TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-570/25

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Controversias sobre procesos ejecutivos originados en condenas impuestas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

 

AUTO 570 DE 2025

 

 

Referencia: Expediente CJU-6323

 

Asunto: Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 052 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Segunda y el Juzgado 007 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá.

 

Magistrada ponente:

Paola Andrea Meneses Mosquera

 

 

Bogotá D. C., treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I.                  ANTECEDENTES

 

1. La causa judicial. El 15 de julio de 2024, la Fiduciaria Previsora S.A. (Fiduprevisora), en nombre y representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) presentó ante el Juzgado 052 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá “solicitud de ejecución de providencia judicial” en contra de Henry Redondo Serrano[1]. La entidad pretende que: (i) “se libre mandamiento de pago por el valor de las costas procesales aprobadas por [ese] despacho”; (ii) “se libre mandamiento de pago por concepto de intereses moratorios sobre los valores determinados en el auto de aprobación y liquidación de costas procesales, a la tasa máxima legal permitida, calculados desde la ejecutoria de dicho auto hasta la fecha de pago efectivo” y (iii) se condene y ejecute a Henry Redondo Serrano “por concepto de costas procesales que se causen en el proceso ejecutivo”[2].

 

2. El señor Henry Redondo Serrano actuó como demandante en el proceso judicial instaurado en contra de la Nación- Ministerio de Educación Nacional –FOMAG, el cual conoció, en primera instancia, el Juzgado 052 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Segunda[3]. En el referido proceso, el 1 de julio de 2021, dicha autoridad judicial resolvió: (i) negar las pretensiones de la demanda y (ii) no condenar en costas[4]. Luego, mediante sentencia del 28 de enero de 2022^[5], el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda, Subsección “E” (i) confirmó la sentencia de primera instancia y (ii) condenó en costas al señor Redondo Serrano[6]. Mediante auto del 23 de marzo de 2022[7], la Sección Segunda del Juzgado 052 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá aprobó la liquidación de costas procesales fijadas en sentencia de segunda instancia.

 

3. Actuaciones y postura de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por reparto[8], el proceso correspondió al Juzgado 052 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Segunda, quien mediante providencia del 31 de julio de 2024[9] (i) declaró su falta de jurisdicción para conocer del asunto y (ii) remitió por competencia el proceso a la Oficina de Reparto de los Juzgados Civiles Municipales de Bogotá[10].

 

4. Como fundamento de su decisión, señaló que la Corte Constitucional en el Auto 857 de 2021 determinó que los procesos ejecutivos que se derivan de condenas impuestas a entidades públicas, por su naturaleza, corresponden a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Sin embargo, afirmó que en este caso la jurisdicción de lo contencioso administrativo carece de competencia al tratarse de una obligación de pago de una condena en costas procesales a cargo de un particular, en consecuencia, la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil es la competente para dirimir este tipo de controversias. Apoyó su posición en los artículos 104.6 y 297 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante, CPACA), 422 del Código General del Proceso (en adelante, CGP), 12 de la Ley 270 de 1996, así como en el Auto 857 de 2021 de la Corte Constitucional[11].

 

5. Actuaciones y postura de la jurisdicción ordinaria civil. Inicialmente, el proceso fue asignado[12] al Juzgado 027 Civil Municipal de Bogotá, el cual, mediante auto del 19 de septiembre de 2024[13] (i) rechazó la “demanda” impetrada por FOMAG al carecer de competencia por el factor cuantía y (ii) ordenó remitirla a la oficina judicial, con el fin de que verificara el reparto entre los Juzgados Civiles Municipales de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá. Lo anterior, con base en lo previsto en los artículos 17, 26.1 y 90 del CGP, en consonancia con el Acuerdo PCSJA18-11068 del 27 de julio de 2028, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura.

 

6. Posteriormente, el asunto le fue asignado[14] al Juzgado 007 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá. Mediante Auto del 29 de enero de 2025[15], dicha autoridad judicial resolvió: (i) abstenerse de avocar conocimiento del asunto; (ii) provocar el conflicto negativo de competencia y (iii) remitir el proceso a la Corte Constitucional, con el fin de que indique el funcionario competente para conocer del litigio[16]. Argumentó que el trámite de la solicitud sub examine le corresponde al Juzgado 052 Administrativo de Bogotá, en tanto se trata del conocimiento de la solicitud de ejecución de una condena impuesta en sentencia judicial proferida por un juez de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, formulada a continuación del proceso en el que se emitió la condena cuya ejecución se reclama. Como sustento legal mencionó los artículos 298 y 306 del CPACA y el artículo 306 del CGP[17].

 

7. Actuaciones en la Corte Constitucional. El proceso fue enviado a esta corporación el 18 de febrero de 2025[18]. Posteriormente, el 18 de marzo de 2025, la Secretaría General de la Corte Constitucional remitió el expediente al despacho de la magistrada sustanciadora, de acuerdo con el reparto efectuado el 17 de marzo del mismo año[19].

 

II.               CONSIDERACIONES

 

1.     Competencia  

 

8. La Corte Constitucional está facultada para resolver los conflictos de competencia entre jurisdicciones, de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política.

 

2.     Delimitación del asunto objeto de decisión y metodología

 

9. La Sala Plena debe resolver la controversia suscitada entre el Juzgado 052 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Segunda y el Juzgado 007 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá, la cual versa sobre la competencia para conocer la solicitud de ejecución de una condena en costas proferida por las autoridades de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Para ese efecto, en primer lugar, la Sala verificará si la controversia entre estas autoridades judiciales cumple con los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo de los conflictos de jurisdicciones (sección II.3 infra). En segundo lugar, de constatarse el cumplimiento de tales presupuestos, reiterará las reglas de competencia para conocer de solicitudes de ejecución de sentencias emitidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo (sección II.4 infra). Por último, resolverá el conflicto y determinará cuál es la autoridad judicial que debe asumir o continuar con el conocimiento del proceso (sección II.5 infra).

 

3.     Presupuestos de los conflictos de jurisdicciones  

 

10. Los conflictos de competencia entre jurisdicciones se presentan cuando dos o más autoridades judiciales “se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ningun[a] le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”^[20]. La Corte Constitucional ha sostenido en reiterada jurisprudencia que para que este tipo de conflictos se configuren, es necesario que se acrediten tres presupuestos: subjetivo, objetivo y normativo^[21].

 

 

11. La controversia sub examine configura un conflicto de jurisdicciones por las siguientes razones:

 

11.1. Satisface el presupuesto subjetivo porque enfrenta a dos autoridades judiciales de distintas jurisdicciones, esto es, (i) al Juzgado 052 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Segunda, que forma parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y (ii) al Juzgado 007 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá, que forma parte de la jurisdicción ordinaria^[25].

 

11.2. Satisface el presupuesto objetivo porque las autoridades judiciales rechazaron el conocimiento de una solicitud de ejecución, la cual tiene naturaleza judicial.

 

11.3. Satisface el presupuesto normativo porque las autoridades judiciales indicaron los fundamentos jurídicos, constitucionales y legales, con base en los cuales consideran que carecen de competencia para conocer el asunto (párrs. 4 y 6, supra).

 

4.     Competencia para conocer de las solicitudes de ejecución de providencias judiciales en las que se reclame el pago de condenas impuestas por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo a particulares. Reiteración del Auto 008 de 2022

 

12. Competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer procesos de ejecución de providencias judiciales. En el Auto 008 de 2022^[26], la Corte estableció la siguiente regla de decisión: “[e]l conocimiento de las solicitudes de ejecución de condenas impuestas en sentencias judiciales proferidas por jueces de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, formuladas a continuación del proceso en el que se emitieron las condenas cuya ejecución se reclama, corresponde a esa misma jurisdicción de acuerdo con los artículos 298 y 306 del CPACA y el artículo 306 del CGP”.

 

13. En la referida providencia, la Corte afirmó que a partir del artículo 306 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del CPACA, “es procedente la ejecución a continuación del proceso de conocimiento declarativo y condenatorio”. En tal sentido, ha de entenderse que la solicitud de ejecución de providencias “pretende el cobro de la condena, para que la providencia se cumpla dentro del mismo proceso”, y no constituye una nueva “demanda ejecutiva separada o independiente”^[27]. Por tanto, “es el mismo juez de conocimiento, esto es, aquel que profirió la sentencia condenatoria, el competente para conocer de esa solicitud de ejecución”. Por lo demás, la Sala precisó que en el marco de estas solicitudes, las autoridades judiciales no pueden imponer “restricciones fundadas en la naturaleza del demandado”.

 

5.     Caso Concreto

 

La jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer el caso que suscita el conflicto sub examine. La Sala Plena considera que la solicitud de ejecución presentada por la Fiduprevisora en contra de Henry Redondo Serrano debe ser conocida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esto, porque tal petición no constituye una acción judicial independiente, por el contrario, se busca ejecutar la condena en costas impuesta a Henry Redondo Serrano en segunda instancia dentro del proceso nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicado 11001334205220200033900, la cual fue aprobada por el Juzgado 052 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Segunda.

 

14. Adicionalmente, aunque es claro que el demandante es un particular, esto no afecta la competencia jurisdiccional del asunto, en razón a que no se trata de una demanda ejecutiva separada o independiente. Antes bien, está ligada a la sentencia judicial condenatoria proferida al interior de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Así las cosas, no resulta admisible el argumento del Juzgado 052 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Segunda en virtud del cual rechazó el conocimiento del asunto con fundamento en la naturaleza del demandado.

 

15. En virtud de lo expuesto, la Sala Plena concluye que en el presente caso le corresponde el conocimiento del asunto a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por lo tanto, ordenará remitir el expediente CJU-6323 al Juzgado 052 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Segunda para lo de su competencia y para que comunique la presente determinación.

 

16. Regla de decisión. “El conocimiento de las solicitudes de ejecución de condenas impuestas en sentencias judiciales proferidas por jueces de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, formuladas a continuación del proceso en el que se emitieron las condenas cuya ejecución se reclama, corresponde a esa misma jurisdicción de acuerdo con los artículos 298 y 306 del CPACA y el artículo 306 del CGP”[28].

 

III.           DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

Primero. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 052 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Segunda y el Juzgado 007 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá en el sentido de DECLARAR que el Juzgado 052 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Segunda es la autoridad competente para conocer la solicitud de ejecución presentada por la Fiduprevisora en contra de Henry Redondo Serrano.

 

Segundo. Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-6323 el Juzgado 052 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Segunda, para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados en este trámite y al Juzgado 007 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General