REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

-Sala Séptima de Revisión-

 

AUTO 1461 DE 2026

 

Expediente: T-723.237

 

Asunto: Convocatoria a audiencia pública en el marco del seguimiento de la Sentencia T-724 de 2003

 

Magistrado Sustanciador: Jorge Enrique Ibáñez Najar

 

Bogotá D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

 

La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y en el marco del trámite de verificación del cumplimiento de la Sentencia T-724 de 2003, cuyo seguimiento asumió esta Corporación de manera excepcional desde el Auto 091 de 2010, profiere el presente auto con fundamento en los siguientes

 

 

I.                  ANTECEDENTES

 

La Sentencia T-724 de 2003

 

1.       En la Sentencia T-724 de 2003, la Sala Primera de Revisión estudió la acción de tutela promovida por Silvio Ruiz Grisales y la Asociación de Recicladores de Bogotá (ARB) contra el Distrito Capital de Bogotá, Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos (hoy, UAESP), con ocasión de la Licitación Pública 001 de 2002 para la prestación del servicio público de aseo. Los accionantes alegaron la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo y a la buena fe, debido a que las condiciones de la licitación impedían su participación efectiva y no contemplaban medidas adecuadas en favor de los recicladores.

 

2.       Aunque para entonces los contratos ya habían sido adjudicados y la Corte declaró la carencia actual de objeto, concluyó que la administración distrital había desconocido el deber constitucional de adoptar acciones afirmativas en favor de los recicladores. En consecuencia, revocó los fallos de instancia y concedió el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo. Asimismo, previno a la administración distrital para que, en futuras contrataciones del servicio público de aseo, incluyera acciones afirmativas en favor de los recicladores.

 

 

El seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-724 de 2003

 

3.                 Mediante el Auto 091 de 2010, la Sala Tercera de Revisión asumió de manera excepcional el trámite de cumplimiento de la Sentencia T-724 de 2003, ante la posible transgresión de los deberes estatales de adoptar medidas en favor de la población recicladora de oficio en el marco de la Licitación Pública 001 de 2010, adelantada para la operación del Relleno Sanitario Doña Juana. Desde entonces, la Corte ha intervenido para verificar la inclusión de acciones afirmativas en favor de esta población en los procesos de contratación y procedimientos administrativos equivalentes relacionados con la prestación del servicio público de aseo en Bogotá.[1]

 

4.                 En el Auto 311 de 2020, la Corte precisó el alcance de su competencia excepcional en este trámite. En esa medida, para pronunciarse de fondo sobre una solicitud de cumplimiento deben concurrir dos presupuestos: uno objetivo, consistente en que la solicitud se relacione con posibles infracciones al deber de incluir acciones afirmativas adecuadas en favor de la población recicladora de oficio de Bogotá en una licitación pública o procedimiento administrativo equivalente relacionado con la contratación de los componentes del servicio público de aseo; y otro subjetivo, según el cual la petición debe provenir de una organización de recicladores de oficio de segundo nivel que opere en Bogotá, de las autoridades estatales involucradas en la gestión de ese servicio o del Ministerio Público.[2]

 

5.                 Cabe destacar que el objeto de este seguimiento se ha delimitado de manera progresiva en las distintas decisiones adoptadas por la Corte, en atención a los avances verificados por la Sala. Actualmente, se circunscribe a la verificación de la inclusión de acciones afirmativas en favor de la población recicladora de oficio en los procesos de licitación relacionados con la prestación del servicio público de aseo en Bogotá. Por lo tanto, el seguimiento no comprende la verificación de tarifas ni el control de validez de los marcos regulatorios. En esa medida, la revisión a cargo de la Sala se limita a los actos contractuales relacionados con la prestación de dicho servicio en Bogotá, en los que deben garantizarse medidas de protección en favor de la población recicladora.

 

La solicitud de audiencia pública y las mesas técnicas interinstitucionales

 

6.                 El 23 de octubre de 2025, Luis Alberto Romero Ocampo, en representación de la Asociación Entidad Medioambiental de Recicladores EMRS ESP y de la Unión Nacional Independiente de Recicladores UNIR, con el respaldo de otras organizaciones, solicitó a la Corte convocar una audiencia pública para verificar el cumplimiento de la Sentencia T-724 de 2003. La petición se sustentó, principalmente, en el próximo vencimiento de los contratos de concesión del servicio público de aseo celebrados por la UAESP bajo el esquema de áreas de servicio exclusivo (ASE), previsto para febrero de 2026, y en los riesgos que, a juicio de los solicitantes, ello implicaba para la continuidad de las acciones afirmativas en favor de la población recicladora.

 

7.                 Mediante Auto del 27 de noviembre de 2025, el magistrado sustanciador no accedió a la solicitud de audiencia pública. Consideró que, para ese momento, las cuestiones pendientes podían ser esclarecidas mediante una mesa técnica interinstitucional. Esta fue convocada para examinar el marco jurídico, de política pública y de contratación aplicable a las acciones afirmativas y los desafíos que planteaba la transición hacia el nuevo esquema de prestación del servicio público de aseo.[3]

 

8.                 Las tres sesiones de la mesa técnica. La primera sesión se realizó el 9 de diciembre de 2025 y permitió recoger las posiciones institucionales, interpretaciones normativas y diagnósticos técnicos de los intervinientes. Posteriormente, se convocó una segunda sesión, realizada el 16 de diciembre siguiente, en la que se examinó la adopción de medidas que permitieran preservar las acciones afirmativas una vez vencidos los contratos ASE.

 

9.                 En este contexto, mediante Auto 2059 del 19 de diciembre de 2025, la Sala Quinta de Revisión advirtió un riesgo cierto, grave e inminente de afectación de los derechos fundamentales de la población recicladora de oficio de Bogotá, asociado al vencimiento de los contratos ASE y a la ausencia de un marco transitorio que garantizara la continuidad de las acciones afirmativas. En consecuencia, ordenó a la CRA expedir un acto administrativo de carácter transitorio destinado a preservar dichas acciones mientras se definía el marco regulatorio y contractual definitivo, garantizando, como mínimo, el acceso al material aprovechable, la remuneración de la actividad de aprovechamiento y la coordinación operativa con los prestadores del servicio.

 

10.             Durante el primer semestre de 2026, distintas organizaciones de recicladores formularon ante la Corte observaciones sobre el proyecto de regulación mediante el cual la CRA pretendía modificar la metodología tarifaria del servicio público de aseo. Algunas señalaron posibles riesgos económicos y operativos para los recicladores de oficio, mientras que otras respaldaron la culminación del proceso de actualización y solicitaron información sobre las medidas adoptadas en cumplimiento del Auto 2059 de 2025.[4]

 

11.             Así las cosas, la CRA solicitó la realización de una audiencia de seguimiento para socializar las disposiciones del proyecto relacionadas con la población recicladora y la actividad de aprovechamiento. Mediante Auto del 3 de julio de 2026, el magistrado sustanciador convocó una tercera sesión de la mesa técnica, circunscrita al nuevo marco tarifario y a sus efectos sobre la población recicladora de oficio, la actividad de aprovechamiento y la continuidad de las acciones afirmativas. En esa providencia se precisó que la diligencia no tenía por objeto anticipar un juicio sobre la legalidad, conveniencia o validez del proyecto ni sustituir las competencias de la CRA.

 

12.             La tercera sesión se llevó a cabo el 17 de julio de 2026. En ella, el magistrado sustanciador exhortó a la CRA a publicar el proyecto de marco tarifario, la información relativa al proceso de participación de la población recicladora y la matriz de respuestas a las observaciones formuladas durante dicha etapa. Asimismo, precisó que esta actuación se desarrollaba exclusivamente en el marco del seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-724 de 2003 y no interfería con el procedimiento administrativo regulado en el Decreto 1077 de 2015.

 

La expedición de la Resolución CRA 1040 de 2026 y las nuevas solicitudes

 

13.             Con ocasión de la tercera sesión de la mesa técnica interinstitucional, las autoridades convocadas, las organizaciones de recicladores y los demás intervinientes allegaron al expediente memoriales, informes, anexos y solicitudes. Entre estos se incluyeron observaciones al proyecto de marco tarifario y solicitudes relacionadas con la publicación de la información técnica, económica y jurídica que lo sustentaba.

 

14.              El 30 de julio de 2026 la CRA expidió la Resolución CRA 1040 de 2026, mediante la cual adoptó el nuevo marco tarifario del servicio público de aseo para los grandes prestadores. La expedición de esta regulación dio lugar a nuevas solicitudes de intervención ante esta Corporación.

 

 

Solicitudes de convocatoria a audiencia pública

 

15.             El 4 de agosto de 2026, doscientas cuarenta y cuatro (244) organizaciones de recicladores de oficio de distintos municipios y departamentos del país presentaron dos escritos. En el primero solicitaron la convocatoria de una audiencia pública dentro del seguimiento, con fundamento en hechos sobrevinientes relacionados con la expedición del nuevo marco tarifario y con las recomendaciones formuladas por la Superintendencia de Industria y Comercio. En el segundo pusieron de presente que la resolución fue expedida antes del vencimiento del término para presentar observaciones al proyecto, lo que, a su juicio, compromete la eficacia del seguimiento y desconoce las órdenes impartidas por la Corte; señalaron que la CRA no acogió una recomendación de esa Superintendencia relacionada con las obligaciones de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales y de contribución a los Beneficios Económicos Periódicos; y solicitaron la intervención de la Sala, la adopción de medidas frente a la resolución y la suspensión de sus efectos.[5]

 

16.             Entre el 5 y el 11 de agosto de 2026, otras organizaciones de recicladores formularon observaciones sobre el capítulo relativo a la actividad de aprovechamiento de la Resolución CRA 1040 de 2026. Entre otros aspectos, señalaron posibles efectos económicos, administrativos y operativos sobre las organizaciones de recicladores, así como riesgos para la remuneración, el reconocimiento de toneladas y el acceso a rutas y fuentes de material aprovechable.

 

17.             Mediante Auto del 18 de agosto de 2026, el magistrado sustanciador incorporó al expediente los documentos allegados con ocasión de la tercera sesión de la mesa técnica y corrió traslado de ellos a las partes e intervinientes.^[6]

 

 

Las solicitudes allegadas con posterioridad al Auto del 18 de agosto de 2026

 

18.             Entre el 4 y el 26 de agosto de 2026, con ocasión del traslado dispuesto en el Auto del 18 de agosto de 2026, se recibieron ciento veinticuatro (124) peticiones suscritas por organizaciones de recicladores de oficio, dirigidas principalmente a solicitar que esta Corporación verifique si la Resolución CRA 1040 de 2026 preserva materialmente las acciones afirmativas reconocidas en favor de esta población. Los peticionarios señalaron que el escenario examinado en la mesa técnica del 17 de julio de 2026 había variado sustancialmente, pues el proyecto entonces discutido fue adoptado como regulación definitiva durante el término concedido para formular observaciones. Específicamente, plantearon interrogantes sobre el trámite de expedición, las modificaciones introducidas al proyecto y los efectos materiales de la nueva metodología sobre la actividad de aprovechamiento y las acciones afirmativas.[7]

 

19.             Por su parte, la CRA manifestó que la etapa formal de participación ciudadana había culminado el 25 de noviembre de 2025, que las recomendaciones formuladas por la Superintendencia de Industria y Comercio fueron atendidas mediante ajustes efectuados antes de la expedición de la resolución y que el nuevo marco tarifario contempla medidas dirigidas a garantizar el acceso cierto y seguro a los residuos aprovechables.

 

 

II.               CONSIDERACIONES

 

Reglas para la convocatoria formal a una audiencia pública y la necesidad de convocarla en el presente asunto. Reiteración de jurisprudencia[8]

 

20.             El artículo 10 del Decreto 2067 de 1991 faculta al magistrado sustanciador para decretar las pruebas que estime necesarias para adoptar una decisión. Por su parte, el artículo 63 del Acuerdo 1 de 2025 (Reglamento Interno de la Corte Constitucional) dispone que la magistrada o el magistrado sustanciador podrán decretar pruebas con el fin de allegar al proceso de revisión de tutela elementos de juicio relevantes.

 

21.             En los trámites de la acción de tutela y en los procesos sometidos al conocimiento de la Corte Constitucional, las sesiones técnicas y las audiencias públicas constituyen mecanismos probatorios de carácter excepcional, cuya convocatoria depende “de la decisión discrecional de la Sala Plena o de la Sala de Revisión de Tutelas a la que le haya sido asignado el conocimiento del caso.”[9]

 

22.             Los artículos 66 a 72 del Acuerdo 1 de 2025 regulan la realización de audiencias públicas ante la Corte Constitucional. En concreto, el artículo 66 faculta a la Sala Plena para convocarlas teniendo en cuenta los antecedentes del asunto, así como la importancia y complejidad de los temas que serán objeto de la diligencia. Asimismo, prevé que las modificaciones a la agenda deberán atender los lineamientos temáticos definidos por la Sala.

 

23.             La jurisprudencia constitucional ha señalado que las audiencias públicas pueden tener por objeto (i) recaudar los elementos de juicio necesarios para tomar la decisión de fondo, (ii) generar un escenario dialógico técnico y de alto nivel con las personas y autoridades concernidas en el proceso, (iii) profundizar aún con más detalle el análisis de los elementos de juicio que ya reposan en el expediente o (iv) hacer seguimiento estricto al cumplimiento de las sentencias estructurales.[10]

 

24.             En línea con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha determinado que las audiencias públicas son escenarios judiciales dispuestos para el intercambio y la construcción colectiva de propuestas para abordar las problemáticas objeto de estudio por parte de la Sala Plena,[11] así como, un instrumento idóneo y eficaz para ilustrar “todas aquellas cuestiones que puedan tener incidencia en los juicios de constitucionalidad, en un contexto participativo, democrático y pluralista.”[12]

 

 

Convocatoria formal a una audiencia pública dentro del presente seguimiento

 

25.             Después de revisar de manera preliminar los elementos de juicio allegados al expediente, la Sala advierte que las circunstancias que justificaron, en noviembre de 2025, acudir a una mesa técnica interinstitucional en lugar de convocar una audiencia pública han variado sustancialmente. En efecto, desde entonces se ha producido un nuevo escenario regulatorio y contractual para la prestación del servicio público de aseo, caracterizado, entre otros aspectos, por la expedición de la Resolución CRA 1040 de 2026 y por la proximidad de la estructuración del nuevo esquema de prestación y contratación del servicio en Bogotá. A ello se suman las múltiples intervenciones allegadas al expediente, en las que las organizaciones de recicladores de oficio han planteado inquietudes relacionadas con los efectos económicos y operativos de dicho marco y con la continuidad de las acciones afirmativas reconocidas en la Sentencia T-724 de 2003.[13]

 

26.             De conformidad con lo anterior, la Sala considera necesario convocar una audiencia pública que permita una deliberación amplia, plural y directa, orientada a profundizar en los elementos de prueba que reposan en el expediente y a conocer, de manera particular, cómo el Distrito Capital de Bogotá incorporará el nuevo escenario regulatorio en la estructuración y contratación del servicio público de aseo y de qué manera garantizará la continuidad y efectividad de las acciones afirmativas reconocidas en favor de la población recicladora de oficio.

 

27.             En todo caso, la Sala reitera que el objeto de este seguimiento es la protección de los derechos de la población recicladora de oficio de Bogotá. Por tanto, las decisiones que se adopten en este trámite estarán circunscritas a dicha población y a las actuaciones comprendidas en el ámbito de competencia de la Sala, esto es, los actos contractuales relacionados con la prestación del servicio público de aseo en Bogotá. Así las cosas, la audiencia pública no tendrá por objeto verificar tarifas ni ejercer un control de validez sobre la Resolución CRA 1040 de 2026 o sobre otros marcos regulatorios.

 

28.             Asimismo, la convocatoria a la audiencia pública responde a la solicitud presentada por las organizaciones de recicladores de oficio de Bogotá legitimadas en el marco de este asunto, de conformidad con el presupuesto subjetivo precisado en el Auto 311 de 2020, y no a las solicitudes formuladas por organizaciones de otras regiones del país. La Sala reconoce los aportes que estas últimas han realizado en las sesiones de la mesa técnica interinstitucional y la posibilidad de que presenten sus observaciones por escrito. Sin embargo, su eventual intervención no implica su reconocimiento como partes, no las legitima para promover actuaciones dentro de este proceso ni modifica el alcance del seguimiento.

 

29.             Por todo lo anterior, la Sala de Revisión convocará a una audiencia pública, en ejercicio de la facultad discrecional prevista en el Reglamento Interno de la Corte Constitucional. La diligencia se desarrollará alrededor de un eje temático, cuyo alcance, objetivos y preguntas orientadoras se precisan a continuación.

 

Eje temático de la audiencia pública: Garantía de las acciones afirmativas en favor de la población recicladora de oficio en el nuevo escenario regulatorio y contractual del servicio público de aseo

 

30.             La audiencia pública tendrá como eje temático la garantía de las acciones afirmativas reconocidas en favor de la población recicladora de oficio en el nuevo escenario regulatorio y contractual del servicio público de aseo.

 

31.             La expedición de la Resolución CRA 1040 de 2026 constituye uno de los elementos que configuran este nuevo escenario. Por ello, resulta indispensable conocer su contenido, alcance y efectos sobre la actividad de aprovechamiento y sobre las condiciones económicas y operativas de las organizaciones de recicladores de oficio. Este análisis se realizará exclusivamente en cuanto dicha regulación incida en la estructuración y contratación del servicio público de aseo en Bogotá y en la garantía de las acciones afirmativas en favor de la población recicladora de oficio del Distrito Capital, sin que ello implique la verificación de tarifas ni un control de validez de la regulación.

 

32.             En ese orden de ideas, la Sala considera necesario profundizar, principalmente, en tres aspectos:

 

33.             Primero, en el contenido y alcance del nuevo marco regulatorio de la actividad de aprovechamiento y en sus posibles efectos sobre las condiciones de acceso al material aprovechable, permanencia en la actividad y remuneración de la población recicladora de oficio.

 

34.             Segundo, en la manera en que el Distrito ha analizado y viene incorporando ese nuevo marco en la estructuración del futuro esquema de prestación y contratación del servicio público de aseo en Bogotá.

 

35.             Tercero, en las medidas que deberán garantizar que las acciones afirmativas reconocidas en la Sentencia T-724 de 2003 mantengan su continuidad y efectividad en el nuevo esquema de prestación del servicio.

 

 

Objetivo general de la audiencia pública

 

36.             El objetivo general de la audiencia será indagar en la manera en que las autoridades competentes garantizarán la continuidad y efectividad de las acciones afirmativas reconocidas en favor de la población recicladora de oficio y de manera particular en la estructuración y contratación del nuevo esquema de prestación del servicio público de aseo en el Distrito Capital, teniendo en cuenta el escenario regulatorio vigente.

 

Objetivos específicos de la audiencia pública

 

37.             Para alcanzar este objetivo general, la audiencia tendrá los siguientes objetivos específicos:

 

38.             Primero, conocer el contenido y alcance del nuevo marco regulatorio de la actividad de aprovechamiento y sus posibles efectos económicos y operativos sobre las organizaciones de recicladores de oficio en el Distrito Capital.

 

39.             Segundo, conocer el estado actual de la estructuración del nuevo esquema de prestación y contratación del servicio público de aseo en Bogotá y la manera en que el Distrito ha incorporado en dicho proceso las obligaciones derivadas de la Sentencia T-724 de 2003.

 

40.             Tercero, identificar las medidas previstas por el Distrito Capital de Bogotá para garantizar, en el nuevo esquema, el acceso cierto y seguro al material aprovechable, la permanencia de los recicladores de oficio en la actividad y una remuneración justa, cierta y oportuna.

 

41.             Cuarto, identificar los mecanismos institucionales mediante los cuales las autoridades competentes, entre ellas las del Distrito Capital de Bogotá podrán verificar la implementación efectiva de las acciones afirmativas y prevenir afectaciones o retrocesos en el nivel de protección alcanzado.

 

Preguntas orientadoras

 

42.             En desarrollo de los objetivos señalados, la Sala formulará las siguientes preguntas orientadoras, de acuerdo con el ámbito de competencia y participación de los convocados:

 

 

Citación de la audiencia pública

 

43.             Definido el eje temático y las preguntas orientadoras alrededor de las cuales se desarrollará la audiencia pública, corresponde establecer las condiciones para su realización y disponer que su agenda y metodología sean fijadas posteriormente, de conformidad con los lineamientos establecidos en esta providencia.

 

44.             La audiencia pública se realizará de forma presencial en el Palacio de Justicia de Bogotá D.C., el día 13 de noviembre de 2026, entre las 8:00 a.m. y la 1.00 p.m. Su desarrollo se sujetará a la agenda, metodología y relación de autoridades públicas, órganos de control, organizaciones de recicladores de oficio de segundo nivel, expertos técnicos y demás invitados que sean determinados posteriormente mediante auto del magistrado ponente, de conformidad con el eje temático, los objetivos y las preguntas orientadoras definidos por la Sala.

 

45.             En dicha providencia se precisarán, entre otros aspectos, el orden de las intervenciones, los tiempos asignados a los participantes, las modalidades de participación y las demás condiciones necesarias para el adecuado desarrollo de la audiencia, dentro de los lineamientos temáticos establecidos en este auto.

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional

 

 

RESUELVE

 

PRIMERO.- CONVOCAR a una audiencia pública dentro del seguimiento de la Sentencia T-724 de 2003, que se celebrará de forma presencial en el Palacio de Justicia de Bogotá D.C., el día 13 de noviembre de 2026, entre las 8:00 a.m. y la 1.00 p.m., de conformidad con el eje temático, los objetivos y las preguntas orientadoras establecidos en la parte motiva de esta providencia. La agenda, metodología y relación de autoridades públicas, órganos de control, organizaciones de recicladores de oficio, expertos técnicos y demás invitados serán fijadas posteriormente mediante auto proferido por el magistrado ponente.

 

SEGUNDO.- COMUNICAR que la agenda y la metodología para el desarrollo de la audiencia pública serán señaladas oportunamente mediante auto que profiera el magistrado ponente, previa aprobación de la Sala de Revisión.

 

TERCERO.- DISPONER que la moderación de la audiencia pública esté a cargo de la Secretaría General de la Corte Constitucional.

CUARTO. INFORMAR, por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, a los sujetos procesales del expediente T-723.237 sobre la realización de la audiencia pública.

 

QUINTO.- COMUNICAR, por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, la presente providencia a las autoridades, organizaciones y demás actores que han intervenido en las mesas técnicas y actuaciones desarrolladas en el marco del seguimiento de la Sentencia T-724 de 2003 y que no tengan la calidad de sujetos procesales, para que conozcan la convocatoria a la audiencia pública y los asuntos que serán objeto de la diligencia. En el caso de las organizaciones de recicladores de oficio, la comunicación se circunscribe a las organizaciones de Bogotá directamente concernidas por este seguimiento. Para tal efecto, se comunicará a:

 

·        Representante de la Entidad Medioambiental de Recicladores (EMRS ESP) y de la Unión Nacional Independiente de Recicladores (UNIR).

·        Representante de la Asociación Nacional de Recicladores (ANR).

·        Representante de la Asociación Cooperativa de Recicladores de Bogotá (ARB).

·        Representante de ECOALIANZA de recicladores.

·        Representante del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

·        Representante de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).

·        Representante de la Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá.

·        Representante de la Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá.

·        Representante de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).

·        Representante de la Procuraduría Delegada Preventiva y de Control de Gestión.

·        Representante de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

 

SEXTO.- RESPONDER, por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, a las organizaciones de recicladores de oficio de otras regiones del país que suscribieron las solicitudes de convocatoria a audiencia pública, remitiéndoles copia de esta providencia e informándoles que (i) la audiencia se convoca en atención a la solicitud presentada por las organizaciones de recicladores de oficio de Bogotá legitimadas en el marco de este asunto; (ii) podrán presentar sus observaciones por escrito; y (iii) su eventual intervención no implica su reconocimiento como partes ni modifica el alcance del seguimiento.

 

SÉPTIMO. INFORMAR a la ciudadanía sobre la realización de la audiencia pública, a través de la página web de la Corte Constitucional, así como de la página oficial de la Rama Judicial. La asistencia a esta diligencia requerirá la inscripción previa a los correos electrónicos karinamgarciac@corteconstitucional.gov.co y davidypereirar@corteconstitucional.gov.co. El plazo máximo para la inscripción será el 6 de noviembre de 2026.

 

OCTAVO. ORDENAR al jefe de Comunicaciones y al jefe de Sistemas de la Corte Constitucional, y a la Dirección del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), que dispongan de los medios necesarios para que la audiencia pública sea transmitida en la página web de la Corte Constitucional y sus redes sociales. 

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

 

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General