En sustento de la decisión, manifestó lo siguiente: (i) Medellín es el lugar donde ocurrió la posible vulneración y se surten sus efectos, en tanto es allí donde «se intentó y fue negado el registro del menor»[6]; (ii) esa ciudad es el sitio que escogieron los accionantes para presentar la tutela[7].

 

II.               CONSIDERACIONES

 

3.                 Competencia. La Sala Plena considera que, si bien el conflicto debió ser resuelto por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia[8], la Corte Constitucional es competente, de manera residual, para resolver el presente asunto. Lo anterior, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela y en aras de evitar que se dilate aún más una decisión de fondo.

 

4.                 Factor de competencia territorial. La Corte Constitucional ha señalado que existen tres factores de competencia en materia de tutela, a saber: (i) subjetivo; (ii) funcional y (iii) territorial. De conformidad con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en aplicación de este último, el conocimiento de la tutela corresponde al juez del lugar donde se presentó o se producen los efectos de la supuesta vulneración de los derechos fundamentales de la persona. Este lugar no necesariamente coincide con el domicilio de las partes^[9]. Ahora bien, en los casos en que ambas autoridades en conflicto sean competentes desde el factor territorial para conocer la tutela, se le deberá otorgar prevalencia a la elección hecha por el demandante, en virtud del criterio «a prevención»[10]. Finalmente, la Corte ha precisado que la dirección de notificación de los apoderados judiciales no es relevante para determinar la competencia territorial[11].

 

5.                 Caso concreto. La Sala Plena considera que el Juzgado 002 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Medellín, es la autoridad llamada a resolver la tutela. Esta conclusión se funda en dos razones. Primero, tal autoridad es la competente desde el ámbito territorial para conocer la tutela, en tanto es allí donde ocurrió la presunta vulneración de los derechos. Esto, porque Medellín es el lugar donde los accionantes recibieron la negativa del registro como padres del menor de edad. Segundo, no existe ningún elemento que permita concluir que en Cajicá hubiere ocurrido una posible vulneración de los derechos o se hubieren producido sus efectos. Esta ciudad es, únicamente, el municipio de residencia de la apoderada de los accionantes, lo cual, conforme a la jurisprudencia de la Corte, no es relevante para determinar la competencia territorial[12].

 

6.                 En estos términos, la Sala Plena dejará sin efectos el Auto del 11 de marzo de 2025 dictado por el Juzgado 002 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Medellín, y remitirá el expediente a dicha autoridad judicial para que continúe con el trámite y dicte una decisión. Además, advertirá al Juzgado 001 Penal del Circuito para Adolescentes con función de Conocimiento de Zipaquirá que, en caso de proponer conflictos de competencia en el trámite de acciones de tutela, remita los expedientes a las autoridades judiciales previstas en la Ley 270 de 1996.

 

III.       DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

 

RESUELVE

 

PRIMERO. DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 11 de marzo de 2025, dictado por el Juzgado 002 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Medellín, en el marco de la acción de tutela promovida por Joseph y Alicia, en nombre propio y en representación de su hijo Kevin, en contra de las notarías 20 y 13 del Círculo de Medellín, Antioquia y la Registraduría Nacional del Estado Civil.

 

SEGUNDO. REMITIR el expediente ICC–4946 al Juzgado 002 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Medellín, para que de forma inmediata tramite y adopte la decisión a la que haya lugar.

 

TERCERO. ADVERTIR al Juzgado 001 Penal del Circuito para Adolescentes con función de Conocimiento de Zipaquirá, que siempre que proponga un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996. 

 

CUARTO. Por Secretaría General, COMUNICAR a la parte actora y al Juzgado 001 Penal del Circuito para Adolescentes con función de Conocimiento de Zipaquirá la decisión adoptada mediante esta providencia.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

Ausente con comisión

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General