A1453-26


 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

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CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

AUTO 1453 DE 2026

 

Referencia: expediente T-10.538.924.

 

Acción de tutela instaurada por Ricardo Camilo Niño Izquierdo en contra del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, la Gobernación del Meta y la Alcaldía e Inspección de Policía de Puerto Gaitán.

 

Magistrada sustanciadora:

Natalia Ángel Cabo.

 

Bogotá, D.C., catorce (14) de octubre de dos mil veintiséis (2026).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991 y 64 del Acuerdo 02 de 2015, profiere el siguiente

 

AUTO

Esta providencia se emite dentro del proceso de revisión de las sentencias de tutela proferidas el 2 de julio de 2024 por el Juzgado 38 Penal del Circuito de Bogotá (primera instancia) y el 24 de agosto de 2024 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá (segunda instancia). Estos fallos se profirieron en el marco de la acción de tutela interpuesta por el secretario técnico indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, Camilo Niño Izquierdo, en nombre de la comunidad indígena Barrulia, en contra del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, la Gobernación del Meta y la Alcaldía e Inspección de Policía de Puerto Gaitán.

 

 

 

I.      ANTECEDENTES

 

A.   Hechos y pretensiones

 

1. La acción de tutela de la referencia fue presentada el 17 de junio de 2024 por el secretario técnico indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (en adelante, CNTI) en nombre de la comunidad indígena Barrulia.

 

2. La comunidad Barrulia son una comunidad indígena con movilidad estacional que hace parte del pueblo Sikuani y que históricamente ha habitado diferentes sectores de la altillanura del departamento del Meta. En la tutela se relató que la comunidad se estableció de forma semipermanente, en la zona que reconocen como su territorio ancestral, en la década de 1930[1]. Sin embargo, debido a los enfrentamientos que se dieron tras la movilización de las guerrillas liberales en 1945, a la masacre de las Planas que se produjo en 1969, a sus prácticas tradicionales de movilidad a través del territorio y a los procesos de colonización y cercamiento que se dieron a finales del siglo XX[2], la comunidad Barrulia perdió el acceso a su territorio ancestral. Esto ha puesto en riesgo su supervivencia y existencia[3].

 

3. Por esa razón, la comunidad indígena, con el acompañamiento de organizaciones como la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Organización Nacional Indígena (en adelante ONIC), ha ejercido diferentes acciones jurídicas para proteger y recuperar lo que considera es su territorio ancestral y que, según la tutela, está compuesto por 42 predios ubicados en Puerto Gaitán. Una de estas acciones fue la solicitud de protección provisional a la posesión ancestral prevista en el Decreto 2333 de 2014, que la comunidad presentó en octubre de 2017. En virtud de esa petición, tras varios años y recursos, el 6 de junio de 2024 la Agencia Nacional de Tierras (ANT) le concedió a la comunidad una medida sobre 2 de los 42 predios solicitados, denominados Cuba Libre y Campoalegre[4].

 

4. Asimismo, en noviembre de 2020, la comunidad solicitó a la Unidad de Restitución de Tierras (URT) que iniciara el trámite de restitución de derechos territoriales[5] y a la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas (UARIV) que incluyera a la comunidad en el Registro Único de Víctimas (en adelante, RUV). Ambas solicitudes, no obstante, fueron decididas en contra de sus intereses, en parte, porque las entidades consideraron que el desplazamiento ocurrió antes de enero de 1991, no tenía un vínculo con el conflicto armado y la comunidad llevaba varias décadas sin hacer una ocupación permanente del territorio[6].

 

5. Ante ese panorama, en 2021 la comunidad decidió retornar a su territorio ancestral e instalarse en el predio denominado Villa Esperanza. Esa situación dio origen al proceso policivo que inició por una querella de la presunta propietaria del inmueble y que terminó con el desalojo de la comunidad indígena en junio de 2024[7], en virtud del cual se interpuso la acción de tutela[8].

 

6. El secretario técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) argumentó que las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales de la comunidad indígena Barrulia al desalojarla de un predio que llevaba ocupando por varios años, sin dar garantías en materia de albergue o ayuda humanitaria, y tras un trámite policivo que violó el debido proceso[9].  Para el secretario técnico de la CNTI, los hechos constituyen una vulneración de los derechos al territorio y a la supervivencia de la comunidad indígena Barrulia pues, a pesar de que la ANT concedió la medida provisional de protección al territorio ancestral sobre los predios conocidos como Cuba Libre y Campoalegre[10], no se ha hecho la entrega material de estos inmuebles. Tras el desalojo, que ocurrió el 12 y 13 de junio de 2024, la comunidad se albergó en el polideportivo Unuma de Puerto Gaitán y, para el momento de presentación de la tutela, no había recibido ningún tipo de ayuda humanitaria.

 

7. Como pretensiones, el secretario técnico Indígena de la CNTI solicitó al juez constitucional ordenar: (i) que se brinde ayuda humanitaria de albergue, alimentación, atención en salud, educación y vivienda digna a la comunidad Barrulia; (ii) la entrega de los predios ancestrales Campoalegre y Cuba Libre; y (iii) la suspensión de todos los procesos policivos ante las inspecciones competentes. También pidió que se inste a la Defensoría del Pueblo a tomar declaraciones individuales de miembros de la comunidad en aras de que sean reconocidos como víctimas del conflicto armado por la UARIV.

 

B.    Respuestas de las entidades accionadas

 

8. La Inspección de Policía Rural No. 1 del municipio de Puerto Gaitán[11] y el Municipio de Puerto Gaitán[12] solicitaron que se declare improcedente la acción de tutela. Según afirmaron, el desalojo que se llevó a cabo los días 12 y 13 de junio de 2024 respetó los derechos fundamentales de la comunidad y esta se negó a que las autoridades realizaran el censo de caracterización.

 

9. Por su parte, la Gobernación del Meta[13], la Agencia Nacional de Tierras[14], la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas[15] y la Procuraduría General de la Nación pidieron ser desvinculadas del proceso, pues consideran que no son responsables de la vulneración de derechos fundamentales alegada en la tutela. Finalmente, el Ministerio de Agricultura[16] indicó que acompañó a la comunidad en las gestiones necesarias para obtener la suspensión del desalojo y que estaba gestionando una mesa de diálogo para resolver la situación que enfrentan los Barrulia y otras comunidades indígenas de la región.

 

C.    Fallos de tutela objeto de revisión

 

10.  El 2 de julio de 2024, el Juzgado 38 Penal del Circuito de Bogotá[17] tuteló los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas y a la vivienda digna de la comunidad indígena Barrulia. La autoridad judicial ordenó al municipio de Puerto Gaitán garantizar los medios mínimos de subsistencia, esto es, alimentación, implementos de aseo y otras necesidades básicas mientras se soluciona el tema de la reubicación. También requirió tomar las medidas necesarias para que lo resuelto por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en lo que respecta a la medida de protección provisional del territorio ancestral se haga efectivo, de forma que la población pueda acceder a los predios Cuba Libre y Campoalegre.

 

11. Dicha decisión fue impugnada por la Alcaldía de Puerto Gaitán y, el 23 de agosto de 2024, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá[18] revocó el fallo de primera instancia porque consideró que el secretario técnico indígena de la CNTI no tenía legitimación para interponer la tutela en nombre de la comunidad Barrulia.

 

D.   Actuaciones en sede de revisión y avances relevantes del proceso

 

12. El expediente fue seleccionado mediante auto del 29 de octubre de 2024 por la Sala de Selección de esta Corporación. Dicha Sala, además, lo acumuló con el expediente T-10.600.746 y repartió los expedientes acumulados a la magistrada Natalia Ángel Cabo[19]. Sin embargo, mediante auto del 17 de enero de 2025, la Sala Primera de Revisión decidió desacumular los procesos por falta de unidad de materia entre ambos casos.

 

13. La magistrada sustanciadora y la Sala Primera de Revisión han expedido diferentes autos para recabar los elementos de prueba necesarios para entender el complejo contexto de disputas territoriales en el que se enmarca el caso y tener un panorama más claro de las actuaciones que se han adelantado, los obstáculos que han enfrentado y los diferentes intereses que están en tensión[20]. Para ello, además, fue necesario emplazar y vincular a algunas entidades y terceros con interés. En los informes recibidos se evidenció que, a pesar de la entrega de algunas ayudas humanitarias, existían riesgos inminentes en materia de salud para la población que se encontraba albergada en el polideportivo Unuma. Por esta razón, la Sala decretó una primera medida provisional dirigida a que se realizaran brigadas mensuales de salud en el polideportivo.

 

14. Con posterioridad, la Corte ha sido informada de diferentes obstáculos y también de algunos avances en lo que respecta a la materialización de la medida de protección a la ocupación y posesión ancestral que reconoció la ANT en junio de 2024 sobre los predios Cuba Libre y Campoalegre.

 

15. En concreto, en lo que respecta al predio Cuba Libre, la ANT indicó que ya finalizó el proceso de recuperación de baldíos por indebida ocupación[21]. Sin embargo, el predio corresponde a un área remanente de un predio de mayor extensión sobre el cual se realizaron ocho adjudicaciones entre 1995 y 1998[22]. El área que quedó tras esas adjudicaciones corresponde a un poco más de 63 hectáreas que no han salido del dominio del Estado, que ya se encuentran identificadas como un baldío de la Nación[23] y que deben entregarse a la comunidad indígena Barrulia.

 

16. No obstante, de acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras, el terreno está cercado por otros predios y no tiene vías de acceso. Si bien existen vías internas de los predios adyacentes que conducen al mismo, los presuntos propietarios de dichos predios no permiten el ingreso público ni el uso de las vías para acceder al predio. Incluso, el 24 de enero de 2025, la comunidad menonita negó el acceso a los funcionarios encargados de la diligencia de recuperación material del inmueble Cuba Libre[24]. Por ello, la agencia no ha hecho la aprehensión material y no puede entregarlo a la comunidad indígena hasta que judicialmente no se declare una servidumbre de paso[25].

 

17. El 22 de mayo de 2025, la ANT radicó una querella policiva[26] por comportamientos contrarios al derecho de servidumbre[27], pero ante la demora de ese trámite, el 19 junio de 2025, la agencia solicitó al Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Gaitán el decreto de una prueba extraprocesal de inspección judicial con el fin de elaborar un dictamen pericial con destino al proceso judicial de servidumbre de tránsito que se hallaba en curso[28].

 

18. Dado que la Agencia Nacional de Tierras no obtuvo respuesta sobre la admisibilidad de esa prueba, la misma agencia  elaboró un avalúo a través de métodos indirectos y, el 31 de julio de 2025, radicó una demanda de imposición de servidumbre de tránsito en contra de los presuntos propietarios de los 5 predios identificados a través de métodos indirectos[29].  El 18 de septiembre siguiente, en una audiencia dentro del proceso policivo por comportamientos contrarios al derecho de servidumbre, la ANT logró identificar de manera directa 9 predios que se verían afectados por la servidumbre[30].

 

19. A lo largo del proceso, tanto la gobernadora de la comunidad Barrulia como las entidades accionadas y representantes de la comunidad religiosa Menonita han puesto de presente que existe una marcada tensión entre esos dos grupos[31]. La comunidad Menonita ha venido adquiriendo tierras en Puerto Gaitán, al parecer, desde el 2017[32] y se opone a cualquier reconocimiento en favor de la comunidad indígena. Según la Agencia Nacional de Tierras y los miembros de la comunidad religiosa ante esta Corte, los miembros de la comunidad menonita no solo se oponen al establecimiento voluntario de la servidumbre de paso que permitiría la entrega del predio Cuba Libre a la comunidad indígena, sino también al reconocimiento general de derechos territoriales de la comunidad y a su registro como víctima del conflicto armado, pues consideran que el hecho de que los Barrulia lleven varias décadas sin ocupar el territorio desvirtúa el vínculo material con las tierras pretendidas[33]. Además, alegan ser los legítimos propietarios y solicitan que se respete su derecho a la propiedad privada.

 

20. Además, la comunidad indígena accionante y algunas autoridades han denunciado que la explotación agrícola de los religiosos menonitas y otros actores ha generado afectaciones ambientales sobre la zona pretendida como territorio ancestral. De hecho, en octubre de 2023, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) solicitó al Juez Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio la imposición de una medida cautelar para los asentamientos de diferentes comunidades del pueblo Sikuani y Sáliba ubicadas en Puerto Gaitán. La Unidad indicó que la acelerada expansión de las actividades de arado de la comunidad Menonita hacia las inmediaciones de los caños, la deforestación en áreas de conservación y las constantes amenazas a las autoridades indígenas requerían con urgencia de la intervención de un juez[34].

 

21. En el Auto interlocutorio AIR-24-137 del 6 de agosto de 2024, el Juzgado Promiscuo Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio decretó la medida cautelar solicitada. Tras constatar la afectación ambiental y la significancia que esta tiene para las comunidades indígenas, el juzgado ordenó medidas de protección relacionadas con el daño ambiental, entre ellas, la iniciación inmediata de investigaciones o procesos administrativos ambientales por parte de Cormacarena y de la Fiscalía.

 

22. Frente a los procesos penales, la Fiscalía[35] informó a la Corte que existe un proceso en etapa de juicio en contra de doce miembros de la comunidad Menonita por daños en los recursos naturales e invasión de áreas de especial importancia ecológica. Igualmente, Cormacarena[36] informó que existen dos actos administrativos sancionatorios en firme por actividades de tala, remoción de cobertura vegetal y ocupación de cauce que se llevaron a cabo en el predio Campoalegre. Asimismo, existen por lo menos 4 procesos sancionatorios por infracciones ambientales presuntamente cometidas por miembros de esa comunidad religiosa.

 

23. En cumplimiento de la medida provisional que ordenó esta Sala mediante el Auto 418 de 2025, diferentes autoridades llevaron a cabo de manera coordinada brigadas de salud en el polideportivo donde se encontraban los miembros de la comunidad Barrulia[37].

 

24. Mediante autos del 24 de septiembre, del 24 de noviembre de 2025 y del 19 de enero de 2026 se realizó el emplazamiento y/o vinculación de quienes aparecen como propietarios, poseedores o alegaron tener algún derecho sobre los predios que, en principio, se verían gravados por una eventual servidumbre de tránsito. A raíz de esas vinculaciones, se recibieron escritos de diversas partes que pueden sintetizarse así:

 

· El señor Abran Wall Fehr, la Acción Sociedad Fiduciaria S.A., como vocera del Fideicomiso Garantía Santa Clara FA-255, y la Agropecuaria Aliar S.A. enviaron escritos a la Corte Constitucional. En estos documentos centraron su argumentación en la existencia de mecanismos judiciales ordinarios como el proceso de servidumbre en el que deben definirse las posibles limitaciones a su propiedad.

 

· Las señoras Magda Esperanza Rojas Gutiérrez[38], Myriam Consuelo Rojas Gutiérrez[39] y el señor Kasimiro Slotkus Velavicius -y las otras 32 personas que suscribieron su intervención-[40] defendieron sus derechos de propiedad o posesión de los predios y negaron el carácter ancestral o colectivo del territorio.

 

25. Posteriormente, mediante Auto 253 de 2026, la Sala Primera de Revisión adoptó otras medidas provisionales orientadas a garantizar la aprehensión material del predio Cuba Libre por parte de la Agencia Nacional de Tierras, el retorno de la comunidad Barrulia a dicho predio y la remoción de los obstáculos (puertas, porterías, cercas y/o portones) que existen en los predios El Brasil, Panumana, Campoalegre, Liviney, la Chaparrera, Rincón de la Casa, El Algarrobo, El Palmar y Barrulia. El objetivo de dichas medidas fue garantizar el tránsito libre de los miembros de la comunidad Barrulia y de los funcionarios del Estado hacia el predio Cuba Libre mientras se define el fondo del proceso de imposición de servidumbre que se encuentra en curso.

 

26. En la referida providencia también se dirigieron medidas provisionales al Juzgado Promiscuo de Puerto Gaitán por ser la autoridad judicial ante la que se adelanta el proceso de servidumbre. En concreto, a ese juzgado se le ordenó incluir el enfoque étnico en la definición del alcance y de las características de la servidumbre cultural[41] que proteja el derecho al territorio de la comunidad Barrulia, al igual que garantizar la participación de los propietarios y poseedores de los predios sirvientes en el proceso de determinación de la servidumbre cultural.

 

27. A partir del Auto 253 de 2026, la Corte recibió varias intervenciones y respuestas en las que se advirtieron tres cuestiones importantes. En primer lugar, se conoció que la demanda de imposición de servidumbre que se presentó ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Gaitán fue rechazada mediante Auto del 9 de febrero de 2026[42]. En segundo lugar, la ANT indicó que el 13 de marzo de 2026 presentó una nueva demanda de imposición de servidumbre ante el Juzgado 001 Promiscuo del Circuito de Puerto López[43]. Sin embargo, no era claro de las respuestas allegadas, cuál es el estado de ese nuevo proceso[44]. Finalmente, a partir de algunos de los documentos que remitió Alba Rubiela Gaitán –gobernadora de la comunidad Barrulia– a esta Corte, se advirtió que la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras de la ANT tenía pendiente la definición de los recursos de apelación presentados en contra de las resoluciones que declararon la indebida ocupación del predio Campoalegre.

 

28. Por último, mediante autos del 4 de agosto y del 6 de octubre de 2026 de 2026, se decretaron nuevas pruebas con las finalidades de: (i) conocer el estado actual del nuevo proceso judicial de imposición de servidumbre promovido por la ANT el 13 de marzo de 2026 y las gestiones de dicha entidad en ese proceso; (ii) indagar sobre la existencia de otras noticias criminales por delitos ambientales en los predios que hacen parte del territorio sobre el que se extiende el reclamo de la comunidad Barrulia; (iii) clarificar algunas contradicciones sobre el cumplimiento de la orden segunda del Auto 253 de 2026, relacionada con la remoción de obstáculos físicos que impiden el acceso de los miembros de la comunidad y funcionarios del Estado al predio Cuba Libre; (iv) recibir información sobre el estado del procedimiento administrativo especial agrario de recuperación de baldíos indebidamente ocupados que se adelanta sobre el predio Campoalegre que adelanta la Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras, dentro del expediente No. 201732007711500697E.

 

II.  CONSIDERACIONES

 

1.                 Sobre la necesidad de realizar una sesión técnica

 

29. Este caso plantea una tensión entre derechos fundamentales de especial relevancia constitucional. Por un lado, el derecho al territorio, a la identidad cultural y a la supervivencia de la comunidad indígena Barrulia. Por otro lado, se encuentran los derechos de propiedad, posesión y explotación económica de terceros que alegan tener títulos sobre los predios que conforman el territorio ancestral reclamado. Esta tensión no puede resolverse adecuadamente sin un conocimiento profundo y actualizado de las circunstancias fácticas, jurídicas y sociales que rodean el caso, así como de los obstáculos que han impedido la materialización de las medidas de protección adoptadas en favor de la comunidad Barrulia.

 

30. La Corte Constitucional ha constatado que, a pesar de las múltiples actuaciones administrativas y judiciales adelantadas, la situación de la comunidad indígena Barrulia sigue siendo crítica. La medida de protección provisional a la posesión ancestral concedida por la ANT en junio de 2024 sobre los predios Cuba Libre y Campoalegre no se ha hecho totalmente efectiva. El predio Cuba Libre, aunque ya fue aprehendido y entregado materialmente a los miembros de la comunidad Barrulia, permanece sin vías de acceso por la falta de imposición de las servidumbres necesarias. Igualmente, la Corte ha constatado que las condiciones materiales de existencia que enfrenta la comunidad allí son precarias, a pesar de las gestiones realizadas por algunas autoridades. El predio Campoalegre, por su parte, no habría sido entregado a la comunidad porque están pendientes de definición los recursos de apelación formulados en el marco del procedimiento administrativo especial agrario de recuperación de baldíos indebidamente ocupados.

 

31. Además de las causas que han impedido la materialización de las medidas de protección, la complejidad del asunto exige analizar, entre otras cuestiones: (i) el alcance y los límites del derecho al territorio ancestral de comunidades indígenas con movilidad estacional; (ii) la relación que tienen en este caso fenómenos complejos como el desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado, los procesos de colonización, los intereses productivos que confluyen en la altillanura colombiana y los impactos, transformaciones y tensiones que supone el creciente asentamiento de la comunidad religiosa Menonita en ese territorio; (iii) la aplicación del enfoque étnico e interseccional en los procedimientos y procesos agrarios, así como los estándares aplicables a la figura de la servidumbre cultural; (iv) la articulación entre las autoridades administrativas, judiciales y policivas para garantizar la protección efectiva de los derechos de comunidades indígenas sometidas a espirales de victimización.

 

32. En este sentido, el caso bajo revisión de la Corte se ubica en un contexto de intensas complejidades históricas, culturales, territoriales e institucionales que confluyen en el contexto de vulneración alegado por la comunidad accionante. Es por ello que la Corte estima indispensable para su proceso de decisión considerar puntos de vista diversos y especializados que permitan comprender los fenómenos y confluencias antes referidos.

 

33. Por todas las razones expuestas, la Sala Plena considera necesario convocar una sesión técnica que permita escuchar a autoridades, expertos y actores involucrados con el fin de obtener los elementos de juicio necesarios para adoptar una decisión de fondo debidamente informada, garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales de los miembros de la comunidad Barrulia y prevenir posibles escenarios de acción con daño.

 

2.     Aspectos generales de la metodología de la sesión técnica

 

34. La Sala Plena de la Corte Constitucional realizará una sesión técnica, que será grabada con fines probatorios, pero no transmitida, debido a que existen razones para entender que el caso objeto de estudio y la participación en la sesión técnica podrían generar riesgos para algunas de las personas que han actuado en defensa de los derechos territoriales de la comunidad Barrulia.

 

35. La sesión se realizará el 17 de noviembre de 2026, entre las 8 a.m. y la 1.00 pm. En esta sesión, la Sala Plena escuchará a expertos en problemas de tierra, en especial, en la Orinoquía colombiana y en la región aledaña a Puerto Gaitán Meta. Además, propiciará la participación de la comunidad accionante, de voceros de la comunidad religiosa menonita y de las autoridades de los niveles nacional, departamental y local. Aunque la referida diligencia no tendrá carácter reservado, no será transmitida. Sin embargo, se conservará registro audiovisual de la misma y se correrá traslado a todas las partes, vinculados y terceros con interés de un resumen de la sesión técnica para que, de estimarlo necesario, se pronuncien sobre los aspectos allí abordados.

 

36. Durante el trámite de revisión adelantado, la Corte ha advertido que el caso en cuestión supone un complejo entrecruzamiento cuestiones relacionadas con el desplazamiento forzado; la negación sistemática del vínculo que la comunidad accionante tiene con el territorio, a partir de su condición de pueblo en movilidad; y, la confluencia de intereses productivos de terceros sobre el territorio. Entre los referidos fenómenos existen relaciones que a las que la Corte estima necesario aproximarse con el propósito de garantizar un pronunciamiento situado en las realidades históricas y territoriales.

 

37. Igualmente, las características de algunos de los actores que confluyen en este conflicto constitucional implican la necesidad de comprender las relaciones que cada uno de ellos tienen con el territorio y las formas en las que este se vincula con sus rasgos culturales y religiosos. En efecto, dentro de los actores involucrados en este caso se encuentra la comunidad indígena Barrulia, que reclama el territorio como su espacio ancestral y la base de su pervivencia física y cultural. Por otro lado, se encuentran los intereses de la comunidad Menonita, un grupo religioso que, desde el año 2016 ha asentado colonias agrícolas en zonas rurales del municipio de Puerto Gaitán que son reclamadas por el pueblo indígena. Las características culturales y religiosas de estos dos grupos, así como su relación histórica con el territorio es otra de las cuestiones en las que la Corte estima pertinente profundizar, de manera directa, a través de la sesión técnica.

 

38. Finalmente, la sesión técnica también tiene el propósito de permitir que la Corte conozca la eficacia de las medidas provisionales que se han decretado en el marco de este proceso. Esto será fundamental para actualizar a la Corporación sobre los impactos de sus decisiones y orientar la eventual formulación de remedios que atiendan de manera adecuada a las realidades territoriales, humanitarias y de acceso a la administración de justicia.

 

 

Objetivos

 

Objetivo general

 

39. El objetivo de la sesión técnica es recabar información que permita a la Sala comprender la complejidad de la configuración territorial de la región, las tensiones culturales y religiosas que atraviesan la acción de tutela objeto de estudio y discutir acerca de la eficacia de las medidas cautelares adoptadas hasta el momento por la Sala Plena de la Corte Constitucional.

 

Objetivos específicos

 

 

40. Comprender las tensiones territoriales y culturales del conflicto objeto de estudio, en especial, entre la comunidad indígena Barrulia y la comunidad religiosa menonita, y algunos terceros que se presentan como propietarios privados de la tierra en el sector reclamado por la comunidad menonita.

 

41. Profundizar en un diálogo especializado acerca de los conflictos de la tierra en la altillanura y los llanos orientales colombianos, con énfasis en el municipio de Puerto Gaitán y sus zonas aledañas.

 

42. Actualizar el conocimiento de la Corte acerca de la situación de acceso a derechos básicos por parte del pueblo Barrulia.

 

43. Comprender el estado de los procesos judiciales y administrativos iniciados, en trámite o culminados a raíz de la reclamación de tierras de la comunidad indígena Barrulia, del pueblo Sikuani.

 

Metodología

 

44. La sesión técnica se dividirá en tres paneles. Cada invitado contará con diez minutos para su intervención y, al finalizar el panel se reservarán veinte minutos para preguntas de los magistrados y magistradas de la Corte Constitucional.  La sesión será de carácter presencial, sin perjuicio de que se habilite la intervención virtual de algunos participantes por razones de fuerza mayor, acreditadas de manera oportuna y adecuada.

 

45. El primer panel hablará sobre la situación de la comunidad Barrulia, como directa interesada en el reconocimiento territorial que persigue esta acción de tutela, y como parte del pueblo Sikuani, que defiende una identidad nómada o, de acuerdo con algunos intervinientes, un modo de vida asociado a la movilidad estacional.

 

46. El segundo panel se referirá a los conflictos de tierras en el Meta, a la llegada de miembros de la comunidad menonita a Puerto Gaitán, a su modo de vida y, de ser el caso, a la presencia de particulares que también pretenden la propiedad privada sobre estas tierras.

 

47. El tercer y último panel hablará sobre las posibles medidas de protección o remedios que podría evaluar la Corte Constitucional en un conflicto territorial como el que ha sido descrito en los antecedentes.

 

48. A partir de este auto, la Sala convocará a los siguientes invitados, aunque la Sala delegará en la Magistrada sustanciadora y su equipo la programación definitiva de la agenda y los invitados. 

 

A continuación, se presenta la lista inicial de invitados e invitadas, susceptible de confirmación y modificación durante la etapa de planeación y construcción del espacio de diálogo:

PANEL 1   Situación de la comunidad Barrulia del pueblo Sikuani y llegada de la comunidad menonita a Puerto Gaitán

Comunidad accionante, identidad del pueblo Sikuani y modo de vida asociado a la movilidad estacional

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Invitada o invitado

Organización o experticia

1

Alba Rubiela Gaitán

Gobernadora de la comunidad indígena Barrulia

2

Ricardo Camilo Niño Izquierdo

Secretario técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI)

9

Carwil Bjork-James

Antropólogo

4

Representante de la ONIC

Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)

5

Alejandro Santamaría Ortiz

Experto en derechos de los pueblos étnicos en Colombia

6

Defensoría del Pueblo

Entidad del Ministerio Público

7

Procuraduría General de la Nación

Entidad del Ministerio Público

8

Representante de la Asociación de autoridades indígenas tradicionales del Meta

Asociación de autoridades indígenas tradicionales del Meta

9

Representante de la Iglesia Menonita de Colombia

Iglesia Menonita de Colombia

 

PANEL 2   Conflictos territoriales en la región

Conflictos de tierras en el Meta, llegada de la comunidad menonita a Puerto Gaitán y pretensiones de particulares

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Invitada o invitado

Organización o experticia

1

Rodrigo Uprimny Yepes

Experto en conflictos territoriales

2

Alejandro Reyes Posada

Experto en conflictos territoriales

3

Rocío del Pilar Peña

Coordinadora académica del Observatorio de Tierras

4

María José La Rota Aguilera

Experta en conflictos territoriales

5

Alexander Duarte

Experto en conflictos territoriales

6

Aura María Duarte Rojas

Experta en conflictos territoriales

7

Julio Andrés Arias Vanegas

Experto en conflictos territoriales

8

Augusto Javier Gómez López

Experto en procesos de colonización y conflictos interétnicos

9

Paula Jimena Ñáñez Ortiz

Experta en conflictos territoriales en la altillanura colombiana

 

PANEL 3   Eficacia de los remedios y medidas de protección

Medidas provisionales vigentes y posibles remedios que podría evaluar la Corte

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Invitada o invitado

Organización o experticia

1

Agencia Nacional de Tierras (ANT)

Entidad del orden nacional

2

Unidad de Restitución de Tierras (URT)

Entidad del orden nacional

3

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV)

Entidad del orden nacional

4

Alcaldía Municipal de Puerto Gaitán

Entidad del orden municipal

5

Representante de la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello

Corporación Claretiana Norman Pérez Bello

 

 

3.     Autorización a la magistrada Natalia Ángel Cabo para la definición posterior de los detalles de la agenda y la metodología

 

49. La Sala Plena de esta Corporación autorizará a la magistrada Natalia Ángel Cabo para que, a través de una providencia posterior, precise los detalles de la agenda y la metodología de la sesión técnica convocada por esta Corte para el día 17 de noviembre de 2026, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., en el expediente T-10.538.924. Sin perjuicio de lo anterior, las demás magistradas y magistrados de la Sala Plena podrán remitirle a la magistrada sustanciadora sugerencias de participantes y preguntas orientadoras en el marco de los ejes determinados en esta providencia.

 

 

RESUELVE

 

Primero. CONVOCAR, a través de la Secretaría General de esta Corporación, a sesión técnica en el expediente T-10.538.924, la cual se realizará el martes 17 de noviembre de 2026, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., en el Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía de Bogotá D.C.

 

Segundo. Por intermedio de la Secretaría General de esta Corporación, tan pronto se defina la agenda definitiva, CITAR a las autoridades y expertos relacionados para que, en la sesión técnica, presenten a la Corte su concepto sobre el asunto bajo examen.

 

Tercero. AUTORIZAR a la magistrada Natalia Ángel Cabo para que a través de una providencia precise los detalles de la agenda y de la metodología de la sesión técnica objeto de la presente decisión. En esa providencia deberá garantizarse la participación de género equitativa entre los participantes de la sesión técnica. Sin perjuicio de lo anterior, las demás magistradas y magistrados de la Sala Plena podrán remitirle a la magistrada sustanciadora sugerencias de participantes y preguntas orientadoras en el marco de los ejes determinados en esta providencia.

 

Cuarto. DISPONER que la moderación de la sesión técnica estará a cargo de la Secretaría General de la Corte Constitucional.

 

Quinto. REQUERIR a la Dirección del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) y al Área de Sistemas de la Corte Constitucional para que dispongan de los recursos necesarios para permitir el registro de la sesión técnica convocada en esta providencia.

 

Comuníquese y cúmplase,

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Presidenta

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

 

 

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO

Magistrado

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ

Magistrada

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 



[1] Expediente T-10.538.924,  archivo 259

[2] Ibidem.

[3] Esta afirmación encuentra fundamento, también, en el hecho de que en el Auto 004 de 2009, la Corte Constitucional incluyó al pueblo Sikuani como uno de los pueblos indígenas en alto riesgo de exterminio físico y cultural por causa del desplazamiento forzado del que han sido víctimas. Ver Auto 004 de 2009.

[4] Expediente T-10.538.924,  archivo 33.

[5] Expediente T-10.538.924, carpeta 244, Anexo 4.

[6] Expediente T-10.538.924, carpeta 244, Anexo 4 y archivo 225.

[7] Expediente T-10.538.924, archivo 117.

[8] Expediente T-10.538.924, archivo 117. Págs. 785-787

[9] Expediente T-10.538.924, archivo 1.

[10] Expediente T-10.538.924,  archivo 33.

[11] Expediente T-10.538.924, archivo 38.

[12] Expediente T-10.538.924, archivo 20.

[13] Expediente T-10.538.924, archivo 40.

[14] Expediente T-10.538.924, archivo 28.

[15] Expediente T-10.538.924, archivos 41 y 36.

[16] Expediente T-10.538.924, archivo 27.  

[17] Expediente T-10.538.924, archivo 12.

[18] Expediente T-10.538.924, archivo 53.

[19] Expediente T-10.538.924, archivo 56

[20] En concreto, el 11 de diciembre de 2024, la magistrada expidió un primer auto sobre la atención a la comunidad albergada en un polideportivo, el proceso policivo y la posible entrega de los predios Cuba Libre y Campoalegre. Allí se vinculó al proceso al Ministerio de Vivienda, a la Personería de Puerto Gaitán y al ICBF. El 17 de febrero de 2025, la Sala Primera de Revisión insistió en la práctica de algunas pruebas y decretó otras, como el registro de la comunidad en el RUV, el plan de salvaguarda del pueblo Sikuani, el registro del censo de la comunidad ante el Ministerio del Interior, y asuntos relacionados con una medida cautelar otorgada por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Villavicencio. En ese mismo auto, la Sala vinculó y emplazó a terceros determinados e indeterminados que, en virtud de su relación con los predios Cuba Libre y Campoalegre, podrían tener un interés en el proceso. Posteriormente, el auto del 7 de marzo de 2025 insistió en algunas pruebas y en el Auto 418 de 2025 se decrertó una medida provisional dirigida a atender las necesidades en salud de las personas que se encontraban en el Polideportivo. Luego, mediante auto del 21 de mayo de 2025, la Sala Primera de Revisión vinculó a personas que manifestaron tener un interés directo en el proceso, así como a la presunta propietaria del predio Villa Esperanza y al Ministerio del Interior, al que se le pidieron pruebas. Igualmente, se ordenó a la URT que presentara una actualización del estudio preliminar al que hizo referencia en algunas de sus respuestas; y se insistió a la Defensoría del Pueblo, Regional Meta, que caracterizara a la población albergada en el polideportivo. En este auto, la Sala prorrogó la suspensión de términos. Mediante auto del 02 de julio de 2025, se vinculó nuevamente a la presunta propietaria del predio Villa Esperanza, pues se debió actualizar los datos de contacto. Posteriormente, mediante auto del 28 de agosto de 2025 se decretaron pruebas sobre el proceso de servidumbre para el predio Cuba Libre. Luego, mediante auto del 24 de septiembre de 2025, la Sala vinculó y emplazó a los propietarios de los predios sobre los cuales la ANT solicitaba la servidumbre, así como a Cormacarena y a la Fiscalía, para que informaran sobre las investigaciones en contra de los miembros de la comunidad menonita. Además, solicitó conceptos a expertos sobre la aplicación del enfoque diferencial étnico a una servidumbre de tránsito y amplió la suspensión de términos. El 24 de noviembre de 2025, ante un nuevo trazo de servidumbre informado por la ANT, la magistrada vinculó a los propietarios de los nuevos predios sirvientes y realizó un nuevo emplazamiento. Finalmente, el 19 de enero de 2026, se vincularon formalmente los terceros que presentaron escritos en respuesta a dicho emplazamiento.

[21] Si bien en varias de las respuestas recibidas la Agencia expuso la situación del predio Cuba Libre, en la carpeta 103, archivo no.4, contiene un informe en el que se hace un buen resumen de la historia del predio y del proceso administrativo de recuperación de baldíos. En el archivo 106 del expediente, también hay una respuesta de la ANT a uno de los autos de pruebas en la que hace un recuento de la situación de ambos predios.

[22] Expediente T-10.538.924, ver carpeta 103, archivo 4 (Informe Preliminar), y la carpeta 389, archivo 1 (actuaciones compiladas).

[23] Expediente T-10.538.924, carpeta 105, archivo 1, que contiene el Folio de Matrícula Inmobiliaria del predio.

[24] Expediente T-10.538.924, archivos 334, carpeta 459, archivo “Pruebas”, pág. 72

[25] Al respecto, ver los archivos 106 y 256 del expediente.

[26] Expediente T-10.538.924, carpeta 389, archivo 1 , pág. 4-11.

[27] Ley 1801 de 2016, artículo 78, numeral 1º.

[28] Expediente T-10.538.924, carpeta 389, archivo 1 , pág. 13-24.

[29] Al igual que la querella, la demanda se interpuso en contra de los presuntos propietarios de los predios La Negra, la Chaparrera y Rincón de la Casa, y personas indeterminadas.

[30] Expediente T-10.538.924, carpeta 459, archivo “ Acta de inspección ocular”.

[31] Ver, por ejemplo archivo 69, archivo 73, archivo no.4 de la carpeta 103, archivo no.3 de la carpeta 104 , archivo 106, archivo 313, archivo 334, entre otros. 

[32] Al respecto, se puede ver el “Informe técnico jurídico final de acumulación” de la ANT Expediente T-10.538.924, archivo 270.

[33] Al respecto, ver los archivos 101, 214 y 313 del expediente.

[34] Expediente T-10.538.924, archivo 230.

[35] Expediente T-10.538.924, archivos 479 y 480.

[36] Expediente T-10.538.924, archivo 486.

[37] Al respecto, ver archivos 336, 338, 341, 398, 410 y Carpeta 412 del expediente T-10.538.924,

[38] Presunta propietaria del predio Villa Esperanza, identificado con la matrícula inmobiliaria no. 234-8999.

[39] Presunta propietaria del predio Barrulia, identificado con la matrícula inmobiliaria no. 234-8998.

[40] Presuntos ocupantes de buena fe del predio Campoalegre, identificado con la matrícula inmobiliaria no. 234-2696.

[41] En el Auto 253 de 2026 se explicó que el concepto de servidumbre cultural es “un derecho colectivo de acceso y uso no exclusivo ni excluyente sobre tierras públicas o privadas a las que la comunidad tradicionalmente ha tenido acceso para el desarrollo de sus prácticas tradicionales y ancestrales”. En este sentido, es un concepto mucho más amplio que el concepto clásico de servidumbre en tanto no se limita a permitir el tránsito por una franja de territorio, sino que busca garantizar una movilidad más amplia a través de los corredores tradicionales y el acceso a los recursos y lugares de los que depende la subsistencia física y espiritual de la comunidad.

[42] Expediente digital. Archivo “004RespuestaInforme.pdf”. Se trata de una demanda presentada por la ANT en contra de quienes aparecen como presuntos titulares del derecho real de dominio sobre 5 predios colindantes con los predios Cuba Libre y Campoalegre. En la demanda, la Agencia solicitó como medida cautelar, (i) la inscripción de la demanda en los FMI de los 5 predios, (ii) la autorización para la imposición de una servidumbre provisional y para el ingreso al predio; (iii) que se oficie a la Policía de Puerto Gaitán para que garantice el cumplimiento de la decisión que autoriza el ingreso. También se solicitó el emplazamiento de los demandados titulares de los predios objeto de servidumbre, pues la ANT manifestó desconocer sus direcciones de notificación.

[43] Expediente digital. Archivo “Cumplimiento Medidas Provisionales Of No. 253 - Exp T-10.538.924.pdf”, p.6-7.

[44] Expediente digital. Archivo “62Correo28Jul-26Defensoria_del_Pueblo.pdf”, p.32. En su informe de seguimiento al cumplimiento de las órdenes proferidas en el Auto 253 de 2026, la Defensoría del Pueblo insistió en la necesidad de que se actualice la información sobre el estado actual del proceso de imposición de servidumbre y que tanto la autoridad judicial correspondiente como la ANT aclaren cuáles han sido sus actuaciones