Corte Constitucional de Colombia | Guardián de la Constitución.
SENTENCIAS DE CONSTITUCIONALIDAD DE INTERES 2015

SENTENCIAS DE CONSTITUCIONALIDAD DE INTERES 2015


 

REPBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatora

 

SENTENCIA

MAGISTRADO

NORMA

COMUNICADOS DE PRENSA

FECHA

SINTESIS

VER TEXTO

 

C-017/15

 

JORGE IVAN PALACIO PALACIO

 

MEDIDAS DE ATENCIN, ASISTENCIA Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO- REGISTRO DE TIERRAS PRESUNTAMENTE DESPOJADAS Y ABANDONADAS FORZOSAMENTE (ARTCULO 76 PARCIAL DE LA LEY 1448 DE 2011)

 

21-01-15

 

La Corte se declar inhibida para decidir por ineptitud sustantiva de la demanda

Comunicado 1

 

C-018/15

 

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

 

CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO- NUMERO DE MIEMBROS DE ASOCIACIONES SINDICALES DE SEGUNDO Y TERCER GRADO QUE PUEDEN ASISTIR EN CALIDAD DE ASESORES DURANTE LA ETAPA DE ARREGLO DIRECTO DENTRO DE UN PROCESO DE NEGOCIACIN COLECTIVA (PARGRAFO 2 DEL ARTCULO 434 DEL CDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO)

 

21-01-15

 

La Corte analiz si la limitacin a solo dos personas, en cuanto al nmero de representantes de organizaciones sindicales de segundo y tercer grado que pueden concurrir a la mesa de negociaciones durante la fase de arreglo directo en calidad de asesores, era contraria al contenido del artculo 39 superior, que consagra el derecho de asociacin sindical, y a los Convenios 87 y 98 de la Organizacin Internacional del Trabajo OIT, en cuanto implica una intromisin del legislador que afecta la autonoma organizativa de los sindicatos interesados. A este respecto, la Corte concluy que la norma acusada no resulta violatoria de los textos constitucionales invocados, pues en realidad corresponde al legtimo ejercicio de la facultad de configuracin normativa del legislador, la que a su turno, no resulta limitada por esas normas superiores. La Sala aludi tambin a la relacin existente entre los derechos de asociacin sindical y libertad sindical y el derecho a la negociacin colectiva, de que trata el artculo 55 de la Constitucin, mbito dentro del cual se inscribe la regla de derecho acusada. Destac la Corte que este ltimo derecho tampoco es absoluto, pues corresponde al legislador fijar un marco normativo para el ejercicio de ese derecho. Adicionalmente, observ la Corte que el pargrafo parcialmente acusado no regula la representacin de los trabajadores, pues se refiere a la funcin de asesora que en este contexto cumplen las federaciones y confederaciones, rol que difiere del encomendado a los sindicatos, que s es el de representar a los trabajadores. As las cosas, encontr la Corte que la fijacin de una tope al nmero de asesores que en nombre de tales entidades pueden concurrir a las negociaciones durante la etapa de arreglo directo no es una medida arbitraria, sino razonable y proporcionada, pues no hace nugatoria la funcin de asesora, mantiene la decisin sobre la designacin de esos asesores en tales organizaciones de segundo y tercer grado, y no impide que se preste asesora por fuera de la mesa, pues es slo en ese mbito especfico que tiene efecto esta limitacin, la cual busca procurar un mnimo de orden y evitar dificultades en las negociaciones, que pueden ocurrir cuando un alto nmero de personas interviene en ellas.

Comunicado 1

 

C-019/15

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

 

REFORMA DEL ESTATUTO Y REGIMEN PRESTACIONAL DEL PERSONAL CIVIL DEL MINISTERIO DE DEFENSA Y POLICA NACIONAL SUBSIDIO FAMILIAR (LITERALES A Y B DEL ARTCULO 49 DEL DECRETO LEY 1214 DE 199O)

 

21-01-15

 

La Corte constat que los apartes acusados no estn actualmente vigentes, pues el Decreto 1029 de 1994, expedido dentro del nuevo marco constitucional, que asigna al Presidente de la Repblica la competencia para determinar el rgimen salarial y prestacional de la Fuerza Pblica dentro de los criterios sealados por una ley marco, traz nuevas reglas al respecto, las que en consecuencia reemplazan las contenidas en el decreto parcialmente acusado. Al observar adems que las normas acusadas ya no podran producir ningn tipo de efectos, la Sala concluy que el juicio constitucional propuesto careca de objeto, razn por la cual debi inhibirse de resolver sobre lo planteado.

Comunicado 1

 

C-020/15

 

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

 

CONDICIN PARA PENSIN DE INVALIDEZ A PERSONAS MENORES DE 20 AOS. (PARGRAFO 1 DEL ARTCULO 1 DE LA LEY 860 DE 2003)

 

21-01-15

 

La Corte concluy que se exclua sin justificacin suficiente a un grupo poblacional joven que teniendo veinte aos o ms de edad se encuentra en las mismas condiciones que los menores de veinte aos. En su concepto, las transformaciones demogrficas, sociales, polticas, industriales y tecnolgicas han de conducir -y de hecho han conducido - a que una colectividad tendencialmente ms numerosa empiece a laborar slo despus de superados los diecinueve aos de edad, luego de concluida una etapa prolongada de formacin y capacitacin, llamada a durar el tiempo necesario y suficiente para enfrentar de forma cabal los desafos profesionales y tcnicos de la sociedad. A esa poblacin joven con veinte aos o ms de edad que por su etapa de formacin ha ingresado recientemente al sistema de pensiones o tiene un corto e inestable historial de aportes, se la estara sometiendo a un rgimen de acceso a la pensin de invalidez que le exige contar con 50 semanas de cotizacin en tres aos consecutivos, aunque en realidad su periodo de cotizaciones tienda a ser inferior a tres aos, o igual o poco superior a este marco temporal pero con interrupciones derivadas de la inestabilidad ocupacional. Visto lo anterior, la Corte reiter que en esta materia se est frente a un dficit de proteccin de la poblacin joven de Colombia. Por otra parte, por ser la seguridad social un derecho social fundamental de desarrollo progresivo, los pronunciamientos jurisprudenciales deben respetar de forma estricta y rigurosa la prohibicin de regresividad.

 

Comunicado 1

C-021/15

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

NORMAS PARA LA PROTECCIN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL Y SE ESTABLECE EL REGIMEN DE LA REPRESENTACIN LEGAL DE INCAPACES EMANCIPADOS. (ARTCULO 1 DE LA LEY 1306 DE 2009)

21-01-15

 

La Corte se declar inhibida para decidir por ineptitud sustantiva dela demanda.

Comunicado 1

C-022/15

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

CDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL- ELIMINACIN DEL CARCTER DE QUERELLABLES Y DESISTBLES DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR E IASISTENCIA ALIMENTARIA (EXPRESIONES DE LOS ARTCULO 1 Y 2 DE LA LEY 1542 DE 2012)

21-01-15

 

La Sala encontr que la Constitucin Poltica prev en su artculo 150.2 que el legislador tiene la facultad de expedir cdigos en todos los ramos de la legislacin y de reformar sus disposiciones, para lo cual posee un amplio margen de configuracin, que solo estara restringido por el respeto a los derechos fundamentales de las personas y los principios y valores del Estado. En este sentido, seal que el legislador, adems de la posibilidad de tipificar los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, tiene la potestad de definir y regular los requisitos y condiciones para la iniciacin de la accin penal, que es el tema objeto de regulacin en las disposiciones acusadas. De otra parte, anot que la eliminacin de la querella como requisito para la iniciacin de la accin penal respecto de estos delitos no contrara el artculo 42 de la Constitucin Poltica, puesto que persigue finalidades constitucionalmente legtimas como lo son la proteccin de la vida, la salud y la integridad de la mujer, la armona y unidad familiar, y resulta un medio idneo al logro de tales finalidades al contribuir a la prevencin y erradicacin de tales conductas.

 

Comunicado 1

C-034/15

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

CLASIFICACIN DE EMPLEOS Y RGIMEN DE CARRERA ESPECIAL DE LA FISCALA GENERAL DE LA NACIN Y ENTIDADES ADSCRITAS CONCURSO DE ASCENSO O PROCESO DE SELECCIN, REQUISITOS, MODALIDADES COMPLEMENTARIAS DE DICHOS CONCURSOS Y DIVULGACIN DE LA CONVOCATORIA. (ARTCULO 24 y 25 Y EXPRESIONES DE LOS ARTCULOS 26 Y 30 DEL DECRETO LEY 20 DE 2014)

28-01-15

 

La Corte encontr exequibles las normas que regulan el concurso de ascenso en la Fiscala General de la Nacin frente a la supuesta vulneracin de los artculos 13, 40.7 y 125 de la Constitucin Poltica, por las siguientes razones: 1. La carrera constituye la regla general para el ingreso y la permanencia en el empleo pblico y debe estar fundada exclusivamente en el mrito, mediante la consagracin de procesos de seleccin y evaluacin permanente en los cuales se garantice la transparencia y la objetividad. Sin embargo, el legislador tiene un razonable margen de libertad en la configuracin y en el diseo de los mecanismos a travs de los cuales se valora el mrito de los aspirantes al ingreso o ascenso, siempre y cuando no desconozcan las finalidades constitucionales de la carrera. 2. La Corte Constitucional consider que si bien la jurisprudencia ha excluido la posibilidad de que existan concursos cerrados, es decir, aquellos en los cuales solamente puedan participar funcionarios de carrera, y ciertamente ese sigue un criterio vigente de la corporacin, tambin es claro que la Corte no ha considerado contrario a la Carta que en la carrera administrativa se tenga en cuenta la experiencia de los empleados de la entidad para valorar el mrito, ni que, para efectos de estimular el ascenso y la permanencia, se reserven algunos cargos para funcionarios que ya hacen parte de la carrera. 3. En virtud de lo anterior, la ley debe tener en cuenta factores como la experiencia especfica para valorar el mrito, tal como seal la sentencia SU446 de 2011, en la cual esta Corporacin afirm que la Comisin de Carrera de la Fiscala General de la Nacin, al definir los factores de calificacin, tendr en cuenta la experiencia en el tipo de funciones a desempear. 4. Por lo anterior, la posibilidad de que se convoquen concursos internos de ascenso en los cuales participen exclusivamente servidores pblicos de carrera administrativa para proveer hasta el 30% de las vacantes no es inexequible, sino que por el contrario desarrolla mltiples finalidades constitucionales de la carrera administrativa: (i) permite contar con servidores cuya experiencia y dedicacin garanticen cada vez mejores resultados, (ii) motiva a los servidores pblicos de la carrera para que cumplan ms eficazmente sus funciones con el objeto de lograr un ascenso, (iii) valora la permanencia y otorga estabilidad a los funcionarios en las entidades pblicas, (iv) tiene en cuenta a funcionarios que previamente han ingresado a travs de concurso de mritos a la entidad y (v) garantiza que la inversin del Estado en la capacitacin de los funcionarios se vea reflejada en su mejoramiento y promocin continuada con fundamento en la evaluacin permanente para garantizar una mejor administracin de justicia.

Comunicado 2

 

 

C-035/15

 

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

 

DERECHO A LA INFORMACIN Y LAS COMUNICACIONES DE LAS PERSONAS CIEGAS Y DE BAJA VISION Y LIMITACIONES AL DERECHO DE AUTOR PREVISTAS EN NORMA DEMANDADA. (LEY 1680 DE 2013)

 

28-01-15

 

La Sala consider que la Ley 1680 de 2013 no se hallaba sujeta a reserva de ley, bsicamente, porque (i) no constituye un desarrollo integral del derecho a la igualdad material, mandato de especial amplitud en un orden normativo definido como Estado social de derecho; (ii) tampoco es una normativa destinada a definir aspectos estructurales de los derechos de las personas con discapacidad, sino que (iii) se trata de una ley que establece medidas concretas para alcanzar fines asociados a la eliminacin de una barrera para el acceso al conocimiento y la informacin de las personas ciegas y de baja visin, a partir de un conjunto de principios establecidos en un marco ms amplio, que comprende los artculos constitucionales que prevn la obligacin estatal de adoptar medidas para asegurar el goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad (Arts. 2, 5, 13.2 y 13.3, 47 y 54), la Convencin sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del ao 2006, que hace parte del bloque de constitucionalidad, y la Ley 1618 de 2013 ( Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad), norma de rango estatutario que define de forma amplia e integral las obligaciones que el Estado debe adelantar para avanzar en la inclusin social y en el respeto, proteccin y garanta de los derechos de esta poblacin. As mismo, la Sala efectu una ponderacin entre las posiciones de derecho fundamental en conflicto: De un lado, los derechos de las personas ciegas o de baja visin, para acceder a un amplio conjunto de obras literarias, cientficas o artsticas que, actualmente, no se hallan disponibles en Braille o en cualquier otro formato accesible. De otra parte, el derecho del autor a autorizar la reproduccin de la obra y a percibir una suma de dinero por ello. La Corte concluy que la imposibilidad que actualmente enfrentan los beneficiarios de la norma de conocer un inmenso nmero de obras editadas en formatos tradicionales genera una afectacin particularmente intensa y empricamente comprobada de su derecho fundamental a la existencia de un entorno inclusivo para el acceso a la informacin y el conocimiento, que se proyecta, adems, en dificultades para el ejercicio de otros derechos como la educacin o la cultura, situacin plenamente documentada por los organismos internacionales especializados en la materia (como la Unin Mundial de Ciegos o la Organizacin Mundial de Propiedad Intelectual), as como por las intervenciones ciudadanas recibidas por la Corte, en las que se da cuenta de la inmensa desproporcin entre los libros editados en formato impreso tradicional y aquellos adaptados o traducidos a modos accesibles. Por el contrario, la afectacin a los derechos patrimoniales de los autores que impone la norma es apenas leve, dadas las garantas que el propio artculo demandado establece a su favor (que solo sea viable la reproduccin cuando se efecte sin nimo de lucro y se trate de obras que no hayan sido previamente editadas en formatos accesibles con fines comerciales).

 

Comunicado 2

 

 

C-041/15

 

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

 

DECRETO DE CORRECCIN DE YERROS CONTENIDOS EN CDIGO GENERAL DEL PROCESO SOBRE CUANTA DEL INTERS PARA RECURRIR (ARTCULO 6 DEL DECRETO 1736 DE 2012)

 

04-02-15

 

La demanda en este caso no se dirigi contra un acto reformatorio de la Constitucin, ni contra una ley o un decreto con fuerza de ley, sino directa y exclusivamente contra un decreto de correccin de yerros. Ese caso no slo no se ajusta estrictamente a las hiptesis en que se ha pronunciado la Corte sobre decretos de esta jerarqua, sino que tampoco se puede considerar siquiera anlogo a esos eventos. Cuando en las sentencias C-672 de 2005 y C-634 de 2012 esta Corte ha emitido juicios de exequibilidad sobre decretos que corrigen yerros, lo ha hecho dentro de su funcin de control de la ley, pues un ejercicio de control constitucional de las leyes por su contenido material o, en ciertos casos, por problemas de procedimiento en su formacin- supone dilucidar en primer lugar el alcance de la ley bajo examen. Cuando existe un decreto que corrige yerros en un acto del legislador o del legislador extraordinario, es entonces natural que la Corte incorpore el decreto al control pues est evalundose un acto complejo, integrado por la decisin del legislador ms el de la administracin pblica. Otra enteramente distinta es la hiptesis en que se somete a control solamente el acto administrativo de correccin de yerros, y se cuestiona sobre la base de que desconoce en primer lugar la ley (la que pretende corregir y la que define el alcance de esta clase de yerros), y que slo en sentido remoto desconoce el principio de legalidad como precepto constitucional. Este tipo de juicio difiere, como se ve, del que se plantea contra una ley, que a su turno presenta yerros corregidos por un decreto, y se cuestiona directamente el acto del legislador con fundamento en que viola de forma inmediata la Constitucin. Es esta ltima clase de problemas los que han provocado pronunciamientos como los hechos por la Corte en las sentencias C-672 de 2005 y C-634 de 2012, y no son ms que una especie del gnero de cuestiones que debe resolver la Corte ordinariamente, en ejercicio de sus competencias constitucionales (CP art 241). La Corte puede controlar la constitucionalidad de una ley y, segn el vicio endilgado o la clase de control, puede entonces definir su alcance. Como el decreto que pretende corregir yerros puede definir el alcance de la ley, la Corte en ese contexto est autorizado necesariamente para establecer si efectivamente lo define o no y en qu medida. Pero por fuera de ese escenario, la jurisprudencia no ha contemplado la posibilidad de emitir un pronunciamiento sobre los decretos que se expiden para corregir yerros en las normas de la ley. Esto permite entonces mostrar con mayor claridad la razn por la cual no es posible hacer en este caso una integracin normativa oficiosa, en virtud de la cual se incorpore al juicio la Ley que pretenda corregirse con el decreto de yerros demandado. Para empezar, la Corte consistentemente ha sostenido que esta facultad de integracin oficiosa de normas es excepcional y procede solo en tres casos (C-539 de 1999). En esta ocasin no se est, sin embargo, ante ninguna de estas causas excepcionales. Primero, no se est ante una norma que carezca de contenido dentico claro, pues el Decreto acusado prev claramente su funcin y efectos. Segundo, la norma no est reproducida en la ley que pretende integrarse, sino que de hecho se presenta como una correccin y no como un reflejo estricto del texto legal y, segn el actor, tampoco es un reflejo de su contenido. Tercero, no se trata de una ley que, por s misma, presente a primera vista problemas de inconstitucionalidad y, de hecho, la demanda ni siquiera se dirigi contra la ley. Los cargos que se presentan contra el decreto no son extensibles al acto del legislador pues se contraen es, por el contrario, a argumentar que el acto del legislador sufri un cambio con el decreto. Ciertamente, en la sentencia C-634 de 2012 la Corte integr al control un decreto de yerros. No obstante, las diferencias con este caso son notorias. En primer lugar, en el fallo C-634 de 2012 se demandaba un decreto con fuerza de ley, para cuyo examen la Corte tiene competencia expresa (C. P. art 241 num. 5). En segundo lugar, contra dicho decreto ley se presentaron cargos, consistentes en una violacin de la Constitucin. En tercer lugar, en vista de que el cargo planteado la autorizaba para ello, la Corte deba establecer ante todo cul era el alcance de la norma con fuerza de ley cuestionada en la accin pblica, y fue en tal escenario que advirti la existencia de un decreto de correccin de yerros. El de correccin de yerros estaba entonces estrechamente relacionado con el decreto ley acusado, y adems a juicio de la Corte presentaba a primera vista problemas de inconstitucionalidad. En contraste, en este caso, se pretende una integracin inversa con unas caractersticas radicalmente distintas. No se busca integrar el decreto de yerros a un juicio sobre la ley sino incorporar la ley a una propuesta de control sobre el decreto. Adems, el cargo no est formulado en trminos que puedan extenderse hacia la ley no demandada que el decreto pretende corregir, pues no se dice que la ley en cualquiera o alguna de sus versiones sea contraria a la Constitucin, sino que el decreto de yerros contradice en primera instancia la ley y slo indirectamente la Constitucin. Finalmente, como se dijo, no existe en este asunto un evento en el cual la ley que busca corregirse con el decreto tenga a primera vista un evidente problema de inconstitucionalidad. No slo no se est, en sntesis, ante una demanda contra un acto reformatorio de la Constitucin, la ley o un decreto ley, sino que tampoco se est en presencia de una hiptesis en la cual ante una demanda contra actos de esa naturaleza- est autorizada la Corte para efectuar una integracin oficiosa de la unidad normativa. Por ende, en vista de que no puede conocer de una accin exclusiva y directamente dirigida contra un decreto de correccin de yerros, la Corporacin consider que deba inhibirse de emitir un juicio de mrito

 

Comunicado 3

 

C-044/15

 

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

 

CREACIN DEL SISTEMA DE DEFENSA TCNICA Y ESPECIALIZADA DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PBLICA. (LEY 1698 DE 2013)

 

11-02-15

 

La Corte decidi sobre cinco distintos cargos formulados por el actor contra apartes de la Ley 1698 de 2013, los tres primeros referidos a vicios de procedimiento, en contra de la totalidad de esta ley, sealando que en su trmite se incurri en: (i) violacin de la reserva de ley estatutaria; (ii) aprobacin en primer debate por una comisin distinta a la constitucionalmente correspondiente; (iii) infraccin del artculo 157 de la Constitucin por elusin del debate democrtico, derivada de la infraccin del artculo 134 del Reglamento del Congreso, y desconocimiento de los principios de consecutividad e identidad flexible. Adicionalmente, (iv) se demandaron los artculos 2, 4, 5, 10, 11, 12 y 13 de esta Ley por la supuesta infraccin del artculo 355 de la Constitucin; y, (v) el artculo 16 de la misma ley por infraccin del principio de unidad de materia. En relacin con el primer cargo, la Corte concluy que en el trmite de la Ley 1698 de 2013 no hubo infraccin de la reserva de ley estatutaria prevista en el artculo 152 de la Constitucin, por cuanto no se verific ninguno de los criterios que, de acuerdo a lo establecido en la jurisprudencia constitucional, justifican sustraer la competencia de un asunto al legislador ordinario para someterlo al trmite especial de las leyes estatutarias. Frente al segundo cargo planteado, la Sala estim que, si bien exista una duda razonable sobre a cules de las comisiones del Congreso corresponda el trmite del proyecto de ley objeto de controversia, la decisin de asignarla a las comisiones segundas de Senado y Cmara fue ajustada a derecho, por cuanto el contenido de la iniciativa sometida a debate no resultaba ajeno a las materias que definen la competencia de dichas comisiones. En tercer lugar, la Sala encontr que en el trmite surtido ante la Plenaria de la Cmara de Representantes no se configur un vicio de inconstitucionalidad por elusin de debate y votacin, ni existi infraccin del artculo 134 del Reglamento del Congreso. Adicionalmente, la Corte encontr que no se infringi el artculo 134 del Reglamento del Congreso, pues el trmite se ajust a lo establecido en dicha norma. Asimismo, la Sala estim que no existan elementos que permitieran concluir que con la votacin en bloque se sacrificara la finalidad sustantiva que se protege con el mecanismo de votacin separada, por lo cual se declar exequible la Ley 1698 de 2013 por el tercero de los cargos analizados. De otro lado, la Corte consider que no existi infraccin del principio de unidad de materia en la aprobacin del artculo 16 de la Ley 1698 de 2013, en tanto existe conexidad temtica y teleolgica entre dicha norma y los restantes contenidos desarrollados en la ley de la cual forma parte. Existe conexidad temtica, por cuanto el artculo 16 desarrolla un aspecto complementario del Sistema de Defensa Tcnica y Especializada para la fuerza pblica, referido a la representacin judicial ya no de sus integrantes individualmente considerados, sino de la entidad a la que pertenecen. De igual manera, existe conexidad teleolgica entre el contenido regulado en esta disposicin y uno de los objetivos perseguidos por la Ley 1698 de 2013, orientado a asegurar el carcter especializado del sistema de defensa que en ella se establece. Finalmente, la norma acusada no se introdujo de manera inadvertida en el proyecto, con lo cual no hay lugar a afirmar que se est en presencia de una de las hiptesis que el Constituyente trat de prevenir al introducir el principio de unidad de materia. En consecuencia, se declar la exequibilidad del artculo 16 en relacin con este cargo. Por ltimo, la Sala declar exequibles los artculos 2, 4, 5, 10, 11, 12 y 13 de la Ley 1698 de 2013 en relacin con el cargo por infraccin del artculo 355 de la Constitucin. A este respecto se consider que la prestacin establecida en las normas acusadas no encajaba dentro de las hiptesis de auxilio o donacin prohibidas en la citada norma constitucional, toda vez que los integrantes de la Fuerza Pblica en ejercicio de su misin constitucional desarrollan una actividad peligrosa y, por tanto, el Estado est obligado, por el principio de correspondencia, a garantizar su defensa tcnica, teniendo en cuenta que hay en su actividad un ejercicio legtimo de la fuerza. No obstante, precis que en la reglamentacin que expida el Gobierno Nacional con fundamento en los artculos 2 y 6 de esta ley, se debern precisar los criterios que orientarn la asignacin de recursos para servicios de defensa con cargo a dicho fondo, incluyendo criterios de distribucin proporcional a fin de asegurar que aquellos cubran la defensa de aquellos integrantes de la fuerza pblica que no cuentan con rentas e ingresos suficientes para sufragar su defensa y que la destinacin de los recursos se efecte con arreglo a criterios de eficiencia y equidad.

 

Comunicado 4

 

C-048/15

 

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

 

CLASIFICACIN DE EMPLEOS Y RGIMEN DE CARRERA ESPECIAL DE LA FISCALA GENERAL DE LA NACIN Y ENTIDADES ADSCRITAS CONCURSO DE ASCENSO O PROCESO DE SELECCIN, REQUISITOS, MODALIDADES COMPLEMENTARIAS DE DICHOS CONCURSOS Y DIVULGACIN DE LA CONVOCATORIA. (ARTCULO 24 y 25 Y EXPRESIONES DE LOS ARTCULOS 26 Y 30 DEL DECRETO LEY 20 DE 2014)

 

11-02-15

 

La Sala encontr que las normas acusadas en este caso fueron recientemente objeto de una decisin de constitucionalidad, la Sentencia C-034 de 2015, que las declar exequibles. Por lo anterior, teniendo en cuenta adems la identidad existente entre los cargos ya decididos y los ahora planteados, la Corte decidi estarse a lo resuelto en esa oportunidad.

Comunicado 4

 

C-049/15

 

MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ

 

TRATADO ENTRE COLOMBIA Y LA REPBLICA CHECA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIN EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (LEY 1690 DE 2013)

 

11-02-15

 

La Corte constat que se ajusta en todo a los preceptos constitucionales. De una parte, se han cumplido los requisitos procedimentales exigidos por la Constitucin y la ley para integrar el ordenamiento jurdico interno, y de otra, los objetivos y el contenido del Acuerdo sometido a control constitucional, que busca facilitar a los ciudadanos y empresas de los pases signatarios, los instrumentos que les permiten no ser sujetos de doble imposicin tributaria por parte de ambos Estados, se enmarca sin dificultad en el contenido de los preceptos constitucionales aplicables, en particular, dentro de los objetivos que la Carta Poltica le asigna al manejo de las relaciones internacionales y a la suscripcin de tratados con otros Estados y/o organismos de derecho internacional (arts. 9, 150.16, 189.2, 224 y 226 C. P.) En relacin con el objetivo principal del Acuerdo, la Corte precis que no resulta contrario a ninguna de las disposiciones constitucionales relevantes en relacin con el tema tributario, en especial, los artculos 338, 345 y 363 de la Constitucin. Para este Tribunal, es claro que las disposiciones de este Acuerdo no entraan, en manera alguna, la creacin de nuevas obligaciones o cargas tributarias para los ciudadanos colombianos o las personas residentes en Colombia, sino por el contrario, la posibilidad de racionalizar tales cargas frente a situaciones de eventual doble imposicin.

 

Comunicado 4

 

C-050/15

 

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

 

RGIMEN JURDICO DE LAS ASOCIACIONES PBLICO PRIVADAS PARTICIPACIN DE ENTIDADES DE NATURALEZA PBLICA O MIXTA (ARTCULO 8 DE LA LEY 1508 DE 2012)

 

11-02-15

 

La Corte encontr que los cargos formulados en este caso no cumplan los requisitos que la jurisprudencia de esta Corte ha establecido como necesarios para que pueda dictarse un fallo de mrito, entre ellos la certeza y la suficiencia de las acusaciones planteadas, por cuanto segn se aprecia, de lo que principalmente se trata, es de que la Corte dilucide una controversia interpretativa en relacin con los alcances de la norma, lo que excede el propsito de la accin pblica de inconstitucionalidad.

 

Comunicado 4

C-052/15

 

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

 

LEY ANUAL DE PRESUPUESTO- MODIFICACIN DEL ARTCULO 12 DE LA LEY 179 DE 1994, EN. (ARTCULO 81 DE LA LEY 1687 DE 2013)

 

12-02-15

 

La Sala Plena decidi abstenerse de analizar lo atinente al cargo de vulneracin de la reserva de ley orgnica teniendo en cuenta que el desconocimiento del principio constitucional de unidad de materia consagrado en el artculo 158 Superior, por s slo, conduce a la declaratoria de inexequibilidad. La Sala evidenci que existi un desconocimiento de tal norma constitucional, en la medida que (i) se incluy una norma cuyo objeto no tena conexin con la materia presupuestaria propia de una Ley Anual de Presupuesto, (ii) no logr demostrarse que su objeto persiguiera su debida ejecucin, y (iii) las disposiciones superan las limitaciones de tiempo de las normas presupuestales. La Corte reiter que la unidad temtica se rompe cuando no es posible encontrar una congruencia causal, temtica, sistemtica y teleolgica entre los distintos aspectos que regula la ley y la materia dominante de la misma. En el caso de las Leyes Anuales de Presupuesto, es necesario tambin considerar los aspectos de (i) temporalidad, (ii) asunto y (iii) finalidad presupuestal. En este orden de ideas, las disposiciones generales de la ley anual del presupuesto no pueden tener vocacin de permanencia ni modifican reglas generales, incluidas en leyes permanentes. En este orden de ideas, seal que la Ley Anual de Presupuesto involucra una serie de disposiciones generales necesarias para su correcta ejecucin y contiene las indicaciones que debe acoger el Gobierno como ejecutor del gasto pblico y recaudador de los ingresos fiscales dentro de la vigencia fiscal a la que est llamado a regir. El artculo 81 de la Ley 1687 de 2013 busca complementar una disposicin normativa que dista de contener una estimacin de ingresos, una autorizacin de gastos o una norma para la debida ejecucin del presupuesto aprobado. Por el contrario, pretende establecer una regla general y permanente sobre la manera de incorporar las contribuciones parafiscales de los rganos que no son parte del Presupuesto General de la Nacin. Ahora bien, aunque la Corte declar la inconstitucionalidad de la disposicin acusada, decidi diferir los efectos de dicha declaratoria hasta el 31 de diciembre de 2015, a fin de que el Congreso le d el trmite correspondiente. Ello, por cuanto una declaratoria de inexequibilidad pura y simple, desconocera postulados constitucionales de gran valor como la proteccin de recursos pblicos, sumado a que podra generar inseguridad jurdica frente a la administracin de estos aportes.

 

 

Comunicado 5

C-071/15

JORGE IVAN PALACIO PALACIO

CDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA-EFECTOS JURDICOS DE LA ADOPCIN. (ARTCULOS 64 NUMERAL 1 Y 5 Y 68 NUMERAL 3 Y 5 DE LA LEY 1098 DE 2006)

 

 

18-02-15

 

La Corte resolvi dos problemas jurdicos: en primer lugar, si las reglas sobre la adopcin conjunta, ejercida por compaeros permanentes con una convivencia ininterrumpida de por lo menos dos aos, violaban el derecho de las parejas conformadas por personas del mismo sexo a la no discriminacin y a constituir una familia (arts. 13 y 42 CP). En segundo lugar, si las normas sobre adopcin complementaria o por consentimiento, que tiene lugar en aquellos casos en los cuales se adopta el hijo o hija biolgica del compaero o compaera permanente, con la anuencia de ste, desconocan el derecho de las parejas constituidas por personas del mismo sexo a la no discriminacin y a conformar una familia (arts. 13 y 42 CP). 3.3. En lo relativo a la adopcin conjunta (nm. 1 del art. 64 y nm. 3 del art. 68 la Ley 1098 de 2006), la Corte consider que las expresiones impugnadas no desconocan la prohibicin de discriminacin por orientacin sexual (art. 13 CP), ni lo atinente a las normas que en el artculo 42 de la Constitucin se refieren a la familia. Sobre el particular, consider que es facultad del Congreso determinar los efectos de la adopcin estableciendo quines pueden ser adoptantes. Precis adems que la extensin del nuevo concepto jurisprudencial de familia contenido en la sentencia C-577 de 2011 no implica una extensin automtica y uniforme para todos los efectos legales y mucho menos para la adopcin, en la cual debe atenderse al inters superior del menor de edad y que los derechos de los nios prevalecen sobre los derechos de los dems. La Sala sostuvo que la institucin de la adopcin conjunta, en las normas acusadas, est concebida y diseada para suplir las relaciones de paternidad y maternidad, razn por la cual segn la opcin actual del Legislador- slo pueden acudir a esta institucin las parejas conformadas por hombre y mujer, lo cual no contradice ni el derecho a la igualdad, ni los preceptos del artculo 42 Superior que se refieren a la familia. Ello no implica que la Corte haya dicho que exista prohibicin constitucional para que el legislador reconozca el derecho a adoptar por parte de las parejas del mismo sexo, sino que la opcin legislativa actual en las normas demandadas, es constitucionalmente permitida. La Corte tuvo tambin en cuenta que de los 19 pases del mundo que han permitido la adopcin por parejas del mismo sexo, muchos de ellos lo han hecho por decisin del rgano de representacin popular. En consecuencia, declar exequibles, por los cargos analizados, las expresiones impugnadas de la Ley 1098 de 2006 que regulan la adopcin conjunta por compaeros permanentes, as como del artculo 1 (parcial) de la Ley 54 de 1990. 3.4. Con referencia a la adopcin complementaria o por consentimiento (nm. 5 del art. 64, art. 66 y nm. 5 del art. 68 de la Ley 1098 de 2006), la Corte sostuvo que cuando el Estado se abstiene de reconocer las relaciones familiares entre nios que tienen una nica filiacin, y el compaero(a) permanente del mismo sexo de su progenitor, con el(la) que ste ltimo comparte la crianza, el cuidado y la manutencin del menor de 18 aos, pueden verse comprometidos los derechos de los nios, nias o adolescentes. En estos eventos, la falta de reconocimiento jurdico del vnculo familiar, amenaza el derecho constitucional fundamental reconocido en el artculo 44 de la Constitucin a no ser separados de su familia. Por lo anterior, la Corte consider necesario condicionar la exequibilidad de estas normas, en el entendido que dentro de su mbito de aplicacin tambin estn comprendidas las parejas del mismo sexo cuando la solicitud de adopcin recaiga en el hijo biolgico de su compaero o compaera permanente. 3.5. En este contexto, consider la Corporacin que no caba incluir en el condicionamiento la adopcin consecutiva, esto es, la que se da en relacin con el hijo o hija adoptivo del cnyuge o compaera o compaero permanente, debido a que el asunto reviste unas particularidades que, en principio, remiten a una configuracin legislativa del mismo.

 

 

Comunicado 6

C-083/15

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

 

MECANISMOS DE PREVENCIN, INVESTIGACIN Y SANCIN DE ACTOS DE CORRUPCIN Y EFECTIVIDAD DEL CONTROL DE LA GESTIN PBLICA - EFECTOS DE LA INCOMPARECENCIA DEL INVESTIGADO EN LAS AUDIENCIAS DEL PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL (LITERAL D) DEL ARTCULO 98 DE LA LEY 1474 DE 2011)

 

24-02-15

 

La Corte estudi el cargo sobre posible violacin del derecho al debido proceso administrativo, teniendo en cuenta el legtimo margen de configuracin normativa reconocido al legislador en estas materias, a partir de lo cual adelant un test de razonabilidad de intensidad intermedia. Como producto de su estudio, la Sala encontr que los cambios que en relacin con estas actuaciones introdujo la Ley 1474 de 2011 persiguen una finalidad constitucionalmente vlida (agilidad y eficacia de los procesos de responsabilidad fiscal), que la medida en cuestin es idnea para el logro de ese propsito, pero que puede ser considerada desproporcionada en cuanto a sus gravosas consecuencias, pues la presencia del apoderado debidamente reconocido es usualmente considerada suficiente, tanto en cuanto expresin del inters del investigado por participar de la actuacin, como en lo relacionado con la debida garanta de sus derechos.

 

 

Comunicado 7

C-090/15

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

 

NORMA QUE GARANTIZA A LAS PERSONAS CIEGAS Y CON BAJA VISIN, EL ACCESO A LA INFORMACIN, A LAS COMUNICACIONES, AL CONOCIMIENTO Y A LAS TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y DE LAS COMUNICACIONES. (LEY 1680 DE 2013)

04-03-15

 

Cosa juzgada constitucional en sentencia C-035/15

Comunicado 8

C-091/15

JORGE IVAN PALACIO PALACIO

 

HONORES A LA SANTA MADRE LAURA MONTOYA UPEGUI, COMO ILUSTRE SANTA COLOMBIANA (LEY 1710 DE 2014)

 

04-03-15

Cosa juzgada constitucional en sentencia C-948/15

Comunicado 8

C-094/15

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

 

NORMA SOBRE APROVECHAMIENTO EXCLUSIVO E ILIMITADO EN EL TIEMPO DE LAS AGUAS DEL LAGO DE TOTA POR PARTE DE EMPRESA PRIVADA (DECRETO 1111 DE 1952)

11-03-15

 

Como primera medida, este tribunal observ que en razn a la ya referida evolucin del marco constitucional aplicable, as como de la legislacin ambiental, debe entenderse que el referido decreto no se encuentra ya vigente. Sin embargo, encontr tambin que el mismo estara aun produciendo efectos, por lo que conforme a su jurisprudencia, resultaba viable emitir un pronunciamiento de fondo respecto de la norma acusada. Al avocar el anlisis propuesto, y a la luz de la normatividad local e internacional aplicable al manejo de los recursos naturales y el medio ambiente, la Sala reliev la trascendencia que en el marco de la poltica pblica sobre estos temas tienen dos importantes principios cercanamente conectados entre s, el de desarrollo sostenible y el relativo a la solidaridad intergeneracional, a partir de los cuales, sin perjuicio de la satisfaccin de las necesidades de la actual poblacin, el aprovechamiento de los recursos naturales debe hacerse de tal forma que tambin las generaciones futuras puedan beneficiarse de ellos, razn por la cual ste debe estar fundado en una poltica pblica (deber de planificacin) orientada a garantizar el desarrollo sostenible en el aprovechamiento de los recursos naturales y a promover su conservacin, restauracin o sustitucin. A partir de estos criterios, al contrastar el contenido del Decreto 1111 de 1952 acusado con los preceptos constitucionales invocados y el marco terico establecido para el anlisis, la Corte concluy que todas las medidas contempladas en dicha norma plasman un modelo de gestin ambiental aplicado a un recurso natural estratgico, que se distancia abiertamente del manejo ambiental que conforme a la Constitucin (Arts. 8, 79 y 80) debe darse a los recursos naturales. As, la norma que entrega la gestin de un recurso natural estratgico como es el Lago de Tota, a una empresa industrial cuyo capital es hoy en da mayoritariamente privado, vulnera preceptos constitucionales que conceden a la proteccin del ambiente un lugar fundamental en el ordenamiento jurdico colombiano. La Sala seal que la consideracin del medio ambiente no slo como un derecho sino tambin un bien jurdico sujeto a tutela constitucional, exige que los elementos que lo integran estn vinculados a una poltica pblica que permita y promueva la adopcin de las medidas necesarias para garantizar el manejo, uso, aprovechamiento y conservacin de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la proteccin de la diversidad biolgica y cultural, el desarrollo sostenible, y el derecho fundamental al agua potable.

 

Comunicado 9

C-102/15

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

NORMAS TRIBUTARIAS DE CONTROL Y PARA LA COMPETITIVIDAD- INEFICACIA DE LAS DECLARACIONES DE RETENCIN EN LA FUENTE PRESENTADAS SIN PAGO TOTAL. (ARTCULO 15 DE LA LEY 1430 DE 2010)

11-03-15

 

La Corte consider que la norma demandada es conforme a la Constitucin, pues juzg que la ineficacia no era una sancin, y por lo tanto, poda operar sin que la administracin tenga que declarar la ineficacia expresamente en cada caso. Por el contrario, la Corte consider que el pago total es un requisito ms para la presentacin vlida de la declaracin de retencin, como pueden serlo la firma de la misma, y los dems requisitos establecidos en la Ley tributaria. De otra parte, teniendo en cuenta que los impuestos retenidos por los agentes retenedores no hacen parte de su patrimonio, sino que le pertenecen al fisco desde el momento en que el agente los retiene, resulta razonable que el no pagarlos en su totalidad, le reste eficacia al cumplimiento de su obligacin de declarar los valores retenidos. La Corte encontr que esta medida es constitucional, pues con ella el legislador busca garantizar la eficacia y la eficiencia en el recaudo de impuestos, sin los cuales es imposible realizar todas aquellas funciones propias de un Estado Social de Derecho. Por lo tanto, todas las personas que sean agentes retenedores estn obligados a presentar su declaracin de retencin en la fuente, junto con el pago total de las sumas declaradas, dentro de los plazos establecidos por el Gobierno Nacional.

 

Comunicado 9

C-103/15

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

NORMAS SOBRE ORGANIZACIN Y FUNCIONAMIENTO DE LA CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA - CONTROL PREVIO POR PARTE DE LA CONTRALORA GENERAL SOBRE OPERACIONES Y PROCESOS EN EJECUCIN QUE COMPROMETAN PATRIMONIO PBLICO. (NUMERAL 7 DEL ARTCULO 5 DEL DECRETO 267 DE 2000)

11-03-15

La Sala concluy que, en razn de los inconvenientes generados por las facultades de control previo que antes de la reforma constitucional de 1991 se atribuan a la Contralora, el constituyente opt por establecer que el control fiscal a cargo de dicha entidad tuviera carcter posterior y reiter la prohibicin de coadministracin. Esto no signific la renuncia a toda forma de control fiscal previo, sino que este fuera establecido a travs de otros mecanismos, como son: (i) el control interno (arts. 209, 268 num. 6, 269 CP) y (ii) la funcin de inspeccin y vigilancia que se atribuye a la Administracin sobre ciertas actividades y se ejerce a travs de las superintendencias. Sobre esta base, la Sala concluy que la funcin de advertencia establecida en la norma acusada es inconstitucional, pues si bien apunta al logro de objetivos constitucionalmente legtimos, relacionados con la eficacia y eficiencia de la vigilancia fiscal encomendada a esta entidad, desconoce el marco de actuacin trazado en el artculo 267 de la Constitucin, por cuanto (i) constituye una modalidad de control previo, ya que por definicin se ejerce antes de que se adopten las decisiones administrativas y concluyan los procesos que luego (como lo reconoce la propia norma) tambin sern objeto de control posterior; (ii) le otorga a la Contralora un poder de coadministracin, porque a travs de las advertencias logra tener incidencia en decisiones administrativas an no concluidas. Por ltimo, la Corte sostuvo que la modalidad de control fiscal previo representada en la funcin de advertencia constituye una afectacin innecesaria de los principios constitucionales que, para salvaguardar la autonoma e independencia de la Contralora, establecen el carcter posterior del control externo y la prohibicin de coadministracin. El propio constituyente dispuso de otros instrumentos, como el control fiscal interno, el cual, sin comprometer los mencionados lmites, se orienta a alcanzar las finalidades constitucionales perseguidas con la funcin de advertencia prevista en la norma acusada. Finalmente, la figura del control interno encuentra un adecuado complemento en los controles preventivos y la formulacin de advertencias que la propia Administracin, a travs de las facultades atribuidas a las Superintendencias, puede implementar respecto de aquellas actividades sometidas a inspeccin, vigilancia y control.

 

 

Comunicado 9

 

C-142/15

 

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

 

LEY ANUAL DE PRESUPUESTO- MODIFICACIN DEL ARTCULO 12 DE LA LEY 179 DE 1994 Y ARTCULO 23 DE LA LEY 38 DE 1989 (ARTCULO 81 Y 82 DE LA LEY 1687 DE 2013)

 

06-04-15

 

La Corte encontr que la primera de estas normas fue recientemente declarada inexequible, al prosperar cargos semejantes a los ahora planteados, mediante la sentencia C-052 de febrero 12 de 2015, razn por la cual en relacin con el artculo 81 no caba decisin distinta a la de reconocer el efecto de cosa juzgada de ese fallo. Seguidamente, al reiterar la postura sentada en la referida sentencia, se declar tambin inexequible el artculo 82 de la ley acusada, al encontrar que concurran las mismas razones que en su momento justificaron la expulsin del ordenamiento jurdico del artculo 81, esto es, el hecho de tratarse de modificaciones a las normas orgnicas del Presupuesto Nacional. Ms all de ello, la Sala seal que por su contenido, se trata de reglas relativas a la preparacin, aprobacin y ejecucin del presupuesto anual, que en tal medida deben hacer parte de la correspondiente ley orgnica, y por lo mismo no pueden hacer parte de una ley de carcter temporal como lo es la Ley Anual de Presupuesto, la que por lo dems, tiene tambin una materia y un contenido constitucionalmente delimitados.

 

Comunicado 10

 

C-143/15

 

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

 

CDIGO PENAL- DELITO DE TORTURA (INCISO FINAL DEL ARTCULO 158 DE LA LEY 599 DE 2000)

06-04-15

 

La Corte Constitucional decidi acerca de si el contenido del inciso final del artculo 178 del Cdigo Penal, que contiene la descripcin tpica del delito de tortura, vulneraba los mandatos constitucionales contenidos en los artculos 1, 2, 5, 6, 12, 13 y 93 de la carta poltica al determinar que no se entendern como configurativos de este delito, el dolor o los sufrimientos que se deriven nicamente de sanciones lcitas o que sean consecuencia normal o inherente de ellas. Sobre este tema, la Sala Plena de esta corporacin encontr que los cargos planteados no estaban llamados a prosperar, pues la norma acusada no desconoce los estndares internacionales sobre la materia, ni las normas constitucionales que se invocaron como vulneradas.

Comunicado 10

C-144/15

MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ

MEDIDAS PARA FORMALIZAR EL SECTOR DEL ESPECTCULO PBLICO DE LAS ARTES ESCNICAS Y CONTROL SOBRE LAS SOCIEDADES DE GESTIN COLECTIVA MEDIDAS CAUTELARES (LITERALES B Y C DEL ARTCULO 30 DE LA LEY 1493 DE 2011)

06-04-15

La Sala encontr que las medidas cautelares demandadas no lesionan de manera desproporcionada o innecesaria los derechos fundamentales de los trabajadores y/o directivos de las Sociedades de Gestin Colectiva de Derechos de Autor, pues resultan necesarias para la efectiva consecucin de los fines de una adecuada inspeccin y vigilancia sobre este tipo de entidades, ya que adems no se vislumbra la existencia de otros mecanismos que generando un inferior nivel de afectacin ius-fundamental, permitan la cabal proteccin de los intereses jurdicos cuya proteccin se ha encomendado a la Direccin de Derechos de Autor.

 

Comunicado 10

C-145/15

MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ

LICENCIA URBANISTICA PARA CONSTRUCCION, ADECUACION O AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA - REALIZACIN DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LOCALES SOBRE USOS DEL SUELO (INCISO FINAL DEL ARTCULO 36 DE LA LEY 1709 DE 2014)

 

06-04-15

 

La Corte concluy que la norma acusada admite al menos dos interpretaciones: una conforme a la cual las autoridades nacionales encargadas de la construccin y mantenimiento de la infraestructura carcelaria pueden realizar cualquier actividad urbanstica sin atender a la reglamentacin de usos del suelo, en la medida en que no se requerir para el efecto licencia de urbanismo, intervencin que resulta incompatible con los artculos 287 y 313 numeral 7 de la Constitucin, pues desconoce las competencias del municipio en la organizacin de su territorio; y otra conforme a la cual, si bien no es necesario adelantar el trmite de las licencias de urbanismo para realizar intervenciones o la construccin de mobiliario destinado a la reclusin de personas afectadas con medidas privativas de la libertad, ello no autoriza a las entidades que las realicen para ignorar la reglamentacin sobre usos del suelo o sobre la necesidad de solicitar la licencia ambiental que fuere necesaria, pues toda actuacin del Estado debe estar revestida de legalidad, por lo cual no puede desconocer de manera injustificada las reglas y limitaciones que los concejos municipales establezcan en sus respectivos planes de ordenamiento territorial. As las cosas, al encontrar que la segunda de tales interpretaciones es conforme a la Constitucin, la Corte decidi declarar condicionalmente exequible la disposicin acusada, siempre y cuando las obras de intervencin y/o construccin de infraestructura carcelaria se desarrollen en las reas que hubieren sido destinadas para ello, en cumplimiento de las normas aplicables sobre ordenamiento territorial y usos del suelo

Comunicado 10

 

C-146/15

 

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

 

CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CAUSAL DE RECHAZO DE RECURSOS PROCEDENTES EN SEDE ADMINISTRATIVA. (EXPRESIN DEL ARTCULO 78 DE LA LEY 1437 DE 2011)

 

07-04-15

 

La Corte observ que la exigencia del requisito previsto en el numeral 4 al que remite la norma demandada, esto es, indicar el nombre y la direccin de notificacin del recurrente, resulta razonable. De igual manera aparece vlido que, en ejercicio de la libertad de configuracin legislativa, se establezcan consecuencias desfavorables ante el incumplimiento de las cargas previstas en las normas de procedimiento, lo cual pretende hacer realidad los principios de celeridad e impulso oficioso de las actuaciones administrativas. Adicionalmente, la Sala tuvo en cuenta que en algunos casos los recurrentes se hacen parte en las respectivas actuaciones solo al momento de interponer los recursos, escenario en el cual esta exigencia y la consecuencia de su incumplimiento cobran an ms sentido y justificacin. Sin embargo, seal como no menos cierto que el legislador debe cuidar de que las cargas procesales que se establezcan y el previsible efecto de su incumplimiento, no resulten desproporcionados, ni hagan nugatorio el derecho de defensa de los interesados. En esta perspectiva, la Corte encontr vlido considerar que, siendo posible que pese a la referida omisin, esa informacin haya sido previamente conocida por la correspondiente autoridad, se advierta que en tal supuesto no podr hacerse oponible esta consecuencia al interesado, pues ella deviene desproporcionada, y ciertamente afecta el derecho de defensa, y el de acceder a la administracin de justicia. A partir de estas consideraciones, la Corte concluy que el aparte normativo acusado deba ser declarado condicionalmente exequible en los trminos referidos.

Comunicado 11

C-147/15

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

 

MEDIDAS Y DISPOSICIONES PARA LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE - OBLIGACIONES DE LA NACIN COMO SOCIA EN ENTIDADES PBLICAS O MIXTAS QUE FINANCIEN INFRAESTRUCTURA. (ARTCULO 70 DE LA LEY 1682 DE 2013)

07-04-15

 

La Corte encontr, en primer lugar, que el referido a la presunta violacin del principio de consecutividad no cumpla con los requisitos necesarios para dar lugar a una decisin de fondo, por lo que redujo su anlisis al cargo por posible infraccin al principio de unidad de materia. En relacin con este ltimo, y al confrontar el contenido del artculo demandado con el que es comn a la mayora de los artculos de la ley de la cual forma parte, tambin a la luz del principio democrtico y de la potestad de configuracin normativa reconocida al rgano legislativo, la Corte encontr que el referido cargo no estaba llamado a prosperar, por cuanto conforme a la sostenida jurisprudencia de esta Corte, solamente aquellos apartes de una ley respecto de los cuales no sea posible establecer una relacin de conexidad causal, teleolgica, temtica o sistemtica con la materia dominante en la misma deben ser declarados inexequibles por infraccin a este principio, lo que no ocurre en el presente caso, en el que, en cambio, es posible predicar la existencia de vnculo suficiente entre el contenido del artculo demandado y el de la ley de la cual forma parte.

Comunicado 11

C-148/15

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

 

MEDIDAS PARA FORMALIZAR EL SECTOR DEL ESPECTCULO PBLICO DE LAS ARTES ESCNICAS Y CONTROL SOBRE LAS SOCIEDADES DE GESTIN COLECTIVA TOMA DE POSESIN DE LAS SOCIEDADES DE GESTIN COLECTIVA DE DERECHOS DE AUTOR

07-04-15

 

La Corte encontr que apenas tangencialmente podra considerarse que las materias tratadas en esta norma implican un caso de intervencin del Estado en la economa, pues la referida ley no plantea un tratamiento integral de los temas parcialmente regulados (formalizacin de los espectculos de artes escnicas e inspeccin y vigilancia sobre las sociedades de gestin colectiva de derechos de autor) ni tampoco se enfoca al logro de ninguno de los objetivos previstos en el artculo 334 de la Constitucin Poltica. En tales condiciones, concluy la Corte que en relacin con las normas acusadas no resultaba oportuna ni necesaria la observancia de los criterios previstos en el artculo 150 numeral 21 del texto superior, por lo cual los cargos formulados no estaban llamados a prosperar, razn por la cual, la Sala declar exequibles las disposiciones acusadas, con respecto a tales cargos.

 

Comunicado 11

C-150/15

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

 

PROYECTO DE LEY SOBRE MECANISMOS DE PARTICIPACIN CIUDADANA

08-04-15

 

La Corte constat el cumplimiento de las condiciones de procedimiento en la formacin del proyecto -CP y la Ley 5 de 1992-. Encontr que las exigencias del trmite legislativo relativas a: (i) la publicidad de las diferentes etapas, (ii) el qurum para deliberar, (iii) las mayoras para decidir y (iii) a la regularidad y oportunidad de los diferentes debates, se cumplieron satisfactoriamente. Parmetro de control material. El parmetro de control material del juzgamiento de las disposiciones contenidas en el proyecto de Ley se conform con los principios y reglas normativas tanto constitucionales como internacionales (el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos, articulo 25; y la Convencin Americana de Derechos Humanos, artculo 23). La Corte declar exequibles la mayor parte de sus disposiciones, pese a lo cual seal la inexequibilidad de algunos apartes y condicionamiento de exequibilidad de otras.

Comunicado 12

C-163/15

MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ

 

ACUERDO MARCO DE LA ALIANZA DEL PACFICO (LEY 1721 DE 2014)

 

15-04-15

 

Realizado el anlisis de este Acuerdo, tanto en su aspecto formal como material, la Corte constat que se ajusta en todo a los preceptos constitucionales. De una parte, por cuanto se han cumplido los requisitos procedimentales exigidos por la Constitucin y la ley para integrar el ordenamiento jurdico interno, y de otra, por cuanto los objetivos y el contenido del instrumento sometido a control constitucional, a travs del cual se busca constituir un acuerdo de marco de cooperacin e integracin econmica entre las Repblicas de Colombia, Mxico, Per y Brasil, que persigue avanzar de manera progresiva hacia la libre circulacin de bienes, servicios, capitales y personas entre estos pases, se enmarcan sin dificultad en el contenido de los preceptos constitucionales aplicables, en particular, dentro de los objetivos que la Carta Poltica le asigna al manejo de las relaciones internacionales y a la suscripcin de tratados con otros Estados y/o organismos de derecho internacional (arts. 9, 150.16, 189.2, 224 y 226 C. P.) Sobre el objetivo del Acuerdo y el contenido de sus estipulaciones, la Corte seal que adems de tener un carcter general, ninguno de ellos resulta contrario a las disposiciones superiores relevantes en relacin con el tema de la integracin econmica, ni implica la asuncin de compromisos u obligaciones lesivos a los intereses del Estado colombiano, y se enmarcan dentro de los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional previstos en la Constitucin.

Comunicado 13

C-164/15

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

 

 

LEY ANUAL DE PRESUPUESTO- MODIFICACIN DEL ARTCULO 12 DE LA LEY 179 DE 1994, EN. (ARTCULO 81 DE LA LEY 1687 DE 2013)

15-04-15

 

Cosa juzgada constitucional en sentencia C-052/15

Comunicado 13

C-165/15

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

 

MEDIDAS PARA PROMOVER LA OFERTA DE SUELO URBANIZABLE Y DISPOSICIONES DE ACCESO A LA VIVIENDA MACROPROYECTOS DE INTERES SOCIAL NACIONAL (LEY 1469 DE 2011 ARTCULO 2)

 

15-04-15

 

La Corte Constitucional observ en primer lugar que la Ley de la cual forma parte el precepto bajo control carece de una exigencia normativa precisa orientada a garantizar la adecuacin de los macroproyectos de inters social al entorno cultural y socio econmico de las reas rurales y, ms puntualmente, a las formas de vida campesina. Esta carencia la juzg violatoria del artculo 65 superior, que ordena proteger especialmente la produccin de alimentos, pues implica entonces que en el orden puramente legal dichos MISN pueden incluso introducir grandes y profundos cambios en el medio en el cual se inserten, y admite la posible transformacin sustantiva de los modos de vida campesinos vinculados a la produccin alimentaria. En segundo lugar, la Sala constat que la regulacin contenida en la Ley a la cual pertenece la norma cuestionada no excluye de modo preciso las reas protegidas de los entornos en los cuales se pueden ejecutar MISN. Sin embargo, en virtud del artculo 79 de la Constitucin, todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y en ese sentido la ley garantizar la participacin de la comunidad en las condiciones que puedan afectarlo. Para hacer efectiva esta previsin, la Corte sostuvo de conformidad con la Constitucin que una ley solo puede interpretarse en el sentido de admitir la sustraccin de reas del Sistema de Nacional de reas Protegidas, y de permitir en ellas la realizacin de actos como los Macroproyectos, cuando haya una decisin legislativa deliberada (debe haberse planteado en el debate), expresa (debe decirse de forma explcita que es un rea protegida susceptible de intervencin con medidas de esa naturaleza), clara (no puede quedar lugar a dudas de que ese es el propsito y efecto del legislador) y con espacios de participacin ciudadana. En aras de promover una participacin democrtica amplia (suficiente en trminos de tiempo), abierta (expresa y deliberada) y plural (en la cual participen la sociedad civil y las instituciones responsables de la conservacin ambiental), es necesario interpretar las leyes en el sentido de que no permiten la intervencin urbanstica en estas reas, a menos que exista una decisin con las caractersticas sealadas. Lo cual no significa que si la hay esta sea automticamente vlida, pues esta exigencia es fruto del artculo 79 de la Constitucin, en concordancia con las restantes normas de la democracia constitucional, y no es entonces una sntesis siquiera aproximada la totalidad de exigencias superiores de proteccin en materia ambiental.

Comunicado 13

C-166/15

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

CDIGO DE TICA DE LOS TCNICOS ELECTRICISTAS DERECHOS (LITERAL E DEL ARTCULO 10 DE LA LEY 1264 DE 2008)

15-04-15

 

La Corte analiz la tensin existente entre, de una parte, los derechos a la igualdad y la libre escogencia y ejercicio de profesin u oficio, y de otra, los derechos a la vida, a la integridad fsica y a la salud de las personas, as como de los animales, el medio ambiente y la propiedad, todos los cuales pueden verse afectados por los riesgos creados por el ejercicio de esta actividad en la forma prevista en la norma acusada. Al realizar la correspondiente ponderacin, la Sala reconoci, que sin duda, el libre ejercicio de profesin u oficio y el derecho a la igualdad constituyen bienes jurdicos de gran importancia dentro del sistema axiolgico establecido en nuestra Constitucin. Sin embargo, seal tambin que la exposicin cada vez mayor de las personas a riesgos derivados de instalaciones elctricas, lleva a reforzar la proteccin de los otros intereses en tensin, pues no se trata de riesgos puramente eventuales, sino de riesgos graves a los cuales se encuentran expuestas en su vida cotidiana prcticamente todas las personas, que de manera constante utilizan o aprovechan tales instalaciones elctricas. Por esta razn, la Corte estim, que al no exigir unos requisitos mnimos de formacin acadmica para el desarrollo de la proyeccin y diseo de instalaciones elctricas de nivel medio, el legislador dej expuestos a un importante riesgo social bienes jurdicamente protegidos de gran valor constitucional.

Comunicado 13

A-122/15

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

PROYECTO DE LEY POR LA CUAL SE IMPLEMENTA EL RETN SOCIAL, QUE GARANTIZA LA ESTABILIDAD LABORAL A GRUPOS VULNERABLES

15-04-15

 

La Corporacin record que en la sentencia C-640/12se seal que la finalidad de crear un retn social persigue fines imperiosos en el orden constitucional, pero que el medio acogido en el proyecto de ley 54 de 2010 Senado, 170 de 2010 Cmara estaba prohibido, pues al prever un sistema de estabilidad absoluta desplaza el rgimen de carrera, frente a los grupos protegidos. Y explic que, la tarea del Legislador, al momento de cumplir el fallo mencionado, no se reduca a retirar las normas cuestionadas, pues las razones de inconstitucionalidad expresadas en esa sentencia son predicables de los enunciados normativos que permanecen en la ley. Pero aclar tambin que el cumplimiento de la sentencia C-640 de 2012 tampoco implica que la nica alternativa del Congreso sea la de desistir de la medida de proteccin, sino que le corresponde adelantar una nueva discusin sobre la posibilidad de adecuar el medio de proteccin previsto a las consideraciones de esa sentencia y, por lo tanto, a la Constitucin. En consecuencia, la Corte devolvi el proyecto 54 de 2010 Senado, 170 de 2010 Cmara al Congreso de la Repblica para que cumpla la orden de rehacer e integrar el texto, de acuerdo con la interpretacin constitucionalmente correcta del artculo 167 de la Constitucin poltica; para que publique el texto rehecho, y para que remita el trmite, incluida la publicacin del texto integrado y rehecho a la Corte Constitucional.

Comunicado 13

C-217/15

MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL SOBRE PERMISO DE RESIDENCIA, ESTUDIO Y TRABAJO PARA LOS NACIONALES FRONTERIZOS BRASILEOS Y COLOMBIANOS ENTRE LAS LOCALIDADES FRONTERIZAS VINCULADAS

22-04-15

La Corte constat que el Acuerdo se ajusta en todo a los preceptos constitucionales. De una parte, por cuanto se han cumplido los requisitos procedimentales exigidos por la Constitucin y la ley para integrar el ordenamiento jurdico interno, y de otra, por cuanto los objetivos y el contenido del instrumento sometido a control constitucional, a travs del cual se busca fortalecer el proceso de integracin entre Colombia y Brasil y brindar a los residentes en la zona fronteriza entre los dos Estados facilidades en lo relativo a su eventual residencia, estudio y/o trabajo en el territorio del otro Estado, se enmarcan sin dificultad en el contenido de los preceptos constitucionales aplicables, en particular, dentro de los objetivos que la Carta Poltica le asigna al manejo de las relaciones internacionales y a la suscripcin de tratados con otros Estados y/o organismos de derecho internacional (arts. 9, 150.16, 189.2, 224 y 226 C. P.) Sobre el objetivo del Acuerdo y el contenido de sus estipulaciones, la Corte seal que el mismo se propone mejorar el bienestar y calidad de vida de los habitantes de una de las ms extensas fronteras nacionales y promover la integracin con otro Estado de la comunidad latinoamericana, objetivos plenamente ajustados al texto superior, adems de lo cual, ninguno de ellos implica la asuncin de compromisos u obligaciones lesivos a los intereses del Estado colombiano, pues como se dijo, se enmarcan dentro de los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional previstos en la Constitucin.

Comunicado 15

C-218/15

MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ

 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - NUEVOS SUJETOS OBLIGADOS ESTABLECE REGLAS PARA EL PAGO DE LA TASA EN FAVOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE. (LEY 1450 DE 2011 ARTCULO 89)

22-04-15

 

La Corte decidi sobre la demanda a travs de la cual se cuestionaba la norma que establece nuevos obligados al pago de la tasa creada por la Ley 1 de 1991 y las reglas a las que se sujeta el pago de esta contribucin, a partir del hecho de que a los nuevos responsables de esta tasa se les calcular la suma a pagar a partir de los costos y gastos ocasionados por su funcionamiento y/o inversin, y no nicamente por su funcionamiento, como ocurre con aquellos vigilados que de tiempo atrs estaban obligados al pago de esta tasa. En opinin de los actores, las normas acusadas son contrarias a lo previsto en los artculos 58 y 363 de la Constitucin. Consultada la evidencia disponible sobre el proceso de creacin de las normas acusadas, la Corte hall conforme a la Constitucin el sealamiento de nuevos sujetos obligados al pago de esta tasa, decisin que ms all de especficas razones, es manifestacin del amplio poder de configuracin normativa que es propio del legislador. En cambio, no encontr la Sala justificacin alguna para el establecimiento de un trato diferencial entre los nuevos vigilados y los antiguos, que somete a aqullos al pago de una tasa proporcionalmente mayor, en la medida en que sta se liquida no slo sobre los gastos de funcionamiento, sino tambin sobre los de inversin, lo que no ocurre en el caso de las entidades obligadas a este pago desde antes de la expedicin de la Ley 1450 de 2011. Esta diferencia se estim contraria al principio de igualdad, previsto en el artculo 13 de la carta poltica. En esta medida, la Corte concluy que si bien la regla general contenida en el primer inciso de la norma acusada no rie con el texto superior, no ocurre lo mismo con la expresin y/o inversin que hace parte de esa norma, ni con el texto del inciso 2, que detalla las otras reglas de liquidacin de la referida tasa, apartes que por consiguiente, se declararon inexequibles.

 

Comunicado 15

C-219/15

 

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

 

NORMAS PARA SUPRIMIR O REFORMAR REGULACIONES, PROCEDIMIENTOS Y TRMITES INNECESARIOS EXISTENTES EN LA ADMINISTRACIN PBLICA FUNCIN DEL ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIN DE COLOMBIA. (ARTCULOS 160, 161, 162 Y 163 DEL DECRETO LEY 019 DE 2012)

 

22-04-15

 

La Corte decidi sobre dos cargos fundados en la posible extralimitacin de las funciones legislativas conferidas al Presidente de la Repblica, a partir de las cuales se expidi el Decreto parcialmente demandado, en cuanto: i) al suprimir el trmite de autorizacin de las entidades de certificacin digital, cre un nuevo trmite, el de la acreditacin de tales entidades, y ii) atribuy a una entidad privada (Organismo Nacional de Acreditacin de Colombia) la competencia para decidir sobre la posibilidad de que un particular desarrolle una determinada actividad econmica. En criterio de los autores, esa extralimitacin es contraria a los artculos 6, 13, 113, 121, 150 num. 10, 210 y 333 de la Constitucin Poltica. Sin embargo, la Corte encontr que no se present la alegada extralimitacin de funciones por cuanto, una vez revisado el concepto de las facultades extraordinarias, as como el alcance de las especficamente concedidas para la expedicin de este decreto, encontr que era posible que el Gobierno reemplazara trmites o regulaciones ineficientes por otros que considerara ms expeditos. Tambin analiz las caractersticas y el rgimen jurdico de la entidad a la que asign la funcin de acreditar las entidades de certificacin, a partir de lo cual concluy que el Presidente de la Repblica se encontraba habilitado para trasladar la funcin de acreditar a las entidades de certificacin de la Superintendencia de Industria y Comercio al Organismo Nacional de Acreditacin de Colombia ONIC, sin que quepa considerar que la asignacin de dicha competencia constituye un nuevo trmite ms gravoso para las entidades interesadas, ni tampoco desconocen el derecho a la libertad econmica de quienes requieren ese trmite.

 

Comunicado 15

C-220/15

MARTHA VICTORIA SCHICA MNDEZ

CDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - CAUSALES DE NULIDAD DE ACTOS ELECTORALES. (NUMERAL 6 DEL ARTCULO 161 DE LA LEY 1437 DE 2011)

22-04-15

En este caso la Corte deba decidir sobre la constitucionalidad de aparte de la Ley 1437 de 2011 (Cdigo Contencioso Administrativo) que establece un requisito de procedibilidad para el ejercicio de la accin electoral, lo que en opinin de la actora desconoce la reserva de ley estatutaria, existente en relacin con las materias electorales. Sin embargo, la Sala encontr que la actora no aport mayores elementos de juicio sobre las razones que constituiran el concepto de violacin de la norma acusada, lo que implica incumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 2067 de 1991. As, en razn a la ineptitud sustantiva de la demanda, la Corte decidi abstenerse de decidir sobre lo planteado.

 

Comunicado 15

C-227/15

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

CODIGO DISCIPLINARIO UNICO- DESTINATARIOS DE LA LEY DISCIPLINARIA (INCISO PRIMERO DEL ARTCULO 25 DE LA LEY 734 DE 2002)

29-04-15

La Corte encontr que los cargos formulados en este caso no cumplan los requisitos que la jurisprudencia de esta Corte ha establecido como necesarios para que pueda dictarse un fallo de mrito, entre ellos la claridad, la certeza y la suficiencia de las acusaciones planteadas, que segn se dijo, se basaban, entre otras razones, en la supuesta infraccin de un tratado internacional y de una ley orgnica, aspectos que no fueron adecuadamente precisados.

 

Comunicado 16

C228/15

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

DERECHO A LA INFORMACIN Y LAS COMUNICACIONES DE LAS PERSONAS CIEGAS Y DE BAJA VISION Y LIMITACIONES AL DERECHO DE AUTOR PREVISTAS EN NORMA DEMANDADA. (ARTCULO 12 DE LEY 1680 DE 2013)

29-04-15

Cosa juzgada en sentencia C-035/15

Comunicado 16

C-229/15

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010 2014- GESTIN DE LA ADMINISTRACIN DE JUSTICIA. (ARTCULO 200 DE LA LEY 1450 DE 2014)

29-04-15

La Sala encontr dos razones que impedan un pronunciamiento de fondo sobre lo planteado. La primera de ellas relacionada con la actual falta de vigencia de la norma acusada, al haber sido derogada por el Cdigo General del Proceso el artculo 9 de la Ley 1395 de 2010, que es la norma cuya aplicacin excepcionaba la ahora acusada. La segunda, relativa a la falta de aptitud sustantiva de la demanda, ya que la actora incumpli con el requisito de pertinencia al invocar como motivos de inconstitucionalidad razones de orden puramente legal, motivos de conveniencia y los posibles efectos de la norma acusada, aspectos que tienen en comn el no poder generar un juicio de inconstitucionalidad.

Comunicado 16

 

C-257/15

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

 

NORMA SOBRE DEFINICIN DE UNIONES MARITALES DE HECHO Y RGIMEN PATRIMONIAL ENTRE COMPAEROS PERMANENTES. (LITERALES A Y B PARCIALES DEL ARTCULO 2 DE LA LEY 54 DE 1990)

 

6-05-15

 

La Sala encontr que la exigencia establecida en los literales a) y b) del artculo 2 de la Ley 54 de 1990 de dos aos de permanencia de la unin marital de hecho como requisito para que pueda presumirse o declararse judicial o voluntariamente la sociedad patrimonial, no vulnera la proteccin de la familia como ncleo bsico de la sociedad, el principio de igualdad ni la obligacin constitucional de proteccin igualitaria a todas las familias formadas por vnculo matrimonial o por una relacin de hecho (arts. 5, 13 y 42 Const.). La Corte seal que ese requisito de orden legal no resulta discriminatorio porque, adems de existir razones que justifican la exigencia de un trmino de permanencia ante la ausencia de una especfica declaracin sobre la voluntad de conformar una unin estable, no hay una exclusin irrazonable de quienes conviven en unin de hecho, ni una restriccin o eliminacin de derechos fundamentales para esas parejas dado el carcter estrictamente patrimonial de esta regulacin, que no incide en los derechos predicables de las parejas en unin marital.

 

Comunicado 17

C-258/15

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

CODIGO GENERAL DEL PROCESO- INVESTIGACION O IMPUGNACION DE LA PATERNIDAD O LA MATERNIDAD POSIBILIDAD DE SUSPENSION DE ALIMENTOS PROVISIONALES, SIEMPRE QUE EXISTA FUNDAMENTO RAZONABLE DE EXCLUSION DE LA PATERNIDAD. (EXPRESIN CONTENIDA EN NUMERAL 5 DEL ARTCULO 386 DE LA LEY 1564 DE 2012).

6-05-15

 

En este caso la Corte decidi acerca de si la regla acusada resulta contraria a los artculos 1, 2, 29 y 44 de la Constitucin en cuanto la posibilidad de suspender los alimentos debidos a un menor de edad es contrario a la dignidad humana y desconoce el deber de asegurarle a los nios la proteccin efectiva de sus garantas, en cuanto puede dejarlo sin alguien que cumpla la obligacin alimentaria, en la medida en que la norma no establece una va alternativa que permita proteger al menor de la situacin de vulnerabilidad que en tal caso enfrenta. La Sala encontr que la referida regla no es contraria a la Constitucin Poltica puesto que, pese a su vital importancia, el derecho fundamental a recibir alimentos supone la existencia de una relacin de filiacin u otro vnculo familiar de los previstos en la ley, por lo que contrario sensu, la ausencia de tales vnculos tendra consecuencias sobre tal obligacin. En esta lnea, destac la Corte, que segn la misma norma lo requiere, la decisin de suspensin de los alimentos solo puede adoptarse bajo la existencia de un fundamento razonable de exclusin de la paternidad, lo que implica que, sin perjuicio de la autonoma del juez competente para decidir al respecto, en ningn caso podr tratarse de una decisin arbitraria o caprichosa sino adecuadamente justificada, para lo cual los resultados de la prueba de ADN prevista y regulada por la Ley 721 de 2001 constituyen un valioso elemento de conviccin a disposicin del juez competente. De otra parte, seal la Corte que el hecho de que no pueda predicarse una obligacin alimentaria en favor del menor en cabeza de una persona especfica no priva al nio de su derecho fundamental a recibir alimentos, pues en tal evento corresponde al Estado la garanta de este derecho, para lo cual se deber incluir al menor afectado en los programas de bienestar gestionados por aquel que sean apropiados para promover su desarrollo integral y el necesario acompaamiento a su ncleo familiar.

 

 

Comunicado 17

C-259/15

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE ACCION DE NULIDAD CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARCTER GENERAL. (EXPRESIONES DEL ARTCULO 137 DE LA LEY 1437 DE 2011)

6-05-15

 

La Corte resolvi acerca de si las reglas sobre procedencia excepcional de la accin de nulidad respecto de actos administrativos de contenido particular contraran el artculo 243 de la Constitucin Poltica, pues en criterio del actor ellas consagran y reproducen la doctrina de los mviles y las finalidades que esta Corte declar inexequible mediante sentencia C-426 de 2002, por restringir el derecho de acceder a la administracin de justicia. La Sala encontr que este cargo no estaba llamado a prosperar por cuanto la ratio decidendi de la sentencia C-426 de 2002 no fue en realidad la que el actor relata, pues si bien la Corte condicion la exequibilidad de la norma entonces acusada (artculo 84 del Cdigo Contencioso Administrativo, Art. 14 del Decreto 2304 de 1989) en el sentido de excluir la referida doctrina como para esa fecha era aplicada por el Consejo de Estado, la razn de tal exclusin fue el hecho de que ella restringa indebidamente los alcances de la accin diseada en su momento por el legislador, y no tanto que su contenido fuera intrnsecamente contrario al texto superior. As las cosas, adems de tratarse de una norma formalmente distinta, cuyo contenido material tampoco es coincidente, lo que impedira hablar de un posible efecto de cosa juzgada material, la razn por la cual se tom esa decisin conduce en cambio a precisar que el legislador bien poda darle a la accin de nulidad un contenido especfico como el que le dio en la Ley 1437 de 2011, razn por la cual no resulta contrario a la Constitucin el establecimiento de estas reglas.

 

Comunicado 17

C-260/15

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

ESTATUTO DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS RADICACION DE DOCUMENTO O TITULO VA ELECTRNICA EN LAS NOTARIAS, DESPACHOS JUDICIALES O ENTIDADES ESTATALES PROHIBICIN DE GRAVAR CON IMPUESTOS TERRITORIALES LA RADICACIN DE DOCUMENTOS NOTARIALES POR VA ELECTRNICA EN LAS OFICINAS DE REGISTRO. (PARGRAFO 2 DEL ARTCULO 15 DE LA LEY 1579 DE 2012)

6-05-15

 

En este caso la Corte decidi si la regla contenida en el pargrafo acusado es contraria al artculo 294 de la Constitucin Poltica, conforme al cual la ley no puede conceder exenciones en relacin con tributos de las entidades territoriales. Sin embargo, la Sala encontr que la regla acusada no infringe la referida prohibicin, pues en realidad no establece una exencin frente a impuestos territoriales preexistentes, que es la limitacin que de manera especfica establece el artculo 294 superior, sino que se limita, en uso de sus facultades, a establecer un supuesto de no sujecin a impuestos territoriales, como es la radicacin o envo por va electrnica de documentos notariales ante las Oficinas de Registro de Instrumentos Pblicos. Por estas razones se declar la exequibilidad de la norma acusada.

 

 

Comunicado 17

A-175/15

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL DE NATURALEZA COMERCIAL ENTRE LA REPBLICA DE COLOMBIA Y LA REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. (LEY 1722 DE 2014)

6-05-15

 

La Corte orden devolver a la Cmara de Representantes la Ley 1722 del 3 de julio de 2014 para que subsane el vicio de procedimiento detectado. Para tal efecto, el registro de la 1 Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de alcance parcial de naturaleza comercial entre la Repblica de Colombia y la Repblica Bolivariana de Venezuela, suscrito en Caracas, Repblica Bolivariana de Venezuela, el 28 de Noviembre de 2011, y sus seis anexos con sus respectivos apndices, suscritos en Cartagena, Repblica de Colombia, el 15 de abril de 2012, as: Anexo I Tratamiento arancelario preferencial. Anexo II Rgimen de origen. Anexo III Reglamentos tcnicos, evaluacin de la conformidad y metrologa. Anexo IV Medidas sanitarias, zoosanitarias y fitosanitarias. Anexo V Medidas de defensa comercial y medida especial agrcola. Anexo VI Mecanismo de solucin de controversias. votacin del proyecto, sea esta nominal u ordinaria, deber efectuarse de modo tal que permita constatar el nmero de parlamentarios presentes al momento de efectuar la votacin del proyecto de que se trata y, con ello, el cumplimiento de las exigencias previstas en los artculos 145 y 146 de la Constitucin. Asimismo, concedi a la Cmara de Representantes un trmino de treinta (30) das, contados a partir de la notificacin de este auto, para subsanar el vicio detectado, tras lo cual el Congreso dispondr hasta el trmino de la legislatura que culmina el 20 de junio de 2015 para surtir las etapas posteriores del trmite legislativo. En caso de que se requiera agotar la etapa de conciliacin, la votacin de los respectivos informes deber efectuarse de acuerdo a lo establecido en esta providencia. Finalizado el trmite en el Congreso, el Presidente de la Repblica tendr el plazo establecido en la Constitucin para sancionar el proyecto de ley. Por ltimo, precis que, en aplicacin de la regla de decisin fijada en casos anteriores, la correccin del vicio de trmite detectado no implica modificacin alguna en lo relativo a la identificacin nominal del proyecto y de la Ley aprobatoria 1722 de 2014.

 

 

Comunicado 17

C-261/15

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

DISPOSICIONES PARA LA COMERCIALIZACIN Y EL USO DE MERCURIO INCENTIVOS PARA LA FORMALIZACIN SUBCONTRATO DE FORMALIZACIN MINERA. (ARTCULO 11 DE LA LEY 1658 DE 2013)

6-05-15

 

La Corte resolvi sobre la posible infraccin del principio de unidad de materia en la expedicin del artculo acusado en cuanto, en opinin del demandante, no existe conexin razonable entre el tema predominante en esta ley, como es las medidas conducentes a la erradicacin del uso del mercurio y las medidas relacionadas con el subcontrato de formalizacin minera de que trata el artculo acusado. Sin embargo la Sala Plena, despus de recordar las reglas relacionadas con este tipo de cargo, encontr que el tema del artculo 11 acusado guarda suficiente conexidad con el eje temtico de la Ley 1658 de 2013 (proteccin de la salud de las personas a travs del desestmulo y progresiva erradicacin del uso del mercurio) al encontrar que existe conexidad temtica, teleolgica, causal y sistemtica, en cuanto la regulacin de este contrato relacionado con actividades de minera ciertamente ser relaciona con situaciones de uso del mercurio, que es el tema principal de que trata esta ley. En tal medida, concluy la Corte que el cargo analizado no estaba llamado a prosperar.

 

 

Comunicado 17

C-262/15

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

REGIMEN PARA LOS DISTRITOS ESPECIALES PARTICIPACION EN EL PRESUPUESTO DISTRITAL- DESTINACIN DE PORCENTAJE DE LOS INGRESOS CORRIENTES DEL DISTRITO PARA LAS LOCALIDADES. (ARTCULO 64 DE LA LEY 1617 DE 2013)

6-05-15

 

La Corte centr el pronunciamiento en la solucin de las acusaciones por supuesto desconocimiento de la autonoma territorial de los distritos (CP arts. 1, 287, 312, 313, 314 y 315) y una presunta infraccin de las normas constitucionales que prevn una destinacin especfica para los recursos del Sistema General de Participaciones (CP arts. 356, 357 y 359). Asimismo, integr la unidad normativa con la totalidad del artculo 64 de la Ley 1617 de 2013, con el fin de garantizar la efectividad de la administracin de justicia (CP art 229) por la va de evitar la expedicin de un fallo inocuo. En cuanto al primer cargo, la Sala sostuvo que no deba prosperar. A su juicio, los ingresos corrientes a los que se refiere la norma pueden ser, a la luz de la Constitucin, fuentes endgenas o exgenas, siempre que estas ltimas cumplan las condiciones fijadas en la jurisprudencia. Tratndose de rentas exgenas, la Corte seal que segn la jurisprudencia en vigor el legislador puede por regla general definir su destino, dentro del marco constitucional, sin que esto por s mismo suponga vulnerar el principio de autonoma territorial. En lo que atae a las rentas corrientes que se consideren endgenas, la Corporacin seal que si bien en principio la ley no puede interferir en su destinacin, por cuanto comprometera la autonoma territorial, en el caso bajo examen se presenta una situacin excepcional, toda vez que se trata de una medida legislativa que interfiere en el manejo autnomo de una fraccin de las rentas endgenas de los distritos, pero es un porcentaje reducido de apenas una parte de esos ingresos, y cuyo sentido especfico es descentralizar dentro de los entes distritales, trasladndolo hacia sus unidades locales, el manejo autnomo de tales recursos. Adems, juzg que la norma era adems idnea, necesaria y proporcional. El segundo cargo tambin lo consider imprspero, por cuanto el artculo 64 de la Ley 1617 de 2013 no modifica la destinacin constitucional de los recursos del sistema general de participaciones. Las rentas que por este concepto se lleguen a clasificar como ingresos corrientes tendran que engrosar la base a la cual se aplica el porcentaje que ha de asignarse a las localidades distritales. No obstante, la Corte observ que cuando el artculo 64 demandado se refiere a la distribucin del porcentaje obtenido, menciona que debe efectuarse teniendo en cuenta las necesidades bsicas insatisfechas de la poblacin. Con lo cual, sin embargo, el legislador no solo traz un criterio de reparticin de recursos, sino que adems les da a estos cuando su origen es el Sistema General de Participaciones- su destino constitucional especfico. Seal la Corte que las rentas que en virtud de estas normas se confen a las localidades deben tener como destino la atencin de las necesidades bsicas insatisfechas de la poblacin local, conforme a lo previsto en la Constitucin, y en las leyes que la desarrollan, sobre el Sistema General de Participaciones. Mientras esto sea as, y la Ley 1617 de 2013 no contiene previsiones incompatibles con ello, no encuentra la Corte motivos para juzgar la norma cuestionada contraria a los artculos 356, 357 y 359 Superiores

 

 

Comunicado 17

A-180/15

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

 

SOLICITUDES DE NULIDAD DE LA SENTENCIA C-258 DE 2013 SOBRE RGIMEN DE TRANSICIN EN PENSIONES DE LOS CONGRESISTAS, MAGISTRADOS Y OTROS ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO

13-05-15

 

Despus de revisar las condiciones de procedencia excepcionalsima de las solicitudes de nulidad de las sentencias proferidas por la Sala Plena de esta Corte, la Sala comenz por recordar que quienes no hubieren participado del proceso que ha terminado con la sentencia cuya nulidad se solicita, no estn legitimados para formular tal solicitud. En esa medida, la Sala decidi rechazar las solicitudes de nulidad de los ciudadanos que se encontraban en tal situacin. Respecto de la solicitud formulada por la Viceprocuradora General de la Nacin, la Corte revis el proceso de adopcin de la sentencia C-258 de 2013 y la conformacin de la Sala que tom esa decisin, encontrando que los defectos alegados no estaban llamados a prosperar. En relacin con las llamadas violaciones materiales al debido proceso, la Sala encontr que en su mayora pretendan reabrir el debate resuelto por la Corte al proferir la sentencia C-258 de 2013, pues consistan en cuestionamientos a puntos que en su momento fueron expresamente abordados y claramente decididos en ese fallo, tal como puede constatarse en su texto. Este fue el caso, por ejemplo, de las glosas relacionadas con la presunta vulneracin del principio de progresividad o de derechos adquiridos, con la posible falta de vinculacin de personas que se veran afectadas con este fallo, o con el supuesto pronunciamiento sobre actos administrativos. La Corte descart tambin los cargos relacionados con el supuesto anlisis material del Acto Legislativo 01 de 2005, al explicar que simplemente se refiri a l en cuanto parmetro de constitucionalidad de la decisin a adoptar, como es necesario hacer en cualquier otro juicio desarrollado en ejercicio del control constitucional. Sobre la supuesta decisin respecto de actos administrativos que no hacen parte de su competencia, la Sala destac que lo que en su momento hizo fue dar aplicacin a la teora del derecho viviente, conforme a lo admitido por la jurisprudencia de esta corporacin, como forma de aproximarse a los efectos inconstitucionales de la aplicacin de la norma acusada.

Comunicado 18

C-284/15

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

 

PRINCIPIO DE DERECHO NATURAL COMO CRITERIO DE INTERPRETACION DE LA CONSTITUCIN. (EXPRESIN DEL ARTCULO 4 DE LA LEY 153 DE 1887)

13-05-15

 

En lo atinente al artculo 230, la Sala observ que el concepto de principios de derecho natural incorporado en la norma acusada, es conceptualmente compatible con la categora de principios generales de derecho, as como que la funcin prevista en la ley recurso interpretativo para casos dudosos coincide con la calificacin que la carta poltica hace de tales principios generales, como criterio auxiliar de la actividad judicial. Seal la Corte que entre unos y otros existe una relacin de gnero a especie. De otro lado, observ que su constitucionalidad ha sido reconocida en anteriores decisiones de este tribunal, en las que se ha admitido la posibilidad de acudir a tales principios, y de hecho la Corte se ha apoyado en ellos para interpretar el texto superior (ver entre otras las sentencias C-373 de 1993, C-059 y C-372 de 1994 y C-083 de 1995). Con todo, advirti que el uso de los principios de derecho natural se encuentra sometido a algunos lmites, entre ellos que: i) solo resulta posible acudir a ellos cuando despus de intentar los mtodos de interpretacin literal, sistemtico, teleolgico, histrico, u aquellos otros acuados por la jurisprudencia constitucional para fijar el sentido de la carta, persisten dudas insuperables acerca de su interpretacin; ii) no puede conducir en ningn caso al desconocimiento o infraccin de una norma formalmente incorporada a la carta o integrada al bloque de constitucionalidad; iii) el intrprete que acuda a esta regla debe cumplir una carga de argumentacin especialmente exigente, que se traduce en el deber de demostrar, con argumentos racionalmente controlables, que la existencia y pertinencia del principio puede ser fundamental, y que ha sido reconocido por la doctrina ms autorizada en la materia. En relacin a la supuesta violacin de los artculos 1 y 13 de la Constitucin, precis la Sala que el reconocimiento de los principios del derecho natural como criterio que puede servir para ilustrar la Constitucin no desconoce el mandato de promover la seguridad jurdica ni la obligacin de las autoridades de otorgar el mismo trato, dado que no supone un riesgo extraordinario de indeterminacin o inestabilidad de la interpretacin constitucional. Ello por cuanto: i) el recurso al derecho natural solo puede usarse cuando la dificultad interpretativa ya existe y lo nico que se pretende es identificar algn criterio que permita superar la duda, sin desconocer, en ningn caso, las normas objeto de aplicacin; ii) el margen para la identificacin de principios de derecho natural se encuentra limitado por la carga de argumentacin que se exige cuando se busque probar su existencia, y iii) la remisin a los principios del derecho natural tiene por objeto arribar a una solucin razonable y proporcionada, tal como de tiempo atrs lo ha admitido esta Corte, que una vez adoptada, se integra al conjunto de precedentes judiciales.

 

 

Comunicado 19

C-285/15

JORGE IVAN PALACIO PALACIO

NORMAS QUE ATRIBUAN FUNCIONES DE ADMINISTRACIN DE ESTE SISTEMA ESPECIAL DE CARRERA A RGANOS Y DEPENDENCIAS INTERNAS DE LA DIAN. (ARTCULOS 9 A 11, 16 PARCIAL, 34 PARCIAL, Y LAS EXPRESIONES DE LOS ARTCULOS 14, 15, 37, 38, 47 Y 48 DEL DECRETO LEY 765 DE 2005)

 

 

La Sala analiz los precedentes existentes en torno al papel de la Comisin Nacional del Servicio Civil respecto de la administracin y vigilancia de los sistemas especiales de carrera de creacin legal. Seal que si bien durante un primer perodo no existi total claridad al respecto en la jurisprudencia constitucional, esa claridad se alcanz a partir de la sentencia C-1230 de 2005, en la que esta Corte precis que adems de lo atinente a la vigilancia de dichos sistemas, corresponde tambin a la referida comisin lo concerniente a la administracin de los mismos, en coordinacin con las dependencias encargadas del tema al interior de cada una de las entidades en las que existan tales regmenes especiales, por lo cual la Ley no podra llegar al extremo de vaciar por completo esas competencias. Observ tambin que esta regla fue claramente reiterada en posteriores decisiones de esta Corte, en particular las sentencias C-753 de 2008 y C-471 de 2013. Sobre estas bases, y en clara reiteracin de los referidos precedentes, la Sala encontr que en la mayora de esos puntos le asista la razn al demandante, pues en efecto las normas acusadas atribuan funciones de administracin de este sistema especial de carrera a rganos y dependencias internas de la DIAN, la entidad que en este caso es objeto de un sistema especial de carrera. En consecuencia, y previa la necesaria integracin normativa, la Corte decidi declarar inexequibles los artculos 9, 10 y 11 del Decreto parcialmente demandado, as como la mayora de los dems segmentos normativos acusados, pese a lo cual encontr que algunos de los apartes cuestionados de los artculos 15 y 16 eran conformes con el texto superior, en este ltimo caso en forma condicional.

 

 

Comunicado 19

C-286/15

LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ

ACUERDO ENTRE LA REPBLICA DE COLOMBIA Y JAPN PARA LA LIBERALIZACIN, PROMOCIN Y PROTECCIN DE INVERSIN. (LEY 1720 DE 2014)

13-05-15

 

Realizado el anlisis de este Acuerdo, tanto en su aspecto formal como material, la Corte constat que se ajusta en todo a los preceptos aplicables del texto superior. De una parte, por cuanto se han cumplido los requisitos procedimentales exigidos por la Constitucin y la ley para integrar el ordenamiento jurdico interno, y de otra, por cuanto los objetivos y el contenido del instrumento sometido a control constitucional, con el cual se busca fortalecer las relaciones econmicas entre Colombia y el Japn y facilitar los procesos y actividades de inversin entre los dos pases, se enmarcan sin dificultad en el contenido de los preceptos constitucionales aplicables, en particular, dentro de los objetivos que la Carta Poltica le asigna al manejo de las relaciones internacionales y a la suscripcin de tratados con otros Estados y/o organismos de derecho internacional (arts. 9, 150.16, 189.2, 224 y 226 C. P.) Sobre el objetivo del Acuerdo y el contenido de sus estipulaciones, la Corte seal que los objetivos antes sealados se ajustan plenamente al texto constitucional, pues adems es semejante a varios otros acuerdos de anlogo contenido, que durante las dos ltimas dcadas han sido aprobados por el Congreso y sometidos al trmite de revisin automtica de constitucionalidad, con resultado favorable, y responden claramente a una poltica pblica impulsada por el Estado colombiano desde hace varios aos, consignada incluso en los dos ltimos Planes Nacionales de Desarrollo. Por lo dems, ninguno de los compromisos que por efecto de este Acuerdo asume el Estado colombiano resulta lesivo a sus intereses, pues como ya se dijo, se enmarcan sin dificultad dentro de los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional previstos en la Constitucin.

 

Comunicado 19

C-291/15

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

 

NORMAS EN MATERIA TRIBUTARIA DETERMINACIN DE LA BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE). (ARTCULO 21 PARCIAL Y 22 DE LA LEY 1607 DE 2012)

20-05-15

 

La Corte Constitucional estableci que en la determinacin de la base gravable del impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) efectuada por el artculo 22 de la Ley 1607 de 2012, el Congreso incurri en una omisin legislativa relativa que la hace inconstitucional, por violar el principio de equidad tributaria consagrado en los artculos 95-9 y 363 de la Carta Poltica en su dimensin vertical. La Corte encontr que el diseo del CREE no toma en cuenta la capacidad de pago de los sujetos obligados. La imposibilidad de hacer la compensacin de prdidas fiscales de que trata el artculo 147 ET genera una carga tributaria excesiva sobre quienes atraviesan por momentos de prdidas dndoles el mismo tratamiento que al grupo de quienes no pasan por esa situacin. Esta definicin de la base gravable trae como consecuencia que las tarifas no reflejen la diferencia entre quienes tienen un negocio a prdida y quienes tienen mejor situacin econmica, con lo cual la realidad de cada sujeto aparecera desligada de la supuesta capacidad de pago establecida en la norma. De esta forma, la omisin en la que incurri el artculo 22 de la Ley 1607 de 2012 genera un impacto regresivo en el sistema por violacin del principio de equidad vertical. No obstante lo anterior, ante los efectos inconstitucionales que podran generarse con una declaratoria de inexequibilidad simple, por las disminucin en el recaudo de recursos previstos para este efecto, la Corte Constitucional decidi adoptar un fallo integrador en el mantiene el diseo del Legislador pero incluye la compensacin de prdidas fiscales con rentas lquidas obtenidas en aos posteriores como parte de la definicin de la base gravable del CREE, de acuerdo con la misma regla prevista en el artculo 147 del Estatuto Tributario. As mismo, el tribunal constitucional precis que este entendimiento se aplicar a todas las situaciones no consolidadas, cobijadas por los efectos jurdicos del artculo 22 de la Ley 1607 de 2012 y perdurar mientras esta disposicin tenga la entidad de producir consecuencias normativas. De otra parte, la Corte constat que el cargo por violacin del principio de legalidad formulado en contra de los artculos 21 (parcial) y 22 de la Ley 1607 de 2012, no cumpla con los requisitos que permiten adelantar un juicio de constitucionalidad. En cuanto al artculo 21, exista falta de pertinencia del cargo, ya que no se relaciona con la existencia de reproches de naturaleza constitucional, ni se basa en la confrontacin del contenido de una norma superior con el precepto demandado. Con respecto al artculo 22, el demandante no explic por qu los vacos que alega son insolubles y violan el principio de legalidad, toda vez que hace un listado de posibles deducciones no incluidas, pero no expone las razones constitucionales por las que, en cada caso, deban integrarse a la normatividad acusada para no desconocer la Constitucin o porque no pueden incluirse por va interpretativa

 

Comunicado 20

 

C-292/15

 

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

 

PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y LEY DE APROPIACIONES PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2014. (EXPRESIONES DEL ARTCULO 102 DE LA LEY 1687 DE 2013)

 

20-05-15

 

La Corte encontr que la norma no ha dejado de producir efectos jurdicos y se pronuncia de fondo sobre su constitucionalidad. Despus de analizar la evolucin normativa que ha tenido la sobretasa ambiental establecida en el artculo 44 de la Ley 99 de 1993, la Corte Constitucional lleg a la conclusin de que la frmula establecida en el artculo 102 de la Ley de Presupuesto para el ao 2014 no vulnera el principio de correspondencia con la Ley del Plan Nacional de Desarrollo consagrado en el artculo 346 de la Constitucin Poltica. Como lo ha sealado la jurisprudencia de esta corporacin, la relacin exigida entre estos dos instrumentos de planeacin (Ley del Plan y Ley de Presupuesto) no es de identidad normativa como lo pretende la demandante, sino de concertacin, coordinacin y concordancia, a fin de que se garantice el cumplimiento oportuno y adecuado de las polticas gubernamentales trazadas en el Plan Nacional de Desarrollo. Es as como, la Ley 1450 de 2011 contempla en su artculo 3, como uno de los ejes transversales de la poltica estatal all plasmada, el avanzar hacia una sociedad para la cual la sostenibilidad ambiental la adaptacin al cambio climtico () sean una prioridad y una prctica como elemento esencial del bienestar y como principio de equidad con las futuras generaciones. Esta aspiracin transversal del PND se concreta en el Captulo II relativo al Crecimiento sostenible y competitividad del cual forma parte el artculo 131 en que se incluye como uno de los mecanismos para la ejecucin del plan nacional de inversiones, los programas de saneamiento del Ro Bogot para lo cual se destinara, en el caso de la Corporacin Autnoma Regional de Cundinamarca, el 50% de los recursos previstos en el artculo 44 de la Ley 99 de 1993. En ese sentido, el hecho de que en la Ley de Presupuesto (art. 102) se contemple una clusula similar que adiciona de manera explcita los intereses y sanciones derivados de los recursos que conforme a lo sealado en el artculo 44 de la Ley 99 de 1993, sean producto del recaudo del porcentaje o de la soberana ambiental al impuesto predial, no desconoce la concordancia que ha de existir entre la Ley del Plan y la Ley de Presupuesto, toda vez que ello no implica la identidad de estos estatutos o el carcter inamovible del presupuesto, en la medida que, como lo dispone el inciso tercero del artculo 341 de la Constitucin en las leyes anuales de presupuesto se podrn aumentar o disminuir las partidas y recursos aprobados en la ley del plan. Para la Corte, contrario a lo sostenido por la demandante, no existe una sujecin estricta entre la ley del plan y las leyes anuales del presupuesto, por cuatro esta categora de leyes tambin constituyen herramientas de planeacin y por lo mismo, no se limitan a contabilizar los recursos previstos en el plan como parece entenderlo la ciudadana.

 

 

Comunicado 20

C-328/15

LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ

CDIGO DISCIPLINARIO DEL ABOGADO - INICIACIN DE PROCESO DISCIPLINARIO MEDIANTE QUEJA O INFORME. ASIGNACIN DE COMPETENCIA PARA EL IMPULSO DEL PROCESO DISCIPLINARIO DE LOS ABOGADOS AL MAGISTRADO SUSTANCIADOR, DEJANDO EN CABEZA DE LA SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA DE LOS CONSEJOS SECCIONALES DE LA JUDICATURA LA DECISIN. (ARTCULO 102 Y EL INCISO CUARTO DEL ARTCULO 106 DE LA LEY 1123 DE 2007)

27-05-15

 

Las normas acusadas se limitan a consagrar, en el trmite del proceso disciplinario seguido contra los abogados, lo que dispone la Carta Poltica y la Ley Estatutaria de la Administracin de Justicia, al asignarle a las Salas Disciplinarias de los Consejo Seccionales de la Judicatura, la funcin de investigar y juzgar la conducta de los abogados en primera instancia, de acuerdo a la ley, es decir, dentro de los trminos que sean definidos por el legislador, quien consider apropiado, por razones de orden funcional, distribuir tal competencia entre el magistrado ponente y la respectiva sala de decisin, a aquel se integra. As las cosas, la cuestionada regulacin, antes que desconocer o contrariar el Estatuto Superior, resulta acorde con l, no slo porque la misma se inscribe en el mbito de la potestad de configuracin legislativa para regular la competencia judicial, como factor que integra el debido proceso.

 

 

Comunicado 22

C-329/15

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

CDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO AUTOS APELABLES PROFERIDOS POR JUECES ADMNISTRATIVOS Y AQUELLOS DICTADOS POR TRIBUNALES ADMNISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA (NUMERALES 1, 2, 3, 4 DEL ARTCULO 243 DE LA LEY 1437 DE 2011

27-05-15

 

La Corte encontr que la medida legislativa, segn la cual, solo cuatro de los autos de los jueces administrativos son apelables cuando los profieren los tribunales administrativos est encaminada a fines constitucionalmente legtimos como lo son la celeridad, la eficiencia y la economa procesal. De igual modo, la medida no resulta desproporcionada se considera que no implica un sacrificio desmedido del derecho de defensa, dado que las partes disponen de otros instrumentos para controvertir la respectiva providencia judicial.

 

 

 

Comunicado 22

 

C-337/15

 

MYRIAM AVILA ROLDN

 

ACUERDO ENTRE LA REPBLICA DE COLOMBIA Y LA ORGANIZACIN DEL TRATADO DEL ATLNTICO NORTE (OTAN) SOBRE COOPERACIN Y SEGURIDAD DE INFORMACIN. (LEY 1734 DE 2014)

 

03-06-15

 

La Corte estableci que en el presente caso no se encontraron acreditados todos los requisitos propios del trmite de las leyes aprobatorias de un tratado internacional. De manera concreta, en la revisin del procedimiento surtido en el Congreso de la Repblica por el proyecto que culmin en la expedicin de la Ley 1734 de 2014, se verific la existencia de un vicio de forma de carcter insubsanable, por cuanto en el momento preciso de llevarse a cabo la votacin de la iniciativa legislativa 086 de 2013 ante la Plenaria del Senado (segundo debate), ni del acta de la sesin ni de la certificacin respectiva fue posible acreditar el cumplimiento de las exigencias constitucionales de qurum decisorio (art. 145 de la C.Po.) y de la aprobacin del respectivo proyecto de ley por la mayora simple (art. 146 de la C.Po.), como tampoco, se logr establecer, que se hubiera dado aplicacin al requisito previsto en el artculo 123-4 del Reglamento del Congreso (Ley 5 de 1992), referente a que en toda votacin, el nmero de votos debe ser igual al nmero de congresistas presentes en la respectiva corporacin al momento de votar. En el evento de que el resultado no hubiera coincidido, la votacin deba ser anulada por el presidente de la respectiva comisin o plenaria y ordenarse su repeticin. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como la irregularidad detectada se cometi en una etapa estructural del proceso legislativo, esto es, en la fase inicial que debe surtirse en el Senado de la Repblica, de modo que subsanar o corregir el vicio de inconstitucionalidad exigira la repeticin de todo el proceso y por lo mismo, se afect la conformacin democrtica de la voluntad parlamentaria.

 

 

Comunicado 24

C-352/15

JORGE IVAN PALACIO PALACIO

NORMA DEROGADA QUE ESTABLECA MULTA POR EL USO INDEBIDO DE LA BANDERA Y EL ESCUDO DE COLOMBIA O DE CUALQUIER OTRO SIMBOLO PATRIO (ARTCULO 13 DEL DECRETO 522 DE 1971)

10-06-15

 

La Corte estableci que en el presente caso no haba lugar a un pronunciamiento de fondo, por carencia actual de objeto del juicio de constitucionalidad, toda vez que el artculo 13 del Decreto Ley 522 de 1971 fue derogado orgnicamente, en virtud de la habilitacin dada por el legislador al Gobierno Nacional mediante el artculo 5 de la Ley 12 de 1984 para reglamentar el uso de los smbolos patrios, esto es, el escudo, la bandera y el himno nacional, las ocasiones y el modo cmo deben ser usados y las sanciones para quienes los utilicen indebidamente. La regulacin integral fue realizada mediante el Decreto 1967 de 1991, de modo que el artculo 13 del Decreto 522 de 1971 no hace parte del ordenamiento jurdico De otra parte, la norma demandada no contina produciendo efectos jurdicos, que permitiran su examen, por el fenmeno de la caducidad de la accin policiva, puesto que, como fue explicado en la sentencia C-668 de 2014, en ningn caso podra superar el trmino de seis (6) meses previsto en el artculo 29 del Decreto 800 de 1991. Es decir, la posibilidad de imponer la multa prevista en el artculo 13 del Decreto 522 de 1971 no existe, ya que desde la derogatoria del precepto demandado acaecida por lo dispuesto en el artculo 5 de la Ley 12 de 1984 y la expedicin del Decreto 1967 de 1991, han transcurrido ms de veintitrs (23) aos, teniendo en cuenta que este estatuto entr en vigencia el 15 de agosto de ese ao.

 

 

Comunicado 25

C-353/15

ALBERTO ROJAS RIOS

 

CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO NORMA SOBRE BENEFICIARIOS DEL DENOMINADO SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO. (ARTCULO 293 PARCIAL DEL DECRETO 2663 DE 1950)

10-06-15

 

La Corte constat que la norma demandada haba sido derogada como consecuencia de la regulacin integral de la seguridad social efectuada por la Ley 100 de 1993. As lo haba establecido anteriormente en la sentencia C-823 de 2006, cuando se inhibi de emitir un fallo de mrito sobre la constitucionalidad de una disposicin relativa al que se denominaba seguro de vida obligatorio, el cual se pagaba por una sola vez y fue reemplazado por una prestacin peridica de pensin de sobreviviente o la indemnizacin sustitutiva. En todo caso, la Corte aclar que la eventual aplicacin que los operadores realizaran de los preceptos demandados los cuales no se encuentran vigentes- no puede ser objeto del control abstracto de constitucionalidad, toda vez que las situaciones subjetivas deben atenderse por va del control concreto. Por sustraccin de materia no procede en este caso, un juicio de fondo sobre la constitucionalidad de los apartes normativos acusados.

 

 

Comunicado 25

C-354/15

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

 

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL ALCANCE EL CONCEPTO DE MONTO DE LA PENSIN DE VEJEZ EN EL RGIMEN DE TRANSICIN. (EXPRESIN DEL ARTCULO 36 DE LA LEY 100 DE 1993)

10-06-15

 

La corporacin encontr que en el presente caso no era posible un pronunciamiento de fondo sobre la problemtica jurdica planteada, por cuanto la demanda no cumple con los requisitos de certeza y suficiencia dispuestos por la jurisprudencia para que proceda el estudio de constitucionalidad de una interpretacin judicial. Al respecto, la Corte reiter que el control abstracto de constitucionalidad por lo general recae sobre textos normativos y no sobre interpretaciones judiciales de los operadores jurdicos, puesto que se correra el riesgo de violentar la autonoma de los jueces y el principio de legalidad de la competencia. No obstante, se ha admitido, para preservar el orden constitucional, el control sobre interpretaciones, siempre que las demandas cumplan con los requisitos exigidos por la jurisprudencia, a saber, claridad, certeza, pertinencia, especificidad y suficiencia, los cuales al referirse a una interpretacin judicial, presentan su propia especificidad y exigen una mayor carga argumentativa. Por una parte, el demandante no demostr desde el punto de vista fctico que la interpretacin a la que alude constitua efectivamente una posicin slida del Consejo de Estado, toda vez que solo trajo a colacin un caso particular, sin haber probado que dicha postura se eriga como derecho viviente. En cuanto a la certeza, el ciudadano no argument, de manera suficiente y explcita, por qu la norma aludida no debe ser interpretada como lo hace el Consejo de Estado, sino como l y otros operadores jurdicos lo entienden. De otro lado, el actor aduce la violacin de los artculos 48 y 230 de la Constitucin, pero sin aportar los elementos que demostraran ese desconocimiento, sin los cuales la Corte no puede entrar a realizar un examen de fondo.

 

 

Comunicado 25

 

C-385/15

 

ALBERTO ROJAS ROS

 

REGLAMENTACION DEL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD AVALUADORA (ARTCULO 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 15, 16, 23 PARCIAL, 24 Y 25 DE LA LEY 1673 DE 2013)

24-06-15

 

En primer trmino, la Corte constat la falta de certeza del cargo formulado contra el artculo 10 de la Ley 1673 de 2013, en la medida en que el demandante centra su ataque en una proposicin jurdica inexistente. En segundo lugar, la Corporacin consider que las disposiciones acusadas tienen la virtualidad de organizar el ejercicio de la actividad avaluadora y no de impedir su desempeo, al punto que no se ve afectado el ncleo esencial del derecho reconocido en el artculo 26 de la Constitucin. En tercer lugar, la Corte estudi los lmites constitucionales de la competencia de regulacin del legislador en el caso del ejercicio de un oficio que, a su juicio, puede ser interferido por el legislador siempre que exija formacin acadmica e implique un riesgo social. Finalmente, el Tribunal constitucional encontr que unos apartes los artculos 9 y 25 de la Ley 1673 de 2013 contradicen normas constitucionales. De un lado, la primer parte del artculo 9 transgredi los lmites del ius puniendi que ostenta el Estado, al asimilar el ejercicio ilegal de la tasacin al delito de simulacin de investidura (art. 426 del Co.Pe.), escenario que implic el desconocimiento de los lmites implcitos que debe tener en cuenta el legislador para criminalizar una conducta. En efecto, su tipificacin no se orient a la proteccin del bien jurdico que tutela el delito de simulacin de investidura, como es la administracin pblica, toda vez que las posibles irregularidades en que puedan incurrir los avaluadores se circunscriben a la afectacin de los intereses de particulares que en nada tienen que ver con la administracin pblica. La norma objeto de censura desatendi el principio de necesidad, como quiera que el legislador tipific un delito sin analizar otras medidas diferentes a la sancin penal, menos gravosas para los derechos fundamentales de los ciudadanos y que a la vez eviten el ejercicio ilegal de la avaluacin. Si bien el tipo penal persigue un fin legtimo que se concreta en evitar la inequidad social, la ineficiencia y los posibles fraudes que puede causar un avaluador que ejerza la actividad sin tener una acreditacin del RAA, la propia ley previ procedimientos sancionatorios administrativos que tienen la finalidad de evitar las conductas que reprimen criminalmente, como por ejemplo, los conferidos a la Superintendencia de Industria de Comercio en ejercicio de su funcin de vigilancia y control. De ah, que esa asimilacin que hace el artculo 9 de la Ley 1673 de 2013, fuera declarada inexequible. En cuanto a la definicin de los procedimientos sancionatorios en la regulacin de los oficios, la Corte reafirm que est reservada al legislador, conforme a los principios fundamentales que orientan el trmite, unas reglas de procedimiento especfico, los entes encargados de adelantar la investigacin y/o juzgamiento, el rgimen probatorio, los sujetos procesales, los trminos, los recursos, que garanticen la imparcialidad de los rganos encargados de decidir. Por consiguiente, se declar inexequible el que la funcin disciplinaria que se asigna en el artculo 25 de la Ley 1673 de 2013 a las Entidades Reconocidas de Autorregulacin lleve consigo la de establecer procedimientos, en la medida que desconoce que la elaboracin de los trmites disciplinarios en desarrollo de las funciones de vigilancia y control son de reserva legal.

 

 

Comunicado 26

C-386/15

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

REFORMA DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL - MEDIDA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE PRSONAS EN EL PROCESO PENAL Y LIMITACIN A TRAVS DEL CRITERIO DE LA EXPECTATIVA RAZONOBALE DE LA INTIMIDAD DEL INDICIADO O IMPUTADO O DE TERCEROS. (EXPRESIN E INCISO 3, CONTENIDOS EN EL ARTCULO 54 DE LA LEY 1453 DE 2011)

24-06-15

 

COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL EN SENTENCIA C-881/14

 

Comunicado 26

C-387/15

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

CODIGO PENITENCIARIO Y CARCELARIO-REQUISITOS PARA OBTENCIN DE PERMISOS A PERSONAS CONDENADAS HASTA POR SETENTA Y DOS HORAS. (ARTCULO 147 NUMERAL 5 DE LA LEY 65 DE 1993, MODIFICADO POR EL ARTCULO 29 DE LA LEY 504 DE 1999)

 

 

Atendiendo al precedente fijado por la Sala Plena en los autos 241 y 242 de 2015, la Corte admiti la legitimacin del actor para presentar una demanda de inconstitucionalidad, a pesar de que se encuentre cumpliendo una sentencia penal ejecutoriada en la que adems de la pena de prisin, se le impuso la condena accesoria de inhabilitacin para el ejercicio de derechos y funciones pblicas, por cuanto entiende que la nica condicin exigida por la Carta Poltica para ejercer el derecho a instaurar acciones de inconstitucionalidad es la ciudadana y no, la ciudadana en ejercicio. En relacin a la vigencia del numeral 5 del artculo 147 de la Ley 65 de 1993, se constat que la Corte Suprema de Justicia en algunas sentencias de tutela ha entendido que la modificacin introducida por el artculo 29 de la Ley 504 de 1999 mantiene su vigencia, como quiera que el artculo 46 de la Ley 1142 de 207 ampli con carcter indefinido las normas incluidas en el captulo IV transitorio de la Ley 600 de 2000, es decir, las que regulan la justicia penal especializada. Segn esta interpretacin, la norma demandada contina produciendo efectos, lo que en principio, habilita a este Tribunal para pronunciarse sobre su constitucionalidad. Sin embargo, al examinar la aptitud de la demanda, la Corte Constitucional concluy que no reuna los requisitos mnimos que hicieran posible un examen y decisin de fondo, En particular, los cargos formulados carecan de especificidad, por cuanto no se expone argumento orientado a sustentar porqu, considerada en abstracto, la norma que exige determinado porcentaje de cumplimiento de la pena para ciertos delitos para conceder permisos de 72 horas vulnera los principios constitucionales de igualdad debido proceso y favorabilidad. En lugar de ello, el demandante concentr sus esfuerzos argumentativos en demostrar la existencia de interpretaciones divergentes en torno a la vigencia de la norma acusada y que en razn de tal disparidad de criterioso las personas condenadas por delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializados han sido objeto de un tratamiento contrario a los principios de igualdad, favorabilidad y debido proceso. Por consiguiente, la Corte se inhibi de emitir un fallo de fondo.

 

 

Comunicado 26

C-410/15

ALBERTO ROJAS ROS

MEDIDAS Y DISPOSICOINES PARA LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y SE CONCEDEN FACULTADES EXTRAORDINARIAS SANEAMIENTO POR MOTIVOS DE UTILIDAD PBLICA (EXPRESIONES DE LOS ARTCULOS 21 DE LA LEY 1682 DE 2013, 245 DE LA LEY 1450 DE 2011 Y 156 DE LA LEY 1753 DE 2015)

01-07-15

 

Las disposiciones demandadas establecen de manera general en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 (norma que se reproduce en la Ley del Plan 2014-2018) y de manera especfica, dentro de las medidas para llevar a cabo proyectos de infraestructura de transporte, un saneamiento automtico a favor del Estado respecto de cualquier vicio de tradicin o titulacin de los bienes que adquiere por motivos de utilidad pblica o de inters social. Esto no impide que los ciudadanos afectados puedan ejercer acciones indemnizatorias contra todos los titulares inscritos en el respectivo folio de matrcula inmobiliaria. Sin embargo, segn lo disponen las normas acusadas, estas acciones no pueden dirigirse en contra de la entidad pblica adquirente, lo que a juicio de la Corte, desconoce la clusula general de responsabilidad del Estado consagrada en el artculo 90 de la Constitucin, toda vez que suprime la posibilidad de atribuirla a dicha entidad, en el evento de que se demuestre que haya causado un dao antijurdico, as como la consecuente posibilidad de obtener una indemnizacin. Por consiguiente, la exclusin de responsabilidad de la entidad adquirente resulta inconstitucional. Adems, la Corte determin que la imposibilidad de demandar la reparacin de perjuicios por parte del Estado, vulnera el derecho de propiedad reconocido por el artculo 58 de la Carta Poltica, puesto que elimina la garanta integral del patrimonio de los ciudadanos que lleva consigo las acciones indemnizatorias para obtener una compensacin por la afectacin patrimonial que pueda acarrearle la adquisicin obligatoria del inmueble de su propiedad por parte de una entidad pblica. Al mismo tiempo, se desconoce el acceso a la administracin de justicia (art. 229 C.Po.), por cuanto a pesar de la existencia de un dao antijurdico, la persona no podra acudir a la jurisdiccin para obtener su reparacin. En consecuencia, la expresin diferentes a la entidad pblica adquirente, contenida en los artculos 21 de la Ley 1682 de 2013 y 245 de la Ley 1450 de 2011 fue declarada inexequible, a la vez que la Corte integr la unidad normativa con el artculo 156 de la Ley 1753 de 2015, que reproduce en la nueva Ley del Plan Nacional de Desarrollo, el mismo contenido del artculo 245, con el fin de excluir tambin del ordenamiento jurdico, la citada expresin normativa.

 

Comunicado 27

C-411/15

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

REVOCATORIA DE LA DETENCIN DOMICILIARIA POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES. (INCISO TERCERO DEL ARTCULO 31 DE LA LEY 1709 DE 2014)

01-07-15

 

La Corte concluy que la norma demandada no desconoce la reserva judicial para adoptar determinaciones que afecten la libertad personal, por cuanto es claro que las decisiones relativas a la revocatoria de la detencin o de la prisin domiciliaria deben ser adoptadas de manera exclusiva por el juez competente. La Sala precis en primer lugar, que el precepto legal acusado no establece un supuesto de detencin sin previa orden judicial, por cuanto en la hiptesis que all se regula ya existe una providencia que ordena privar de libertad a una persona, bajo una modalidad especfica (domiciliaria), sujeta al cumplimiento de unas obligaciones previstas en la misma ley. Advirti, que el mandamiento escrito de autoridad judicial que impone la medida de aseguramiento o la condena constituye el ttulo que habilita la actuacin del funcionario administrativo, cuando se verifique el incumplimiento de los deberes especficos que adquiere la persona sometida a detencin o prisin domiciliaria. En segundo lugar, la Corporacin constat que la facultad que la norma confiere a las autoridades penitenciarias responde a una finalidad constitucional legtima, cual es la de garantizar que en la hiptesis de incumplimiento de obligaciones por parte de la persona sometida a detencin o prisin domiciliaria, cualquier determinacin que se tome al respecto (lo que incluye una eventual revocatoria), sea efectivamente ejecutada, para lo cual puede ser necesario detener o, en su caso, someter a algn tipo de vigilancia especial a la persona que incumpli sus obligaciones, a fin de evitar que esta evada el castigo. Sin embargo, advirti que el cumplimiento de esta finalidad no autoriza injerencias arbitrarias de las autoridades penitenciarias y de polica. Por tanto, el ejercicio de la facultad conferida en la norma enjuiciada debe sujetarse a los lmites constitucionales que enmarcan el ejercicio del poder punitivo, a fin de evitar que el funcionario administrativo encargado de velar la ejecucin de la detencin / prisin domiciliaria, llegue a tener una capacidad de injerencia excesiva sobre los mbitos de libertad, intimidad y autonoma a los que tiene derecho una persona sometida a esta modalidad de privacin de libertad. El respeto de tales lmites implica que el ejercicio de la facultad consagrada en esta norma slo procede cuando se verifique el quebrantamiento de obligaciones consagradas de manera expresa en la ley o en la providencia judicial que impone la detencin o prisin domiciliaria. En tal evento, debern adoptarse las medidas necesarias y proporcionadas para que la persona sea puesta a disposicin de autoridad judicial en un plazo mximo de 36 horas, a efectos de que el juez adopte la decisin correspondiente.

 

Comunicado 27

C-412/15

ALBERTO ROJAS ROS

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 20102014 - CONTROL A LA EXPLOTACIN ILCITA DE MINERALES. (EXPRESIONES CONTENIDAS EN EL INCISO SEGUNDO DEL ARTCULO 106 DE LA LEY 1450 DE 2011)

 

 

Al confrontar las disposiciones demandadas con los parmetros de constitucionalidad consagrados en los artculos 6, 29, 150 y 360 de la Constitucin y la jurisprudencia consolidada sobre la materia, la Corte concluy que: (i) La expresin sin perjuicio de otras medidas sancionatorias no vulnera el debido proceso, el principio de legalidad ni la reserva de ley, toda vez que con esta disposicin el legislador preserva la competencia de otras autoridades que, como garantes de otros bienes jurdicos, puedan adelantar investigaciones e imponer cuando sea del caso, sanciones policivas, fiscales, administrativas, penales o ambientales. Esta expresin no tiene la capacidad de derogar otras sanciones que pueden estar previstas en el ordenamiento jurdico con las cuales se reprima la minera sin ttulo inscrito. (ii) El precepto de una multa hasta de mil salarios mnimos legales mensuales vigentes no desconoce el principio de legalidad, el debido proceso ni la reserva de ley, en la medida que cabe dentro del amplio margen de configuracin del legislador, establecer un lmite mnimo y mximo de la multa a imponer por parte de las autoridades administrativas correspondientes, sin que se requiera de una regulacin exhaustiva. El Tribunal constitucional reiter que a diferencia de lo que sucede con el derecho penal, el derecho administrativo suele no establecer una sancin para cada una de las sanciones administrativas, sino que opta por establecer clasificaciones ms o menos generales en las que pueden quedar subsumidos lo diferentes tipos de infracciones. Para el efecto, el legislador seala unos criterios ms o menos generales en las que puedan quedar subsumidos los diferentes tipos de infracciones relativos a la categora de sancin, trmino, cuanta y tope mximo, que proporcionan al funcionario competente un marco de referencia cierto para la determinacin e imposicin de la sancin, parmetros que se cumplen en el caso concreto de la norma demandada y por tanto, no se contraviene el debido proceso, ni el principio de legalidad y la reserva legal. (iii) En cuanto a la expresin la autoridad policiva correspondiente, si bien es genrica, no es indeterminada, toda vez que son las diversas autoridades de las entidades territoriales las llamadas a imponer la sancin y en esa medida, la descripcin de la competencia requiere un gnero que incluya a todas las autoridades a cargo de la materia, las cuales se indican en el Cdigo de Minas, de manera que no se desconoce el debido proceso, el principio de legalidad, ni la reserva legal. (iv) Por ltimo, la Corte determin que la expresin El Gobierno Nacional reglamentar la materia, no desconoce el principio de legalidad, el debido proceso, ni la reserva legal. Al respecto, seal que la clusula general de competencia prevista en el artculo 150 de la Constitucin, no comporta la obligacin del Congreso de desarrollar de manera integral todas las materias, sino que por lo corriente, es que delimita las materias y faculta su concrecin por medio de la expedicin de reglamentos de naturaleza administrativa (art. 189, numeral 11 C.Po.). La reserva legal implica que la potestad reglamentaria es ms limitada, confinada a la debida ejecucin de la ley. En el presente caso, el artculo 106 establece una prohibicin, una sancin y la autoridad competente para imponerla, mediante la remisin normativa que resulta acorde con la tipicidad en la medida que contiene los elementos mnimos que exige el derecho administrativo sancionador, en este evento, circunscrito a aplicar la prohibicin de utilizar dragas, minidragas, retroexcavadoras y dems equipos mecnicos en las actividades sin ttulo minero inscrito en Registro Nacional Minero.

 

Comunicado 27

 

C-424/15

 

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

 

CDIGO PROCESAL DEL TRABAJJO PROCEDENCIA DE LA CONSULTA. (EXPRESIN DEL ARTCULO 69 DEL CDIGO PROCESAL DEL TRABAJO)

 

08-07-15

 

Despus de realizar un juicio estricto de igualdad, al Corte Constitucional constat que: (i) el artculo 69 del Cdigo Procesal del Trabajo establece un trato normativo divergente entre iguales: los sujetos que se comparan pertenecen a la misma categora, esto es, son trabajadores sometidos a la jurisdiccin ordinaria laboral y sobre uno de ellos pretensiones de mnima cuanta- puede predicarse un trato legal diferenciado, en cuanto las sentencias que les son desfavorables no son objeto de consulta. (ii) La exclusin de este grupo de trabajadores -con pretensiones de mnima cuanta- del grado de consulta de las sentencias que le sean totalmente desfavorables debe ser ponderada frente al conjunto de derechos de los trabajadores constitucionalmente garantizados (arts. 48 y 53 C.Po.). (iii) La finalidad de la medida es legtima e importante, puesto que busca promover la descongestin de la jurisdiccin ordinaria, en sus salas laborales del Tribunal mediante la restriccin del grado de consulta para las sentencias totalmente adversas al trabajador proferidas en primera instancia. (iv) El medio es efectivamente conducente ya que impide que a los tribunales lleguen las sentencias proferidas por los jueces laborales en nica instancia, los municipales de pequeas causas y de competencia mltiple y donde no hay juez laboral del circuito. (v) No obstante, dicha limitacin representa un sacrificio desproporcionado de la parte ms dbil de la relacin, toda vez que estn en juego la garanta de derechos mnimos e irrenunciables, no susceptibles de tratos diferenciados, en razn del valor pecuniario que representan. La Corte reafirm el carcter esencialmente tuitivo del rgimen laboral, tanto sustantivo como procesal, basado en el reconocimiento de la posicin de debilidad de la parte ms vulnerable de la relacin el trabajador-, lo que impone el deber constitucional de su proteccin especial. Advirti, que por tratarse de los derechos mnimos e irrenunciables del trabajador, la proteccin constitucional es extrema, en tanto de ellos pueden depender el aseguramiento del mnimo vital del trabajador y de su familia y los derechos a la seguridad social (arts. 48 y 53 C.Po.). Esta proteccin especial al trabajador no admite que por razn de la cuanta de sus reclamaciones en el marco del juicio laboral, se les prive de una garanta adicional de reconocimiento judicial de tales derechos, en perjuicio del trabajador de menores ingresos que reclama derechos de bajo monto que se reflejan en pretensiones de cuanta inferior. Por consiguiente, la Corte determin que la expresin demandada del artculo 69 del Cdigo Procesal del Trabajo es constitucional siempre y cuando las sentencias totalmente adversas a los trabajadores que tramitan sus demandas laborales en un proceso de nica instancia sean remitidas tambin al superior funcional del juez que profiri la sentencia, con el fin de que se surta el grado jurisdiccional de consulta.

 

Comunicado 28

C-447/15

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

NORMA QUE PROMUEVE EL ACCESO AL CRDITO Y SOBRE GARANTAS INMOBILIARIAS-GARANTAS REALES EN PROCESOS DE LIQUIDACIN JUDICIAL. (EXPRESIN CONTENIDA EN ARTCULO 52 DE LA LEY 1676 DE 2013)

15-07-15

 

La Corte constat que los demandantes no cumplieron con esas exigencias argumentativas para predicar la existencia de una omisin legislativa relativa, toda vez que no identificaron con claridad el contenido normativo vinculado con la omisin que alegan y no precisaron con suficiencia en qu consiste esa deficiencia normativa, su alcance y consecuencias inconstitucionales. En particular, el demandante asume que la disposicin legal acusada ha cambiado la prelacin legal de crditos regulada en el Cdigo Civil sin que explique de manera pertinente y suficiente las razones para llegar a esa conclusin.

 

Comunicado 29

C-448/15

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

CODIGO CIVIL- EXIGENCIA DE REVALIDACIN DEL CONSENTIMIENTO DEL MATRIMONIO CELEBRADO EN INMINENTE RIESGO DE MUERTE DENTRO DE LOS CUARENTA DAS SIGUIENTES A SU CELEBRACIN PARA QUE PRODUZCA EFECTOS. (EXPRESIN CONTENIDA EN ARTCULO 136 DEL CDIGO CIVIL)

15-07-15

 

La Corte determin que el matrimonio in extremis no supone una forma de cesacin de los efectos civiles del matrimonio cuando no se revalida transcurridos cuarenta das desde su celebracin sin que haya ocurrido la muerte de uno o ambos cnyuges, sino que esta circunstancia conduce a la ineficacia de pleno derecho del mismo y por ende, a la no produccin de efectos civiles. En todo caso, advirti, que de conformidad con el artculo 42 de la Constitucin, el margen de configuracin del legislador en esta materia es amplio y observ que el divorcio no es la nica forma de hacer cesar los efectos civiles del matrimonio. Para la Corte, el cargo por violacin del derecho a la igualdad no estaba llamado a prosperar, toda vez que resulta razonable que el legislador exija a quienes otorgan su consentimiento al borde la muerte para contraer matrimonio, la revalidacin de su voluntad con las formalidades legales y la conformacin del compromiso para cumplir los fines enunciados en el artculo 113 del Cdigo Civil y permitir la oposicin de terceros. Se trata de una situacin extraordinaria que al no ocurrir, justifica plenamente la exigencia de ratificacin del consentimiento expresado en circunstancias excepcionales, que no pueden asimilarse al matrimonio celebrado en condiciones normales.

Comunicado 29

 

C-449/15

 

JORGE IVAN PALACIO PALACIO

 

FACULTAD CONFERIDA AL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, PARA DEFINIR LAS BASES DE DEPRECIACIN Y LOS COSTOS SOBRE CUYA BASE SE FIJA EL MONTO DE LAS TARIFAS DE LAS TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS POR CONTAMINACIN AMBIENTAL. (EXPRESIONES CONTENIDAS EN LOS INCISOS TERCERO Y CUARTO DEL ARTCULO 42 DE LA LEY 99 DE 1993)

16-07-15

 

De conformidad con el artculo 338 de la Constitucin, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que puede delegarse excepcionalmente a una autoridad administrativa, como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la fijacin de la tarifa de las tasas, siempre que las corporaciones de representacin popular fijen de manera previa el sistema y el mtodo para determinarla. Record que esta concesin, parte de la premisa de que tanto el sistema como el mtodo deben ser lo suficientemente claros y precisos para evitar que los rganos de representacin popular desatiendan un expreso mandato superior, ms no por ello tienen que hacer una descripcin detallada o rigurosa de cada uno de los elementos y procedimientos a tener en cuenta para fijar la tarifa, puesto que en tal caso la facultad constitucional de las autoridades administrativas perdera su razn de ser. Se trata de competencias compartidas, donde el Congreso, las asambleas y los concejos sealan los elementos estructurales del sistema y el mtodo tarifario del tributo, mientras que las autoridades administrativas desarrollan los parmetros previamente dispuestos. Al mismo tiempo, reafirm que el Estado puede trasladar a las personas el costo de la prestacin de determinados servicios mediante la imposicin de tasas (arts. 95.5 y 338 de la C.Po.). Para la Corte, el artculo 42 de la Ley 99 de 1993, en lo acusado, rene los elementos de predeterminacin del tributo denominado como tasas de contaminacin ambiental, como quiera que estableci directamente la base gravable (depreciacin de los recursos naturales ocurrida por una determinada actividad, que incluye daos sociales y ambientales) y el sistema y mtodo para la fijacin de la tarifa de la tasa. Precis, que el demandante confunde la base gravable con la base sobre la cual se har el clculo de la depreciacin, por lo que no est difiriendo al Ministerio del Ambiente la definicin de la base gravable de las tasas retributivas y compensatorias. Al Ministerio le corresponde articular los criterios previamente establecidos en la ley para efectos de fijar el valor a cobrar segn lo distinto factores y las variables de cada caso, los cuales varan con el transcurso del tiempo y por razn de la ubicacin geogrfica de los ecosistemas. Por consiguiente, la Corte encontr ajustado a la Constitucin la definicin que anualmente hace el Ministerio del Ambiente de las bases del clculo de los costos de depreciacin de os recursos naturales por contaminacin y la correspondiente fijacin del monto tarifario de las tasas retributivas y compensatorias.

 

Comunicado 29

 

C-450/15

 

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

 

CDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - FUNCIONES DE LA SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. (EXPRESIONES CONTENIDAS EN EL NUMERAL 7 DEL ARTCULO 111 Y ARTCULO 249 DE LA LEY 1437 DE 2011)

 

16-07-15

 

La Corte determin que la previsin que no permite a los magistrados del Consejo de Estado que participaron en la decisin impugnada separarse por impedimento o recusacin fundada por este solo hecho, no se encuentra en riesgo el principio de imparcialidad judicial. Observ que esa circunstancia est presente en todos los Consejeros de Estado, toda vez que se trata de un proceso de competencia est adscrita a la Sala Plena en nica instancia y la naturaleza del recurso y sus causales son ajenas a lo ya debatido y decidido por la Sala. Adems, para asegurar el principio de imparcialidad tienen vigencia las dems causales de impedimento y recusacin y en esa medida, no puede entenderse que el haber actuado en el proceso en sede de instancia, pueda eximir a los jueces de su funcin de administrar justicia, cuando el asunto puesto a su consideracin mediante el recurso extraordinario tarta del planteamiento de circunstancias ajenas al fondo del asunto. La Corte no comparte la lectura hecha por el demandante de la expresin acusada del artculo 249 del CPACA, ene le sentido de que el legislador eximi a los Consejeros de Estado de declararse impedidos, o ser recusados por las partes. Lo que establece la disposicin es que el hecho de haber conocido en Sala Plena del proceso de prdida de investidura no lleva consigo de manera automtica que los magistrados deban declararse impedidos por ese solo hecho, puesto que se est frente a un recurso extraordinario especial.

Comunicado 29

 

C-451/15

 

JORGE IVAN PALACIO PALACIO

 

NORMAS RELATIVAS A LA ADQUISICIN, RENUNCIA, PRDIDA Y RECUPERACIN DE LA NACIONALIDAD COLOMBIANA; SE DESARROLLA EL NUMERAL 7 DEL ARTCULO 40 DE LA CONSTITUCIN POLTICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES - DE LA NULIDAD DE LAS CARTAS DE NATURALEZA Y DE LAS RESOLUCIONES DE AUTORIZACIN. (PARGRAFO 1 DEL ARTCULO 20 DE LA LEY 43 DE 1990)

 

16-07-15

 

La Corte Constitucional concluy que la suspensin provisional respecto de las cartas de naturaleza o resoluciones de autorizacin implicara una grave limitacin al derecho a la nacionalidad, as como las garantas y otros derechos que de este se derivan. En esa medida, es razonable que el legislador haya excluido su utilizacin, precisamente con el objeto de proteger los derechos constitucionales involucrados. As, teniendo en cuenta que la suspensin provisional de las Cartas de Naturaleza y Resoluciones de Autorizacin no representa una garanta para el administrado, sino por el contrario compromete gravemente el ejercicio de sus derechos, debe concluirse que el legislador estaba constitucionalmente habilitado para prohibirla en el marco de los procesos que se ventilan ante la jurisdiccin de lo contencioso administrativo. De igual modo, la Corte consider que la norma acusada es tambin coherente con las obligaciones asumidas por el Estado colombiano. Record que la Convencin Americana sobre Derechos Humanos establece que el derecho a la nacionalidad no puede ser suspendido ni siquiera en los estados de excepcin. Adems, el artculo 8 de la Convencin para reducir los casos de aptridas, impone al Estado el deber de evitar, en tanto sea posible, que una persona pierda su condicin de nacional y adquiera la de aptrida.

 

Comunicado 29

C-456/15

 

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

 

BENEFICIARIOS DE LA PENSIN DE SOBREVIVIENTES, DE INVALIDEZ Y DE LA SUSTITUCIN DE L ASIGNACIN DE RETIRO DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PBLICA. (EXPRESIN CONTENIDA EN ARTCULO 3 -TERCER INCISO DEL NUMERAL 3.7.2- DE LA LEY 923 DE 2004)

 

22-07-15

 

En el presente caso, el tribunal constitucional tuvo en cuenta las consideraciones expuestas en la sentencia C-1035 de 2008, que si bien se refirieron a una norma del rgimen pensional general, condujeron a establecer que la disposicin que daba prevalencia al cnyuge sobre el compaero permanente para efectos de otorgar la pensin de sobrevivientes, no superaba un juicio de proporcionalidad, porque ni siquiera lograba demostrarse una finalidad constitucional imperiosa. Aunque se ha reconocido que el matrimonio y la unin marital de hecho son instituciones diferentes y que el legislador goza de cierto margen de configuracin para regular sus especificidades, la distincin en razn del origen familiar de ninguna manera puede constituir un criterio para establecer tratamientos preferenciales que desconozcan la finalidad constitucional y legal de este tipo de prestacin. De esta forma, el hecho de que los miembros de la Fuerza Pblica sean servidores pblicos, que tengan un rgimen especfico que atiende a las particularidades de sus labores y a los fines del Estado que constitucionalmente estn llamados a realizar, constituyen consideraciones importantes, pero no pueden llegar a configurar excepciones cuando se trata de proteger a la familia. La proteccin del ncleo bsico de la sociedad es un mandato constitucional independiente del rgimen prestacional de que se trate. Para la Corte, el argumento de algunos intervinientes en el sentido de que el ordenamiento no permite la coexistencia de la sociedad conyugal y de la sociedad patrimonial no se constituye en bice para no reconocer prestaciones sociales a quienes hubiesen convivido con el causante durante los ltimos cinco aos. De hecho, son asuntos que no se relacionan entre s, porque la asignacin como beneficiario de la pensin al compaero o compaera permanente no modifica la regla sobre la existencia de la sociedad conyugal y patrimonial.

 

Comunicado 30

C-457/15

 

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

 

ESTATUTO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL DEFINICIN, MODALIDADES Y PRINCIPIOS CASOS EN QUE EL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DEBE DICTAR UN LAUDO ARBITRAL EN DERECHO. (INCISO CUARTO DEL ARTCULO 1 DE LA LEY 1563 DE 2012)

 

22-07-15

 

En el caso concreto, la Corporacin constat que no se cumple con los requisitos de certeza, pertinencia y suficiencia de los cargos que se formulan por violacin de los artculos 29, 116, 150.2 y 238 de la Constitucin Poltica, toda vez que el contenido normativo que se cuestiona no corresponde al texto del inciso acusado y las consecuencias que se derivan del mismo corresponde a una personal interpretacin que hace la ciudadana del mismo, sin que explique de manera pertinente y suficiente los fundamentos del sentido que extrae de ese texto.

Comunicado 30

C-458/15

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

 

VOCABLOS CONTENIDOS EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO PARA PROTEGER A LAS PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD. (EXPRESIONES CONTENIDAS EN ARTCULOS 26, 38 A 45 Y 157 DE LA LEY 100 DE 1993, DEL ARTCULO 1, ENUNCIADO DEL CAPITULO 1, TTULO 3 Y ARTCULOS 46, 47 Y 48 DE LA LEY 115 DE 1994, DEL ARTCULO 4 DE LA LEY 119 DE 1994, DE LOS ARTCULO 1, 7, 10 Y 11 DE LA LEY324 DE 1996, DE LOS ARTCULOS 1 A 45, 49, 50, 51, 54, 59, 60, 63, 66, 67, 69 Y 72 DE LA LEY 361 DE 1997, DEL ARTCULO 29 DE LA LEY 546 DE 1999, DEL ARTCULO 1 DE LA LEY 860 DE 2003, DEL PARGRAFO 4 DEL ARTCULO 9 Y 13 DE LA LEY 797 DE 2003, DEL ARTCULO 1 DE LA LEY 1114 DE 2006, DEL ARTCULO 66 DE LA LEY 1438 DE 2011 Y DEL ARTCULO 18 DE LA LEY 1562 DE 2012)

 

22-07-15

 

La Corte encontr que aunque el lenguaje s puede tener implicaciones inconstitucionales, toda vez que podra ser entendido y utilizado con fines discriminatorios, el uso de algunas expresiones como parte del lenguaje tcnico jurdico pretende definir una situacin legal y no hacer una descalificacin subjetiva de ciertos individuos. En ese sentido, varias expresiones fueron declaradas exequibles por los cargos analizados en esta oportunidad. De otro lado, la relevancia del anlisis del lenguaje en sede constitucional, tambin debe considerar que ste responde a un contexto temporal que determina las categoras socialmente aceptadas. Sin embargo, tales contextos y categoras admitidas por la sociedad son dinmicos y por tanto deben ser actualizados a medida que se presentan cambios. No obstante, es indiscutible la imposibilidad de actualizar por medio del trmite legislativo- un amplio cmulo normativo en sincrona perfecta con el cambio social. Por esta y otras razones, el ordenamiento constitucional ha previsto algunos elementos de actualizacin que pretenden preservar los derechos de las personas, en particular de quienes enfrentan una situacin de discapacidad o de capacidad excepcional, a fin de evitar el estigma o la descalificacin. Uno de estos dispositivos de actualizacin es el bloque de constitucionalidad, que al integrar diversos instrumentos internacionales de proteccin de las personas en discapacidad al ordenamiento colombiano, permite transformar el lenguaje a los estndares sociales vigentes, a la vez que preserva los derechos de sujetos que merecen especial proteccin constitucional. Con base en estas circunstancias, la Corte analiz varias expresiones que podran contener una carga discriminatoria y condicion su constitucionalidad a una comprensin ligada a la normativa internacional vigente, que no tiene cargas peyorativas para los sujetos que el ordenamiento pretende proteger.

 

Comunicado 30

 

A-308/15

 

JORGE IVAN PALACIO PALACIO

 

E-014 - EXCUSA PRESENTADA POR EL ALCALDE MAYOR DE BOGOT, GUSTAVO PETRO URREGO, PARA NO ASISTIR A LA CITACIN FORMULADA POR LA COMISIN PRIMERA DE LA CMARA DE REPRESENTANTES A UN DEBATE DE CONTROL POLTICO.

 

29-07-15

 

El Alcalde Gustavo Petro Urrego se excus de asistir a la citacin que le hiciera la Comisin Primera de la Cmara de Representantes para el 1 de octubre de 2014 y deleg a la Secretaria Distrital de Movilidad con el fin de que acudiera en su representacin, funcionaria que respondi por escrito el cuestionario que le fuera enviado al alcalde. Posteriormente, la Comisin reiter la citacin para el 7 de octubre de 2014 y luego de que aplaz la misma en tres ocasiones, finalmente el alcalde fue convocado para el 22 de octubre siguiente con el mismo objeto. En esta oportunidad, el alcalde se excus de asistir, aduciendo que los hechos estaban directamente relacionados con asuntos administrativos que son exclusivos del mbito local del Distrito Capital, cuyo control poltico le corresponde al Concejo Distrital. Al mismo tiempo, advirti que el cuestionario formulado por la Comisin fue respondido oportunamente por la Secretaria Distrital de Movilidad. Estos argumentos fueron reiterados por el Alcalde Mayor en la audiencia privada que celebr la Sala Plena el pasado 8 de julio, a los cuales agreg la inexistencia en la Comisin Primera de la Cmara de una investigacin en torno de ese asunto que lo obligara a rendir testimonio, como tambin de una proposicin aprobada por la Comisin en la que se insistiera en esta citacin frente a la excusa presentada. La Corte encontr que la Comisin Primera no expuso las razones por las cuales inicialmente haba citado al alcalde mayor de Bogot a un debate de control poltico en torno de una materia de competencia de las autoridades distritales y posteriormente, haba acudido al mecanismo consagrado en el artculo 137 de la Constitucin con el mismo propsito, evento en el cual la Comisin deba haber cumplido con todos los requisitos previstos en este precepto, en particular, exponer cul era el objeto de esa citacin al alcalde mayor de Bogot a travs del mecanismo consagrado en el artculo 137 superior, el inters nacional que tena este asunto y la aprobacin de una proposicin en que se insistiera en ese llamamiento, frente a la excusa presentada por el funcionario citado, requisitos que no se cumplieron por parte de la Comisin. En consecuencia, la Corte declar fundada la excusa presentada por el Alcalde Mayor de Bogot para no atender esa citacin.

 

 

Comunicado 31

 

C-474/15

 

ALBERTO ROJAS RIOS

 

REFORMA AL CDIGO DE COMERCIO Y NORMAS PARA EL GOBERNABILIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CMARAS DE COMERCIO VACANCIA AUTOMTICA DE LA JUNTA DIRECTIVA (EXPRESIONES CONTENIDAS EN EL ARTCULO 11 DE LA LEY 1727 DE 2014)

 

29-07-15

 

La Corte constat que los cargos de inconstitucionalidad formulados por la demandante contra apartes del artculo 11 de la Ley 1727 de 2014 no reunan los requisitos mnimos que hicieran posible un examen y decisin de fondo. En particular, consider que careca de certeza y especificidad la censura que consisti en sealar que la vacancia automtica impuesta a los miembros principales de las juntas directivas de las cmaras de comercio elegidos por los afiliados se extiende a su suplente, sancin que no se incluy para los miembros designados por el Gobierno Nacional.

 

 

Comunicado 31

C-492/15

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

 

NORMAS EN MATERIA TRIBUTARIA- DEDUCCION DE CONTRIBUCIONES A CFONDOS DE PENSIONES DE JUBILACIN E INVALIDEZ Y FONDOS DE CESANTIAS. ( 3, 4 Y 7 PARCIALES Y 10 DE LA LEY 1607 DE 2012 Y EL ARTCULO 33 DE LA LEY 1739 DE 2014)

05-08-15

 

Las acusaciones de la accin pblica fueron sintetizados en dos cuestiones: (i) primero, si el Legislador vulner el principio de irrenunciabilidad de los beneficios mnimos laborales, en tanto decidi considerar como gravables por el impuesto sobre la renta los ingresos provenientes de beneficios laborales mnimos, como por ejemplo el salario, las prestaciones sociales, entre otras; y (ii) segundo, si ms all de lo anterior el Congreso viol el derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas, con todas las exigencias de derechos humanos que esto implica, al considerar como gravables en los sistemas IMAN e IMAS-PE- rentas laborales antes enunciadas como exentas. La (i) primera cuestin no prosper. La (ii) segunda cuestin la juzg en cambio parcialmente prspera. Si bien la Corte sostuvo que se pueden gravar las rentas de trabajo, esa potestad no es absoluta sino que tiene lmites. Tres de ellos son: la equidad, el mnimo vital y el principio de progresividad en derechos sociales. En sntesis, la Corte concluy que no haba violacin del principio de equidad, en ninguna de sus tres facetas, porque el impuesto se aplica a la renta, que es una magnitud demostrativa de capacidad de pago; porque adems no se trata de un problema de trato desigual entre personas o clases de personas con rentas iguales; porque, finalmente, no hay evidencias de un impacto confiscatorio del esquema tributario, entendido en concordancia con la jurisprudencia como una expropiacin de facto de la propiedad privada del contribuyente. No obstante, la Sala observ un problema de inconstitucionalidad en la regulacin, originado en la violacin del principio de progresividad en derechos sociales. En ese punto, la Corte efectu una conceptualizacin especial del citado principio en el mbito del derecho tributario. Tras advertir que la jurisprudencia ha reconocido la validez de este parmetro en el control de normas tributarias, la Sala Plena seal que a diferencia de lo que ocurre en otros mbitos, en el tributario no basta con sealar que ha habido un retroceso para activar una presuncin de inconstitucionalidad sobre la ley, toda vez que en el campo fiscal hay un deber constitucional de contribuir y una potestad amplia del Congreso para definir y modificar la poltica en la materia. En este terreno es entonces necesario demostrar adems que el retroceso se produjo en un aspecto tributario estrictamente vinculado con el mnimo vital [sentencia C-776 de 2003]. Por lo que, si hay un retroceso en un aspecto del rgimen tributario asociado al mnimo vital, la constitucionalidad de la decisin del Legislador presupone el cumplimiento de dos exigencias necesarias: (i) un mnimo de deliberacin democrtica en el seno del Congreso sentencia C-776 de 2003-, (ii) y una justificacin suficiente de la medida, en trminos de proporcionalidad. En el caso concreto, la Corte constat que antes de la reforma cuestionada, como lo seal el demandante, en el sistema ordinario de determinacin de la renta haba rentas de trabajo exentas constituidas por el 25% de los pagos laborales del empleado. Esa exencin, segn la sentencia C-1060a de 2001, est conceptual y estrictamente vinculada al goce efectivo del derecho constitucional mnimo vital, y de acuerdo con la historia de su creacin institucional buscaba salvaguardar tambin la equidad de los trabajadores. No obstante, con la creacin del IMAN ya no se puede aplicar esa exencin, razn por la cual, si el resultado de aplicar el IMAN es superior al de renta ordinaria, los empleados tendran que contribuir incluso con ese porcentaje antes exento. A pesar de que hay entonces un retroceso en un aspecto tributario estrictamente asociado al mnimo vital, en los antecedentes parlamentarios de la norma no se observa que hubiese habido un mnimo de deliberacin en el Congreso en torno a su neutralizacin dentro de los nuevos sistemas IMAN e IMAS de determinacin del impuesto de renta. Dado que esto, a la luz del principio de progresividad en derechos sociales, es un presupuesto necesario e indispensable de constitucionalidad de una norma de esa naturaleza, la Corte concluy que resultaba inconstitucional, y por lo mismo decidi remediarla. En vista de lo anterior, si bien la Corte declar la exequibilidad pura y simple de los artculos 3, 4 y 7 (parciales) de la Ley 1607 de 2012, consider que deba efectuar un condicionamiento en lo que atae al artculo 10 (integral). Por tanto, lo declar exequible, con la condicin de que se interprete que el clculo de la renta gravable alternativa para empleados, obtenida en virtud de los sistemas IMAN e IMAS-PE, permite la sustraccin de las rentas de trabajo exentas, en los trminos previstos por el artculos 206-10, primera frase, del Estatuto Tributario. Dado que el contenido restante de ese mismo numeral remite a una regulacin conformada por la posibilidad de descontar costos, deducciones y otras rentas exentas, que es extraa a la configuracin del IMAN, en el condicionamiento se consigna tambin la previsin de que la exencin porcentual del artculo 206-10, primera frase del Estatuto, se aplica una vez se detraigan del valor total de los pagos laborales recibidos por el trabajador, los conceptos permitidos por el artculo 332 dem, relativos al sistema IMAN. Ahora bien, en vista de que esto supone introducir un cambio, en virtud de la Constitucin, a la estructura de un impuesto de periodo, la Sala lleg a la conclusin de que deba tener en consideracin lo previsto en el artculo 338 Superior.

 

Comunicado 32

C-493/15

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

 

PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y LEY DE APROPIACIONES PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1O DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 NORMA QUE DEROGA ARTCULO 59 DE LA LEY 1537 DE 2012. (EXPRESIN CONTENIDA EN EL ARTCULO 96 DE LA LEY 1593 DE 2012)

05-08-15

 

La Corte consider que la decisin adoptada por el Legislador en el artculo 56 de la Ley 1537 de 2012 (es decir, la exencin derogada) puede considerarse como una medida adscrita al contenido del derecho fundamental a la vivienda digna y adecuada, en tanto favorece el goce de las facetas de acceso a servicios pblicos y gastos soportables, necesarias para que la vivienda posee estndares acordes con la dignidad humana. Estim que el artculo 96 de la Ley 1593 de 2012 (la norma derogatoria cuestionada), al eliminar ese beneficio tan solo seis meses despus de su consagracin legal, constituye una medida regresiva. Y seal que, en virtud de la estructura del principio de progresividad y la prohibicin de retroceso, sobre una decisin de esa naturaleza pesa una presuncin de inconstitucionalidad. Culmin su anlisis la Sala indicando que, como la presuncin no fue desvirtuada por la autoridad que dict la norma (el Congreso de la Repblica) esta resultaba violatoria del derecho fundamental a la vivienda digna (artculo 51 CP). El Tribunal aclar, sin embargo, que podra existir una tensin potencial entre los derechos a la vivienda digna (en relacin con la exencin tributaria analizada) y la consecucin de recursos para preservar las fuentes de agua. Pero seal que, como las normas progresivas se presumen constitucionales, mientras que sobre las regresivas pesa la presuncin de inconstitucionalidad mencionada, deba declararse la inconstitucionalidad de la norma derogatoria demandada en este trmite.

 

 

Comunicado 32

C-494/15

ALBERTO ROJAS RIOS

 

RGIMEN PARA LOS DISTRITOS ESPECIALES REQUISITOS PARA LA CREACIN DE DISTRITOS FIJACIN Y MODIFICACIN DE LMITES DISTRITALES (ARTCULO 8, 9 Y 18 DE LA LEY 1617 DE 2013)

05-08-15

 

La Corte encontr que, en efecto, como lo aduce el demandante, los artculos 8, 9 y 18 de la Ley 1617 de 2012 presentan un contenido material de ley orgnica, toda vez que fijan las bases y condiciones para crear y modificar los distritos y los lmites de las entidades territoriales, en este caso, de los distritos especiales, profundizando la garanta del principio de autonoma territorial. Examinado el curso seguido por el respectivo proyecto en las cmaras legislativas, la Corporacin constat que fue tramitado de conformidad con los artculos 150, numeral 4 y 151 de la Constitucin Poltica, debido a que las disposiciones acusadas fueron aprobadas mediante el procedimiento de las leyes orgnicas, el cual exige el cumplimiento de cuatro condiciones precisadas por la jurisprudencia. En el presente caso, el anlisis de cada presupuesto demostr la constitucionalidad de las normas demandadas, por cuanto existi: a) finalidad en la ley para expedir un estatuto especial para los distritos que sujeta el posterior ejercicio de la actividad legislativa ordinaria en esta materia; b) verificacin de contenidos propios de ley orgnica, al fijarse en los artculos acusados las bases y condiciones para la existencia y modificacin de los distritos y asignarse competencia normativa en asuntos relacionados con una entidad territorial; c) aprobacin por la mayora absoluta exigida por la Constitucin poltica para la aprobacin de leyes de naturaleza orgnica; y d) un propsito claro y unvoco reflejado en la Comisin Primera de la Cmara de Representantes y en la Comisin Primera del Senado de la Repblica, para aprobar una ley de naturaleza orgnica.

 

Comunicado 32

C-495/15

LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ

 

REFORMAS AL CDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO EXTENSION A TERCEROS DE LAS NORMAS DE LA CONVENCION (ARTCULO 38 DEL DECRETO 2351 DE 1965)

05-08-15

 

La Corte encontr que los cargos propuestos por los accionantes contra el artculo 38 del Decreto Legislativo 2351 de 1965 que reform el artculo 471 del Cdigo Sustantivo del Trabajo, no cumplan con la certeza que se exige de las acusaciones que se formulan por va de la accin pblica de inconstitucionalidad. Por un lado, porque su rigor normativo se limita a establecer en armona con lo previsto en el artculo 470 del Cdigo, reglas sobre la aplicacin de la convencin colectiva, sin que se refiera, ni establezca restricciones a los procesos de negociacin colectiva de los sindicatos minoritarios. Y por otra, porque con la expedicin del Decreto 089 de 2014, incorporado al Decreto nico 1072 de 2015, se crea una regla distinta a la hiptesis que sirve de sustento a la acusacin planteada, referente a que las asociaciones sindicales mayoritarias privan del derecho de presentar pliegos y negociar convenciones a las minoritarias.

 

Comunicado 32

C-496/15

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

 

CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL AUTENTICIDAD DE ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS. (INCISO 2 DEL ARTCULO 277 DE LA LEY 906 DE 2004)

05-08-15

 

La norma demandada permite la demostracin de la autenticidad de los elementos materiales probatorios en el proceso penal y de la evidencia fsica a travs de medios distintos a la cadena de custodia. A juicio de la Corte, esta posibilidad no afecta en ningn momento lo previsto en el numeral 3 del artculo 250 de la Constitucin, toda vez que permite que en casos en los cuales no se haya podido garantizar la cadena de custodia, se empleen otros medios de autenticacin distintos, aunque con menor valor probatorio. Esto hace parte del derecho a que se evalen por el juzgador las pruebas incorporadas al proceso, en virtud del cual, el juez, luego de un completo y exhaustivo anlisis, deber decidir en cada caso en concreto, el mrito probatorio que le asigna a las mismas. En consecuencia, el inciso segundo del artculo 277 de la Ley 906 de 2004 constituye un desarrollo de la potestad de configuracin del Legislador en materia procesal, que en ningn momento elimina el deber de la Fiscala General de asegurar de custodia de los elementos materiales probatorios que recaude. De otro lado, la Corte seal que la autenticidad implica el acatamiento de los procedimientos normativos concernientes a la proteccin y conservacin de la prueba y su incumplimiento afecta su aptitud demostrativa pero no su ilegalidad. Por lo tanto, cuando no se aplica la cadena de custodia no se est afectando el debido proceso, sino que se reduce el mrito probatorio especfico del elemento material, el cual podr acreditarse a travs de otros mecanismos. De igual modo, tampoco se vulnera el principio de justicia consagrado en el Prembulo de la Constitucin, puesto que, por el contrario, permite que en caso en los cuales no se haya podido aplicar la cadena de custodia puedan utilizarse otros mtodos para poder llegar a la verdad y garantizar el derecho a la justicia.

Comunicado 32

C-497/15

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

CDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL- ARCHIVO DE LAS DILIGENCIAS. (ARTCULO 79 PARCIAL DE LA LEY 906 DE 2004)

05-08-15

 

La Corte estableci que la presente demanda presenta problemas de certeza, derivados de negar o desconocer el alcance normativo del artculo 49 de la Ley 1453 de 2011 y cmo ste se proyecta sobre la disposicin cuestionada, dado que, si bien es cierto que las etapas del proceso penal deben tener un plazo razonable, la accionante se equivoca al considerar que el artculo 79 permite que la investigacin se extienda caprichosamente en el tiempo. En efecto, el artculo 49 establece trminos mximos de duracin a la indagacin preliminar cuya existencia debi ser tomada en cuenta por la demandante al momento de explicar que a pesar de esa norma, persiste el vaco normativo que denuncia. Adems, la demandante pasa por alto que el propio artculo 79 dispone cundo puede reanudarse la investigacin y el lmite mximo dentro del cual la Fiscala puede hacerlo. Sin plantear un nmero especfico de reanudaciones, el Legislador s establece que esta decisin se adoptar por parte del Fiscal cuando existan nuevos elementos de juicio acerca de la ocurrencia de un hecho punible y es claro que el trmino mximo durante el cual puede adoptarse esa decisin es el de la prescripcin de la accin penal. Por otro lado, la demanda no cumple con el requisito de suficiencia de los cargos, el cual es particularmente exigente en las acciones de inconstitucionalidad por omisin legislativa relativa, al no demostrar en un anlisis sistemtico de las normas que definen el alcance de la indagacin preliminar, que en el sistema penal acusatorio, los trminos actualmente previstos para esta etapa violan el principio de un plazo razonable. Tampoco, la demandante tuvo en consideracin lo expuesto por esta Corporacin acerca de problemas jurdicos semejantes analizados en las sentencias C-893/12y C-558/09.

 

Comunicado 32

C-498/15

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

 

ADOPCIN DE MEDIDAS EN MATERIA JUDICIAL. (INCISO DEL ARTCULO 93 DEL CDIGO PROCESAL DEL TRABAJO Y SEGURIDAD, MODIFICADO POR EL ARTCULO 49 E LA LEY 1395 DE 2010)

05-08-15

 

En el presente caso, la Corte constat que el demandante no cumpli con los presupuestos requeridos para poder pronunciarse de fondo en relacin con la presunta vulneracin del principio de igualdad, lo cual exige que el ciudadano aporte los elementos necesarios para poder realizar la comparacin de supuestos iguales, a los cuales se aplica un tratamiento diferente que se considera discriminatorio por parte del ciudadano que instaura la accin pblica de inconstitucionalidad.

 

Comunicado 32

 

C-499/15

 

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

 

MECANISMOS DE PREVENCIN, INVESTIGACIN Y SANCIN DE ACTOS DE CORRUPCIN Y EFECTIVIDAD DEL CONTROL DE LA GESTIN PBLICA IMPOSICIN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATRORIAS DE INCUMPLIMIENTO ( EXPRESIN DEL ARTCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011)

 

05-08-15

 

La Corte determin que conferir en el contexto de los contratos estatales, facultad a las entidades pblicas para que, en caso de declarar el incumplimiento del contrato por parte del contratista, cuantifiquen los perjuicios que de l se deriven, tiene justificacin constitucional. Esa cuantificacin se efecta en el marco de un procedimiento administrativo reglado, con fundamento en las pruebas que se practican y prev la audiencia y participacin del contratista, lo que garantiza el derecho a la igualdad, el debido proceso y respeta el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades. El anlisis de la Corte parti del amplio margen de configuracin en materia de contratacin estatal, por lo cual desarroll un juicio integrado de igualdad, aplicando un test leve, del cual concluy que: (i) los fines perseguidos por la norma demandada, cuales son, luchar contra la corrupcin y garantizar la proteccin efectiva del inters general, son legtimos desde la perspectiva constitucional; (ii) el medio empleado para ello, esto es, cuantificar los perjuicios causados por el incumplimiento del contratista, luego de haberse tramitado un proceso administrativo, resulta adecuado para el logro de tales fines; (iii) la cuantificacin de tales perjuicios debe hacerse por medio de una resolucin motivada de la entidad estatal, luego de haber seguido un procedimiento administrativo, al cual el contratista y su garante son citados, pueden intervenir y tienen la posibilidad de presentar pruebas y controvertir las que presenten en su contra; (iv) ni la existencia de los perjuicios, ni su cuanta se presumen, sino que resultan del ejercicio probatorio que brinda los elementos empricos necesarios para desvirtuar la presuncin de buena fe; (iv) la cuantificacin de los perjuicios obedece a la realidad de la ejecucin del contrato, fundada en pruebas, de modo que, de ninguna manera, comporta la prevalencia de las formas sobre el derecho sustancial.

 

Comunicado 33

 

C-516/15

ALBERTO ROJAS RIOS

MECANISMOS DE PREVENCIN, INVESTIGACIN Y SANCIN DE ACTOS DE CORRUPCIN Y EFECTIVIDAD DEL CONTROL DE LA GESTIN PBLICA- REGLAS DE INTEGRACIN EN PROCESO DE EXTINCIN DE DOMINIO Y BUSQUEDA SELECTIVA EN BASES DE DATOS (NUMERAL 2 DEL ARTCULO 26 Y ARTCULOS 115, 163 Y 170 DE LA LEY 1708 DE 2014)

12-08-15

 

La Corte no encontr razones vlidas, de naturaleza constitucional, que justificaran que frente a unos mismos actos de intervencin severa en los derechos fundamentales enunciados en el numeral 2 del artculo 26 de la Ley 1708 de 2014, adelantados por idnticos funcionarios, el legislador disee dos controles judiciales completamente diferentes en cuanto a su accesibilidad, obligatoriedad, carcter oficioso y eficacia. En efecto, mientras que el control de garantas se dirige a controlar la constitucionalidad y la legalidad de los actos de investigacin criminal de manera inmediata y obligatoria dentro de las 36 horas siguientes a la realizacin del acto de investigacin, por parte de un gran nmero de jueces penales a los que se les asigna esa funcin especial, el control de legalidad de los actos investigativos previsto en el artculo 115 de la Ley 1708 de 2014 en cabeza del juez penal de conocimiento de la accin de extincin de dominio, es facultativo y no tiene un plazo perentorio para su realizacin. Siempre debe mediar solicitud de parte, del Ministerio Pblico o del Ministerio de Justicia y del Derecho, y su eficacia es reducida, dados el escaso nmero de jueces de extincin de dominio y el tiempo que puede llegar a transcurrir entre el acto de investigacin y el control judicial. Para la Corte, una lectura sistemtica de la Carta Poltica apunta a que todo acto de intervencin severa en los derechos fundamentales, como los que llevan consigo la interceptaciones de comunicaciones, los allanamientos, registros y bsqueda selectiva en bases de datos, vigilancia y seguimiento de personas, recuperacin de informacin al navegar por internet, acorde con las garantas consagradas en los artculos 15, 28 y 250.2 de la Constitucin, debe ser decretado por una autoridad judicial y revisado posteriormente en su validez por un juez de control de garantas. Lo anterior, con independencia de que se trate de un proceso de autnomo de naturaleza real, como lo es, el proceso de extincin del dominio. En estos trminos, con fundamento en los principios axiales de legalidad, control del ejercicio del poder y garanta efectiva de los derechos fundamentales inherentes al Estado social y democrtico de derecho, la Corte Constitucional decidi modificar el precedente jurisprudencial sentado en las sentencias C-740 de 2003 y C-540 de 2011, en las que se haba avalado la constitucionalidad del establecimiento de procedimientos especiales de investigacin y control en el proceso de extincin del dominio, dado el carcter autnomo y real de esta accin. Habida cuenta que el artculo 115 de la Ley 1708 de 2014 era el que regulaba el procedimiento de control de legalidad de los actos de investigacin en el proceso de extincin del dominio, como tambin el artculo 163 de la misma ley haca alusin a este control, la Corte procedi a integrar la unidad normativa con estas disposiciones, en el caso del artculo 163, con un aparte del inciso segundo y a declarar su inexequibilidad.

 

 

Comunicado 34

 

C-530/15

 

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

 

NORMA QUE IMPLEMENTA CERTIFICADO DE APTITUD PSICOFSICA PARA EL PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO (LEY 1539 DE 2012)

19-08-15

 

La Corporacin consider que el certificado de aptitud psicofsica para el porte y tenencia de armas de fuego, que busca acreditar la idoneidad de las personas naturales que sean vinculadas o que al momento de la entrada en vigencia de la presente ley estn vinculadas a los servicios de vigilancia y seguridad privada, y que deben portar o tener armas de fuego, es una medida razonable y proporcional, que est acorde con la finalidad del Estado de brindar seguridad ciudadana y hacer prevalecer el inters general. As mismo, estim que tambin se erigen como disposiciones que buscan el cumplimiento del fin propuesto, las medidas que crean el sistema integrado de seguridad, para evitar los fraudes que puedan presentarse en relacin con la presentacin de las pruebas y evaluaciones, adems de facilitar la forma para que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada pueda ejercer los controles que le corresponden, accediendo a la base de datos de los certificados expedidos por las instituciones especializadas registradas y certificadas. Disposiciones que resultan adecuadas para la realizacin de la finalidad pretendida. Por ltimo, la Corte estim que las disposiciones de la Ley 1539 de 2012 no constituyen una limitacin injustificada a la libertad de escoger y ejercer un oficio. Esta condicin viene a complementar otras ya establecidas por el ordenamiento jurdico, como, por ejemplo, la obtencin de permisos para la tenencia y porte de armas de fuego y la capacitacin y adiestramiento en el manejo de las mismas (Decreto Ley 2535 de 1993), adems de facilitar el permanente control que debe ejercer la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, pues el oficio implica un riesgo social verificable que el Estado est en la obligacin de contener.

 

 

Comunicado 35

C-531/15

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

NORMA QUE REGLAMENTA EL EJERCICIO PROFESIONAL DE ARCHIVISTICA. (LEY 1409 DE 2010 ARTCULOS 5, 6 Y 24)

19-08-15

La Corte encontr que en relacin con los cargos formulados en esta oportunidad por violacin del prembulo y de los artculos 2, 13, 25, 26 y 53 de la Constitucin, en razn de las normas impugnadas de la exclusin de profesionales que tienen idntico estndar de formacin y el mismo nivel de competencias y habilidades que los archivistas, de poder ejercer esta profesin, vulnera los derechos a la igualdad y al trabajo, la libertad de profesin y oficio y los principios del estatuto del trabajo, existe cosa juzgada toda vez que estos cargos ya fueron examinados en la sentencia C-239 de 2010. En relacin con cuestionamientos adicionales de inconstitucionalidad respecto de la exigencia de ttulo profesional para el ejercicio de la archivstica, la Corte constat que adolecen de la certeza, suficiencia y en algunos casos, de la especificidad, que se requiere para sustentar el concepto de la vulneracin constitucional, razones por las cuales no fue posible realizar un examen y decisin de fondo.

 

Comunicado 35

 

C-532/15

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

MECANISMOS DE PREVENCIN, INVESTIGACIN Y SANCIN DE ACTOS DE CORRUPCIN Y EFECTIVIDAD DEL CONTROL DE LA GESTIN PBLICA- OPORTUNIDAD PARA IMPUGNAR EN LA MISMA AUDIENCIA DEL PROCESO DISCIPLINARIO VERBAL EL AUTO QUE RECHAZA LA RECUSACIN CONTRA EL FUNCIONARIO QUE LO ADELANTA. (EXPRESIONES CONTENIDAS EN EL ARTCULO 59 DE LA LEY 1474 DE 2011)

19-08-15

 

La Corte consider que si se realiza una interpretacin sistemtica de las diferentes disposiciones que desarrollan la figura de los impedimentos y las recusaciones en las actuaciones disciplinarias, y muy especialmente del artculo 59 de la Ley 1474 de 2011, incisos 2 (que regula el recurso de apelacin contra el auto que niega la recusacin) y 5 (que establece la competencia del ad quem para decidir la apelacin del auto que rechaza la recusacin), puede satisfacerse el principio de imparcialidad que orienta la funcin administrativa, conforme con el artculo 209 de la Constitucin Poltica. Lo anterior, teniendo en cuenta que el inciso 5 del artculo 59 de la Ley 1474 de 2011 constituye un precepto que viene a corregir el posible error interpretativo que puede generarse con la lectura aislada del inciso segundo, pues da claridad acerca de la competencia del funcionario ad quem para decidir el recurso de apelacin contra el auto que rechaza la recusacin y para revocar y devolver el proceso para que se tramite por el funcionario que sea designado, en caso de encontrar procedente la solicitud presentada por el disciplinado. En consecuencia, la medida establecida en el procedimiento disciplinario verbal que autoriza fallar en primera o en nica instancia, permitiendo cuestionar en la misma audiencia y a travs del recurso de apelacin el auto que rechaza la recusacin del funcionario que adelanta la investigacin disciplinaria, no contrara el debido proceso en su faceta de imparcialidad del funcionario De manera tal que la demandante no logr desvirtuar la presuncin de constitucionalidad que ampara el precepto cuestionado.

 

Comunicado 35

C-533/15

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

CODIGO GENERAL DEL PROCESO- PRCTICA DE LA NOTIFICACION PERSONAL (INCISO SEGUNDO NUMERAL 4 ARTCULO 291 DE LA LEY 1564 DE 2012)

19-08-15

 

El anlisis de la Corte parte de que el derecho constitucional a la igualdad apareja un trato igual relacionado con supuestos fcticos equivalentes, siempre que no existan fundamentos suficientes para darle una aplicacin diferente y un mandato de tratamiento desigual que implica diferenciar situaciones distintas. As mismo, dicho trato debe resultar razonable y proporcional a la luz de los principios y valores constitucionales. En este sentido, es claro que la norma que dispone que Cuando en un lugar de destino rehusaren recibir la comunicacin, la empresa de servicio postal la dejar en el lugar y emitir constancia de ello y que para todos los efectos legales la comunicacin se entender entregada (se resalta) segn lo dispone el inciso segundo del numeral 4 del artculo 291 de la Ley 1564 de 2012 no es asimilable al supuesto regulado en el primer inciso, segn el cual Si la comunicacin es devuelta con la anotacin de que la direccin no existe o que la persona no reside o no trabaja en el lugar, a peticin del interesado se proceder a su emplazamiento en la forma prevista en este cdigo (se resalta). Se trata de supuestos de hecho distintos que no imponen por lo tanto al legislador en desarrollo de su potestad de configuracin normativa, el establecimiento de una misma consecuencia jurdica, de manera que no se configura una vulneracin del principio de igualdad.

 

Comunicado 35

C-551/15

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

MECANISMOS DE LUCHA CONTRA LA EVASIN FISCAL- IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACION TRIBUTARIA SUJETOS PASIVOS, HECHO GENERADOR, BASE GRAVABLE, TARIFA Y NO COMPARACION PATRIMONIAL NI A RENTA LIQUIDA GRAVABLE POR CONCEPTO DE DECLARACIN DE ACTIVOS OMITIDOS. (ARTCULOS 35 A 39 DE LA LEY 1739 DE 2014)

26-08-15

 

La Corporacin reafirm que las amnistas y saneamientos en materia tributaria deben obedecer a una situacin excepcional y su justificacin desde la perspectiva constitucional, debe superar un test de proporcionalidad estricto. En el caso concreto, de los antecedentes de las normas acusadas se advierte que estas medidas buscan luchar contra la evasin tributaria, principalmente del impuesto a la renta. Con tal objeto, el legislador cre un nuevo tributo, el impuesto complementario de normalizacin tributaria, normalizacin que no depende de la voluntad del contribuyente, en cuanto pueda acogerse o no a lo previsto en los artculos demandados, sino que se trata de una verdadera obligacin tributaria que debe cumplir, as no tenga la disposicin de hacerlo. Este impuesto va dirigido a todas las personas que siendo residentes fiscales en Colombia, tengan activos omitidos o pasivos inexistentes, pues la posesin de los mismos es el hecho generador del impuesto. Su objeto es el de obtener informacin completa acerca de los activos que los residentes fiscales colombianos no han declarado en Colombia. Se trata de bienes respecto de los cuales la administracin no ha tenido conocimiento y respecto de los cuales, por ende, no existe una obligacin liquidada que condonar. Por ello, la Corte encuentra que esta medida tributaria se distingue de la prevista en el artculo 163 de la Ley 1607 de 2012, declarado inexequible en sentencia C-833/13, que permita la inclusin como ganancia ocasional, de activos omitidos y pasivos inexistentes en declaraciones de renta. Para la Corte, la lucha contra la evasin tributaria y la defensa de la base gravable de los impuestos a la renta y complementarios y a la riqueza, obtener informacin completa de los residentes fiscales en Colombia y la regularizacin de los activos, se enmarcan en el fin de suministrar los recursos necesarios para que el Estado Social y Democrtico de Derecho pueda cumplir con sus fines esenciales (art. 2 C.Po.). Como ya lo reconoci en la sentencia C-833/13, estos fines son legtimos, constitucionalmente importantes e imperiosos, pues tienen que ver con hacer efectivo el deber constitucional de contribuir a financiar los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad (art. 95.9 C.Po.), con mejorar la eficiencia del sistema tributario (art. 363 C,Po,) y con el cumplimiento de los fines esenciales del Estado de servir a la comunidad y asegurar el cumplimiento de sus deberes sociales (art. 2 C.Po.), dentro de un orden econmico justo, como es propio del Estado social y democrtico de derecho. As mismo, el instrumento empleado para alcanzar los antedichos fines, valga decir, el de modificar de manera transitoria el rgimen voluntario de normalizacin tributaria previsto en el artculo 239-1 del Estatuto Tributario, por medio de un impuesto transitorio y obligatorio, complementario al de la riqueza, no est prohibido por la Constitucin, es adecuado y efectivamente conducente para los fines perseguidos y es necesario. No est prohibido por la Constitucin, en tanto, el legislador tiene un amplio margen de configuracin para crear impuestos. A partir de la informacin cierta que se obtiene con su depuracin y actualizacin, adems de lograr el principio de eficiencia del sistema tributario, es posible tambin lograr la equidad y la progresividad del mismo, pues el fisco conocer en detalle y con precisin, el patrimonio real de los contribuyentes y podr determinar de manera objetiva su capacidad contributiva, al momento de fijar los elementos estructurales de los tributos.

 

 

Comunicado 36

C-552/15

ALBERTO ROJAS RIOS

SE DESARROLLA PARCIALMENTE EL ARTCULO 67 Y LOS NUMERALES 21, 22 Y 26 DEL ARTCULO 189 DE LA CONST1TUCIN POLTICA, SE REGULA LA INSPECCIN Y VIGILANCIA DE LA EDUCACIN SUPERIOR, SE MODIFICA PARCIALMENTE LA LEY 30 DE 1992. (LEY 1740 DE 2014)

26-08-15

 

La Corte constat que los mencionados cargos carecan de la certeza, especificidad y suficiencia, requisitos que ha exigido la jurisprudencia, para que este tribunal pueda entrar a proferir una decisin fondo, despus de realizar la confrontacin de las normas legales demandadas y la Constitucin.

Comunicado 36

EXP. 10890

A.368/15

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

REFORMA DE EQUILIBRIO DE PODERES. (ACTO LEGISLATIVO 2 DE 2015)

26-08-15

 

La Corte determin la inviabilidad de decretar la suspensin de la aplicacin de los artculos 14, 15, 16, 17, 18 y 19 del Acto Legislativo 2 de 2015, demandados en este proceso acumulado, hasta tanto se produjera la sentencia que resolver de fondo sobre los cargos de inconstitucionalidad formulados contra esta reforma constitucional. A su juicio, el carcter preciso y estricto de la enumeracin de las funciones conferidas por el constituyente a esta Corporacin, le impiden acceder a lo solicitado por los demandantes en este proceso. Advirti, que a diferencia de lo que ocurre con los efectos de los actos administrativos, los cuales, por virtud de lo establecido en el artculo 238 de la Carta Poltica, pueden ser suspendidos provisionalmente por la jurisdiccin contencioso administrativa, por los motivos y los requisitos establecidos en la ley, en el caso de la Corte Constitucional, en la enumeracin taxativa del artculo 241 de la Carta no se prev atribucin alguna para suspender los efectos de los actos legislativos, leyes, decretos leyes, decretos legislativos y proyectos de ley, mientras se decide su constitucionalidad. A su juicio, es muy diciente que el constituyente hubiera establecido esta atribucin, mientras que al mismo tiempo guardar silencio respecto de una facultad similar para la Corte Constitucionalidad. De otro lado, consider que las normas procedimentales aplicables a la accin de tutela, contenidas en el Decreto 2591 de 1991 e invocadas por los accionantes como fundamento de aplicabilidad de medidas provisionales para la suspensin de actos en asuntos de conocimiento de la Corte Constitucional, no se pueden trasladar al trmite de acciones de inconstitucionalidad que adems, se encuentran regidas por el decreto 2067 de 1991. En efecto, las medidas provisionales de la accin de tutela no se acomodan a los procesos de control abstracto de constitucionalidad, pues solo toman sentido en el marco de un proceso de control concreto en que se pide la proteccin de derechos subjetivos.

 

Comunicado 36

C-561/15

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

ESTATUTO DEL CONSUMIDOR- PROCEDIMIENTO Y SANCIONES. (ARTCULO 58 Y 61 PARCIALES DE LA LEY 1480 DE 2011)

02-09-15

 

Despus de plantear la posible existencia de una contradiccin entre dos precedentes relevantes para la solucin del caso concreto, la Sala Plena decidi declarar la exequibilidad de la norma, basndose en el esquema de decisin asumido por la Corporacin en la sentencia C-280 de 1996, en la que se analiz un contenido normativo semejante a los que fueron demandados en esta oportunidad. En ese marco, la Sala explic que (i) la prohibicin de rentas con destinacin especfica hace referencia exclusivamente a los tributos del orden nacional, los cuales deben ingresar al Presupuesto General de la Nacin, en armona con el principio de unidad de caja, establecido en la Ley Orgnica del Presupuesto (Decreto 111 de 1996, por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgnico del Presupuesto); (ii) las multas, aunque hacen parte de los ingresos corrientes de la Nacin, no tienen naturaleza tributaria. No obedecen a la potestad impositiva del Estado, sino a la sancionatoria; (iii) en consecuencia, destinar esos ingresos al funcionamiento de una superintendencia no se opone al contenido del artculo 359 Superior. De igual manera, la Corte precis que no se viola el principio de imparcialidad en los trmites adelantados por las Superintendencias Financiera y de Industria y Comercio, debido a que las multas deben imponerse dentro de trmites que se inicien con el nico fin de proteger a consumidores y usuarios del sistema financiero, en el marco de las funciones de cada entidad, y demostrando el manejo transparente y eficiente de los recursos, aspectos sujetos al control ciudadano y judicial puesto que, en caso de que las autoridades citadas se aparten del cumplimiento de esas finalidades, su conducta puede ser objeto de control por medio de la accin de nulidad (desviacin de poder) ante la jurisdiccin contencioso administrativa y, excepcionalmente, por la accin de tutela, en la medida en que una conducta arbitraria de las autoridades, en un Estado constitucional de derecho, supone una violacin del debido proceso.

Comunicado 37

C-562/15

JORGE IVAN PALACIO PALACIO

NORMAS PARA SUPRIMIR O REFORMAR REGULACIONES, PROCEDIMIENTOS Y TRMITES INNECESARIOS. (EXPRESIONES DE LOS ARTCULOS 11 DE LA LEY 37 DE 1990 Y 109 DEL DECRETO 019 D 2012)

02-09-15

 

A juicio de la Corte, el Ejecutivo se excedi en el ejercicio de las facultades extraordinarias al derogar el artculo 11 de la Ley 37 de 1990, por lo cual la expresin acusada debe ser declarada inexequible en razn de vulnerar el artculo 150.10 de la Constitucin. En efecto, el artculo derogado, antes que regular un tramite innecesario ante las autoridades pblicas, lo que regul fue el ejercicio de la profesin de economista, para cuya modificacin el Congreso de la Repblica nunca habilit al Presidente en su calidad de legislador extraordinario. De un lado, es discutible que la exigencia de matrcula profesional para tomar posesin de un empleo pblico donde se necesite acreditar la calidad de economista, pueda ser calificada como un simple trmite ante la administracin pblica y con toda certeza no lo es para desempearse en el sector privado, como tambin lo estableca la norma derogada. De otra parte, en Colombia, para ejercer la profesin de economista (art. 1, Ley 37 de 1990) se requiere, adems del ttulo de idoneidad debidamente reconocido, estar inscrito en el Consejo Nacional Profesional de Economa, poseer matrcula profesional y estar domiciliado en Colombia. Lejos de ser un simple trmite para la posesin de un empleo pblico o privado, es por decisin un requisito y condicin habilitante para el desempeo de esa profesin. En tal medida, el Presidente derog las reglas bajo las cuales los economistas pueden ejercer la profesin, lo cual desborda el mbito delimitado por el Congreso para ejercer de manera extraordinaria facultades legislativas. En cuanto a la exigencia de matrcula profesional y la participacin de un economista para la elaboracin y presentacin de los estudios, planes o proyectos indicados en los ocho numerales del artculo 11 derogado, sin cuya forma no podan ser utilizados por las entidades o instituciones que los requirieran, la Corte encontr que, de igual manera, no se estaba ante un trmite que pudiera calificarse como innecesario. Por el contrario, los antecedentes de la Ley 37 de 1990, dan cuenta que la intervencin y aval de un economista constituye parte de la regulacin de la profesin de economista cuyo ejercicio comporta una enorme responsabilidad y demanda las mayores cautelas, en una sociedad en donde los procesos de planificacin, inversin social, asignacin de recursos, tiene la potencialidad de incidir positiva o negativamente- en las condiciones de vida, no solo de una persona sino de toda la comunidad. Esa derogatoria tampoco guarda correlacin con los fundamentos invocados en el Decreto 019 de 2012, toda vez que no es claro cmo la eliminacin de la tarjeta profesional y del requisito de contar con un economista para atender tales funciones, contribuye a atender las necesidades de los ciudadanos o garantizar la efectividad de sus derechos.

Comunicado 37

C-563/15

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

UNION MARITAL DE HECHO Y REGIMEN PATRIMONIAL ENTRE COMPAEROS PERMANENTES. (ARTCULO 8 DE LA LEY 54 DE 1990)

02-09-15

 

El actor arguye la inconstitucionalidad de una proposicin jurdica inexistente, razn por la cual, no le es posible a la Corte entrar a realizar un examen y decisin de fondo.

 

Comunicado 37

C-583/15

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

ESTATUTO DEL CONSUMIDOR- INFORMACIN AL CONSUMIDOR SOBRE ALIMENTOS TRANSGNICOS O MODIFICADOS GENTICAMENTE. (ARTCULO 24 DE LA LEY 1480 DE 2011)

08-09-15

 

La Corte encontr que el artculo 24 acusado de la Ley 1480 de 2011 no incluy un elemento esencial de la informacin en materia de derecho al consumo, que deba ser incorporado para proteger de manera efectiva los derechos del consumidor, su libre eleccin y los potenciales riesgos frente a la salud de las personas, como es, si los alimentos o sus componentes son genticamente modificados, informacin cardinal del producto. Esta informacin no poda ser delegada a las autoridades administrativas para que definieran si podan o no ser incluida en el etiquetado (arts. 24, numeral 1.4. de la Ley 1480 de 2011) o regulada en su conjunto por otras autoridades, sin desconocer el artculo 78 de la Constitucin. Como su regulacin era deber del legislador y elemento faltante que se echa de menos en la ley era de su competencia, exista una omisin legislativa relativa. A la vez, precis que se trata de una materia reservada al legislador, de conformidad con lo prescrito en el artculo 78 superior. Dado que el tema del etiquetado ofrece opiniones jurdicas tan dismiles, se trata de una materia muy tcnica y el margen de apreciacin del legislador es amplio, la Corte decidi conceder al Congreso el trmino de dos aos, para que integre debidamente al Estatuto del Consumidor, lo concerniente a los alimentos genticamente modificados o con contenido GM, a fin de que sea l quien decida de manera definitiva conforme a la Carta, qu posicin se va a adoptar a sobre el tema y de esta forma, avale o complemente la normatividad ya existente, que ha sido definida por las autoridades administrativas correspondientes. En consideracin de lo anterior, el numeral 1.4. del artculo 24 de la Ley 1480 de 2011 fue declarado exequible por el trmino de dos aos.

Comunicado 39

C-584/15

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

 

NORMAS SOBRE SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO. (ARTCULOS 10, 14 PARCIAL, 23, 24 Y 25 DE LA LEY 48 DE 1993)

08-09-15

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional constat que la demanda instaurada contra varias disposiciones de la Ley 48 de 1993 por la presunta configuracin de una omisin legislativa, al no incluir en la regulacin de la prestacin del servicio militar obligatorio a las personas transexuales y transgeneristas, no cumple con todos los requisitos que se exigen para demostrar la existencia de dicha omisin, en particular, las razones por la cuales las disposiciones acusadas desconocen los artculos 13 y 16 de la Constitucin.

 

Comunicado 39

C-585/15

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

MECANISMOS DE LUCHA CONTRA LA EVASIN- ESTABLECIMIENTO DE LA CONTRIBUCIN DIFERENCIAL DE PARTICIPACIN DE COMBUSTIBLE. (ARTCULOS 69 Y 70 PARCIALES DE LA LEY 1739 DE 2014)

08-09-15

La Sala Plena de la Corte Constitucional lleg a la conclusin de que el artculo 69 (parcial) de la Ley 1739 de 2014 no viola el principio de legalidad tributaria, porque si bien defiere en el Ministerio de Minas las funciones de control, gestin, fiscalizacin, liquidacin, determinacin, discusin y cobro del gravamen, se trata de una delegacin para reglamentar obligaciones formales, que no compromete derechos fundamentales y es adems una atribucin excepcional. En lo atinente al artculo 70 (parcial), este regula los elementos sustanciales de la contribucin, y los determina suficientemente. Si bien dicho artculo, en sus numerales 1 y 2, emplea nociones que tienen una contrapartida variable en la realidad econmica (precio de paridad internacional y precio de referencia), el principio de legalidad permite esa clase de expresiones en casos como este, en cuanto se trata de nociones determinables. As mismo, aunque la Ley delega en el Ministerio de Minas la facultad de fijar el precio de referencia, esa regulacin es vlida cuando se ejerce el poder tributario sobre una realidad econmica sujeta a cambios sucesivos de apreciacin tcnica. En estos casos, el principio de reserva de ley se satisface con la determinacin poltica de los elementos del tributo y, si en estos se emplea una variable (precio), con el sealamiento de estndares o criterios generales flexibles para crear el mecanismo de expresin de esa variable, con la designacin del competente para fijar el respectivo valor, la indicacin de la fuente que debe definir las reglas sobre la materia, y si aparte no faculta al Ejecutivo para cambiar, introducir elementos o modificar reglas trazadas en la Ley. Parmetros todos estos que se respetaron cabalmente en la norma acusada.

Comunicado 39

C-600/15

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

 

REGULACION DE CUOTA DE COMPENSACION MILITAR. (EXPRESIONES DEL ARTCULO 1 DE LA LEY 1184 DE 2008)

16-09-15

 

La Corte encontr que la regulacin legal objeto de controversia apunta al logro de una finalidad no solo legtima sino constitucionalmente importante, en tanto atiende a criterios de eficiencia en el recaudo, la cual constituye uno de los componentes del principio de justicia tributaria. Definir el monto a pagar por concepto de la cuota de compensacin militar, atendiendo exclusivamente a los recursos del obligado, cuando este es menor de 25 aos y se encuentra en situacin de dependencia econmica, podra comprometer la posibilidad de hacer efectivo el pago de la mencionada contribucin para los jvenes que carecen de ingresos y patrimonio, ante la ausencia de recursos susceptibles de ser gravados. As mismo, el medio dispuesto por el legislador en el artculo 1 de la Ley 1184 de 2008 es idneo y adecuado para asegurar la eficiencia en el recaudo del tributo, pues al tomar en consideracin no solo los ingresos y patrimonio del obligado que por su dependencia econmica pueden ser exiguos o inexistentes- sino tambin los de su ncleo familiar, posibilita configurar la base gravable de modo tal que haga efectivo el pago de dicho tributo. Sin embargo, la razonabilidad no slo exige que el medio contribuya al logro de un fin perseguido, sino que no imponga un sacrificio desproporcionado a los principios constitucionales que se ven afectados con su implementacin, en este caso, a la exigencia de equidad tributaria conforme a la cual las cargas fiscales deben calculare nicamente atendiendo a criterios indicativos de la real capacidad de pago del obligado y no de terceras personas sobre cuyas rentas y patrimonio aqul no tenga disposicin. Para la Corte, teniendo en cuenta que el tratamiento tributario slo se impone a los obligados menores de 25 aos, se produce una vulneracin de los principios de igualdad de trato y de equidad tributaria. En efecto, en lugar de garantizar una especial proteccin a los jvenes entre 18 y 25 aos de edad, que no han alcanzado an independencia econmica, la norma en cuestin les sita en una condicin de desventaja respecto de los jvenes que superan este umbral. Para estos ltimos, al margen de si continan dependiendo de sus padres o si, como lo presume el legislador, hayan alcanzado autonoma econmica, la cuota de compensacin se calcula teniendo solamente sus ingresos y el patrimonio del interesado y no, adems los de su ncleo familiar, lo que representa una disminucin significativa del monto a pagar por dicha contribucin. El inscrito clasificado que no ingresa a filas estara desprovisto de mecanismos para hacer responder solidariamente a personas cuyos ingresos fueron tenidos en cuenta para calcular el valor que le corresponde pagar (por ser menor de 25 aos y econmicamente dependiente), pero sobre los cuales no tiene ningn poder de disposicin, con el agravante de ser quien debe soportar las gravosas consecuencias derivadas del impago o no pago oportuno de la misma. La diferencia de trato no satisface el requisito de proporcionalidad que debe existir entre la consecucin de la finalidad propuesta y el sacrificio de las exigencias de equidad tributaria e igualdad de trato. La frmula de la configuracin de la base gravable y la liquidacin del tributo no consultan la real capacidad contributiva del obligado. En consecuencia, para corregir esa inequidad, acorde con los artculos 13 y 363 de la Constitucin Poltica, la Corte procedi a declarar la exequibilidad condicionada de los apartes normativos acusados, de manera que se aplique al inscrito que no ingrese a las filas y que sea clasificado que no dependa econmicamente de su grupo familiar o de un tercero para efectos del pago de la cuota de compensacin militar, una base gravable que tome en cuenta como base de la contribucin, el total de sus ingresos mensuales y su patrimonio lquido.

 

Comunicado 40

C-601/15

 

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

 

REGULACION DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA REPBLICA Y LA CARRERA DIPLOMTICA Y CONSULAR - REQUISITOS MNIMOS PARA INGRESAR A LA CARRERA DIPLOMTICA Y CONSULAR. (EXPRESIN DEL LITERAL A) DEL ARTCULO 20 DEL DECRETO 271 DE 2000)

16-09-15

 

A juicio de la Corte, la especificidad de la carrera diplomtica y consular orientada por los principios de imparcialidad y confidencialidad, justifican de la exigencia de que quienes ingresen a ella sean colombianos por nacimiento que no tengan doble nacionalidad. Las personas que ingresan a esta carrera deben desarrollar una poltica internacional que preserve los intereses del Estado colombiano y deben, adems, mantener un especial grado de reserva frente a los asuntos que por naturaleza de la funcin propia del Ministerio de Relaciones Exteriores, as lo requiera. Sus funciones se cumplen en distintas sedes diplomticas que alternan con tareas en el territorio nacional. Adems que tener doble nacionalidad puede llegar a generar posibles conflictos de inters, plantea la difcil situacin de estar sometido a dos ordenamientos jurdicos dismiles que pueden hacer muy compleja la labor diplomtica y consular. Por tanto, es evidente que no estn en la misma situacin los nacionales colombianos por nacimiento sin doble nacionalidad y aquellos colombianos por nacimiento que tengan doble nacionalidad frente al ejercicio de funciones diplomticas y consulares. Por consiguiente, la limitacin establecida para los colombianos por nacimiento con doble nacionalidad para acceder a la carrera diplomtica y consular, no puede ser considerada como una discriminacin o un tratamiento distinto arbitrario o injustificado, toda vez que se funda en los principios orientadores de esta carrera administrativa especial, con especificidades que hacen razonable que quien ingrese a ella no tenga doble nacionalidad.

 

Comunicado 40

C-602/15

 

JORGE IVAN PALACIO PALACIO

 

REFORMA DE ARTCULOS DE LA LEY 65 DE 1993, DE LA LEY 599 DE 2000, DE LA LEY 55 DE 1985 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES ESTMULOS TRIBUTARIOS. (ARTCULO 59 DE LA LEY 1709 DE 2014)

16-09-15

 

La Corte reiter que la Constitucin ha fijado un marco especial y estricto para la definicin de los tributos con los que los ciudadanos contribuyen al mejoramiento de la sociedad y la financiacin del gasto pblico. Estas obligaciones adquieren legitimidad y plena exigibilidad, atendiendo que solo puede surgir de las corporaciones que son elegidas democrticamente y en las cuales las decisiones se surten a partir de los debates y de un proceso que permite el flujo de conceptos, opiniones y el planteamiento de intereses, conforme a las garantas que se desprendan de la representacin poltica. En otras palabras, el principio de legalidad tributaria consagrado en los artculos 150, numerales 10 y 12 y 338 de la Carta Poltica, dichas cargas impositivas nicamente pueden surgir de la ley (salvo lo previsto en el artculo 215 C.Po.) y, en esa medida, en poca de normalidad nicamente el legislador tiene la obligacin de definir con certeza sus elementos esenciales, es decir, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable y la tarifa (artculo 338 C.Po.), para que a partir de stos, el ejecutivo proceda a efectuar la correspondiente reglamentacin. La Corporacin seal que por hacer parte integral de la poltica integral de la poltica fiscal que puede fijar el Estado, la creacin de exenciones tributarias tambin debe cumplir con los requisitos constitucionales enunciados. La coherencia del sistema exige que haya una sincrona entre las cargas y los beneficios, de manera que se estimule el pago de las obligaciones a la vez que se impulsan o apoyan algunas actividades especiales con inters para toda la comunidad. Para la Corte, es claro que el ejecutivo no puede decretar directa o autnomamente los beneficios tributarios, sin importar su finalidad. Es necesario que, previamente exista la definicin de todos los componentes por parte del Congreso, Asamblea o Concejo para que el Gobierno proceda a la reglamentacin correspondiente.

 

Comunicado 40

C-612/15

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

NORMA QUE REGULA LA APROBACIN DE PROYECTOS EN LOS FONDOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS. (ARTCULO 28 DE LA LEY 1744 DE 2014)

23-09-15

 

La acusacin se funda en una proposicin normativa inexistente y antes bien, contraria al entendimiento apropiado del precepto acusado. La interpretacin gramatical as lo expresa al disponer que esos asuntos debern acordarse entre los entes territoriales y el Gobierno Nacional, esto es, resolver de comn acuerdo. En nada sugiere que el legislador haya impuesto un poder de veto o de mayor peso a la decisin del Gobierno Nacional, como lo aduce el demandante.

 

Comunicado 41

C-613/15

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

MEDIDAS DE PROTECCION A LAS VICTIMAS DEL SECUESTRO Y SUS FAMILIAS- PAGO DE SALARIOS, HONORARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DEL SECUESTRADO. (EXPRESIN CONTENIDA EN NUMERAL 2 DEL ARTCULO 15 DE LA LEY 986 DE 2005)

24-09-15

 

La Corte reafirm los fundamentos constitucionales del deber de especial proteccin a los derechos fundamentales de las personas vctimas de secuestro, particularmente, en lo que se refiere a la continuidad del pago de salarios u honorarios y prestaciones sociales, que surge del principio de solidaridad, el cual obliga al empleador frente a una situacin que pone en riesgo tales derechos. El artculo 15 de la Ley 986 de 2005 establece una continuidad diferente en tales pagos, segn se trate de trabajadores con contrato laboral a trmino indefinido o vinculados con contrato laboral a trmino fijo, puesto que en el primer caso, el pago de salarios y prestaciones se mantendr hasta cuando se produzca la libertad del trabajador o se compruebe la muerte, o se declare la muerte presunta y en el segundo, hasta el vencimiento del contrato, adems de las otras dos circunstancias si se producen antes. Para la Corte, la ponderacin que ha hecho el legislador en el artculo acusado tiene en cuenta las circunstancias laborales que ostentaba el trabajador al momento de producirse el secuestro o desaparicin forzada, de manera que se garanticen los ingresos durante el tiempo en que se prevea tener la relacin laboral. Mediante la Ley 986 de 2005 se coloc en un plano de igualdad a los trabajadores privados y los servidores pblicos, de modo que ambos grupos de trabajadores gozaran de esa proteccin especial en caso de secuestro, de distinta duracin, segn el tipo de contrato. A su juicio, esta distincin resulta razonable y proporcionada, en la medida que el legislador no puede imponer al empleador una carga excesiva que no est en condiciones de asumir, la cual no tena presupuestada al momento de celebrar el contrato laboral, an en el caso de que se hubiera desarrollado normalmente la relacin laboral. La Corte seal que como lo advierte la Defensora del Pueblo, el principio de solidaridad no puede imponer una carga desproporcionada, habida cuenta que de conformidad con el artculo 13 de la Constitucin es el Estado y no los particulares, a quien le corresponde adoptar las medidas de proteccin especial de las personas que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad o debilidad manifiestas.

 

 

Comunicado 41

C-616/15

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

NORMAS QUE REGULAN LA ADMINISTRACIN DE PERSONAL CIVIL RETIRO FORZOSO DEL SERVICIO POR RAZN DE EDAD. (LITERAL F DEL ARTCULO 25 Y ARTCULO 31 DEL DECRETO LEY 2400 DE 1968)

28-09-15

 

La Corte analiz la Sentencia C-351 de 1995, en la cual este tribunal declar exequible el artculo 31 del Decreto 2400 de 1968, cuyo primer inciso es objeto de la presente demanda, luego de estudiar cargos relacionados con la posible vulneracin de los artculos 13 y 25 de la Constitucin. Este anlisis permiti verificar que se configura el fenmeno de la cosa juzgada constitucional respecto de la norma que ahora se demanda, por el cargo de violar los artculos 13 y 25 de la Constitucin y, por lo tanto, se concluy que corresponde estarse a lo resuelto en dicha sentencia sobre la referida norma. Dada la existencia de cosa juzgada constitucional, el estudio de la Corte se circunscriba al literal f) del artculo 25 del Decreto 2400 de 1968. Sin embargo, al verificar la aptitud sustancial de la demanda contra este literal, se pudo establecer que su concepto de la violacin no satisfaca el mnimo argumentativo de especificidad y, por lo tanto, se concluy que corresponde inhibirse de hacer un pronunciamiento de fondo sobre su constitucionalidad.

 

 

Comunicado 42

C-617/15

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

REGIMEN ESPECIAL PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO LOS TERRITORIOS INDIGENAS, HASTA QUE EL CONGRESO EXPIDA LA LEY A QUE HACE REFERENCIA EL ARTCULO 329 DE LA CONSTITUCIN. (DECRETO 1953 DE 2014)

30-09-15

 

La Corte Constitucional resolvi que la expedicin del Decreto 1953 de 2014 por el Gobierno Nacional no vulnera los artculos 150, 329 y 56 transitorio de la Constitucin, por cuanto: (i) el Decreto se ocupa de regular las materias a las que alude el artculo 56 transitorio a fin de hacer posible el funcionamiento de los territorios indgenas ofreciendo un marco normativo que abarca diferentes dimensiones de dichos territorios y (ii) su expedicin se produjo en vigencia de la competencia establecida en el referido artculo 56 transitorio dado que para ese momento, no haba sido expedida, segn se demostr, la Ley a la que se refiere el artculo 329 de la Carta. En consecuencia, (iii) el Gobierno Nacional no invadi o interfiri en las atribuciones que en esta materia, los artculos 150 y 329 le confieren al Gobierno Nacional. Para la Corte, resulta constitucionalmente vlido el ejercicio por parte del Gobierno Nacional de una competencia conferida por una disposicin transitoria de la Constitucin cuando su vigencia depende de una condicin resolutoria que no se ha cumplido. Si la condicin consiste en la expedicin de una regulacin por parte del Congreso, el Gobierno est habilitado para expedir el decreto correspondiente. En caso de ejercer una competencia ya extinguida, se presentara un vicio competencial.

Comunicado 43

C-618/15

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

PRESUPUESTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 2015-2016 PLANTAS DE PERSONAL DE CARCTER TEMPORAL PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. ELECCION CON BASE EN LISTA DE ELEGIBLES VIGENTES PARA EMPLEOS DE CARCTER PERMANENTE. (EXPRESIONES DEL ARTCULO 39 DE LA LEY 1744 DE 2014)

30-09-15

 

La Corte Constitucional reiter las pautas jurisprudenciales para identificar los empleos de libre nombramiento y remocin, los cuales, por excepcin, no pertenecen a la carrera administrativa. De una parte, un criterio material que alude a las funciones asignadas a tales empleos que deben ser directivas, de fijacin de polticas institucionales o pblicas y de otra, un criterio subjetivo, concerniente al grado de confianza que se exige del empleado y que debe ser especial, cualificado y adicional al exigible a todo servidor pblico. Al aplicar estos criterios a los empleos temporales regulados en el artculo 39 de la Ley 1744 de 2014, la Corporacin encontr que ninguno de los dos es predicable de esos cargos, toda vez que en ellos no se evidencia el carcter directivo o de establecimiento de polticas pblicas, ni la necesidad de un nivel de confianza especial, por lo que concluy que no pueden estar sometidos a la discrecionalidad caracterstica del rgimen de libre nombramiento y remocin, como que respecto de ellos se debe lugar a la apreciacin del mrito que evite en desconocimiento de los artculos 2, 13, 40-7 y 209 de la Constitucin, propiciado por el rgimen de libre nombramiento y remocin al que injustificadamente los someti el legislador. Por la misma razn, la exclusin de las disposiciones de la Ley 909 de 2004 en relacin con los empleos temporales de la planta de personal requerida para el cumplimiento de las funciones de la Contralora General de la Repblica es inconstitucional, porque soslaya la consideracin del mrito, predicable de los empleos temporales que conforman una categora especial distinta de los empleos de carrera administrativa y de los libre de nombramiento y remocin. La falta de apreciacin del mrito implica violacin de principios superiores atinentes a la igualdad de oportunidades de acceso al ejercicio de funciones pblicas, idoneidad, capacidad, experiencia y conocimientos que garanticen la vinculacin de los mejores y con ella la eficiencia en el servicio pblico.

 

Comunicado 43

C-619/15

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

 

CODIGO DE MINAS - DECLARACIN DE LA INDUSTRIA MINERA COMO DE UTILIDAD PBLICA U DE INTERS SOCIAL. (ARTCULO 13 DE LA LEY 685 DE 2001)

30-09-15

 

La falta de certeza e insuficiencia de los cargos por no identificar las ramas y fases de la minera que no pueden ser consideradas actividades de utilidad pblica e inters social, no permite a la Corte establecer si el legislador se excedi en la clasificacin de las mismas como de utilidad pblica e inters social, como tampoco si debe comprender todas las consecuencias de tal clasificacin que se cuestionan. De igual modo, los cargos de inconstitucionalidad formulados en esta oportunidad carecen del requisito de especificidad, puesto que no se contrast la contradiccin del texto demandado con contenidos especficos de la Constitucin. Tambin, se constat la insuficiencia de los cargos por falta de sustento de los argumentos basados en daos al ambiente y a los recursos naturales.

 

Comunicado 43

C-620/15

JORGE IVAN PALACIO PALACIO

ACUERDO COMERCIAL DE LA ALIANZA DEL PACFICO CON PERU, CHILE Y MEXICO. (LEY 1746 DE 2014)

30-09-15

 

La Corte verific el cumplimiento de los requisitos formales. Observ que si bien el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacfico y su Protocolo Adicional comprometen al Estado colombiano y, por tanto, a la generalidad de su poblacin, tambin es cierto que su establecimiento obedeci a pases que comparten el ocano pacfico, por lo que atendiendo la situacin social y econmica que padecen las comunidades asentadas en los territorios que la circundan (Choc, Valle del Cauca, Cauca y Nario), debe propender el Estado, a ms del respeto por su cultura, por una efectiva participacin y la bsqueda de la superacin de la pobreza, la exclusin y la desigualdad social, como lo establece el prembulo del Acuerdo Marco. Enfatiz que la integracin econmica o comercial que pregona la Constitucin no es un mandato a ciegas, sino que debe estar precedido de una serie de factores como los estudios empricos que soportan su necesidad, los beneficios que representa para el pas una vez realizado el balance integral de las ventajas y desventajas, la preparacin del Estado para asumir los nuevos retos (v. gratia, infraestructura), las medidas de salvaguardia y excepciones para los sectores sensibles de la economa, el diseo de un plan de ejecucin, entre otros, que permitan al Gobierno advertir que no se ha celebrado un tratado comercial improvisado sino oportuna y debidamente diseado. Respecto a la intensidad del control sobre acuerdos de libre comercio la Sala Plena hizo explcito que adopta mayores niveles cuando la materia regulada incide de manera ms decisiva sobre principios, derechos, bienes jurdicos o competencias de relevancia constitucional, caso en el cual el juicio de constitucionalidad ha de tornarse ms riguroso. Recab que la suscripcin del Protocolo Adicional no resulta un asunto nuevo o incipiente en materia de relaciones comerciales entre los pases miembros, sino, por el contrario, est regido por acuerdos bilaterales y multilaterales de tiempo atrs. El acuerdo comercial reconoce tratamientos diferenciales en razn del grado de desarrollo de sus economas (asimetras), que no se muestra muy distante al compartir los Estados parte niveles similares de crecimiento, adems del acomodo paulatino que viene presentndose con la ejecucin de los acuerdos comerciales vigentes. Los principios de igualdad de trato recogidos, el establecimiento de programas de eliminacin arancelaria bajo plazos diferenciados, las excepciones establecidas para proteger sectores sensibles, los comits creados para resolver discrepancias, entre otros, tienen como objetivo equilibrar las cargas asumidas respecto lo que significa la insercin progresiva en una economa globalizada. Todo lo cual permite salvaguardar situaciones que comprometan la estabilidad institucional, la seguridad nacional, el orden pblico y el inters general (ej. derechos laborales, diversidad tnica y cultural, medio ambiente sano, salud pblica, etc.). Finalmente, asiste a los pases miembros posibilidades de enmienda y denuncia del Protocolo Adicional. Finalmente, la Corte expuso que si en la ejecucin o desarrollo del Protocolo Adicional de liberacin comercial se presentan situaciones o problemas que comprometan derechos constitucionales, los ciudadanos podrn acudir a las autoridades administrativas o judiciales correspondientes para que en el marco de sus competencias y a travs de las acciones pertinentes se garanticen los valores, principios y derechos constitucionales

 

Comunicado 43

C-621/15

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

 

CODIGO GENERAL DEL PROCESO LEGALIDAD - DEBER DEL JUEZ DE EXPONER LAS RAZONES POR LA CIUALES SE APARTA DE LA DOCTRINA PROBABLE. (EXPRESIONES DEL ARTCULO 7 DE LA LEY 1564 DE 2012)

30-09-15

 

La Sala Plena estableci que la doctrina probable y el precedente judicial son dos vas distintas para darle fortaleza a la decisin judicial y con ello contribuir a la seguridad jurdica y al respeto por el principio de igualdad. La Corte reconoci que la utilizacin de estas frmulas, lejos de atentar contra el artculo 230 de la Constitucin viene a reforzar el sistema jurdico nacional y son perfectamente compatibles con la jerarquizacin de las fuentes que establece el postulado constitucional, puesto que la jurisprudencia no crea normas sino que establece las frmulas a travs de las cuales el juez, tanto en la parte considerativa como en la parte resolutiva, debe llevar la normatividad a los casos concretos. En cuanto al deber del juez de sustentar las razones por las cuales se aparta de la jurisprudencia, la Corte reiter la lnea jurisprudencial sostenida e invariable que explican la coherencia de esta exigencia con los objetivos a los que se encaminan la doctrina probable y el precedente jurisprudencial y su ponderacin la autonoma del juez, criterios que se recogen de manera amplia en la sentencia C-831 de 2001, conforme a la cuales, la disposicin demandada se ajusta al mandato del artculo 230 de la Constitucin.

Comunicado 43

C-622/15

LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ

NORMAS EN MATERIA TRIBUTARIA - EXCEPCIONES ESTABLECIDAS A FAVOR DE LAS ENTIDADES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA Y DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO PBLICOS QUE NO SE SOMETEN A LOS LMITES DE DEDUCIBILIDAD DE LOS INTERESES EN EL CLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA. (ARTCULO 169 DE LA LEY 1607 DE 2012

30-09-15

 

La Corte lleg a la conclusin de que las reglas especiales contenidas en el artculo 109 de la Ley 1609 de 2012 no resultan lesivas de los principios de igualdad y equidad tributaria. A su juicio, existen particularidades relevantes del sector de vivienda de inters social y de proyectos de vivienda inters prioritario que justifican el establecimiento de un tope superior al lmite de deducibilidad, especialmente en cuanto se tratan de actividades regladas, sobre las cuales el contribuyente no tiene el control sobre el nivel y las condiciones del propio endeudamiento, que son reguladas por el Estado. En cuanto a los proyectos de infraestructura de servicios pblicos, requiere unos altos niveles de inversin que en condiciones regulares solo pueden materializarse mediante el endeudamiento. Por ello, la limitacin de la deducibilidad de los intereses responde a la necesidad de evitar que el endeudamiento de los contribuyentes sea utilizado con fines elusivos, as como al propsito de capitalizacin de las empresas. Tampoco, prospera el cargo por falta de certeza tributaria, toda vez que la problemtica que plantean los demandantes no apunta a demostrar la indeterminacin del precepto demandado, sino a demostrar que siendo claro y preciso su contenido y alcance, se opone a otras disposiciones legales. Para la Corte, el dficit normativo alegado no deviene en la infraccin del principio de certeza en materia tributaria, ni impone la necesidad de retirar de ordenamiento una disposicin que tan solo eventualmente, en algunos supuestos de hecho excepcionales, podra entrar en colusin con el artculo 121 del Estatuto Tributario, que prev una deduccin de intereses sobre crditos a corto plazo de la importacin o exportacin de mercancas o de sobregiros o descubiertos bancarios.

 

Comunicado 43

C-623/15

ALBERTO ROJAS RIOS

SISTEMA NACIONAL DE REFORMA AGRARIA Y DESARROLLO RURAL CAMPESINO, SE ESTABLECE UN SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIN DE TIERRAS SUSPENSIN AUTOMTICA DE LOS EFECTOS DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE CULMINAN LOS PROCESOS DE CLARIFICACIN DE LA PROPIEDAD, DESLINDE, RECUPERACIN DE BALDOS Y EXTINCIN DE DOMINIO CUANDO CONTRA STOS SE PRESENTA LA ACCIN DE REVISIN ANTE EL CONSEJO DE ESTADO. (EXPRESIONES CONTENIDAS EN ARTCULOS 50 Y 53 DE LA LEY 160 DE 1994)

30-09-15

 

Para la Corte, si uno de los pilares del Estado Social de Derecho consiste en la independencia de las ramas del poder pblico, resulta desproporcionado que el rgano legislativo invada la rbita del competencia propia del juez. A su juicio, aunque es cierto que la medida de suspensin automtica tiene una finalidad legtima desde la perspectiva constitucional, en cuanto busca garantizar el debido proceso, tambin lo es, que el modo en que opera resulta desproporcionado y vulnera la reserva judicial y sin permitir que la decisin se adopte por los jueces previa consideracin con el momento de la solicitud, suspender la ejecucin de las resoluciones que culminan procesos agrarios de clarificacin de la propiedad, deslinde, recuperacin de baldos y extincin del dominio, cuando se formula demanda de revisin o la demanda es rechazada, o el Consejo de Estado niega las pretensiones de la demanda, sin tener en cuenta si tal accionar es pertinente y sobre todo necesario. En criterio de la Corte, la facultad otorgada a los jueces de la Repblica para suspender de manera provisional actos administrativos que puedan ocasionar un perjuicio irremediable prevista en el artculo 238 de la Constitucin, as como en el artculo 238 del Cdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es una herramienta suficiente para garantizar el debido proceso en la clarificacin de la propiedad, deslinde, recuperacin de baldos y extincin del dominio. De otra parte, el Tribunal Constitucional estableci que la suspensin automtica de los mencionados actos administrativos configura una vulneracin de los artculos 58 y 64 de la Constitucin Poltica, toda vez que limita de forma significativa la funcin social de la propiedad, en concreto, la posibilidad de que el Estado luego de haber surtido el respectivo proceso administrativo, disponga de bienes para contribuir a la dignificacin de la vida de trabajadores del campo, en desarrollo de la poltica agraria dirigida a distribuir los bienes afectados entre la poblacin rural y otros grupos sociales en situacin de vulnerabilidad. Consider desproporcionado someter a las personas a una espera en ocasiones injustificada, que sacrifica el acceso programtico de la propiedad, la presuncin de legalidad de los actos que culminan los procesos de clarificacin de la propiedad, deslinde, recuperacin de baldos y extincin del dominio y el principio constitucional de buena fe. Las anteriores razones llevaron a la Corte a excluir del ordenamiento jurdico los apartes normativos acusados, por vulnerar los artculos 64 y 238 de la Constitucin. Al mismo tiempo, la Corporacin aclar, que el interesado puede interponer la accin de revisin o la accin de nulidad y restablecimiento del derecho y solicitar la suspensin del acto administrativo que resuelva de fondo los procedimientos agrarios de clarificacin de la propiedad, deslinde, recuperacin de baldos y extincin del dominio, de conformidad con lo preceptuado en los artculos 229 y siguientes del Cdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En todo caso, es facultativo del juez, decretar la suspensin de los efectos de tales actos administrativos, cuando determine que a ello hubiere lugar. Finalmente, la corporacin integr la unidad normativa con el vocablo slo que haca parte de los incisos primero del artculo 50 y el numeral 3 del artculo 53 de la Ley 160 de 1994, por considerar que tena una incidencia directa, en el ejercicio del derecho al debido proceso y a la propiedad de las personas que se vean afectadas por los procesos agrarios enunciados, disposicin que resulta de igual manera desproporcionada, por no tener una finalidad legtima a la luz de la Constitucin. Por consiguiente, si la regla general es que la accin de nulidad y restablecimiento se interpone contra los actos administrativos por los cuales una persona ha afectado su derecho, debe entenderse que tambin procede contra aquellos que deciden de fondo los descritos en las disposiciones demandadas y por ende, declar su inexequibilidad.

 

Comunicado 44

A.447/15

LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ

 

IMPEDIMENTO MANIFESTADO POR EL MAGISTRADO MAURICIO GONZLEZ CUERVO DENTRO DEL PROCESO DISTINGUIDO CON EL RADICADO D-10947 AC, QUE CORRESPONDE A LA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADA POR LUIS EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT CONTRA EL ACTO LEGISLATIVO 2 DE 2015 QUE CONTIENE LA DENOMINADA REFORMA DE EQUILIBRIO DE PODERES.

30-09-15

 

En escrito dirigido a la Sala, el Magistrado Gonzlez Cuervo haba expresado que la demanda contenida en el referido expediente versan sobre, entre otras disposiciones, el artculo 8 del Acto Legislativo 02 de 2015, que trata, entre otros asuntos, del rgimen penal y disciplinario aplicable a los magistrados de la Corte Constitucional, y de la conformacin de una Comisin de Aforados para esos efectos. Considera que, como quiera que se halla investigado ante la Comisin de Investigacin y Acusacin de la Cmara de Representantes y que dado que el pronunciamiento de la Corte recaer sobre la existencia de la comisin de aforados, le asiste un inters directo y actual en el sentido de la decisin. La decisin de la Sala, que se adopt por mayora, estuvo precedida de una deliberacin sobre un conjunto de aspectos entre los que se destaca la consideracin conforme a la cual la valoracin de las causales de impedimento y recusacin de los magistrados de la Corte Constitucional, por la especial naturaleza de sus funciones, que exigen pronunciamientos de alcance general, sobre asuntos que son de inters para la sociedad en su conjunto, est sujeta a unos criterios especiales, particularmente en cuanto hace a la causal de tener inters en la decisin. Aludiendo a previos pronunciamientos de la Corte, se determin que para que se configure la causal de tener inters en la decisin, dicho inters debe ser particular o especial, por oposicin a general; personal, por oposicin a institucional; actual, por oposicin a eventual y real, por oposicin a meramente supuesto. Consider la Corte que, no obstante que, en conjunto con la valoracin sobre la configuracin objetiva de una causal de impedimento, resulta relevante atender la percepcin social de imparcialidad, tal posibilidad solo puede tener incidencia determinante cuando responda a una circunstancia conforme a la cual, con distinto nivel de exigencia, pueda darse por establecida una causal de impedimento. Al analizar el caso concreto, la Corte estim que pese a que cabe sealar la existencia de un inters de los magistrados de la Corte en torno al rgimen demandado, porque ciertamente estn entre los destinatarios de unas normas que tienen un universo muy limitado, en la ponderacin de los criterios a los que se ha aludido, no se advierte que se configure en el caso del Magistrado Gonzlez Cuervo una causal de impedimento que imponga su separacin del conocimiento del asunto. As se consider que, pese al grado de especialidad de la norma que da lugar a que se predique la existencia de un inters en la actuacin, es preciso tener en cuenta que la creacin de la Comisin de aforados tiene una enorme incidencia sobre la estructura constitucional y, como se desprende de la denominacin misma de la reforma, sobre el equilibrio entre los poderes, asunto que compromete el inters nacional y que desborda el mbito de las consideraciones puramente privadas o personales de los magistrados. Puntualiz la Sala que dada la amplitud de los cargos, la consideracin del asunto impone establecer la manera como ha de configurarse la Corte para la evaluacin de buena parte de la reforma, lo cual implica un pronunciamiento sobre las competencias constituyentes del Congreso de la Republica y sobre un conjunto de ajustes institucionales que inciden en el equilibrio entre las ramas y los rganos del Estado. Del mismo modo, seal la Corte que, en relacin con la actualidad del inters, es preciso atenerse a la jurisprudencia que, a partir de previsiones normativas, ha sealado que en cuanto hace con las investigaciones, el inters solo se materializa cuando existe una vinculacin formal al respectivo proceso, en este caso por indagatoria u otro acto procesal que tenga ese alcance. En ausencia de esa vinculacin el inters no puede calificarse de actual, porque se tratara de una afectacin hipottica o eventual que puede no llegar a materializarse nunca. Dado que el Magistrado Gonzlez Cuervo no ha sido formalmente vinculado a investigacin alguna ante la Comisin de Investigacin y Acusacin, el inters manifestado carece de actualidad.

 

Comunicado 44

C-634/15

MAURICIO GONZALEZ CUERVO

NORMA QUE REGULA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD (LEY 1751 DE 2015)

07-10-15

 

Le correspondi a la Corte examinar si se configuraba un vicio de forma sobreviniente al control previo y automtico efectuado en la sentencia C-313 de 2014 del proyecto de ley estatutaria que se convirti en la Ley 1751 de 2015, consistente en la presunta sancin extempornea del Presidente de la Repblica y por la omisin del Presidente del Congreso de sancionarla, tal y como lo establece el artculo 168 de la Constitucin. Con ocasin de esta demanda, la Corte precis las reglas jurisprudenciales relativas al trmite posterior al control constitucional de los proyectos de ley estatutaria. La Sala encontr que en el presente caso no se han infringido los artculos 4, 113, 166 y 168 de la Constitucin invocados por el demandante. En primer lugar, advirti que la fecha de notificacin que ha de tenerse en cuenta no es la de la notificacin de la sentencia C-313/14, sino el Auto 377 de 2014 correccin de errores de transcripcin- para efectos de establecer los pasos a seguir para la sancin y posterior promulgacin de la ley. En segundo trmino, como quiera que fue declarada parcialmente inexequible la ley estatutaria revisada, el expediente deba pasar al Congreso para realizar los trmites pertinentes, eliminar las partes de la ley declaradas inexequibles y obtener la firma de los presidentes de las cmaras legislativas y de la copia correspondiente, como efectivamente ocurri. Posteriormente, la ley estatutaria fue enviada al Presidente de la Repblica y tras recibirla, corri el trmino sealado en el artculo 166 de la Constitucin para la sancin presidencial.

 

Comunicado 45

C-637/15

ALBERTO ROJAS RIOS

REGULACION DE LA INSPECCIN Y VIGILANCIA DE LA EDUCACIN SUPERIOR. (LEY 1740 DE 2014)

07-10-15

 

La Corte, concluy que no se configur el vicio de procedimiento alegado contra la Ley 1740 de 2014, toda vez que en su debate y aprobacin se cumpli cabalmente con los pasos previstos en el artculo 157 de la Constitucin Poltica. De otra parte, la Corte determin que, contrario a lo aducido por la demandante, ni la Constitucin ni el Reglamento del Congreso disponen como requisitos en el trmite de formacin de la ley, la publicacin del mensaje de urgencia en la Gaceta del Congreso. Con todo, en el caso concreto, las correspondientes mesas directivas fueron debidamente informadas del mensaje de urgencia y el texto de dicho mensaje se encontraba motivado, por lo cual no se desconoci el principio de publicidad.

 

Comunicado 45

C-651/15

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

DEFINICION DE ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD DEL TRABAJADOR Y SE MODIFICAN Y SEALAN LAS CONDICIONES, REQUISITOS Y BENEFICIOS DEL RGIMEN DE PENSIONES DE DICHOS TRABAJADORES LMITE DEL RGIMEN ESPECIAL. (ARTCULO 8 DEL DECRETO LEY 2090 DE 2003)

14-10-15

 

La Sala consider que el Decreto ley 2090 de 2003 est an vigente y sigue produciendo efectos. El Decreto administrativo 2655 de 2014 lo que hizo fue activar una condicin para que aquel conservara su vigencia, y no reemplazarlo en cuanto a la normatividad sobre las pensiones de alto riesgo. Adems, tras examinar la aptitud de la accin, la Corte decidi emitir un pronunciamiento de mrito respecto de dos cargos presentados. El primer cargo no prosper por varias razones. El Decreto 2090 de 2003 no consagra un rgimen especial de pensiones, sino un esquema normativo de pensiones de alto riesgo que se inscribe en el rgimen de prima media con prestacin definida, dentro del sistema general de pensiones. Aparte, el Acto Legislativo 01 de 2005 no solo no prohbe expresamente la existencia de reglas especiales para pensiones de alto riesgo, que se inserten en los regmenes generales del sistema general de pensiones, sino que segn una lectura literal, sistemtica, contextual y teleolgica de la Constitucin, tampoco previ su desaparicin inmediata o diferida. En efecto, los textos de los incisos 11 y 13, y del pargrafo transitorio 2, del artculo 48 de la Carta no excluyen expresa e inequvocamente estas reglas. Una lectura de estas previsiones, en conjunto con la del pargrafo transitorio 5 del mismo precepto, indica que las de alto riesgo se consideran como parte del sistema general de pensiones, y las deja a salvo de las limitaciones y restricciones previstas por el Acto Legislativo 01 de 2005. Esta conclusin encuentra pleno respaldo en los debates parlamentarios que antecedieron a la expedicin de la reforma constitucional del ao 2005, as como en una lectura teleolgica o finalista del Acto Legislativo, y en una interpretacin integral de la Constitucin que tenga en cuenta su vocacin igualitaria, expresada ante todo en su artculo 13, incisos 2 y 3, que consagra una clusula de erradicacin de las injusticias presentes (SU-225 de 1998). El segundo cargo tampoco prosper. La Corte Constitucional advirti que el artculo 8 fija periodos de vigencia complejos: las reglas de pensiones de alto riesgo protegen a quienes se vinculen a estas actividades hasta el 31 de diciembre de 2024 si se daba la condicin del decreto y el previo concepto del Consejo de Riesgos Profesionales antes del 31 de diciembre de 2014, o hasta esta ltima fecha si la condicin no se daba. Es un periodo de vigencia, pues tras la extincin de dichos periodos, los trabajadores que se vinculen a actividades de alto riesgo no se benefician de sus previsiones. Pero ese no es un lmite de aplicabilidad, pues quienes se hayan vinculado a tales actividades antes de expirar esos plazos, tienen derecho incluso despus de su vencimiento a que se les sigan aplicando. Una previsin de esa naturaleza no contrara las facultades extraordinarias conferidas en el artculo 17 de la Ley 797 de 2003. De un lado, porque el artculo 8 se dict en el Decreto 2090 de 2003 dentro del trmino fijado para ello en la ley habilitante. De otro lado, porque en esta no se contempl ningn trmino de vigencia especfico para las pensiones de alto riesgo, y contrario a lo contenido en el Decreto 2090 de 2003. En un contexto de esa naturaleza, el legislador extraordinario poda fijar trminos de vigencia complejos, sin que esto significara por s mismo una auto atribucin de facultades extraordinarias, prohibidas por la Constitucin en su artculo 150-10.

 

Comunicado 46

 

C-652/15

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ

 

PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y LEY DE APROPIACIONES PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2015 RECURSOS PARA DESCONGESTION EN LA RAMA JUDICIAL (EXPRESIONES DEL ARTCULO 102 DE LA LEY 1737 DE 2014)

 

14-10-15

 

El problema constitucional analizado por la Corte en este proceso, consisti en establecer si la previsin contenida en la disposicin acusada que dispone ejecutar por doceavas los recursos apropiados a la Rama Judicial para Descongestin en el perodo fiscal del ao 2015, desconoce la reserva de ley orgnica en materia presupuestal (art. 151 C.Po.) y la autonoma reconocida a la Rama Judicial en ese campo (art. 256.5 C.Po.). El anlisis de la Corte del primer cargo relativo a la reserva de ley orgnica, comienza por recordar que la ley anual de presupuesto debe ser expedida de acuerdo con el denominado Estatuto Orgnico del Presupuesto, actualmente contenido en el Decreto 111 de 1996. Para la Corte, la forma de ejecucin por doceavas prevista en la norma impugnada, no guarda relacin con materias reservadas a la ley orgnica, ni se encuentra contenida de manera diferente en dicha ley, y por tanto, no invade su rbita de regulacin. Tampoco, modifica ni deroga normas del Estatuto Orgnico del Presupuesto, ni ninguna otra norma sustantiva, puesto que se trata de una medida de tipo instrumental, dirigida a buscar la correcta ejecucin del presupuesto apropiado para descongestin, de manera que, en contraposicin a lo sostenido en la demanda, la misma resulta compatible con las normas orgnicas del presupuesto y por tanto, no desconoce la reserva de ley orgnica establecida en el artculo 151 de la Carta Poltica. De igual modo, la Corte encontr que la norma acusada no quebranta la autonoma presupuestal de la Rama Judicial. Indic, que de conformidad con el numeral 5 del artculo 256 de la Constitucin Poltica corresponde al Consejo Superior de la Judicatura o a los consejos seccionales, segn el caso y de acuerdo con la ley, elaborar el proyecto de presupuesto de la rama judicial que deber ser remitido al Congreso y ejecutarlo de conformidad con la aprobacin que haga el Congreso, mandato constitucional que fue recogido en el artculo 85.1 de la Ley Estatutaria 270 de 1996. A su vez, el artculo 36 del Estatuto Orgnico del Presupuesto (Decreto 111 de 1996), dispone que los gastos de funcionamiento, el servicio de la deuda pblica y los gastos de inversin se clasifica en diferentes secciones que corresponden a los rganos y ramas del poder pblico. El artculo 110 del mismo estatuto establece que la autonoma presupuestal a que se refiere la Constitucin y la ley consiste en que los rganos que son una seccin en el presupuesto general de la Nacin tienen la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurdica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva seccin. Advirti, que una lectura sistemtica de las disposiciones constitucionales que regulan la materia presupuestal permite concluir, que la ejecucin del presupuesto por parte de los rganos de administracin de la Rama Judicial, debe llevarse a acabo con plena observancia, no solo de los parmetros fijados en la propia Carta Poltica, sino tambin, conforme con las regulaciones legales en la materia, es decir, de acuerdo con lo dispuesto en la ley orgnica de presupuesto y la ley anual de presupuesto y en particular, los principios de unidad presupuestal y universalidad, sin desmedro de la autonoma reconocida en la Constitucin a la Rama Judicial.

 

 

Comunicado 46

 

C-653/15

 

LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIN PBLICA EXCEPCIONES  ACCESO A LA INFORMACIN - INFORMACIN EXCEPTUADA POR DAO DE DERECHOS A PERSONAS NATURALES O JURDICAS DIVULGACION PARCIAL DE LA INFORMACION. (ARTCULOS 18 Y 21 DE LA LEY 1712 DE 2014)

 

14-10-15

 

La Corte record que slo ha admitido excepcionalmente su competencia para conocer de la constitucionalidad de leyes estatutarias con posterioridad a la revisin integral realizada por este tribunal, siempre que se cumpla con una de las siguientes condiciones: (i) se est en presencia de un vicio de forma frente a los trmites subsiguientes que debe surtir el proyecto para convertirse en ley, o (ii) se presente una modificacin posterior de la Constitucin o de la conformacin de las normas que integran el bloque de constitucionalidad. En ambos casos, tcnicamente no existe cosa juzgada constitucional, en el primero, porque se trata de una irregularidad posterior al control efectuado por la Corte y en el segundo, porque el parmetro de control es distinto, lo que permite adelantar un juicio sobre dichas materias. Delimitado el alcance del control previo de constitucionalidad de los proyectos de leyes estatutarias y los trmites subsiguientes a la sentencia en que se surte tal control, la Corporacin constat que en el trmite de promulgacin de la Ley 1712 de 2014 se present un vicio de forma derivado de la publicacin de un texto legal distinto al que fue aprobado por el Congreso y avalado por este tribunal, por cuanto se omiti la transcripcin de la expresin salvo que el dao causado al inters protegido sea mayor al inters pblico de obtener acceso a la informacin, en el texto sancionado y promulgado de la citada ley, pese a que fue ajustada a la Carta en la sentencia C-274 de 2013, al momento en que se realiz el control constitucional previo, automtico e integral del proyecto de ley estatutaria de la que haba parte. La Corte seal que si bien es cierto que el error ocurrido en el literal c) del artculo 18 de la Ley 1712 de 2014 se deriv de la circunstancia de que en la parte resolutiva de la sentencia se omiti sealar la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma que por error fue incluida en el texto promulgado, tambin lo es que este error fue corregido en el Auto 038 de 2015, razn por la cual no cabe realizar un nuevo pronunciamiento, ms all de constatar que se surtan las actuaciones que permitan mantener la voluntad del legislador y lo resuelto por la Corte. En lo que atae al inciso segundo del artculo 21, se encontr que el error tuvo lugar en la Seccin de Leyes del Senado de la Repblica, al momento de editar el texto final que fue objeto de pronunciamiento por este tribunal, razn por la cual el Secretario General de dicha cmara legislativa solicit al Gobierno Nacional la expedicin de un decreto de correccin de yerros. Por consiguiente no cabe realizar un juicio de fondo, sino exhortar al ejecutivo para que proceda a enmendar el error de transcripcin expuesto. Adicionalmente, la Corte advirti que en los artculos 5, 14 y 26 de la Ley 1712 de 2014 se encontraron deficiencias similares de transcripcin del texto de la ley, por omisin de expresiones que deban forman parte de las normas revisadas en la sentencia C-274 de 2013, las cuales fueron enmendadas mediante el Decreto 1494 de 2015, por lo que al igual que en el caso del artculo 21, no hay lugar ningn pronunciamiento por carencia actual de objeto. No obstante, en el mencionado decreto de correccin de yerros no se incluy la expresin por el artculo 24 de la Ley 1437 de 2011, la cual fue errneamente omitida en el artculo 14 de la Ley 1712 de 2014. Por tal motivo, la Corte resolvi solicitar al Presidente de la Repblica que en ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 10 del artculo 189 de la Constitucin y el artculo 45 de la Ley 4 de 1913, proceda a corregir este error de transcripcin en el trmino de diez das.

 

 

Comunicado 46

 

C-654/15

 

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

 

MEDIDAS DE DESCONGESTION JUDICIAL CDIGO GENERAL DEL PROCESO VIGENCIA DEL SISTEMA DE ORALIDAD - IMPLEMENTACIN GRADUAL DE LA ORALIDAD (ART. 44 DE LA LEY 1395 DE 2010, ART. 627 DE LA LEY 1564 DE 2012 Y ART. 1 DE LA LEY 1716 DE 2014)

 

14-10-15

 

La Corte reafirm el amplio margen de configuracin del legislador para definir la modalidad de entrada en vigencia de las normas legales, entre ellas, los cdigos sobre los distintos ramos de la legislacin. La frmula adoptada en las normas demandadas de gradualidad en la implementacin de la oralidad no se muestra irrazonable o contraria a postulados constitucionales. Por el contrario, resulta acorde con la aplicacin exitosa de un cambio de modelo procesal de esa transcendencia, que exige mltiples ajustes al quehacer de la judicatura. De otra parte, la Corporacin consider que la facultad que se confiere al Consejo Superior de la Judicatura para definir de manera precisa, cuando entrar en vigor el sistema de oralidad, encuadra en la competencia reglamentaria prevista en la versin original del artculo 257.3 y en el inciso segundo del actual artculo 254 de la Constitucin Poltica. Se trata de la definicin en concreto de un asunto regulado por el legislador, de manera suficiente, tanto en su extensin temporal como en los criterios que enmarcan la regulacin. De ninguna manera, el legislador ha deferido en el reglamento la determinacin completa de asuntos medulares en trminos de debido proceso y administracin de justicia y el mecanismo de vigencia gradual del sistema de oralidad es compatible con los principios de legalidad, publicidad y debido proceso. De esta manera, no se est frente a una deslegalizacin de la materia, sino una vlida utilizacin de la facultad reglamentaria reconocida en el artculo 257-3 de la Constitucin poltica. En conclusin, el principio de reserva de ley en cuanto a los cdigos se encuentra salvaguardado. Por consiguiente, los cargos de inconstitucionalidad no estaban llamados a prosperar.

 

Comunicado 46

 

C-656/15

 

JORGE IVAN PALACIO PALACIO

 

PROYECTO DE LEY QUE RINDE HOMENAJE A LA VIDA Y OBRA DEL MAESTRO DE MUSICA VALLENATA LEANDRO DIAZ

 

21-10-15

 

La Corte verific que el Congreso de la Repblica dio cabal cumplimiento al procedimiento establecido en el artculo 167 de la Constitucin, conforme el cual, el Senado de la Repblica, Cmara en la que tuvo origen el mencionado proyecto, una vez oda la Ministra de Cultura, procedi a rehacer el texto del proyecto de ley segn lo decidido en la sentencia C-764 de 2013, excluyendo los artculos 6 y 7 declarados inexequibles. El primero de estos preceptos, ordenaba la expropiacin de la obra musical del maestro Leandro Daz a quien tuviera los derechos de autor de la misma, por cuanto los motivos de utilidad pblica o de inters social que exige el artculo 58 de la Carta para expropiar un bien, no se desprenden necesariamente de la declaratoria como patrimonio cultural. Al objetar la constitucionalidad de esta disposicin, el Gobierno Nacional adujo que la relevancia cultural de la obra del maestro Leandro Daz no respaldaba el hecho de ejecutar la expropiacin de la misma en cabeza del autor y de terceros. Tampoco, se expusieron los motivos constitucionales para proceder a ordenar esa expropiacin, acorde con el artculo 58 de la Constitucin y lo dispuesto en el artculo 80 de la Ley 23 de 1982 que describe las circunstancias en las que puede entenderse que existe un inters o utilidad pblica de por medio, al indicar que la expropiacin de derechos patrimoniales de autor procede nicamente cuando la obra haya sido publicada y cuando los ejemplares de dicha obra estn agotados, habiendo transcurrido un perodo no inferior a tres aos, despus de su ltima o nica publicacin y siendo improbable que el titular del derecho de autor publique nueva edicin. Para la Corte, el Proyecto de Ley tampoco se fundament en el artculo 72 de la Carta, segn el cual la ley debe prever mecanismos para readquirir los bienes que pasen a integrar el patrimonio cultural de la Nacin, toda vez que esta disposicin no supone necesariamente la posibilidad de expropiar los derechos patrimoniales que el autor o terceros puedan tener sobre la obra as declarada y hace inocua la normativa prevista en el proyecto de ley no distingue entre derechos morales y patrimoniales de autor, los primeros de los cuales constituyen derechos fundamentales que se reputan inalienables, irrenunciables e imprescriptibles. Consecuencialmente, el artculo 7 del proyecto deba ser excluido del proyecto, por cuanto autorizaba al Ministerio de Cultura para que previo concepto pericial, entregara al maestro Leandro Daz, la suma justa como indemnizacin por el valor de sus obras. La Corte verific que el texto modificado e integrado de conformidad con lo ordenado por la sentencia C-764 de 2013 fue aprobado en las plenarias del Senado y Cmara de Representantes, con todos los requisitos constitucionales exigidos por la Constitucin y el Reglamento del Congreso.

 

Comunicado 47

 

C-657/15

 

JORGE IVAN PALACIO PALACIO

 

NORMAS EN MATERIA TRIBUTARIA- EXCLUSION DEL ASFALTO AL IMPUESTO A LAS VENTAS. (ARTCULO 38 DE LA LEY 1607 DE 2012)

 

21-10-15

 

En el caso concreto de la exclusin del asfalto del impuesto a las ventas (IVA), sin disponer lo mismo respecto de otros materiales con un uso similar, la Corte determin que se encuentra justificada desde la perspectiva constitucional, especialmente, frente a los principios de igualdad y equidad tributaria, los cuales no se desconocen sino que por el contrario, dicha medida se enmarca dentro del margen de la potestad legislativa en este mbito. A su juicio, la regulacin adoptada atiende fines constitucionalmente vlidos expuestos y debatidos ampliamente en el Congreso, en donde la inclusin de otros productos anlogos en esta exencin tributaria, no cont con el aval del Gobierno que se exige por el artculo 154 de la Carta Poltica, con fundamentos en criterios de orden econmico y de poltica tributaria. Se trata de generar incentivos econmicos para fomentar proyectos de infraestructura pblica, en especial, en la pavimentacin y repavimentacin de las vas y superar las deficiencias y problemas en el sector del transporte. Respecto del concreto, se cuestion la eficacia de dicho incentivo para el usuario final ante la presencia de los monopolios que pueden comprometer la libre competencia y alterar o incluso distorsionar los precios. Para la Corte, las anteriores motivaciones son legtimas en la medida en que e relacionan con la funcin de intervencin del Estado en la economa para asegurar por la va de la tributacin y el recaudo fiscal, importantes recursos para el funcionamiento del Estado y el cumplimiento de sus fines (art. 334 C.Po.). De igual modo, con esta disposicin tributaria se pretende garantizar la libre competencia y evitar posibles abusos de quienes se encuentran en posicin dominante en el mercado (art. 333 C.Po.), en particular, la produccin y comercializacin del cemento, que es el producto que sirve de base para la preparacin de mezclas de concreto. Tampoco se observa, que la decisin de no ampliar la exclusin del IVA al cemento sea manifiestamente irrazonable para alcanzar dichos cometidos. Sin duda, dicha exencin al asfalto se muestra como una medida idnea para fomentar la construccin y mantenimiento de la infraestructura del transporte. Adicionalmente, el cemento tiene una aplicacin potencial mucha ms amplia en obras civiles y arquitectnicas, de modo que su impacto en la economa es bien diferente al del asfalto, con independencia de cules son sus propiedades tcnicas.

Comunicado 47

 

C-668/15

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

 

NORMAS QUE MODIFICAN EL ESTATUTO TRIBUTARIO Y SE CREAN MECANISMOS DE LUCHA CONTRA LA EVASIN RENTAS DE TRABAJO EXENTAS - EN APLICACIN DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA, EL LEGISLADOR NO PUEDE PROHIBIR A LOS EMPLEADOS CUYOS PAGOS Y ABONOS NO PROVENGAN DE UNA RELACIN LABORAL, LEGAL O REGLAMENTARIA, SOLICITAR EL RECONOCIMIENTO FISCAL DE COSTOS Y GASTOS DISTINTOS DE LOS PERMITIDOS A LOS TRABAJADORES ASALARIADOS. (ARTCULO 26 DE LA LEY 1739 DE 2014)

 

28-10-15

 

La Corte encontr que la prohibicin establecida en el pargrafo 4 del artculo 206 del Estatuto Tributario, tal y como fue modificado por el artculo 26 de la Ley 1739 de 2014 transgrede el principio de equidad tributaria en su dimensin vertical, en la medida en que desconoce la capacidad de pago de los empleados cuyos pagos o abonos no provienen de una relacin laboral, o legal y reglamentaria, la cual se ve reducida por los gastos y costos en los que incurren en el ejercicio, por cuenta y riesgo propio, de su actividad profesional, de la que, a su vez, derivan sus ingresos. Ese desconocimiento genera una tributacin igual entre sujetos con diversa capacidad econmica: (i) empleados cuyos pagos o abonos en cuenta no provienen de una relacin laboral o legal y reglamentaria y (ii) empleados asalariados involucrados en la prestacin de servicios personales o de la realizacin de actividades econmicas por cuenta y riesgo del contratante. A juicio de la Corte, la disposicin acusada comporta un sacrificio del principio de equidad tributaria, en la medida en que desconoce la real capacidad econmica de un grupo de contribuyentes y genera una tributacin paritaria con los empleados asalariados, quienes cuentan con una mayor capacidad econmica, pues por la forma en que prestan sus servicios personales no incurren en los costos y gastos que deben sufragar los empleados que prestan servicios personales por su cuenta y riesgo. En consecuencia, procedi a declarar inexequible el aparte demandado del pargrafo 4 del Artculo 206 del Estatuto Tributario.

 

Comunicado 49

 

C-669/15

 

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

 

MEDIDAS Y DISPOSICIONES PARA LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PERMISO DE INTERVENCIN VOLUNTARIO EN EL INMUEBLE QUE ES OBJETO DE ADQUISICIN O EXPROPIACIN PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE REALIZACIN DEL DESALOJO PREVISTO EN CASO DE NO HABERSE PACTADO EL PERMISO DE INTERVENCIN DEBE SER DENTRO DEL PROCESO DE EXPROPIACIN ADMINISTRATIVA (ARTCULO 27 PARCIAL DE LA LEY 1682 DE 2013)

 

28-10-15

 

El problema jurdico que le correspondi resolver a la Corte en este caso, consisti en definir si el artculo 27 de la Ley 1682 de 2013 desconoca el derecho a la propiedad privada y el derecho al debido proceso en la expropiacin tanto por va judicial como administrativa, en cuanto (i) los tres primeros incisos de la norma facultan a la administracin a iniciar las obras de infraestructura de transporte tan solo con la firma de un permiso de intervencin voluntario, sin que se agoten previamente las etapas de los procesos de adquisicin o expropiacin y por tanto sin indemnizacin previa; y (ii) el pargrafo de la misma disposicin permite el desalojo policivo del propietario del bien inmueble, en caso de que no se llegue a firmar el permiso de intervencin voluntaria, lo cual resultara de mayor gravedad, puesto que permitira el desalojo forzado sin que se respetara la propiedad privada y el debido proceso de adquisicin o expropiacin de bienes inmuebles y por tanto, sin una indemnizacin previa. El tribunal reiter el alcance normativo del derecho constitucional a la propiedad privada consagrado en el artculo 58 de la Constitucin Poltica, as como el debido proceso para efectos de expropiacin tanto judicial como administrativa, contenido igualmente en este artculo y reglamentado legalmente en el ordenamiento jurdico interno. Del anlisis constitucional de la norma objetada, concluy que los cargos presentados por las demandantes en relacin con los tres primeros incisos del artculo 27 de la Ley 682 de 2013 son infundados, toda vez que estos preceptos no resultan violatorios del derecho a la propiedad consagrado en el artculo 58 de la Carta Poltica, ni del debido proceso relativo a la expropiacin. En relacin con el pargrafo nico, la Corte evidencia que ste permite una doble interpretacin, una de las cuales es abiertamente inconstitucional, como la que realizan los demandantes, la cual deba ser excluida del ordenamiento. Por consiguiente, encontr necesario adoptar una exequibilidad condicionada en el entendido que las expresiones proceso administrativo y ejecutoria del acto administrativo se refieren, respectivamente, al proceso de expropiacin administrativa y a la ejecutoria del acto administrativo que la determina.

 

Comunicado 49

 

C-670/15

 

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

 

NORMA QUE DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLGICA EN PARTE DEL TRERRITORIO NACIONAL. (DECRETO 1770 DE 2015)

 

28-10-15

 

La Corte determin que el Gobierno nacional acredit de manera satisfactoria, que por la magnitud y gravedad de la crisis humanitaria desatada como consecuencia de las medidas adoptadas por el gobierno venezolano contra nacionales colombianos en desarrollo del Estado de Excepcin decretado en ese pas en una zona de la frontera con Colombia, las atribuciones ordinarias de las autoridades nacionales, departamentales y municipales de esta rea resultaron insuficientes para atenderla y por lo mismo, se hicieron necesarias medidas excepcionales en diversos mbitos de la atencin debida a los colombianos afectados. As mismo, el Gobierno demostr que no solo sus competencias ordinarias son insuficientes para responder adecuadamente a esta emergencia, sino que en varias reas puntuales se requieren medidas especficas de nivel legislativo y no meramente administrativo, para garantizar el goce efectivo de los derechos humanos de la numerosa poblacin afectada por la emergencia. En particular, la Corte verific que, como lo expuso el Gobierno, eran necesarias medidas especiales para afiliacin al sistema de salud de estas personas, atencin humanitaria en sus diversas fases, atencin prioritaria a vctimas del conflicto interno armado que hayan sido obligadas a regresar a Colombia, apoyo de la Nacin a las autoridades locales para atender la calamidad pblica en la zona, levantar restricciones legales para la concesin de permisos especiales de ingreso y permanencia de los familiares venezolanos de estas personas, que deseen naturalizarse en el pas, con el propsito de mantener la unidad familiar. De igual modo, ampliar la cobertura de programas sociales existentes para as proveer la atencin que esta poblacin materialmente requiere, dinamizar el mercado laboral de la zona de frontera gravemente afectada con una seria crisis de desempleo, levantar restricciones legales al transporte de carbn, entre otros aspectos a atender. Al mismo tiempo, la declaratoria del estado de emergencia garantiza la vigencia de los derechos humanos de miles de personas que han sido afectadas por las actuaciones de las autoridades venezolanas y preserva el normal funcionamiento de las ramas y rganos del poder.

 

Comunicado 49

 

C-671/15

 

ALBERTO ROJAS RIOS

 

NORMA QUE AUTORIZA LA CELEBRACIN DE CONVENIOS ADMINISTRATIVOS PARA LA EJECUCIN DE RECURSOS PBLICOS POR PARTE DE ALGUNAS ENTIDADES TERRITORIALES CONEXIDAD ENTRE LOS HECHOS Y MOTIVOS DE LA DECLARATORIA DEL ESTADO DE EMERGENCIA ECONMICA, SOCIAL Y ECOLGICA Y LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN EL DECRETO 1773 DE 2015, PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE LA PROHIBICIN A LOS MUNICIPIOS DE CELEBRAR CONVENIOS ADMINISTRATIVOS DURANTE LOS CUATRO MESES ANTERIORES A LAS ELECCIONES. (DECRETO 1773 DE 2015)

 

28-10-15

 

La Corte encontr que exista una conexidad entre los hechos y las motivaciones que dieron lugar a la declaratoria del Estado de Emergencia Econmica, Social y Ecolgica efectuada mediante el Decreto 1770 de 2015 y las medidas adoptadas en el Decreto Legislativo 1773 de 2015. En efecto, mientras que en la declaratoria se expone la existencia de una crisis humanitaria generada por el cierre de la frontera con Venezuela y la realizacin de deportaciones, repatriaciones, expulsiones y retornos masivos de connacionales y se anuncian unas medidas para conjurarla, en el Decreto que se examina, se autoriza a las entidades territoriales afectadas por dicha crisis a celebrar transitoriamente convenios interadministrativos con las entidades del orden nacional y determinados Departamentos, con el propsito de canalizar recursos y garantizar la atencin humanitaria de quienes regresaron al pas. Para la Corte, las medidas previstas en el decreto legislativo 1773 de 2015 son necesarias, en cuanto a que la suspensin temporal (entre el 7 de septiembre y el 25 de octubre de 2015) y delimitada geogrficamente (ciertos municipios fronterizos con Venezuela) de la prohibicin de celebrar convenios interadministrativos contenida en el pargrafo del artculo 38 de la Ley Estatutaria 996 de 2005, durante los cuatro meses anteriores a las elecciones, era indispensable para que ciertos recursos pblicos puedan llegar prontamente a las vctimas de la emergencia humanitaria. La suspensin temporal y geogrfica de esa prohibicin es una medida proporcional. Si bien en el sistema colombiano de fuentes del derecho, los decretos legislativos no pueden prima facie derogar o suspender norma de contenido estatutario, por cuanto estos decretos son adoptados con fundamento en dichas leyes (art. 151, literal e), la aplicacin de un test de proporcionalidad arroja para el caso concreto, que la medida no vulnera la Constitucin. Lo anterior, por cuanto la tensin que se presenta entre una garanta electoral encaminada a proteger el derecho fundamental de acceder en igualdad de condiciones a una competencia electoral y el derecho fundamental le asiste a la poblacin a recibir prontamente una ayuda humanitaria, se resuelve a favor de esta ltima.

Comunicado 49

 

C-672/15

 

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

 

MEDIDAS PARA PERMITIR EL EJERCICIO DE CIERTAS ACTIVIDADES SIN CUMPLIR CON LA OBLIGACIN DE DEFINIR LA SITUACIN MILITAR Y SE HACE UNA EXENCIN AL PAGO DE CUOTA DE COMPENSACIN MILITAR. (DECRETO 1774 DE 2015)

 

28-10-15

 

Examinadas las medidas adoptadas mediante el Decreto Legislativo 1774 de 2015, la Corte concluy que corresponden al mbito de competencia que le confiere la Constitucin al legislador, en este caso, de excepcin, para establecer las exenciones al deber de prestar el servicio militar y al pago de la cuota de compensacin militar, con el fin de facilitar el ejercicio de las actividades que exigen tener definida la situacin militar, como el acceso a la educacin o la posibilidad de generar ingresos y brindar proteccin a sus familias. Ninguno de los beneficios que all se establece implica vulneracin de alguno de los derechos intangibles enunciados en el artculo 4 de la Ley Estatutaria 137 de 1994 y en el artculo 27 de la Convencin Americana. As mismo, la Corte encontr que tales beneficios superan el juicio de conexidad en la medida en que a los varones de edades entre 17 y 50 aos afectados con la crisis humanitaria que dio lugar a la declaratoria del Estado de Emergencia, se les dificultara la reinsercin laboral de no poder definir su situacin militar en las circunstancias en que se vieron obligados a retornar al pas. De igual manera, el decreto examinado aprueba el juicio de finalidad , pues las medidas que prev tienen como nico propsito el de contribuir a la solucin de un aspecto especfico, entre aquellos que componen la situacin fctica que se busca conjurar con las normas de excepcin, como tambin el juicio de necesidad a travs del cual se acredita la urgencia o apremio que en su momento existi por adoptar dichas medidas, as como la imposibilidad de lograr el mismo objetivo con instrumentos diferentes y en lo posible, menos gravosas que las acordadas. De otra parte, la corporacin constat que las acciones emprendidas en este decreto superan el criterio de proporcionalidad, pues los beneficios que se ofrecen a un importante nmero de ciudadanos que atraviesan graves dificultades a raz de su forzado retorno, son de gran magnitud e importancia en cuanto facilitan su reinsercin laboral y la generacin de ingresos propios, ventajas sin duda mayores a los costos o sacrificios que la sociedad asume al implementar esas medidas. Del mismo modo, el tribunal consider que las disposiciones examinadas aprueban el llamado juicio de motivacin de la incompatibilidad, pues de manera reiterada, el Decreto 1774 de 2015 explica en su parte considerativa que la vigencia de determinadas normas legales contenidas en la Ley 48 de 1993 crea dificultades para el logro de los objetivos que se pretende alcanzar en beneficio de las personas y familias retornadas, que al no poseer la tarjeta de reservista implica un obstculo para el ejercicio de algunos de sus derechos. Para la Corte, estos beneficios no pueden considerarse discriminatorios, por cuanto existen razones vlidas que justifican esa diferencia de trato a las personas afectadas por la situacin de emergencia humanitaria que motiv la declaracin del Estado de Emergencia.

 

 

Comunicado 49

 

C-673/15

 

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

 

NORMAS QUE REGULA EL EMPLEO PBLICO, LA CARRERA ADMINISTRATIVA Y GERENCIA PBLICA CLASIFICACIN DE LOS EMPLEOS- CARGOS DE JEFE DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO O QUIEN HAGA SUS VECES, COMO EMPLEOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIN. (EXPRESIONES DEL ARTCULO 5 DE LA LEY 909 DE 2004)

 

28-10-15

 

La corporacin encontr que de acuerdo con los dos modelos que se configuran en general para establecer la competencia y el ejercicio del control disciplinario interno en las entidades de la administracin central y de la administracin descentralizada del nivel nacional y de la administracin descentralizada del nivel territorial, el empleo de jefe de control interno disciplinario es ejercido por aquella persona que coordina la unidad u oficina autnoma dentro de la estructura de la entidad, o por el director de la dependencia especfica a la cual se encuentra adscrito el grupo interno de trabajo creado para tal fin. El carcter de libre nombramiento y remocin dado por el legislador a dicho empleo tiene que ver directamente con la naturaleza de las funciones que debe ejercer, las cuales corresponden a aqullas de direccin, conduccin y orientacin institucionales, cuyo ejercicio implica la adopcin de polticas o directrices. Adems se advierte que en las diferentes estructuras de las entidades estatales de la administracin central del nivel nacional, de la administracin descentralizada del nivel nacional y de la administracin descentralizada del nivel territorial, el cargo bajo estudio se ubica en el rango jerrquico directivo. Lo anterior significa que teniendo en cuenta el criterio orgnico, es constitucionalmente admisible la exclusin que hizo el legislador del empleo pblico bajo anlisis, toda vez que ostenta una naturaleza directiva dentro de la administracin pblica y por ello se puede catalogar como un cargo de libre nombramiento y remocin. Desde el punto de vista funcional o material, dos de las funciones que cumple el jefe de control interno disciplinario o quien haga sus veces se refieren a temas directrices preventivas y decisiones correctivas, ejes bsicos de su actividad. Ambas funciones requiere el ejercicio del diseo y formulacin de planes y polticas que mengen el riesgo de comisin de faltas disciplinarias y generen un impacto en el ejercicio adecuado, transparente y eficiente de la funcin pblica, as como un papel de conduccin eficiente e imparcial sobre los procesos disciplinarios. Para dichas labores, dicha persona debe gozar de autonoma e imparcialidad, de acuerdo con el procedimiento y las garantas del debido proceso.

Comunicado 49

 

C-674/15

 

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

 

NORMA QUE DEFINE ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD DEL TRABAJADOR Y SE MODIFICAN Y SEALAN LAS CONDICIONES, REQUISITOS Y BENEFICIOS DEL RGIMEN DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN DICHAS ACTIVIDADES VIGENCIA DEL RGIMEN DE PENSIONES PARA ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO. (ARTCULO 8 DEL DECRETO 2090 DE 2003)

 

28-10-15

 

Cosa juzgada constitucional.

 

Comunicado 49

 

C-683/15

 

JORGE IVAN PALACIO PALACIO

 

CDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EFECTOS JURDICOS DE LA ADOPCIN ADOPCIN POR PAREJAS DEL MISMO SEXO. (EXPRESIONES DE LOS ARTCULOS 64, 66 Y 68 (NUMERALES 3 Y 5) DE LA LEY 1098 DE 2006)

 

04-11-15

 

La Corte comenz por precisar que la decisin reciente sobre la materia, contenida en la sentencia C-071 de 2015, no impide un pronunciamiento sobre las normas demandadas. Ese fallo solo hizo trnsito a cosa juzgada relativa, por cuanto se centr en el examen de dos problemas jurdicos, referidos a los derecho a la igualdad y a la familia de las parejas del mismo sexo, pero no a los derechos de los nios desde la perspectiva del principio constitucional del inters superior del menor (CP art. 44). Constat entonces que en la sentencia C-071 de 2015 la Corte analiz si las normas sobre adopcin vulneraban el derecho a la igualdad de las parejas del mismo sexo (CP art 13) y desconocan tambin el derecho de las parejas del mismo sexo a constituir familia (CP art 42). Sin embargo, en esa ocasin la Corte decidi inhibirse en relacin con el cargo de vulneracin del inters superior del menor, por ineptitud de la demanda (con salvamento de voto de un magistrado). En contraste, en esta oportunidad la Corte verific que la demanda se dirigi adecuadamente contra las mismas normas, pero con un enfoque constitucional diferente, en la medida en que centra la discusin en torno al inters superior de los nios (CP art. 44). En el presente caso la decisin de fondo (habilitar la adopcin de nios por parejas del mismo sexo en virtud del inters superior del nio) tuvo como base los siguientes argumentos: 1.- En primer lugar, la Corte seal que los estudios cientficos y las pruebas aportadas al proceso demostraban en forma dominante, o bien que la adopcin por parejas del mismo sexo no genera afectaciones en el desarrollo integral de los nios, o bien que no est acreditada ninguna afectacin a los nios que viven con parejas del mismo sexo. Aun cuando algunas intervenciones indicaban que los resultados no eran definitivos, la Corte verific que no se refutaron las conclusiones prevalecientes, y en un caso la objecin planteada fue inaceptable a la luz de la Constitucin, por cuanto afirmaba que la homosexualidad es considerada como una patologa, lo cual ha sido claramente desvirtuado. 2.- En segundo lugar, la Sala Plena resalt que segn la Constitucin, los tratados internacionales sobre derechos humanos, la jurisprudencia internacional y la jurisprudencia de esta Corte, la orientacin sexual de una persona, o su sexo, no son por s mismos indicadores de falta de idoneidad moral, fsica o mental para adoptar; de modo que impedir que un nio tenga una familia, fundndose para ello nicamente en la orientacin sexual o el sexo de una persona o de una pareja, representa una restriccin inaceptable de los derechos del nio, y es entonces adems contrario a su inters superior, protegido por la Constitucin y los instrumentos que se integran a ella. 3. En tercer lugar, la Corte reconoci que una lectura conforme con la Constitucin indica que, desde la perspectiva de la proteccin al inters superior del nio, la ley debe entenderse como neutra al sexo de las parejas y a la orientacin sexual de quienes las conforman. 4.- En cuarto lugar, la Corte advirti que, en vista de que no se encuentra acreditado de manera concluyente que los menores sufran o puedan sufrir algn tipo de afectacin en su desarrollo armnico e integral por el hecho de ser adoptados o crecer en el entorno de una familia conformada por parejas del mismo sexo, excluir a estas ltimas del universo de potenciales adoptantes implica una limitacin del derecho de los nios a tener una familia y no ser separados de ella, que afecta injustificada, irrazonable y desproporcionadamente su inters superior (CP art.44). 5. En quinto lugar, la Sala Plena de la Corte verific y reafirm que tiene competencia y legitimidad para intervenir en la resolucin de este caso. No solo porque la Constitucin as se lo reconoce expresamente en el artculo 241, sino adems porque se trata de proteger derechos de poblacin vulnerable, como los nios en situacin de adoptabilidad, frente a una interpretacin de la ley que no es conforme con el principio de inters superior del menor, en un contexto en el cual los nios son una poblacin desaventajada en trminos representativos, cuyos derechos debe proteger el juez al margen de la decisin de las mayoras polticas. Es precisamente en estos casos, para garantizar los derechos de grupos vulnerables y sin representacin democrtica especfica, que se justifica la funcin de control constitucional a la actividad del Legislador. 6.- La Corte aclar que cualquier proceso de adopcin debe estar siempre dirigido a garantizar el inters superior del menor y el restablecimiento de sus derechos, y por tanto en todo caso ser deber del Estado verificar, conforme a la Constitucin y en los trminos de esta sentencia, si se cumplen los dems requisitos establecidos en el ordenamiento jurdico. La Corte quiere resaltar que las dudas y temores acerca de si la sociedad est preparada para asumir esta decisin no se disipan negando una inocultable realidad sino enfrentando sus desafos.

 

 

Comunicado 50

 

C-694/15

 

ALBERTO ROJAS RIOS

 

NORMAS QUE DESARROLLAN ASPECTOS DEL DENOMINADO PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ PARA LA REINCORPORACIN DE MIEMBROS DE GRUPOS ARMADOS ILEGALES APLICACIN DEL CRITERIO DE PRIORIZACIN DE CASOS EN PROCESOS DE JUSTICIA TRANSICIONAL DE LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ DERECHOS DE LAS VCTIMAS. (EXPRESIONES DE LOS ARTCULOS. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10 A 14, 16 A 20, 22 A 24, 26, 27, 29 A 33, 36 A 41 DE LA LEY 1592 DE 2012)

 

11-11-15

 

La Corte encontr que exista cosa juzgada constitucional en relacin con la expresin las vctimas correspondientes al patrn de macro-criminalidad con criterios de priorizacin, del pargrafo 5 del artculo 23 de la Ley 1592 de 2012, por cuanto en la sentencia C-286 de 2014, este artculo fue declarado inexequible. De igual modo, respecto del pargrafo 3 del artculo 26 y del pargrafo 3 del artculo 27 de la Ley 1592 de 2012, declarados exequibles mediante sentencia C-370 de 2006. Tambin, la Corte dispuso estar a lo resuelto en la sentencia C-286 de 2014, que declar inexequibles los artculos 23, 24, 40 y 41 de la Ley 1592 de 2012. Con respecto de los dems artculos demandados de la Ley 1592 de 2012, la Corte precis el concepto y alcance de la justicia transicional en el Estado Social de Derecho, sus finalidades y mecanismos. Al mismo tiempo, analiz las relaciones entre la verdad judicial y la memoria histrica en contextos de justicia transicional y el concepto de reparacin integral a las vctimas en el mbito internacional, as como, su consolidacin en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y sus caractersticas particulares dentro del entramado de la justicia transicional. Captulo especial se dedic en esta sentencia, a la priorizacin como instrumento de poltica criminal. De igual manera, para dilucidar los problemas jurdicos que se plantean en el presente caso, fue necesario mirar los antecedentes y aspectos esenciales de la Ley 1592 de 2012, como parte del Sistema de Justicia Transicional en Colombia, que modifica aspectos esenciales de la Ley 975 de 2005, especialmente, en el enfoque de investigacin que haba manejado hasta entonces la Fiscala General de la Nacin en la Unidad Especial de Justicia Transicional.

Comunicado 52

 

C-699/15

 

ALBERTO ROJAS ROS

 

ESTATUTO GENERAL DE PESCA - REMISIN A DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS Y REGLAMENTO PARA TIPIFICACIN DE INFRACCIONES EN MATERIA PESQUERA, ADMINISTRATIVA - RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DEL CAPITN DE NAVE, ARMADOR Y TITULAR DE LA LICENCIA DE PESCA. (EXPRESIONES 53, 54, 55 DE LA LEY 13 DE 1990)

 

18-11-15

 

La Corte record los lineamientos generales de la jurisprudencia en materia de derecho administrativo sancionatorio. En particular, seal que a partir del anlisis sistemtico de los artculos 6, 29 y 150 de la Constitucin Poltica, la jurisprudencia ha deducido que en materia sancionatoria administrativa es admisible el uso de conceptos indeterminados (numerus apertus), siempre que la tipicidad de la conducta tenga un carcter determinable al momento de su aplicacin y la ley establezca criterios objetivos que permitan, de manera razonada y proporcional, concretar las conductas sancionadas. De las citadas disposiciones constitucionales tambin surge que en asuntos sometidos a reserva legal, en ejercicio de su potestad de configuracin, el legislador pueda facultar al Gobierno Nacional para desarrollar aspectos puntuales de una determinada materia, siempre y cuando se contraiga a reglas especficas trazadas en la ley y aqullos estn intrnsecamente relacionados con su debida aplicacin. A la luz de los citados preceptos, no es posible delegar completamente en la autoridad administrativa, la estipulacin de tipos sancionatorios. En el Estado democrtico de derecho, el principio de legalidad y la reserva de ley, desempean una funcin esencial orientada a que el ejercicio del poder, en este caso, de la potestad sancionatoria del Estado, se supedite en todo a ley vigente al momento de ocurrencia de los hechos constitutivos de infraccin al ordenamiento, de manera que la conducta antijurdica est tipificada en la ley, as como la autoridad competente para imponer la correspondiente sancin. En este sentido, el reglamento debe circunscribirse a desempear la funcin de asegurar la cumplida ejecucin de las leyes, (art. 189.9 C.Po.), de manera que es inconstitucional que la norma legal le otorgue a la administracin la potestad genrica de establecer va reglamento, infracciones y sanciones administrativas. En ese contexto, la actividad pesquera se ubica en el punto de equilibrio entre la produccin alimentaria y la proteccin de recursos naturales, cuyo rgimen sancionatorio debe atender aspectos de orden tcnico y biolgico en constante variacin, como por ejemplo, las especies en riesgo de extincin, la prohibicin de pesca de ciertas especies para consumo humano, el uso de tecnologas en los barcos para ubicacin de cardmenes, la instalacin en los barcos de medios para procesar y conservar los alimentos, las tallas mnimas de captura de las especies y los perodos de veda.

 

Comunicado 53

C-700/15

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

MEDIDAS DEL ESTADO DE EMERGENCIA ECONMICA, SOCIAL Y ECOLGICA - SUSPENSIN DE NORMA QUE NO PERMITE EN POCA ELECTORAL LA INCLUSIN DE POBLACIN EN EL PROGRAMA MS FAMILIAS EN ACCIN Y LA FOCALIZACIN Y PRIORIZACIN DEL GASTO PBLICO SOCIAL EN LA POBLACIN AFECTADA POR LA CRISIS HUMANITARIA EN LA FRONTERA COLOMBO VENEZOLANA. (DECRETO 1771 DE 2015)

18-11-15

 

Para la Corte, el levantamiento de la restriccin que fij la Ley 1532 de 2012 para actualizar la base de beneficiarios del programa Mas Familias en Accin supera el juicio de conexidad, en la medida en que apunta de manera exclusiva a la crisis humanitaria derivada de la situacin fronteriza, mediante un apoyo econmico a todas aquellas familias con menores de edad para garantizar su alimentacin saludable, desarrollo integral y permanencia en el sistema escolar. En el mismo sentido, las medidas que adopta el Decreto 1771 de 2015 aprueban el juicio de finalidad, ya que ofrecen una atencin social integral a las personas desplazadas en la frontera por decisiones ajenas al Estado colombiano. De igual manera, superan el juicio de necesidad, teniendo en cuenta que la coincidencia temporal entre la emergencia y el perodo electoral de las autoridades locales en el 25 de octubre de 2015 y los criterios actuales de focalizacin del gasto social, constituan barreras administrativas para atender la crisis fronteriza. Tambin, existe un balance proporcional entre la gravedad de los problemas y las medidas de excepcin, que ofrecen un beneficio incuestionable para una masa de poblacin considerable que se encuentra en una situacin de extrema vulnerabilidad. El riesgo de utilizacin de recursos pblicos con fines electorales no es desproporcionado, porque la correcta utilizacin de los recursos pblicos est sometida a la inspeccin y vigilancia de los rganos de control competentes, la cual debe ser especialmente cuidadosa cuando se trata de preservar el adecuado destino de recursos pblicos dirigidos a la poblacin vulnerable. As mismo, la medida adoptada no supone un detrimento del erario pblico, pues bajo el principio constitucional de solidaridad, es factible concluir que ante una situacin de emergencia el gasto social del Estado deba aumentar para garantizar la proteccin de derechos fundamentales de los ciudadanos, sin que suponga una carga para los dems beneficiarios del programa, puesto que la inclusin de la poblacin de la frontera no desplaza o elimina su derecho a acceder a la misma atencin, razn por la cual, tampoco existe una vulneracin de la prohibicin de discriminacin entre los beneficiarios del programa Ms Familias en Accin.

 

 

Comunicado 53

C-701/15

LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ

 

MEDIDAS TRIBUTARIAS TRANSITORIAS PARA ESTIMULAR LA ACTIVIDAD ECONMICA Y CONJURAR LA CRISIS ECONMICA, HUMANITARIA Y SOCIAL EN MUNICIPIOS SEALADOS EN NORMA QUE DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA EXENCION TRIBUTARIA DE IVA PARA VENTAS DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN MUNICIPIOS COBIJADOS POR ESTADO DE EMERGENCIA. (DECRETO 1818 DE 2015)

18-11-15

 

Adelantada la revisin constitucional del Decreto Legislativo 1818 de 2015, la Corte concluy que las medidas adoptadas contenidas en los artculo 1 a 6, orientadas a eximir del IVA las ventas de los bienes indicados en el mismo decreto, realizadas tanto en los municipios sealados en el artculo 1 del decreto 1770 de 2015, como desde el resto del territorio nacional a estos municipios, satisfacen plenamente los requisitos formales y materiales que se desprenden de la propia Constitucin (art. 215) y de la Ley Estatutaria de los Estados de excepcin (Ley 137 de 1994). De igual modo, las citadas disposiciones se ajustan a la Constitucin y a los tratados sobre derechos humanos, en cuanto que (i) no establecen limitaciones y restricciones a los derechos y libertades; (ii) no entraan discriminacin alguna fundada en razones de raza, lengua, religin, origen nacional o familiar, opinin poltica o filosfica; (iii) no suspendan los derechos humanos ni las libertades fundamentales; (iv) no interrumpen el normal funcionamiento de las ramas del poder pblico ni de los rganos del Estado; (v) no suprimen ni modifican los organismos y funciones bsicas de acusacin y juzgamiento; y (vi) tampoco desmejoran los derechos sociales de los trabajadores. Por el contrario, a travs de las medidas contenidas en el decreto legislativo se busca garantizar los derechos de la poblacin que result afectada por la crisis humanitaria, econmica y social derivada de la migracin masiva desde Venezuela y el cierre de la frontera, las cuales han generado, entre otros efectos, escasez de productos y por tanto, la sbita inflacin en el precio de los bienes de primera necesidad y la afectacin de los sectores productivos y comerciales.

 

Comunicado 53

C-702/15

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

 

MEDIDAS ESPECIALES PARA GARANTIZAR LA REUNIFICACIN FAMILIAR DE LOS CIUDADANOS COLOMBIANOS DEPORTADOS, EXPULSADOS O RETORNADOS DE MANERA FORZOSA AL PAS (DECRETO 1771 DE 2015)

18-11-15

 

La Corte encontr que el contenido y alcance de las medidas decretadas, su mbito de aplicacin y el efecto que ellas producen est claramente relacionado y delimitado a facilitar la reunificacin familiar y constituyen herramientas para proteger y garantizar los derechos, especialmente de los menores de edad que requieren de la proteccin de sus padres. A su juicio, es claro que las medidas ordenadas por el decreto examinado, tienen plena conexidad con las causas del Estado de Emergencia declarado mediante el Decreto 1770 de 2015 y estn dirigidas a paliar las dificultades en que se encuentran las familias conformadas por ciudadanos colombianos y venezolanos, que fueron afectadas por las deportaciones del vecino pas, de tal forma que los trmites para llevar a cabo su reunificacin en Colombia se puedan hacer de forma ms gil al flexibilizar requisitos formales y excluir ciertos tributos. En efecto, la exencin del requisito de apostilla, simplifica las gestiones para la obtencin de documentos que les permitirn a los ciudadanos venezolanos que hicieren parte de familias de colombianos que estn siendo deportados, establecerse legalmente en el territorio nacional, o para solicitar la nacionalidad colombiana por adopcin, facilitando de esta manera, la consecucin de la documentacin requerida y as lograr la reunificacin inmediata de estas familias, conjurando algunas de las causas de la perturbacin del orden econmico y social en la zona de frontera. La misma finalidad se posibilita con la exencin del pago de tasas por los servicios migratorios descritos. En igual sentido, se consider necesario eximir de las sanciones econmicas impuestas por Migracin Colombia a las personas que por cuenta del cierre de fronteras, se vieron forzadas a ingresar al pas por lugares distintos a los Puestos de Control Migratorio, de manera que se regularice su permanencia en el territorio nacional mediante la concesin de permisos especiales y el trmite de naturalizacin como colombianos y as la reintegracin del ncleo familiar.

Comunicado 53

C-703/15

 

JORGE IVAN PALACIO PALACIO

 

MEDIDAS DE EXCEPCIN PARA PROCURAR SOLUCIONES DE VIVIENDA PARA LOS COLOMBIANOS QUE SE VIERON OBLIGADOS A SALIR DE VENEZUELA DE MANERA INTEMPESTIVA DEJANDO SU VIVIENDA Y BIENES (DECRETO 1819 DE 2015)

18-11-15

 

Para la Corte, las modificaciones introducidas al ordenamiento jurdico no resultan irrazonables, ni excesivas, si se tienen en cuenta los efectos econmicos y sociales vinculados con los hechos acaecidos en la frontera colombo venezolana y la necesidad de atender en forma pronta y eficaz a las personas que necesitan de una solucin para desarrollar sus proyectos de vida en condiciones dignas, lo cual constituye un fin constitucionalmente legtimo. Adems, la Corte constat que las disposiciones del Decreto 1819 de 2015 no vulneran ninguno de los derechos intangibles listados en el artculo 4 de la Ley 137 de 1994, Estatutaria de los Estados de Excepcin. La prioridad que se da a los municipios afectados para ser beneficiarios de los recursos y programas de vivienda tiene plena justificacin en la situacin de crisis humanitaria generada por las autoridades venezolanas en la frontera y busca conjurar las condiciones de estas personas que se vieron despojadas de su vivienda y bienes.

Comunicado 53

C-704/15

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

 

LEY ANUAL DE PRESUPUESTO DE 2015 - COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL INSTITUTO GEOGRFICO AGUSTN CODAZZI PARA LA CONTRATACIN DE DETERMINADAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS. (ARTCULO 123 DE LA LEY 1737 DE 2014)

18-11-15

 

La Corte considera que la norma acusada no hizo parte del proyecto de ley de presupuesto para el ao 2015 presentado por el Gobierno ante el Congreso, sino que fue integrada a la ponencia para segundo debate ante la plenaria del Senado. En virtud de esta disposicin, la contratacin de levantamientos topogrficos, planmetros, georreferenciaciones, individualizacin e identificacin predial, clasificacin de campo, estudios detallados de suelos, diagnsticos prediales y de tenencia de la tierra, cartografa bsica y generacin de ortofotos como insumo para dichas actividades, debe realizarse a travs del Instituto Geogrfico Agustn Codazzi, con exclusin de otros posibles oferentes. La Corte encontr que el artculo 123 de la Ley 1737 de 2014 incumple con el criterio de temporalidad, propio de las normas de la ley anual de presupuesto.

 

Comunicado 53

C-705/15

MYRIAM AVILA ROLDAN

ESTATUTO DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS ACTOS, TTULOS Y DOCUMENTOS SUJETOS A REGISTRO. (PARGRAFO 1 DEL ARTCULO 4 DE LA LEY 1579 DE 2012)

18-11-15

 

La Corte observ que la interpretacin literal, sistemtica e histrica permite concluir que de la disposicin demandada no se desprende, en modo alguno, la obligacin de elevar a escritura pblica el acta de conciliacin. Su validez y eficacia se produce inmediatamente es suscrita por las partes y el conciliador. Una vez ello ocurre, hace trnsito a cosa juzgada y presta entonces mrito ejecutivo segn las normas vigentes sobre la materia. Precis, que en el caso de la disposicin demandada, del acta de conciliacin surge una obligacin de hacer que impone a las partes y al conciliador asistir a una notara con el propsito de perfeccionar el ttulo de transferencia que, posteriormente, ser registrado en la oficina de instrumentos pblicos. Conforme a ello, el acta de conciliacin desde el momento mismo que cumple las condiciones previstas en el artculo 1 de la Ley 640 de 2001, produce todos sus efectos. Considerando que en varios apartes de la demanda se indica que el pargrafo 1 del artculo 4 de la Ley 1579 de 2012 o bien ha establecido la exigencia de elevar a escritura pblica el acta de conciliacin o bien ha condicionado la produccin de sus efectos a la observancia de tal requisito, la Corte encontr que el cargo carece de certeza. En consecuencia, se impona una decisin inhibitoria.

Comunicado 53

C-720/15

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

SISTEMA ESPECFICO DE CARRERA ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL, AEROCIVIL CLASIFICACIN DE EMPLEOS. (NUMERAL 1 DEL ARTCULO 13 DEL DECRETO 790 DE 2005)

25-11-15

 

La Corte Constitucional encontr que la norma resultaba inexequible con base en los siguientes argumentos: (i) En primer lugar, reiter la importancia del principio de Carrera Administrativa para el Estado Social de Derecho, el cual fue catalogado como un eje definitorio de la Constitucin de 1991 en la sentencia C-588 de 2009. Al mismo tiempo, la Corte advirti, que para exceptuar un cargo pblico de la aplicacin del principio de la carrera consagrado en el artculo 125 de la Constitucin, se requiere superar el test de la razn suficiente que justifique el establecimiento de la excepcin por el legislador, fundamentalmente, basada en que las funciones del cargo sean de tipo directivo, de manejo, conduccin u orientacin institucional o que requieran de un alto grado de confianza del nominador. (ii) Luego de hacer el examen de la normatividad y del manual de funciones que regulan el cargo de Inspector de Seguridad Area de la Unidad Administrativa Especial de Aeronutica Civil, la Corte constat que no se cumpla con ninguno de los requisitos para excluirlo del rgimen especfico de carrera regulado mediante el Decreto 790 de 2005. (iii) Por ltimo, el tribunal constitucional reafirm los criterios establecidos en la sentencia SU-446 de 2011 respecto de la importancia que tienen los concursos de mrito como ejercicio del principio de igualdad de oportunidades de acceso a la administracin pblica y de la eficiencia administrativa, en particular, en cuanto considera transcendental que entre los factores a calificar la experiencia especfica o cualificada en el ejercicio de las funciones propias del cargo objeto de concurso o cargos iguales o similares debe tener una valoracin. Aunque esta Corporacin ha proscrito todo trato distinto entre los aspirantes que se desempeaban un cargo en provisionalidad con el resto de los concursantes, en esta oportunidad, reiter que no resulta ni discriminatorio ni irrazonable que entre los criterios de seleccin que debe fijar la comisin de carrera respectiva, la experiencia en funciones iguales o similares sea valorada.

Comunicado 54

C-721/15

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

CDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SILENCIO ADMINISTRATIVO EN RECURSOS (EXPRESIN DEL INCISO 4 DEL ARTCULO 86 DE LA LEY 1437 DE 2011)

25-11-15

 

La Corporacin determin que la calificacin como falta gravsima de la no resolucin oportuna de los recursos establecidos en el CPACA no vulnera el principio de unidad de materia, por cuanto guarda conexin temtica con las materias reguladas por este Cdigo, relacin que puede darse desde diversas pticas: a) existe conexidad causal, por cuanto para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la ley no solamente se pueden contemplar normas regulatorias sino tambin otras, en virtud de las cuales, se sancione a los funcionarios que las incumplan. Dentro de las funciones esenciales del derecho disciplinario est precisamente, la de asegurar el cumplimiento de los fines del Estado y de los principios de la administracin pblica mediante la conminacin con una sancin de conductas que desconozcan los deberes del cargo; b) Existe conexidad temtica, pues la sancin que la norma autoriza imponer se refiere precisamente al incumplimiento de un procedimiento y de un trmino establecidos en la misma ley; c) existe conexidad sistemtica, porque esta norma complementa el sistema de normas que regulan el procedimiento administrativo; y d) existe conexidad teleolgica ya que hay una identidad en los fines u objetivos que persigue la ley tanto en su conjunto general, como en cada una de sus disposiciones en particular, en la medida en que se busca el cumplimiento de los fines del Estado y en concreto, que se d una respuesta oportuna a los administrados, en este caso, a los recursos que se interponen. Igualmente, considera la Corte que resulta desproporcionado castigar con la mxima sancin que se puede imponer, sin ninguna graduacin, por un vencimiento de trminos legales que no afecte otros bienes jurdicos, lo cual implicara consecuencias muy graves respecto de los derechos polticos y laborales del servidor pblico, tal como lo seal la Corte en sentencia C-951/94, sobre una norma anloga. A su juicio, en cada caso concreto, la autoridad disciplinaria deber definir si la falta tiene la entidad de ser leve o grave, de acuerdo con los criterios legales contemplados en el artculo 43 de la Ley 734 de 2012.

 

 

Comunicado 54

 

C-722/15

 

MYRIAM AVILA ROLDAN

 

NORMA QUE DESARROLLA EL DECRETO 1770 DE 2015 Y SE AUTORIZA EL TRFICO FRREO EN MUNICIPIOS DE BOSCONIA, ALGARROBO, FUNDACIN Y ZONA BANANERA. (DECRETO 1802 DE 2015)

 

25-11-15

 

Para la Corte, si bien es cierto que la grave afectacin econmica para el Departamento de Norte Santander y las personas que trabajan en ese sector que se produce con el cierre de la frontera con Venezuela, justifica la necesidad de transportar el carbn a un puerto nacional para su exportacin, de ello no se sigue que sea igualmente necesario hacerlo por la red frrea, pues como lo seala el propio decreto legislativo examinado, existen tres alternativas para realizar este transporte, que se diferencian en seguridad, tiempo, impacto ambiental, volumen transportado y el costo de la operacin. Al considerar las ventajas y desventajas de cada una, el Gobierno se inclin por el transporte en tracto camiones por carretera de la zona de almacenaje o acopio a un punto de la red frrea y desde ah en tren hasta el puerto martimo. Se aduce al defender la constitucionalidad del decreto que el costo es el criterio determinante para definir esta alternativa de transporte y que el amparo de derechos fundamentales concedido por la Corte Constitucional es irrelevante. Sin embargo, la autorizacin dada en el Decreto 1802 de 2015 se opone de manera evidente y directa a la orden de suspensin dada en la sentencia T-672 de 2014 de transporte ferroviario de carbn en los lugares donde la va se encuentre a menos de 100 metros a lado y lado de comunidades o viviendas del municipio de Bosconia, todos los das entre las 10:30 p.m. y las 4:30 a.m. Con fundamento en los medios de prueba decretados y recaudados por la Corte, se tiene que la autoridad responsable de verificar el cumplimiento de la Sentencia T-672 de 2014, que es el Tribunal Administrativo del Cesar, no ha declarado el cumplimiento de las rdenes impartidas. Si bien hay informes de la ANLA que permiten advertir que se han implementado algunas medidas, es al citado tribunal a quien corresponde determinar el cumplimiento de las rdenes contenidas en la sentencia de la Corte, lo cual an no lo ha hecho. Mientras el juez no declare el cumplimiento de la sentencia T-672 de 2014, la suspensin del transporte ferroviario en ella ordenada est vigente y debe respetarse. La deficiencia argumentativa respecto del potencial riesgo del trabajo de las personas relacionadas con el sector carbonfero del Departamento de Norte de Santander, que es la base para argumentar que el transporte por red ferroviaria sin restricciones de horario es necesario, por su menor costo, no permite deducir que exista en realidad una necesidad fctica y menos an jurdica, de adoptar esa medida que afecta los derechos fundamentales de los habitantes del municipio de Bosconia. No es posible cotejar y menos an ponderar, un riesgo potencial que no se cuantifica, califica y precisa, con la vulneracin o amenaza de derechos fundamentales reconocida por una autoridad judicial. El argumento de un costo incierto e impreciso no puede ser y no es suficiente, dentro de un Estado social y democrtico de derecho para justificar el desconocimiento de una decisin del juez constitucional de amparo de derechos fundamentales, esto es, del ejercicio de la competencia de otra rama del poder pblico que no puede ser ignorada ni siquiera por medidas de excepcin. Por lo tanto, en lo relativo al municipio de Bosconia, el decreto examinado no super el juicio de necesidad (art. 11 de la Ley Estatutaria de los Estados de excepcin).

 

 

Comunicado 54

 

C-723/15

 

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

 

MEDIDAS DENTRO DEL ESTADO DE EMERGENCIA PARA INCENTIVAR LA ACTIVIDAD ECONMICA Y CREACIN DE EMPLEO (DECRETO 1820 DE 2015)

 

25-11-15

 

La Corte verific que el Decreto Legislativo 1820 de 2015 cumple con los requisitos formales de las normas dictadas al amparo de la emergencia econmica, social y ecolgica, se circunscribe a los lmites impuestos por las disposiciones y se sujeta a los lmites impuestos por las disposiciones que integran el bloque de constitucionalidad aplicable a la materia y acredita condiciones de conexidad, finalidad, necesidad y proporcionalidad que se exigen de las medidas.

 

 

Comunicado 54

 

C-724/15

 

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

 

NORMA QUE AMPLA LA DESTINACIN DE RECURSOS PARA PROMOVER LA EMPLEABILIDAD Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIN AFECTADA POR LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLGICA (DECRETO 1821 DE 2015)

 

25-11-15

 

En primer lugar, la Corte constat que el Decreto Legislativo 1821 de 2015, cumpli con el requisito de conexidad de las medidas con las causas que dieron lugar a la declaratoria del estado de emergencia econmica, social y ecolgica en parte del territorio nacional, mediante Decreto 1770 de 2015, considerando la necesidad de conjurar la crisis econmica producida por el cierre unilateral de la frontera con Venezuela, en particular en el sector del mercado laboral y la empleabilidad. En segundo lugar, la Corporacin determin que las medidas adoptadas estn teleolgica y especficamente dirigidas a conjurar la crisis, para la cual se permite la liberacin y el uso de recursos provenientes del 30% del punto adicional del recaudo sobre la renta para la equidad CREE para las vigencias 2013 y 2014, as como el Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Proteccin al Cesante, FOSFEC, de manera que se promueva fuentes de empleo y de mejores condiciones de vida de la poblacin afectada por la emergencia en la zona de frontera, para lo cual debe ser identificada y registrada, con el fin de asegurar que esos recursos lleguen efectivamente a estas personas. As mismo, la medida resulta idnea y proporcional a las finalidades buscadas con la misma normatividad, toda vez que se trata de una medida de carcter temporal y solo alude recursos no ejecutados o remanentes, que no hayan sido comprometidos en esta vigencia, de manera que no se afecta el adecuado funcionamiento del FOSPEC. De igual modo, la Corte verific que las medidas adoptadas por el Decreto 1821 de 2015 son indispensables para enfrentar los factores que dieron lugar a declarar el estado de emergencia, puesto que a travs de ellas se puede contribuir a la mitigacin y superacin de la situacin que la origin, para lo cual se requieren recursos y la intervencin pblica para promover el mercado laboral, la empleabilidad, la generacin de nuevos empleos y de ingresos, con el propsito de proteger las economas locales de los efectos del aumento de la participacin laboral. Finalmente, el tribunal constitucional estableci que las medidas son proporcionales en sentido estricto, por cuanto se encuentran dirigidas a incentivar y reactivar la economa en la regin afectada a partir de la generacin de empleo y de ingresos para las personas y familias afectadas, sin desconocer otros principios o derechos constitucionales o afectar otros programas o proyectos de inversin prioritarios cuya financiacin est ya comprometida con recursos del CREE o del FOSFEC. Tampoco implica la suspensin de derechos humanos y libertades fundamentales que se consideran intangibles, ni la interrupcin del funcionamiento normal de las ramas y rganos del poder pblico

 

Comunicado 54

C-725/15

MYRIAM AVILA ROLDAN

 

CODIGO CIVIL INHABILIDAD PARA CONDENADOS POR MAS DE CUATRO AOS Y EXTRANJEROS PARA SER TESTIGOS DE MATRIMONIO (NMERALES 8 Y 9 DEL ARTCULO 127 DEL CDIGO CIVIL)

25-11-15

 

La Corte consider que la inhabilidad de las personas condenadas a reclusin de ms de cuatro aos, lleva consigo la imposicin de una sancin permanente a quienes se encuentren en esa situacin, tachndolos de manera indefinida, contraviniendo la finalidad socializadora de la pena, presumiendo su mala fe y su incapacidad de ofrecer credibilidad, no obstante haber cumplido su condena y hallarse reintegrados a su entorno social. De esta manera, no encuentra que la medida examinada sea efectivamente conducente a la finalidad de la misma orientada a garantizar la idoneidad de los testigos del matrimonio, porque sacrifica garantas constitucionales fundamentales de manera irrazonable. Por otro lado, encontr conforme a la Constitucin la inhabilidad para ser testigos de matrimonios de los extranjeros no residentes en Colombia, teniendo en cuenta que la misma Constitucin autoriza que por razones de orden pblico, se justifica el trato diferenciado a los extranjeros y que, en todo caso, las razones que fundamentan la medida son razonables y no contravienen ningn derecho. Si bien es cierto que ser testigo de matrimonio no es un derecho subjetivo autnomo sino la expresin de la capacidad que se reconoce a las personas, el legislador opt por restringir esta posibilidad solo a los nacionales y a los extranjeros domiciliados en Colombia. Esto ltimo evidencia que la real intencin de la norma legal no era proscribir la participacin de testigos extranjeros en los matrimonios civiles celebrados ante juez, sino asegurarse que los mismos estuvieran al tanto de la normatividad e implicaciones del matrimonio en el pas, asunto del que se presume son ajenos quienes no habiten en el territorio nacional, as como a la cotidianidad de la pareja que contrae matrimonio. La Corte no observa que se haya desconocido ningn deber constitucional o que exista la obligacin de habilitar a los extranjeros no domiciliados en Colombia como testigos de matrimonio civil ante juez.

 

 

Comunicado 54

 

C-726/15

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

 

NORMA QUE MODIFICA EL ESTATUTO TRIBUTARIO Y SE CREAN MECANISMOS DE LUCHA CONTRA LA EVASIN - CONTRIBUCIN PARAFISCAL A COMBUSTIBLE DENOMINADA DIFERENCIAL DE PARTICIPACIN (ARTCULOS 69 Y 70 DE LA LEY 1739 DE 2014)

 

25-11-15

 

La Corte encontr que los artculos 69 y 70 demandados de la Ley 1739 de 2014 fueron incluidos en la Plenaria del Senado de la Repblica, esto es, despus del primer debate (comisiones conjuntas de Cmara y Senado), sin que en desarrollo del mismo fueran objeto de deliberacin o aprobacin, es decir, fue una adicin nueva al proyecto de ley presentado por el Gobierno Nacional y al debido en primer debate. Tenan como tema principal la creacin de un nuevo tributo en la forma de contribucin parafiscal denominada diferencial de participacin. Esta nueva renta tena como finalidad financiar de manera especial el Fondo de Estabilizacin de Precios de los Combustibles (FEPC), para atenuar las fluctuaciones en los precios de los mismos. El artculo estableci los elementos del tributo: el hecho generador, la base gravable, la tarifa, el sujeto pasivo y los perodos de pago. La Corte observ que las disposiciones acusadas no guardan relacin temtica con el tema esencial y limitado del proyecto de ley presentado por el Ministro de Hacienda. En efecto, el texto normativo puesto a consideracin del Congreso por parte del Gobierno Nacional tena como tema central la modificacin y creacin de tributos y mecanismos de lucha contra la evasin, limitados a la generacin de ingresos con destino al Presupuesto General de la nacin para el ao 2015, por $12.5 billones de pesos. Por su parte, las normas demandadas crearon un nuevo tributo en la modalidad de contribucin parafiscal, con la finalidad de financiar el Fondo de Estabilizacin de Precios de los Combustibles, sin que tales ingresos se destinaran al balance del PGN para el ao 2015. En ese orden, la Corporacin concluy que los artculos 69 y 70 desconocieron el principio de identidad flexible.

 

Comunicado 54

C-727/15

MYRIAM AVILA ROLDAN

CDIGO CIVIL EFECTOS DE LA NULIDAD RESPECTO DE LOS HIJOS. (EXPRESIN DEL ARTCULO 149 DEL CDIGO CIVIL)

25-11-15

 

En este caso, la Corte se propuso resolver si la declaracin de nulidad de un matrimonio, que trae como consecuencia el pago de los gastos de alimentos y educacin de los hijos a cargo del cnyuge culpable, siempre que ste tuviere los medios para ello de acuerdo con lo dispuesto en el aparte final del artculo 149 del Cdigo Civil, desconoca la Constitucin y en particular, el derecho a la igualdad entre los miembros de la pareja respecto de las obligaciones y derechos que se desprenden de la paternidad (arts. 13, 42 y 43 C.Po.). La conclusin de la Corte es que el aparte acusado efectivamente desconoce la Constitucin, pues al confundir los efectos de la disolucin del vnculo matrimonial como consecuencia de la nulidad, con los deberes paterno-filiales, pone en el mismo plano situaciones muy distintas y por esta va desconoce la imposibilidad de renunciar a las obligaciones que le asisten a los padres frente a sus hijos, independientemente del vnculo que una a la pareja. La Corte parte de que el rgimen constitucional y legal reconoce iguales derechos y deberes entre los integrantes de la pareja y en relacin con sus hijos. Del matrimonio se desprenden efectos personales y patrimoniales de diversa ndole, pero cuando el vnculo se disuelve, permanecen en general algunas de las obligaciones econmicas entre los cnyuges y se mantienen las relaciones paterno-filiales con respecto a los hijos. Este reconocimiento se funda en la proscripcin de cualquier distincin entre los integrantes de la pareja en tanto sujetos con plena capacidad jurdica para desarrollar y orientar las relaciones con sus hijos. Para la Corte, la disposicin acusada, al imponer la obligacin alimentaria al cnyuge culpable en los caos de nulidad del matrimonio, traslada los efectos de la conducta culpable de una de las partes del vnculo matrimonial al mbito de las relaciones paterno-filiales, eliminando entonces para una de ellas el deber que primigeniamente corresponde a quienes integran la pareja. Esta imposicin legal tiene a su vez un carcter sancionatorio.

 

 

 

Comunicado 54

C-728/15

LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ

NORMAS QUE REGULAN EL RGIMEN LABORAL Y DISCIPLINARIO DE LOS TRABAJADORES DE SATENA S.A. (ARTCULO 6 Y 7 DE LA LEY 1427 DE 2010)

25-11-15

 

En primer trmino, la Corte determin que no es viable el control frente al artculo 7 de la Ley 1472 de 2010, porque la demanda fue propuesta cuando sus efectos jurdicos haban cesado. En cuanto al artculo 6 de la Ley 1427 de 2010, ninguno de los cargos formulados es susceptible de ser valorado por el juez constitucional.

Comunicado 54

 

C-741/15

 

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

 

CODIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DICTAMEN DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL QUE CONCLUYA EN LA IMPOSIBILIDAD DE CONSENTIMIENTO DEL PADRE O MADRE POR CAUSA DE ENFERMEDAD MENTAL O PSIQUICA PARA DAR HIJO EN ADOPCIN, MANERA IDNEA Y VLIDA. (ARTCULO 66 DE LA LEY 1098 DE 2006)

 

01-12-15

 

El aparte demandado del artculo 66 presupone que a las personas que aqueja alguna enfermedad mental no se encuentran en condiciones de dar su consentimiento vlido e idneo, con el lleno de los requisitos exigidos por la propia ley, la jurisprudencia de esta Corte y los estndares internacionales en la materia. En principio, la Corporacin encontr que la disposicin demandada se inspira en una finalidad constitucional legtima, como lo es la proteccin de los derechos fundamentales de los nios, nias y adolescentes con prevalencia del inters superior del menor, en aquellos casos extremos cuando el legislador presupone implcitamente que estn amenazados en su vida, integridad y bienestar integral por el estado de enfermedad mental o psquica que sufran sus padres, situacin que llevara consigo la necesidad de una intervencin del Estado con el fin de adelantar proceso de adopcin sin el consentimiento de los progenitores. No obstante, la Corte consider que la norma, tal como est formulada por el legislador, termina por afectar la proteccin a la institucin de la familia y el derecho a no ser separado de ella, los derechos de los nios, nias y adolescentes y la prevalencia del inters superior del menor de edad, as como los requisitos para la adopcin, ya que se configurara un trato desigual y discriminatorio para las personas en estado de discapacidad en razn de la misma y desconocera por tanto los derechos de los padres que se encuentran en situacin de discapacidad. En consecuencia y en aplicacin de los principios pro legislatore y de conservacin del derecho, la Corte determin que deba excluirse del ordenamiento jurdico la interpretacin del precepto acusado que resulta abiertamente contraria a la Constitucin. Para la Corte, solo puede considerarse que falte el padre o madre por causa de enfermedad mental o psquica, para efectos de manifestar su consentimiento en la adopcin de su hijo, cuando se tenga establecido en un caso concreto, mediante valoracin realizada por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que concluya en la imposibilidad para otorgar un consentimiento idneo legal y constitucionalmente. En este sentido, condicion la exequibilidad de la expresin demandada que se integr a la frase final que hace mencin a dicho instituto.

 

Comunicado 55

C-742/15

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

MEDIDA TEMPORAL Y EXCEPCIONAL PARA LOS PUERTOS CARBONEROS CONCESIONADOS DE SERVICIO PRIVADO HABILITACIN DE PUERTOS PRIVADOS PARA EL TRANSPORTE DE CARBON. (DECRETO 1977 DE 2015)

02-12-15

 

El Decreto Legislativo 1977 de 2015 permite el transporte de carbn que se produce en un conjunto de municipios del Norte de Santander cobijados por el estado de emergencia, a travs de puertos martimos privados. Por este servicio se pagar la misma suma de dinero que reciben los puertos pblicos y al momento de calcular la contraprestacin que las sociedades portuarias deben pagar al Estado por concepto de la concesin, se excluirn los volmenes transportados en ejecucin de estas medidas. Con esta medida, se pretende superar el deterioro del comercio y las dificultades para el transporte del carbn hacia Venezuela desde los municipios cobijados por las medida de excepcin, por lo cual, la Corte consider que exista conexidad con la situacin de emergencia generada por el cierre unilateral de la frontera con Venezuela. Si bien es cierto que el decreto examinado adopta medidas que en alguna forma intervienen el principio de autonoma de la voluntad, al imponerle a los puertos de servicio privado que transporten carbn bajo las tarifas de los puertos pblicos, tambin lo es, que no les prohbe continuar con el normal ejercicio de sus negocios y en cambio prev salvaguardas de sus intereses, dado que establece las tarifas que debern pagar de acuerdo a un esquema definido por el Estado, pero diseado para no generar prdidas en la operacin. Por ello, no se encontraron razones para suponer que se atenta contra el ncleo esencial de este derecho, ni una alteracin definitiva del rgimen constitucional y legal que regula las materias portuarias. De igual modo, las medidas adoptadas a travs del Decreto 1977 de 2015 tambin superan el juicio de intangibilidad, puesto que no tocan ni interfieren el ejercicio de ninguno de los derechos mencionados en el artculo 4 de la Ley Estatutaria de los Estados de Excepcin.

 

 

 

Comunicado 55

C-743/15

MYRIAM VILA ROLDN

 

NORMA QUE MODIFICA EL ESTATUTO TRIBUTARIO Y SE CREAN MECANISMOS DE LUCHA CONTRA LA EVASIN CONDICIN ESPECIAL PARA EL PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES,TRIBUTOS ADUANEROS Y SANCIONES REGLAS DE AMNISTIA TRIBUTARIA. (ARTCULO 57 DE LA LEY 1739 DE 2014)

02-12-15

 

La Corte reiter los criterios estrictos conforme a los cuales se debe juzgar la constitucionalidad de las amnistas y saneamientos en materia tributaria, medidas que deben ser estrictamente necesarias para alcanzar la finalidad propuesta, por cuanto los problemas de eficiencia o eficacia del aparato estatal no pueden resolverse a costa de la igualdad tributaria y de la abdicacin del Estado de derecho, que se funda no solo en el respeto de los derechos, sino tambin en el acatamientos de los deberes y en la seguridad de que el Estado impondr su observancia. Record, que la ley no puede restarle efectividad a los deberes de solidaridad y en especial al de tributacin y reafirm que las amnistas tributarias, transformadas en prctica constante, erosionan la justicia y la equidad tributaria. A juicio de la Corte, las reglas contenidas en el artculo 57 de la Ley 1739 de 2014 que instrumentan las medidas de amnista tributaria, no superan el juicio estricto de proporcionalidad. Si bien las medidas adoptadas persiguen un fin constitucionalmente imperioso, en cuanto buscan optimizar las actividades de recaudo de las obligaciones tributarias pendientes de pago, de las cuales depende en buena medida el cumplimiento efectivo de las funciones del Estado Social, no es posible considerarlas como efectivamente conducentes. Para la corporacin, no cabe duda que la creacin regular de medidas tributarias de amnista puede resultar contraproducente para alcanzar el propsito de obtener oportunamente la contribucin a cargo de cada uno de los ciudadanos. Aunque a corto plazo las amnistas permiten alcanzar valiosos objetivos de poltica fiscal en tanto facilitan el recaudo y amplan la base tributaria sin incurrir en los costos que generan los mecanismos de fiscalizacin y sancin, cuando se transforman en prctica constante pueden desestimular a los contribuyentes de cumplir a tiempo con sus obligaciones tributarias, ante la expectativa de aguardar hasta la prxima amnista y as beneficiarse de un tratamiento fiscal ms benigno del que se dispensa a quienes atendieron sus obligaciones puntualmente. En ltimas, la proliferacin de este tipo de mecanismos puede conducir a que, en trminos econmicos, resulte irracional pagar a tiempo los impuestos.

 

Comunicado 55

 

C-744/15

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

 

NORMA QUE MODIFICA EL ESTATUTO TRIBUTARIO Y SE CREAN MECANISMOS DE LUCHA CONTRA LA EVASIN - CONTRIBUCIN PARAFISCAL A COMBUSTIBLE DENOMINADA DIFERENCIAL DE PARTICIPACIN (ARTCULOS 69 Y 70 DE LA LEY 1739 DE 2014)

 

02-12-15

 

Cosa juzgada constitucional en sentencia C-726 de 2015

Comunicado 55

C-745/15

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

 

NORMA QUE CREA Y ORGANIZA EL SISTEMA DE DEFENSA TCNICA Y ESPECIALIZADA DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PBLICA. (LEY 1698 DE 2013)

 

02-12-15

 

La Corte reitera que el juicio de igualdad debe hacerse entre sujetos que se encuentren en las mismas condiciones (igualdad entre iguales), por lo que al estar militares y policas en condiciones excepcionales de riesgo, se justifica el trato diferenciado que la regulacin demandada les ofrece. Al respecto, record que lo genera discriminacin y por ende, violacin al derecho a la igualdad, es que aquel tratamiento desigual sea injustificado, lo cual no ocurre en el presente caso. De otra parte, la corporacin consider que la decisin del legislador de crear mltiples sistemas de defensora pblica para optimizar la proteccin del derecho a la defensa tcnica de manera especfica y exclusiva a ciertos sectores de la poblacin, en este caso, de los militares y policas, no lesiona la supremaca constitucional, por cuanto del margen de potestad de configuracin que le asiste al legislador, puede focalizar su atencin en grupos de poblacin que por sus particularidades, requieran de alternativas de representacin judicial diferenciada, teniendo en cuenta que ese tipo de medidas aumentan el estndar del servicio de defensora pblica que tiene como objeto la proteccin efectiva del derecho fundamental de defensa tcnica. En el caso de los miembros de la fuerza pblica, la Corte record que en la sentencia C-044/15, el principio de correspondencia justifica la creacin de este sistema paralelo de defensora pblica, dado que en razn del riesgo permanente al que estn expuestos sus integrantes en defensa de la independencia nacional, las instituciones pblicas y los derechos de todas las personas (arts. 2 y 221 C.Po.), el Estado est obligado a garantizar su defensa tcnica teniendo en cuenta que hay un ejercicio legtimo de la fuerza, en la tarea que desarrollan. Finalmente, en relacin con el debido proceso, el tribunal constitucional tampoco encontr afectacin alguna con la creacin del mencionado Sistema de defensa Tcnica y Especializada, puesto que la regulacin legal y de las atribuciones asignadas a los rganos de administracin de dicho Sistema, no se advierten injerencias ilegtimas que puedan restar eficacia a la labor de defensa tcnica de los intereses de los miembros de la fuerza pblica que requieren de ese servicio.

 

 

Comunicado 55

C-750/15

 

ALBERTO ROJAS RIOS

 

MEDIDAS Y DISPOSICIONES PARA LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO Y LOS DEMS SECTORES QUE REQUIERAN EXPROPIACIN EN PROYECTOS DE INVERSIN QUE ADELANTE EL ESTADO INDEMNIZACIN JUSTA EN CASO DE EXPROPIACIN POR MOTIVOS DE UTILIDAD PBLICA NOTIFICACIN DE OFERTA DE COMPRA UNICAMENTE A POSEEDOR INSCRITO TASACIN DEL DAO POR LUCRO CESANTE, CDIGO GENERAL DEL PROCESO EXPROPIACIN, ADQUISICIN DE REAS REMANENTES (ARTCULOS 4, 6 Y 37 PARCIALES DE LA LEY 1742 DE 2014, PARGRAFO DEL ARTCULO 399 DE LA LEY 1564 DE 2012 Y ARTCULO 33 DE LA LEY 1682 DE 2013)

 

10-12-15

 

En primer trmino, la Corte se inhibi de emitir un pronunciamiento de fondo sobre los cargos de inconstitucionalidad formulados contra los incisos tercero y cuarto del artculo 4 de la Ley 1742 de 2014, debido a la falta de especificidad y suficiencia de la demanda, toda vez que la ciudadana no present los argumentos concretos que sustentaran la vulneracin del derecho de acceso a la administracin de justicia. Adicionalmente, la Corte encontr que el parmetro de constitucionalidad invocado por la demandante, fundado en el artculo 58 de la Carta, no es aplicable a las disposiciones acusadas. En segundo lugar, la Corte determin que el trato diferente que propone el artculo 4 de la Ley 1742 de 2014 es constitucional, toda vez que notificar exclusivamente al poseedor inscrito de la oferta de compra del bien se justifica en que la entidad expropiadora agilizar y facilitar el proceso de adquisicin de un predio declarado de inters pblico. Sin embargo, este Tribunal defendi la concepcin material de la posesin, denotacin que excluye la posibilidad de que la inscripcin de la detentacin de la posesin pueda ser considerada como una especie de esa institucin jurdica. Dicha conclusin se sustenta en que el registro de los predios en las oficinas de instrumentos pblicos carece de efectos posesorios, al punto que no puede fungir como una forma de restriccin de la proteccin de la posesin, puesto que es un elemento irrelevante para sta. En otras palabras, la posesin inscrita no existe en el ordenamiento jurdico colombiano. En tercer lugar, la Corte reafirm que, por regla general, de conformidad con la Constitucin Poltica, no puede existir una expropiacin sin indemnizacin previa, desembolso que debe ocurrir antes del traspaso del dominio del inmueble del particular al Estado. El tribunal constitucional concluy que la restriccin a un trmino de seis (6) meses para la tasacin del dao por lucro cesante fijado por el artculo 399 de la Ley 1564 de 2012 quebranta el artculo 58 de la Constitucin, porque impone un lmite abstracto de cuantificacin del perjuicio que impide al juez ponderar los intereses del expropiado y de la comunidad para calcular una indemnizacin justa. El lapso sealado en la norma obligara al funcionario judicial a reconocer un resarcimiento que no asegure la proteccin especial de personas discapacitadas, nios o de ancianos, casos en que el resarcimiento es restitutivo. Inclusive, la regulacin abstracta sera un obstculo para la que indemnizacin cumpla con su funcin reparatoria, pues se dejara de atender las circunstancias concretas, pese a que evaluar esos elementos es un mandato superior consignado en el artculo 58. En cuarto lugar, la Corte precis que el derecho de propiedad concede a su titular el poder de usar, usufructuar y disponer del bien, siempre y cuando se respeten las inherentes funciones sociales y ecolgicas que se derivan del principio de solidaridad. Los lmites al derecho de dominio se encuentran encaminados al cumplimiento de deberes constitucionales estrechamente vinculados con la nocin de Estado Social de Derecho, como son, la proteccin al medio ambiente, la salvaguarda de los derechos ajenos, la promocin de la justicia y la equidad y el inters general prevalente. Tales fines autorizan al Estado para restringir el derecho de propiedad y adquirir inmuebles con el fin de materializarlos. Esa labor debe realizarse en el marco de un procedimiento que respete los requisitos establecidos en la Constitucin para privar del derecho de propiedad a un sujeto de derecho, condiciones ampliamente precisadas por la jurisprudencia de la Corte. Adems, observar los parmetros constitucionales sobre indemnizacin elimina el carcter de confiscacin de una expropiacin o de la injustificada privacin del derecho de propiedad. En ese estado de cosas, esta Corporacin estim que el artculo 33 de la Ley 1682 de 2014 no quebranta los artculos 34 y 58 de la Constitucin, al permitir que la administracin adquiera reas superiores a las necesarias para ejecutar el proyecto de infraestructura de transporte, porque es una medida que: i) desarrolla la funcin social de la propiedad, habida cuenta que el Estado adquirir bienes que no son utilizables en beneficio de los particulares; ii) observa el presupuesto de propiedad til; iii) atiende a razones de justicia y equidad econmica en la negociacin del bien; y iv) no es arbitraria, dado que se encuentra sujeta a los procedimientos de adquisicin de bienes y las autoridades cancelaran al particular el precio del bien o la indemnizacin correspondiente.

 

 

 

Comunicado 56

 

A-576/15

 

MARIA VICTORIA CALLE CORREA

 

PROYECTO DE LEY APROBATORIA DEL ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL DE NATURALEZA COMERCIAL ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA (LEY 1722 DE 2014)

 

10-12-15

 

Mediante Auto 175 del 6 de mayo de 2015, la Sala Plena de la Corte Constitucional devolvi a la Cmara de Representantes la Ley 1722 de 2014, con el fin de que subsanara los vicios de procedimiento detectados en la aprobacin del proyecto de ley en cuarto debate en la Plenaria de la Cmara y del respectivo informe de conciliacin en las plenarias del Senado y Cmara. En el ordinal tercero de la parte resolutiva de la citada providencia, la Corte dispuso que finalizado el trmite en el Congreso, el Presidente de la Repblica tendra el plazo establecido en la Constitucin para sancionar el proyecto de ley cumplido lo cual remitir a la Corte Constitucional la Ley 1722 de 2014, para decidir definitivamente sobre su constitucionalidad. Entonces, era necesario que se surtiera nuevamente la sancin presidencial del proyecto de ley antes de remitirlo de nuevo a este tribunal constitucional, conforme a lo establecido en los artculos 157, numeral 4 y 241, numeral 10 de la Constitucin Poltica, requisito que no se cumpli. Segn lo previsto en el artculo 157 de la Carta, ningn proyecto ser ley sin los requisitos siguientes: 1) Haber sido publicado oficialmente por el Congreso antes de darle curso en la comisin respectiva; 2) haber sido aprobado en cada cmara en segundo debate; 3) haber sido aprobado en cada cmara en segundo debate; y 4) haber obtenido la sancin de Gobierno. Pese a lo normado, el Proyecto de ley 145 de 2012 Senado y 329 de 2013 Cmara por el cual se apruebe el Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial entre la Repblica de Colombia y la Repblica Bolivariana de Venezuela, suscrito en Caracas el 28 de noviembre de 2011 y sus seis anexos y con sus respectivos apndices suscritos en Cartagena, el 15 de abril de 2012, que surti todo su trmite constitucional y legal en el Congreso de la Repblica, no ha obtenido la sancin del Gobierno, es decir, no ha cumplido con el ltimo requisito de formacin de las leyes. En consecuencia, la Corte se inhibi de emitir un pronunciamiento de fondo sobre la ley aprobatoria del Acuerdo en mencin, hasta tanto se surta la sancin presidencial dentro del plazo establecido en el artculo 166 de la Constitucin y sea remitido de nuevo a esta Corporacin para concluir el correspondiente control de constitucionalidad.

 

Comunicado 56

C-751/15

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

MEDIDAS ADOPTADAS PARA AFILIAR AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD A LA POBLACIN MIGRANTE COLOMBIANA REPATRIADA, RETORNADA, DEPORTADA O EXPULSADA DE VENEZUELA. (DECRETO 1978 DE 2015)

10-12-15

 

La Corte determin que existe conexidad material entre el Decreto Legislativo 1978 de 2015 y el Decreto 1770 de 12015, mediante el cual se declar el estado de emergencia en una parte del territorio nacional, toda vez que el primero tiene por objeto adoptar medidas especiales que permitan garantizar el aseguramiento y prestacin de los servicios de salud a los migrantes colombianos. Las medidas adoptadas estn exclusivamente dirigidas a evitar la crisis en materia de salud de la poblacin que fue afectada con el cierre de la frontera colombo-venezolana impartida por el gobierno de Venezuela. As mismo, se busca impedir que se extienda la afectacin de los efectos del cierre fronterizo garantizando el acceso a los servicios de salud de la poblacin repatriada, retornada, deportada o expulsada de los municipios venezolanos situados en la frontera. En particular, la afiliacin de los migrantes colombianos afectados con las medidas del gobierno venezolano, al Sistema General de Seguridad Social en salud, teniendo en cuenta que la capacidad de afiliacin de las EPS-S de la regin se encuentra gravemente limitada y no permite dar cobertura a los ms de 13.000 afectados que han solicitado su incorporacin. Por esta razn, se consider necesario habilitar tambin a las EPS en proceso de liquidacin que mantienen su operacin en el rgimen subsidiado, que cuentan con indicadores aceptables para aumentar la oferta de prestadores y responder a la grave crisis humanitaria. De igual modo, las medidas tienen una relacin directa y especfica con los problemas generados por esta crisis. Por ello, excluye la posibilidad de afiliacin de personas distintas a dicha poblacin, que excedera la finalidad de la medida de emergencia y pondra en riesgo la sostenibilidad del sistema, ya que son entidades que tienen una capacidad reducida para atender exclusivamente a esta poblacin. As mismo, la Corte constat que se cumpla con el criterio de necesidad de las medidas, considerando las condiciones de aseguramiento del rgimen subsidiado en salud, en el departamento de Norte de Santander, por cuanto la habilitacin de las EPS en liquidacin para recibir como nuevos afiliados los migrantes de Venezuela, evita que se agrave la crisis humanitaria. De otra parte, la Corte verific que en efecto, como lo advierte el Gobierno Nacional, el decreto revisado implica una excepcin a lo sealado en el artculo 180 de la Ley 100 de 1993, el cual establece los requisitos previos de habilitacin que deben cumplir las entidades para que puedan ser habilitadas como Entidades promotoras de salud. Tampoco, es posible aplicar el artculo 115 del Estatuto Orgnico del Sistema Financiero, aplicable a las entidades del sector salud en liquidacin, de acuerdo con los artculos 233 de la Ley 100 de 1993 y 68 de la Ley 1753 de 2015, que autoriza a la Superintendencia de Salud para tomar medidas especiales. Por ltimo, la Corporacin estableci que las medidas contenidas en el decreto legislativo estudiado, superan el juicio de proporcionalidad.

 

Comunicado 56

C-752/15

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

 

NORMA QUE GARANTIZA LA VACUNACIN GRATUITA Y OBLIGATORIA A LA POBLACIN COLOMBIANA OBJETO DE LA MISMA Y SE ADOPTAN MEDIDAS INTEGRALES PARA LA PREVENCIN DEL CNCER CERVICO UTERINO. (LEY 1626 DE 2013)

 

10-12-15

 

La Corte concluy que la demanda no cumpla con los requisitos previstos en la jurisprudencia constitucional para la admisibilidad de los cargos de inexequibilidad. Igualmente, la Corte tuvo en cuenta que la decisin de inhibicin proceda incluso cuando, como sucede en el presente caso, inicialmente la Sala Plena haba ordenado la admisin del libelo luego de haberse formulado recurso de splica contra la decisin de rechazo adoptada por el magistrado sustanciador. Esto, en razn a que, de acuerdo con el inciso final del artculo 6 del Decreto Ley 2067 de 1991, las decisiones sobre el rechazo de la demanda tambin podrn adoptarse en la sentencia correspondiente. Igualmente, la jurisprudencia de la Corte ha sealado que dicha sentencia resulta ilustrada por las consideraciones plasmadas en la demanda, las diferentes intervenciones y el concepto de la Procuradura General. As, a partir del anlisis integral de dichos documentos, la Sala concluy en la ineptitud sustantiva de la demanda.

 

 

Comunicado 56

C-753/15

 

JORGE IVAN PALACIO PALACIO

 

NORMA QUE AUTORIZABA EL INICIO DE LA GENERACIN ELCTRICA EN EL PROYECTO HIDROELCTRICO DE EL QUIMBO (DECRETO 1979 DE 2015)

 

10-12-15

 

La Corte dispuso que no existe conexidad externa entre los motivos expuestos para expedir el Decreto 1770 de 2015 y las medidas adoptadas, ya que la autorizacin para iniciar la generacin de energa en el Proyecto hidroelctrico el Quimbo y el consecuente aumento del caudal del ro Magdalena, antes que contribuir al abastecimiento de combustible a los municipios afectados, corresponde a una orden del Gobierno Nacional impartida con el propsito deliberado de desconocer lo dispuesto en una decisin judicial vlidamente adoptada por el Tribunal Administrativo del Huila. El tribunal constitucional record que la separacin entre las ramas del poder pblico representa una de las conquistas ms importantes para el desarrollo y vigencia de los regmenes democrticos y que el respeto mutuo entre ellas es fundamento para el adecuado funcionamiento del Estado, por lo mismo, toda usurpacin o irrupcin del Ejecutivo en el campo de las competencias de la rama Judicial debe ser censurado aun cuando est revestida de los ms loables propsitos. Para la Corte, la medida adoptada mediante el decreto bajo examen, tampoco est relacionada en forma directa y especfica con las consideraciones invocadas en el mismo. El anlisis sobre conexidad externa e interna permiti a la Corte establecer que la medida adoptada por el legislador de excepcin no pretende hacer frente a la crisis originada por el cierre de la frontera con Venezuela y la expulsin, repatriacin y retorno de muchos colombianos al pas, sino disponer sobre la generacin de energa en una hidroelctrica que como la de El Quimbo se encuentra a cientos de kilmetros de los municipios afectados, sin que haya una prueba que demuestre con alto grado de certeza, que el Gobierno Nacional no contaba con otros mecanismos menos onerosos para atender el desabastecimiento de combustibles lquidos. Por otra parte, la Corte encontr que la medida analizada no es necesaria, adecuada e indispensable para lograr los fines de la declaratoria de emergencia; esto, por cuanto el Gobierno Nacional no valor otros medios para hacer frente al desabastecimiento de combustibles lquidos, entre ellos, el transporte en carro tanques utilizando la red vial implementando planes e incentivos para esta clase de actividad; se limit a adoptar la medida, sin ponderar los efectos colaterales relacionados con costos ambientales, sociales, culturales y econmicos que indudablemente afectan a las personas que habitan, trabajan y obtienen los recursos para su sustento diario en las reas aledaas al embalse. La Corte estableci que la medida adoptada es desproporcionada por no ponderar otras posibilidades eventualmente menos costosas y por ser excesiva respecto de la finalidad propuesta. En suma, el Decreto Legislativo no supera ninguno de los requisitos exigidos de las medidas de emergencia, a la par que desconoce abiertamente la disposicin constitucional que prohbe afectar el funcionamiento normal de las ramas y rganos del poder pblico, desconociendo la separacin que consagra entre stos la Constitucin Poltica.

 

 

 

 

Comunicado 56

C-754/15

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

 

MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS VCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EN ESPECIAL LA VIOLENCIA SEXUAL CON OCASIN DEL CONFLICTO ARMADO - OBLIGACIN DE LAS ENTIDADES DE SALUD DE IMPLEMENTAR EL PROTOCOLO Y MODELO DE ATENCIN INTEGRAL EN SALUD PARA VCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, DENTRO DE PROCEDIMIENTOS DE INTERRUPCIN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO, LA OBJECIN DE LOS MDICOS Y ASESORA DE LA MUJER EN CONTINUAR O INTERRUMPIR EL EMBARAZO. (EXPRESIN DEL ARTCULO 23 DE LA LEY 1719 DE 2014)

10-12-15

 

Para la Corte, la clusula de igualdad de la Constitucin y en particular, los artculos 5 y 12 de la Convencin para la Eliminacin de todas las Formas de Discriminacin contra la Mujer, CEDAW, y el artculo 8 de la Convencin de Belm do Par, imponen al Estado la obligacin de eliminar estereotipos de gnero en el acceso a la salud de las mujeres vctimas de violencia sexual. En este contexto, la expresin acusada, al determinar la facultad de las entidades de salud para aplicar un procedimiento que busca estandarizar la calidad del acceso a los servicios que atienden casos de violencia sexual y garantizar la atencin integral, el cual, tiene un impacto mayor en las mujeres, permite que en la prctica se perpeten los estereotipos de gnero. Por lo tanto, la disposicin crea y mantiene condiciones que conducen a las mujeres a la vulnerabilidad social y a la violacin de sus derechos, por permitir mrgenes de discrecionalidad inadecuados que fomentan prcticas discriminatorias. En ese orden, esta medida desconoce la obligacin del Estado colombiano de eliminar los estereotipos de gnero contemplada expresamente por la clusula de igualdad en la Carta Poltica y el bloque de constitucionalidad, razones por las cuales, la Corte procedi a declarar la inconstitucionalidad del vocablo acusado, por vulnerar el derecho a la salud de las vctimas de violencia sexual y la obligacin del Estado de garantizar servicios de salud en condiciones de igualdad accesibles para todos, toda vez que la adopcin facultativa de un procedimiento estandarizado que busca garantizar la calidad y los derechos de las vctimas de violencia sexual, genera una distincin inadmisible en el acceso a los servicios de salud. A su vez, por violar el derecho a la igualdad y el bloque de constitucionalidad, al configurar una discriminacin indirecta e interseccional en el acceso a servicios de salud integrales accesibles, disponibles y de calidad para las mujeres vctimas de violencia sexual, particularmente, para aquellas que pertenecen a grupos vulnerables. Adems, por no cumplir con la obligacin del Estado de eliminar estereotipos de gnero en el mbito del acceso a los servicios de salud de las mujeres vctimas de violencia sexual, la expresin acusada fue expulsada del ordenamiento jurdico. No obstante, la Corte consider que la inexequibilidad simple del vocablo impugnado no es suficiente para superar la inconstitucionalidad que se constat, pues una decisin simple de inexequibilidad privara al artculo 23 de la Ley 1719 de 2014 de coherencia y significado y anulara su sentido: la provisin de atencin integral y gratuita a las vctimas de violencia sexual. Por esta razn, proceda dictar una sentencia integradora sustitutiva, con el objeto de garantizar el derecho a la igualdad de las vctimas de violencia sexual en la atencin en salud. De esta forma, modul la decisin de inexequibilidad, llenando el vaco que crea, sustituyendo la expresin excluida con la de obligacin, para ajustarse al contenido normativo de los artculos 13, 43, 49 y 93 de la Constitucin y al bloque de constitucionalidad. En consecuencia, en virtud de esta modulacin, todas las entidades de salud estn en la obligacin de implementar el Protocolo y el Modelo de Atencin integral en Salud para las Vctimas de Violencia Sexual, que contendr dentro de los procedimientos de interrupcin voluntaria del embarazo, la objecin de los mdicos y la asesora de la mujer en continuar o interrumpir el embarazo.

 

 

Comunicado 56

 


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