Corte Constitucional de Colombia
SENTENCIAS DE CONSTITUCIONALIDAD DE INTERES 2016

SENTENCIAS DE CONSTITUCIONALIDAD DE INTERES 2016


REPBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Relatora

 

NOTA: El cuadro fue diseado con base a comunicados de prensa y resulta de gran importancia para la bsqueda de jurisprudencia en control abstracto de constitucionalidad. Cabe observar que la fuente de dicha informacin es elaborada por la Secretara General y Presidencia de la Corporacin y publicada a travs de la Divisin de Sistemas. Se advierte que para efecto de ampliar y corroborar la informacin puede remitirse a los textos de las providencias que se encuentran en los respectivos hipervnculos o a travs de nuestra pgina de internet http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria

SENTENCIA

MAGISTRADO

NORMA

COMUNICADOS DE PRENSA

FECHA

SINTESIS

VER TEXTO

C-006/16

Mara Victoria Calle Correa

NORMA QUE REGULA EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO (ARTCULOS 10, 14, 23, 24 Y 25 DE LA LEY 48 DE 1993)

21/01/16

La Corte Constitucional constat que la demanda no cumple con todos los requisitos que se exigen para demostrar la existencia de omisin legislativa. Como lo ha sealado de manera reiterada la jurisprudencia de esta Corporacin, para que se pueda abordar de fondo un cargo de inconstitucionalidad por una omisin legislativa relativa se requiere que se demuestre, entre otras cosas, una exclusin en aquellos casos que, por ser asimilables, tendrn que estar contenidos en el texto normativo cuestionado o que la exclusin carezca de una fundamentacin suficiente o razonada. En el presente caso, en la demanda se desconocieron los avances jurisprudenciales sobre la materia, que reconocen expresamente, que las mujeres transgnero no son destinatarias de las normas sobre servicio militar obligatorio y que, bajo el principio de autonoma y libre desarrollo de personalidad, el auto reconocimiento es suficiente para ser exoneradas del servicio segn lo dispuesto en el artculo 10 de la Ley 48 de 1993.

 

COMUNICADO 01

C-007/16

Alejandro Linares Cantillo

 

SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO DE LAS CIUDADANAS COLOMBIANAS (ARTCULO 10 DE LA LEY 48 DE 1993)

21/01/16

 

La Corte constat que en la sentencia C-511/94, ya se haba pronunciado sobre la constitucionalidad del artculo 10 de la Ley 48 de 1993, frente a los mismos cargos de inconstitucionalidad formulados en esta oportunidad, razn por la cual haba de estarse a lo resuelto en la citada sentencia. Adicionalmente, tambin verific que en la demanda no se sustentaron las razones por las cuales proceda un nuevo pronunciamiento de este tribunal, al no tener lugar las condiciones establecidas por la jurisprudencia constitucional.

 

COMUNICADO 01

C-015/16

Jorge Ignacio Pretelt Chaljub

NORMA QUE MODIFICA EL ESTATUTO TRIBUTARIO, LA LEY 1607 DE 2012 Y SE CREA MECANISMOS DE LUCHA CONTRA LA EVASIN (LEY 1739 DE 2014)

27/01/16

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional concluy que el trmite legislativo se ajust a los mandatos superiores contenidos en la Carta Poltica, en lo que tiene que ver con su proceso de formacin. Lo anterior, por cuanto se advirti que los presuntos defectos en los que haba incurrido el legislador no se presentaron y por tanto, las actuaciones surtidas dentro del respectivo trmite no se encuentran viciadas de inconstitucionalidad. Con relacin al presunto desconocimiento del artculo 347 de la constitucin, esta Corporacin manifest que el lmite temporal y material que puede predicarse del gasto, no se traslada obligatoriamente a la ley que autorice ingresos al presupuesto. En ese entendido, reiter la jurisprudencia constitucional que ha sostenido que los gastos pblicos se encuentran limitados en cuanta, finalidad y temporalidad por la ley de apropiaciones, a travs de la cual, es el Congreso el que autoriza la manera en que se van a invertir los dineros del Estado; situacin que no se predica de los ingresos o presupuesto de rentas, el cual se compone de un estimativo que se prev recaudar durante una vigencia fiscal determinada, lo que conlleva a que los mismos no se limiten de la misma manera, en la medida que es probable que no se reciban los ingresos estimados y se requieran nuevos tributos para financiar ese faltante. En ese orden de ideas, la Sala Plena consider que aunque la Ley 1739 de 2014 no se limit a financiar el dficit presupuestal de la vigencia 2015 toda vez que contempl medidas con el fin de generar rentas permanentes que contribuyan a la sostenibilidad fiscal de los aos 2016, 2017 y 2018, ello no mutaba su carcter de ley de financiamiento y por tanto, no se evidenciaba un desconocimiento del artculo 347 de la Constitucin. Sin perjuicio de lo anterior, se solicit al Gobierno una reflexin frente al tema de austeridad y racionalidad del gasto pblico y en particular, al impacto tributario en nuestro pas. Lo anterior, teniendo en cuenta que segn el reciente Informe de Competitividad Global del Foro Econmico Mundial, que ofrece una actualizacin del estado de las economas de los pases, Colombia ocupa el cuarto lugar a nivel internacional como uno de los que ms gravmenes imponen a sus habitantes y el tercero en Latinoamrica, lo que evidentemente reduce el nivel de competitividad en el mercado global y afecta la calidad de vida de los ciudadanos. En ese contexto, la Sala Plena consider necesario que el Gobierno revise las estrategias de gasto y recaudo, en aras de evitar los efectos de una poltica fiscal excesiva y adelante acciones que permitan aliviar a los contribuyentes tanto nacionales como extranjeros.

 

COMUNICADO 2

C-016/16

Alejandro Linares Cantillo

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014 2018 SANCIONES EN MATERIA TIC (ARTCULO 44 DE LA LEY 1753 DE 2015)

27/01/16

 

La Corte determin que el artculo 44 de la Ley 1753 de 2015, modificatorio del artculo 65 de la Ley 1341 de 2009, no desconoce el principio de unidad de materia. Sometido al juicio de conexidad directa aplicable cuando se trata de disposiciones instrumentales de la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo, es claro que la adopcin o fortalecimiento de un rgimen sancionatorio aplicable por la comisin de infracciones que afectan al sector de las Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones, contribuye de manera cierta al avance de las TIC. A juicio de la Corporacin, dado que dicho avance y desarrollo se reconoce como parte de los pilares reconocidos en la parte general de la Ley 1753 de 2015, denominados como Paz y Equidad, as como instrumento de la estrategia transversal Competitividad e infraestructura estratgicas, la disposicin impugnada se ajusta plenamente al artculo 158 de la Constitucin. La promocin del sector de las TIC constituye un elemento del Plan Nacional de desarrollo 2014-2018 y se articula con la bsqueda de la paz, puesto que el impulso de la conectividad para la inclusin productiva y el acceso a los bienes pblicos, servicio sociales e informacin, facilita la integracin de territorio y sus comunidades y el cierre de las brechas poblacionales y sociales. En la misma direccin, es evidente el vnculo que existe entre el propsito de promover una sociedad ms equitativa y el desarrollo de dicho sector, en la medida en que, como lo resalta el Documento sobre las Bases del Plan, el impulso de la conectividad constituye un elemento importante para conseguir la integracin de todas regiones y asegurar el conocimiento suficiente de la oferta estatal.

 

COMUNICADO 2

C-017/16

Luis Guillermo Guerrero Prez

NORMAS ORIENTADAS A FORTALECER LOS MECANISMOS DE PREVENCIN, INVESTIGACIN Y SANCIN DE ACTOS DE CORRUPCIN Y LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL DE LA GESTIN PBLICA PERIODO DEL RESPONSABLE DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES (EXPRESIN DEL ARTCULO 8 DE LA LEY 1474 DE 2011)

27/01/16

 

Para la Corte, el cargo de inconstitucionalidad no era susceptible de ser valorado en el marco de este proceso. De otro lado, la Corte se abstuvo de valorar el cuestionamiento de la Federacin Colombiana de Municipios en su intervencin, por el desconocimiento de la competencia de las entidades territoriales para fijar la estructura de la administracin pblica, porque ninguno de los cargos formulados en la demanda, era susceptible de ser valorado en el marco del control abstracto y por tanto, la Corte careca de la competencia de pronunciarse sobre la constitucionalidad del precepto demandado, ni la acusacin planteada por el interviniente tiene vinculo material con la controversia jurdica planteada en la demanda de inconstitucionalidad. Adems, los sealamientos del interviniente aluden no solo al aparte normativo demandado, sino a la totalidad del artculo 8 de la Ley 1474 de 2011, lo cual se opone a la prohibicin de control oficioso de la legislacin. Por lo anterior, procedi a inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de la expresin normativa impugnada, por ineptitud sustantiva de la demanda.

 

COMUNICADO 2

C-026/16

Luis Guillermo Guerrero Prez

NORMA QUE MODIFICA EL CDIGO PENITENCIARIO Y CARCELARIO VISITA DE NIOS, NIAS Y ADOLESCENTES A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD (EXPRESIN DEL ARTCULO 112 A DE LA LEY 1709 DE 2014)

03/02/16

 

La Corte determin que la limitacin de la visita de menores de edad a las crceles y centros de reclusin del pas, nicamente a quienes se encuentren en el primer grado de consanguinidad o primero civil con la persona privada de la libertad, resulta desproporcionada frente a otras garantas constitucionales como la unidad familiar, la igualdad y la dignidad humana, por cuanto si bien es cierto que la medida persigue un fin constitucionalmente legtimo, como es el de contribuir a garantizar la integridad y seguridad de los nios, nias y adolescentes, por la va de reducir al mximo su ingreso a un centro de reclusin, impide que los reclusos y sus familiares menores de edad que no se encuentran en el supuesto de la norma, puedan mantener un contacto personal durante el tiempo de reclusin. La corporacin record que tanto la Constitucin Poltica como los distintos instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, les reconocen a los menores de edad la condicin de sujetos de especial proteccin, al tiempo que le otorgan a todos sus derechos el carcter de fundamentales y prevalentes. De otra parte, la jurisprudencia constitucional ha reconocido la importancia que tiene para las personas privadas de la libertad en el avance hacia la resocializacin, el mantenimiento de la unidad familiar y los vnculos afectivos dentro del grupo familiar, particularmente cuando del mismo hacen parte menores de edad. Por ello, ha considerado que las restricciones que puedan pesar sobre el referido derecho deben ser las estrictamente necesarias, para impedir la desarticulacin de la familia durante el proceso de reclusin y a la vez, evitar que los menores puedan verse afectados en el ejercicio de algunos de sus derechos a causa de verse privados del contacto con sus familiares privados de la libertad. Atendiendo al alcance amplio del concepto de familia, independientemente del vnculo natural o jurdico existente, el tribunal constitucional consider que el rgimen de visitas de menores de edad a las crceles y centros de reclusin debe extenderse a los nios, nias y adolescentes que tengan con la persona privada de la libertad un vnculo familiar estrecho a partir de lazos de convivencia, afecto, respeto, solidaridad, proteccin y asistencia, circunstancias que deben estar debidamente acreditadas ante la autoridad competente para efecto de que las visitas puedan ser autorizadas. En este sentido, se declar la exequibilidad condicionada de la expresin acusada del artculo 112 A de la Ley 65 de 1993. Igualmente, se exhort al Gobierno Nacional para que, a travs del Ministerio de Justicia, proceda a expedir la respectiva reglamentacin en la que se incluya las visitas a las personas privadas de la libertad, de los nios, nias o adolescentes que demuestren tener un vnculo estrecho de familiaridad con el interno, definiendo tambin las condiciones en que deben llevarse a cabo tales visitas.

 

COMUNICADO 3

C-027/16

Mara Victoria Calle Correa

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014 2018 CESIN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN CABEZA DEL ESTADO. (EXPRESIONES DEL ARTCULO 10 DE LA LEY 1753 DE 2015)

03/02/16

 

Para la Corte, la trasferencia gratuita de propiedad estatal, originada en proyectos de investigacin cientfica y tecnolgica se ajusta a la Constitucin. En primer lugar, indic que el artculo 71 de la Carta establece el deber o la obligacin estatal de fomentar la ciencia y la tecnologa. De manera que la norma objeto de estudio se enmarca en una de las tres grandes hiptesis en las que el ordenamiento superior admite este tipo de beneficios. Se trata de satisfacer o materializar el contenido genrico de una clusula de la Carta Poltica. En segundo lugar, esta norma solo coincide con los planes de desarrollo en los que delinean los contornos de las polticas pblicas que deber seguir el Gobierno Nacional en un perodo determinado, para fomentar la tecnologa mediante un apoyo estatal reflejado en la cesin potencial de derechos de autor, sometidas a unas condiciones especficas previstas en la misma norma, acorde con los principios de reserva de ley y precisin en la naturaleza y alcance del beneficio. Contrario a lo que aduce el demandante, en el sentido de que en este caso el Estado no recibe contraprestacin alguna, la Corte encuentra que como ocurre con la mayora de los auxilios que confiere a particulares, el beneficio que reporta la cesin de derechos prevista en la norma demandada, es el de contribuir a uno de los fines esenciales establecidos en la Constitucin, en la medida en que la norma desarrolla el mandato superior de fomentar la ciencia y la tecnologa. Por ltimo, la cesin de derechos prevista en la norma es potencial, por dos razones: de un lado, porque dada la complejidad de los derechos de propiedad intelectual posible que algunos de los que se generen en estos proyectos recaigan directamente en el autor o inventor; en tanto que los que en efecto se deriven en el estado podrn ser licenciados de manera no exclusiva y gratuita por motivos de inters general a nombre del Estado. En todo caso, la Corte aclar, que la decisin es de cosa juzgada relativa, pues no puede entenderse de manera que se desconozcan los distintos mandatos constitucionales, el derecho internacional de los derechos humanos y de promocin y proteccin de los derechos de personas y grupos vulnerables. De ah, que este tipo de proyectos no dar lugar a una afectacin del ambiente, la salud pblica u otros intereses colectivos de relevancia constitucional y su contenido debe armonizarse con otros mandatos como hacer accesibles las obras de la ciencia y el conocimiento a todas las personas. La Corte no se pronunci sobre la otra expresin demandada del artculo 10 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, por cuanto no se cumplieron los requisitos que se exige para poder examinar de fondo un cargo de inconstitucionalidad.

 

COMUNICADO 3

C-035/16

Gloria Stella Ortiz Delgado

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010 2014 y 2014 2018 AREAS DE RESERVA MINERA

LEY 1450 DE 2011 (ART. 108). LEY 1753 DE 2015 (ARTS. 20, 49, 50, PARCIAL, 51 Y 52, PARCIAL Y 173, PARGRAFO 1)

 

08/02/16

 

La Corte concluy que en la definicin de reas de reserva minera y en los procesos de seleccin objetiva para otorgar una concesin minera en dichas reas, deber concertarse con las autoridades locales de los municipios donde vayan a estar ubicadas. Respecto de incisos del artculo 49 y expresin del artculo 52 de la Ley 1753 de 2015, la Corte precisa que la facultad de clasificar ciertos proyectos como proyectos de inters nacional y estratgicos (PINE) no desconoce las facultades de las entidades territoriales en materia de reglamentacin del uso del suelo y de expropiacin en los casos que determine la ley. Sin embargo, la facultad para adelantar expropiaciones est sujeta a una serie de garantas constitucionales. En cuanto al inciso segundo y pargrafo del artculo 50 de la Ley 1753 de 2015, impide que los destinatarios de la norma ejerzan las garantas del artculo 58 de la Constitucin Poltica en igualdad de condiciones con otros grupos sociales. Adicionalmente, la norma vulnera el derecho fundamental a la reparacin integral de las vctimas del conflicto armado. Igualmente, la Corte declar la inconstitucionalidad del artculo 51 de la Ley 1753 de 2015, por vulneracin de la autonoma de las corporaciones autnomas regionales y porque someterlas a un rgimen de licenciamiento expedito implica un desconocimiento del deber de proteccin del medio ambiente en lo territorial. Sostuvo que si bien la Constitucin no atribuye funciones explcitas a las corporaciones autnomas regionales, las entidades ambientales regionales, excluirlas de la competencia para conocer de las licencias ambientales en proyectos de inters nacional y estratgico desconoce el rgimen de su autonoma. Histricamente, la ley ha ido despojando a estas corporaciones de sus funciones, en detrimento de la autonoma de tales entidades para proteger el medio ambiente en el mbito regional. Por otra parte, la Corte declara exequible el inciso segundo del artculo 173 de la Ley 1753 de 2015, siempre que se entienda que si el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se aparta del rea de referencia establecida por el Instituto Alexander von Humboldt en la delimitacin de los pramos, debe fundamentar explcitamente su decisin en un criterio cientfico que provea un mayor grado de proteccin del ecosistema de pramo. Por ltimo, la Corte consider que los incisos primero, segundo y tercero del pargrafo del artculo 173 de la Ley 1753 de 2015 es inconstitucional porque desconoce el deber constitucional de proteger reas de especial importancia ecolgica, con lo cual pone en riesgo el acceso de toda la poblacin al derecho fundamental al agua en condiciones de calidad. La Corte lleg a esta conclusin despus de analizar el alcance de la facultad del Estado de intervenir en la economa, y su deber de proteger reas de especial importancia ecolgica, ponderndolos frente al alcance de la libertad econmica y de los derechos de los particulares a explotar recursos del Estado.

 

COMUNICADO 4

C-052/16

Mara Victoria Calle Correa

 

REPATRIACIN DE CAPITALES, SE ESTIMULA EL MERCADO ACCIONARIO, SE EXPIDEN NORMAS EN MATERIA TRIBUTARIA, ADUANERA - AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO (LEY 49 DE 1990, ART. 17 Y 32 PARCIAL)

 

 

10/2/16

 

 

Tras examinar la aptitud de la accin pblica, la Corte advirti que la pregunta constitucional provocada por la demanda no deba plantearse en trminos de si la diferencia en cambio constituye o no un ingreso, en el sentido tcnico previsto en el artculo 26 del Estatuto Tributario, toda vez que la Constitucin no recoge esa definicin, ni tampoco otra caracterizacin conceptual cerrada de lo que debe entenderse por ingreso gravable en el impuesto de renta. Por lo cual, si bien puede haber discusiones econmicas, contables y de tcnica fiscal, en torno a si la diferencia en cambio es en sentido estricto un ingreso, el problema que planteaba la accin pblica se refera a si vulneraba o no los principios constitucionales citados. Luego de reiterar el sentido de las normas constitucionales que la accin pblica considera vulneradas, la Corte seal que las mismas impiden gravar a un contribuyente al margen de su capacidad econmica. Pero constat que la diferencia positiva en cambio representa un incremento en la capacidad econmica del sujeto pasivo del impuesto y, por lo mismo, se ajusta al orden constitucional que el legislador la considere como una realidad gravable. La Sala Plena de la Corte Constitucional advirti que (i) la diferencia positiva en cambio representa un beneficio para el contribuyente porque, al incrementarse objetivamente el valor en pesos de sus activos en moneda extranjera, mejora su capacidad de endeudamiento y aumenta la prenda general de los acreedores; (ii) al formar parte de la propiedad privada, los activos en una moneda sujeta a la revaluacin se pueden presumir rentables, segn la jurisprudencia constitucional; (iii) el ordenamiento prev que la diferencia positiva en cambio se compute como un ingreso, pero si la situacin cambiaria es la inversa, y la diferencia en cambio es negativa, el contribuyente puede registrar un gasto, a fin de depurar su renta conforme a la ley, por lo cual no es una mera ficcin legal sino una realidad econmica variable; (iv) la diferencia positiva en cambio, con independencia de si incrementa el poder adquisitivo inmediato del sujeto y se traduzca en liquidez, representa la posibilidad todo lo dems constante- de adquirir ms unidades del peso colombiano con la moneda extranjera en que estn sus activos, por lo cual s equivale a un fortalecimiento de su capacidad contributiva; (v) en la medida en que la diferencia positiva en cambio acrece el poder de contribucin del sujeto, no desconoce la justicia y la equidad que correlativamente se incorpore en la renta para efectos fiscales.

 

COMUNICADO 5

C-053/16

Alejandro Linares Cantillo

 

REFORMA DE EQUILIBRIO DE PODERES Y REAJUSTE INSTITUCIONAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. (ACTO LEGISLATIVO NMERO 02 DE 2015, ARTICULOS 14, 15, 16, 17, 18 y 19)

 

 

10-2-16

 

La Corte constat que las dos demandas acumuladas en este proceso carecan de aptitud para adelantar un juicio de sustitucin de la Constitucin. As, en el expediente D-10890, ninguno de los cargos formulados seala de manera expresa y clara, cul es el eje definitorio de la Constitucin Poltica de 1991 que habra sido sustituido con las reformas introducidas por el Acto Legislativo 2 de 2015 que se impugnan. Los demandantes no explican las razones por las cuales el cambio de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura por el Consejo de Gobierno Judicial constituira la eliminacin del principio de independencia de la administracin de justicia. Tampoco, se establece con claridad, por qu se sustituira el principio de supremaca constitucional al conferir en una norma transitoria facultades para regular la conformacin del Gobierno Judicial. De igual modo, no existe certeza en la formulacin de la premisa menor del juicio de sustitucin, en cuanto aducen que la nueva Comisin Nacional de Disciplina Judicial ya no garantiza la independencia y autonoma de la rama judicial al dejar de ser rgano de cierre de la jurisdiccin disciplinaria y no tener competencia en materia de tutela, pero no sustentan de manera cierta, suficiente y pertinente en qu consistira la presunta sustitucin constitucional. En la segunda demanda, la Sala Plena encontr la ausencia de claridad y certeza en el precepto reformatorio de la Constitucin que se demanda, toda vez que no se precisa si lo que se cuestiona, es la asignacin a la Corte Constitucional de la funcin de dirimir conflictos entre jurisdicciones o la supresin de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria. Todos los argumentos que se exponen como sustento de la supuesta sustitucin constitucional aluden ms a razones de inconveniencia de dicha reforma. En sntesis, los cargos formulados plantean en realidad, un control material de los artculos demandados frente a contenidos constitucionales, anlisis que no procede cuando se trata de normas reformatorias de la Constitucin, cuyo control se restringe a vicios formales y/o competenciales que se configuran cuando con el acto reformatorio de la Carta Poltica, se sustituye, reemplaza o elimina un eje definitorio de la Constitucin. En consecuencia, la Corte se inhibi de proferir un pronunciamiento de fondo sobre estas demandas.

 

COMUNICADO 05

C-054/16

Luis Ernesto Vargas Silva

 

CDIGO CIVIL- REGLA DE INTERPRETACIN GRAMATICAL.(CDIGO CIVIL ARTICULO 27)

 

 

10-2-16

 

La Corporacin determin que la regla de interpretacin gramatical establecida en el artculo 27 del Cdigo Civil no tiene el alcance que aducen los demandantes, ni implica un mandato para imponer la norma legal por encima de la Constitucin, desconociendo el principio de supremaca constitucional consagrado en el artculo 4 de la Carta Poltica. Observ que la disposicin acusada se limita a prescribir una de las reglas hermenuticas para la interpretacin de la ley que no es nica y en todo caso no puede ser entendida de manera aislada sin tener en cuenta que forma parte de un conjunto de reglas de interpretacin que se complementan y armonizan para desentraar el contenido de un texto legal. Para la Corte, la interpretacin gramatical que atiende la literalidad de un texto legal no resulta incompatible con la Constitucin, en la medida en que, contrario a lo argumentan los demandantes, en ninguna parte dispone que en caso de ser contrario a los preceptos constitucionales deba darse prelacin a la norma legal. Como ocurre respecto de cualquier disposicin de nuestro ordenamiento jurdico, en caso de incompatibilidad entre la Constitucin y la ley, se deben aplicar las disposiciones constitucionales, como lo ordena el artculo 4 de la Carta. En realidad, el cuestionamiento de la validez constitucional que se plantea en la demanda, parte de una interpretacin equivocada de la disposicin legal acusada que no desconoce uno de los postulados axiales del Estado de Derecho, como lo es, el principio de la supremaca constitucional.

 

COMUNICADO 05

C-055/16

Luis Ernesto Vargas Silva

 

CODIGO CONTENCIOSO Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. (LEY 1437 DE 2011, ARTICULO 140)

10/02/16

 

La Corte constat que la falta de certeza, especificidad y pertinencia en los cargos formulados contra el inciso cuarto del artculo 140 del CPACA, toda vez que se estructuran a partir de una estipulacin que no corresponde al contenido normativo acusado, sino que se deriva de una particular interpretacin de los demandantes, razn por la cual, no es posible hacer la confrontacin con los preceptos constitucionales que se pretende. Como lo advierten la mayora de los intervinientes, el contenido normativo que se demanda no forma parte del inciso acusado, de modo que aducir que el inciso cuarto del artculo 140 del CPACA es inconstitucional porque elimina la responsabilidad solidaria del Estado y los particulares, parte de una proposicin jurdica inexistente porque no est previsto ni de ni de la norma se deriva la responsabilidad conjunta aplicable a todos los casos. La Corte precis que la disposicin impugnada tiene un sentido completamente distinto al deducido por los demandantes, en cuanto no comporta una derogatoria parcial en materia contencioso administrativa, de la solidaridad prevista en el artculo 2344 del Cdigo Civil, sino que constituye un desarrollo procesal de las relaciones internas entre los codeudores solidarios, evento en el cual el juez puede dividir la condena y no lleva consigo la ruptura de la solidaridad entre los causantes del dao antijurdico.

 

COMUNICADO 05

C-056/16

Mara Victoria Calle Correa

 

PROCESOS DE RECOBROS, RECLAMACIONES Y RECONOCIMIENTO Y GIRO DE RECURSOS DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD. (LEY 1753 DE 2015, ARTCULO 73)

 

10/02/16

 

Revisados nuevamente los cargos de inconstitucionalidad que se formulan contra una expresin del artculo 73 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, la Corte encontr que la demanda no satisfaca los requisitos de certeza, pertinencia y suficiencia. El cargo que eleva el actor por presunta violacin al derecho a la igualdad entre las EPS y el FOSYGA carece de certeza, porque le confiere al enunciado demandado un contenido normativo que no se desprende de su tenor literal, no se infiere de su contexto, no se evidencia a partir de la interpretacin sistemtica que el actor pretende construir en su escrito. En su argumentacin, parece que el actor parece acusar una norma que no fue demandada por generar la supuesta situacin desigual que cesura (art. 4 del decreto 1281 de 2002), pero posteriormente plantea un problema de interpretacin de esa disposicin derivado de la existencia de opciones hermenuticas opuestas entre el Ministerio de Salud y el Consejo de Estado, en su Sala de Consulta y Servicio Civil, ms que de un verdadero problema de inconstitucionalidad. Adems, en la demanda se plantea en realidad un conflicto entre normas de diferente categora ms que frente a la Constitucin. De otra parte, aunque el demandante logra identificar los grupos entre los que pretende realizar la comparacin y argumenta que se presenta un trato desigual en cuanto al pago de intereses de mora, no logra demostrar que los dos grupos de comparacin se hallan en la misma situacin de hecho y especficamente, no expone ningn argumento para explicar por qu deberan recibir el mismo trato en el punto especfico del pago de reclamaciones previamente glosadas.

 

COMUNICADO 05

C-066/16

Alejandro Linares Cantillo

 

DISPOSICIONES DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES PREVISTO EN LA LEY 100 DE 1993 Y SE ADOPTAN DISPOSICIONES SOBRE LOS REGMENES PENSIONALES EXCEPTUADOS Y ESPECIALES BENEFICIARIOS DE PENSION DE SOBREVIVIENTES. (LEY 797 DE 2003, ART. 13 Y 47)

17-18/02/16

 

La Corporacin reiter el amplio margen de configuracin normativa del legislador, para establecer las reglas y parmetros del sistema de seguridad social integral que se deriva del artculo 48 de la Constitucin Poltica. Tambin, record que este desarrollo legal tiene ciertos lmites relativos a (i) el respeto a los principios que inspiran y orientan el sistema, (ii) la garanta de derechos fundamentales; (iii) el acatamiento de postulados constitucionales; y (iv) la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas por el legislador. La Corte precis el contenido y naturaleza de la pensin de sobrevivientes, as como la lnea jurisprudencial que ha trazado en relacin con sus beneficiarios y los requisitos que se debe cumplir para acceder a ella. Resalt, que su finalidad esencial es la proteccin de la familia como ncleo fundamental de la sociedad, de tal suerte, que las personas que dependan econmicamente del causante puedan seguir atendiendo sus necesidades de subsistencia, sin que se vea alterada la situacin social y econmica con que contaban en vida del pensionado o afiliado que ha fallecido. En esa medida, la exigencia de la dependencia econmica de los hijos o hermanos en situacin de discapacidad, es la que justifica la pensin de sobrevivientes de manera racional y proporcionada, ms an, en el caso de las personas que se encuentran en esa condicin.

 

COMUNICADO 06

C-067/16

Jorge Ignacio Pretelt Chaljub

 

JURAMENTO ESTIMATORIO. (LEY 1564 DE 2012, ARTCULO 206)

17-18/02/16

 

Al comparar el texto original del inciso cuarto del artculo 206 y el modificado por el artculo 13 de la Ley 1743 de 2014, la Corte encontr que la modificacin se refiri nicamente a la destinacin de la suma que se pague por concepto de la sancin que all se impone, ms no al mtodo para el clculo de la sancin. Es claro que el monto de dicha sancin se sigue calculando sobre el excedente probado y el estimado y el cincuenta por ciento (50%), el cual ha sido siempre el margen de error que desde el Cdigo Judicial de 1931 ha establecido el legislador, como causa para su imposicin. En la expresin acusada no se desconoci ese margen de error, sino que por el contrario, el legislador precis an ms los extremos entre los cuales se calcula la sancin, toda vez que el artculo 206 original solo aluda al diez por ciento (10%) de la diferencia. Aunque, se entenda que esta diferencia se refera al valor estimado y al que finalmente se probaba en el curso del proceso, la Ley 1743 de 2014 contribuy a darle claridad a la norma, lo cual resulta acorde con el principio de legalidad de las sanciones, el debido proceso y la finalidad que se busca con la norma, cual es la efectividad de la administracin de justicia. Para la Corte, no hay lugar a la interpretacin que hacen los demandantes en cuanto a que se hubiera cambiado la cantidad sobre la cual se calcula la sancin, lo cual segn ellos, llegara a ser irrisoria y no asegurara ser un factor disuasorio del mal uso de la administracin de justicia. Este entendimiento desconocera el espritu mismo de la norma y de la sancin, relativo a garantizar el deber de lealtad y el principio de buena fe entre las partes, as como el de conseguir la celeridad y economa procesales. En consecuencia, los cargos de inconstitucionalidad formulados contra la expresin normativa demandada, no estaban llamados a prosperar. EXEQUIBLE

 

COMUNICADO 06

C-068/16

Jorge Ignacio

Pretelt Chaljub

 

REGULACIN UNIFORME DE LAS PROFESIONES DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA. (LEY 73 DE 1985, ARTICULO 5 Y LEY 576 DE 2000 ARTICULO 1 PARAGRAFO)

 

17-18/02/16

 

Al volver a analizar la aptitud de los cargos formulados en la demanda, la Corte verific que los mismos no satisfacen los requisitos de certeza, pertinencia y suficiencia. En realidad, los cargos parten de una inadecuada comprensin de las normas acusadas y en consecuencia, sus argumentos se basan en apreciaciones subjetivas y de conveniencia que no logran demostrar que el reconocimiento de la profesin de medicina veterinaria y zootecnia y la fijacin de sus principios rectores, afecte los derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo. Por estas razones, carece de los elementos para emitir un pronunciamiento de fondo.

 

COMUNICADO 06

C-069/16

Luis Guillermo Guerrero Perez

 

NIOS, NIAS Y ADOLESCENTES VCTIMAS DEL RECLUTAMIENTO ILCITO. (LEY 1448 DE 2011, ARTICULO 190)

17-18/02/16

 

El problema jurdico que le correspondi resolver a la Corte en esta ocasin, consisti en determinar si la exigencia a los nios, nias y adolescentes desmovilizados que cumplen su mayora de edad, de un certificado expedido por el CODA como requisito previo para ingresar a los programas de integracin social y econmica ofrecidos en favor de las vctimas de reclutamiento forzado, establece un trato diferenciado y discriminatorio entre vctimas de grupos armados al margen de la ley y vctimas de grupo armados post desmovilizacin, por cuanto estas ltimas quedaron excluidas de la entrega de dicho certificado, en razn a que solo se les reconoce la condicin de grupos armados al margen de la ley a los grupos guerrilleros y de autodefensa. A juicio de la Corte, la diferencia aludida genera en efecto un trato discriminatorio, contrario a los derechos a la igualdad y a la reparacin, habida cuenta que una lectura que restrinja a los mencionados grupos la exigencia del citado certificado para acceder al proceso de reintegracin social y econmica, a las vctimas de reclutamiento ilcito desvinculadas de los grupos de armados que han surgido luego del proceso de desmovilizacin de la Ley 975 de 2005, es decir, las vctimas de reclutamiento ilcito de los llamados grupos ilegales post desmovilizacin, entendiendo por tales, entre otros, las bandas criminales y los grupos armados no identificados.

 

COMUNICADO 06

C-084/16

Luis Ernesto Vargas Silva

 

APLICACIN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN INVESTIGACIN Y JUZGAMIENTO DE CONDUCTAS PUNIBLES DE MIEMBROS DE LA FUERZA PBLICA EN RELACIN CON UN CONFLICTO ARMADO. (ACTO LEGISLATIVO 1 DE 2015, ARTICULO 1)

24/02/16

 

Una interpretacin del segmento normativo examinado, acorde y armnica con dichos preceptos superiores conduce a que la explcita referencia al derecho internacional humanitario como marco normativo aplicable en las investigaciones que se adelanten contra miembros de la fuerza pblica por hechos relacionados con el conflicto armado, no puede excluir la aplicacin convergente y complementaria del derecho internacional de los derechos humanos. En efecto, al poner en contacto el precepto acusado con los principios y preceptos de la Carta que integran el eje definitorio frente al cual se realiza el examen de constitucionalidad, la Sala fij un sentido de la norma, segn el cual: En la investigacin y juzgamiento de las conductas punibles de los miembros de la Fuerza Pblica, en relacin con un conflicto armado o un enfrentamiento que rena las condiciones objetivas del Derecho Internacional Humanitario, se aplicarn las normas y principios de este, sin que se excluya la aplicacin complementaria de los mandatos del derecho internacional de los derechos humanos. Para la Corte esta es la nica interpretacin compatible con el deber del Estado de garantizar y proteger el ncleo comn que comparten el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, que como lo ha subrayado su jurisprudencia ( C-574/92y C-225/95) son normatividades complementarias que, bajo la idea comn de la proteccin de principios de humanidad, hacen parte de un mismo gnero: el rgimen internacional de proteccin de los derechos de la persona humana

 

COMUNICADO 07

C-085/16

Jorge Ignacio Pretelt Chaljub

 

CATEDRA DE EDUCACION PARA LA SEXUALIDAD. (LEY 1146 DE 2007, ARTICULO 14)

24/02/16

 

La Corte consider que la ctedra de educacin para la sexualidad establecida por el legislador desde el grado dcimo en adelante, corresponde a una poltica diseada por el legislador en desarrollo de su potestad de configuracin, resulta una medida adecuada para el nivel de desarrollo de los estudiantes mayores de 14 aos y no constituye ninguna restriccin respecto del acceso a la educacin para la sexualidad de los nios que estn cursando los grados preescolar y de educacin bsica, quienes seguirn recibiendo enseanza en la materia a travs de los programas pedaggicos en formacin para la sexualidad y la ciudadana. De igual manera, la Corporacin reconoci que la educacin para la sexualidad es una herramienta para prevenir y luchar contra la violencia sexual, la explotacin sexual y, adems, es un factor primordial para el ejercicio del libre desarrollo de la personalidad, la formacin en valores ciudadanos y el respeto por las diferencias. As mismo, indic que debe impartirse de forma adecuada a la edad y al desarrollo fsico y sicolgico de los estudiantes. Advirti que en Colombia, en virtud de la Ley General de Educacin (Ley 115 de 1994) la formacin y educacin sexual se imparte a lo largo de todo el proceso escolar a travs de proyectos pedaggicos que incorporan los contenidos de forma transversal a las asignaturas del programa y no como una ctedra especfica. En este sentido, la norma impugnada tiene como objeto la prevencin de la violencia sexual y la atencin integral de los nios, nias y adolescentes abusados sexualmente. Su finalidad no es regular el sistema educativo, y por lo tanto no deroga el modelo actual de enseanza en materia de formacin sexual y educacin para la sexualidad.

 

COMUNICADO 07

C-086/16

Jorge Ivan Palacio Palacio

 

CDIGO GENERAL DEL PROCESO -CARGA DE LA PRUEBA. (LEY 1564 DE 2012 ART. 167)

24/02/16

 

La Corporacin observ que la intervencin del juez en la distribucin de las cargas probatorias no tiene cabida nicamente en ejercicio de sus poderes oficiosos para decretar y practicar pruebas. En efecto, la norma permite que sean las propias partes quienes hagan un llamado expreso al juez, ante el cual debe pronunciarse en forma expresa y debidamente motivada, bien para acoger la solicitud o bien para rechazarla. Adems, la norma prev que esta decisin del juez puede ser recurrida, con lo cual se asegura el derecho de las partes de contradiccin e intervencin en el proceso en condiciones de igualdad.

 

COMUNICADO 07

C-087/16

Jorge Ignacio Pretelt Chaljub

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014-2018. (LEY 1753 DE 2015)

24/02/16

 

La Corte concluy que ninguno de los cargos de inconstitucionalidad formulados contra la Ley 1753 de 2015, por distintos vicios de trmite, no estaban llamados a prosperar. EXEQUIBLE

 

COMUNICADO 07

C-088/16

Jorge Ivan Palacio Palacio

 

RGIMEN DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA URBANA. (Ley 820 de 2003 art. 35)

24/02/16

 

La Corte constat que el artculo 35 de la Ley 820 de 2000 fue derogado por el literal c) del artculo 626 de la Ley 1564 de 2012 y actualmente no contina produciendo efectos. Al no hacer parte del ordenamiento jurdico, no hay lugar a un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad del citado artculo 35, por carencia actual de objeto. De otro lado, los demandantes no cumplieron con la carga de argumentacin que se requiere para demandar la inconstitucionalidad del artculo 384 (parcial) de la Ley 1564 de 2012, por la presunta omisin del legislador, toda vez que se cuestiona su constitucionalidad por lo que no dispone la norma.

 

COMUNICADO 07

C-089/16

Gloria Stella Ortiz Delgado

NORMAS ORIENTADAS A FORTALECER LOS MECANISMOS DE PREVENCIN, INVESTIGACIN Y SANCIN DE LOS ACTOS DE CORRUPCIN Y LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL DE LA GESTIN PBLICA - RESPONSABILIDAD DE LOS INTERVENTORES. (ART. 82 DE LA LEY 1474 DE 2011)

24/02/16

 

La Corte constat que en el presente caso, los cargos de inconstitucionalidad formulados en contra de expresiones del artculo 82 de la Ley 1474 de 2011, no cumplan con los requisitos de claridad, certeza, pertinencia y suficiencia, en la medida en que (i) no hay correspondencia entre lo que se acusa en la demanda y lo que se acusa en el escrito de correccin de la misma, pues en el segundo escrito se incluyen palabras del primer inciso y no hace referencia al contenido del segundo inciso; (ii) tampoco hay correspondencia entre los argumentos presentados y los apartes de la norma aparentemente demandados, ya que se cuestiona la responsabilidad que se le atribuye a los asesores, interventores y consultores, pero en el sealamiento del contenido normativo acusado, se excluyen expresiones que determinan esa responsabilidad; (iii) se formula un cargo por vulneracin de la igualdad pero el demandante omite todos los trminos de comparacin.

 

COMUNICADO 07

C-104/16

Luis Guillermo Guerrero Prez

CDIGO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA- PRELACION PARA ADOPTANTES COLOMBIANOS. (LEY 1098 DE 2006 ARTICULO 71)

2 y 3-03-16

 

La prelacin en la adopcin que el artculo 71 de la Ley 1098 de 2006 otorga a los nacionales, en igualdad de condiciones frente a extranjeros, no implica un desconocimiento del principio y del derecho a la igualdad, toda vez que la diferencia de trato no corresponde a una hiptesis de discriminacin por razones de origen nacional, sino a una medida adecuada, con una finalidad constitucionalmente legtima y acorde con el principio de subsidiaridad de la adopcin internacional incorporado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

 

COMUNICADO 09

-       C-1057/16

Gloria Stella Ortiz Delgado

 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014-2018

(LEY 1753 DE 2015, ARTICULO 210 PARGRAFO 1)

2 y 3-03-16

 

La Corte consider que la inclusin del artculo 210 de la ley 1753 de 2015 que permite el uso vehicular y alternativo del gas licuado de petrleo en el segundo debate conjunto de plenarias de cmara y senado, no vulnera los principios de identidad flexible, consecutividad, participacin y deliberacin democrticas, la iniciativa legislativa exclusiva del gobierno, ni los principios de planeacin en sentido estricto y planeacin deliberativa.

 

COMUNICADO 09

C-106/16

Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

ACUERDO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL FONDO DE COOPERACIN DE LA ALIANZA DEL PACFICO. (LEY 1749 DE 2015)

2 Y 3-03-16

 

La Corte declar inexequible la ley 1749 de 2015, aprobatoria del acuerdo para el establecimiento del fondo de cooperacin de la alianza del pacfico por haberse incurrido en un vicio de procedimiento insubsanable por tener lugar en el segundo debate de la plenaria del Senado de la Repblica.

 

COMUNICADO 09

C-126/16

Jorge Ignacio Pretelt Chaljub

POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS PARA MODERNIZAR LA ORGANIZACIN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (LEY 1551 DE 2012)

 

9-03-16

 

El establecimiento del lmite de mnima cuanta para las obras que se ejecutan mediante contratos solidarios que se autoriza celebrar a las entidades territoriales con las juntas de accin comunal, no desconoce el principio de participacin ciudadana.

 

COMUNICADO 10

C-134/16

Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

PENSIN FAMILIAR EN EL RGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIN DEFINIDA. (LEY 1580 DE 2012 ARTICULO 151C)

 

16 y 17-03-16

 

Exigir para acceder a la pensin familiar que cada uno de los miembros de la pareja hubiere cotizado a los 45 aos de edad, el 25% de las semanas requeridas para la pensin de vejez, no vulnera los derechos de igualdad y de seguridad social.

COMUNICADO 11

C-135/16

Luis Ernesto Vargas Silva

REFORMA DEL CDIGO DE COMERCIO, SE FIJAN NORMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD Y EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CMARAS DE COMERCIO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.- RGIMEN DISCIPLINARIO Y SANCIONATORIO. (LEY 1727 DE 2014, ARTCULO 32)

 

16 y 17-03-16

 

La reserva legal en materia de procedimiento administrativo sancionatorio condujo a la declaracin de inexequibilidad de la norma que confera al gobierno nacional facultad para regular el rgimen disciplinario y sancionatorio de los miembros de las juntas directivas de las cmaras de comercio.

COMUNICADO 11

C-136/16

Luis Ernesto Vargas Silva

 

RGIMEN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR PRDIDA O DAO DE BIENES DE PROPIEDAD O AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, SUS ENTIDADES ADSCRITAS O VINCULADAS O LA FUERZA PBLICA - NOTIFICACIN POR CONDUCTA CONCLUYENTE. (LEY 1476 DE 2011, ARTCULO 59)

16 y 17-03-16

 

La presuncin de notificacin de providencias en un proceso de responsabilidad administrativa por la sola revisin del expediente solicitud de copias o interposicin de un recurso, cuando se ha omitido la notificacin personal, configura una vulneracin del debido proceso constitucional.

COMUNICADO 11

C-154/16

Gloria Stella Ortiz Delgado

 

POR LA CUAL SE MODIFICAN LOS ARTCULOS 15 Y 16 DE LA LEY 270 DE 1996, ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIN DE JUSTICIA. LAS MEDIDAS DE DESCONGESTIN JUDICIAL EN LA SALA DE CASACIN LABORAL DE LA CORTE SUPREMA. (PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA NO. 187 DE 2014 CMARA Y NO. 078 DE 2014 SENADO)

 

31-03-16

 

Las medidas de descongestin judicial en la sala de casacin laboral de la corte suprema se ajustan a la constitucin poltica, como instrumento para garantizar el acceso oportuno y la eficacia de la administracin de justicia, as como la proteccin oportuna de derechos fundamentales. No obstante, la corte consider que no puede someterse la permanencia en los cargos de los magistrados de descongestin a ningn tipo de control o evaluacin porque ello vulnera la independencia judicial.

 

COMUNICADO 12

C-155/16

Alejandro Linares Cantillo

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014-2018 - ESTABLECIMIENTO DE UNA CONTRIBUCIN ESPECIAL ENCAMINADA A SUFRAGAR EL COSTO DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PBLICO. (LEY 1753 DE 2015, ARTICULO 191 PARCIAL)

 

31-03-16

El establecimiento de una contribucin especial encaminada a sufragar el costo de la prestacin del servicio de alumbrado pblico, cabe dentro del amplio margen de configuracin legislativa que le corresponde al congreso de la repblica para crear, modificar o suprimir impuestos, tasas y contribuciones y no vulnera la autonoma territorial de los municipios y distritos.

 

COMUNICADO 12

C-156/16

Mara Victoria Calle Correa

CDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL- ACTUACION DE AGENTES ENCUBIERTOS. (LEY 906 DE 2004 ARTICULO 242 (PARCIAL).

6 y 07-04-16

 

La proteccin de la intimidad, el domicilio y de la vida familiar impone que cuando las operaciones encubiertas de investigacin penal impliquen el ingreso del agente a reuniones en el lugar de trabajo o en el domicilio del imputado o indiciado, deben estar autorizadas previamente por el juez de control de garantas, sin perjuicio del control posterior.

 

COMUNICADO 13

C-157/16

Gloria Stella Ortiz Delgado

TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPBLICA DE COLOMBIA Y LA REPBLICA DE COSTA RICA. (LEY 1763 DE 2015)

 

6 Y 07-04-16

 

Examinado el curso seguido por el instrumento internacional y de su ley aprobatoria, la Corte constat que se cumplieron cabalmente las etapas, requisitos y procedimiento establecido en la Constitucin, as como las reglas y subreglas jurisprudenciales establecidas para las fases previa, legislativa y posterior. En cuanto al contenido material del Tratado de Libre Comercio, no encontr contradiccin alguna con las normas superiores. Se declaran EXEQUIBLES tanto la Ley 1763 de 2015, como el instrumento internacional aprobado en ella.

 

COMUNICADO 13

C-158/16

Mara Victoria Calle Correa

 

CDIGO GENERAL DEL SANEAMIENTO DE NULIDADES Y APROBACIN DEL REMATE. (LEY 1564 DE 2012, ARTCULO 455)

6 y 07-04-16

 

La carencia de certeza y suficiencia de los cargos de inconstitucionalidad planteados respecto de una regla de los remates, no permiti a la corte proferir un pronunciamiento de fondo

COMUNICADO 13

C-159/16

Luis Ernesto Vargas Silva

 

CDIGO GENERAL DEL PROCESO- ESTABLECIMIENTO PROCESO MONITORIO NICAMENTE PARA LAS PRETENSIONES EN QUE SE SOLICITA EL PAGO DE OBLIGACIONES EN DINERO. (LEY 1564 DE 2012, ARTCULO 419)

 

6 Y 07-04-16

El establecimiento del proceso monitorio nicamente para las pretensiones en que se solicita el pago de obligaciones en dinero, corresponde a la potestad de configuracin del legislador y no desconoce el derecho de acceso a la administracin de justicia y a la tutela judicial efectiva

COMUNICADO 13

C-160/16

Luis Ernesto Vargas Silva

 

MEDIDAS DE ATENCIN, ASISTENCIA Y REPARACIN INTEGRAL A LAS VCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES - CONDENAS EN SUBSIDIARIEDAD. (LEY 1448 DE 2011, ART. 10)

6 y 07-04-16

 

La Corte se inhibi de emitir un pronunciamiento de fondo, por falta de certeza, suficiencia y pertinencia en los cargos formulados en la demanda

COMUNICADO 13

C-177/16

Jorge Ignacio Pretelt Chaljub

 

CODIGO NACIONAL DE TRANSITO LIMITACIONES A PEATONES ESPECIALES ACOMPAAMIENTO A PEATONES ESPECIALES AL CRUZAR LA CALLE. (LEY 769 DE 2002, ARTCULO 59)

13-04-16

 

La Corte se plante como problema jurdico a resolver el siguiente: la posible vaguedad e imprecisin del trmino ancianos contenido en el artculo 59 de la Ley 769 de 2002, constituira una restriccin indebida al derecho a la libertad de circulacin, que en consecuencia discrimina a las personas en razn de su edad? El Tribunal consider que el artculo 59 de la Ley 769 de 2002, que contiene en su ltimo inciso la expresin impugnada, no tiene el carcter de norma sancionatoria. La Corte precis que la indeterminacin de la expresin ancianos, resulta idnea para la finalidad perseguida por la ley impugnada, la cual no es otra que crear conciencia en la ciudadana sobre la prevencin de accidentes de trnsito, mediante la especial proteccin de los sujetos que por su edad, condiciones fsicas y sicolgicas merecen mayor atencin de la sociedad y el Estado. Agreg, que no se trata de imponer trminos precisos de edad que desconozcan aspectos relevantes como las condiciones fsicas y sicolgicas de las personas, sino generar un criterio orientador para efectos educativos que permita analizar en cada caso las circunstancias especficas de los destinatarios de la norma. Adicionalmente, este Tribunal advirti que el artculo 59 de la Ley 769 de 2002 no genera discriminacin. En cuanto al supuesto trato diferenciado que se hace de los ancianos frente a los dems peatones que no se encuentran incluidos en el artculo 59, la Corte tampoco encontr ningn elemento de discriminacin, ya que: (i) la norma no establece ninguna restriccin a sus derechos, pues no es sancionatoria ni prohibitiva, y (ii) la disposicin desarrolla el deber de solidaridad que se encuentra inserto en la Carta Constitucional y que constituye uno de los principios del Estado Social de Derecho.

 

COMUNICADO 14

C-178/16

Maria Victoria Calle Correa

 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014- 2018 FONDO CUENTA PARA ATENDER PASIVOS PENSIONALES EN EL SECTOR HOTELERO. (NUMERAL 5 DEL PARGRAFO DEL ARTCULO 15 DE LA LEY 1753 DE 2015)

13-04-16

 

El problema jurdico que le correspondi resolver a la Corte en este proceso, consisti en determinar si la decisin del legislador en el sentido de destinar parte de la contribucin parafiscal del turismo al pago del pasivo pensional y laboral de hoteles que hayan sido objeto de extincin del dominio y entregados en concesin, o mediante otra forma de asociacin entre pblicos y privados, viola los artculos 1 (inters general), 13 (igualdad), 338 (definicin de las contribuciones parafiscales, en armona con el 29 del Estatuto Orgnico del Presupuesto), 355 (prohibicin de auxilios) y 363 (equidad tributaria) de la Constitucin. En el caso concreto, el artculo 15 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo prev la creacin de un Fondo cuenta para atender los pasivos del sector hotelero. Los destinatarios de los beneficios del Fondo son el conjunto de hoteles que cumplan con las siguientes condiciones: (i) haber sido entregados a la nacin, como resultado de un proceso de extincin del dominio; (ii) declarados de inters cultural; (iii) que la Nacin, como propietario, los entregue en condicin o bajo esquemas de asociacin pblico privada. Las fuentes de financiamiento del Fondo se componen de (a) aportes de los hoteles beneficiarios, (b) emprstitos suscritos especficamente para el pago de estas obligaciones; (c) donaciones; (d) rendimientos financieros derivados de la inversin de los anteriores recursos, y (e) dinero proveniente de la contribucin para el turismo. Respecto de este ltimo rubro, se hace la salvedad de que ser limitado y transitorio, pues se restringe al pago del pasivo pensional de la entidad receptora de los recursos, mientras se completa el fondeo necesario y cumplido este propsito, estos recursos regresarn a su objetivo de promocin turstica. El Congreso no defini en esta disposicin, ni en otras del Plan Nacional de Desarrollo, la forma en que se debe calcular el monto a transferir, de donde se infiere que la limitacin est en manos de la administracin. De igual modo, seala de que estos recursos se transferirn temporalmente, solo hasta el fondeo necesario para el fin propuesto, lmite que adolece de vaguedad, pues no constituye un trmino objetivo. Para la Corte, la norma objeto de control altera la estructura de la contribucin parafiscal del turismo, de una forma que no es vlida desde el punto de vista constitucional, puesto produce una afectacin a la igualdad, la equidad tributaria y la prevalencia del inters general. En realidad, no puede inferirse razonablemente que la norma beneficie a los aportantes de la contribucin del turismo. La Corte procedi a declarar la inexequibilidad del numeral 5 y del pargrafo del artculo 15 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, por alterar la estructura de la contribucin parafiscal del turismo, de una forma que no es vlida desde el punto de vista constitucional, toda vez que produce una afectacin de la igualdad, la equidad tributaria y la prevalencia del inters general.

 

COMUNICADO 14

C-179/16

Luis Guillermo Guerrero Prez

 

CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PROCEDENCIA DE RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIN DE JURISPRUDENCIA LIMITADO A LAS SENTENCIAS DE UNICA Y SEGUNDA INSTANCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS. (EXPRESIN CONTENIDA EN ARTCULO 257 DE LA LEY 1437 DE 2011)

 

13-04-16

 

En el presente caso, la Corte deba establecer si la limitacin del recurso extraordinario de unificacin de jurisprudencia a las decisiones de nica y segunda instancia por los tribunales administrativos, vulnera los derechos a la igualdad y al acceso a la administracin de justicia, as como el principio de seguridad jurdica. Lo primero que advirti la Corte es que la norma acusada no desconoce el derecho a la igualdad, puesto que los sujetos y la situacin que se compara no se encuentran en idnticas circunstancias y de ah que resulta vlida la limitacin de procedencia que se impone en la ley. En segundo lugar, la Corte determin que visto el objeto del recurso extraordinario de unificacin, es claro que no resulta comparable la situacin de hecho planteada por el demandante. Mientras que la delimitacin que se hace del recurso a los fallos de nica y segunda instancia de los tribunales administrativos, se justifica en que la contradiccin con una sentencia de unificacin puede estar mediada por el desconocimiento a la decisin de plantear un apartamiento justificado de la lnea vigente, como lgica que subyace en el principio de obligatoriedad de un precedente vertical. En conclusin, la Corte estableci que no resulta comparable la situacin de hecho plateada por el accionante, toda vez que visto el objeto del recurso, se encuentra que su construccin terica y normativa se articula alrededor de la proteccin del precedente vertical formulado en sentencias de unificacin, mientras que el precedente horizontal que surge de las mismas, se garantiza a travs de otras herramientas judiciales, como son las previstas en el artculo 271 del CPACA. Por ltimo, la Corporacin no encontr que la limitacin que se impugna lleva consigo una vulneracin del derecho de acceso a la administracin de justicia, ni del principio de seguridad jurdica. A su juicio, la restriccin impuesta corresponde a una manifestacin de la potestad normativa en materia procesal, lo que habilita que el diseo de cada recurso se haga a partir de la bsqueda de un fin u objetivo concreto que lo torne ajustado a su naturaleza jurdica, siempre que se respeten los valores, principios y derechos consagrados en la Carta. A partir de las distinciones anteriores, la Corte no advirti que dicha limitacin suponga un desconocimiento de estos preceptos constitucionales; por el contrario, consider que se trata de una medida que contribuye a la realizacin y al fortalecimiento de la funcin de unificacin jurisprudencial que cumple el Consejo de Estado, como rgano de cierre y Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo. En todo caso, para eliminar cualquier posibilidad de incoherencia o de tratamiento distinto en casos iguales, como ya se indic, el CPACA dispuso un mecanismo de unificacin interna en el artculo 271, que permite preservar una interpretacin uniforme y consistente del ordenamiento jurdico.

 

COMUNICADO 14

C-180/16

Alejandro Linares Cantillo

CDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO CLASIFICACIN LEGAL DE SINDICATOS EN LAS CATERIAS EMPRESARIALES INDUSTRIALES, GREMIALES Y DE OFICIOS VARIOS. (ART. 356 DEL CDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO)

13-04-16

 

El problema jurdico que le correspondi resolver a la Corte Constitucional en esta oportunidad, consisti en determinar si el establecimiento por el legislador de una categorizacin taxativa de los sindicatos que pueden constituirse en Colombia, vulnera el ncleo esencial del derecho a la libertad sindical (arts. 39 y 93 de la C.Po.). La Corporacin reiter que si bien es cierto que el Congreso de la Repblica cuenta con un amplio margen de configuracin, en virtud de la clusula general de competencia prevista en el artculo 150, numeral 2 de la Constitucin, tambin lo es, que por mandato expreso del inciso segundo del artculo 39 de la Carta, cuenta con la potestad de regular la estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos, sin que dicha reglamentacin afecte el ncleo esencial de la libertad sindical, en especial, la autonoma para dictar sus estatutos en cuestiones de ingreso, administracin y financiamiento. Record jurisprudencia que ha identificado los elementos esenciales del derecho de libertad sindical, A su vez, la Corte observ que en el marco normativo del Convenio 87 de la OIT, que se ha reconocido como parte del bloque de constitucionalidad, es factible que el Estado, a travs de su rgano legislativo (i) establezca el marco general de las organizaciones, dejando a estas la mayor autonoma posible para regular sus aspectos de funcionamiento y administracin; (ii) la ley puede establecer los requisitos de constitucin de un sindicato, siempre y cuando los mismos no sean excesivamente dilatorios; y (iii) se pueden establecer algunas formalidades para la creacin de las organizaciones y estas deben ser respetadas por los fundadores de sindicatos. De igual modo, advirti que la clasificacin de las organizaciones sindicales como de empresa, gremiales, de industria u oficios varios no es exclusiva del ordenamiento jurdico colombiano, pues se encuentra tambin en Argentina, Chile y Mxico, acorde con lo dispuesto por el Comit de Libertad Sindical de la OIT que reconoci la posibilidad de clasificar a los sindicatos en esas categoras. En esa medida, para la Corte, la clasificacin de los sindicatos prevista en el artculo 356 del Cdigo Sustantivo del Trabajo no fue concebida como un medio para evadir estndares internacionales. Determinar que en los casos en donde existan trabajadores de varias profesiones u oficios vinculados a una misma empleadora sean denominados sindicatos de empresa y cuando dichas personas no laboren para la misma empresa, pero si en una misma rama o actividad econmica sea conocido como de industria, no afecta la esencia del derecho de libertad sindical en los elementos que se han enunciado. Otro tanto, ocurre en los eventos en que se clasifica como gremiales las organizaciones congreguen a sujetos de la misma profesin, oficio o especialidad y como de oficios varios, las asociaciones que alberguen personal de diversas profesiones. Esta regulacin, no impide que se creen sindicatos, ni toca los asuntos propios de su constitucin, organizacin y funcionamiento interno, respetando el derecho a la libertad sindical, que es lo decisivo y no la nomenclatura que le seala la ley.

 

COMUNICADO 14

C-181/16

Gloria Stella Ortiz Delgado

 

REFORMA EL CDIGO PENAL REINCIDENCIA COMO CIRCUNSTANCIA DE AGRAVACIN PUNITIVA DE LA PENA DE MULTA. (EXPRESIN CONTENIDA EN ARTCULO 46 DE LA LEY 1453 DE 2011, QUE MODIFIC EL ARTCULO 39 DE LA LEY 599 DE 2000)

13-04-16

 

En el presente proceso, la Corte deba definir si al establecer la duplicacin de la unidad de multa (agravante) por reincidencia en delitos dolosos y preterintencionales condenados durante los diez aos anteriores a la comisin del nuevo delito, el legislador vulner el principio de non bis in dem, al establecer presuntamente, la posibilidad de una doble sancin penal a una persona por una conducta punible juzgada y sancionada previamente. La Corte reafirm el amplio margen de configuracin con que cuenta el legislador en materia de derecho penal y en especial, para establecer atenuantes y agravantes punitivos. No obstante, la dimensin material que tiene el principio de non bis in dem impone al legislador la obligacin de no expedir normas que puedan implicar futuras violaciones de derechos fundamentales, como sera el doble juzgamiento de una persona por un mismo hecho. La Corte encontr que se justifica vlidamente que la figura de la reincidencia penal sea en este caso, una circunstancia de agravacin de la pena de multa, es decir, que se ubique en el elemento dogmtico de la punibilidad, habida cuenta que as lo dispuso el legislador, en lo cual no se hacen juicios sobre la responsabilidad del delincuente (culpabilidad), sin que se realiza la dosimetra de la pena que se impone al procesado, sin que la misma determine a existencia de la sancin ni del delito mismo, puesto que, como se expuso, se trata de un elemento accidental y accesorio de la pena. En consecuencia, la disposicin acusada no infringe el principio de non bis in dem y constituye una medida que no se torna irrazonable.

 

COMUNICADO 14

C-182/16

Gloria Stella Ortiz Delgado

REQUISITOS DE INTERDICCION Y AUTORIZACION JUDICIAL ESPECFICA PARA ESTERILIZACION QUIRURGICA DE PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD MENTAL MEDIANTE EL CONSENTIMIENTO SUSTITUTO. (ARTCULO 6 DE LA LEY 1412 DE 2010)

13-04-16

 

El problema jurdico que se deba resolver en esta oportunidad, radic en definir si la restriccin que se impone en la norma demandada a la autonoma de estas personas para determinar el nmero y espaciamiento de los hijos, vulnera los derechos a la igualdad (art. 13 C.Po.), al libre desarrollo de la personalidad (art. 16 C.Po.) y a conformar una familia (art. 42 C.Po.), as como el artculo 12 de la Convencin sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al establecerla de manera general, sin hacer distinciones entre los grados y tipos de discapacidad mental. En primer trmino, la Corte precis que el artculo 6 de la Ley 1412 de 2010 dispone la esterilizacin quirrgica de las personas en situacin de discapacidad mental mediante el consentimiento sustituto siempre que (i) se haya declarado la interdiccin de esa persona; y (ii) se realice un procedimiento judicial adicional que autorice la esterilizacin. Esto supone que la norma slo est dirigida a personas en situacin de discapacidad absoluta con fundamento en una discapacidad mental severa y profunda. Adems, requiere un procedimiento judicial adicional que verifique en el caso concreto la posibilidad de admitir o no dicho procedimiento. Reafirm que las personas en situacin de discapacidad son sujetos de especial proteccin constitucional a quienes se les debe garantizar el ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones, lo cual incluye la proteccin de sus derechos reproductivos, como el derecho a decidir de forma responsable los hijos que se desea tener y los intervalos entre stos, as como el acceso a todos los servicios e informacin para ejercer este derecho. As mismo, record que la jurisprudencia constitucional ha determinado el consentimiento informado es un principio y derecho fundamental que a su vez protege la autonoma de las personas y hace parte del derecho a la salud. En este sentido, el consentimiento de las personas a intervenciones o procedimientos relacionados con la salud debe ser: (i) libre, es decir, debe ser voluntario y sin que medie ninguna interferencia indebida o coaccin, (ii) informado, en el sentido de que la informacin provista debe ser suficiente, esto es, oportuna, completa, accesible, fidedigna y oficiosa y en algunos casos, (iii) cualificado, criterio bajo el cual el grado de informacin que debe suministrarse al paciente para tomar su decisin se encuentra directamente relacionado con la complejidad del procedimiento y por lo tanto se exige un mayor grado de capacidad para ejercer el consentimiento, casos en los cuales tambin puede exigirse formalidades para que dicho consentimiento sea vlido, como que se manifieste por escrito, o deba darse varias veces para procedimientos que se prolonga en el tiempo. Adems, requiere que el individuo pueda comprender de manera autnoma y suficiente las implicaciones de la intervencin mdica sobre su cuerpo. Excepcionalmente, la jurisprudencia ha admitido el consentimiento sustituto e situaciones de emergencia mdica, para los menores de edad y en situaciones donde la persona ha sido declarada en interdiccin o inhabilitada. As, la Corte ha determinado que los requisitos de la interdiccin y la autorizacin judicial especfica para la esterilizacin quirrgica de personas en situacin de discapacidad mental mediante el consentimiento sustituto se ajustan a la Constitucin, como una excepcin sujeta a los requisitos de declaratoria de interdiccin y autorizacin judicial autnoma, previa verificacin de otras alternativas menos invasivas y la verificacin de la imposibilidad del consentimiento futuro y la necesidad mdica. No obstante, la Corte encontr que por su generalidad, la norma admite otras lecturas que podran violar el marco constitucional relativo a los derechos reproductivos de las personas en situacin de discapacidad y al deber de garantizar el ejercicio de sus derechos como sujetos de especial proteccin constitucional, en armona con las obligaciones internacionales. Teniendo en cuenta que el ejercicio de la capacidad jurdica es diferente del ejercicio del derecho de autonoma reproductiva, particularmente, de la decisin de tener hijos en forma responsable, el Tribunal procedi a declarar la exequibilidad condicionada, en el sentido de circunscribir el consentimiento sustituto para la esterilizacin quirrgica, a los casos en que la persona no pueda manifestar su voluntad libre e informada, una vez se hayan prestado todos los apoyos para que pueda hacerlo.

 

COMUNICADO 14

C-183/16

Maria Victoria Calle Correa

 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014- 2018 ACCESO A LAS TIC Y DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA. (ARTCULO 193 PARCIAL DE LA LEY 1753 DE 2015)

13-04-16

 

La Corte consider que no estaban dadas las condiciones para emitir un fallo de fondo y por ende, debe proceder a inhibirse.

COMUNICADO 14

C-184/16

Gloria Stella Ortiz Delgado

 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPBLICA DE COLOMBIA Y LA REPBLICA DE COREA, FIRMADO EN SEL, REPBLICA DE COREA, EL 21 DE FEBRERO DE 2013 (LEY 1747 DE 2014)

14-04-16

 

La Corte determin que se cumplieron los requisitos formales. En cuanto al contenido material del Acuerdo de libre comercio entre la Repblica de Colombia y la Repblica de Corea, firmado en Sel el 21 de febrero de 2013, la Corporacin lo encontr ajustado a la Constitucin. En relacin con la constitucionalidad de las zonas de libre comercio, la Corte se ha pronunciado en mltiples oportunidades, en las que ha considerado que dicha medida se erige en una herramienta de integracin y desarrollo econmico que no contradice per se, los postulados de la Carta Poltica. Se trata de un instrumento que promociona la integracin econmica del Estado colombiano con otras naciones, y propicia las relaciones exteriores del Estado en el marco de la soberana nacional, el respeto a la autodeterminacin de los pueblos y el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. Sobre las clusulas especficas del tratado examinado, la Corte efectu un anlisis de manera separada para concluir en su constitucionalidad a priori, sin perjuicio de que desarrollos legislativos concretos del instrumento puedan conducir a infracciones de los postulados y preceptos constitucionales, salvo respecto del literal A, numeral 2 del Anexo 8C del Acuerdo, en relacin con el cual la Corte ordena al Presidente de la Repblica formule una declaracin interpretativa, que preserva la estipulacin acordada pero de manera compatible con la Constitucin Poltica de Colombia. En particular, la Corte encontr que el plazo que all se establece para que el Banco Emisor en cada Estado parte adopten o mantengan medidas temporales de salvaguarda, respecto de pagos y movimientos de capital en situaciones de dificultades o amenaza de crisis de balanza o desequilibrios macroeconmicos , desconoce la competencia constitucional de la Junta Directiva del Banco de la Repblica, en materia de regulacin de cambios internacionales y la fijacin de sistemas de cambio, dentro del mbito de la autonoma que consagra el artculo 371 de la Carta Poltica. En consecuencia, se declar la exequibilidad del Acuerdo, salvo lo estipulado en el literal A, numeral 2 del Anexo 8C, respecto del cual se condicion a que se interprete que el plazo all establecido tiene el carcter de una orientacin de poltica exterior a las autoridades competentes y en este sentido, el Presidente de la Repblica, al momento de manifestar el consentimiento del Estado colombiano en obligarse por este Acuerdo mediante el depsito del instrumento de ratificacin, formule la respectiva declaracin interpretativa.

 

COMUNICADO 14

C-191/16

Alejandro Linares Cantillo

 

MODIFICACION DEL CODIGO PENAL - INSTRUMENTOS PARA PREVENIR, CONTROLAR Y SANCIONAR EL CONTRABANDO, FRAUDE ADUANERO, LAVADO DE ACTIVOS Y LA EVASIN FISCAL. (ARTCULO 4 PARCIAL, ARTCULO 6, EXPRESIN CONTENIDA EN ARTCULO 8, ARTCULO 11 PARCIAL, APARTES DE LOS ARTCULOS 14 Y 15 Y EL ARTCULO 51 DE LA LEY 1762 DE 2015)

 

20-04-16

 

Los problemas jurdicos que le correspondi resolver a la Corte Constitucional en este caso consistieron en definir (i) si el legislador excedi los lmites constitucionales que tiene el ejercicio del ius puniendi del Estado, al tipificar los delitos de contrabando, favorecimiento y facilitacin del contrabando, fraude aduanero y lavado de activos y (ii) si las normas demandadas desconocen lo previsto en los artculos 29 y 34 de la Constitucin, al admitir el decomiso y la aprehensin de mercancas y medios de transporte por parte de autoridades administrativas, sin sentencia judicial previa, al margen del procedimiento establecido en la ley para la extincin de dominio y sin atencin al principio de culpabilidad. La Corte concluy que los incisos primero, segundo y tercero del artculo 4, el artculo 6 y la expresin por cualquier medio del artculo 8 de la Ley 1762 de 2015, respetan el principio de necesidad de las penas que exige lesividad, subsidiariedad y carcter ltima ratio de la intervencin penal. A su juicio, la tipificacin de los delitos de contrabando, favorecimiento y facilitacin del contrabando y fraude aduanero, resulta de una poltica criminal que ha mostrado el recurso paralelo como insuficiente y que medidas de otro tipo frente a la gravedad de los atentados a bienes jurdicos constitucionalmente relevantes, exigen una respuesta ms contundente de tipo penal. El tribunal constitucional determin que la tipificacin del delito de favorecimiento y facilitacin del contrabando no configura una restriccin desproporcionada de la libertad econmica. Aplicado el test de razonabilidad y proporcionalidad, concluy que la libertad econmica no es absoluta y que las finalidades de la norma son vlidas desde el punto de vista constitucional, en cuanto pretenden proteger el orden pblico econmico. Adems, consider que el instrumento penal es adecuado para determinar un lmite razonable a la libertad econmica que consiste en la legalidad de la actividad. As mismo, la Corte estableci que el legislador no desconoci el principio de legalidad de los delitos y de las penas al fijar los verbos rectores de los delitos de contrabando, favorecimiento y facilitacin del contrabando y lavado de activos, en la medida en que dichas expresiones verbales no son vagas e imprecisas, sino que deben ser entendidas en su sentido semntico usual. Sin embargo, en relacin con la expresin realice cualquier otro acto prevista en la tipificacin del lavado de activos, la Corte procedi a declararla inexequible por tratarse de una disposicin indeterminada que desconoce el principio de legalidad estricta que exige la tipificacin de las conductas punibles, como quiera que el legislador no puede dejar en cabeza del fiscal y del juez penal la identificacin de nuevas conductas que puedan encuadrar en ese delito. La apertura a comportamientos reprochables no definidos por el legislador, resulta contraria al principio de legalidad en su componente de ley cierta. De otra parte, la Corte determin que la expresin valor aduanero uno de los elementos del delito de contrabando, no desconoce el mandato de tipicidad, toda vez que este ingrediente normativo se completa con la remisin que la ley hace a normas precisas que permiten determinar dicho valor respecto de las mercancas. De igual modo, la expresin por cualquier medio prevista en la descripcin del delito de fraude aduanero, no vulnera la exigencia de tipicidad de la conducta punible, por cuanto los verbos rectores se encuentran claramente delimitados y su establecimiento solamente pretende precisar que resulta indiferentes los medios utilizados para suministrar informacin falsa, manipularla u ocultarla cuando sea requerida por la autoridad aduanera o cuando se est obligado a entregarla por mandato legal, con la finalidad de evadir total o parcialmente el pago de los tributos, derechos o gravmenes aduaneros en las cuantas establecidas en el mismo artculo demandado. As mismo, a juicio de la corporacin, la tipificacin del delito de favorecimiento y facilitacin de contrabando no contrara el principio de confianza legtima, ya que las autoridades colombianas de manera coherente, sistemtica y permanente despliegan, desde hace mucho tiempo, actividades tanto de control, como de persecucin, tendientes a combatir la actividad del contrabando. Observ, que la confianza legtima slo protege convicciones basadas en la buena fe, lo que es contrario al elemento doloso que se exige en la realizacin de estas conductas. En relacin con la posible vulneracin del principio non bis in dem por prever como delitos fuente o delitos subyacentes del lavado de activos, el contrabando y el favorecimiento y facilitacin del contrabando, la Corte determin que cada uno de estos delitos reprime comportamientos suficientemente individualizados y por lo tanto, su realizacin puede generar un posible concurso de delitos. Por tratarse de descripciones tpicas diferentes en cuanto a su accin y objeto sobre el cual recaen, consider que no desconocen la prohibicin de bis in dem. No obstante, es al fiscal y al juez, a quienes corresponde en cada caso concreto, aplicar las reglas relativas al concurso de delitos, en particular, las de subsidiariedad y consuncin en materia penal, para garantizar el principio non bis in dem. Por ltimo, en lo que concierne a los cargos formulados contra los artculos 14, 15 y 51 de la Ley 1762 de 2015, por la presunta vulneracin del debido proceso, en cuanto las medidas de decomiso de bienes en cuestin desconoceran la reserva judicial en materia de extincin de dominio, al atribuir la competencia para decomisar a autoridades administrativas, la corporacin consider que estos cargos no estaban llamados a prosperar, por cuanto existen profundas diferencias entre el decomiso administrativo y la extincin de dominio. En cuanto a la presunta vulneracin al derecho de defensa y contradiccin del propietario del vehculo donde se transporten bienes de contrabando o que est adecuado para ocultar mercancas, que los demandantes aducen no permite la oposicin jurdica a la medida de decomiso, la Corte, despus de analizar el procedimiento legal previsto para la adopcin y aplicacin de este tipo de medidas, concluy que s existe un procedimiento administrativo previo y posterior a la adopcin de la medida, en el que la persona interesada puede ejercer sus derechos a la defensa y contradiccin, no slo por la va administrativa sino tambin ante la jurisdiccin de lo contencioso administrativo, lo que permiti concluir que el artculo 51 garantiza los derechos de defensa y contradiccin consagrados en el artculo 29 de la Constitucin.

 

 

COMUNICADO 15

C-192/16

Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

RGIMEN PARA LOS DISTRITOS ESPECIALES PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ACTUACIONES, LICENCIAS Y SANCIONES URBANSTICAS - PREVALENCIA DEL INTERS GENERAL SOBRE EL PARTICULAR Y FUNCIN SOCIAL Y ECOLGICA DE LA PROPIEDAD. (EXPRESIONES CONTENIDAS EN LOS ARTCULOS23 Y 24 DE LA LEY 1617 DE 2013)

20-04-16

 

La Corte deba resolver de un lado, (i) si establecer que los Planes de Ordenamiento Territorial del orden distrital deben respetar los derechos adquiridos en materia de usos del suelo con anterioridad a la expedicin de la Ley 1617 de 2013, desconoce la prevalencia del inters general sobre el particular reconocida en los artculos 1 y 58 de la Constitucin. De otro, (ii) si prever que en los procesos sancionatorios y de licenciamiento urbanstico debern respetarse los derechos adquiridos en materia de usos del suelo, con anterioridad a la Ley 1617 de 2013, atenta igualmente contra la prevalencia del inters general sobre el particular (arts. 1 y 5 C.Po.) La Corte record en primer trmino, que de conformidad con la Constitucin Poltica (at. 313), les corresponde a los concejos municipales y distritales reglamentar los usos del suelo con base en los parmetros que seale la correspondiente ley orgnica. Al mismo tiempo, seal que la garanta constitucional de la propiedad privada y de los derechos adquiridos con arreglo a la ley (art. 58 C.Po.), no se opone a que puedan ser objeto de limitaciones en caso de que entren en conflicto con el inters pblico o social, como puede ocurrir frente a lo establecido en los planes de ordenamiento territorial. Para la Corte, las decisiones de carcter general que se adopten por los concejos municipales y distritales al revisar el POT, que impliquen la modificacin de usos del suelo prevalecen sobre las licencias que se hayan otorgado con anterioridad, ya que no puede alegarse un derecho adquirido a determinado uso del suelo, en la medida en que el inters particular debe ceder ante intereses de orden general que se buscan en los planes de ordenamiento territorial. Para la Corte, la propiedad tiene una funcin social y una funcin ecolgica, que justifica las restricciones que puedan imponerse por motivos de inters social y conveniencia pblica. En la tensin que surge entre la garanta de la propiedad privada y de los derechos adquiridos y el reordenamiento en los usos de suelo por razones de inters general, social o ecolgico, el legislador deba ponderar los intereses en juego y darle prelacin a stos ltimos, acorde con lo dispuesto en el artculo 58 de la Carta Poltica. En consideracin a la prevalencia del inters general sobre el particular y a las funciones social y ecolgica de la propiedad, resulta vlido que el legislador fije a cargo del propietario limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad. As lo determin la Corte Constitucional, recientemente, en la Sentencia C-035 de 2016. Por consiguiente, el legislador no poda consagrar la intangibilidad de derechos adquiridos con anterioridad a la Ley 1617 de 2013, frente a los cambios que se introduzcan el uso del suelo por parte de los concejos municipales y distritales, en ejercicio de la autonoma que le reconoce la Constitucin y la proteccin y defensa del inters general por encima de intereses particulares. Al disponer el reconocimiento de derechos adquiridos sobre usos del suelo genera un desequilibrio que afecta el inters comn del municipio, que obstaculiza la actividad urbanstica y el desarrollo de objetivos del mismo orden, contenidos en los planes de ordenamiento territorial De igual modo, en los procesos sancionatorios y licenciamientos urbansticos, de conformidad con la Constitucin, deben aplicarse de preferencia las regulaciones vigentes en materia de uso del suelo, sin que a ellos pueda oponerse derechos de particulares adquiridos con anterioridad a la Ley 1617 de 2013.

 

COMUNICADO 15

C-193/16

Luis Ernesto Vargas Silva

UNION MARTITAL DE HECHO Y RGIMEN PATRIMONIAL ENTRE COMPAEROS PERMANENTES EXIGENCIA DE DISOLUCIN DE SOCIEDAD O SOCIEDAD CONYUGAL ANTERIOR PARA PRESUMIR LA SOCIEDAD PATRIMONIAL ENTRE COMPAEROS PERMANENTES. (EXPRESIN DEL ARTCULO 2 DE LA LEY 54 DE 1990)

20-04-16

 

Establecida la inexistencia de cosa juzgada constitucional frente a las sentencias C-700/13y C- 257/15 y la configuracin de cosa juzgada relativa en relacin con la sentencia C-014/98, la Corte precis los problemas jurdicos que deba dilucidar, los cuales consistieron en determinar: (i) si sujetar la presuncin de existencia de la sociedad patrimonial entre compaeros permanentes a la disolucin de la sociedad o sociedades conyugales anteriores, vulnera el principio de igualdad de deberes y obligaciones de la pareja (art. 42, inciso cuarto C.Po.), porque privilegia al compaero permanente que no la disolvi, as como, si desconoce la obligacin constitucional de proteccin igualitaria a los diferentes tipos de familia (arts. 5, 134 y 52 C.Po.) y la prevalencia del patrimonio o capital producto del trabajo, ayuda y socorro mutuo de los compaeros permanentes; (ii) si la exigencia temporal de disolucin de la sociedad conyugal anterior por lo menos un ao antes de la fecha en que se inici la unin marital de hecho, como requisito para que se presuma y declare judicialmente la sociedad patrimonial en los trminos del aparte censurado, quebranta la proteccin y los derechos de la familia natural (arts. 5, 13 y 42 C.Po.), al punto de constituir una medida legislativa irrazonable y desproporcionada. La corporacin encontr que la finalidad de esta presuncin es evitar la coexistencia de sociedades universales con gananciales comunes (sociedad conyugal y sociedad patrimonial) y la confusin entre estos patrimonios en procura de impedir defraudaciones, adems de otorgar certeza temporal frente a la sociedad patrimonial. Frente al precepto demandado, la Corte no advirti que la igualdad de derechos y deberes que le asisten a la pareja se desconozca, habida cuenta que el argumento del demandante parte del supuesto de la mala fe del compaero permanente con sociedad conyugal disuelta, al indicar que por incuria o dolo premeditado no va a disolver dicha sociedad para bloquear la presuncin de la sociedad patrimonial y siempre ha de presumirse la buena fe (art. 83 C.Po.). De otra parte y contrario a lo sealado por el actor, el tribunal constitucional encontr que la sociedad patrimonial cuyo activo social el capital producto del trabajo, ayuda y socorro mutuos entre los compaeros permanentes, no es una sociedad singular, sino que conforma una universalidad de gananciales. Adems, la presuncin que establece el artculo 2 de la Ley 54 de 1990 no es una presuncin de pleno derecho sino de naturaleza legal y por tanto, admite prueba en contrario (art. 166 CGP). Para la Corte, la exigencia de la disolucin previa de la sociedad conyugal para habilitar la presuncin de sociedad patrimonial cumple con los requisitos de precisin, seriedad y concordancia que se tornan ms flexibles cuando se trata de presunciones legales o iuris tantum. De igual modo, la medida super el juicio de proporcionalidad. No ocurri lo mismo con la exigencia temporal de disolucin de la sociedad conyugal anterior por lo menos un (1) ao antes de la fecha en que se inici la unin marital de hecho. La Corte no encontr en los antecedentes de la ley una justificacin que para que fuera introducida en el segundo debate en la Cmara de Representantes. Por el contrario, consider que esa exigencia quebranta el derecho de igualdad y la proteccin a los miembros de la pareja que integran las familias naturales, porque adems de no reportar ningn beneficio, ni perseguir una finalidad legtima como lo indic el actor, genera un trato desigual injustificado.

 

COMUNICADO 15

C-202/16

Jorge Ignacio Pretelt Chaljub

PROYECTO DE LEY QUE ADOPTABA EL CDIGO DE TICA DE LA PROFESIN DE BIBLIOTECOLOGA Y MODIFICABA LA LEY 11 DE 1979.

13-04-16

 

En sentencia C-663/13, la Corte declar infundadas las objeciones gubernamentales presentadas al artculo 8 y a los literales a), b), c), d), e) e i) del artculo 9 del Proyecto ley No. 091 de 2011-Senado, 047 de 2010-Cmara por la cual se modifica la Ley 11 de 1979, se adopta el Cdigo de tica de la Profesin de Bibliotecologa y se dictan otras disposiciones. Al mismo tiempo, declar fundadas las objeciones presentadas respecto de la expresin adscrito al Ministerio de Educacin nacional, contenida en el artculo 9 del mismo proyecto de ley, as como en relacin con los literales g) y h) del mismo artculo y los artculos 17, 18 y 19 del proyecto objetado. En consecuencia, declarar inexequibles la expresin, literales y artculos mencionados, por desconocer el artculo 154 de la Constitucin que exige la iniciativa gubernamental para modificar la estructura de la administracin pblica nacional, que se produca con la creacin del Tribunal Nacional de tica de la Bibliotecologa. De conformidad con el artculo 167 de la Constitucin, el 7 de noviembre de 2013, la Corte remiti el expediente y copia de la sentencia a la Cmara de origen, para que se rehiciera el proyecto de ley en trminos concordantes con la sentencia C-663/13. El 22 de febrero de 2016, se radic en la Corte proveniente del Senado de la Repblica, el informe sobre la correccin del proyecto de ley en mencin, las constancias y actas relacionadas con la consideracin y aprobacin del texto integrado y rehecho, as como este texto publicado en la Gaceta del Congreso No. 726 del 21 de septiembre de 2015. Examinado el procedimiento legislativo llevado a cabo en la discusin y aprobacin del texto rehecho del proyecto de ley objeto de control, la Corte constat que el trmite excedi el plazo de dos legislaturas establecido en el artculo 162 de la Constitucin para todo proyecto de ley, lo cual genera un claro vicio de inconstitucionalidad por una falencia en el procedimiento.

 

COMUNICADO 16

C-203/16

Alberto Rojas Ros

MODIFICACION DEL CODIGO PENAL - INSTRUMENTOS PARA PREVENIR, CONTROLAR Y SANCIONAR EL CONTRABANDO, FRAUDE ADUANERO, LAVADO DE ACTIVOS Y LA EVASIN FISCAL. (ARTCULO 4 DE LA LEY 1762 DE 2015)

13-04-16

 

La demanda solo fue admitida en relacin con el artculo 4 de la citada ley, por los cargos de tipicidad, razonabilidad e igualdad. Al precisar los problemas jurdicos a dilucidar, la Corte estableci que consistan en determinar: (i) si el legislador viol el principio de legalidad penal, en la medida que al tipificar el delito de contrabando, emple, entre otros verbos rectores, el de disimular, el cual resulta vago e indeterminado; y (ii) si la tipificacin del delito de contrabando en la Ley 1762 de 2015, vulnera el principio de razonabilidad, ya que determinadas conductas all descritas no merecen un reproche penal similar al que tienen los delitos de narcotrfico y blanqueo de capitales. En relacin con el primer problema jurdico, la Corte se abstuvo de emitir un nuevo pronunciamiento, puesto que constat que haba operado el fenmeno de la cosa juzgada constitucional, habida cuenta que en la sentencia C-191/16. En cuanto al segundo cargo, la Corte concluy que el artculo 4 de la Ley 1762 de 2014 no vulnera el principio de razonabilidad penal, en cuanto la tipificacin penal del contrabando no configura un exceso punitivo en relacin con otras conductas delictivas como el narcotrfico y el lavado de activos y persigue un fin legtimo, cual es, la proteccin de diversos bienes jurdicos amparados, en especial, el orden econmico y social, siendo adems, una medida idnea y necesaria para alcanzar tal propsito.

COMUNICADO 16

C-204/16

 

Alejandro Linares Cantillo

 

DESTINACIN A LOS DEPARTAMENTOS Y AL DISTRITO CAPITAL DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACIN DE LOS JUEGOS DE LOTERA INSTANTNEA Y LOTTO IMPRESO, EN UNA LEY QUE BUSCA FORTALECER LOS RECURSOS PARA LA SALUD, Y EN CONCRETO, PARA FINANCIAR LA UNIFICACIN EL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD DEL RGIMEN SUBSIDIADO Y CONTRIBUTIVO. (ARTCULO 17 DE LA LEY 1393 DE 2010)

 

13-04-16

 

En aplicacin de las reglas y subreglas jurisprudenciales sobre el principio de unidad de materia, reserva de ley orgnica y margen de configuracin del legislador en relacin con los monopolios rentsticos de juegos de suerte y azar, la Corte que determin en primer lugar, que la asignacin de competencias en cabeza de una entidad territorial de segundo nivel, para efectos de recaudar los recursos provenientes de la explotacin de lotera instantnea y el lotto preimpreso, en una ley que tiene como propsito fortalecer los recursos destinados a la salud, no vulnera el principio de unidad de materia consagrado en el artculo 158 de la Constitucin, por cuanto: (i) el principio de unidad de materia no puede ser interpretado de manera rgida, en la medida en que el legislador cuenta con un amplio margen de configuracin en materia de monopolios rentsticos de juegos de suerte y azar; (ii) al precisar el alcance material de la ley parcialmente demandada, se observa que la Ley 1393 de 2010 surgi en medio de un dficit de recursos para la atencin del sistema de salud, razn por la cual se adoptaron medidas tendientes a obtener recursos y redireccionar los mismos en el sistema; y (iii) el inciso segundo del artculo 17 guarda con la materia de la Ley 1393 de 2010 una relacin de conexidad causal, temtica, sistemtica y teleolgica, por lo cual su incorporacin en su texto es justificada. En segundo lugar, la corporacin consider que la inclusin de los departamentos y del Distrito Capital como beneficiarios o sujetos pasivos de los derechos de explotacin de los mencionados juegos de suerte y azar, en una ley ordinaria, no desconoce la reserva de ley estatutaria prevista en el artculo 151 de la Carta Poltica, toda vez que la Ley 643 de 2001, por la cual se fija el rgimen propio del monopolio de los jueces de suerte y azar, no tiene la naturaleza de ley orgnica, en cuanto a su finalidad, materia y requisitos constitucionales. En tercer lugar, la Corte estableci que conferir a una entidad de segundo grado la facultad de contratar al tercero operador del juego de lotto preimpreso y loto instantneo, no contraviene lo dispuesto en el artculo 336 de la Constitucin, habida cuenta del amplio margen de configuracin legislativa en relacin con los monopolios rentsticos. Por lo tanto, la determinacin y el rgimen propio aplicable a dichos monopolios puede ser diseado de forma libre por el legislador, sin que por ello se afecte la autonoma de las entidades territoriales. La Corte aclar que una vez que las entidades cuenten con recursos asignados y recaudados, gozarn de la proteccin establecida en el artculo 362 de la Carta.

 

COMUNICADO 16

C-205/16

Alejandro Linares Cantillo

CDIGO PENAL MILITAR - FACULTAD LEGAL ATRIBUIDA AL JUEZ PENAL (ARTCULO 499 PARCIAL DE LA LEY 1407 DE 2010)

13-04-16

 

La Corte Constitucional deba establecer si la atribucin legal al juez penal militar de la posibilidad de decretar pruebas de oficio, agotadas las solicitudes probatorias de las partes, desconoce la imparcialidad del juez y la igualdad de armas en el procedimiento acusatorio, como garantas del debido proceso. La Corte concluy que la posibilidad del decreto de pruebas de oficio por parte del juez, no es en s misma una situacin que pueda afectar su imparcialidad. Tambin, que la prohibicin al juez de decretar la prctica de pruebas de oficio, propende por garantizar la imparcialidad del juez, sin que se pueda sostener que el sistema contrario necesariamente la afecte. De igual modo, la corporacin reiter que en la configuracin de los procesos judiciales, el legislador goza de un amplio margen que, en todo caso, debe respetar los principios, valores y derechos constitucionales, en particular, el debido proceso. As mismo, precis que en materia penal ordinaria, la Constitucin no impone un determinado modelo acusatorio - considerado por la doctrina como puro- sino que el diseo del modelo procesal corresponde al legislador, dentro del respeto de los imperativos constitucionales, en concreto, las funciones constitucionales de la Fiscala General de la Nacin. Observ, que no existe una prohibicin constitucional ni una orden respecto de las pruebas de oficio. Tampoco, la Constitucin exige que el proceso penal militar deba ser idntico al proceso penal ordinario, habida cuenta que se trata de jurisdicciones constitucionalmente distintas. Esto significa que si bien el legislador consider que en materia penal ordinaria, el juez no debe decretar pruebas de oficio, nada limita al legislador al configurar de manera distinta el proceso penal militar. Efectuado el examen de constitucionalidad de la facultad otorgada al juez penal militar de decretar pruebas de oficio, a la luz del principio de imparcialidad y la garanta de igualdad de armas, la Corte concluy que esta prerrogativa legal no afecta su imparcialidad, en su componente institucional y procesal, ya que no lo pone en situacin de prejuzgar el asunto y no lo involucra en la etapa de investigacin. De igual modo, no existe vulneracin de la igualdad de armas, garanta del debido proceso, porque la labor probatoria del juez no le otorga un poder especial a una de las partes o no le concede un trato distinto, toda vez que no va dirigida a favorecer a una de las partes, fiscal penal militar o defensa, sino a garantizar la verdad y justicia del proceso y de su decisin. En este sentido, esta facultad contribuye a generar confianza en la Justicia Penal Militar.

 

COMUNICADO 16

C-206/16

Alejandro Linares Cantillo

CDIGO GENERAL DEL PROCESO - CUANTA DEL INTERS PARA RECURRIR CUANTA MNIMA PARA RECURRIR EN CASACIN. (EXPRESIN CONTENIDA EN EL ARTCULO 338 DE LA LEY 1564 DE 2012)

13-04-16

 

La Corte se declar INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo en relacin con la constitucionalidad de la expresin un mil salarios mnimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv), contenida en el artculo 338 de la Ley 1564 de 2012, por ineptitud sustancial de la demanda.

COMUNICADO 16

C-207/16

Alejandro Linares Cantillo

 

ORGANIZACIN DEL SISTEMA DE CONTROL FISCAL FINANCIERO Y LOS ORGANISMOS QUE LO EJERCEN. (ARTCULO 6 DE LA LEY 42 DE 1993)

 

13-04-16

 

La Corte se declar INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo respecto de la constitucionalidad del artculo 6 de la Ley 42 de 1993, por ineptitud sustancial de la demanda.

COMUNICADO 16

C-208/16

 

Mara Victoria Calle Correa

 

MODIFICACION DEL CODIGO PENAL - INSTRUMENTOS PARA PREVENIR, CONTROLAR Y SANCIONAR EL CONTRABANDO, FRAUDE ADUANERO, LAVADO DE ACTIVOS Y LA EVASIN FISCAL. (LEY 1762 DE 2015)

13-04-16

 

La Corte constat que no se haba violado el principio de publicidad al dejar de publicar en el Acta del debate en Comisin y en la Gaceta del Congreso en la que se public dicha Acta, el texto del proyecto de ley que fue aprobado en debate en Comisin, cuando el texto en cuestin s fue publicado en una Gaceta del Congreso diferente, incluyendo las modificaciones que fueron introducidas y las razones para ello. De igual modo, la corporacin determin que el Congreso de la Repblica no desconoci las reglas de competencia de las comisiones constitucionales permanentes, al tramitar un proyecto de ley que tiene un objeto complejo que aborda diversas reas del derecho, por medio de comisiones que se ocupan especialmente de esos asuntos o los temas ms afines y prevalentes del proyecto de ley de que se trate. Por otro lado, el tribunal constitucional reiter que la violacin del principio de unidad de materia consagrado en el artculo 158 de la Carta Poltica slo puede predicarse de aquellos apartes, segmentos o proposiciones de una ley respecto de los cuales, razonable y objetivamente, no sea posible establecer una relacin de conexidad temtica, causal, teleolgica, sistmica o por consecuencia, con la materia dominante de la misma. Por tal motivo, el legislador no vulner el principio de unidad de materia al haber aprobado una ley con el objeto de prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasin fiscal , como se estableci en la Ley 1762 de 2015, por el solo hecho de haber introducido una diversidad de temas tales como reformas al Cdigo de Comercio, al cobro del impuesto al consumo y las sanciones por el no pago, puesto que se trata de cuestiones que guardan de una u otra manera, conexidad, con la materia principal de la ley. Por ltimo, la Corte se inhibi en relacin con los dems cargos de inconstitucionalidad que se formularon contra la Ley 1762 de 2015, relativos al desconocimiento de las reglas de votacin en el Congreso, la reserva de ley estatutaria y ley orgnica, las competencias del Gobierno Nacional en materia aduanera, los principios de tipicidad, non bis in dem y derecho penal mnimo, en atencin a que no cumplieron con los requisitos que se exigen para emitir una decisin de fondo.

 

COMUNICADO 16

C-209/16

Jorge Ivn Palacio Palacio

NORMAS EN MATERIA TRIBUTARIA IMPUESTOS NACIONALES AL CONSUMO. (EXPRESIN CONTENIDA EN EL NUMERAL 3 DEL ARTCULO 71 DE LA LEY 1607 DE 2012)

13-04-16

 

La Corte determin que la aplicacin del impuesto al consumo a todos los servicios de alimentacin bajo contrato, sin distinguir entre los distintos sujetos pasivos que estaran obligados a pagar dicho tributo, incluido el consumidor final, desconoce la filosofa que inspira el modelo constitucional del Estado social de derecho y en particular, la efectividad de los principios y derechos como la alimentacin y el mnimo vital de la poblacin vulnerable, el principio de progresividad de los derechos sociales, as como los principios de equidad y justicia del sistema tributario, toda vez que el impuesto nacional al consumo grav indiscriminadamente los servicios de alimentacin bajo contrato, sin excluir expresamente a ciertos sectores vulnerables de la poblacin. Observ que en los impuestos indirectos como el de consumo el sujeto pasivo de iure como responsable jurdico del impuesto traslada integralmente el peso del gravamen al consumidor final, que es el sujeto pasivo de facto o socioeconmico del impuesto. En la prctica, resultan gravados los recursos pblicos que las entidades de asistencia social destinan a la compra de alimentos por contratacin, con la consecuencia de disminuir el monto efectivo destinado a cubrir las necesidades bsicas de la poblacin vulnerable, dado que estn gravados con una tarifa del 8% que encarece el servicio. De esta manera, los programas de asistencia social alimentaria desarrollados por entidades del Estado vendran a perder capacidad de ampliacin, al establecerse un tributo que terminan incrementando el valor de los contratos de prestacin del servicio de alimentacin. Para la Corte, no se encuentran razones que justifiquen que dentro de las exenciones del impuesto al consumo, el legislador no haya previsto el servicio de alimentacin por contrato financiado por el Estado destinado a las instituciones de asistencia social. Un enfoque centrado en el derecho a la igualdad y los principios de equidad y justicia del sistema tributario lleva a concluir que las excepciones que se previeron en la norma acusada, desconocieron estos postulados constitucionales, al no haberlo establecido para el servicio de alimentos por contrato en la hiptesis sealada. Al mismo tiempo, se desconoci el principio de homogeneidad, segn el cual, toda exclusin tributaria debe aplicarse por igual a los contribuyentes que se encuentren en el mismo supuesto de hecho, sin distinciones injustificadas, so pena de vulnerar el derecho a la igualdad y el principio de equidad tributaria.

 

COMUNICADO 16

C-210/16

Mara Victoria Calle Correa

ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL DE NATURALEZA COMERCIAL CELEBRADO ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA. (LEY 1722 DE 2014)

13-04-16

 

La Corte concluy que se cumplieron en debida forma, las etapas, procedimiento y requisitos establecidos en la Constitucin y en la ley, para la suscripcin de tratados internacionales y su aprobacin por el Congreso. En cuanto al contenido material del Acuerdo y sus seis anexos, la Corte encontr que se ajustan a los preceptos constitucionales. Se trata de un instrumento acordado en el marco de un proceso de integracin econmica regional entre los pases de Amrica Latina que comenz con la creacin de la Asociacin Americana de Libre Comercio, ALALC (1960). Venezuela se retir de otro escenario de integracin econmica subregional, la Comunidad Andina de las Naciones, CAN, el 22 de abril de 2006. No obstante, suscribi con los dems pases miembros de la Comunidad, un Memorando de Entendimiento, en donde se comprometi a mantener las ventajas comerciales recibidas y otorgadas por un plazo que finaliz el 22 de abril de 2011. En este contexto, es que se suscribe el Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial entre Colombia y Venezuela, como un instrumento orientado a mantener las condiciones para un fluido intercambio comercial entre estos dos pases vecinos. Segn lo informan los Ministerios de Relaciones Exteriores de Colombia y de Comercio, Industria y Turismo, la celebracin de este tratado y su publicacin provisional (Decreto 1860 de 2012) ha contribuido a la recuperacin de las relaciones de intercambio recprocas y ha sido un factor decisivo en el crecimiento de la balanza comercial con el pas vecino. La revisin especfica del articulado del tratado, permiti a la Corte establecer que se ajusta en su integridad a la Carta Poltica, toda vez que con l se da cumplimiento al mandato de integracin econmica prioritaria con los pases de Amrica Latina y del Caribe, sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad (art. 227 C.Po.). De manera particular, la corporacin analiz la clusula de aplicacin provisional del Acuerdo, de conformidad con el artculo 224 de la Constitucin, encontrando que respet los lineamientos establecidos en la jurisprudencia a este respecto y en especial, en la sentencia C-280 de 2014.

 

COMUNICADO 16

C-221/16

Alberto Rojas Ros

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010- 2014 RESERVAS MINERAS ESTRATEGICAS, PROYECTOS DE INTERES NACIONAL Y ESTRATEGICOS (PINE) Y AREAS DE RESERVA PARA EL DESARROLLO MINERO. (LEY 1450 DE 2011 ART. 50 Y 108 Y LEY 1753 DE 2015 ART. 20)

04-05-16

 

Establecida la existencia de cosa juzgada constitucional, respecto de los mismos cargos formulados en esta oportunidad contra el artculo 108 de la Ley 1450 de 2011 y el artculo 20 de la Ley 1753 de 2015, en lo concerniente a la vulneracin de la autonoma territorial, as como en relacin con el artculo 50 de la misma ley, el problema jurdico que la Corte deba dilucidar en el presente caso, se circunscribi a determinar, si el legislador al establecer el carcter reservado de la informacin geolgica, geoqumica y geofsica que el servicio geolgico colombiano genera a partir de la declaratoria de las reas estratgicas mineras, contrara el libre acceso a la informacin pblica establecido en el artculo 74 de la Constitucin Poltica, indispensable para garantizar el derecho de los interesados a participar en las decisiones que les conciernen en relacin con la proteccin del ambiente sano y de los recursos naturales. la Corte determin que el carcter reservado que la ley establece para la informacin geolgica, geoqumica y geofsica relativa a proyectos de desarrollo minero, resulta excesiva y desproporcionada no solo para la ciudadana en general, sino sobre todo, frente al derecho de las entidades territoriales y las comunidades indgenas y afrocolombianas a conocer los proyectos minero energticos que se estn desarrollando en sus respectivos territorios, con lo cual se afecta el derecho de acceso a la informacin pblica y de contera, el desarrollo sostenible, por tratarse de una actividad en la que habitualmente se generan problemticas relacionadas con el punto de equilibrio entre el uso de la tierra, el medio ambiente y el desarrollo social, que estaran sustradas de la participacin y control de los ciudadanos interesados. En el marco del artculo 74 de la Constitucin, la Corte consider que la regla prevista en el inciso sptimo del artculo 20 de la Ley 1753 de 2015 no supera el test estricto que debe aplicarse para establecer la validez constitucional en el establecimiento excepcional por el legislador, de la reserva a una informacin pblica. Aunque pretende contribuir a una finalidad legtima y acorde con la Constitucin como lo es el desarrollo minero energtico, es adecuada, para lograr este propsito y es necesaria, en tanto no est probada la existencia de otro medio que con la misma eficacia resguarde la informacin del conocimiento pblico, resulta desproporcionada en s misma, toda vez que configura un privilegio injustificado, que vulnera los derechos de la ciudadana, de las entidades territoriales y de las comunidades indgenas y afrocolombianas.

 

COMUNICADO 19

C-223/16

Jorge Ivn Palacio Palacio

NORMA QUE MODIFICA EL CDIGO PENITENCIARIO Y CARCELARIO - VISITA DE NIOS, NIAS Y ADOLESCENTES A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. (LEY 1709 DE 2014 ART. 74)

04-05-16

Cosa juzgada constitucional en sentencia C-026/16

COMUNICADO 19

C-224/16

Jorge Ivn Palacio Palacio y Alejandro Linares Cantillo

 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA NACIN LA SEMANA SANTA DE PAMPLONA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER ASIGNACION DE RECURSOS PUBLICOS. (LEY 1645 DE 2013)

 

04-05-16

 

El problema jurdico que le correspondi resolver a la Corte Constitucional en esta oportunidad, consisti en definir si desconoce el principio de laicidad y neutralidad del Estado en cuestiones religiosas (arts. 1, 2 y 19 C.Po.), la autorizacin conferida por el legislador a la administracin municipal de Pamplona para asignar partidas de su respectivo presupuesto anual, destinadas al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1645 de 2013 que declar patrimonio cultural inmaterial de la Nacin la Semana Santa de Pamplona. La demandante no cuestiona esta declaratoria, sino la autorizacin para asignar recursos pblicos con el fin de promover un rito especfico y exclusivo de una iglesia, lo cual considera incompatible con un Estado laico y su deber de neutralidad religiosa. El tribunal constitucional concluy que si bien las tradiciones y eventos religiosos de carcter colectivo pueden hacer parte del patrimonio cultural inmaterial de la Nacin, la sola declaracin de las procesiones de Semana Santa en Pamplona con este carcter, de ninguna manera puede significar una autorizacin constitucional para que el Estado destine recursos pblicos con miras a su promocin e incentivo por cuanto, en ella subyacen elementos de orden estrictamente religioso que en definitiva benefician a una confesin en particular. La Corte aclar que de ninguna manera pretende desconocer la vala que para un sector tal vez mayoritario- de la sociedad colombiana representan las procesiones litrgicas de la Semana Santa. Es, por el contrario profundamente respetuosa de esas prcticas centenarias y de la importancia de su conservacin para la comunidad de feligreses adscritos a la iglesia catlica quienes han tenido, tienen y seguirn teniendo plena autonoma para promoverlas y patrocinarlas como expresin de sus derechos fundamentales y de sus libertades fundamentales. Sin embargo, no por ello, puede autorizar que los recursos pblicos se destinen a su promocin y divulgacin, porque terminara por desvanecer la neutralidad y separacin del Estado-Iglesias, que el constituyente de 1991 quiso consagrar al reconocer la laicidad del Estado y su consecuente neutralidad religioso.

 

COMUNICADO 19

C-225/16

Jorge Ivn Palacio Palacio y Alejandro Linares Cantillo

 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA NACIN LA SEMANA SANTA DE PAMPLONA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER ASIGNACION DE RECURSOS PUBLICOS. (LEY 1645 DE 2013)

04-05-16

 

Cosa juzgada constitucional en sentencia C-224/16

COMUNICADO 19

C-230/16

Alberto Rojas Ros

 

PRECEPTO QUE CONSAGRA LOS MECANISMOS AUTORIZADOS PARA REFORMAR LA PROHIBICIN DE REELECCIN PRESIDENCIAL. (ACTO LEGISLATIVO 2 DE 2015 ART. 9)

11-05-16

 

La Corte reiter que los actos reformatorios de la Carta Poltica pueden ser invalidados bajo la consideracin de que el Congreso de la Repblica careca de competencia para ello, por tratarse de una sustitucin de la Constitucin ms que de una reforma de la misma. En esta hiptesis, se configurara un vicio de competencia basado en la distincin entre reforma y sustitucin de la Constitucin, la cual es una situacin excepcional, por cuanto, segn se desprende del artculo 374 superior, el Congreso tiene de manera permanente el poder de reformar la Constitucin Poltica, y porque no contiene clusulas ptreas, de modo que en principio cualquiera de sus disposiciones, e incluso todas ellas, pueden ser objeto de enmienda. Por ello, la carga argumentativa que en estos casos debe cumplir el actor es muy superior a la que de ordinario le incumbe cuando se demanda la inconstitucionalidad de las leyes, pues adems de sustentar y demostrar los pertinentes cargos, debe desvirtuar la presuncin de que el Congreso obr en ejercicio de sus competencias. Al realizar el juicio de competencia, la Corte no hace ni un control material ni un juicio de intangibilidad. No se parte en este anlisis de la existencia de normas constitucionales inviolables, inmodificables o intangibles ni de una confrontacin entre las normas constitucionales preexistentes y aquellas consagradas en la reforma. De lo que se trata es de proteger los valores y principios vertebrales del Estado constitucional de derecho, sin los cuales el Estado constitucional deja de ser lo que es y se transforma en un modelo jurdico poltico distinto. Al examinar los requisitos que debe cumplir una accin pblica de inconstitucionalidad formulada contra un acto legislativo por vicios de competencia, la Corte encontr que en el presente caso, aunque la demanda cumple con la estructura formal de un juicio de sustitucin de la Constitucin, identificando una premisa mayor (modelo de rigidez constitucional), una premisa menor (restriccin al poder del Congreso para reformar la Constitucin) y una conclusin (sustitucin del elemento axial de rigidez constitucional y correlativamente, afectacin de la vigencia del principio democrtico), no explica por qu establecer que la reforma de la prohibicin de la reeleccin presidencial solo puede realizarse mediante referendo de iniciativa popular o de asamblea constituyente, sustituye la Constitucin y por lo tanto, el constituyente derivado habra incurrido en un vicio de competencia que conducira a la inexequibilidad de la disposicin acusada contenida en el artculo 9 del Acto Legislativo 2 de 2015. Advirti, que en la formulacin de la premisa menor, los demandantes plantean en realidad un control material de la reforma constitucional, basado en la confrontacin del artculo 197 Superior y los artculos 113 y 114 de la Carta Poltica, sin exponer con precisin y claridad en qu consistira la sustitucin del modelo semirrgido que aduce fue consagrado por el constituyente de 1991 y porqu ese modelo es inmodificable. En estas condiciones, la Corte no poda realizar un examen y decisin de fondo.

 

COMUNICADO 20

C-231/16

Jorge Ignacio Pretelt Chaljub

NORMA QUE MODIFICA PARCIALMENTE LA LEY 906 DE 2004 EN RELACION CON MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD FACULTAD DEL JUEZ DE CONTROL DE GARANTAS PARA VALORAR SI EN EL FUTURO SE CONFIGURARN LOS REQUISITOS PARA DECRETAR LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO. (LEY 1760 DE 2015 ART. 2)

11-05-16

 

En el presente caso, la Corte deba determinar, si al autorizar al juez de control de garantas para valorar si en el futuro se configurarn los requisitos para decretar una medida de aseguramiento, se desconocen los principios de justicia, seguridad jurdica, la presuncin de inocencia y la libertad personal, por cuanto se tomaran decisiones con base en hechos futuros que son inciertos, con un alto grado de discrecionalidad que se torna en arbitrariedad al momento de decidir. En primer lugar, la corporacin record que la jurisprudencia ha reconocido que las medidas de aseguramiento tienen por esencia, un carcter preventivo de hechos futuros y no sancionador de hechos ocurridos en el pasado. En el caso concreto de la detencin preventiva, su misma denominacin denota su carcter y confirma que lo que debe realizar el juez es una valoracin de hechos actuales que se proyectan hacia el futuro, los cuales se pretende evitar y destaca el carcter preventivo y no retributivo de las medidas de aseguramiento, tal como lo contempla el artculo 2 de la Ley 1760 de 2015. En segundo lugar, la Corte efectu el anlisis de cada una de las finalidades de las medidas de aseguramiento contempladas en el Cdigo de Procedimiento Penal, del cual concluy que ninguna de ellas se aplica para sancionar una situacin ocurrida en el pasado, sino para evitar que valoradas las condiciones actuales del proceso se presente una situacin en el futuro, como cuando se valora si la persona constituye un peligro para la sociedad, la posible obstruccin al debido ejercicio de la justicia, la no comparecencia del imputado al proceso o el no cumplimiento de la sentencia. En tercer lugar, el tribunal constitucional observ que un anlisis sistemtico de la Ley 906 de 2004 permite inferir que si bien la norma demandada no exige expresamente que se presenten elementos probatorios frente a la configuracin de los requisitos constitucionales de la medida de aseguramiento, el artculo 306 de la misma ley s lo requiere, al exigir al fiscal que solicita al juez de control de garantas dicha medida, presente entre otros, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida. En cuarto lugar, la Corte reiter que para que la medida de aseguramiento no se entienda como una pena anticipada y por tanto, no vulnere la presuncin de inocencia, como tambin, solo se aplique de manera excepcional y no, como regla general, debe ser necesaria desde una perspectiva jurdica, esto es, encaminada a los logros de los objetivos del proceso penal en general y a los fines de cada medida cautelar en especial. Al mismo tiempo, debe ser proporcionada con los elementos de conviccin para dictarla y los hechos que se investigan, de manera que no se restrinja la libertad del detenido ms all de los lmites estrictamente necesarios para asegurar que aqul no impedir el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludir la accin de la justicia. Adems, debe existir conviccin acerca de que valorados los hechos actuales, exista una alta probabilidad de que el procesado sea el autor de la conducta punible investigada y de que se cumpla con las finalidades de las medidas de aseguramiento.

 

COMUNICADO 20

C-232/16

Alejandro Linares Cantillo

CONFORMACIN Y FUNCIONAMIENTO DENTRO DE LA FISCALA GENERAL DE LA NACIN DE COMITS TCNICO-JURDICOS DE REVISIN DE LAS SITUACIONES Y CASOS ADELANTADOS POR LOS FISCALES DELEGADOS. (DECRETO 16 DE 2014, ARTS. 4, 5, 15, 16, 17, 20, 29, 31 Y 33)

11-05-16

El problema jurdico que le correspondi resolver a la Corte Constitucional en esta oportunidad, consisti en determinar si la competencia para organizar y adelantar comits tcnico-jurdicos de revisin de las situaciones y los casos y disponer que la decisin de estos prevalecer en caso de discrepancia, frente a la decisin del fiscal de cada caso, vulnera el principio constitucional de independencia y autonoma de las decisiones de la administracin de justicia consagrado en los artculos 228 y 230 de la Constitucin Poltica. La Corte concluy que no contraviene la Constitucin que el legislador extraordinario haya previsto la conformacin y el funcionamiento dentro de la Fiscala General de la Nacin, de comits tcnico-jurdicos de revisin de las situaciones y los casos bajo investigacin, cuya decisin prevalecer en el evento de haber discrepancia, frente a la posicin del fiscal de cada caso, toda vez que se trata del ejercicio de la competencia atribuida constitucionalmente al legislador para desarrollar el principio constitucional de unidad de gestin y jerarqua de la Fiscala General y determinar, en este mbito, los trminos y condiciones de la autonoma de los fiscales delegados, segn lo ordena el numeral 3 del artculo 250 de la Constitucin Poltica, en el ejercicio de sus funciones no jurisdiccionales. Esto significa que la organizacin, funcionamiento y prevalencia de decisin de los comits tcnico-jurdicos no se predica del ejercicio de funciones jurisdiccionales de los fiscales delegados las que, hoy en da subsisten, de manera excepcional, cuyo ejercicio se rige por los principios de autonoma e independencia de quienes ejercen funciones jurisdiccionales.

 

COMUNICADO 20

C-233/16

Luis Ernesto Vargas Silva

CDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL - RECURSOS CONTRA DECISIONES ADOPTADAS POR EL JUEZ DE EJECUCIN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD EN RELACIN CON LOS MECANISMOS SUSTITUTOS DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD. (LEY 906 DE 2004, ARTS. 459 Y 472)

11-05-16

 

La Corte Constitucional consider que en el presente caso no se configur una omisin legislativa relativa por la circunstancia de que los apartes demandados de los artculos 459, 472 y 478 de la Ley 906 de 2004, por haber excluido a las vctimas de la conducta punible de intervenir en la fase de ejecucin de la sentencia y presentar recursos contra las decisiones que adopte el juez de ejecucin de penas y medidas de seguridad en relacin con los mecanismos sustitutos de la pena privativa de la libertad. En el anlisis de este cargo de inconstitucionalidad, la Corte seal que haba de tenerse en cuenta que el legislador cuenta con un amplio margen de configuracin para regular la fase de ejecucin de la sentencia, como en efecto lo hizo en esta oportunidad, sin vulnerar los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparacin que le asisten a las vctimas, ni la igualdad ante los tribunales ni el acceso a recursos efectivos. En particular, la satisfaccin del derecho a la justicia lo logran las vctimas con la imposicin al responsable de la condena adecuada y proporcionada. En cuanto a la reparacin integral, observ que el juez de ejecucin de penas y medidas de seguridad, al momento de estudiar las solicitudes de libertad condicional o se suspensin de la ejecucin de la pena privativa de la libertad, adems de verificar el cumplimiento de los requisitos especficos que exige la ley, constata que el condenado haya reparado a la vctima o asegurado el pago de la indemnizacin mediante garanta personal, real, bancaria o acuerdo de pago. Adicionalmente, la responsabilidad civil que se deriva de la conducta punible es independiente y puede hacerse valer en el incidente de reparacin integral, que corresponde a una etapa procesal diferente a la de ejecucin de la pena. De otra parte, advirti que las vctimas pueden ser representadas de forma indirecta por el Ministerio Pblico, que tiene la obligacin legal de velar por los intereses de las vctimas, al estar habilitado para intervenir en todo lo relacionado con la ejecucin de la pena y que en el marco de la actuacin penal, obra como representante de la sociedad y vela as mismo, porque se respeten los derechos de las vctimas en el trmite judicial (art. 111 de la Ley 906 de 2004), obligaciones que se extienden hasta la fase de ejecucin de las penas.

 

COMUNICADO 20

C-234/16

Mara Victoria Calle Correa

NORMA QUE MODIFICA PARCIALMENTE LA LEY 906 DE 2004 EN RELACION CON MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD. (LEY 1760 DE 2015 ART. 1 PARCIAL)

11-05-16

 

La Corte encontr que los cargos formulados en la demanda presentada contra la disposicin legal que habilita al juez de control de garantas para sustituir la medida de aseguramiento privativa de la libertad, cuando ha vencido el trmino establecido en el pargrafo 1 del artculo 307 de la Ley 906 de 2004, carece de la certeza que se requiere para abordar y proferir un fallo de fondo. Lo anterior, por cuanto los demandantes partieron de una lectura equivocada de la norma acusada, ya que entienden que la Ley 1760 de 2005 efectu una modificacin sustancial de la facultad que tienen las partes en el proceso penal para solicitar la sustitucin de la medida de aseguramiento privativa de la libertad, suprimiendo la posibilidad de que el procesado solicite su libertad. Sin embargo, la Corte observ que este no es el sentido de la norma, toda vez que se circunscribi a limitar para la Fiscala y el representante de las vctimas la oportunidad de solicitar la prrroga o la sustitucin de la medida de aseguramiento al momento en que se vence el trmino lmite de la privacin de la libertad.

 

COMUNICADO 20

A202/16

Gloria Stella Ortiz Delgado

INCIDENTE DE NULIDAD DE PROVIDENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL PROFERIDAS EN RELACIN CON EL ACTO LEGISLATIVO 2 DE 2004

 

11-05-16

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional rechaz por ser improcedente, la solicitud de nulidad formulada por el ciudadano Jaime Araujo Rentera, de las sentencias C-1040, C-1041 C-1042, C-1043, C-1044, C-1045, C-1046, C-1047, C-1048, C-1049, C-1050, C-1051, C-1051, C-1052, C-1053, C-1054, C-1055, Cp.1056 y C-1057 de 2005, C-034, C-174 y C-278 de 2006 y de los Autos 155 y 156 de 2008, providencias dictadas en torno del Acto Legislativo 02 de 2004 que autoriz en Colombia, la reeleccin inmediata del Presidente de la Repblica en ejercicio. A juicio del solicitante, las condenas penales impuestas a los dos exministros y al director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Repblica constituyen un hecho jurdicamente nuevo y sobreviniente que obligaba a la Corte a declarar la nulidad absoluta de las providencias mencionadas. Como sustento de su peticin, adujo que para la fecha de expedicin de estas sentencias, el Tribunal Constitucional desconoca circunstancias que hubiesen impedido la declaracin de exequibilidad del Acto Legislativo 02 de 2004, las cuales solo fueron develadas en la sentencia condenatoria de la Sala de Casacin Penal de la Corte Suprema de Justicia del 15 de abril de 2015. La Corte encontr que en el presente caso no se cumplan los presupuestos procesales requeridos, para que procediera el estudio y decisin de fondo acerca de la solicitud de nulidad de las citadas sentencias.

 

COMUNICADO 20

C-257/16

Luis Guillermo Guerrero Prez

CDIGO PENAL - TIPIFICACIN DE CONDUCTAS PUNIBLES DE ACTOS DE DISCRIMINACIN Y DE HOSTIGAMIENTO, AS COMO EN LA CAUSAL DE AGRAVACIN PUNITIVA. (ARTCULOS 58.3, 134A Y 134B DE LA LEY 599 DE 2000)

18-05-16

 

La Corte encontr en primer trmino, que el juicio de inconstitucionalidad no era viable frente a las disposiciones que consagran los delitos de actos de discriminacin y de hostigamiento por la falta de previsin de la categora de la identidad de gnero, toda vez que antes de presentarse la demanda, la Ley 1752 de 2015 modific los tipos penales acusados mediante la introduccin de una clusula residual de factores de discriminacin, clusula que al permitir la criminalizacin de los delitos motivados por la identidad de gnero de la vctima, tcitamente enmend la presunta falencia constitucional identificada por el actor. Razn por la cual, la Corte se abstuvo de pronunciarse sobre el cargo de omisin legislativa relativa respecto de los artculos 134A y 134B del Cdigo Penal. En relacin con los cuestionamientos en contra de los artculos 134A y 134B del Cdigo Penal, por no precisar que la criminalizacin se extiende no solo a las agresiones motivadas en la orientacin sexual real de la vctima sino tambin en las motivadas en la meramente percibida por el agresor, la Corporacin determin que los preceptos demandados no adolecan del dficit normativo alegado por el actor, cuando la utilizacin de los criterios hermenuticos ordinarios permite llagar a la conclusin contraria. En efecto, del texto de las citados artculos se deduce que la sancin penal y el juicio de reproche se establecen en funcin de los mviles (racista, sexista, xenofbico u otro semejante) de la accin y no en razn de la pertenencia de un sujeto a un grupo discriminado, por lo que resulta indiferente que la vctima del delito detente o no la condicin que se le adjudica por el victimario. Con respecto a la acusacin en contra del artculo 58.3 del Cdigo Penal por la falta de inclusin de la categora de la identidad de gnero como factor discriminatorio en funcin del cual se estructura la circunstancia de mayor punibilidad, la Corte concluy igualmente, que el precepto legal no adolece de la falencia que se supuso en la demanda de inconstitucionalidad, puesto que un correcto entendimiento del precepto acusado descarta esta conclusin. En efecto, la norma establece la agravacin de los delitos cuya motivacin es la aversin hacia el sexo de la vctima, el cual puede atender no solo a sus condiciones biolgicas sino tambin a su propia percepcin sobre su identidad sexual; es decir, la categora del sexo subsume a la de la orientacin sexual. De otro lado, el artculo 58.3 del Cdigo Penal agrava los delitos cuya motivacin es la aversin hacia la orientacin sexual de la vctima y cuando se expidi el Cdigo Penal en la comunidad jurdica se asimilaban las nociones de orientacin sexual y de identidad de gnero, por lo cual debe presumirse que el legislador quiso agravar ambas modalidades de discriminacin.

 

COMUNICADO 21

C-258/16

Mara Victoria Calle Correa

INGRESO AL PAS DE PERSONAS EXTRANJERAS AFECTADAS POR CIERTA CATEGORA DE ENFERMEDADES - DERECHOS DE SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIN Y EL PRINCIPIO DE RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA - VOCABLOS OFENSIVOS Y PEYORATIVOS QUE VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y DIGNIDAD HUMANA. (LEY 48 DE 1920 ART. 7 LITERALES A Y B)

 

18-05-16

 

Acorde con la lnea jurisprudencial trazada en esta materia, la Corte determin que el legislador vulnera el derecho de igualdad cuando establece que los extranjeros no tienen permitido ingresar al territorio colombiano, solo por el hecho de padecer enfermedades graves, crnicas y contagiosas o de considerarse que sufren enajenacin mental, por cuanto ello implica una discriminacin en contra de personas que son sujetos de especial proteccin constitucional. Para la Corte, en el presente caso, el medio no es adecuado para alcanzar el fin propuesto, toda vez que supone que protege a las personas que habitan Colombia, al evitar que algunas personas extranjeras por las enfermedades que padecen o la situacin de discapacidad que enfrentan, ingresen al pas. Es decir, las normas parten de aceptar los prejuicios con base en los cuales se ha afectado y apartado a las personas que tienen esa condicin. Se trata de una norma en la cual se acta fundado en un prejuicio, por las mismas razones por las que es sospechoso de discriminacin. Aunque es cierto que en algunos casos las personas extranjeras puede portar enfermedades que impliquen un riesgo para la salud de los habitantes de una nacin, el criterio empleado por la norma para lograr su cometido legtimo de proteger a la poblacin, no asegura que ello sea as. Muchas enfermedades que son crnicas o graves para una persona en concreto, no representan un riesgo para la salud de los dems y en tal medida, el medio resulta inadecuado para proteger a los ciudadanos. Por otra parte, la Corte determin que el legislador viola el principio de respeto a la dignidad humana, al usar expresiones como idiotas, cretinos o baldados, que son en s mismas ofensivas y excluyentes y por promover que prejuicios y visiones peyorativa sean mantenidas. Habida cuenta de ser contrarios al orden constitucional vigente, de manera flagrante y evidente, al desconocer los principios de igualdad y respeto a la dignidad humana, el tribunal procedi a retirar del ordenamiento los citados vocablos, los cuales han sido reemplazados por trminos ms actuales y acordes con el catlogo de derechos consagrados en la Constitucin Poltica y los pactos y convenciones internacionales de derechos humanos.

 

COMUNICADO 21

C-259/16

Luis Guillermo Guerrero Prez

MEDIDAS TRANSITORIAS ADOPTADAS POR EL CONGRESO PARA ESTIMULAR LA LEGALIZACIN DE EXPLOTACIN MINERA INFORMAL. (LEY 685 DE 2001 ART. 165)

18-05-16

 

En el presente caso, le correspondi a la Corte definir: (i) en primer lugar, si el legislador vulner los mandatos constitucionales de proteccin del medio ambiente y de los recursos naturales (arts. 8, 79 y 80 C.Po.); (ii) en segundo lugar, en el mismo escenario, le competa a este Tribunal determinar, si la expresin ni a proseguirles las acciones penales sealadas en los artculos 159 y 160 del Cdigo de Minas, es contraria al deber del Estado de investigar y sancionar delitos contra el medio ambiente, pues implica una supuesta renuncia y/o suspensin de la accin penal, que transgrede la regla de que dichas decisiones dependen del ejercicio del principio de oportunidad, conforme se dispone en el artculo 250 de la Carta. Lo anterior, en un contexto en el que tambin se considera vulnerada la garanta del orden justo (art. 2 C.Po.), al permitir que, en palabras del demandante, por falta de sancin, se produzcan lesiones al medio ambiente y a los recursos naturales. La Corte concluy que contrario a lo sostenido por el actor, la norma demandada tiene la virtualidad de convertirse en un medio para asegurar la defensa del medio ambiente y de los recursos naturales, en cuanto privilegia la legalizacin del minero informal, bajo parmetros acordes con los deberes de prevencin, mitigacin y control del ambiente, en los trminos dispuestos por la Constitucin y la ley. Encontr que el proceso de legalizacin es un proceso reglado que se rige por la garanta del debido proceso y en el que, como pudo constatar, se prioriza el deber de proteccin al medio ambiente, no solo con la proscripcin de la entrega de ttulos en zonas prohibidas o ecolgicamente sensibles, sino tambin con la participacin activa de las autoridades ambientales. En virtud de la solicitud de legalizacin de actividades de explotacin minera anteriores al 17 de agosto de 2001, que debe haberse presentado a ms tardar el 31 de diciembre de 2004, los mineros informales o de hecho se hacen beneficiarios de unas prerrogativas delimitadas en la ley: no hay lugar al decomiso de los minerales derivados de la explotacin, ni a la suspensin de la actividad que no cuenta con un ttulo inscrito en el Registro Minero Nacional y no se prosigue en su contra con la accin penal por el delito de explotacin ilcita de yacimiento minero y otros materiales. Estas medidas corresponden a una poltica social que se encamina a garantizar los derechos al trabajo, a la vida digna y al mnimo vital de los pobladores de zonas rurales del pas que viven de este oficio, a la vez que le otorga prioridad a los deberes de prevencin y mitigacin del dao, sobre la posibilidad de imponer medidas sancionatorias, cuya exclusin temporal, permite crear un estmulo para combatir la minera ilegal y evitar el impacto ambiental desmedido que sta pueda llegar a tener, a partir del control que se asume por el Estado. De esta forma, la norma acusada no permite que las minas funcionen sin control y al margen de la normatividad ambiental, toda vez que con excepcin de las medidas sancionatorias que se excluyen, el ordenamiento jurdico deja salvo las competencias de prevencin, mitigacin y control del impacto ambiental, las cuales hacen parte fundamental del proceso de legalizacin minera. A juicio de la Corte, las medidas por el legislador resultan adecuadas para alcanzar el propsito que se busca, puesto que las sanciones que se excluyen estn directamente vinculadas con la lgica que envuelve el proceso de legalizacin. Esta autorizacin provisional que busca estimular la legalizacin minera a travs de un proceso reglado en el que se prioriza la proteccin del medio ambiente no tendra sentido y carecera de la posibilidad de generar un efecto en la prctica si se sanciona por la va penal o administrativa, directa o indirectamente, la inexistencia del ttulo habilitante para ejercer la actividad minera. En cuanto al cargo planteado por el desconocimiento del deber estatal de investigar y sancionar delitos contra el medio ambiente, al permitir la renuncia y/o suspensin de la persecucin penal, por fuera del marco propio del principio de oportunidad, en los trminos previstos en el artculo 250 de la Constitucin, la Corte consider que no estaba llamado a prosperar, por cuanto se demostr que existen otras alternativas penales que con una cobertura de mayor proteccin, igualmente protegen al medio ambiente como bien jurdico tutelado por el derecho penal. Por lo dems la imposibilidad de proseguir la accin penal respecto del delito de explotacin ilcita de yacimiento minero y otros minerales (art. 388, Cdigo Penal), con la finalidad de impulsar el proceso de legalizacin minera es una medida temporal que suspende el carcter delictivo de ese comportamiento bajo ciertas condiciones, mientras se tramita la formalizacin, decisin que responde al mbito de configuracin normativa del legislador en materia criminal, que no desconoce los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

 

COMUNICADO 21

C-260/16

Luis Ernesto Vargas Silva

NORMA QUE REESTRUCTURA LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL, SE ESTABLECEN REQUISITOS PARA EL DESEMPEO DE SUS CARGOS, SE IMPLEMENTA SU FISCALA GENERAL PENAL MILITAR Y POLICIAL, SE ORGANIZA SU CUERPO TCNICO DE INVESTIGACIN, SE SEALAN DISPOSICIONES SOBRE COMPETENCIA PARA EL TRNSITO AL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y PARA GARANTIZAR SU PLENA OPERATIVIDAD EN LA JURISDICCIN ESPECIALIZADA. (ARTCULOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 44, 56,57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 Y 93 DE LA LEY 1765 DE 2015)

18-05-16

 

La Corte encontr que la demanda de inconstitucionalidad formulada en esta oportunidad en contra de varias disposiciones de la Ley 1765 de 2015, no cumpla en debida forma, con los requisitos exigidos por el Decreto 2067 de 1991 y precisados por la jurisprudencia constitucional, para que se pueda abordar un estudio de fondo y proferir un fallo de mrito sobre la constitucionalidad de los preceptos legales acusados. Si bien en un principio poda pensarse que el cargo por el presunto desconocimiento de la reserva de ley estatutaria formulado por la demandante permita un examen y decisin de fondo, lo cierto es que al momento de proceder a verificar la aptitud sustancial de la demanda y en particular, los argumentos que se exponen como fundamento del concepto de violacin de la Constitucin, la Sala Plena constat que adoleca de falencias que no permitan realizar un estudio de fondo sobre el cargo planteado.

COMUNICADO 21

C-261/16

Luis Guillermo Guerrero Prez

NORMAS PARA SUPRIMIR O REFORMAR REGULACIONES, PROCEDIMIENTOS Y TRMITES INNECESARIOS EXISTENTES EN LA ADMINISTRACIN PBLICA NORMA QUE PROHIBA A LAS ENTIDADES PBLICAS PATROCINAR, CONTRATAR O REALIZAR DIRECTAMENTE PUBLICIDAD OFICIAL NO RELACIONADA CON SUS FUNCIONES, AS COMO IMPRESIONES DE LUJO.

18-05-16

 

La Corte Constitucional determin que el Presidente de la Repblica al expedir el artculo 232 del Decreto 019 de 2012 excedi el alcance de las facultades extraordinarias que le fueron conferidas por el Congreso de la Repblica mediante la Ley 1474 de 2011, puesto que careca de competencia material para modificar aspectos de la regulacin referente a la publicidad oficial, en al menos dos sentidos: (i) de una parte, porque la Ley 1474 de 2011 circunscribi la delegacin de regulacin legislativa a la supresin o reforma de regulaciones, procedimientos y trmites innecesarios existentes en la Administracin Pblica, mientras que el precepto impugnado introdujo una regla con una naturaleza y un alcance distinto; y (ii) de otra parte, la disposicin atacada contraviene las orientaciones de la propia ley habilitante. En concreto, el Tribunal advirti que el primer tipo de extralimitacin era evidente tanto desde una aproximacin textual a la normatividad objeto de la confrontacin, como desde una perspectiva teleolgica. En efecto, el Presidente de la Repblica no suprimi o reform regulaciones, procedimientos o trmites innecesarios existentes en la administracin pblica que afectarn a los ciudadanos, sino que ampli el alcance de las competencias de las entidades del orden nacional y territorial relacionado con la contratacin, el patrocinio y la produccin de publicidad e impresiones oficiales. Especficamente, la eliminacin de las expresiones en forma directa y o con policromas contenidas en el inciso cuarto de la Ley 1474 de 2011 derivan de la extensin de las facultades de las entidades pblicas para contratar o patrocinar impresiones de lujo y difcilmente puede considerarse como la abrogacin o sustitucin de un reglamento innecesario de ajuste u ordenacin de aspectos de un sistema que afecte a la generalidad de los ciudadanos en sus vnculos con la administracin, pues si bien se modific una regulacin como lo autorizaba la ley habilitante el objeto del cambio normativo, se circunscribi a los parmetros que deben tener en cuenta las entidades para realizar publicaciones. Adicionalmente, la Corte estim que la norma atacada fija una regulacin ajena a los trmites que los ciudadanos adelantan ante la administracin pblica, ignorando lo dispuesto en la ley habilitante, que confiri facultades extraordinarias relacionadas con aquellas diligencias o etapas exigibles al ciudadano para iniciar, llevar a cabo y culminar una gestin ante el Estado, excluyendo otro tipo de actuaciones. De otro lado, la Corte estableci que desde un punto de vista teleolgico tambin era evidente la extralimitacin en el ejercicio de las facultades normativas delegadas al Ejecutivo, ya que la habilitacin legislativa prevista en el artculo 75 de la Ley 1474 de 2011 apuntaba a que el Presidente racionara y simplificara los trmites de los ciudadanos ante la administracin, mientras que el precepto acusado tiene un contenido y una finalidad eminentemente presupuestal, tanto as que la norma modificada hace parte de una disposicin que regula los recursos que destinen las entidades pblicas y las empresas y sociedades con participacin mayoritaria del Estado del orden nacional y territorial, en la divulgacin de los programas y polticas que realicen, a travs de la publicidad oficial o de cualquier otro medio o mecanismo similar que implique utilizacin de dineros del Estado y que pretende la mayor austeridad en el gasto y la reduccin real de costos.

 

COMUNICADO 21

C-262/16

Jorge Ivn Palacio Palacio

CDIGO CIVIL MEDIDA DE PROTECCIN DE LOS HIJOS DE NOMBRAR GUARDADOR EN TODO CASO DE SUSPENSIN DE LA PATRIA POTESTAD DE AMBOS PADRES, SIN TENER EN CUENTA SI TIENEN VNCULO MATRIMONIAL. (CDIGO CIVIL ART. 310)

18-05-16

 

La Corte resalt que la patria potestad es uno de los instrumentos a los cuales ha recurrido el Estado para garantizar el desarrollo armnico e integral del menor de edad. Esta institucin corresponde al deber que impone el inciso octavo del artculo 42 de la Carta a los padres, de sostener y educar a los hijos mientras sean menores de edad e incluso durante su formacin profesional y a la obligacin consagrada en el artculo 44 superior, de asistir y proteger al nio para garantizar su desarrollo armnico e integral, la cual se impone en su orden, a la familia, la sociedad y el Estado, quienes participan de forma solidaria y concurrente en la consecucin de tales propsitos. La patria potestad consiste en el conjunto de derechos que la ley les reconoce a los padres sobre los hijos no emancipados para facilitar a aquellos el cumplimiento de los deberes que su calidad les impone. En la norma original del Cdigo Civil, la patria potestad era exclusiva del padre legtimo y solo pasaba a la madre cuando el padre falleca y mientras observara buena conducta y no contrajera matrimonio. En la Ley 45 de 1936 la ampli a los dos padres, pero en el caso del hijo extramatrimonial la ejerca la madre. A partir de la Ley 75 de 1968, la patria potestad se ejerce por los padres, sin hacer ninguna distincin. Es una institucin de orden pblico, obligatoria e irrenunciable, personal e intransferible e indisponible. En cuanto a la norma acusada, el artculo 310 del Cdigo Civil, al regular la suspensin de la patria potestad slo prev la designacin de guardador del hijo, si se trata de padres que son cnyuges, dejando por fuera filiaciones paternales distintas a la matrimonial. Para la Sala, la norma acusada es inconstitucional puesto que lleva a concluir que la suspensin de la patria potestad excluye de la medida de proteccin de designacin de guardador para los nios cuya patria potestad es ejercida por padres que carecen de vnculo matrimonial, como son los que conviven en unin libre y los que no son pareja, la Corte procedi a excluir el vocablo cnyuges que hace parte de los incisos primero y segundo del artculo 310 del Cdigo Civil y a sustituirlo por el de padres de manera que la medida de proteccin que all se establece proceda en todo caso de suspensin de la patria potestad de ambos progenitores.

 

COMUNICADO 21

C-263/16

Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

INCLUSIN EN LEY QUE ESTABLECE EL RGIMEN JURDICO DE ASOCIACIONES PBLICO PRIVADAS, DE UNA NORMA PRESUPUESTAL APLICABLE DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO. (ART. 28 PARCIAL DE LEY 1508 DE 2012)

18-05-16

 

La Corte concluy que el eje temtico de la Ley 1508 de 2012 es el rgimen jurdico de las Asociaciones Pblico Privadas y que por consiguiente, el artculo 28 deba responder a ese ncleo estructural de las relaciones entre las distintas partes de la ley, de modo que la razn del precepto parcialmente demandado radica que en el Congreso de la Repblica quiso incentivar el desarrollo de las Asociaciones Pblico Privadas mediante la incorporacin presupuestal de hasta el 20% de cartera vigente por recaudar de vigencias anteriores, propsito que qued consignado en la primera parte del artculo 28. La Corte observ que el texto de los artculos 1 y 3 de la Ley 1508 de 2012 que definen las Asociaciones Pblico Privadas y los contratos a los cuales es aplicable esta ley, no deja duda acerca de la orientacin de la ley y de la falta de conexin del segmento censurado con esa orientacin legislativa que est presidida por la adopcin del rgimen jurdico de las asociaciones Pblico Privadas, rgimen al que nada aporta una previsin presupuestal relativa a Empresas Sociales de Estado que no hayan celebrado contratos bajo el esquema de la mencionadas Asociaciones. De otra parte, el Tribunal reiter que la inclusin de varios temas en una misma ley no autoriza que cada una de las materias tratadas integre un compartimento absolutamente separado de los dems mbitos temticos, pues de entenderlo as, su simple mencin en el ttulo de la ley, todas las normas orgnicas del presupuesto quedaran expuestas a su modificacin e incluso, la referencia a otras disposiciones, abrira la posibilidad de involucrar cualquier materia en la ley.

 

COMUNICADO 21

C-272/16

Luis Ernesto Vargas Silva

LEY DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014-2018, QUE REGULABA UNA CONTRIBUCIN ESPECIAL PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PBLICO. (LEY 1753 DE 2015 ARTCULO 191)

25-05-16

 

A la Sala Plena correspondi determinar si la disposicin acusada: a) vulneraba la autonoma de las entidades territoriales para fijar los elementos de los tributos y administrar sus propios recursos, b) desnaturalizaba la tipologa tributaria establecida en la Constitucin, al individualizar la contraprestacin correlativa a una contribucin especial, los sujetos pasivos del tributo y la base gravable, impidindoles a las entidades territoriales fijar los elementos del tributo, y c) contrariaba la clusula de Estado social de derecho, al fijar una contribucin regresiva que promueve que slo las personas y zonas con mayor capacidad de pago reciban alumbrado pblico. Para decidir, la Corte subray que, a la luz de la Carta Poltica y, en especial, de los artculos 365 a 370, los servicios pblicos son inherentes a la finalidad social del Estado, y que existe una relacin inescindible entre dichos servicios y el principio de Estado social de derecho (art. 365 C. P.). La Corte indic que la funcin fundamental del servicio de alumbrado pblico no es proporcionar un beneficio exclusivo, particular y privado a personas especficas, sino que es prestado en inters general a toda una colectividad. De similar forma, reiter que contrario a las tasas, las contribuciones especiales son compensaciones que se pagan por beneficios dirigidos a sectores sociales, no individualizables. Seal que dichas obras no se llevan a cabo a eleccin o por solicitud del contribuyente y que el pago del gravamen es obligatorio. Conforme a lo anterior, la Sala Plena constat que la financiacin del servicio de alumbrado pblico, en tanto no genera utilidades particulares a personas o grupos sociales especficos, no es compatible con las contribuciones especiales. As mismo, la Corte consider que el artculo demandado condicion la prestacin continua, permanente y en inters general del alumbrado pblico a los criterios de viabilidad financiera y de rentabilidad razonable, en relacin con aparentes beneficiarios individuales del servicio, con lo cual, puso en riesgo su suministro efectivo en todas la zonas del pas. Al comportar esta consecuencia, la Sala Plena encontr que el legislador infringi la clusula de Estado social, en especial los artculos 365 y 1, as como el artculo 338 de la Constitucin. Desconoci que, de acuerdo al tenor literal del artculo 365 C. P., los servicios pblicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que en este reside la obligacin de asegurar su prestacin eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. As mismo, menoscab el principio de la prevalencia del inters general, al someter a indicadores de rentabilidad y viabilidad financiera, ligados a supuestos beneficiarios individuales del servicio, la continuidad de un servicio que beneficia a toda la colectividad (art. 1 dem). Y, por ltimo, lesion el artculo 338 C. P., puesto que el Constituyente solo permite a la ley establecer la modalidad de las contribuciones para obtener compensaciones por beneficios particulares recibidos, los cuales no se perciben a travs del servicio de alumbrado pblico. Con base en lo anterior, la Corte concluy que el tributo creado por el artculo acusado era contrario a la Constitucin. Dado que toda la regulacin que segua y anteceda al establecimiento de la contribucin especial en los apartados controvertidos era accesoria a ella y guardaba unidad de sentido y propsito con el gravamen incompatible con la Carta, la Corte procedi a declarar la inexequibilidad del artculo 191 de la Ley 1753 de 2015, en su integridad. La Sala Plena aclar que, con la decisin, no surga vaco normativo alguno, puesto que recobraban vigencia las disposiciones tributarias anteriores de alumbrado pblico, en especial, el numeral 1, literal a, de la Ley 84 de 1915, en concordancia con el artculo 1, literal d, del artculo de la Ley 97 de 1913 y todas las normas que las modificaran y complementaran.

 

COMUNICADO 22

C-273/16

Gloria Stella Ortiz Delgado

PROHIBICIN A LAS AUTORIDADES REGIONALES, LOCALES O SECCIONALES PARA ESTABLECER QUE ZONAS DEL TERRITORIO QUEDAN EXCLUIDAS DE MANERA PERMANENTE O TEMPORAL DE ACTIVIDAD MINERA. (LEY 685 DE 2001, ARTCULO 37)

25-05-16

 

La Corte determin que en el presente caso, deba definir si la prohibicin prevista en el citado artculo a las entidades territoriales para establecer zonas excluidas de la actividad minera de manera permanente o transitoria, desconoce la reserva de ley orgnica tanto por tratarse de la restriccin a una competencia de las entidades territoriales, cuya regulacin requiere de la expedicin de una ley de esa categora (art. 288 C.Po.), como por vulnerar el artculo 151, al desconocer lo previsto en la Ley 1454 de 2011, ley orgnica de ordenamiento territorial que radic en las entidades territoriales la competencia para regular los usos del suelo, sin hacer diferenciacin alguna respecto de la explotacin minera. La Corte determin que en efecto, la prohibicin establecida en el artculo 37 del Cdigo de Minas desconoci la reserva de ley orgnica, por tratarse de una norma contenida en una ley ordinaria, que se refiere a la distribucin de competencias entre la Nacin y las entidades territoriales (art. 288 C.Po.), en este caso, de la reglamentacin del uso del suelo, ya que se les prohbe a las autoridades locales establecer zonas excluidas de la explotacin minera, competencia que se radica en las autoridades nacionales. As mismo, restringe la facultad de las asambleas departamentales y concejos municipales y distritales para fijar su plan de ordenamiento territorial. Acorde con el artculo 151 de la Carta Poltica, el artculo 29 de la Ley Orgnica 1454 de 2011 asigna a los municipios competencia para: a) formular y adoptar los planes de ordenamiento del territorio; b) reglamentar de manera especfica los usos del suelo, en las reas urbanas, de expansin y rurales, de acuerdo con las leyes y c) optimizar los usos de las tierras disponibles y coordinar los planes sectoriales, en armona con las polticas nacionales y los planes departamentales y metropolitanos, las cuales les atribuye directamente la Constitucin en los artculos 311 y 313, numerales 7 y 9. La Corte advirti que la circunstancia de que en virtud de la sentencia C-213 de 2014, el contenido normativo del artculo 37 demandado haya sido adicionado con una interpretacin conforme a la Constitucin, especficamente, respecto de la participacin de las autoridades territoriales en las decisiones relacionadas con la exclusin de zonas de la explotacin minera, no modifica la facultad de configuracin reservada al legislador para distribuir las competencias entre las entidades territoriales mediante una ley orgnica. La obligatoria regulacin legal de categora orgnica del recorte de una competencia de las entidades territoriales que se traslada a la autoridades nacionales, determina que el artculo 37 de la Ley 685 de 2001, contenido en una ley ordinaria, deba ser retirado del ordenamiento jurdico por desconocer la reserva de ley orgnica en esta materia consagrada en los artculos 151 y 288 de la Carta Poltica.

 

COMUNICADO 22

C-274/16

Luis Ernesto Vargas Silva

DISPOSICIONES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD DEONTOLGICA PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIN DE ENFERMERA EN COLOMBIA; SE ESTABLECE EL RGIMEN DISCIPLINARIO CORRESPONDIENTE. (EXPRESIN CONTENIDA EN PARGRAFO DEL ART. 9 DE LEY 911 DE 2004)

25-05-16

 

En el presente caso correspondi a la Corte determinar si la norma que establece la posibilidad de que el profesional de enfermera haga uso de la objecin de conciencia en el caso de que la ley o las normas de las instituciones permitan procedimientos que vulneren el respeto a la vida, la dignidad y los derechos de los seres humanos, contraviene pilares fundamentales del ordenamiento constitucional como son el principio de dignidad humana, el derecho a la vida y la prohibicin de tratos crueles, inhumanos o degradantes (Arts. 1, 11, 12 C.P.). A este problema central subyace otro, consistente en determinar bajo qu presupuestos, el ejercicio de la objecin de conciencia por parte de los profesionales de la enfermera resulta compatible con el derecho fundamental de los pacientes a acceder a un servicio de salud oportuno, continuo y de calidad. Para resolver estos problemas jurdicos la Sala hizo referencia a la dignidad, la vida y la integridad humanas como pilares fundamentales del Estado Social de Derecho; a la responsabilidad deontolgica en el ejercicio de la enfermera y el respeto de los derechos humanos y a su regulacin en la legislacin colombiana; record las reglas jurisprudenciales sobre objecin de conciencia en general, y especficamente en materia de salud; y en ese marco se pronunci sobre los problemas jurdicos identificados. En relacin con la expresin En el caso en el que la ley o las normas de las instituciones permitan procedimientos que vulneren el respeto a la vida, la dignidad, y los derechos de los seres humanos, que forma parte del precepto acusado, consider la Corte que este contenido normativo presenta serios e insalvables problemas de constitucionalidad. En primer lugar, porque admite y tolera, de antemano, que el propio legislador o las instituciones prestadoras del servicio de salud, emitan disposiciones que entraen vulneracin a los derechos a la vida, a la dignidad y a los derechos humanos de los pacientes. Un enunciado que admite regulaciones que vulneren los derechos humanos comporta una sustraccin por parte del legislador a su deber de legitimar sus actuaciones mediante mandatos orientados al respeto, promocin y defensa de estos derechos, cuya primaca vincula a todos los poderes pblicos. En segundo lugar, porque, adems de tolerar la existencia de disposiciones contrarias a pilares esenciales de la organizacin poltica como la dignidad, la vida y en general, los derechos humanos, contempla un correctivo que no es idneo para enfrentar las afectaciones ius fundamentales que esos preceptos pueden generar, comoquiera que deja librada su salvaguarda a la voluntad de los profesionales de enfermera que decidan ejercer la objecin de conciencia. Esta manera de concebir la proteccin y defensa de estos principios y derechos esenciales genera un dficit de proteccin de los derechos de los usuarios del sistema de salud que resulta contrario a los imperativos constitucionales de respeto a la dignidad humana (Art. 1), inviolabilidad de la vida (Art. 11), y preservacin de la integridad fsica y mental (Art. 12) de los pacientes. En cuanto a la segunda parte de la norma, es decir, la expresin el profesional de enfermera podr hacer uso de la objecin de conciencia, sin que por esto se le pueda menoscabar sus derechos e imponrseles sanciones, consider la Corte que esta no presenta problemas de constitucionalidad frente a los preceptos invocados por los demandantes, esto es, el derecho a la vida (Art. 11), a la dignidad (Art. 1) y a la integridad (Art. 12) de los pacientes. Para la Corte, este aparte de la norma, establece el derecho fundamental a la objecin de conciencia, ya previsto en el artculo 18 superior, del que son titulares los profesionales de enfermera cuando el orden jurdico les exige cumplir un comportamiento que su conciencia les prohbe. El ejercicio de esta prerrogativa por parte de los profesionales de esta disciplina debe fundamentarse en una ntima, profunda y sincera conviccin de carcter filosfico, moral o religioso, y armonizarse con el derecho del paciente a que se le garantice la prestacin del servicio o acto rehusado, en condiciones de calidad y de seguridad para su salud y su vida, sin imponerle cargas adicionales, exigirle actuaciones que obstaculicen su acceso a una atencin oportuna, continua, integral y de calidad, o que entraen el desconocimiento de sus derechos constitucionales fundamentales a la dignidad, a la vida, a la salud, o a la integridad personal.

 

COMUNICADO 22

C-284/16

Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

OBJECIONES FORMULADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL RESPECTO DE VARIAS NORMAS DEL NUEVO CDIGO GENERAL DISCIPLINARIO - FALTAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO O LA FUNCIN PBLICA. (PROYECTO DE LEY 055 DE 2014 SENADO -195 DE 2014 CMARA)

01-06-16

 

En primer trmino, el Gobierno objet la regla establecida en el artculo 67 del proyecto de ley por medio de la cual se expide el Cdigo General Disciplinario, segn la cual, en caso de que un determinado comportamiento sea expresamente previsto por una norma como falta gravsima, tal calificacin prevalecer frente a cualquier otra regla que la catalogue como falta grave o leve. A juicio del Gobierno, esta regla impide la vigencia del principio de favorabilidad, el cual hace parte del debido proceso consagrado en el artculo 29 de la Constitucin. Para la corporacin, en este caso es improcedente la invocacin al principio de favorabilidad, toda vez que este se aplica nicamente en caso de que exista un conflicto de normas en el tiempo, esto es, que el legislador haya expedido en dos distintos momentos, disposiciones que regulan la gravedad de una falta o la especfica forma de sancionarla, que es el nico escenario en el que debe preferirse la norma ms benigna. En segundo lugar, el Gobierno objet apartes de los artculos 55, 56, 57 y 58 del proyecto, por considerar que vulneran el principio de igualdad a propsito de la calificacin de las diez conductas especficamente demandadas como faltas gravsimas, que generara un problema de proporcionalidad, por cuanto recibiran un reproche disciplinario y una sancin idntica a la que se impondr a otros comportamientos cuya gravedad y transcendencia es significativamente superior y por tanto no comparable, como aquellos que atentan contra el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, la libertad y otros derechos fundamentales, la salud y la moralidad pblica y otros semejantes. En esta materia, la Corte record que existe un amplio y considerable margen de configuracin normativa a favor del rgano legislativo, a partir del cual, salvo la existencia de razones concretas y significativas que justifiquen la inexequibilidad de una norma en particular, debe primar el principio de conservacin del derecho. Analizadas las diez disposiciones objetadas, lo primero que encontr es que reproducen disposiciones legales vigentes en el actual Cdigo Disciplinario nico (Ley 734 de 2002), por lo que existe una clara y explcita voluntad del legislador de mantenerlas con la misma consecuencia jurdica ahora prevista. La nica modificacin que introduce el proyecto es clasificarlas en distinta forma, a partir de la aplicacin de unos determinados criterios. Contrario a lo que sostiene el Gobierno, no todas esas conductas darn lugar a una misma sancin, especialmente severa, puesto que de una parte, la consecuencia depender del grado de culpabilidad con que la falta haya sido cometida y de otra, an en las hiptesis ms cercanas, existir un amplio campo de accin para la autoridad disciplinaria en cuanto a la graduacin de las sanciones. Ya en concreto, en lo concerniente a la calificacin como falta gravsima de diez distintas conductas enunciadas en los artculos 55 a 58 del proyecto de ley examinado, la Corte estableci que resultaba tambin infundada la objecin frente a siete de ellas, puesto que no se observ que tales tipos disciplinarios sean contrarios a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad y por tanto, no existan razones de peso que permitieran descalificar las decisiones que al respecto ha aprobado el rgano legislativo, en ejercicio de su autonoma de configuracin normativa. Al mismo tiempo, encontr fundada esta segunda objecin respecto de tres de las conductas: (i) la prevista en el numeral 1 del artculo 55, relacionada con la configuracin del silencio administrativo positivo, al no distinguirse sobre las diversas circunstancias en que tal resultado puede presentarse; (ii) la contenida en el numeral 1 del artculo 58, concerniente a una posible omisin de los Comits de Conciliacin por la parcial indeterminacin del texto objetado y por la falta de necesidad estricta de la sancin frente a esta conducta, lo que a su turno repercute en la proporcionalidad de la misma, que fue la razn de la objecin formulada por el Gobierno Nacional; y (iii) la parte del numeral 3 del artculo 55 relacionada con el consumo en lugares pblicos de sustancias prohibidas que produzcan dependencia, por cuanto reproduce una norma que fue declarada exequible de manera condicionada en la sentencia C-252/03, en el sentido de que la posibilidad de sancionar tal conducta, nicamente en caso de que ella incida sobre la prestacin del servicio pblico a cargo del infractor.

 

COMUNICADO 24

C-285/16

Luis Guillermo Guerrero Prez

REFORMA DE EQUILIBRIO DE PODERES Y REAJUSTE INSTITUCIONAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. SUSTITUCION PARCIAL DE LOS PRINCIPIOS DE SEPARACIN DE PODERES, AUTONOMA E INDEPENDENCIA JUDICIAL (ACTO LEGISLATIVO NMERO 02 DE 2015, ARTICULOS 15, 17, 18 TRANSITORIO y 19)

 

01-06-16

 

La Corte resolvi la demanda de inconstitucionalidad contra las disposiciones del Acto Legislativo 02 de 2015 que fijaron el nuevo esquema institucional de gobierno y administracin de la Rama Judicial, as como de control disciplinario de los funcionarios y empleados judiciales. En particular, estos preceptos suprimieron la Sala Administrativa y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, sustituyndolas, en el primer caso, por el Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de la Rama Judicial, y en el segundo, por la Comisin Nacional de Disciplina Judicial. Para el accionante, la preceptiva demandada deba ser declarada inexequible, en tanto haba suprimido dos ejes fundamentales de la Carta Poltica que orientaron el diseo de la Rama Judicial, y que no podan ser eliminados por el constituyente secundario: los principios de independencia y de autonoma judicial que se haban plasmado en la estructura de autogobierno judicial. A su juicio, el nuevo modelo de gobierno y administracin de la Rama Judicial reproduca el esquema pre-constituyente que haba sido abandonado deliberadamente en la Carta Poltica de 1991, e introduca elementos que anulaban la independencia y la autonoma interna y externa de la Rama Judicial Frente a estas acusaciones, la Corte adopt las siguientes determinaciones: En primer lugar, la Sala Plena no se pronunci sobre la exequibilidad de los preceptos de la reforma que dispusieron la eliminacin de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y la creacin de la Comisin Nacional de Disciplina Judicial. Asimismo, se abstuvo de pronunciarse sobre la supresin de los consejos seccionales de la judicatura, as como sobre las disposiciones transitorias del Acto Legislativo demandado que fijaban las reglas relativas a los mismos, en tanto tales instancias son de creacin legal por delegacin de la propia Constitucin, y por ende, las reglas que modifican su estructura o funcionamiento no tienen la potencialidad de suprimir un eje axial de la Carta Poltica. Por el contrario, la Corte s evalu la constitucionalidad de las disposiciones del Acto Legislativo que fijaron el nuevo modelo de gobierno y administracin de la Rama Judicial, ya que frente a este componente de la reforma s se formularon acusaciones especficas que apuntaban a un desbordamiento de la competencia del constituyente secundario para adoptar unas medidas que pudiesen comportar una sustitucin parcial de la Constitucin. Para la Sala, el nuevo esquema institucional implica una sustitucin parcial de los principios de separacin de poderes, autonoma e independencia judicial que encuentran expresin en el modelo de autogobierno judicial previsto por el constituyente de 1991. Concluy la Corte que, el Congreso de la Repblica se haba excedido en el ejercicio del poder de reforma constitucional, razn por la cual varias disposiciones fueron declaradas inexequibles. Puntualiz la Corte que, no obstante que la competencia reformadora del Congreso no lo inhibe para introducir modificaciones al esquema de autogobierno judicial previsto en la Constitucin de 1991 e incluso para suprimir rganos del mismo si lo estima necesario, aquella no lo habilita para sustituir o suprimir los principios bsicos de configuracin de dicho esquema, que se consideran ejes axiales de la Constitucin de 1991. Dicho en otras palabras, el Congreso conserva plena competencia para reformar funciones y rganos de la Rama Judicial, mediante Actos Legislativos, siempre y cuando respete los principios definitorios de la identidad de la Constitucin de 1991.

 

COMUNICADO 23

A233.16

 

INCIDENTE DE IMPACTO FISCAL DE DIFERIR POR UN PLAZO ADICIONAL LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA C-492/15, EN LO RELACIONADO CON LA SUSTRACCIN DE LAS RENTAS DE TRABAJO EXENTAS. ART. 10 DE LA LEY 1607 DE 2012

01-06-16

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional acept la solicitud de diferimiento de los efectos de la Sentencia C-492/15, presentada por el Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico, hasta el 31 de diciembre de 2016, con base en los argumentos en que sustent el impacto fiscal que tendr la sentencia cuando entren en vigencia sus efectos. El Ministerio sostuvo que el costo fiscal de la sentencia se calcul a partir de estimaciones efectuadas sobre la base de la informacin disponible a nivel individual de los declarantes personas naturales del impuesto de renta para el ao gravable 2013, de los formularios 210 y 230, a los cules se aplic una simulacin del 25% de deduccin sobre la base gravable del sistema IMAN e IMAS. Advirti que esto reducira la tributacin que se hara en el sistema IMAN, por lo que la prdida potencial que se calcula se aproximara a los $606.000 millones por ao, aunque esta se compensara con el mayor impuesto que se pagara por el sistema ordinario. La Sala Plena de la Corte Constitucional determin que el Ministro de Hacienda y Crdito Pblico haba cumplido con la carga de exponer, sustentar y demostrar el impacto que la sentencia C- 492 de 2015 tiene sobre la sostenibilidad fiscal, de no aplazarse por un trmino adicional, los efectos de la exequibilidad condicionada del artculo 10 de la Ley 1607 de 2012, modificado por el artculo 33 de la Ley 1739 de 2014. Para la decisin la Corte tuvo en cuenta que, ya desde la propia sentencia se haba anticipado el impacto fiscal de la determinacin adoptada, razn por la cual su vigencia se haba diferido por un periodo de un ao, y que debido a diversas circunstancias de coyuntura, dicho impacto sobre las finanzas pblicas, con el consiguiente efecto sobre los objetivos del Estado, se haba visto severamente agravado, al paso que no haba sido posible adoptar las medidas alternativas que permitieran enfrentarlo en el mediano plazo.

 

COMUNICADO 24

C-286/16

Luis Guillermo Guerrero Prez

MEDIDAS Y DISPOSICIONES PARA LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BSICO Y LOS DEMS SECTORES QUE REQUIERAN EXPROPIACIN EN PROYECTOS DE INVERSIN QUE ADELANTE EL ESTADO. (ART. 6 DE LA LEY 1742 DE 2015 Y ART. 37 PARCIAL DE LA LEY 1682 DE 2013)

 

01-06-16

 

Se constat la existencia de cosa juzgada constitucional en relacin con el inciso quinto del artculo 6 de la Ley 1742 de 2014, el cual fue declarado exequible de manera condicionada. La Corte tambin encontr que las acusaciones por la presunta infraccin del principio de igualdad (art.13 C.Po.) y a los derechos al debido proceso (art. 29 C.Po.) y a la vivienda digna (art. 51 C.Po.), carecan de aptitud para emitir un pronunciamiento de fondo. De igual modo, los cargos carecen de certeza, por cuanto parte de una comprensin inadecuada de los contenidos normativos que se impugna, en la medida en que se supone por el actor que la cuanta que reconoce el Estado por el bien expropiado corresponde siempre y en todo caso al que aparece en el avalo catastral, cuando en realidad este es nicamente un valor de referencia que debe ser tenido en cuenta por la administracin pblica, pero no constituye un criterio definitivo e irrebatible. Tampoco los cargos por la presunta lesin del principio de igualdad y de los derechos al debido proceso y la vivienda digna no satisfacen las condiciones para el pronunciamiento judicial, puesto que no se indicaron los elementos estructurales del juicio de constitucionalidad que se propone a la Corte, en particular, las razones por las que el legislador est obligado a mantener un rgimen unificado para todos los procesos expropiatorios y por las que estaba impedido para establecer reglas especiales para valorar los bienes objeto de la medida expropiatoria, pese al margen de configuracin que le otorga la propia Constitucin y a las particularidades de los procesos de enajenacin de inmuebles que se enmarcan en el desarrollo de los proyectos de infraestructura de transporte, agua potable y saneamiento bsico, cuya realizacin se ha visto obstaculizada por la dilacin en los procesos de enajenacin de inmuebles requeridos para este efecto. Finalmente, no se indican los componentes del debido proceso presuntamente desconocidos ni los argumentos por las que la valoracin de los inmuebles a ser expropiados, a partir del precio que se le asigna en el avalo catastral, deviene en la infraccin del derecho a la vivienda digna, mxime cuando a la luz de la sentencia C-750/15a la que se hizo referencia, el avalo catastral constituye un parmetro no obligatorio ni vinculante.

 

COMUNICADO 24

C-297/16

Gloria Stella Ortiz Delgado

FEMINICIDIO COMO DELITO AUTNOMO VIOLENCIA DE GNERO. (LEY 1761 DE 2015 ART. 2 LITERAL E)

08-06-16

 

En el presente caso, le correspondi a la Corte resolver, si el establecimiento de antecedentes o indicios de violencia o amenaza en las diferentes esferas sociales en contra de la mujer asesinada, sin contemplar una calificacin especial, genera una indeterminacin en el ingrediente subjetivo del tipo penal que hace que el mismo sea abierto y por lo tanto, viole el principio de legalidad y el derecho al debido proceso (arts. 1 y 29 C.Po.). La Corte advirti que existen algunas conductas que impiden su descripcin exacta en tipos cerrados y completos, por lo que se ha admitido la posibilidad de establecimiento de delitos con cierto grado de indeterminacin en su descripcin tpica, como los tipos penales abiertos y lo tipos penales en blanco, los cuales no desconocen el principio de legalidad si el legislador precisa los elementos bsicos para delimitar la prohibicin o hace que los tipos sean determinables mediante la remisin al juez, en el caso de los tipos abiertos, y a otras normas en el caso de los tipos en blanco. En el presente caso, la Corte encontr que el literal e) demandado del artculo 2 de la Ley 1761 de 2015 corresponde a una circunstancia que complementa el tipo penal de feminicidio, para establecer su elemento subjetivo. No obstante, indic esto no se puede entender como un reemplazo del estudio que el funcionario competente debe hacer en el proceso penal sobre la existencia de la intencin, ni tampoco excluye el anlisis de la culpabilidad. A juicio de la Corte, la modalidad cualquier tipo de violencia admite una lectura abierta que hace que el comportamiento carezca de precisin y claridad, y por tanto, incumple con los requisitos que exige el principio de legalidad, toda vez que no permite saber con certeza cul es la conducta reprochada que tiene el potencial de identificar una intencin estructural en el delito de feminicidio, el mvil. Lo anterior, puesto que la falta de categorizacin de la violencia en contra de la mujer supone una amplitud que podra desbordar las situaciones que efectivamente establecen que se trata de una situacin que captura patrones de discriminacin, que reproducen estereotipos de gnero y desencadenan una violencia exacerbada que gua el homicidio. No obstante, la misma norma y las referencias al derecho internacional de derechos humanos, especficamente, el artculo 1 de la Convencin de Belm do Par, permiten superar esa posible ambigedad, para precisar que necesariamente la violencia a la que se refiere el literal acusado es violencia de gnero, lo cual es indispensable para establecer un patrn de discriminacin que identifique una intencin de matar a una mujer por el hecho de serlo o por motivos de gnero, como elemento diferenciador del homicidio. Esta precisin, mediante un referente calificado da a la norma claridad y hace que sea posible prever la conducta sancionada. En este sentido, la Corte consider que para superar esa indeterminacin, era necesario declarar una constitucionalidad condicionada del literal e) que garantice el respeto del principio de legalidad y precise el elemento diferenciador del delito de feminicidio.

 

COMUNICADO 25

C-298/16

Alberto Rojas Ros

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010 2014 y 2014 2018 AREAS DE RESERVA MINERA (LEY 1753 DE 2015 (ARTS. 15, 16, 20, 23, 30, 41, 43, 44, 50, 63, 64, 67, 68, 99, 140, 173, 207, 245, 248, 262, 263, 266 y 267)

08-06-16

 

En primer trmino, la Corte constat la existencia de cosa juzgada constitucional en relacin con (i) el inciso sptimo del artculo 20, (ii) el inciso segundo del artculo 50, los incisos primero, segundo y tercero del pargrafo 1 del artculo 173 y (iii) el artculo 191 de la Ley 1753 de 2015, los cuales fueron declarados inexequibles mediante la sentencia C-221 de 2016, el primero; la sentencia C-035/16los segundos y la sentencia C-272/16, el tercero, por lo que deba limitarse a estar a lo resuelto en estas providencias. En segundo lugar, la corporacin estableci que los cargos por vicios de forma formulados contra los artculos 15, 16, 20, 23, 30, 41, 43, 44, 50, 63, 64, 67, 68, 99, 140, 173, 179, 207, 245, 248, 262, 263, 266 y 267 de la Ley 1753 de 2015 no estaban llamados a prosperar. Contrario a lo aducido por los demandantes, en el trmite de aprobacin del informe de conciliacin relativo a los citados artculos, el Congreso no desconoci lo previsto en los artculos 133 y 161 de la Constitucin Poltica ni en los artculos 93 y 188 del Reglamento del Congreso (Ley Orgnica 5 de 1992). En tercer lugar, el tribunal constitucional determin que la facultad que confiere el inciso segundo del artculo 20 de la Ley 1753 de 2015 a la Autoridad Minera Nacional para delimitar indefinidamente reas especiales de inters estratgico para el desarrollo minero del pas, las cuales se otorgan con base en un rgimen especial mediante proceso de seleccin objetiva, desconoce el principio de desarrollo sostenible, en relacin con el derecho a gozar de un ambiente sano, previsto en los artculos 8, 79 y 80 de la Constitucin. Para la Corte, el objetivo de lograr el desarrollo minero energtico mediante la reserva, proteccin y delimitacin de los minerales de inters estratgico para el pas, es una finalidad con fundamento constitucional en los artculos 332, 334 y 360 de la Carta Poltica, el cual debe armonizarse con el desarrollo sostenible y la proteccin del ambientes (arts. 8, 79 y 80 de la C.Po.), tal como se indica en la exposicin de motivos de la Ley 1753 de 2015. En cuanto a la idoneidad de la medida para alcanzar este propsito aunque no se dispuso de informacin o evidencia de carcter estadstico, tcnico o cientfico u otros elementos de juicio para establecerla, un razonamiento lgico conduce a que la delimitacin indefinida de reas libres con potencial minero puede ser idnea para el fin que se propone, ya que efectivamente logra demarcar reas especiales libres de ttulos de acuerdo con la probabilidad de que en dichas zonas de reserva especial existan minerales con potencial estratgico para la Nacin. De igual manera, la Corte estableci la necesidad de la medida, toda vez que la delimitacin indefinida de reas estratgicas mineras, de acuerdo con la informacin geocientfica disponible, es uno de los factores a tener en cuenta para incentivar la inversin extranjera en el desarrollo de la industria minera, lo que a su turno constituye la base para el aprovechamiento de los recursos naturales por parte del Estado central y delos entes territoriales. No est demostrado que exista otra manera de demarcar indefinidamente el territorio con la misma eficacia. Sin embargo, la Corte encontr que la expresin indefinidamente quebranta el principio de proporcionalidad, en perjuicio del derecho de acceso, conservacin y planificacin del ambiente sano y libre, y del uso, goce y disposicin de dichas reas no seleccionadas para explotacin minera frente a las futuras generaciones. A su juicio, mantener una vigencia indeterminada de esa competencia, excede el deber de planificar las acciones pblicas durante un cuatrienio, sin ninguna relacin con los objetivos de la funcin pblica de planificacin que se propongan en adelante y varen las circunstancias de modo, tiempo y lugar. En cuarto lugar, la Corte se pronunci a favor de la exequibilidad del procedimiento establecido en el artculo 179 de la Ley 1753 de 2015 para el otorgamiento de licencias ambientales. Seal, que si bien es cierto que el artculo 179 no contempla en estricto sentido la participacin de las comunidades afectadas, tambin lo es que la norma no debe interpretarse de forma aislada sino en consonancia con el Decreto 1320 de 1998, la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015 y la jurisprudencia constitucional que s prevn esa participacin en el proceso. Observ, que la reduccin de los trminos para la obtencin de la licencia ambiental obedece a una regulacin ms gil, expedita e imparcial, sin que por ello se descuide los dems requerimientos de informacin, ahora ms exigentes, y la rigurosidad en la valoracin de las circunstancias de cada caso para el otorgamiento de dicha licencia. Por ltimo, la corporacin consider que el establecimiento de un procedimiento para que el Gobierno Nacional y las entidades territoriales acuerden medidas de proteccin al ambiente sano, las cuencas hdricas, el desarrollo econmico, social, cultural de sus comunidades y la salubridad de la poblacin, frente a las posibles afectaciones que puedan derivarse de la actividad minera, no desconoce los principios de autonoma de las entidades territoriales, toda vez que por el contrario, acorde con los principios de concurrencia, coordinacin y subsidiariedad consagrados en el artculo 288 de la Carta Poltica, constituye un reconocimiento de las competencias conferidas a los entes locales en relacin con las decisiones concernientes a la proteccin ambiental y los recursos naturales, que no son exclusivas del Gobierno central, sino que en ellas concurren los tres niveles territoriales en la rbita que les corresponde. Para la Corte, contrario a lo sostenido por los demandantes, el artculo 192 de la Ley 1753 de 2015 es una garanta de la participacin de las entidades territoriales en la toma de esas medidas que no puede hacerse al margen de lo que se consideran las autoridades regionales.

 

 

COMUNICADO 25

C-299/16

Luis Guillermo Guerrero Prez

CDIGO PENITENCIARIO Y CARCELARIO CONSEJO DE DISCIPLINA. (LEY 65 DE 1993 ART. 118)

08-06-16

 

En el presente caso, el examen de constitucionalidad se centr en determinar, si vulnera los derechos de igualdad y participacin que, como lo dispone el artculo 118 de la Ley 65 de 1993, el director de un centro carcelario al decidir si un interno puede ser o no postulado por los reclusos para ser su representante en el Consejo de Disciplina, deba considerar previamente el delito. Para la Corporacin, la medida es inadecuada por cuanto apela a un criterio puramente discrecional, sin otorgar la posibilidad de realizar un juicio directo respecto de los delitos y de las circunstancias o condiciones que de ellos se derivan, para efectos de habilitar la restriccin que all se autoriza. De esta manera, no es posible examinar o controlar si el impacto que se causa respecto del derecho de participacin y las libertades de expresin y opinin, se produce realmente en razn de la necesidad de preservar las condiciones de orden, seguridad y disciplina que deben existir en un centro carcelario. Bajo esta lgica, no existe elemento alguno que, ms all de la voluntad del director del centro de reclusin, permita determinar cules delitos inhabilitan a un interno para poder postularse o no al Consejo de Disciplina, discrecionalidad que resulta contraria a los elementos bsicos del Estado de derecho, al impedir que se controviertan ante los jueces esos actos. De igual modo, la ausencia de parmetros normativos mnimos conduce a que el criterio de seleccin se convierta en un mecanismo arbitrario y subjetivo, con el riesgo de caer en el peligrosismo, que excluye a una persona por la mera consideracin de lo que probablemente ser su conducta en un futuro. Adems de lo anterior, la Corte encontr que la medida es innecesaria, pues la operatividad de la eleccin y participacin de los candidatos no responde realmente a una categorizacin objetiva del delito, sino a las circunstancias que se derivan de l en el manejo de la relacin penitenciaria. Mientras la medida adoptada resulta excesivamente gravosa, existe una alternativa ms benigna que permitira garantizar los fines de seguridad, orden y disciplina que se buscan, como sera sealar de manera previa los criterios de participacin acorde con las condiciones de reclusin. Tal sera el caso de las personas recluidas en pabellones o celdas de mxima seguridad, para quienes podran pensarse en pautas o reglas que aseguren su acompaamiento por las autoridades penitenciarias. Aun cuando, se entendiera que la medida es adecuada y necesaria, es claro que la misma implica un sacrificio excesivo respecto de los derechos de participacin y resocializacin de los internos. Al ser el Consejo de Disciplina un rgano colegiado de carcter representativo, es claro que no toda la poblacin reclusa puede acceder a este, sino que es preciso designar una persona que asuma su vocera. Por ello, en los antecedentes legislativos se utiliz la expresin defensor de sus compaeros, para ilustrar el importante rol que cumple la persona elegida.

 

COMUNICADO 25

C-300/16

Jorge Ivn Palacio Palacio

AUTORIZACION JUDICIAL ESPECFICA PARA ESTERILIZACION QUIRURGICA DE PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD MENTAL. (ARTCULO 6 DE LA LEY 1412 DE 2010)

08-06-16

 

Cosa juzgada constitucional en sentencia C-182/16

COMUNICADO 25

C-326/16

Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

 

RESTRUCTURACION DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL - PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD. (ARTICULOS 30 PARCIAL, 111, 112 PARCIAL, 113 A 120 DE LA LEY 1765 DE 2015)

22-06-16

 

De manera preliminar, y segn lo autoriza el artculo 6 del Decreto 2067 de 1991, la Corte integr la unidad normativa del artculo 115, respecto del cual solo se haba demandado el pargrafo, as como el artculo 116 de la Ley 1765 de 2015 no acusado, teniendo en cuenta que el cargo formulado en esta demanda cuestiona en su totalidad, la procedencia del principio de oportunidad en el mbito de la justicia penal militar y las citadas normas adems de los artculos 30, numeral 14, 111, 112 (parcial), 113, 114, 117, 118, 119 y 120 de la Ley 1765 de 2015, regulan diversos aspectos de dicho principio. Un anlisis sistemtico y teleolgico del artculo 250 de la Constitucin y del propsito, caractersticas e implicaciones del principio de oportunidad, llev a la Corte a concluir que este mecanismo no tiene cabida en la justicia penal militar. De otra parte, el tribunal constitucional observ que el artculo 221 de la Constitucin estipula que de los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pblica en servicio activo y en relacin con el mismo servicio conocern las cortes marciales y los tribunales militares, de conformidad con las prescripciones del Cdigo Penal Militar. Resalt, que la jurisprudencia constitucional (Sentencia C-591/05) ha entendido que las reglas y principios propios del sistema penal de tendencia acusatoria previstos en el artculo 250 de la Constitucin, en particular, los enunciados en el inciso primero de este precepto constitucional, no son aplicables a la justicia penal militar, como tampoco, el legislador est obligado a brindar un trato idntico a quienes son investigados y procesados por la justicia penal ordinaria y a quienes lo son por la justicia penal militar (Sentencia C-928/07). Lo anterior, sin perjuicio de las garantas que conforman el debido proceso y dems derechos fundamentales consagrados en la Carta Poltica para todo procesado, de los cuales no forma parte el principio de oportunidad, el cual constituye ms un instrumento de poltica criminal regulado por la ley y que puede ser aplicado por la Fiscala General para obtener colaboracin eficaz en la investigacin y persecucin de las conductas punibles, que un derecho o garanta del debido proceso. Lo anterior tiene sustento en el mismo texto constitucional, por cuanto, de manera expresa, el inciso primero del artculo 250, en concordancia con lo previsto en el artculo 221 superior, excluye de la competencia de la Fiscala General para ejercer la accin penal e investigar las conductas punibles de las que tengan conocimiento, los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pblica en servicio activo y en relacin con el mismo servicio, que se confiri por el constituyente a la jurisdiccin penal militar, como tambin, est excluida la posibilidad de que se aplique por esta justicia especializada, el principio de oportunidad concebido como uno de los elementos que caracterizan el sistema procesal penal ordinario en Colombia.

 

COMUNICADO 26

C-327/16

Gloria Stella Ortiz Delgado

CDIGO CIVIL EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS. (ARTCULO 90 DEL CDIGO CIVIL)

22-06-16

 

En primer trmino, la Corte estableci la inexistencia de cosa juzgada constitucional frente a la sentencia C-591/95. Verificado lo anterior, el problema jurdico que le correspondi resolver a la Corte consisti en definir, si la determinacin de la existencia legal de una persona a partir del nacimiento vulnera el derecho a la vida reconocido por el artculo 4.1 de la Convencin Americana de Derechos Humanos que hace parte del bloque de constitucionalidad. Los demandantes sostienen que la existencia de la vida y la existencia legal de la persona deberan ser equiparables. Pues su diferenciacin establecida en el artculo 90 del Cdigo Civil, desconoce el artculo 4.1 de la Convencin Americana que protege la vida desde la concepcin y por lo tanto el bloque de constitucionalidad, por va del artculo 93 de la Constitucin. La Corte reiter las tres reglas que se han establecido en el desarrollo jurisprudencial en relacin con la funcin interpretativa del bloque de constitucionalidad. La Corte reafirm que la vida y el derecho a la vida son categoras axiolgicas diferentes y estableci que ni el valor de la vida, como bien que el Estado tiene el deber de proteger, ni el derecho a la vida son absolutos y que admiten un juicio de proporcionalidad cuando existen otros derechos o valores en conflicto. En este sentido, seal que la vida humana transcurre en distintas etapas y se manifiesta de diferentes formas, las que a su vez tienen una proteccin jurdica distinta. Por esta razn, aunque el ordenamiento jurdico reconoce el deber de proteccin del que est por nacer, el mismo no se encuentra en el mismo grado e intensidad que el que se otorga a la persona. Este ejercicio de ponderacin tambin ha sido aplicado por el tribunal constitucional frente al derecho a la vida, al admitir el derecho a morir dignamente o eutanasia. Por lo tanto, la vida como valor y como derecho no es absoluto y se admite que tenga una proteccin proporcional frente al alcance y contenido de otros derechos o valores en juego. Lo anterior, no implica una violacin del deber de proteccin del valor de la vida, sino que reconoce que stos se encuentran sujetos a los principios de proporcionalidad y razonabilidad. En consecuencia, la expresin acusada del artculo 90 del Cdigo Civil que determina la existencia legal de la persona desde el nacimiento, no vulnera el deber de proteccin de la vida desde la concepcin reconocido en el artculo 4.1 de la Convencin Americana, toda vez que la vida como valor es un bien constitucionalmente relevante, pero no tiene el mismo grado de proteccin que el derecho a la vida. Una lectura sistemtica del bloque de constitucionalidad indica que la vida prenatal no ostenta la titularidad del derecho a la vida y as la determinacin de la existencia legal de a persona desde el nacimiento no viola esta garanta, por lo que se encuentra ajustada a los parmetros constitucionales.

 

COMUNICADO 26

C-328/16

Gloria Stella Ortiz Delgado

 

NORMA QUE REFORMA EL CDIGO PENITENCIARIO Y CARCELARIO- SOLICITUD DEL APODERADO DE CONFIANZA DE PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD PARA SOLICITAR RECONOCIMIENTO DE MECANISMOS ALTERNATIVOS O SUSTITUTIVOS DE LA PENA DE PRISIN. (EXPRESIN DEL INCISO SEGUNDO DEL ARTCULO 5 DE LA LEY1709 DE 2014)

22-06-16

 

La Corte plante que, si restringir a los apoderados de la defensora pblica facultad para solicitar medidas alternativas o sustitutivas de la pena privativa de la libertad, desconoce el principio de igualdad de quienes ejercen la profesin de abogados en materia penal como representantes de confianza y genera adems una distincin que afecta negativamente la igualdad de los representados en el acceso a los beneficios penales mencionados. En el anlisis llevado a cabo, la Corte tuvo en cuenta los lmites constitucionales que restringen el amplio margen de configuracin normativa del legislador para regular aspectos del derecho penal y penitenciario. Al examinar los antecedentes legislativos del artculo 5 de la Ley 1709 de 2014, la corporacin pudo establecer que la norma contenida en el proyecto de ley original, prevea que la persona privada de la libertad, la defensora pblica o la Procuradura General de la Nacin podan pedir a los jueces de ejecucin de penas, medidas alternativas o sustitutivas de la pena de prisin, con el lleno de los requisitos establecidos en la ley. Posteriormente, en la plenaria de la Cmara de Representantes se agreg la expresin o su apoderado antes de la defensora pblica o de la Procuradura General de la Nacin, expresiones que se mantuvieron durante su trmite en el Senado y en la conciliacin, que al no utilizar un signo de puntuacin da lugar a que pueda entenderse que al lado de la persona privada de la libertad, solamente el apoderado de la defensora pblica o de la Procuradura General de la Nacin tienen la posibilidad de formular esa solicitud. De ser este el entendimiento, la Corte seal que el Congreso habra establecido un privilegio injustificado para esos apoderados, mientras que los reclusos que son representados por un abogado de confianza no podran solicitar la aplicacin a su favor de los subrogados penales. Aunque no exista una prohibicin constitucional para regular la materia, de interpretar el alcance de la norma en ese sentido, la Corte no encontr una razn vlida que permitiera inferir que con la misma se persigue un objetivo superior imperioso. Al mismo tiempo, la Corte observ que tambin poda entenderse que al agregar la expresin o su apoderado, el legislador se refiri al apoderado de confianza de la persona privada de la libertad, distinto del defensor pblico, en la medida que la alusin a la defensora pblica no requera conectarla con la de ser el apoderado del recluso, ya que slo acta en ausencia de ste; menos an, existe un apoderado de la Procuradura General que acta en el proceso penal a travs de un procurador judicial. Este entendimiento no vulnerara la igualdad del recluso que est representado por su apoderado de confianza, de manera que el mismo tendra la oportunidad de solicitar mecanismos alternativos y sustitutivos de la pena de prisin. Por consiguiente, al existir una interpretacin conforme con la Constitucin, la Corte procedi a declarar la exequibilidad condicionada con este entendimiento.

 

COMUNICADO 26

C-329/16

Mara Victoria Calle Correa

CDIGO ELECTORAL- FACULTAD DEL PRESIDENTE DE JURADO DE VOTACIN, DE DISPONER LA PRIVACIN DE LA LIBERTAD DE QUIEN NO ACATE LA ORDEN DE RETIRARSE DE LA MESA DE VOTACIN POR PERTURBACINDEL EJERCICIO DEL SUFRAGIO. (DECRETO 2241 DE 1986 ART. 118 PARCIAL)

22-06-16

 

La Corte determin que la orden de retencin en crcel o cuerpo de guardia que, segn el artculo 118 del Cdigo Electoral, puede impartir el Presidente del Jurado de votacin, es inconstitucional en su potencial sancionatorio. Segn la Constitucin (art. 28) solo las autoridades judiciales pueden ordenar medidas sancionatorias de prevencin de la libertad y el Presidente del Jurado no es una autoridad judicial, y por tanto, no puede imponer sanciones de retencin en crcel o cuerpos de guardia. Los presidentes del Jurado de votacin ejercen funciones de acompaar el desarrollo de las votaciones y dentro de sus competencias en materia electoral, deben velar por la integridad, transparencia y rectitud de las elecciones populares. Por tanto, los presidentes del Jurado no solo no son autoridades judiciales, sino que ni siquiera estn habilitados por la Constitucin para ejercer funciones jurisdiccionales. En cuanto a si la retencin transitoria que autoriza la norma tiene un carcter preventivo o protector de los mecanismos de participacin democrtica, la Corte encontr que ello no era as, puesto que su configuracin le da un potencial sancionatorio o coactivo que busca garantizar el libre ejercicio del sufragio. Despus de aplicar un juicio de proporcionalidad de la medida de nivel ms estricto, la Corte concluy que pese a que la medida tiene una finalidad constitucional imperiosa que busca garantizar el ejercicio de los derechos polticos y de participacin de los ciudadanos y constituye un instrumento adecuado y conducente para alcanzar este fin, la medida resulta innecesaria habida cuenta que el objetivo de hacer cesar cualquier forma de perturbacin del ejercicio del sufragio puede lograrse con efectividad cierta y terminante, mediante la intervencin de la fuerza pblica, que bien la retire coactivamente del sitio de votacin, con un acto del control fsico que lo conduzca fuera de la zona relevante para el adecuado ejercicio del sufragio durante las elecciones. Sin que se demuestre en abstracto que esta medida resulta ineficaz para garantizar los fines que persigue la norma, la medida contemplada en la disposicin resulta innecesaria. De otra parte, la Corte encontr que los trminos de ejecucin de la medida de retencin resultan objetivamente innecesarios, ya que puede verificarse hasta el da siguiente de las elecciones y por tanto, puede superar el plazo apto para ejercer el sufragio, esto es, la jornada electoral que va de las 8:00 de la maana hasta las 4:00 de la tarde. Aunque lo actos de perturbacin pudieren ejecutarse tambin durante el perodo de escrutinio de votos, no se observa ninguna justificacin para que el confinamiento supere esa jornada, ni mucho menos para que pueda llegar hasta el da siguiente. Se trata de una medida de restriccin de la libertad personal extrema y grave que no permite una oportunidad para que la persona pueda ser oda, sin que tampoco intervenga una autoridad judicial.

 

COMUNICADO 26

C-330/16

Mara Victoria Calle Correa

MEDIDAS DE ATENCIN, ASISTENCIA Y REPARACIN INTEGRAL A LAS VCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO CRITERIO DE BUENA FE EXENTA DE CULPA VALORADO POR LOS JUECES FRENTE A LOS SEGUNDOS OCUPANTES DE PREDIOS OBJETO DE RESTITUCIN QUE DEMUESTREN ESTAR EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y NO HAYAN TENIDO RELACIN DIRECTA O INDIRECTA CON EL DESPOJO. (EXPRESIN CONTENIDA EN ARTS. 88, 91, 98 Y 105 DE LA LEY 1448 DE 2011)

23-06-16

 

La Corte deba analizar la constitucionalidad de la expresin exenta de culpa, contenida en los artculos 88, 91, 98 y 105 de la Ley 1448 de 2014, por la cual se dictan medidas de atencin, asistencia y reparacin integral a las vctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. En concepto de los demandantes, la inclusin de este estndar de conducta (la buena fe exenta de culpa) en la Ley de vctimas y restitucin de tierras generaba una situacin inequitativa e injusta frente a personas que actan como opositores en el proceso de restitucin de tierras, tienen la calidad de segundos ocupantes del predio objeto de restitucin, son sujetos vulnerables, carecen de vivienda y no tuvieron relacin alguna con el despojo. La Corte consider, en primer trmino, que antes que una omisin legislativa relativa, la demanda denunciaba una eventual violacin al principio de igualdad, y seal cmo la mayor parte de los intervinientes y los rganos del Ministerio Pblico coincidan en identificar un serio problema de constitucionalidad, aunque disentan acerca de la respuesta que la Corte Constitucional deba adoptar. Al estudiar el cargo, la Sala consider que el problema de igualdad objeto de estudio se enmarca en el concepto de una discriminacin indirecta, es decir, una situacin en la que la ley, de carcter general y abstracto, puede tener un impacto diferencial y negativo para ciertos grupos poblacionales, debido a las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentran inmersos. La Sala seal que la buena fe exenta de culpa es una exigencia esencial en los procesos de restitucin de tierras, pues pretende revertir el despojo y el abandono forzado de predios que, en el marco del conflicto armado interno, se dieron a travs de una combinacin de estrategias violentas, con el abuso de la posicin de debilidad de las vctimas y el inters por extender, con posterioridad, un manto de legalidad a los negocios. Se indic, en el mismo sentido, que los jueces y tribunales de tierras tienen entonces una doble condicin: de una parte, deben hallarse en capacidad tcnica de identificar los actos jurdicos espurios, desde el punto de vista del derecho civil y agrario y de la justicia transicional. De otra parte, son jueces constitucionales, que tienen la trascendental misin de hacer efectivo un derecho esencial de las vctimas de la violencia, pero, al mismo tiempo, procurar por la equidad en el campo, para que el proceso de transicin sea efectivo, y la paz estable. En ese marco, la Sala consider que, desde una interpretacin puramente literal de la Ley de vctimas y restitucin de tierras, ciertas personas vulnerables, que ocuparon un predio con el propsito de hacer efectivos sus derechos fundamentales a la vivienda, el mnimo vital y el trabajo, y que no tuvieron relacin alguna con el despojo (ni directa ni indirecta) s podran verse afectados como resultado de la restitucin del bien ocupado. Aclar, sin embargo, que es posible construir una interpretacin conforme a la Constitucin Poltica que, al integrar a los artculos demandados los mandatos de igualdad material, proteccin de grupos vulnerables, acceso a la vivienda y a la tierra para los trabajadores rurales, permita adoptar medidas de proteccin a su favor, mbito en el que el Gobierno Nacional ha dado algunos pasos. A partir de esa interpretacin, los jueces de tierras pueden aplicar el requisito de forma amplia, cuando se demuestre que el opositor es un segundo ocupante, persona vulnerable, sin relacin directa o indirecta con el despojo. Dada la existencia de una amplsima diversidad de casos en el marco de la restitucin, y la ausencia de un rgano de cierre en la justicia de tierras, la Sala Plena consider necesario fijar un condicionamiento, en los trminos descritos, y establecer en la parte motiva de la decisin determinados estndares para su aplicacin por parte de los jueces de tierras, tomando como fundamento esencial los principios Pinheiro (Principio 17), que son parmetros construidos en el mbito del derecho internacional de los derechos humanos, precisamente, con el fin de hacer efectivos los derechos de las vctimas, dotar de eficacia las normas transicionales en materia de tierras y preservar la estabilidad de las decisiones que los jueces y tribunales adopten en ese mbito. La Sala Plena tambin constat que la Ley de vctimas y restitucin de tierras no contiene actualmente un desarrollo comprensivo acerca de la situacin de los segundos ocupantes, por lo que exhort al Congreso de la Repblica y al Gobierno Nacional para que implementen una poltica pblica comprensiva, adecuada y suficiente de atencin a esta poblacin, en el marco del proceso transicional de restitucin de tierras.

 

COMUNICADO 26

C-335/16

Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

RGIMEN PENSIONAL DE AVIADORES CIVILES- PENSIN DE INVALIDZ POR PRDIDA DE LICENCIA DE VUELO. (DECRETO 1282 DE 1994 ARTS. 11 Y 12 Y DECRETO 1302 DE 1994 ART. 3)

 

29-06-16

 

La Corte estableci que no se configuraba en este caso, la figura de la cosa juzgada constitucional frente a la sentencia C-376/95. En esta oportunidad, la corporacin deba resolver cuatro cargos de inconstitucionalidad. En relacin con el primer cargo, la Corte determin que un precepto que considera la prdida de la licencia para volar por cualquier causa profesional o no profesional, no provocada intencionalmente, como una situacin que da lugar a la invalidez del piloto, se acompasa con el peso que tiene la licencia de vuelo en la labor del trabajador aludido. En efecto, la normatividad internacional y nacional sobre las licencias de vuelo ha destacado su importancia como garanta de la seguridad que debe brindar el profesional que conduce una aeronave. Para la Corte, es evidente el nexo temtico entre el artculo 11 demandado y la finalidad y objeto de la facultad otorgada por el Congreso de la Repblica al ejecutivo, para ajustar y armonizar el rgimen de pensiones de los aviadores civiles respecto de la Ley 100 de 1993, acorde con la situacin particular de la profesin de aviador civil. La misma valoracin hizo el tribunal constitucional, en relacin con la conformacin de una Junta Especial de Calificacin de Invalidez para el grupo de los aviadores civiles. A su juicio, no cabe duda del vnculo temtico existente entre la creacin de ese organismo y la facultad para adecuar las normas pensionales del grupo de trabajadores referido. En esa direccin, el artculo 12 acusado dise la integracin del rgano con la participacin de los sectores interesados y exigi el conocimiento en medicina aeronutica a sus integrantes. Similar consideracin tuvo la Corte, respecto del contenido del inciso primero del artculo 3 del decreto 1302 de 1994, al estimar que en los casos de invalidez por prdida de la licencia de vuelo, la incapacidad laboral es del 100%, resulta acorde con las facultades conferidas para arreglar o ajustar las normas pensionales de los aviadores, habida cuenta que sin licencia de vuelo el trabajador queda excluido de su actividad. Al encontrar que el legislador extraordinario no excedi las facultades que le fueran conferidas, el cargo por desconocimiento del numeral 10 del artculo 150 de la Constitucin no estaba llamado a prosperar. De igual manera, la Corte consider que no era de recibo la censura formulada al inciso primero del artculo 3 del Decreto 1302 de 1994, que fija una incapacidad laboral del 100% para la invalidez que se origina en la prdida de la licencia de vuelo, basada en el supuesto agotamiento de las facultades extraordinarias para ajustar el rgimen pensional de los aviadores con la expedicin del Decreto 1282 de 1994, en la medida en que este decreto al reglamentar la pensin de invalidez de este grupo de trabajadores, no agot todas las cuestiones relativas a dicho rgimen, puesto que no incluy disposiciones sobre el porcentaje de la prdida de capacidad laboral, del cual s se ocup el Decreto 1302 de 1994, materia que se enmarcaba en el objeto de tales facultades. En cuanto al tercer cargo, la Corte determin que no le asista razn a los demandantes, en relacin con el respeto al debido proceso, toda vez que la valoracin de la capacidad laboral de los aviadores en nica instancia por una Junta Especial de Calificacin de Invalidez, encuentra sustento en la jurisprudencia constitucional y satisface las exigencias requeridas para establecer una excepcin a la segunda instancia. Finalmente, la corporacin estableci, que no se vulneraba el derecho a la igualdad entre los aviadores civiles, destinatarios de las normas contenidas en el Decreto 1282 de 1994 y la generalidad de los afiliados al sistema de pensiones, en cuanto se refiere a la pensin de invalidez por prdida de la licencia de vuelo, la cual equivale a una incapacidad del 100%, segn el inciso primero del artculo 3 del Decreto 1302 de 1994. Lo primero que advirti la Corte, es que se trata de dos grupos de personas cuyos regmenes pensionales en principio, no seran comparables, puesto que si bien ambos son trabajadores beneficiarios de la pensin de invalidez por prdida de la capacidad laboral, pertenecen a regmenes pensionales distintos, que en su momento se autorizaba establecer, atendiendo a las particularidades de la profesin de piloto de aeronaves. As lo ha sealado la jurisprudencia constitucional que de entrada no admite la comparacin entre un rgimen especial y el rgimen general de pensiones, precisamente, porque la especialidad del sistema pensional lleva consigo el establecimiento de regulaciones distintas a las del sistema general, habida cuenta de las peculiaridades de la labor que se cumple, sin perjuicio de que aspectos del sistema que no obedezcan a estas particularidades puedan ser objeto de comparacin para garantizar un tratamiento igual impuesto por la Constitucin. En el caso concreto, la Corte encontr que el trato diferenciado aplicado al aviador civil en materia de pensin de invalidez est justificado. En primer trmino, porqu la circunstancia que da lugar al estado de invalidez no se predica de todos los afiliados al sistema general de pensiones y por ende, no pueden sin ms reclamar el mismo tratamiento. En segundo lugar, tampoco se observa que las razones expuestas por los demandantes tuvieran asidero para eliminar la medida legislativa, por cuanto no cabe duda que por tratarse de aviadores que han perdido su licencia de vuelo, una disposicin legal que les concede el mximo porcentaje posible de prfida de su capacidad laboral, contribuye a materializar una de las prestaciones que hacen parte del derecho a la seguridad social, en este caso, la pensin de invalidez. Se aclar, que se trata solo uno de los factores a tener en cuenta para el reconocimiento de esta pensin, pero es un elemento que favorece los derechos del trabajador. Por ltimo, la imposibilidad de continuar piloteando aeronaves, dado que la prdida de la licencia comporta una exclusin de la profesin, permite hablar de una verdadera incapacidad absoluta, en la medida que es una situacin que no admite nada distinto de dos posibilidades: o se puede ejercer la aviacin civil por que se posee una licencia de vuelo o no se puede llevar a cabo esa actividad, dado que se ha perdido el permiso exigido. Por consiguiente, no cabe en este caso, la aplicacin de una incapacidad gradual para volar.

 

 

COMUNICADO 27

C-336/16

Alejandro Linares Cantillo

CDIGO CIVIL- PARENTSCO CIVIL. (CDIGO CIVIL ART. 50)

29-06-16

 

La Corte constat que el artculo 50 del Cdigo Civil fue derogado orgnicamente por la Ley 5 de 1975, el Cdigo del Menor y el Cdigo de la Infancia y la Adolescencia, los cuales eliminaron de plano cualquier trato discriminatorio frente al hijo adoptivo y sus adoptantes, al extender el vnculo filial a todas las lneas y grados consanguneos y afines. De la revisin del texto normativo demandado, no encontr evidencia acerca de que la disposicin se encuentre produciendo efectos jurdicos a pesar de estar derogada, ya que en la actualidad no se podrn llevar a cabo adopciones con los efectos previstos en la disposicin demandada. Por consiguiente, en virtud de la mencionada derogatoria y en la medida en que la norma demandada actualmente no produce ningn efecto jurdico, no exista fundamento alguno para que la Corte emitiera un pronunciamiento de fondo, de manera que se impona la inhibicin por carencia actual de objeto sobre el cual decidir.

 

COMUNICADO 27

C-337/16

Jorge Ivn Palacio Palacio

 

CDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS O CONCILIACIONES POR PARTE DE LAS ENTIDADES PBLICAS RECURSO DE APELACION DESIERTO POR INASISTENCIA A LA AUDIENCIA DE CONCILIACIN PREVIA A SU TRMITE. (LEY 1437 DE 2011, ART. 192)

 

29-06-16

 

El problema jurdico que le correspondi dilucidar a la Corte en esta oportunidad, consisti en determinar si la exigencia de asistir a una audiencia de conciliacin como requisito para la concesin del recurso de apelacin en lo contencioso administrativo, so pena de declararlo desierto, vulnera los derechos al debido proceso, a la doble instancia y al acceso a la administracin de justicia de los apelantes, por haber excedido el legislador el margen de configuracin normativa. El punto de partida del examen de constitucionalidad, radic en el amplio margen de configuracin legislativa para sentar excepciones o limitaciones al derecho a la doble instancia, que en todo caso deben trazarse de forma que respeten el contenido axiolgico de la Carta Poltica, los derechos fundamentales, en particular, el derecho de defensa y la garanta del debido proceso y que no pueden ser injustificadas, desproporcionadas o arbitrarias. La corporacin reafirm que, en desarrollo de esa facultad, el legislador puede asignar a las partes, al juez y an a terceros intervinientes, deberes, obligaciones y cargas procesales, cuya omisin comporte una consecuencia desfavorable, como puede serlo la preclusin de una oportunidad o de un derecho procesal e inclusive, la prdida de un derecho sustancial en controversia. Al concretar el contenido normativo acusado, la Corte encontr que se podan derivar dos significados: la primera, que entiende de una lectura sistemtica del artculo 192, que la disposicin se refiere nicamente a las entidades pblicas condenadas en primer instancia que apelan dicha condena, y por tanto resulta razonable y proporcionado que deba adelantarse una audiencia de conciliacin. La segunda, que se deducira de una lectura aislada del inciso del cual hace parte la expresin acusada, que llevara a una conclusin distinta, segn la cual, aludira a todos los que estn habilitados para apelar la sentencia condenatoria de primera instancia, lectura que la Corte tambin consider plausible, toda vez que el inciso no hace referencia expresa a las entidades pblicas, de manera que se habra creado una carga procesal para todos aquellos que apelen. En su intervencin en este proceso, el Consejo de Estado asumi la primera postura. Sin embargo, se encontraron algunos autos en los que el Consejo no hace distincin respecto de quien tiene la carga procesal y puede ser sancionado por inasistencia a la audiencia de conciliacin, al referirse genricamente a la parte apelante. La Corte pudo establecer que el segmento normativo acusado del artculo 192 de la Ley 1437 de 2011 persigue fines legtimos constitucionalmente importantes, en cuanto promueve intereses pblicos valorados por la Carta, acorde con la magnitud del problema que el legislador busca resolver, referente a desjudicializar al mximo los conflictos, promover un mecanismo alternativo de solucin, racionalizar el funcionamiento de la administracin de justicia para hacerla ms efectiva y as garantizar mayor economa procesal, como tambin el cumplimiento oportuno de las obligaciones generadas por el proceso y racionalizar la segunda instancia. De esta forma, se busca que la entidad pblica condenada en primera instancia y las otras partes del proceso no se vean sometidas a un largo y costoso proceso judicial para obtener la aplicacin de la justicia en el respectivo caso y se puedan hacer efectivos los principios de justicia pronta y cierta, ligados ntimamente con el acceso a la administracin de justicia, la tutela judicial efectiva y el derecho al debido proceso (arts. 29 y 229 C.Po.). Para la Corte, prever como una obligacin la asistencia a la audiencia de conciliacin que debe celebrarse cuando se apela la sentencia condenatoria de primera instancia y sealar consecuencias negativas para la parte apelante que no asistiere, no desconoce ninguna prohibicin constitucional. De igual manera, consider que la carga procesal establecida en el inciso final del artculo 192 es efectivamente conducente a la finalidad propuesta. Resalt que la norma abre una posibilidad adicional para que sin agotar todo el trmite de segunda instancia, una entidad pblica condenada en primera instancia pueda concurrir a la audiencia de conciliacin y terminar anticipadamente el proceso, oportunidad que ahorra meses y hasta aos de litigios. Es evidente que la consecuencia de perder ese beneficio, al incumplir con la carga de asistir siquiera a la cita fijada en la conciliacin, fuerza a la observar una especial diligencia a cumplir con la obligacin prevista en el artculo 192 de la Ley 1437 de 2011 y en este sentido resulta conducente al propsito buscado con esta disposicin. En el caso de la administracin, ya condenada en primera instancia, existe el riesgo procesal de que de tramitarse la segunda, se mantenga en forme el fallo, lo cual causara eventualmente mayores intereses de mora y por esta va acrecentar el dao patrimonial de la persona jurdica de derecho pblico. Cuando se trata de la apelacin del demandante, es claro que debe tratarse de una inasistencia injustificada, cuya causa debe ser valorada al momento de proceder a declarar desierto el recurso, acorde con el debido proceso. En consecuencia, la Corte procedi a declarar exequible la expresin acusada contenida en el inciso final del artculo 192 de la Ley 1437 de 2011, que autoriza declarar desierto el recurso de apelacin contra la sentencia condenatoria de primera instancia, cuando el apelante no asiste a la audiencia de conciliacin.

 

COMUNICADO 27

C-338/16

Luis Ernesto Vargas Silva

 

CDIGO PENAL MILITAR- DECISIN SOBRE EL RDEN DE LA PRESENTACIN DE LA PRUEBA. (LEY 1407 DE 2010 ART. 503)

 

29-06-16

 

En el presente caso, la Corte deba resolver si la norma que faculta al juez para decidir en la audiencia preparatoria de proceso penal militar, el orden en que deben presentarse las pruebas en el juicio de corte marcial, quebranta la imparcialidad objetiva que debe predicar el juez en el modelo penal de tendencia acusatoria, en tanto afecta directamente la estrategia preparada por las partes para demostrar su teora del caso en juicio y por ende, es contraria al debido proceso y a la garanta de acceso imparcial a la administracin de justicia (arts. 29 y 229 C.Po.). El anlisis de la Corte comenz por reiterar el amplio margen de configuracin legislativa del que goza el Congreso de la Repblica, al expedir cdigos en todos los ramos de la legislacin y reformar sus disposiciones, acorde con la clusula general de competencia que le atribuyen los numerales 1 y 2 del artculo 150 de la Constitucin. En cuanto a la decisin del juez sobre el orden en que debe presentarse la prueba, contenida en la parte inicial del artculo 503 de la Ley 1407 de 2010, la corporacin preciso su carcter de norma procedimental, del resorte instrumental del juez penal militar de conocimiento. Esta orden del juez como director del proceso, para la prctica e introduccin de las pruebas al juicio, propende la materializacin en la audiencia oral y pblica de los principios de celeridad y economa procesal, adems de garantizar la inmediacin y la concentracin como lineamientos rectores de la prueba en el sistema de tendencia acusatoria. De esta manera, protege la publicidad y la contradiccin como cimientos del derecho al debido proceso, al igual que garantiza una pronta administracin de justicia evitando dilaciones injustificadas. A juicio de la Corte, esa potestad no afecta la imparcialidad institucional o del proceso. La Corte concluye que si el juez penal militar no conoce el contenido de todas las pruebas descubiertas en la audiencia preparatoria, al disponer el orden de la prctica de las pruebas en el juicio no cuenta con herramientas para causar la presunta afectacin de la estrategia que las partes fijan en sus teoras del caso, porque la secuencia probatoria que aquel establece corresponde a la finalidad de impartir una dinmica clere que privilegie la economa procesal. En este sentido, el plan de trabajo establecido por la fiscala penal militar y por la defensa en sus teoras del caso, se cumple a partir del recaudo efectivo de las pruebas que solicitaron y fueron admitidas, por lo cual, son esas pruebas las que soportan los hechos relevantes que como patrn fctico encuadran en el elemento jurdico en que se funda su pretensin. En esa medida, la Corte estim que no existe un desequilibrio probatorio que lesiones los contenidos de los artculos 29 y 229 de la Constitucin Poltica, habida cuenta que el juez penal militar de conocimiento, al fijar el orden de introduccin de las pruebas en el juicio no toma partido a favor de alguna de las partes, no prejuzga o materializa una inclinacin anticipada a la ulterior sentencia que adoptar. Simplemente emite una decisin instrumental de orden y direccin de la audiencia del juicio. Tampoco impide que las partes puedan elevar una peticin verbal o escrita que sugiera una secuencia probatoria acorde con sus teoras del caso. Con fundamento en lo expuesto, la Corte declar exequible la expresin demandada del artculo 503 de la Ley 1407 de 2010.

 

COMUNICADO 27

C-358/16

Mara Victoria Calle Correa

CDIGO CIVIL - DEFINICIN DE MATRIMONIO - CONSTITUCIN Y PERFECCIN DEL MATRIMONIO - CAPACIDAD PARA CONTRAER MATRIMONIO - MATRIMONIO DE PERSONAS MENORES DE EDAD, PERMISO, CONSECUENCIAS DE CONTRAER MATRIMONIO SIN ESTE CONSENTIMIENTO - MATRIMONIO EN INMINENTE PELIGRO DE MUERTE - NULIDAD DEL MATRIMONIO CONSENTIMIENTO DIVORCIO- SEPARACIN DE CUERPOS - SEGUNDO MATRIMONIO - OBLIGACIONES Y DERECHOS ENTRE LOS CNYUGES - SEPARACIN DE BIENES (CDIGO CIVIL ARTS. 113, 115 A 118, 120 A 125, 136, 138, 140, 141, 144 A 152, 154, 156 A 172, 176 A 181, 194, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 205, 206, 207).

07-07-16

 

La Corte deba resolver en esta oportunidad, si el legislador desconoce la reserva constitucional de ley estatutaria (art. 152 C.Po.), al no haber tramitado segn las reglas propias del procedimiento legislativo de esta categora de leyes, la institucin del matrimonio que, a juicio del demandante, es un derecho de carcter fundamental (art. 42 C.Po.). De manera previa, la corporacin encontr que el pronunciamiento deba limitarse al artculo 113 del Cdigo Civil, que define el contrato matrimonial, toda vez que respecto de los dems artculos demandados no se cumpla con la carga requerida para sustentar las razones por las cuales cada uno de estas normas ordinarias cuestionadas requeran del trmite de una ley estatutaria, por lo cual, la Corte se inhibi de emitir un pronunciamiento de fondo en relacin con estas disposiciones. El anlisis de constitucionalidad parti del reconocimiento constitucional del carcter fundamental de la institucin jurdica del matrimonio, con la precisin acerca de que el derecho es a contraer matrimonio y no a la figura del matrimonio en s misma considerada. Es decir, segn lo que ha determinado la jurisprudencia (sentencia C-507/04), existe un derecho constitucional fundamental a contraer matrimonio, como una opcin para conformar una familia, pero no un derecho fundamental al matrimonio en un sentido amplio y general. De igual modo, de conformidad con el artculo 42 superior, reafirm que la regulacin del matrimonio le compete al legislador civil, en desarrollo del principio democrtico, salvo sus elementos constitucionales derivados de la misma Carta Poltica o del bloque de constitucionalidad, que no pueden ser modificados por el Congreso. As por ejemplo, la igual proteccin del matrimonio debe darse sin importar el sexo, la orientacin sexual de las personas y con respeto a su dignidad. En cuanto al artculo 113 del Cdigo Civil, que se ocupa de definir el matrimonio y de establecer de manera determinante qu personas pueden celebrarlo, la Corte seal que era evidente que la norma regula elementos definitorios y estructurales del derecho fundamental a contraer matrimonio reconocido en el orden constitucional vigente. Por tanto este tipo de disposicin hoy, bajo la vigencia de Constitucin de 1991 debe ser objeto de regulacin mediante ley estatutaria. Sin embargo, de acuerdo con la regla segn la cual, la validez procesal constitucional de los actos normativos se debe analizar de acuerdo con la reglas vigentes al momento de expedicin del acto concluy, estableci que no era posible exigir que el artculo 113 del Cdigo Civil, norma expedida ms de un siglo antes que la Constitucin de 1991, cumpliera las nuevas exigencias de procedimiento legislativo que esta Carta Poltica prescribe a propsito de las leyes estatutarias. Por consiguiente, no le era aplicable el trmite establecido para las leyes estatutarias, de modo que el artculo 113 fue declarado exequible, frente al cargo analizado.

 

COMUNICADO 28

C-359/16

Luis Guillermo Guerrero Prez

 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014 - 2018 CONCESIONES DE ESPACIOS DE TELEVISIN EN EL CANAL NACIONAL DE OPERACIN PBLICA. (TERCER CANAL DE TELEVISIN) (LEY 1753 DE 2015 ARTS. 41 PARCIAL Y 267)

07-07-16

 

En el presente caso, le correspondi a la Corte establecer, si las disposiciones demandadas de los artculos 41 y 267 de la Ley 1753 de 2015, por virtud de las cuales se otorga a la Autoridad Nacional de Televisin, ANTV, la facultad para determinar el nmero de concesionarios de los espacios de televisin del Canal Uno y se derogan los lmites porcentuales de participacin anteriormente exigibles en el ordenamiento jurdico, vacan o no la competencia del legislador para limitar la libertad econmica, en los trminos dispuestos en el artculo 333 de la Constitucin. Al mismo tiempo, si al no existir una frmula de participacin de los concesionarios de espacios televisivos en dicho Canal, se desconocen los artculos 75 y 20 de la Carta Poltica, que consagran la igualdad de oportunidades en el acceso al uso del espectro electromagntico, el pluralismo informativo y la competencia. En primer trmino, la Corte precis que mediante las normas legales demandadas, se adopt un nuevo esquema regulatorio para la determinacin del nmero de concesionarios del Canal Uno. As, por una parte, mediante las derogatorias realizadas en el artculo 267 de la Ley 1753 de 2015 se suprimen los porcentajes mnimos y mximos de participacin en el total de horas de programacin, mientras que, por la otra, el artculo 41 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, habilita a la ANTV para determinar el nmero de concesionarios, segn los criterios jurdicos que all se dispone y los estudios tcnicos y de mercado que sobre el particular se realicen. El nuevo esquema tiene en cuenta las mediciones reales del mercado, las cuales le otorgarn a la ANTV, a partir de los requisitos previstos en la ley, la capacidad para determinar el nivel de amplitud o de concentracin que tendr el canal nacional de operacin pblica. Observ que al aludir el artculo 41 a la (s) concesin (es) permite entender, que de la misma forma que es viable la asignacin plural de los espacios de televisin, tambin cabra la adjudicacin a un nico concesionario, supuestos que dependern de los resultados de los estudios tcnicos y de mercado previamente reseados, as como de la aplicacin de los criterios jurdicos que all se mencionan. Por esta razn, consider necesario integrar la proposicin jurdica completa del aparte demandado con la expresin la (s) concesin (es) prevista tanto en el inciso primero, como en el inciso segundo del artculo 41 de la Ley 1753 de 2015. Para la Corte, las derogatorias dispuestas en el artculo 267 de la Ley 1753 de 2015 no tienen la entidad suficiente para vulnerar los mandatos contenidos en los artculos 20 y 75 de la Constitucin. Aun cuando es verdad que la eliminacin de los lmites porcentuales de participacin en el Canal Uno, tanto en nivel mnimo como en el mximo, conducen a que sea la ANTV la que finalmente decida el nmero de concesionarios, no se trata de una decisin que quede sometida al mero arbitrio de dicha autoridad, puesto que para este objeto, el artculo 41 dispone la obligacin de someterse a unos criterios jurdicos y a los resultados de los estudios tcnicos y de mercado que se realicen para el efecto. Advirti, que la eliminacin de los lmites porcentuales de participacin no implica, por s misma, que el legislador est adjudicando de plano el 100% de los espacios a un nico concesionario, toda vez que en el mismo artculo 41 de la Ley 1753 de 2015, se establecen unos criterios jurdicos acordes con la igualdad, el pluralismo informativo y la competencia, que garantizan el principio de seleccin objetiva y en particular, la igualdad de oportunidades en el acceso al espectro electromagntico. Configura una medida de poltica pblica que no responde a un parmetro estndar, sino que el nivel de amplitud o de concentracin que tendr el Canal Uno no depender ya de pautas estticas alejadas de la realidad, sino de mediciones reales que obedezcan a un mercado convergente que garantice la continuidad del canal pblico haba el futuro. La corporacin observ que el sistema mixto de funcionamiento del canal pblico de televisin, sin tener en cuenta las realidades tecnolgicas y de mercado, impidi la generacin de economas de escala y de una estrategia de programacin coherente, que condujo a la reduccin de las programadoras, ingresos por concepto de publicidad y de compensaciones peridicas a favor de la ANTV, as como a la suspensin del Canal A y la asuncin de altos costos a cargo de RTVC destinados a cubrir la programacin de los espacios devueltos. De otra parte, la Corte aclar que la pluralidad consagrada en la Constitucin corresponde a la existencia de varios canales y a la posibilidad de acceder por diferentes vas, a la prestacin del servicio de televisin. As mismo, la garanta de competencia en el acceso al uso del espectro electromagntico se asegura con la posibilidad de participar en un plano de igualdad en el proceso de adjudicacin de los espacios, sin barreras que afecten la libre concurrencia. Por ello, no existe una vulneracin del derecho a fundar medios masivos de comunicacin, si se tiene en cuenta que la norma impugnada tan solo se refiere a un canal y a uno de los servicios posibles del mercado de televisin. De esta forma, el esquema adoptado por el legislador favorece la optimizacin de un bien pblico, al dotar de mayor competitividad a la televisin abierta y asegurar una oferta de informacin en beneficio del sector y especialmente de los usuarios. Adicionalmente, esta apertura favorece la consecucin de las finalidades que debe cumplir un canal pblico en materia educativa y cultural que debe caracterizarse por la pluralidad de visiones en un contexto democrtico. Adems, la descentralizacin del servicio de televisin a travs de los canales regionales. Por consiguiente los segmentos normativos demandados del artculo 267 de la Ley 1753 de 2015, fueron declarados exequibles, frente a los cargos analizados. De igual manera, la atribucin que le concede el legislador a la ANTV para otorgar los espacios de televisin del Canal Uno se ajusta a la Constitucin, en la medida en que no es arbitraria, ni tampoco carece de presupuestos que regulen su ejercicio, habida cuenta que su operatividad depende de una parte, de unos criterios jurdicos enunciados en la ley y por otra, de los estudios tcnicos y de mercado que se lleven a cabo. Desde el punto de vista jurdico, se exige que el nmero de concesionarios y las condiciones de los contratos responda a (i) la garanta del derecho a la informacin, (ii) el deber de asegurar la igualdad en el acceso y uso del espectro; (iii) la preservacin del pluralismo informativo; (iv) a la carga de tener que adelantar procesos de seleccin objetiva, que garantice la transparencia y (v) a la prohibicin de concentracin con operadores del servicio privado de televisin abierta de cobertura nacional o local.

 

COMUNICADO 28

C-360/16

Jorge Ignacio Pretelt Chaljub

 

MODIFICACION DEL CODIGO PENAL - INSTRUMENTOS PARA PREVENIR, CONTROLAR Y SANCIONAR EL CONTRABANDO, FRAUDE ADUANERO, LAVADO DE ACTIVOS Y LA EVASIN FISCAL. (LEY 1762 DE 2015)

07-07-16

 

Los problemas jurdicos que se plantearon a la Corte se refirieron a: (i) la presunta vulneracin de la reserva de ley orgnica prevista en el artculo 151 de la Constitucin; (ii) la falta de correspondencia entre el ttulo y el contenido de la Ley exigida por los artculos 158 y 169 de la Constitucin; (iii) la existencia de vicios de trmite por incumplimiento el trmino establecido para rendir informe para segundo debate, sin que se removiera a los ponentes incumplidos ni publicar en la gaceta del Congreso lo acaecido; la no publicacin de los textos aprobados en primer debate y en la plenaria de la Cmara de Representantes y en superar los dos legislaturas en la aprobacin de la ley (arts. 157, 160, 161, 162 y 74 C.Po.). En primer lugar, la Corte determin que la competencia atribuida por el legislador ordinario en el artculo 15 de la Ley 1762 de 2015 a los departamentos y al distrito capital para aprehender y decomisar mercancas sometidas al impuesto al consumo en los casos previstos en la ley, as como las modificaciones que se supone introduce al Estatuto Orgnico Financiero no estn sometidas a reserva de ley orgnica. Contrario a lo que se sostiene el actor, no toda norma que se refiera a las competencias de entidades territoriales debe ser de naturaleza orgnica; la interpretacin de esta reserva es restrictiva para no vaciar la competencia del legislador ordinario. El artculo 15 de la Ley 1762 lejos de regular competencias distribuidas entre nacin y las entidades territoriales, desarrolla una funcin constitucional de los alcaldes prevista en el artculo 315.2 de la Carta, que como primera autoridad de polica del municipio, le corresponde la conservacin del orden pblico. De otro lado, adems de que el demandante no pudo establecer con claridad que las normas impugnadas reformen el Decreto ley 663 de 1993, Estatuto Orgnico Financiero vigente, en todo caso este estatuto no es una ley orgnica, razn por la cual su modificacin se hace mediante ley ordinaria. En segundo lugar, tampoco prosper el cargo por desconocimiento de los artculos 158 y 169 de la Constitucin Poltica, por cuanto, analizado el contenido de la totalidad de las normas previstas en la Ley 1762 de 2015, la Corte encontr que se refieren de manera especfica a mecanismos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, la evasin fiscal y el lavado de activos, que son las materias enunciadas en el ttulo de la ley. En tercer lugar, el tribunal constitucional record que, como lo ha establecido la jurisprudencia, no toda vulneracin de una regla sobre la formacin de las leyes acarrea la invalidez de la ley y su declaracin de inconstitucionalidad. Seal que, de acuerdo con el principio de la instrumentalidad de las formas, estas deben interpretarse desde una perspectiva teleolgica al servicio de un fin sustantivo. En virtud de lo anterior, indic que el artculo 150 del Reglamento del Congreso (Ley Orgnica 5 de 1992) no le impone limitaciones al Presidente de cada cmara para designar a los ponentes de los proyectos de ley o de reforma constitucional, ya que se trata de un simple acto instrumental que no implica la afectacin de la validez del debate parlamentario. Lo mismo acontece con el trmino concedido para la presentacin del informe de ponencia. Este informe tiene por objeto garantizar el principio de publicidad, para presentar de forma analtica el contenido del proyecto de ley o de reforma constitucional, permitiendo que el proceso legislativo se desarrolle con un mnimo de racionalidad deliberativa y decisoria, de manera que bajo ninguna circunstancia, puede entenderse que la presentacin tarda de la ponencia afecta automticamente la legalidad de su publicacin que cumple la exigencia de dar a conocer el contenido del proyecto a los congresistas. A juicio de la Corte, al analizar las omisiones del trmite legislativo de la Ley 1762 de 2015 alegadas por el demandante, determin que no constituyen un vicio que conduzca a la inconstitucionalidad, por implicar infracciones de carcter menor en la medida en que no vulneran ningn principio ni valor constitucional y en especial, no afectaron el proceso de formacin de la voluntad democrtica de las cmaras, ni desconoce el contenido bsico institucional diseado por la Carta Poltica. De esta forma, la desatencin sealada, no constituye un vicio de carcter sustancial. De otra parte, la corporacin encontr que no le asista razn al demandante que adujo el incumplimiento de la publicacin exigida por la Constitucin y por la Ley 5 de 1992. Por ltimo, el tribunal constat que se haba dado cabal cumplimiento a lo preceptuado en el artculo 162 de la Carta Poltica, en cuanto el proyecto que culmin en la adopcin de la Ley 1762 de 2015 no super el lmite de dos legislaturas. En consecuencia, desde el punto de vista formal, la Ley 1762 de 2015 cumpli con el procedimiento legislativo previsto en la Constitucin Poltica y en la Ley 5 de 1992.

 

COMUNICADO 28

C-361/16

Luis Ernesto Vargas Silva

 

CDIGO NACIONAL DE TRNSITO RETIRO DE VEHCULOS MAL ESTACIONADOS O ABANDONADOS EN ESPACIO PBLICO. (LEY 769 DE 2002 ART. 127)

07-07-16

 

En el presente caso, se demand la medida de bloqueo o retiro con gra de vehculos que se encuentren abandonados en reas destinadas al espacio pblico, sin la presencia del conductor o responsable del vehculo, prevista en el artculo 127 de la Ley 769 de 2002, por considerar que desconoce las garantas del debido proceso, al asumir que los conductores estacionan sus vehculos en dichos espacios sin ninguna justificacin, sin permitir que el propietario o conductor sea informado o pueda contradecir la decisin de la autoridad de trnsito, con lo cual se genera una sancin desproporcionada. Adems, el actor aduce que se impone una carga igualmente desproporcionada al exigir que los conductores estn obligados a permanecer en el lugar en donde estacionaron sus vehculos, lo cual vulnera la libertad de locomocin. La Corte advirti que la demanda parte de una incorrecta interpretacin de la norma impugnada y de otros artculos de la ley que le dan sentido a la proposicin normativa censurada que carece de sustento constitucional. De igual manera, la Corte estableci que no existe una vulneracin a las garantas del debido proceso. No obstante, ante un mnimo de duda sobre la constitucionalidad que genera la medida de bloqueo o retiro del vehculo con gra de vehculos abandonados en reas destinadas al espacio pblico, la Corte hizo una valoracin de su razonabilidad e idoneidad y encontr que la medida complementaria busca un fin amparado directamente por la Constitucin, como es el de restablecer el goce efectivo del espacio pblico afectado por la actuacin de un particular, cuya proteccin se consagra en el artculo 82 de la Carta, segn el cual, el Estado tiene la obligacin de proteger su integridad para que su destinacin sea el uso comn del conjunto de los ciudadanos, el cual prevalece sobre el inters particular de quien pretende estacionar un vehculo en una zona destinada al uso comn. La medida correctiva adoptada del traslado del vehculo a un parqueadero autorizado, es un mecanismo que no est en s mismo prohibido, como medida policiva de carcter preventivo y complementario que supone una accin inmediata frente a la infraccin cometida por el particular. Las medidas alternativas, menos gravosas que plantea el demandante, como la notificacin al propietario o al responsable del vehculo sin su traslado o la debida sealizacin de las reas de espacio pblico como zonas en las que est prohibido su estacionamiento, no resultan adecuadas, puesto que con ellas no se remediara de forma eficaz la afectacin del espacio pblico. Adems, de que el vehculo que obstruye el espacio no se retira y la sealizacin del espacio pblico carece de sustento, pues dicha prohibicin ya est formulada directamente en la ley, es claro que la finalidad de los espacios pblicos no es el estacionamiento de vehculos sino la satisfaccin de necesidades colectivas, la libre circulacin, el ocio y el esparcimiento de la comunidad. Por consiguiente, la medida complementaria y correctiva de bloqueo y retiro de vehculos por cualquier otro medio es un medio adecuado para lograr la finalidad constitucionalmente relevante de la integridad del espacio pblico. As mismo, la Corte encontr que la medida es efectivamente conducente para la consecucin del fin propuesto, toda vez que con esta se evita que se sigan afectando dichas reas pblicas y adicionalmente, es la medida que evita que su afectacin se perpete en el tiempo. En todo caso, las autoridades de trnsito debern valorar en casos concretos situaciones de urgencia sin otra opcin, que justificaran el estacionamiento de vehculos en espacios pblicos sin las consecuencias previstas en el artculo 127 de la Ley 769 de 2002.

 

COMUNICADO 28

C-372/16

Luis Guillermo Guerrero Prez

 

CDIGO PENAL MILITAR VICTIMAS DERECHO A RECIBIR INFORMACIN - JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL, SE ESTABLECEN REQUISITOS PARA EL DESEMPEO DE SUS CARGOS, SE IMPLEMENTA SU FISCALA GENERAL PENAL MILITAR Y POLICIAL, SE ORGANIZA SU CUERPO TCNICO DE INVESTIGACIN, SE SEALAN DISPOSICIONES SOBRE COMPETENCIA PARA EL TRNSITO AL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y PARA GARANTIZAR SU PLENA OPERATIVIDAD EN LA JURISDICCIN ESPECIALIZADA. (LEY 1406 DE 2010 ARTS. 294, 298 Y 299 PARCIAL Y LEY 1765 DE 2015 ARTS. 2, 3, 7, 8, 11, 14, , 18 A 27, 30 A 32, 34 A 38, 41 A 44, , 48, 50, 54, 58, 65, 71, 72, 74, 75, 83, 90, 109, 110)

13-07-16

 

De manera previa, la Corte encontr que no proceda un pronunciamiento de fondo sobre el cargo formulado contra la Ley 1765 de 2015, referido a la presunta violacin de la reserva de ley estatutaria. De igual modo, la Corte constat la ineptitud sustantiva del cargo planteado contra los artculos 8, 9, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42 y 43 de dicha ley. En relacin con la expresin contenida en el artculo 2 de la ley 1765 de 2015, declar la exequibilidad condicionada en el entendido que la competencia de la justicia penal militar y policial se circunscribe nicamente al juzgamiento de los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pblica en servicio activo y en relacin con el mismo servicio -no obstante que con posterioridad se hayan retirado del servicio-, con lo cual, la Ley 1765 de 2015 aplica a los miembros de la Fuerza Pblica en retiro y al personal civil o no uniformado solo en relacin con las medidas de carcter laboral y administrativo en ella previstas, en cuanto las mismas les sean exigibles por razn de su vinculacin a la planta de personal de los rganos de la Justicia Penal Militar y Policial. As mismo, declar la exequibilidad condicionada de los artculos 109 y 110 de la Ley 1765 de 2015, para garantizar los derechos a las vctimas, a travs de permitirle su intervencin en la celebracin de acuerdos y preacuerdos entre la Fiscala Penal Militar y Policial y el imputado o acusado, en los cuales el juez que los aprueba deber velar por las garantas tanto del imputado o acusado, como de las vctimas. Para la Corte, es constitucionalmente admisible la celebracin de preacuerdos y negociaciones en el mbito de la Fiscala Penal Militar y Policial orientados a que se dicte sentencia anticipada, abreviando los procesos. Sin embargo, deba quedar claro que esas negociaciones deben adelantarse, informando y escuchando a las vctimas, en garanta de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparacin, lo cual no haba sido previsto de manera en los citados artculos y poda entenderse de manera contraria a la Constitucin, que las vctimas no podran intervenir en esas negociaciones. En relacin con el vocablo directo contenido en el artculo 294 de la Ley 1407 de 2010, declar la inconstitucionalidad acorde con el concepto de vctima, segn lo que ha entendido la jurisprudencia constitucional, pues como tal debe entenderse, adems de quien sufra el dao de forma directa, de manera general, de todas aquellas personas que hubieren sufrido dao como consecuencia de los hechos victimizantes. En cuanto al numeral 4 del artculo 299 de la Ley 1407 de 2010 fue declarado inexequible, puesto que establece una limitacin injustificada de los derechos de las vctimas cuando existe pluralidad, al impedirles acudir directamente al proceso para defender sus derechos o nombrar los abogados que considere para representar y defender sus derechos. De igual modo, la Corte condicion la exequibilidad de la expresin la Fiscala Penal Militar contenida en el numeral 5 del artculo 299, en el entendido que, tratndose de vctimas civiles que no cuenten con medios suficientes para contratar un abogado, la Fiscala Penal Militar deber garantizarles su acceso al Sistema Nacional de Defensora Pblica. Por ltimo, se inhibi para emitir un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad del artculo 298 de la Ley 1407 de 2010 en relacin con el cargo formulado por carencia actual de objeto.

 

COMUNICADO 29

 

C-373/16

 

Alejandro Linares Cantillo y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

 

REFORMA DE EQUILIBRIO DE PODERES Y REAJUSTE INSTITUCIONAL. (ACTO LEGISLATIVO 2 DE 2015 ARTS. 2, 5, 7, 8, 9, 11, 15 A 19, 26)

 

13-07-16

 

La Corte declar la inexequibilidad de algunas normas del Acto legislativo 02 de 2015 al encontrar que con su aprobacin el Congreso haba desconocido los limites competenciales para reformar la Constitucin. Consider este Tribunal que el rgimen de investigacin, acusacin y juzgamiento de los magistrados de altas cortes y del Fiscal General de la Nacin contenido en esas disposiciones sustituy el eje definitorio separacin de poderes y autonoma e independencia judicial. Para la Corte, el desconocimiento de los limites competenciales del Congreso para reformar la Constitucin, no solo es completamente novedoso, sino que resulta incompatible con los fines que persegua - asegurar la independencia de la Rama Judicial- establecido en la Constitucin de 1991. La Sala se abstuvo de emitir un pronunciamiento de fondo respecto del cargo por violacin de los principios de consecutividad e identidad flexible, formulado en contra del artculo 18 transitorio que establece el rgimen de transicin aplicable al sistema de gobierno y administracin de la rama judicial. As mismo, declar la exequibilidad respecto del cargo por violacin de los principios de consecutividad e identidad flexible, formulado en contra del pargrafo transitorio 1 del artculo 19, conforme al cual los Magistrados actuales de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura ocuparn sus cargos hasta tanto tomen posesin los miembros de la Comisin Nacional de Disciplina Judicial. Respecto de algunas expresiones de los artculos 11, 15, 17, 18, 19 y 26, la Sala decidi estarse a lo resuelto en sentencia C-285/16 y declar la exequibilidad de otros apartes por los cargos analizados en la sentencia. Por ltimo, se abstuvo de emitir un pronunciamiento de fondo respecto del cargo por el desconocimiento de los lmites competenciales del Congreso para reformar la Constitucin, formulado en contra del pargrafo transitorio del artculo 19 de dicho Acto Legislativo.

 

 

COMUNICADO 29

C-379/16

Luis Ernesto Vargas Silva

PROYECTO DE LEY QUE REGULA EL PLEBISCITO PARA LA REFRENDACIN DEL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA. (PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA NO. 941/15 SENADO 16/15 CMARA)

18-07-16

 

La Corte aval la constitucionalidad de la regulacin estatutaria del plebiscito para la refrendacin del acuerdo final dirigido a la terminacin del conflicto y la construccin de una paz estable y duradera. Precis que el plebiscito tiene carcter vinculante respecto del Presidente de la repblica y que ese acuerdo es una decisin poltica que no implica la incorporacin de un texto normativo al ordenamiento jurdico. Al mismo tiempo, fij el alcance de la participacin de los servidores pblicos en las campaas en torno a este plebiscito y la forma en que se garantizar a todos los ciudadanos, la publicidad e informacin en relacin con el acuerdo final.

COMUNICADO 30

C-388/16

 

Alejandro Linares Cantillo

 

NORMA QUE REGULA CUOTA DE COMPENSACIN MILITAR PAGO DE LIBRETA MILITAR A QUIENES SE ENCUENTREN EXIMIDOS DE PRESTACIN DEL SERVICIO MILITAR. (INCISOS SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, NUMERALES 1, 2, 3, INCISO QUINTO Y PARGRAFO 2 DEL ARTCULO 1 Y EXPRESIN CONTENIDA EN INCISO TERCERO DEL ARTCULO 1 DE LA LEY 1184 DE 2008)

27-07-16

 

El problema jurdico que le correspondi resolver a la Corte en esta oportunidad, consisti en determinar, si la frmula que la Ley 1184 de 2008 establece para liquidar la cuota de compensacin militar a cargo del inscrito que no ingrese a prestar el servicio militar, vulnera el principio de equidad tributaria y compromete el mnimo vital de las personas que deben asumir el gravamen. Acorde con lo que ha establecido la jurisprudencia y en particular la sentencia C-600 de 2015, la Corte reiter que la contribucin que se regula en la Ley 1184 de 2008 es una legtima expresin de la potestad del legislador para establecer tributos, que resulta vlida como una forma de promover la igualdad y restablecer el equilibrio de las cargas pblicas, frente al deber constitucional de prestar el servicio militar. A su juicio, esta contribucin se justifica en el beneficio recibido por quien es eximido del servicio militar. Seal, que dicha contribucin se paga por una sola vez y est destinada al cumplimiento de obligaciones de la fuerza pblica, a travs del Fondo para el mantenimiento de las tropas. En cuanto a las personas con inhabilidad para prestar el servicio militar, la Corte indic que haba tener en cuenta el artculo 6 de la misma Ley 1184 de 2008, que establece la exoneracin del pago de la cuota de compensacin para quienes se encuentran en ciertas situaciones de desventaja, entre otros, las personas con limitaciones fsicas, psquicas y sensoriales y los afiliados al SISBEN, en niveles 1, 2 y 3. La circunstancia de que en un caso particular el inscrito o su familia pueda resultar muy gravoso el pago de la cuota de compensacin militar, no invalida en general la justificacin constitucional que equilibra las cargas pblicas y en todo caso, el obligado podra acudir a la accin de tutela para que el juez constitucional ampare sus derechos teniendo en cuenta las especiales circunstancias que le impiden cumplir con el pago de esta contribucin. Por lo expuesto, la Corte concluy que las disposiciones legales demandadas no vulneran los mandatos constitucionales de igualdad, equidad tributaria y mnimo vital, toda vez que mientras al Estado le corresponde garantizar entre otros, la defensa de la soberana, la independencia, el orden constitucional, la seguridad, convivencia pacfica y la vigencia de un conjunto de derechos a los ciudadanos, estos deben asumir ciertas cargas, dentro de los cuales se encuentran la de contribuir al financiamiento de los gastos del Estado (art. 95.9 C. Po.), en este caso, al sostenimiento de la fuerza pblica, en forma proporcional.

 

COMUNICADO 31

C-389/16

Mara Victoria Calle Correa

 

CDIGO DE MINAS ESTANDARES DE RESPETO A NORMAS AMBIENTALES, GARANTIA DE LAS CONDICIONES MINIMAS DEL DERECHO AL TRABAJO, APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES SIN SACRIFICAR LA POSIBILIDAD PARA LAS GENERACIONES FUTURAS RESPETO DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS. (ARTS. 16, 53, 122, 124, 128, 133, 271, 272 A 277, 279, 570 DE LA LEY 685 DE 2001)

27-07-16

 

En el presente proceso, la Corte analiz cinco cargos dirigidos contra diversos artculos de la Ley 685 de 2001 o Cdigo de Minas. La Corporacin comenz por sealar que la minera es una actividad constitucionalmente admitida y polticamente promovida, que debe adecuarse al respeto de un amplio conjunto de mandatos superiores. As, la minera debe asegurar los ms altos estndares de respeto a las normas ambientales, proveer empleos que respeten las condiciones mnimas del derecho al trabajo, permitir el aprovechamiento de los recursos naturales sin sacrificar esta posibilidad para las generaciones futuras, y ser respetuosa de los derechos de los pueblos indgenas. La Corporacin concluy que (i) el mecanismo actualmente establecido para la concesin de ttulos mineros tiene fallas de naturaleza estructural que, por su complejidad, deben ser resueltas de manera integral por el Congreso de la Repblica, bajo los parmetros de la jurisprudencia constitucional; y (ii) mientras se dicta esta regulacin, que ya ha sido requerida al rgano de representacin democrtica, la administracin deber establecer un protocolo que garantice la idoneidad de los interesados, en materia de respeto por los derechos laborales y cumplimiento de los estndares ambientales. Tambin, la Corte indic, que la normativa minera debe tener un componente diferencial, que atienda adecuadamente los distintos tipos de explotacin minera, en atencin al tamao e impacto de la actividad. Seal, que corresponde al Congreso establecer las clasificaciones pertinentes, aunque, con base en la doctrina, propuso tomar en consideracin los siguientes parmetros: la normativa minera (i) debe proteger la minera de subsistencia, tradicional de comunidades campesinas y ancestral de pueblos indgenas y comunidades negras; (ii) permitir la adecuacin progresiva de la minera informal, esto es, aquella que no satisface algn requisito legal, pero puede llegar a hacerlo; (iii) desarrollar normas efectivas para el control de la minera ilegal, la cual es aquella que no satisface ninguno de esos requisitos, y (iv) reforzar la lucha contra la minera criminal, que se adelanta al margen de todo parmetro jurdico y tico, y hace parte de las acciones que adelantan los grupos armados al margen de la ley para su financiamiento. Aclar la Corte, que esta clasificacin doctrinaria puede ser acogida o modificada por el Congreso de la Repblica. En la segunda parte de la providencia se estudiaron dos cargos por presunta violacin a los derechos de los pueblos indgenas: el eventual desconocimiento de los atributos de los territorios ancestrales (inembargabilidad, imprescriptibiliad e inalienabilidad) y la trasgresin de su autonoma para actuar como autoridades ambientales, en virtud de los artculos 122, 124 y 128 del Cdigo de Minas y, especialmente, por la consagracin de lo que se ha denominado el derecho de prelacin de los pueblos para obtener titulaciones mineras dentro de sus territorios.

 

COMUNICADO 31

C-390/16

Maria Victoria Calle Correa

 

NORMAS PARA MODERNIZAR LA ORGANIZACIN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS SUBSIDIO A LA COTIZACIN EN PENSIN PARA LOS CONCEJALES DE MUNICIPIOS DE CATEGORAS 4 A 6 SIN INGRESO ADICIONAL. (ART. 23 DE LA LEY 1551 DE 2012)

27-07-16

 

La Corte concluy que el hecho de conceder un beneficio en materia de seguridad social para los concejales de los municipios de menores categoras (4 a 6), sin incluir a los concejales de los municipios de 3 categora no implica necesariamente una violacin a la igualdad en regmenes prestacionales distintos supone la comparacin integral de los mismos y de uno o algunos beneficios especficos, considerados aisladamente. Tampoco constituye un trato evidentemente arbitrario, que permitiera excepcionalmente en anlisis del beneficio concreto de forma aislada e individual. De esta forma, la Corporacin reiter la jurisprudencia constitucional que ha sealado que no es posible comparar regmenes laborales y prestacionales con diferencias, de manera puntual y parcial, no de forma completa e integral. Esto, en razn a que un beneficio otorgado de ms en un determinado rgimen, puede estar compensado por otro tipo de beneficio distinto en otros regmenes diferentes. Indic, que solo una comparacin integral de ambos conjuntos de reglas puede mostrar si uno de ellos es discriminatorio e inequitativo frente al otro, salvo que por excepcin en un caso dado, el trato diferente fuere evidentemente arbitrario e injustificado.

 

COMUNICADO 31

C-393/16

Alberto Rojas Ros

 

NORMA QUE MODIFICA EL ESTATUTO TRIBUTARIO, LEY 1607 DE 2012 Y SE CREA MECANISMOS DE LUCHA CONTRA LA EVASIN - PROHIBICIN DE LA COMPENSACIN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (ART. 20 DE LA LEY 1739 DE 2014)

 

28-07-16

 

En el presente proceso, la Corte deba determinar si el artculo 20 de la Ley 1739 de 2014, en lo demandado, al prohibir la compensacin de saldos a favor del impuesto sobre la renta para la equidad CREE, con obligaciones tributaras causadas por concepto de otros impuestos, quebranta el principio de equidad tributaria consagrado en los artculos 95.9 y 363 de la Constitucin Poltica. El anlisis de la Corte comenz por reiterar que la potestad tributaria del legislador no es una facultad impositiva irrestricta o sin lmites que, de manera inconsulta con los derechos del contribuyente, pueda imponerle restricciones injustificadas que dificulten el cumplimiento de sus obligaciones. Para el caso bajo estudio, constitua un marco de comparacin que en otros impuestos nacionales los saldos a favor del contribuyente s son objeto de compensacin con otras obligaciones tributarios. Con fundamento en el test aplicado, encontr que la medida cuestionada era constitucionalmente desproporcionada en relacin con el principio de equidad tributaria. La Corte en sentencia C-291/15se pronunci en relacin con la base gravable del CREE, al declarar la exequibilidad condicionada del artculo 22 de la Ley 1607 de 2012, en el sentido de entender que las prdidas fiscales en que incurran los contribuyentes del impuesto a la renta para la equidad CREE, podrn compensarse con ese impuesto, de conformidad con lo establecido en el artculo 147 del Estatuto Tributario, decisin que constituye un precedente aplicable por versar sobre un elemento de la compensacin del mismo tributo, como forma de extinguir una obligacin fiscal al saldar la deuda con otro crdito tributario a su favor, a travs del cruce de cuentas. En principio, son objeto de compensacin todas las obligaciones tributarias con los saldos a favor del contribuyente, ya sea con otro impuesto o siendo el mismo, se puede compensar con el de la vigencia fiscal posterior. Al someter la medida de prohibicin de compensar saldos a favor con otros tributos, al test intermedio de razonabilidad, la Corte encontr que: (i) la finalidad de esta prohibicin es asegurar la financiacin de programas sociales en materia de educacin y mejorar la calidad de atencin a la primera infancia, a travs de la destinacin especfica (art. 359 C. Po.), lo cual a todas luces reviste relevancia constitucional; (ii) el medio es adecuado para alcanzar este fin, toda vez que la prohibicin de compensacin tributaria logra evitar cruce de cuentas entre recursos situados en distintos rubros presupuestales; (iii) en el mbito tributario no existe otra figura que con la misma eficacia logre este objetivo, por lo que la medida es necesaria; sin embargo, (iv) la medida bajo examen resulta desproporcionada frente al parmetro de equidad tributaria (art. 95.9 y 363 C.Po.), ya que la destinacin especfica como sustento de la no compensacin, es inadmisible desde una perspectiva, al crear una ventaja injustificada para la administracin que limita al contribuyente que cuenta con un saldo a su favor y tiene el derecho a que la administracin tributaria le permita con ello, cubrir obligaciones de esta naturaleza. Para la Corte, este procedimiento implica la retencin injustificada de un saldo que obstaculiza la posibilidad del deudor tributario de disponer del monto que constituye saldo a su favor y de contera, su rendimiento financiero, que genera un enriquecimiento sin causa para la administracin. Por consiguiente, procedi a declarar la inexequibilidad del aparte demandado, contenido el artculo 20 de la Ley 1739 de 2015.

 

COMUNICADO 31

C-401/16

Jorge Ivn Palacio Palacio

NORMA QUE ESTABLECE LA OBLIGACIN DE BRINDAR INFORMACIN TRANSPARENTE A LOS CONSUMIDORES DE SERVICIOS FINANCIEROS - REGULACIN DE LA INFORMACIN QUE DEBE SUMINISTRARSE A LOS AFILIADOS POR LOS FONDOS DE PENSIONES EN EL RGIMEN DE PRIMA MEDIA Y LA QUE SE PONE A DISPOSICIN DE LOS AFILIADOS AL RGIMEN DE HORRO PRIVADO. (ARTCULO 2 DE LA LEY 1748 DE 2014)

 

03-08-16

 

La Corte determin que no se configura en el presente caso, una omisin legislativa relativa en el sealamiento del contenido de la informacin que Colpensiones debe poner a disposicin de los afiliados al Rgimen de Prima Media, la cual comprende: a) las deducciones efectuadas; b) el nmero de semanas cotizadas durante el perodo de corte de extracto; c) el ingreso base de cotizacin de los partes efectuados en los ltimos seis meses; y d) la informacin que determine la Superintendencia Financiera de Colombia. A su juicio, la diferencia en los contenidos y periodicidad de la informacin que el artculo 2 de la Ley 1748 de 2004 establece segn se trate del RPM o del RAIS obedece a la distintas caractersticas de uno u otro rgimen, sin que por ello se est desconociendo el deber especfico impuesto por el constituyente al legislador, de garantizar los derechos fundamentales de quienes estn afiliados al RPM, de acceder a la informacin sobre el nmero de semanas pendientes para acceder al reconocimiento y pago de una pensin de vejez. En efecto, aunque en dichos extractos no est especificado ese nmero, el afiliado puede deducirlo directamente restando del total de semanas cotizadas que se indica en el extracto que le es entregado al afiliado, de las exigidas por la ley para tener derecho al reconocimiento de la pensin. A diferencia de lo que ocurre en el RPM, en el Rgimen de Ahorro Privado, como son cuentas individuales, la situacin de cada afiliado es distinta y por tanto la informacin que debe ponerse a su disposicin se basa esencialmente en el monto de los aportes y los rendimientos, y el clculo de las semanas cotizadas durante un perodo depende de una serie de factores que el fondo privado debe aplicar y por tanto, los contenidos difieren acorde con la naturaleza de cada rgimen, sin que ello configure una vulneracin de los derechos a la igualdad, habeas data y seguridad social. En relacin con el posible desconocimiento que puedan tener los afiliados de los dos regmenes de pensin, acerca de la conveniencia de trasladarse o no de un rgimen a otro, la Corte tampoco consider que la norma acusada adoleciera de una omisin legislativa relativa, en la medida en que la misma Ley 1748 de 2014 (art. 1) establece el deber a todas las administradoras de fondos de pensiones, de asesorar y acompaar a todos los afiliados que deseen trasladarse entre regmenes pensionales. De esta forma, se garantiza la decisin informada del afiliado que quiera cambiar de rgimen de pensin, toda vez que para tal fin, la informacin sobre el nmero de semanas que le hacen falta al interesado para saber si es o no favorable el traslado de rgimen, deben tenerla los asesores aunque no est contenida en el extracto.

 

COMUNICADO 32

C-402/16

Luis Guillermo Guerrero Prez

 

NORMAS EN MATERIA TRIBUTARIA - INGRESOS BRUTOS DERIVADOS DE LA COMPRA VENTA DE MEDIOS DE PAGO EN LA PRESTACIN DE SERVICIOS DE TELEFONA MVIL. (ART. 157 PARCIAL DE LA LEY 1607 DE 2012 Y PARGRAFOS 2 Y 3 DEL ARTCULO 33 DE LA LEY 14 DE 1983)

03-08-16

 

La Corte decidi inhibirse para emitir un pronunciamiento de fondo en relacin con la constitucionalidad de las normas demandadas.

COMUNICADO 32

C-403/16

Jorge Ivn Palacio Palacio

 

INSTRUMENTOS PARA PREVENIR, CONTROLAR Y SANCIONAR EL CONTRABANDO, FRAUDE ADUANERO, LAVADO DE ACTIVOS Y LA EVASIN FISCAL - IMPOSICIN DE SANCIONES DE MULTA, DECOMISO DE MERCANCAS Y CIERRE TEMPORAL DE ESTABLECIMIENTO COMERCIAL, POR NO ACREDITAR EL PAGO DEL IMPUESTO DE CONSUMO DE CUANTA INFERIOR A 456 UVT. (INCISO 3 DEL ARTCULO 23 DE LA LEY 1762 DE 2015)

03-08-16

 

La Corte deba establecer, si la imposicin de sancin de multa y el cierre del establecimiento de comercio en el acta de aprehensin, reconocimiento, avalo y decomiso directo de bienes, por el no pago del impuesto al consumo, vulnera el debido proceso, al no garantizar el derecho de defensa y de contradiccin, en la medida en que el inculpado se le impide ser odo en una audiencia previa donde tenga la oportunidad de designar un defensor, preparar su defensa y solicitar, aportar y controvertir pruebas. En el caso concreto, la Corte consider que se deba realizar una interpretacin sistemtica que permitiera una comprensin integral del apartado de la norma demandada, para lo cual adems del recurso de reconsideracin a que tiene derecho el contribuyente, se tuvieron en cuenta las remisiones que hacen el artculo 23, al Estatuto Tributario y el artculo 25 al Estatuto Aduanero, en los cuales se establece el procedimiento para la imposicin de sanciones de multa y cierre de establecimiento comercial, en el presente caso, por no acreditar el pago del impuesto al consumo. De esta forma, concluy que se garantizan de manera adecuada los derechos de defensa, aporte y contradiccin de pruebas, notificacin e impugnacin de la decisin al investigado. Puso de presente, que dejar sin un procedimiento administrativo sancionador el cierre temporal o la multa de establecimientos de comercio donde se encuentren mercancas sujetas al pago del impuesto al consumo establecido en la Ley 223 de 1995, menores o iguales a 456 UVT, podra dar lugar a que se utilizara la prctica de segmentar o fraccionar el contrabando en cantidades equivalentes o menores a 446 UVT, para evitar la imposicin de dichas sanciones. Ms aun, aunque no se contara con un procedimiento sancionador especfico con las citadas remisiones, el debido proceso estara garantizado con las normas generales del procedimiento administrativo sancionador contenidas en la Ley 1437 de 2011, Cdigo de Procedimiento Administrativo y del Contencioso Administrativo (CPACA), para evitar sanciones arbitrarias que puedan vulnerar o poner en riesgo el debido proceso de los administrados.

COMUNICADO 32

C-404/16

Gloria Stella Ortiz Delgado

MEDIDAS DE ATENCIN, ASISTENCIA Y REPARACIN INTEGRAL A LAS VCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES ACTUACIONES Y TRMITES INADMISIBLES. (EXPRESIN CONTENIDA EN ARTCULO 94 DE LA LEY 1448 DE 2011)

03-08-16

 

El problema jurdico que se plante en esta oportunidad a la Corte, consisti en definir si la improcedencia de la conciliacin en el proceso de restitucin, vulnera los derechos de las vctimas del conflicto armado interno al debido proceso, acceso a la administracin de justicia y la garanta de eficacia de estos derecho consagrada en el artculo 2 de la Constitucin, al cerrar la posibilidad de acudir a un mecanismo expedito de resolucin de controversias. La Corte concluy que la expresin demandada cobija tanto la conciliacin como etapa del proceso, como la conciliacin extra proceso. Para establecer si la admisibilidad de la conciliacin en los procesos de restitucin vulnera los derechos al debido proceso y de acceso a la administracin de justicia, la Corte deba definir el objeto de dicho proceso y as, identificar los derechos, bienes jurdicos e intereses involucrados en el mismo y de esta forma, determinar si los solicitantes de la restitucin pueden disponer de ellos o si la decisin de limitar la posibilidad de conciliacin en estos procesos es razonable y proporcionada. Al respecto, la jurisprudencia ha establecido que el fin del proceso no se limita nicamente a la restitucin material y jurdica de los inmuebles que hayan sido objeto de despojo o abandono forzado y cuando ello no sea posible, la compensacin en especie o dinero. En efecto, el desplazamiento forzado, el despojo, el abandono forzado y las dems afectaciones territoriales tiene implicaciones para una serie de derechos constitucionales, muchos de ellos de carcter fundamental, como la vida digna, la integridad y seguridad personal, la libertad de escoger domicilio, la libre circulacin, la autonoma personal, la unidad familiar, la libertad de expresin y de asociacin, los derechos sociales al trabajo, la salud, la alimentacin, la educacin, la vivienda, la paz y la igualdad. Al estar involucrados derechos fundamentales, prima facie, la inadmisibilidad de la conciliacin dentro del proceso de restitucin cuenta con un fundamento constitucional slido. Adems de los derechos enunciados, este proceso involucra el derecho fundamental a conocer la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos y dems hechos victimizantes (art. 1 de la Ley 1448 de 2011). La Corte record que la titularidad de este derecho no est nicamente en cabeza de quien sufre el hecho victimizante, sino tambin de sus familiares y de la sociedad en su conjunto, toda vez que tiene una dimensin colectiva y la necesidad de que se garantice mediante investigaciones que debe llevar a cabo el Estado. Como la vctima no es la nica titular del derecho a la verdad, es claro que el solicitante de la restitucin no puede disponer autnomamente de este derecho y por ende, se justificara la constitucionalidad de la inadmisibilidad de la conciliacin en los procesos de restitucin. El argumento segn el cual, el principio de dignidad humana no puede permitir la utilizacin del solicitante como un medio para esclarecer la verdad sobre el despojo y abandono forzado de bienes resultara razonable, sera razonable si las condiciones actuales de nuestro pas permitieran garantizar el ejercicio pleno de la autonoma de voluntad a cada individuo, lo cual desafortunadamente ello no es as, por la situacin de vulnerabilidad en la que se encuentran los solicitantes de la restitucin. Por ltimo, la Corte consider que no resultaba de recibo el planteamiento segn el cual, el legislador tendra el deber constitucional de establecer la conciliacin, bien como una actuacin anterior al proceso o como parte del mismo, o de permitir la conciliacin por fuera del proceso de restitucin. Primero, porque es un determinacin que cabe dentro del amplio margen de configuracin con que cuenta el legislador para estructurar los procesos judiciales; y segundo, porque el legislador goza de un extenso margen de configuracin para regular la conciliacin por fuera del proceso, estableciendo cules materias pueden ser objeto de la misma y cules no. Adems, la posibilidad de conciliar no hace parte de las garantas constitucionales que configuran el derecho al debido proceso, segn lo enunciado en los preceptos constitucionales que lo consagran, ni tampoco limita el derecho de acceso a la administracin de justicia, toda vez que es un mecanismo excepcional que debe entenderse como complementario de los instrumentos principales de la organizacin judicial. Por ello, el Congreso, acorde con los parmetros fijados por la Corte y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ejercicio de su potestad configurativa, estableci la inadmisibilidad de la conciliacin como mecanismo para proteger los derechos fundamentales de los solicitantes de la restitucin, de sus familias y el derecho a la verdad, que tambin est en cabeza de toda la sociedad.

COMUNICADO 32

C-405/16

Gloria Stella Ortiz Delgado

NORMA QUE AUTORIZA LA REALIZACIN DE FORMA GRATUITA Y SE PROMUEVE LA LIGADURA DE CONDUCTOS DEFERENTES O VASECTOMA Y LIGADURA DE TROMPAS DE FALOPIO COMO FORMAS PARA FOMENTAR LA PATERNIDAD Y LA MATERNIDAD RESPONSABLE - SOLICITUD ESCRITA. (EXPRESIN CONTENIDA EN ARTCULO 4 DE LA LEY 1412 DE 2010)

 

03-08-16

 

El anlisis de la Corte se circunscribi al cargo de vulneracin del derecho de peticin, que en concepto de los demandantes se limita de manera grave, al exigir la presentacin de una solicitud escrita para acceder a los procedimientos de anticoncepcin quirrgica previstos en la Ley 1412 de 2010 y anular la posibilidad de presentar peticiones verbales con tal objeto. De acuerdo con los antecedentes de la ley, la Corte resalt que la Ley 1412 de 2010 en ningn caso se propuso como un mecanismo de esterilizacin forzada y por ello hizo nfasis en que la realizacin de los procedimientos quirrgicos de vasectoma y ligadura de trompas debe estar precedida de una decisin libre, informada, consciente voluntaria y sin presiones a las personas. Esta ley reglament la gratuidad, la financiacin y cubrimiento, la solicitud escrita y el consentimiento informado y cualificado, la situacin particular de las personas en condicin de discapacidad mental, las prohibiciones, el registro, la divulgacin sobre la prevencin y la prctica de los mencionados procedimientos quirrgicos, entre otras cuestiones. En relacin con la exigencia de solicitud escrita y el otorgamiento del consentimiento informado para la prctica de la anticoncepcin quirrgica, la Corporacin constat que en el proceso de formacin de la ley, fue entendida como parte del proceso de construccin de dicho consentimiento de una intervencin mdica altamente invasiva, que requiere plena conciencia de las personas que se someten a tales procedimientos quirrgicos. De esta forma se garantiz el ejercicio de los derechos a la autonoma, a la salud sexual y reproductiva y al consentimiento informado, ponderando la exigencia de solicitud escrita frente a los derechos de las personas que no pueden o no saben escribir, imponiendo a las autoridades encargadas el deber de ofrecer ajustes razonables para la consecucin de la solicitud y el consentimiento informado y cualificado por parte de estas personas. De igual manera, la Corte precis que de conformidad con el artculo 13 de la Ley Estatutaria 1755 de 2015, la solicitud para la prctica de un procedimiento quirrgico de anticoncepcin implica el ejercicio del derecho de peticin. La Corte aclar que la exigencia de que la solicitud sea escrita no requiere fundamentacin ni explicacin de las razones por las cuales la persona quiere acceder a este procedimiento quirrgico. Concluy que dicha exigencia es constitucionalmente vlida, puesto que no impide que las personas que no saben o no puedan escribir ejerzan sus derechos de peticin y sexuales y reproductivos, ni mucho menos exonera a la autoridades encargadas de la recepcin de estas solicitudes, como quiera que la propia Ley 1412 de 2010 (art. 5) autoriza a los prestadores del servicio de salud a realizar los ajustes razonables que sean necesarios para garantizar los derechos de esas personas.

 

COMUNICADO 32

C-421/16

Jorge Ignacio Pretelt Chaljub

NORMA QUE ESTABLECE INCENTIVOS PARA LOS DEPORTISTAS Y SE REFORMAN DISPOSICIONES DE NORMATIVIDAD DEPORTIVA. (INCISOS SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTCULO 5 DE LA LEY 1389 DE 2010)

 

 

 

10-08-16

 

En este caso, se plantearon dos cargos de inconstitucionalidad: de un lado, se adujo el desconocimiento de los derechos adquiridos en virtud de la Ley 181 de 1995 y el Decreto 1083 de 1997, que concedieron y regularon una pensin vitalicia para los deportistas reconocidos como glorias del deporte, al haber reemplazado su carcter de pensin por el de un simple estmulo; de otro, la demandante considera que esta trasformacin vulnera el principio de progresividad de los derechos sociales, toda vez que gener un retroceso en la proteccin de los derechos sociales de los deportistas ms destacados que no pudieron acceder a una pensin digna. No obstante, el anlisis de la Corte se circunscribi al primer cargo, por considerar que la acusacin por vulneracin del principio de progresividad careca de certeza, al fundarse en una proposicin jurdica que no se deriva del contenido normativo que se impugna. En esa medida, el problema jurdico que deba dilucidar la Corte consisti en determinar, si el legislador desconoci derechos adquiridos en materia pensional de los deportistas destacados como glorias del deporte, al haber modificado la denominacin de pensin vitalicia que se le haba dado a la prestacin especial que se les reconoci en la Ley 181 de 1995, por el de un estmulo de carcter econmico. La Corte concluye que, el reemplazo efectuado por el artculo 5 de la Ley 1389 de 2010 del vocablo pensin vitalicia por el de estmulo en el artculo 45 de la Ley 181 de 1995, no vulnera derechos adquiridos y por tanto, se declar exequible. No obstante, esta exequibilidad se condicion a que se siga entregando la pensin vitalicia como glorias del deporte, a quienes fueron beneficiarios de la misma o a quienes antes del 29 de enero de 2009, haban cumplido los requisitos legales para ello.

 

COMUNICADO 33

C-422/16

Jorge Ivn Palacio Palacio

 

NORMA QUE MODIFICA EL ESTATUTO TRIBUTARIO, LA LEY 1607 DE 2012 Y SE CREAN MECANISMOS DE LUCHA CONTRA LA EVASIN BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE). (EXPRESIN CONTENIDA EN ARTCULO 11 DE LA LEY 1739 DE 2014)

10-08-16

 

El problema jurdico que le correspondi resolver a la Sala, radic en determinar, si en la definicin de la base gravable del impuesto sobre la renta para la equidad, CREE, el Congreso incurri en una omisin legislativa relativa, al permitir deducir del clculo de dicha base las reservas matemticas de los seguros de pensiones de jubilacin o vejez, invalidez y sobrevivientes, as como sus rendimientos, pero sin tener en cuenta la reserva de estabilizacin y sus rendimientos, a pesar de que la demandante aduce que tienen una naturaleza similar y estar afectadas a garantizar el pago de las pensiones de los afiliados al rgimen de ahorro individual con solidaridad, RAIS. La Corte Constitucional concluy que no se incurri en omisin legislativa relativa que vulnerara la igualdad y la seguridad social, por no haber incluido en las deducciones a la base gravable del impuesto sobre la renta para la equidad, cree, las reservas de estabilizacin y sus rendimientos, toda vez que son parte del patrimonio propio de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y no de las cuentas de ahorro individual de los afiliados al RAIS y por tanto, no tienen la naturaleza de recursos parafiscales.

 

COMUNICADO 33

C-423/16

Jorge Ivn Palacio Palacio

NORMA QUE ESTABLECE EL TRMITE DE LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE COMPETENCIA DE LAS CONTRALORIAS CADUCIDAD Y PRESCRIPCIN. (ARTCULO 9 PARCIAL DE LA LEY 610 DE 2000)

10-08-16

 

La Corte resuelve inhibirse para emitir un pronunciamiento de fondo.

COMUNICADO 33

C-439/16

Luis Guillermo Guerrero Prez

 

MEDIDAS PARA LA EFICIENCIA Y LA TRANSPARENCIA DE LA LEY 80 DE 1993 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES SOBRE LA CONTRATACIN DE RECURSOS PBLICOS DEROGATORIA. (EXPRESIN CONTENIDA EN INCISO 3 DEL ARTCULO 32 DE LA LEY 1150 DE 2007)

17-08-16

 

En el presente caso, le correspondi a la Corte establecer si el inciso tercero del artculo 32 de la Ley 1150 de 2007, en cuanto reconoce un carcter preferente a las normas del Estatuto General de Contratacin Pblica sobre las dems, con excepcin de las disposiciones estatutarias y orgnicas y dispone que su derogatoria slo podr hacerse de manera expresa previa su identificacin, vulnera los principios constitucionales de soberana popular y participacin y contraviene las facultades atribuidas por el constituyente al legislador en el numeral 1 del artculo 150 de la Carta Poltica. Para la Corte, la medida que le reconoce un carcter preferente a las normas ordinarias del Estatuto General de Contratacin Pblica sobre las dems de la misma categora que regulen la materia, excede los lmites que determinan el margen de configuracin normativa del legislador, en la medida que, por su intermedio, se establece una regla de jerarqua del referido estatuto sobre las dems leyes ordinarias que no surge del sistema de fuentes del derecho concebido por la Constitucin Poltica. As mismo, la consecuencia que complementa la aludida regla, en el sentido que la derogatoria de las normas del Estatuto General de Contratacin solo podr hacerse de manera expresa mediante su precisa identificacin, constituye una vulneracin del principio democrtico y una restriccin a la libertad de configuracin del legislador para determinar la oportunidad y la conveniencia de derogar o no una disposicin legal y la forma de hacerlo, de manera expresa o no; restriccin que no est contemplada en el artculo 150.1 de la Carta Poltica y que implica, concretamente, limitar la actuacin futura del legislador en el mbito de su competencia normativa.

 

COMUNICADO 34

C-440/16

Alberto Rojas Ros

NORMA QUE MODIFICA Y DEFINE LA ESTRUCTURA ORGNICA Y FUNCIONAL DE LA FISCALA GENERAL DE LA NACIN FUNCIONES DE DIRECCINY COORDINACIN EN FISCALA GENERAL DE LA NACIN EN MATERIA DE POLICA JUDICIAL. (ARTCULOS 4, 15, 26 PARCIALES DEL DECRETO LEY 16 DE 2014)

17-08-16

 

En el presente proceso, le correspondi a la Corte definir (i) si la forma en que el legislador extraordinario regul la funcin de polica judicial a cargo de la Fiscala General de la Nacin, excedi las facultades legislativas concedidas al Presidente de la Repblica por la Ley 1654 de 2013 y (ii) si las disposiciones demandadas desconocen las competencias y la autonoma de la Procuradura General de la Nacin, la Contralora General de la Repblica y de otros rganos, en el ejercicio de la funcin de polica judicial. La Corte constat que las normas se ajustan materialmente a las facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la Repblica mediante la Ley 1654 de 2013, acorde con lo previsto en el artculo 150, numeral 10 de la Carta Poltica, De otra parte, la Corte no encontr que los preceptos demandados vulneren la autonoma e independencia de la Procuradura General de la Nacin y de la Contralora General de la Repblica, toda vez que las funciones de direccin y coordinacin que se ejerzan desde la Fiscala General de la Nacin, se circunscriben al campo de la accin penal y de la investigacin de los hechos que constituyan delito. Por tal motivo, el ejercicio de funciones de polica judicial relacionadas con el control disciplinario en el caso de la Procuradura General de la Nacin- o el control fiscal en el caso de la Contralora General de la Repblica ser desplegado dentro de los mrgenes de la autonoma funcional y tcnica que la Constitucin y la ley reconocen a cada una de estas entidades.

 

COMUNICADO 34

C-441/16

Alejandro Linares Cantillo

 

NORMA QUE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA NACIN LA CELEBRACIN DE LA SEMANA SANTA EN TUNJA AUTORIZACIN PARA QUE SE ASIGNEN PARTIDAS PRESUPUESTALES DESTINADAS AL FOMENTO, PROMOCIN Y DIVULGACIN DE LA SEMANA SANTA EN TUNJA. (ARTCULO 6 Y 7 DE LA LEY 1767 DE 2015)

17-08-16

 

El problema jurdico que la Corte deba resolver en esta oportunidad, consisti en determinar si autorizar la incorporacin al presupuesto nacional y la asignacin de partidas presupuestales por parte de las entidades territoriales, para el fomento, promocin, difusin, internacionalizacin, conservacin, proteccin y desarrollo de la Semana Santa en Tunja, vulnera los preceptos constitucionales de laicidad, deber de neutralidad del Estado y autonoma territorial consagrados en los artculos 1 y 19 de la Constitucin Poltica. Al examinar en el caso concreto, la Corte resolvi declarar la constitucionalidad de las normas demandadas, considerando que la autorizacin que el Congreso de la Repblica otorg al gobierno nacional, a travs del Ministerio de Cultura y al municipio de Tunja para destinar partidas de los presupuestos nacional y municipal, con el fin de proteger una manifestacin cultural donde se encuentra un contenido religioso, pero alrededor de la cual, priman expresiones artsticas, culturales, sociales y tursticas, no desconoce el principio de neutralidad del Estado laico. A travs de una valoracin de sus antecedentes legislativos, de las intervenciones en el proceso de la accin de inconstitucionalidad y en las pruebas recaudadas, la Corte encontr un factor secular suficientemente identificable y principal, para considerar los preceptos constitucionalmente ajustados a la Constitucin. Resalt que los preceptos demandados denotan una facultad, un potestad que bien puede ejercerse o no, sin invadir la esfera del Gobierno nacional y de las autoridades territoriales, quienes sern las responsables de definir los componentes del presupuesto y determinar si es pertinente o no la inclusin de partidas presupuestales para cumplir con los objetivos seculares de la Ley 1767 de 2015.

 

COMUNICADO 34

C-451/16

Luis Ernesto Vargas Silva

CODIGO CIVIL DEBERES Y OBLIGACIONES ENTRE PADRES E HIJOS LEGTIMOS DERECHOS DE LOS ASCENDIENTES. (ARTCULO 252 DEL CDIGO CIVIL)

24-08-16

 

El cargo de inconstitucionalidad que le correspondi a la Corte examinar en esta oportunidad, se fundamentaba en el trato discriminatorio que a juicio del demandante, establecan el Ttulo XII del Libro I y el artculo 252 del Cdigo Civil, entre los hijos, ya que de acuerdo con estas disposiciones solamente los ascendientes de los hijos considerados como legtimos tenan derecho al auxilio y cuidado por parte de los hijos emancipados, cuando as lo requieran, lo que quebranta el derecho a la igualdad y la prohibicin de discriminacin consagradas en los artculos 13 y 42 de la Constitucin Poltica. La Corte determin que, en efecto, al establecer como beneficiarios del deber de cuidado y auxilio a los dems ascendientes legtimos diferentes a los padres, es decir, los abuelos, bisabuelos y tatarabuelos en lnea recta materna y paterna), genera un trato discriminatorio por el origen familiar que se relaciona con el parentesco. En ese contexto, la denominacin legtimos se asocia al parentesco derivado del matrimonio y de la sangre, en contraposicin al parentesco ilegtimo que sera desde el entendimiento histrico, el resultado de las uniones naturales (hoy concebidas como uniones materiales de hecho) y de ser ascendiente adoptivo o civil. Frente a los artculos 13 y 42 de la Carta Poltica, el tribunal constitucional consider que la concepcin que entiende la relacin filial como legtima o ilegtima quebranta la proteccin igualitaria que la Constitucin consagra para las diversas formas de constituir la familia y a su vez, un trato desigual ante la ley, por cuanto el numeral 3) del artculo 4111 del Cdigo Civil establece como beneficiarios de los alimentos legales a todos los ascendientes en plano de igualdad. Pensar diferente, sera excluir de la obligacin que tienen los hijos con los ascendientes, a aquellos, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos en lnea directa que tienen un lazo filial natural o adoptivo. Desde esa perspectiva, la Corte concluy que la expresin legtimos contemplada en el artculo 252 y en la denominacin del Ttulo XII, Libro I del Cdigo Civil, desconoca el derecho de igualdad e infringa la prohibicin de discriminacin por razn del origen familiar, razones por las cuales, procedi a declararla exequible en ambos contenidos normativos.

 

COMUNICADO 36

C-452/16

Luis Ernesto Vargas Silva

RGIMEN DISCIPLINARIO PARA LA POLICIA NACIONAL DEFINICIN DE FALTAS GRAVES. (EXPRESIN DEL NUMERAL 3 DEL ARTCULO 35 DE LA LEY 1015 DE 2006)

24-08-16

 

En el presente caso, la Corte deba definir, si el legislador al limitarse a tipificar como falta grave dentro del rgimen disciplinario de la Polica Nacional, proferir en pblico expresiones injuriosas o calumniosas contra dicha institucin, servidor pblico o particular, sin incluir las mismas actuaciones en privado, vulnera el artculo 21 de la Constitucin, as como, el artculo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos y el artculo 11 de la Convencin Americana de Derechos Humanos, relativos al derecho a la honra. La Corte constat que la expresin normativa acusada del artculo 35 de la Ley 1015 de 2016 es constitucional, por cuanto afecta el adecuado funcionamiento de la institucin policial cuando uno de sus integrantes formula en el mbito pblico, expresiones injuriosas o calumniosas contra la institucin, contra los dems servidores pblicos o contra particulares. Esto, debido a que tales imputaciones inciden desfavorablemente en la actividad de la seguridad y convivencia ciudadana, puesto que deslegitimaran la accin de la Polica Nacional, al desviarla de su funcin para convertir a sus miembros en protagonistas de debates y litigios ajenos a la misin asignada en el artculo 218 de la Constitucin. Las expresiones realizadas en privado, sin simples opiniones que estn constitucionalmente protegidas tanto por la libertad de expresin como por el derecho a la intimidad, las cuales no tienen la capacidad de incidir en el ejercicio de la actividad policial. Por lo tanto, es vlido desde la perspectiva constitucional, que el legislador restrinja la comisin de la falta disciplinaria a las expresiones injuriosas o calumniosas al mbito pblico. Lo contrario, a su juicio, sera profundamente autoritario y contrario a los principios bsicos del sistema democrtico.

COMUNICADO 36

C-453/16

Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

NORMAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014- 2016 Y PRESUPUESTO NACIONAL PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2015 SOBRE DERECHO A LA SALUD. (ARTCULOS 65, 66, 67 Y 68 DE LA LEY 1753 DE 2015, 56, 100 Y 112 DE LA LEY 1737 DE 2014 Y LOS ARTCULOS 54 Y 75 (INCISOS PRIMERO Y SEGUNDO) DE LA LEY 1769 DE 2015)

24-08-16

 

La Corte determin que el trmite en primer debate en sesin conjunta de las Comisiones tercera y cuarta de las Cmaras, de las normas de la ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y el Presupuesto Nacional para la vigencia fiscal de 2015 alusivas al derecho a la salud, se ajust a la Constitucin y al reglamento del Congreso. As mismo, las normas acusadas de estos dos estatutos no desconocieron el principio de unidad de materia.

COMUNICADO 36

C-467/16

Luis Guillermo Guerrero Prez

 

CDIGO CIVIL- CATEGORIZACIN LEGAL DE LOS ANIMALES COMO BIENES JURDICOS. (EXPRESIONES DE LOS ARTCULOS 655 Y 658 DEL CDIGO CIVIL )

31-08-16

 

La Corte Constitucional se pronunci en relacin con la demanda de inconstitucionalidad presentada contra los artculos 656 y 658 del Cdigo Civil por cuanto, en criterio del demandante, la calificacin como cosas de los animales no se aviene con el actual ordenamiento constitucional, en trminos de proteccin al medio ambiente y a la diversidad ecolgica. En ese contexto, los artculos demandados desconoceran la categorizacin de los animales como seres sintientes y, en cuanto tales, titulares de derechos y merecedores de un trato digno. La Corte seal que aunque, como ya se ha establecido por la jurisprudencia constitucional, de la Constitucin se deriva un deber de proteccin a los animales en su condicin de seres sintientes, y, por consiguiente, la interdiccin de las conductas de maltrato, las disposiciones demandadas se desenvuelven en un mbito distinto, que no afecta tal consideracin. Al efecto, la Corporacin puntualiz que las disposiciones demandadas contienen una calificacin de los bienes en muebles e inmuebles, y que en ella se incluye a los animales, en cuanto que sobre ellos es posible constituir derechos reales y realizar operaciones propias del trfico jurdico. Para la Corte tal denominacin de los animales como bienes jurdicos, no solo responde a una necesidad de la vida de relacin que, indudablemente, incorpora a los animales como objeto de distintas modalidades de la negociacin jurdica, sino que en nada afecta la regulacin contenida en otras disposiciones para desarrollar el deber de proteccin a los animales. Agreg la Corte, que era preciso tener en cuenta que ya en la legislacin colombiana, por virtud de lo dispuesto en la Ley 1774 de 2016, se ha incorporado la idea de que los animales tienen una doble condicin, que se complementa y no se contrapone. As, por una parte, son seres sintientes y, por la otra, son susceptible de clasificarse como bienes jurdicos muebles semovientes o inmuebles por destinacin. Esta ltima condicin se reconoce expresamente para efectos de ejercer sobre ellos las reglas de la propiedad, posesin y tenencia, con implicaciones en trminos de ocupacin, proteccin, transferencia y responsabilidad por su conducta frente a terceros. Por esta va, por ejemplo, se permite la propiedad de animales domsticos y se excluye el mismo derecho, por regla general, frente a la fauna silvestre. As como se puede demandar al dueo de un animal domstico por los daos en que se incurran frente a terceros (C.C. art. 2353). Como su categorizacin como bienes no es suficiente en el contexto actual y con miras a limitar los atributos de la propiedad, es que precisamente se categorizan como seres sintientes. Esta calificacin supone un lmite derivado de la funcin ecolgica, mediante la cual se prohben tratos crueles, la generacin injustificada de dolor o su abandono. Por esta va se explican todas las medidas administrativas y penales de proteccin a su favor, que responden a su capacidad de sentir y a la forma como debe expresarse la dignidad humana. Finalmente, la Corte expres que, si bien es cierto que el artculo 1 de la Ley 1774 de 2016 seala que los animales como seres sintientes no son cosas, lo hace con la idea de resaltar su segunda condicin, por virtud de la cual se hacen merecedores de especial proteccin contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o indirectamente por los humanos, sin que esto excluya que de ellos pueda predicarse la aplicacin del rgimen general de cosas, en los trminos en que se hace en el artculo 2 de la misma ley, para efectos de predicar respecto de ellos todo el rgimen de los bienes y las obligaciones.

 

COMUNICADO 37

C-468/16

Maria Victoria Calle Correa

NORMAS DE CARRERA DEL PERSONAL DE OFICIALES, NIVEL EJECUTIVO, SUBOFICIALES Y AGENTES DE LA POLICIA NACIONAL- EXCLUSIN DE ASCENSO EN LA CARRERA DE LA POLICA NACIONAL DEL PERSONAL RESTABLECIDO EN SUS FUNCIONES POR VENCIMIENTO DE TRMINOS. (ARTCULO 52 DEL DECRETO 1791 DE 2000)

31-08-16

 

En el presente caso, se plante a la Corte la vulneracin del derecho de igualdad en el ascenso del personal de la Polica Nacional restablecido en sus funciones como consecuencia del vencimiento de trminos en la respectiva actuacin penal, puesto que mientras el personal que es restablecido por absolucin, preclusin, cesacin y revocatoria de la medida de aseguramiento es ascendido al grado inmediatamente superior, con novedad fiscal, antigedad y orden de prelacin que le hubiera correspondido en el momento en que ascendieron sus compaeros de curso o promocin, ese ascenso no tiene lugar cuando se es restablecido por vencimiento de trminos. La Corte encontr que el fin buscado con la expresin acusada del artculo 52 del Decreto Ley 1791 de 2000, radica en la necesidad de exigir una mayor pulcritud y rectitud en el comportamiento de los miembros de la Polica dada su misin relacionada con el mantenimiento, entre la sociedad civil, de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades pblicas y para asegurar la convivencia pacfica (art. 218 C.Po.). As. se espera salvaguardar el carcter especial que requieren los integrantes de la Polica Nacional, quienes deben ser personas ejemplares en el cumplimiento de la Constitucin y la ley. El medio utilizado para el cumplimiento de este fin, es excluir de la posibilidad de ascender en las lneas jerrquicas de la institucin con efectos retroactivos, a aquel personal de la Polica Nacional restablecido en funciones por vencimiento de trminos en la respectiva actuacin penal que se le adelanta. Observ que es muy diferente que un miembro de la polica que ha sido sometido a una indagacin, investigacin o proceso penal obtenga la absolucin, luego de un amplio debate probatorio ante el juez de conocimiento (art. 446 de la Ley 906 de 2004), o que la respectiva actuacin le sea precluida por las causales establecidas en el artculo 332 ibd. o por la prescripcin de la accin penal (art. 82 de la Ley 599 de 2000), a que se declare el vencimiento de trminos de conformidad con el artculo 317 de la Ley 906 de 2004. Razonablemente, esta circunstancia puede tener efectos en el ascenso en las lneas jerrquicas de la institucin con efectos retroactivos, tal como lo prev el artculo 52 del Decreto Ley 1791 de 2000. Tanto el fin como el medio empleado no estn constitucionalmente prohibidos, adems, el instrumento previsto es adecuado para la consecuencia del fin propuesto.

 

COMUNICADO 37

C-469/16

Luis Ernesto Vargas Silva

CDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL CIRCUNSTANCIAS QUE EL JUEZ DEBE VALORAR PARA ESTABLECER SI LA LIBERTAD DEL IMPUTADO REPRESENTA UN PELIGRO PARA LA SOCIEDAD. (ARTCULO 310 DE LA LEY 906 DE 2004)

31-08-16

 

La Corte reiter su jurisprudencia (sentencias C-395/94, C-774/01, C-805/02, C-1154/05) en el sentido que para la completa determinacin del concepto de detencin preventiva y los eventos en que ella procede, la Constitucin ha dejado un amplio margen a la potestad de configuracin del legislador, la cual sin embargo, no est exenta de lmites, puesto que debe ejercerse de manera que respete tanto la naturaleza cautelar de la figura, como los principios y derechos constitucionales. Record, que el propsito que orienta la adopcin de este tipo de medidas es de carcter preventivo y no sancionatorio, buscan responder a los intereses de la investigacin y de la justicia al procurar la comparecencia del acusado al proceso y la efectividad de la eventual sancin que llegare a imponerse. La detencin persigue impedirle al imputado la fuga, la continuacin de su actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir, deformar o desvirtuar elementos probatorios importantes para la instruccin. Seal que las finalidades admisibles constitucionalmente para justificar una medida de aseguramiento que afecta la libertad personal se derivan de diversos preceptos constitucionales. En este sentido, record que dentro de las funciones que se le atribuyen a la Fiscala General de la Nacin en el artculo 250 de la Carta, aparece en primer lugar la de "Asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento". No obstante, an dentro del mbito propio de esta disposicin ha encontrado para la detencin preventiva finalidades implcitas derivadas del tenor literal en ella previsto. As, la propia Carta contiene elementos que sin excluir otros que puedan resultar constitucionalmente admisibles, configuran finalidades vlidas adscritas a la detencin preventiva. En este orden, ha considerado que la Constitucin prev, de manera implcita, como fin u objetivo de la detencin preventiva, la necesidad de afianzar la preservacin de la prueba, tal como se deduce del numeral 4 del artculo 250 de la Constitucin, por virtud del cual, es funcin de la Fiscala velar por la proteccin de las vctimas, testigos e intervinientes en el proceso. Reiter la Corte, que la proteccin de la comunidad, en aras de impedir la continuacin de la actividad delictual, puede concebirse como fin propio de la detencin preventiva a partir de la consideracin del mandato del artculo 1 de la Constitucin, segn el cual, el Estado colombiano se encuentra fundado en la prevalencia del inters general, cuyo desarrollo explica el precepto consagrado en el artculo 2 de la Constitucin Poltica, por el cual, es fin esencial del Estado, asegurar la convivencia pacfica de la comunidad, no obstante, esta atribucin debe actuar en concordancia con el principio de la dignidad humana, y por lo tanto, para no lesionar las garantas fundamentales del sindicado, el ejercicio de esta atribucin impone la necesidad de investigar lo favorable como desfavorable al acusado. (C- 1154/05). En todo caso, la Corte recalc que no puede perderse de vista, que la adopcin de una medida de aseguramiento est sometida a valoraciones sobre su necesidad y proporcionalidad, las cuales sern evaluadas por el Juez de Control de Garantas.

 

COMUNICADO 37

C-470/16

Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

MEDIDAS CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y NORMAS PARA LA ATENCIN Y PROTECCIN DE LAS VICTIMAS DE LA MISMA. (ARTCULO 7 DE LA LEY 985 DE 2005)

31-08-16

 

En esta oportunidad, le correspondi a la Corte determinar, si la exigencia de haber denunciado el delito ante las autoridades competentes, establecida en el pargrafo 1 del artculo 7 de la Ley 985 de 2005 a la vctima de la conducta punible de trata de personas, para que se le preste atencin mediata, configura una medida desproporcionada y lesiva de los derechos fundamentales de las personas sometidas a ese delito y de los que le corresponden en su condicin de vctimas merecedoras de proteccin. La conclusin a que lleg la Corte fue la de que en efecto, le asista razn a la demandante, ya que al exigirle a los afectados por la comisin de ese delito que deben denunciarlo como condicin para acceder a la asistencia mediata, se sacrifica un conjunto amplio de derechos en aras de favorecer la investigacin penal que as se hace prevalecer sobre importantes prerrogativas reconocidas a las vctimas en la Constitucin y en las leyes que ordenan su proteccin al Estado. As, encontr que la finalidad de la medida es constitucionalmente legtima, por cuanto la Constitucin encarga a la Fiscala General de la Nacin de la investigacin de los hechos que pudieran constituir delitos y la denuncia en materia penal refuerza ese cometido, fuera de favorecer el inters pblico en que los delitos sean perseguidos y en concretar los deberes de solidaridad y de colaboracin con la administracin de justicia que el artculo 95 de la Carta radica en cabeza de los ciudadanos.

 

COMUNICADO 37

C-471/16

Alejandro Linares Cantillo

CDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL OPORTUNIDAD DE LAS VICTIMAS Y LA DEFENSA PARA SOLICITAR EN LA AUDIENCIA PREPARATORIA, QUE SE DECRETE LA CONEXIDAD PROCESAL. (ARTCULO 51 PARCIAL DE LA LEY 906 DE 2004)

31-08-16

 

El problema jurdico que deba resolver la Corte en este proceso, consisti en definir si el legislador incurri en una omisin legislativa relativa, al no prever que la vctima pueda solicitar al juez la declaratoria de conexidad procesal, como s es posible para la Fiscala al formular la acusacin y para la defensa en la audiencia preparatoria, lo cual implicara una vulneracin del derecho de igualdad de las vctimas en la garanta de sus derechos a la verdad, justicia y reparacin. En el caso concreto, la Corte consider que en la adopcin del artculo 51 de la Ley 906 se configur una omisin legislativa relativa que vulnera la Constitucin, en cuanto no prev la posibilidad de que la vctima pueda solicitar al juez la conexidad procesal. Esta exclusin no se apoya en ninguna de las razones que la jurisprudencia ha establecido como lmites admisibles de la participacin de la vctima en el proceso penal debido a que no se opone a una prohibicin constitucional expresa, no desconoce competencias, facultades o derechos exclusivos de los otros sujetos que intervienen en el proceso, como tampoco, es incompatible con la estructura constitucional del proceso penal. La omisin afecta los derechos a la verdad y a la reparacin de las vctimas, dado que la conexidad procesal contribuye efectivamente a la direccin eficiente de sus esfuerzos probatorios y a la existencia de procesos que permita identificar y reconstruir los contextos en los que tuvieran lugar hechos punibles que por su magnitud, comprometen a numerosas personas o dieron lugar a la comisin de sucesivos delitos. Incluso en algunos casos graves de violacin de derechos humanos, tal como ocurre cuando se trata de genocidios, la declaracin de conexidad puede tener para las vctimas una transcendencia significativa. De igual modo, asegura la existencia de decisiones uniformes respecto de los comportamientos que han afectado a quienes se presentan como vctimas y el establecimiento de condiciones uniformes de reparacin, no solo en lo relativo a la cuanta y forma de hacerlo, sino tambin en lo que se refiere a los responsables de asumirla. Para la Corte, la relacin instrumental pero estrecha entre la solicitud de conexidad procesal y los derechos a la verdad y a la reparacin, conduce a concluir que al adoptar la regulacin acusada, el legislador incumpli el deber constitucional de asegurar la participacin efectiva de las vctimas en el proceso penal. Este deber implica que, a menos que existan intereses constitucionales de particular importancia, el legislador tiene la obligacin de permitir a la vctima intervenir en los diversos momentos procesales. En el juicio realizado por el tribunal constitucional no se identific razn alguna, que pueda demostrar que el derecho a las vctimas a elevar una peticin de conexidad procesal resulte incompatible con la Carta. De hecho, existen argumentos constitucionales y precedentes jurisprudenciales que demuestran lo contrario. Considerando que los dos momentos en que procede la solicitud de conexidad procesal ante el juez son la formulacin de la acusacin y la audiencia preparatoria y que la formulacin de la acusacin es una competencia exclusiva del Fiscal, al paso que en la audiencia preparatoria se ha previsto la participacin de diferentes sujetos, incluyendo las vctimas, la Corte dispuso que para corregir el dficit regulatorio detectado, de un lado, se declarara la constitucionalidad del inciso primero del artculo 51 de la Ley 906 de 2004 y de otro, la exequibilidad condicionada del pargrafo de la misma disposicin, para incluir, adems de la defensa, a las vctimas, de manera que tambin puedan solicitar en la audiencia preparatoria que se decrete la conexidad procesal.

 

COMUNICADO 37

C-472/16

Alejandro Linares Cantillo

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014-2018 - REGULACIN Y FINANCIACIN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PBLICO. (ARTCULO 191 DE LA LEY 1753 DE 2015)

31-08-16

 

Cosa juzgada constitucional en sentencia C-272/16.

COMUNICADO 37

C-473/16

Luis Ernesto Vargas Silva

CDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DECISIN SOBRE EL ORDEN DE LA PRESENTACIN DELA PRUEBA. (ARTCULO 362 DE LA LEY 906 DE 2004)

31-08-16

 

El demandante acusa el artculo 362 del Cdigo de Procedimiento Penal, por no conceder a la vctima la posibilidad de ofrecer pruebas de refutacin. Aduce que el legislador incurri en una omisin inconstitucional, por cuanto al excluirla de esa facultad vulnera su derecho a probar y sus prerrogativas al debido proceso, la tutela judicial efectiva, la verdad, la justicia y la reparacin. La Corte concluy que la exclusin de la posibilidad para la vctima de solicitar directamente la prctica en el mantenimiento del mencionado principio y como forma de asegurar que el juicio se desarrolle en condiciones de equidad. Por el contrario, conceder esa posibilidad a la vctima creara un desequilibrio entre las partes, en desmedro de las garantas procesales del acusado y del postulado de la igualdad de armas. En esta etapa, las prerrogativas de la vctima pueden ser ejercidas por intermedio de la Fiscala, la cual tiene la obligacin de or a su representante judicial, quien puede realizar observaciones para coadyuvar y fortalecer la estrategia de la acusacin, durante el espacio de dilogo que el juez debe garantizar inclusive si es necesario, mediante un receso en la audiencia. La Fiscala es la autoridad a la cual se ha asignado la misin constitucional de promover la accin penal y en su calidad de parte, le corresponde sostener la acusacin en el juicio oral, orientar la ruta a seguir y precaver todos los recursos a su alcance para garantizar los derechos de las vctimas. El que el legislador no haya previsto a favor de la vctima, la facultad de solicitar pruebas de refutacin, no constituye la inobservancia de un deber constitucional especfico. En la fase del juicio oral, la intervencin de las vctimas est limitada, en virtud del principio de igualdad de armas y del derecho de las partes a tener un juicio con todas las garantas, conforme lo establece el artculo 250.4 dela Constitucin. En suma, la Corte estableci que no se configuraba una omisin legislativa relativa en el aparte normativo censurado del artculo 362 de la Ley 906 de 2004, a la luz del cargo analizado.

 

COMUNICADO 37

C-474/16

Alejandro Linares Cantillo

MEDIDAS PARA LA EFICIENCIA Y LA TRANSPARENCIA DE LA LEY 80 DE 1993 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES SOBRE LA CONTRATACIN DE RECURSOS PBLICOS DEROGATORIA. (EXPRESIN CONTENIDA EN INCISO 3 DEL ARTCULO 32 DE LA LEY 1150 DE 2007)

31-08-16

 

Cosa juzgada constitucional en sentencia C-439/16

COMUNICADO 37

C-486/16

Maria Victoria Calle Correa

LEY DE PRESUPUESTO DE NORMA QUE MODIFICA ASPECTO RELATIVO A VIGENCIA DE DERECHOS LABORALES MODIFICACIN DEL TRMINO PARA EL PAGO DE CESANTIAS DE LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO Y SANCIN PREVISTA EN LA LEY ANTE EL INCUMPLIMIENTO. (LEY 1769 DE 2015 ART. 89)

07-09-16

La Corte limit el estudio de fondo por los cargos de unidad de materia y regresividad y constat que, tal como lo sostuvo el demandante, el artculo 89 de la Ley 1765 de 2015 s modific el trmino para el pago de las cesantas de los docentes del magisterio y mitig la sancin prevista en la ley ante el incumplimiento, es decir, dio un paso atrs en la defensa, proteccin y goce efectivo del derecho al trabajo y los mnimos fundamentales que establece la Carta Poltica para su regulacin. Adems, indic la Corte, esta norma no fue justificada en los trminos que exigen los principios de razonabilidad y proporcionalidad (es decir, de manera tal que se demuestre que el retroceso supone una satisfaccin mayor de otros principios constitucionales), lo que confirma que se desconoci abiertamente el principio de progresividad y la prohibicin de retroceso. Finalmente, en la medida en que la norma fue incorporada precisamente para la vigencia del ao 2016, la Corporacin estim necesario dar efectos retroactivos a la decisin, como consecuencia lgica de las conclusiones alcanzadas en el anlisis de constitucionalidad de la ley.

 

COMUNICADO 38

C-491/16

Luis Ernesto Vargas Silva

NORMA QUE DESARROLLA PARCIALMENTE EL ARTCULO 67 Y LOS NUMERALES 21, 22 Y 26 DEL ARTCULO 189 DE LA CONSTITUCIN POLTICA Y SE REGULA LA INSPECCIN Y VIGILANCIA DE LA EDUCACIN SUPERIOR, SE MODIFICA PARCIALMENTE LA LEY 30 DE 1992 - FACULTAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIN NACIONAL PARA ADOPTAR MEDIDAS PREVENTIVAS, EN EJERCICIO DE LA FUNCIN DE VIGILANCIA ESPECIAL DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIN SUPERIOR. (LEY 1740 DE 2014, ART. 13 PARCIAL)

14-09-16

 

La Corte constat que las expresiones impugnadas del artculo 13 de la Ley 1740 de 2014 no desconocen el principio de legalidad ni el derecho al debido proceso, toda vez que su alcance puede ser precisado, con fundamento en interpretaciones razonables. De otra parte, el tribunal constitucional estableci que la facultad conferida al Ministerio de Educacin Nacional en el numeral 4 del artculo 13 de la Ley 1740 de 2014 no vulnera el principio de autonoma universitaria. Si bien es cierto que la Constitucin Poltica en su artculo 69 garantiza a las instituciones de educacin superior la autonoma universitaria, esta no es absoluta, ni confiere patente de corso a tales entes para desconocer los derechos fundamentales o actuar al margen del ordenamiento constitucional, legal y reglamentario.

COMUNICADO 40

C-492/16

Luis Guillermo Guerrero Prez

 

MEDIDAS EN MATERIA DE DESCONGESTION JUDICIAL IMPOSICIN DE MULTA POR NO PRESENTACIN EN TIEMPO DE LA DEMANDA DE CASACIN DENTRO DEL TRMINO LEGAL, UNA VEZ ADMITIDO EL RECURSO. (EXPRESIN DEL ARTCULO 49 DE LA LEY 1395 DE 2010)

14-09-16

 

La Corte lleg a la conclusin de que la demanda de inconstitucionalidad contra un segmento del artculo 49 de la Ley 1395 de 2010 deba prosperar por dos razones: de un lado, la norma acusada adoleca de una indeterminacin insuperable en sus elementos estructurales, que impeda fijar el alcance de la restriccin a los derechos a la igualdad, el debido proceso y de acceso a la administracin de justicia, elementos de los cuales dependa tambin el anlisis de constitucionalidad. De otro lado, la previsin legal limitaba de manera significativa los mencionados derechos sobre la presunta contribucin de la medida a la descongestin en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pero al mismo tiempo, esta medida era inconsistente con la naturaleza y la dimensin del fenmeno que pretenda enfrentar, razn por la cual careca de toda idoneidad e ineficacia, al provocar una restriccin desmesurada e injustificada de los principios y derechos constitucionales invocados. Para la Corte, no era posible establecer con un nivel de certeza razonable, acerca de si la multa configuraba una modalidad de sancin disciplinaria, que exigira la aplicacin de estrictos estndares sobre presuncin de inocencia, derecho de defensa y el principio de legalidad o si se trataba de una especie de arancel judicial, cuyo anlisis de constitucionalidad estara en determinar si este costo procesal se convierte en un obstculo de acceso al sistema judicial. De hecho, constat que la Sala de Casacin Laboral de la Corte Suprema ha considerado que en principio la sola falta de sustentacin del recurso da lugar a la imposicin de la multa. De manera excepcional, cuando los abogados han controvertido la decisin sancionatoria, esa Sala ha revocado multas, centrndose en determinar si la conducta omisiva del abogado implicaba un desconocimiento de los deberes profesionales, pero no ha sido receptiva a otro tipo de consideraciones, como cuando el cliente decide no insistir en el recurso o no resulta viable la sustentacin del mismo, entre muchas otras razones. Tampoco existe claridad sobre la procedencia del desistimiento tcito y del desistimiento expreso frente al recurso de casacin en materia laboral, pero la Corte Suprema de Justicia ha asumido que nicamente procede el desistimiento expreso. A lo anterior se agrega que el precepto demandado tampoco define los criterios para la dosificacin de la multa que oscila entre y 10 salarios mnimos mensuales, sin que sea posible establecer en qu hiptesis o bajo qu circunstancias podra reducirse el monto de la misma, lo que a su vez, impide determinar la proporcionalidad de la medida atacada.

 

COMUNICADO 40

C-493/16

Alejandro Linares Cantillo

NORMA QUE REFORMA EL CDIGO PROCESAL DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL APELACION DE SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA AL MOMENTO DE NOTIFICACIN EN AUDIENCIA. (EXPRESIN DEL ART. 10 DE LA LEY 1149 DE 2007)

14-09-16

 

La Corte determin la constitucionalidad de la expresin normativa acusada contenida en el artculo 10 de la Ley 1149 de 2007, respecto del cargo por vulneracin del derecho a la igualdad formal ante la ley (art. 13 C.Po.), al constatarse que los supuestos en los que se funda la sustentacin de la apelacin en materia penal y laboral no son asimilables, no solo por la especialidad de los asuntos que se ventilan en cada una de dichas jurisdicciones, sino porque dentro de la amplia facultad discrecionalidad del legislador para determinar los recursos, excepciones y trminos de cada procedimiento, estableci como eje rector de la jurisdiccin laboral el principio de la oralidad, mientras que en la penal, con el fin de promover la descongestin judicial, implement la sustentacin mixta del recurso. Adicionalmente, por las caractersticas particulares de los derechos de los usuarios, puesto que las garantas de la doble instancia en los asuntos penales cuentan con un mayor respaldo constitucional, al ser parte esencial del ncleo fundamental del derecho, mientras que si bien los derechos de los trabajadores son mnimos e irrenunciables, los recursos previstos en los asuntos procesales son objeto de un mayor margen de accin en cuanto a su configuracin. De igual modo, la corporacin estableci que la acusacin de afectacin desproporcionada e irrazonable del derecho a la doble instancia (art. 31 C.Po) y el efectivo acceso a la administracin de justicia (art. 229 C.Po.) no estaba llama a prosperar, por cuanto la finalidad de la celeridad en la jurisdiccin ordinaria laboral no se encuentra prohibida y en efecto se materializa a travs de la medida de la oralidad como principio rector dentro de los procesos surtidos ante la jurisdiccin ordinaria laboral.

 

COMUNICADO 40

C-494/16

Luis Guillermo Guerrero Prez

MEDIDAS PARA LA PREVENCIN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO Y MEDIDAS DE ATENCIN, ASISTENCIA Y REPARACIN INTEGRAL A LAS VCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. (EXPRESIN DEL ART. 1 DE LA LEY 387 DE 1997 Y DEL ART. 60 DE LA LEY 1448 DE 2011)

14-09-16

 

La demanda plantea una omisin legislativa absoluta respecto de las personas que tuvieron que emigrar al exterior por el conflicto armado interno, razn por la cual la Corte Constitucional se inhibi para pronunciarse de fondo.

COMUNICADO 40

C-495/16

Aquiles Arrieta Gmez

 

CDIGO ELECTORAL- FACULTAD DEL PRESIDENTE DE JURADO DE VOTACIN, DE DISPONER LA PRIVACIN DE LA LIBERTAD DE QUIEN NO ACATE LA ORDEN DE RETIRARSE DE LA MESA DE VOTACIN POR PERTURBACINDEL EJERCICIO DEL SUFRAGIO. (DECRETO 2241 DE 1986 ART. 118 PARCIAL)

14-09-16

 

Cosa juzgada constitucional en sentencia C-329/16

COMUNICADO 40

C-496/16

Maria Victoria Calle Correa

 

CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO y CDIGO GENERAL DEL PROCESO - CAUSALES DE IMPEDIMENTO O RECUSACIN DE MAGISTRADOS Y JUECES. (LEY 1437 DE 2011 ART. 130 Y LEY 1564 DE 2011 ART. 141)

14-09-16

 

En el presente caso, le correspondi a la Corte determinar si en el artculo 130 del Cdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y el 141 Cdigo General del Proceso (CGP), se incurri en un omisin legislativa relativa, al establecer las causales de impedimento y de recusacin de los jueces y magistrados que se extienden a los conjueces- por no prever la causal de haber sido o ser contraparte de alguna de las partes o sus apoderados, lo cual vulnerara los artculos 2 (fin esencial del Estado de promover la efectividad de los derechos), 13 (derecho a la igualdad), 29 (imparcialidad judicial) y 229 (derecho de acceso a la administracin de justicia) de la Constitucin Poltica. Para la Corte, la causal que se aduce por los demandantes como omitida, se encuentra dentro del margen de configuracin legislativa que se ejerci al establecer los impedimentos de jueces y magistrados en el CPACA y las causales de recusacin en el CGP, en la medida en que no se afecta la libertad, ni la presuncin de inocencia o garantas similares. Adems, la condicin de apoderado o contraparte en s misma no tiene la fuerza necesaria para afectar la imparcialidad del juez. No obstante, no puede desconocerse que si esta condicin se acompaa de otros elementos o circunstancias podra llegar a determinar la existencia de un inters o prejuicio que incida en el juez y por tanto estas puedan constituir causales de impedimento, como las que se prevn en el Cdigo General del Proceso.

 

COMUNICADO 40

C-497/16

Alberto Rojas Ros

NORMA QUE REGULA LO ATINENTE A LOS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA INGRESAR AL SERVICIO EDUCATIVO ESTATAL EN ZONAS DE DIFICIL ACCESO, POBLACIONES ESPECIALES O REAS DE FORMACIN TCNICA O DEFICITARIAS. (INCISO DE ART. 1 DE LA LEY 1297 DE 2009)

14-09-16

 

La Corte Constitucional reiter el precedente sentado en la sentencia C-473/16, por lo que procedi a declarar exequible el aparte normativo demandado en forma condicionada, por los cargos examinados en esta sentencia, en el sentido de entender que los bachilleres pedaggicos que hayan obtenido el ttulo correspondiente y hayan sido inscritos en el Decreto Ley 2277 de 1979, podrn ejercer la docencia en planteles oficiales de educacin en las condiciones previstas en el mismo decreto y con el cumplimiento de los requisitos de idoneidad previstos en la Ley 115 de 1994 y sus normas complementarias.

 

 

COMUNICADO 40

C-516/16

Alberto Rojas Ros

 

DISPOSICIONES SOBRE RACIONALIZACIN DE TRMITES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO Y DE LOS PARTICULARES QUE EJERCEN FUNCIONES PBLICAS O PRESTAN SERVICIOS PBLICOS MEDIDA DE COBRO DE LOS COSTOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS QUE SE SOLICITEN A LAS ENTIDADES PBLICAS. (ART. 3 DE LA LEY 962 DE 2005)

21-09-16

 

En virtud del principio de la cosa juzgada constitucional, la Corte procedi a acatar lo resuelto en la sentencia C-951/14, que declar exequible el artculo 29 de del proyecto de ley estatutaria que se convirti en la Ley 1755 de 2015. y adicionalmente, por tratarse de un contenido normativo incorporado en otra ley, emitir un pronunciamiento expreso sobre la constitucionalidad de la expresin acusada del artculo 3 de la Ley 962 de 2005, de manera que la proposicin jurdica a su costa regulada en el inciso tercero de este artculo se declar exequible.

COMUNICADO 41

C-517/16

Luis Guillermo Guerrero Prez

NORMA QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE REFORMA AGRARIA Y DESARROLLO RURAL CAMPESINO, SE ESTABLECE SUBSIDIO PARA ADQUISICIN DE TIERRAS Y SE REFORMA EL INCODER PROHBICION DE EFECTUAR TITULACIONES DE TERRENOS BALDOS EN FAVOR DE PERSONAS NATURALES O JURDICAS QUE SEAN PROPIETARIAS O POSEEDORAS A CUALQUIER TTULO. (ART. 72 DE LA LEY 160 DE 1994)

21-09-16

 

|El problema jurdico a resolver, era si la regla que prohbe la titulacin de terrenos baldos en favor de personas naturales o jurdicas que sean propietarias o poseedoras de otros predios cuya extensin no permite la realizacin de proyectos productivos autnomos, infringe el derecho a la igualdad, el derecho a la propiedad privada y el deber del Estado de democratizar la propiedad y de promover el acceso a la tierra por parte de la poblacin campesina. El anlisis de la Corte comenz por reafirmar el amplio margen de configuracin legislativa con el que cuenta el Congreso de la Repblica para fijar la poltica agraria y en particular, para determinar la poltica de adjudicacin de terrenos baldos en favor de particulares y reiter que la determinacin de los criterios y pautas para la distribucin de la tierra debe responder no solo al deber del Estado de democratizar la tierra y de promover el acceso progresivo a la misma por parte de la poblacin campesina, sino tambin, a todo el entramado de principios y reglas constitucionales, como la obligacin del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente y conservar las reas de importancia ecolgica (art. 79 C.Po.), el deber de garantizar la produccin de alimentos (art. 65 C.Po.) y el de asegurar el desarrollo econmico y social del pas (art. 223 C.Po.), as como, el respeto de la autonoma de las entidades territoriales para fijar sus polticas de desarrollo y el uso del suelo (art. 287 C.Po.). En el caso concreto, la Corte determin que prohibir de manera absoluta la adjudicacin de bienes baldos por la sola circunstancia de que exista un ttulo de propiedad o una posesin sobre un inmueble rural, en aquellos casos en los que el predio objeto de derecho real o de la posesin tiene una extensin insuficiente para desarrollar un proyecto productivo, comportara una vulneracin del derecho a la igualdad y restringira de manera injustificada el derecho de propiedad privada y el deber del Estado de promover el acceso a la tierra por parte de los trabajadores agrarios. Observ, que reglamentariamente, se ha acogido una lnea hermenutica que permite la titulacin de baldos en favor de personas que son propietarias o poseedoras de tierras cuya extensin es inferior a la Unidad Agrcola familiar de la correspondiente zona. Siendo esta una interpretacin del artculo 72 de la Ley 160 de 1994, acorde con los principios y reglas constitucionales sealados, la Corte estableci que este debe ser el sentido y alcance de la prohibicin, en cuanto no comprende a los propietarios o poseedores de predios con rea inferior a una Unidad Agraria Familiar, de manera que puede ser adjudicatario de un baldo que complete esa extensin y as pueda desarrollar un proyecto productivo. En estos trminos, el inciso primero del artculo 72 de la Ley 160 de 1994, fue declarado exequible, toda vez que al comprender esa posibilidad, garantiza la igualdad de estos campesinos y su efectivo derecho de acceder a la propiedad de la tierra.

 

COMUNICADO 41

C-518/16

Luis Guillermo Guerrero Prez

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014 2018 CONTRATACIN CON ENTIDADES PBLICAS ESPECIALIZADAS PARA LLEVAR A CABO CONCURSOS O PROCESOS DE SELECCIN DE SERVIDORES PBLICOS. (ART. 134 DE LA LEY 1753 DE 1994)

21-09-16

 

El examen de la Corte se concentr en determinar si el legislador al imponer a la Comisin Nacional del Servicio Civil el adelantamiento de los concursos y procesos de seleccin de servidores pblicos, a travs de la suscripcin de contratos o convenios interadministrativos con el Instituto Colombiano para la Evaluacin de la Educacin Superior, ICFES, y en su defecto, con universidades pblicas privadas o instituciones universitarias acreditadas para tal fin por el Ministerio de Educacin Nacional, as como el sometimiento al Acuerdo Marco de Precios fijado por la Agencia Nacional de Contratacin Pblica, desconoce los principios de autonoma de la CNSC y del mrito para acceder a los cargos pblicos (arts. 125 y 130 C. Po.), al comportar una intromisin indebida y una restriccin irrazonable en las funciones asignadas por la Constitucin a dicha Comisin, como rgano autnomo en la administracin y vigilancia de las carreras de los servidores pblicos. La Corte procedi a retirar del ordenamiento las expresiones en su defecto y para tal fin, contenidas en el inciso primero del artculo 134 de la Ley 1753 de 2012 de manera que la Comisin Nacional del servicio Civil pueda determinar de manera autnoma, dentro del marco de sus atribuciones, si lleva a cabo directamente los concursos o procesos de seleccin o contrata su realizacin con entidades especializadas, no necesariamente con el ICFES o determinada universidad, sino segn lo que considere ms idneo y conveniente en cada caso, garantizando la escogencia de la entidad especializada o universidad que demuestre la mejor capacidad para esa labor. En cuanto a la posibilidad de que entidades oficiales especializadas en la materia como el ICFES apoyen a la CNSC o a las universidades que adelanten los concursos, en las inscripciones, diseo, aplicacin y la evaluacin de las pruebas, la Corte no encuentra que sea un imperativo que derive en una intromisin en las funciones de administracin del rgimen de carrera que le corresponde a la Comisin. Se trata simplemente, del desarrollo del principio de colaboracin armnica que debe existir entre los diferentes rganos del Estado, sin que en nada afecte la autonoma e independencia de la CNSC, en cuanto dicho apoyo depende de la decisin autnoma que adopte la propia Comisin. Por ltimo, la Corte precis que los Acuerdos Marco de Precios que permiten fijar las condiciones de oferta de la adquisicin o suministro de bienes y servicios por parte de las entidades pblicas, de conformidad con el pargrafo 5 del artculo 2 de la Ley 1150 de 2007, no tienen carcter vinculante para los organismos autnomos, entre ellos, la Comisin Nacional del Servicio Civil, quienes pueden disear, organizar y celebrar acuerdos marco de precisos propios, sin perjuicio de que puedan adherirse a los que determine la Agencia Nacional de Contratacin Pblica.

 

COMUNICADO 41

C-519/16

Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014 2018 CESIN DE PERMISOS DE USO DEL ESPACIO RADIOELCTRICO. (ART. 262 DE LA LEY 1753 DE 2015)

21-09-16

 

El anlisis de constitucionalidad se contrajo a resolver las censuras relativas a: (i) si en el debate y aprobacin del artculo 262 de la Ley 1753 de 2015, se vulneraron los principios de unidad de materia, identidad flexible y consecutividad, y (ii) si la no generacin de contraprestacin alguna a favor de la Nacin por la cesin de los permisos de uso de espectro radioelctrico y la aplicacin del derecho privado a este negocio, contrara los artculos de la Constitucin 75 (carcter pblico del espectro electromagntico), 101 y 102 (el espectro electromagntico forma parte de los bienes de las Nacin). La conclusin del estudio realizado por la Corte fue la de que en efecto, el artculo 262 de la Ley 1753 de 2014 viola el principio de unidad de materia, toda vez que verificada tanto en la Ley del Plan como en su anexo sobre las Bases del Plan Nacional de Desarrollo, en particular, la estrategia denominada competitividad e infraestructuras estratgicas, en la cual fue incluido el precepto demandado y las apreciaciones puntuales alusivas al espectro radioelctrico, no se encontr una conexin directa entre el artculo acusado y los contenidos referidos. De igual modo, observ que la norma no hizo parte del proyecto presentado por el Gobierno, ni incluida en el debate sobre el Plan Nacional de Desarrollo adelantado por las comisiones conjuntas de Senado. De otra parte, la Corte consider que resultaba inaceptable que una prerrogativa conferida por un acto administrativo y cuyo objeto es la destinacin de un bien de dominio pblico, como el espectro radioelctrico, quede excluida del mbito del derecho pblico y se rija en su integridad por el derecho privado, que centra su inters en la voluntad de quienes realizan la negociacin en torno de su uso, en tanto que aquel propugna por el inters general y la garanta del pluralismo en el acceso al mismo.

 

COMUNICADO 41

C-520/16

Maria Victoria Calle Correa

NORMA QUE GARANTIZA LA EDUCACIN DE POSGRADOS AL 0.1% DE LOS MEJORES PROFESIONALES GRADUADOS EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIN SUPERIOR PBLICAS Y PRIVADAS DEL PAS EXIGENCIA DE SER COLOMBIANO POR NACIMIENTO PARA ACCEDER A BECAS DE POSGRADO. (LEY 1678 DE 2013)

21-09-16

 

El problema jurdico que le correspondi resolver a la Corte en este caso, consisti en determinar si el legislador al establecer entre los requisitos mnimos para acceder a las becas que se otorgan para posgrados, el de ser colombiano por nacimiento, desconoce los derechos a la igualdad (art. 13 C.Po.) y a la educacin (art. 67 C.Po.), al excluir a los colombianos por adopcin, sin que exista una justificacin constitucionalmente vlida. En el caso concreto, la Corte aplic un test intermedio, a partir de una ponderacin entre la exigencia de una justificacin legislativa poderosa para distinguir por razn de la nacionalidad colombiana para acceder a un beca de posgrado y habida cuenta del amplio margen de configuracin que le corresponde al legislador, en tanto se trata de una medida financiera para facilitar el acceso a los niveles ms altos de educacin superior y consecuentemente, por tratarse del desarrollo de un mbito de cumplimiento progresivo del derecho. Desde esta perspectiva, la Corte encontr que la medida establecida en el numeral demandado no supera el primer paso del nivel de escrutinio, con independencia de la gradacin que se utilice. A su juicio, el instrumento adoptado por la ley no pasa el examen de razonabilidad, bsicamente, porque el legislador no asumi carga argumentativa alguna a favor de la distincin que estableci entre colombianos por nacimiento y nacionales por adopcin, a pesar de que la Constitucin se orienta siempre hacia la igualdad entre ambos grupos. La Corte concluy que el nico motivo de distincin entre los grupos fue, precisamente, su pertenencia al grupo, lo que sin duda no puede considerarse un criterio vlido de distincin, sino una discriminacin abierta a los colombianos que el pas decidi adoptar, en ejercicio de su soberana. Por consiguiente la expresin de nacimiento contenida en el numeral 1 del artculo 4 de la Ley 1678 de 2013 fue retirada de los ordenamiento jurdico, por configurar una vulneracin de los derechos a la igualdad y educacin.

 

COMUNICADO 41

C-534/16

Maria Victoria Calle Correa

RGIMEN DE PERSONAL DEL INPEC ACEPTACIN DE GUARDIANES MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES (DECRETO 407 DE 1994 ART. 176)

05-10-16

 

En el presente caso, la Corte deba definir (i) si el establecimiento de unas condiciones especiales en favor de los guardianes municipales y departamentales, configura una violacin de la carrera administrativa y del principio del mrito, al erigirse como barrera para los dems ciudadanos que quieran aspirar a ingresar por concurso a la carrera del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y carcelaria del INPEC; (ii) si al fijar una edad mnima ms flexible (40 aos) que aquella establecida para quienes aspiran a ingresar a la carrera del INPEC, que pueden hacerlo solo hasta la edad de 25 aos, vulnera el derecho a la igualdad; y (iii) si se desconoci la competencia constitucional de la Comisin Nacional del Servicio Civil prevista en el artculo 130 de la Constitucin Poltica, al conceder a autoridades internas del INPEC, facultades para decidir sobre el ingreso al Cuerpo de Custodia y Vigilancia del Instituto. En primer trmino, la Corte determin que el legislador extraordinario vulner los principios de carrera administrativa, mrito e igualdad de oportunidades para el acceso a cargos pblicos (arts. 1, 2, 13, 40-7 y 125 C.Po.), al establecer en el artculo 176 del Decreto Ley 407 de 1994, requisitos especiales para un grupo de personas, guardianes municipales y departamentales, con miras a su ingreso a la carrera especfica del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC, las cuales reemplazan la primera etapa de los cursos-concursos a los que se somete la generalidad de la poblacin que est interesada en el acceso a dicho servicio. La corporacin reiter que no es dable homologar requisitos como la experiencia, para efectos de no adelantar en su integridad las etapas de los procesos de seleccin. Aunado a lo anterior, el tribunal no encontr un motivo razonable que permita dicha excepcionalidad para los guardianes municipales y departamentales, por el contrario, se reliev la necesidad de preservar al mximo el principio del mrito en el ejercicio de una funcin tan esencial dentro de la estructura estatal, como lo es el tratamiento de las personas que infringen la ley penal y frente a las cuales debe procurarse su resocializacin. Para resolver el segundo cargo, la Corte aplic un test intermedio de igualdad, del cual concluy que al flexibilizarse el requisito de edad para ingresar al Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC, en comparacin con la generalidad de los ciudadanos interesados en acceder a dicho Cuerpo, si bien puede tener una finalidad legtima desde la perspectiva constitucional como es la de promover el ingreso a esa carrera especfica de personas con experiencia, el legislador extraordinario escogi un medio prohibido, esto es, omitir el cumplimiento de todas las etapas de los cursos-concursos para el grupo de guardianes municipales y departamentales. Por ltimo, la corporacin estableci que el artculo 176 del Decreto Ley 407 de 1994 tambin quebranta el artculo 130 de la Carta Poltica, en la medida que permite que autoridades diferentes a la Comisin Nacional del Servicio Civil ejerzan la administracin y vigilancia de la carrera especfica del INPEC. La Corte reiter su jurisprudencia en relacin con la facultad reservada a dicha Comisin, para administrar y vigilar las carreras de los servidores pblicos, que incluye las carreras especficas creadas por la ley, como lo es la del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC.

 

COMUNICADO 42

C-535/16

Maria Victoria Calle Correa

RGIMEN DE PERSONAL DEL INPEC CONSECUENCIAS DE NO APROBACIN DE CONCURSO. (DECRETO 407 DE 1994 ART. 95)

05-10-16

 

La Corte se inhibi para emitir un pronunciamiento de fondo sobre la demanda instaurada contra el artculo 95 del Decreto Ley 407 de 1994

COMUNICADO 42

C-536/16

Alejandro Linares Cantillo

CDIGO GENERAL DEL PROCESO MEDIDAS CAUTELARES EN LA PRCTICA DE PRUEBAS EXTRAPROCESALES. (LEY 1564 DE 2012 ART. 589)

05-10-16

 

La Corte se declar INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda

COMUNICADO 42

C-537/16

Alejandro Linares Cantillo

CDIGO GENERAL DEL PROCESO- PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCIN Y LA COMPETENCIA SANEAMIENTO DE LA NULIDAD POR CAUSA DE LA FALTA DE JURISDICCIN O COMPETENCIA. (LEY 1564 DE 2012 ART. 16, 132 A 136, 138 Y 328 PARCIALES)

05-10-16

 

Los problemas jurdicos que la Corte resolvi, se refirieron a: (i) si permitir que el vicio de incompetencia sea saneable y determinar que conservan su validez las actuaciones anteriores a la declaratoria de nulidad, afecta el derecho a ser juzgado por un juez competente y (ii) si el legislador desconoci el precedente constitucional en materia de la nulidad por incompetencia del juez, al permitir que este vicio sea subsanable. En el presente caso, encontr que no proceda el examen del cargo por violacin de los principios de progresividad y no regresividad en la proteccin de los derechos. El anlisis de la Corte parti de que la determinacin previa y en abstracto del juez competente para instruir y decidir un asunto es una competencia normativa para cuyo ejercicio el legislador goza de un margen amplio de configuracin, aunque limitado por: los casos en los que la Constitucin directamente establece el juez natural del asunto, la previsin de jurisdicciones especiales como la indgena- y la razonabilidad y proporcionalidad para sustraer un asunto de la jurisdiccin ordinaria, la prohibicin de que la determinacin del juez competente quede al arbitrio de las partes o del juez, que los particulares sean juzgados por militares (art. 213 C.Po.) o por autoridades administrativas en materia penal (art. 116 C.Po.) y la exclusin de que las violaciones de los derechos humanos sean juzgadas por la justicia penal militar. As mismo, seal que el respeto de los fueros constitucionales tambin hace parte del derecho al juez natural y que esta garanta no puede desligarse de la del derecho a que se cumplan las formas propias de cada juicio. A su vez, el Tribunal reiter que dentro de ese amplio mbito de regulacin del legislador, est la determinacin del rgimen jurdico de las nulidades procesales, entre estas, las consecuencias del trmite de la actuacin procesal por parte de un juez incompetente. Record que la garanta del respecto de las formas propias de cada juicio no significa que cualquier irregularidad procesal conduzca necesariamente a la nulidad de lo actuado, lo que desconocera el carcter instrumental de las formas procesales, cuya fundamento constitucional se encuentra en el deber de dar prevalencia al derecho sustancial sobre el procesal (art. 228), que junto con el derecho al juez natural son instrumentos del derecho fundamental de acceso a la justicia. Solo por excepcin, la Constitucin toma directamente una decisin en la materia cuando en el inciso final del artculo 29 superior dispone que Es nula de pleno derecho, la prueba obtenida con violacin del debido proceso. De otra parte, la corporacin determin que la conservacin de la validez de lo actuado por el juez incompetente o perteneciente a una jurisdiccin distinta de la competente no obstante que, detectado esto el proceso deba pasar a este- salvo la sentencia, fue una decisin adoptada por el legislador pero inspirada de cerca en precedentes jurisprudenciales, los cuales enunci en esta sentencia, entre otras, las sentencias C-037/98, C-662/94, C- 227/09 y C-328/15.

 

COMUNICADO 42

C-538/16

Luis Ernesto Vargas Silva

 

ESTATUTO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL DEBER DE INFORMACIN (ART. 15 DE LA LEY 1563 DE 2012)

05-10-16

 

En el presente caso, le correspondi a la Corte definir (i) si la sola manifestacin de las partes de dudas justificadas respecto de la imparcialidad o independencia del rbitro, para que se proceda a su relevo por parte de los otros rbitros, cuando as lo consideren, por su indeterminacin, vulnera el derecho a la libertad de escogencia de profesin derechos al trabajo y al acceso a cargos pblicos, como tambin, (ii) si el deber de informar por parte de los rbitros y secretarios sobre cualquiera circunstancia sobrevenida que pudiere generar en las partes dudas sobre su imparcialidad e independencia, impone un tratamiento discriminatorio injustificado frente a los jueces, quienes solo pueden ser separados del conocimiento de un caso, en virtud de un rgimen taxativo de impedimentos y recusaciones. En primer lugar, de una interpretacin sistemtica de varias normas de la Ley 1563 de 2012, la corporacin pudo establecer que el deber de informacin regulado en el artculo demandado es un trmite diferente al de los impedimentos y recusaciones de los rbitros y secretarios del respectivo tribunal de arbitramento. Para la Corte, el concepto de dudas justificadas es compatible con el principio de legalidad. La Corte reiter que el rgimen de impedimentos y recusaciones es una cuestin diferente y separada del deber de informacin que tienen los rbitros y secretarios del tribunal. En segundo lugar, el tribunal desestim el argumento del demandante segn el cual, la permanencia de los rbitros y los secretarios, en virtud de la norma acusada, quede sometida al capricho de las partes, toda vez que del mismo texto de la disposicin se colige que son los dems rbitros y en su defecto el juez civil del circuito, quienes evalan si las dudas planteadas por las partes son o no justificadas y por esta razn, aptas para motivar el reemplazo del rbitro o secretario respectivo. Indic, que en todo caso, la resolucin sobre tales dudas tambin se inserta dentro de la naturaleza jurisdiccional del arbitraje, por lo que deber cumplir con criterios de objetividad e imparcialidad por parte de quien evala si debe proceder a la remocin del cargo del rbitro o secretario concernido. En consecuencia, no se evidencia infraccin al principio de legalidad, respecto de las circunstancias que motivan la remocin y reemplazo de un rbitro o secretario, que para ejercer sus funciones debe estar libre de cualquiera de ellas que pueda afectar su imparcialidad e independencia. En cuanto a la proporcionalidad de la medida adoptada por el legislador, la Corte encontr que la finalidad que se persigue con la norma acusada, esto es, garantizar la independencia e imparcialidad de los rbitros y secretarios del tribunal, conforma uno de los aspectos definitorios de la funcin jurisdiccional y por lo tanto es relevante desde la perspectiva constitucional. En esa medida, el deber de los rbitros y secretarios de presentar el informe y la posibilidad de que el mismo sea contrastado por las partes, es idneo para cumplir con la finalidad propuesta, como quiera que la independencia e imparcialidad se facilita si las partes son previamente informadas acerca de las cuestiones que puedan afectarlas. Adicionalmente, advirti que la legislacin nacional adopta el estndar internacional de evaluacin de la independencia e imparcialidad, a partir de la definicin de circunstancias que puedan constituir dudas justificadas. Por consiguiente, la medida no incorpora un trato discriminatorio injustificado en contra de rbitros y secretarios. Finalmente, la Corte encontr que la medida no afecta los derechos constitucionales a la libertad de escogencia de profesin u oficio, al trabajo y al acceso a cargos pblicos. La comprobacin de condiciones de idoneidad para el ejercicio de la funcin jurisdiccional no puede considerarse como una barrera injustificada para el ejercicio de la justicia arbitral.

 

COMUNICADO 42

C-539/16

Luis Ernesto Vargas Silva

 

CDIGO PENAL TIPO PENAL DE FEMINICIDIO CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIN PUNITIVA (ARTS. 104 A Y 104 B PARCIALES DE LA LEY 599 DE 2000)

05-10-16

 

Le correspondi a la Corte establecer (i) si en la definicin de la conducta punible de feminicidio, el legislador incurri en una vulneracin del principio de estricta legalidad penal o tipicidad, toda vez que en concepto de los demandantes, el elemento subjetivo del tipo penal resulta indeterminado, debido a la dificultad para identificar cundo ha tenido lugar el mvil de causar la muerte a una mujer por su condicin de ser mujer, como lo establece el artculo 104A del Cdigo Penal; (ii) si la circunstancia de agravacin punitiva del delito de feminicidio consistente en que el autor tenga la calidad de servidor pblico y desarrolle la conducta punible aprovechndose de esa calidad (art. 104B, literal a, Cdigo Penal), implicara una violacin de la prohibicin del non bis in dem, por cuanto esta modalidad de feminicidio ocasionada en aprovechamiento de las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer, expresado en la jerarquizacin personal, econmica, sexual, militar, poltica o sociocultural ya est prevista en el literal c) del artculo 140A. Los demandantes aducen que la posicin de un servidor pblico frente a cualquier individuo es jerarquizada, de poder, y en consecuencia, los dos enunciados normativos sancionan la misma situacin de hecho; y (iii) si el agravante en situacin de indefensin o inferioridad o aprovechndose de esta situacin a la que hace remisin la expresin 7 prevista en el literal g) del artculo 104B es amplia y puede comprender la modalidad de feminicidio consistente en que la vctima haya sido incomunicada o privada de su libertad de locomocin, cualquiera que sea el tiempo previo a la muerte de aquella, establecida en el literal f) del artculo 104A del Cdigo Penal, por lo cual dos normas sancionan la misma situacin de hecho. En relacin con el primer cargo, la Corte advirti que ms que un problema de tipicidad, el cuestionamiento es esencialmente de ndole probatoria, ya que hace referencia a la supuesta imposibilidad de comprobacin de la motivacin. Por esta razn, la expresin por su condicin de ser mujer no tiene la potencialidad de desconocer el principio de tipicidad. No obstante, advirti que el elemento motivacional no es accidental al feminicidio, sino que mantiene con este una relacin inescindible. El feminicidio est precedido siempre de esa intencin, pero al mismo tiempo, es claro que esa intencin es inferida y est relacionada de forma necesaria con el contexto de discriminacin y sometimiento de la vctima en medio del cual se ejecuta el crimen. Otras condiciones de feminicidio estn relacionados en un contexto cultural basado patrones histricos de dominacin y desigualdad, en estereotipos negativos de gnero, violencia contra la mujer, ideas misginas de superioridad del hombre, como tambin, pueden existir situaciones antecedentes o concurrentes de maltratos fsicos o sexuales que propician y favorecen la privacin de su vida. Cuando un escenario como el anterior se constata, el homicidio de la mujer adquiere con claridad el carcter de feminicidio, pues resulta inequvoco que el victimario actu por razones de gnero. En cuanto a los literales impugnados por la supuesta doble sancin por un mismo hecho, la Corte observ que contrario a lo que sealan los demandantes, esas circunstancias objetivamente consideradas como agravantes del feminicidio, no constituyen por s mismas el delito, sino que solo permiten inferir las razones de gnero del homicidio de la mujer y conducir a su agravacin. Por ello, no puede predicarse una doble incriminacin o una doble sancin. Tales circunstancias aportan elementos de juicio para concluir que la muerte fue provocada por motivos de gnero y confiere al feminicidio el carcter de agravado, lo cual no contraviene la Constitucin.

 

COMUNICADO 42

C-540/16

Jorge Ivn Palacio Palacio

CDIGO GENERAL DEL PROCESO PROCEDIMIENTO VERBAL SUMARIO EN ASUNTOS CONTENCIOSOS DE MNIMA CUANTA Y OTROS EN CONSIDERACIN A SU NATURALEZA. (ART. 390 PARCIAL DE LA LEY 1564 DE 2012)

 

05-10-16

 

La Corte decidi inhibirse para emitir un pronunciamiento de fondo en la demanda contra el artculo 390 (parcial) de la Ley 1564 de 2012

COMUNICADO 42

C-541/16

Alberto Rojas Ros

 

NORMA QUE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA NACIN LA CELEBRACIN DE LA SEMANA SANTA EN TUNJA AUTORIZACIN PARA QUE SE ASIGNEN PARTIDAS PRESUPUESTALES DESTINADAS AL FOMENTO, PROMOCIN Y DIVULGACIN DE LA SEMANA SANTA EN TUNJA. (ARTCULO 6 Y 7 DE LA LEY 1767 DE 2015

05-10-16

Cosa juzgada constitucional en sentencia C-441/16

COMUNICADO 42

C-551/16

Jorge Ivn Palacio Palacio

CDIGO GENERAL DEL PROCESO CONFESIN POR APODERADO JUDICIAL. (EXPRESIN DEL ART. 193 DE LA LEY 1564 DE 2012)

12-10-16

La Corte deba determinar si la presuncin establecida por el legislador consistente en que el apoderado judicial siempre podr confesar en la demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones, la audiencia inicial y la audiencia del proceso verbal sumario, sin que se pueda establecer estipulacin alguna en contra, vulnera el artculo 29 de la Constitucin, en la medida en que estara trasladando incondicionalmente una facultad de disponer del derecho en litigio que solo corresponde al poderdante. Para la Corte, la presuncin establecida por el legislador en el artculo 193 del Cdigo General del Proceso persigue fines legtimos e importantes desde la perspectiva constitucional, en razn a que promueve intereses pblicos valorados por la Carta, como el de garantizar una mayor eficiencia en la administracin de justicia. Esta disposicin genera una responsabilidad en un grado elevado y un compromiso inescindible aunque mediara la voluntad de hacerlo- entre la parte y su apoderado respecto de lo que confiesa en ciertas ocasiones que resultan definitorias para el adecuado trmite del proceso, como son las previstas en el artculo demandado. Observ que la eficaz administracin de justicia se relaciona ntimamente con la posibilidad de alcanzar los fines del Estado consagrados en el artculo 2 de la Carta, en especial, con el propsito de alcanzar un orden justo. De otra parte, el tribunal constitucional consider que la medida es adecuada respecto de esa finalidad. Establecer que la confesin por apoderado judicial para las actuaciones procesales enunciadas siempre existe contribuye efectivamente a la finalidad propuesta, toda vez que la demanda, su contestacin, la formulacin de excepciones, la audiencia inicial y la audiencia en el proceso verbal sumario, son momentos vitales del proceso, que le dan forma y tienen la virtualidad de definirlo, fijando el objeto del litigio, determinando su decurso, permitiendo dar un adecuado tramite a todo el juicio. Sin duda, el compromiso de veracidad que crea la norma avanza efectivamente en el fin propuesto: quien otorga el poder y su apoderado debern ser especialmente cautos en el proceso, asumirlo con mayor responsabilidad, so pena de confesar lo que no se quiere y respecto de los que no hay posibilidad de retractacin y que ser tenido como prueba de confesin. El legislador ha considerado, en buen sentido, que las afirmaciones y negaciones realizadas en juicio por el abogado tienen la posibilidad de comprometer probatoriamente la posicin de la parte que representan, como consecuencia de la responsabilidad que lleva consigo el mandato y una consecuencia del deber de colaborar con la justicia. La mayor responsabilidad entre cliente y abogado procura que la administracin de justicia sea ms eficiente, evitando dilaciones injustificadas u obligando que las partes, eventualmente, tengan que probar por otros medios lo que ya se confes.

 

COMUNICADO 43

C-552/16

Gloria Stella Ortiz Delgado

 

NORMA QUE GARANTIZA LA EDUCACIN DE POSGRADOS AL 0.1% DE LOS MEJORES PROFESIONALES GRADUADOS EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIN SUPERIOR PBLICAS Y PRIVADAS DEL PAS REQUISITO DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES, NI DISCIPLINARIOS. (NUMERAL 2 DEL ART. 4 DE LA LEY 1678 DE 2013)

12-10-16

 

Le correspondi a la Corte resolver dos problemas jurdicos: en primer lugar, si la exigencia a quienes aspiren a becas de posgrado de no tener antecedentes penales o disciplinarios, vulnera el derecho a la educacin; en segunda instancia, si vulnera la igualdad una disposicin que impide a las personas que tengan antecedentes penales o disciplinarios aspirar a becas de posgrado. La corporacin comenz por resaltar la triple naturaleza que la Constitucin le reconoce a la educacin. En relacin con las becas, la Corte seal que si bien es uno de los principales instrumentos a travs de los cuales del Estado y los particulares promueven la educacin entre la poblacin colombiana para personas de escasos recursos, no son prestaciones susceptibles de otorgarse de forma universal como derechos sociales constitucionales. A juicio de la Corte, la exclusin de personas con antecedentes tiene como propsito restringir el acceso a los recursos escasos de los que dispone el Estado para otorgar becas de posgrado, garantizando que este beneficio se otorgue conforme a los mritos de los aspirantes. La ausencia de una finalidad constitucionalmente aceptable resulta suficiente para declarar la inconstitucionalidad de la disposicin demandada. Sin embargo, la Corte tambin analiz la adecuacin de la medida a los tres objetivos definidos en la misma Ley 1678 de 2013, concluyendo que adicionalmente resulta una medida inadecuada, pues la presencia o ausencia de antecedentes penales disciplinarios del aspirante a la beca de posgrado no tiene ninguna incidencia sobre la asignacin eficiente de recursos escasos conforme a los mritos del candidato, ni a sus necesidades socioeconmicas, ni al inters general en desarrollar la investigacin en determinadas reas prioritarias. Adicionalmente, al ponderar la posibilidad de aspirar a una beca y la posibilidad de realizacin frente la libertad de escoger profesin u oficio y la igualdad de oportunidades de desarrollo acadmico, profesional y econmica, la Corte encontr que la medida resulta desproporcionada, por dos razones: restringe el acceso al mercado laboral a un grupo social objeto de estigmas y prejuicios que obstaculizan su desarrollo individual y porque no distingue entre delitos y faltas ms o menos graves, ni entre diferentes situaciones de imputacin y de responsabilidad a ttulo de dolo, preterintencin y culpa, con lo cual aplica la misma restriccin a quienes se encuentran en situaciones significativamente dismiles.

 

COMUNICADO 43

C-553/16

Aquiles Arrieta Gmez

CDIGO GENERAL DEL PROCESO DESISTIMIENTO TCITO. (ART. 317 DE LA LEY 1564 DE 2012)

12-10-16

 

La Corte se declar INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo frente a los cargos expuestos contra la expresin o perjuicios contenida en el artculo 317 de la Ley 1564 de 2012.

COMUNICADO 43

C-554/16

Jorge Ivn Palacio Palacio

NORMA QUE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA NACIN LA CELEBRACIN DE LA SEMANA SANTA EN TUNJA (LEY 1767 DE 2015)

12-10-16

 

En relacin con los artculos 6 y 7 de la Ley 1767 de 2015, resolvi ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-441/16y se inhibi para emitir pronunciamiento de fondo respecto de los artculos 1, 2, 3, 4, 5 y 8 de la Ley 1767 de 2015.

 

COMUNICADO 43

C-555/16

Jorge Ivn Palacio Palacio

 

NORMA QUE DECRETA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y LEY DE APROPIACIONES PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - MODIFICACIN DEL TRMINO PARA EL PAGO DE CESANTIAS DE LOS DOCENTES DEL MAGISTERIO Y SANCIN PREVISTA EN LA LEY ANTE EL INCUMPLIMIENTO. (LEY 1769 DE 2015 ART. 89)

12-10-16

 

Cosa juzgada constitucional en sentencia C-486/16

COMUNICADO 43

C-567/16

Maria Victoria Calle Correa

 

NORMA QUE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL NACIONAL LAS PROCESIONES DE SEMANA SANTA Y EL FESTIVAL DE MSICA RELIGIOSA DE POPAYN - ASIGNACIN DE TARDIDAS PRESUPUESTALES. (LEY 891 DE 2004 ART. 4)

19-10-16

 

La Sala Plena concluy que la norma acusada no vulnera las disposiciones constitucionales invocadas. Advirti que las Procesiones de Semana Santa de Popayn forman parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y de la nacin, y que en virtud de la Constitucin es deber del Estado adoptar medidas para su salvaguardia, sin que se encuentre descartada en principio la asignacin de finanzas pblicas. La Corte constat que la subvencin de las Procesiones de Semana Santa en Popayn con dineros pblicos tiene impacto en un hecho religioso, pero reiter entonces la jurisprudencia constitucional, segn la cual bajo ciertas condiciones es posible salvaguardar, incluso a travs de la asignacin de finanzas pblicas, manifestaciones culturales con connotaciones religiosas. Con arreglo a estas condiciones, el Estado no puede 1) establecer una religin o iglesia oficial; 2) identificarse formal y explcitamente con una iglesia o religin; 3) realizar actos oficiales de adhesin, as sean simblicos, a una creencia, religin o iglesia; 4) tomar decisiones o medidas que tengan una finalidad religiosa, mucho menos si ella constituye la expresin de una preferencia por alguna iglesia o confesin; 5) adoptar polticas o desarrollar acciones cuyo impacto primordial real sea promover, beneficiar o perjudicar a una religin o iglesia en particular frente a otras igualmente libres ante la ley. Para adoptar normas que autoricen la financiacin pblica de bienes o manifestaciones asociadas al hecho religioso 6) la medida debe tener una justificacin secular importante, verificable, consistente y suficiente y 7) debe ser susceptible de conferirse a otros credos, en igualdad de condiciones.

 

COMUNICADO 44

C-568/16

Alejandro Linares Cantillo

 

NORMA QUE ESTABLECE EL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO Y SE CREA EL INSTITUTO COLOMBIANO DE SEGUROS SOCIALES CONTINUIDAD EN EL PAGO DE PENSIN DE SOBREVIVIENTES A VIUDAS O VIUDOS QUE CONTRAEN NUEVOS MATRIMONIO. (LEY 90 DE 1946 ART. 62)

19-10-16

 

La Corte consider que la expresin acusada del artculo 62 de la Ley 90 de 1946 y el segmento normativo que se integra son inconstitucionales por vulnerar el derecho a la igualdad de trato legal (art. 13 C.Po.) y a la seguridad social en pensiones (art. 48 C.Po.), tal y como se estableci en las sentencias C-309/96, C-653/97y C-1050/00, al constatar que la abstencin de contraer un segundo matrimonio constituye un estmulo para mantener el pago de la mesada pensional, lo que comporta una intromisin desproporcionada en la autonoma personal, el libre desarrollo de la personalidad (art. 16 C.Po.) y en la libertad de conformar una familia mediante la modalidad del contrato matrimonial (art. 42 C.Po.). Si bien en su momento la condicin resolutoria de contraer un nuevo vnculo matrimonial se inspiraba en razones aceptadas en ese contexto histrico y social en que la viuda deba guardar luto al esposo y en razn del sustento que el nuevo consorte deba proveerle, dicha motivacin hoy es reprochable por resultar abiertamente discriminatoria de la mujer. Por otro lado, la pensin de viudez como prestacin social lleva consigo la garanta de que una vez causada con justo ttulo constituye un derecho del individuo independientemente de los vnculos afectivos que en ejercicio de su autonoma personal desee conformar y de que toda connotacin de mendicidad legislativa hacia la mujer es abiertamente inconstitucional. Acorde con los precedentes jurisprudenciales, la Corte precis que como efecto de la declaracin de inexequibilidad, a las viudas y viudos que contrajeron un nuevo matrimonio con posterioridad a la entrada en vigencia de la Constitucin Poltica (7 de julio de 1991) tendrn derecho a que sean restablecidos sus derechos vulnerados, para lo cual podrn reclamar ante las entidades competentes, las mesadas que se causen a partir de la notificacin de la sentencia.

 

COMUNICADO 44

C-569/16

Alejandro Linares Cantillo

 

CUIDADO Y CUSTODIA DE NIOS Y NIAS CUANDO LA MADRE SE ENCUENTRA RECLUDA EN CENTRO CARCELARIO. (LEY 1709 DE 2014. ART. 88)

19-10-16

 

La Corte reiter que el concepto de familia en modo alguno puede asimilarse con el de la consanguinidad, sino que hoy debe abarcar una multiplicidad de realidades sociales que tienen como comn denominador los vnculos afectivos, que establecen una comunidad de vida y de cuidado mutuo. Esto transciende esencialmente en el derecho fundamental de los nios y nias a tener una familia y a no ser separados de ella, en la medida que esta constituye el ambiente natural para su desarrollo armnico y el pleno ejercicio de sus derechos. Privarse a un menor de crecer en un hogar con vnculos afectivos que lo protejan, lo guen y permitan la concrecin de su dignidad humana, resulta a todas luces contrario a su dignidad y al principio de prevalencia del inters del menor. Para la Corte, si bien es cierto que en principio la limitacin que se establece en la disposicin acusada a las personas privadas de la libertad podra considerarse razonable y proporcionada, en la medida que se pretende evitar la desintegracin y desarticulacin de los vnculos filiales ms prximos, tambin lo es que en la ausencia de familiares con vnculos de consanguinidad termina por dejar a los nios y nias que no pueden permanecer junto a su madre en un centro de reclusin, en un estado de desproteccin contrario a los mandatos de los artculos 42 y 44 de la Constitucin. A la luz de estos preceptos, la medida resulta desproporcionada, inadecuada e innecesaria, en relacin con las limitaciones que genera en el respeto a la dignidad humana, en el derecho a mantener la unidad familiar, configurando adems una discriminacin de los menores que carecen de un pariente consanguneo no privado de la libertad, pero cuentan con un familiar con el que tienen un vnculo afectivo y estrecho y que al no ser parientes que acrediten grado de consanguinidad no pueden ser puestos bajo su cuidado y proteccin mientras su madre permanece en el establecimiento carcelario. Por consiguiente, la Corte procedi a declarar inexequible la expresin acusada del 88 de la Ley 1709 de 2014, de modo que ante la ausencia de padre o familiar con vinculo de consanguinidad, o en caso de que la persona recomendada por la progenitora privada de la libertad no cumpla con las condiciones necesarias para ser garante de los derechos de los menores de edad, el juez o la autoridad administrativa competente puedan otorgar la custodia del menor a cualquier persona capaz e idnea (que cuente con lazos de consanguinidad o no), que demuestre con suficiencia y rigor probatorio lazos estrechos de convivencia, afecto, respeto, solidaridad, proteccin y asistencia, siempre teniendo en cuenta el inters superior del menor.

 

COMUNICADO 44

C-570/16

Luis Guillermo Guerrero Prez

 

RECNOCIMIENTO DE LA IMPORTANCIA CULTURAL DEL MONUMENTO A CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE BELALCAZAR, CALDAS Y MEDIDAS ADOPTADAS PARA SU CONSERVACIN Y PROMOCIN. (LEY 1754 DE 2015)

19-10-16

 

En el presente caso, la Corte deba establecer si las medidas adoptadas en la Ley 1754 de 2015, en cuanto exaltan una manifestacin representativa de la fe catlica e imponen cargas pblicas con respecto a ella, vulneran los principios constitucionales de laicidad y pluralismo religioso y la igualdad de derecho de todas las confesiones religiosas frente al Estado y frente al ordenamiento jurdico. Con fundamento en los criterios fijados en la jurisprudencia en torno al modelo del Estado laico que impera en Colombia y la facultad del Congreso para expedir leyes que exalten y promuevan bienes a los que se les reconozca un valor cultural con una connotacin religiosa y la autorizacin de recursos pblicos que contribuyan a su promocin y salvaguarda, la Corte concluy que con excepcin del reconocimiento del legislador de la importancia religiosa del monumento, las medidas previstas en la ley acusada no vulneran los principios de laicidad, neutralidad y pluralidad religiosa , as como tampoco la igualdad del derecho de todas las confesiones religiosas frente al Estado y al ordenamiento jurdico (arts. 2, 13, y 19 C. Po.). A juicio de la Corte, la Ley 1754 de 2015, al reconocer la importancia cultural al monumento de Cristo Rey, no est buscando adoptar una religin o iglesia como oficial. Tampoco persigue identificar el Estado colombiano con la religin catlica, ni realizar actos oficiales de adhesin a dicho credo, toda vez que su objetivo principal se orienta a promover la conservacin del monumento y a impedir su deterioro, teniendo en cuenta que se trata de una obra civil de importancia cultural, histrica, arquitectnica y turstica. De igual manera, no tiene como propsito promover la religin catlica. En cuanto a la autorizacin al Gobierno Nacional y regional del Departamento de Caldas para incluir partidas dirigidas a contribuir a la financiacin de las medidas de fomento, promocin y proteccin, proteccin, restauracin y conservacin arquitectnica del monumento de Cristo Rey, se ajusta estrictamente a los criterios definidos por la jurisprudencia constitucional, en tanto el Estado, por intermedio del Congreso y el Gobierno, se encuentran comprometidos con la salvaguarda de las manifestaciones culturales, compromiso que incluye la posibilidad de adoptar medidas de financiacin para su fomento, apoyo y promocin.

 

COMUNICADO 44

C-571/16

Gloria Stella Ortiz Delgado

 

NORMA QUE GARANTIZA LA EDUCACIN DE POSGRADOS AL 0.1% DE LOS MEJORES PROFESIONALES GRADUADOS EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIN SUPERIOR PBLICAS Y PRIVADAS DEL PAS EXIGENCIA DE SER COLOMBIANO POR NACIMIENTO PARA ACCEDER A BECAS DE POSGRADO. (LEY 1678 DE 2013)

19-10-16

 

Cosa juzgada constitucional en sentencia C-520/16

COMUNICADO 44

C-583/16

Aquiles Arrieta Gmez

CDIGO PROCESAL DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA HACER EFECTIVA LA ORALIDAD EN SUS PROCESOS CUMPLIMIENTO DE LAS FINALIDADES CELERIDAD E INMEDIACIN EN RELACIN CON RESTRICCIONES DE TIEMPO Y MODO EN LA SEGUNDA AUDIENCIA DEL PROCESO LABORAL ORAL. (EXPRESIONES DE LOS ARTCULOS 5 Y 12 DE LA LEY 1149 DE 2007)

26-10-16

 

El problema jurdico que deba resolver la Corte Constitucional en esta oportunidad, consisti en determinar si el legislador vulner los derechos al debido proceso y al acceso a la administracin de justicia, al limitar a una hora el tiempo concedido para el desarrollo de la audiencia de conclusin y el poder suspenderla y posponerla, por la supuesta afectacin que tales restricciones de tiempo y modo imponen a la presentacin de los alegatos de conclusin. De manera preliminar la Corte verific que no exista cosa juzgada constitucional frente a la sentencia C-543 de 2011 que resolvi una demanda en contra de una disposicin legal similar. Aunque no haba lugar a la existencia de cosa juzgada, la corporacin consider que la sentencia C-543/11contiene aspectos relevantes para analizar y resolver el presente caso, por lo que constituye un precedente a tomar en cuenta. En concreto, la Corte encontr que la prohibicin de suspender las audiencias del proceso laboral ordinario y en particular aquella de trmite y juzgamiento, es una medida razonable constitucionalmente, en tanto busca fines legtimos a travs de un medio no prohibido, que es adecuado para lograr alcanzar dichos fines de celeridad e inmediacin en la justicia. De igual manera, la disposicin de que en el mismo acto se dicte la sentencia y se pueda decretar un receso de una hora para proferirla, a juicio de la Corte, resulta un medio adecuado para alcanzar las finalidades enunciadas, al establecer un trmino suficientemente amplio para que el juez estructure las conclusiones sobre la audiencia y suficientemente corto para evitar que la audiencia e dilate y as se diluyan las impresiones que en la misma se haya formado el juez. Tal como est diseada la norma, el receso es una opcin para el juez, que puede tomarlo, si as lo requiere, inmediatamente despus de concluir con la etapa probatoria y antes de dictar el fallo. Advirti que el juez como director del proceso, cuando as lo considere estrictamente necesario, podra ampliar o reducir ese trmino de forma razonable, como lo puede hacer con otros procedimientos en el marco de la autonoma y la flexibilidad que le imprime la reforma. En ese orden, la Corte concluy que el legislador no vulner los derechos de acceso a la justicia y al debido proceso al imponer restricciones de modo y tiempo en el proceso laboral oral de primera instancia en dos audiencias, sin la posibilidad de que la segunda audiencia se aplace o suspenda ms all de un receso una hora ante de la decisin.

 

COMUNICADO 45

C-584/16

Aquiles Arrieta Gmez

NORMA QUE REFORMA LA LEY 136 DE 1994 SOBRE MODERNIZACIN, ORGANIZACIN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS INHABILIDADES DE LOS CONCEJALES. (ART. 40 PARCIAL DE LA LEY 617 DE 2000)

26-10-16

 

La Corte concluy que pese a haberse admitido la demanda para analizar en detalle s efectivamente se estructuraba un cargo de constitucionalidad en el presente caso, en este momento, verific que ni siquiera es posible analizarlo en aplicacin del principio pro actione debido a que (i) existe un problema de precisin de la disposicin legal que se cuestiona y del precepto constitucional empleado como parmetro de comparacin; (ii) se identifica un trato distinto pero no se sealan las razones por las que sera irrazonable y (iii) la confusin afecta materialmente la demanda, pues incide en sus consideraciones, por lo cual si se pretende hacer un examen de constitucionalidad, la Corte tendra que entrar a suplirlas, asumiendo un control oficioso. Por consiguiente, procedi a inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo.

 

COMUNICADO 45

C-585/16

Luis Ernesto Vargas Silva

CDIGO CIVIL HIJOS LEGTIMOS. (ART. 236 DEL CDIGO CIVIL)

26-10-16

 

Inhibicin para decidir de fondo por ineptitud sustancial de la demanda.

COMUNICADO 45

C-586/16

Alberto Rojas Ros

NORMA QUE INCORPORA AL CDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO DISPOSICIONES DE LA LEY 73 DE 1966 SOBRE PROHIBICIN A LAS MUJERES DE TRABAJAR EN LABORES MINERAS SUBTERRNEAS Y EN GENERAL, EN LABORES PELIGROSAS, INSALUBRES O QUE REQUIERAN GRANDES ESFUERZOS AUTONOMIA PERSONAL, LIBERTAD DE PROFESIN U OFICIOY DERECHO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LAS MUJERES PARA EL ACCESO AL TRABAJO. (DECRETO 013 DE 1967 ART. 9 PARCIAL)

26-10-16

 

En el presente caso, el problema jurdico que le corresponda resolver a la Corte, radic en determinar si prohibir a las mujeres sin distincin de edad trabajar en labores peligrosas, insalubres o que requieran grandes esfuerzos, as como ser empleadas en labores subterrneas en minas, vulnera el derecho a la igualdad (art. 13 C. Po.), el derecho al trabajo (art. 25 C.Po.) y de la libertad de escoger profesin u oficio (art. 26). La Corte aplic el test integrado del cual concluy que la prohibicin adoptada por el legislador en el numeral 3 del artculo 242 del Cdigo Sustantivo del Trabajo corresponda a una finalidad legtima desde la perspectiva constitucional, relacionada con la proteccin de las mujeres y de todas las personas (art. 2 C.Po.) y protecciones especficas relativas a la familia (art. 42 C.Po.), la mujer en estado de gestacin o post parto, la mujer cabeza de familia (art. 43 C.Po.) y la proteccin laboral especial de la mujer y la maternidad (art 53 C.Po.). Sin embargo, encontr que la medida no satisfaca el criterio de necesidad y adems resultaba desproporcionada. En efecto, si la finalidad de la prohibicin legal era la de proteger a las mujeres cuando desempean actividades que pudiesen afectar su salud, su integridad fsica o psquica, existan otras opciones distintas a la prohibicin, como la adaptacin de medidas legislativas o reglamentarias sobre riesgos profesionales, relacionadas con la prevencin y la proteccin en trabajos insalubres, riesgosos o que entraen grandes esfuerzos, las que deben resultar adecuadas no solo para las mujeres, sino a todas la personas que desempeen ese tipo de actividades. No obstante, el legislador decidi adoptar la medida ms lesiva, excluyendo a las mujeres de campos laborales en los que puede desempearse, propiciando as condiciones de exclusin, desempleo, pobreza y dependencia econmica. La medida tampoco supera la exigencia de proporcionalidad estricta, que consiste en evaluar entre las ventajas y desventajas constitucionales de la misma. En este caso, la prohibicin de trabajar a las mujeres en cuatro campos laborales trae como ventajas la realizacin del derecho a la integridad personal (art. 11 C. Po.) y el mandato de especial proteccin a la mujer trabajadora previsto en el artculo 53 de la Constitucin. Sin embargo, la prohibicin tambin implica la afectacin e incluso el sacrificio de derechos constitucionales valiosos como son, el ejercicio de la autonoma personal (art. 16 C.Po.), en la construccin del plan de vida, el acceso al trabajo (art. 25 C.Po.) y la libertad de escoger profesin u oficio (art. 26 C.Po.), toda vez que los hombres podran trabajar donde quieran, mientras que las mujeres no. Por las razones expuestas, la Corte procedi a declarar inexequibles las expresiones demandadas del numeral 3 del artculo 242 del Cdigo Sustantivo del Trabajo, por vulnerar el derecho a la igualdad de oportunidades de las mujeres para el acceso al trabajo, establecer un trato discriminatorio no justificado y por mantener el estereotipo que diferencia entre trabajos para hombres y trabajos para mujeres, que nutre adems el prejuicio de concebir a la mujer como sexo dbil. De igual manera, el Tribunal constitucional consider que tambin se desconoca la libertad de escoger profesin u oficio, en tanto que la prohibicin exceda los lmites regulatorios del legislador.

 

COMUNICADO 45

C-602/16

Alejandro Linares Cantillo

CDIGO NACIONAL DE POLICIA INDAGACIONES CON FINES LABORALES O COMERCIALES POR PARTICULARES. (ART. 55 PARCIAL DEL DECRETO 1355 DE 1970)

26-10-16

 

Le correspondi a la Corte establecer, si el segundo inciso del artculo 55 del Decreto Ley 1355 de 1970, al prever la posibilidad de que los particulares realicen indagaciones con fines laborales o comerciales, desconoca el derecho a la intimidad establecido en el artculo 15 de la Constitucin. En primer lugar, este Tribunal concluy que la expresin Sin embargo, resultaba contraria al artculo 15 dado que su inclusin, a continuacin del primer inciso del artculo 55 del Decreto Ley 1355 de 1970, poda ser interpretada como una autorizacin para afectar o desconocer la vida ntima. En segundo lugar, la Corte concluy que la autorizacin prevista en la disposicin demandada encontraba fundamento en varias disposiciones constitucionales. En esa direccin, advirti que las indagaciones con fines laborales o comerciales cuentan con un apoyo directo no solo en la clusula general que ampara el derecho a buscar y recibir informacin de diversa naturaleza (art. 20), sino tambin en la proteccin de los derechos del consumidor (art. 78), en la promocin de la buena fe (art. 83) y en la proteccin de la libre iniciativa privada, la libre competencia y la empresa como base del desarrollo (333). Igualmente, en algunos casos las actividades de indagacin encuentran fundamento en la naturaleza de la actividad que se desarrolla y, en particular, en su calificacin como de inters pblico (art. 335). No obstante lo anterior, consider que la realizacin de tales indagaciones puede, en algunos casos, suscitar conflictos con el derecho fundamental a la intimidad. Advirti, como consecuencia de ello, que a pesar de que a la Corte no le corresponda ocuparse de identificar en sede de control abstracto, cada una de las soluciones a los diferentes conflictos, era necesario establecer que las actividades de los particulares autorizadas por la norma no podan implicar, bajo ninguna circunstancia la violacin del derecho a la intimidad que, conforme a la jurisprudencia de este Tribunal, ampara aquella esfera de la personalidad del individuo que ste ha decidido reservar para s, ocultndola y liberndola de la injerencia de los dems miembros de la sociedad.

 

COMUNICADO 46

C-603/16

Maria Victoria Calle Correa

CDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL AUTORIZACIN A LA FISCALIA PARA SOLICITAR BAJO CIERTAS CONDICIONES, EN CUALQUIER MOMENTO Y ANTES DE LA ACUSACIN, LA SUSPENSIN Y CANCELACIN DE PERSONERIA JURDICA O CIERRE TEMPORAL DE LOCALES COMERCIALES POR ACTIVIDADES DELICTIVAS. (ART. 91 DE LA LEY 906 DE 2004)

26-10-16

 

El problema jurdico que la Corte deba resolver en el presente caso, consisti en establecer si el legislador incurri en una omisin legislativa relativa, violatoria de los principios constitucionales de igualdad (art. 13), defensa (art. 29) y acceso a una justicia efectiva (arts. 2, 228 y 229), cuando autoriza a la Fiscala para solicitar, bajo ciertas condiciones previstas en la ley, en cualquier momento y antes de la acusacin, la suspensin de la personera jurdica o el cierre de locales o establecimientos abiertos al pblico, pero no incluye una facultad equivalente para las vctimas, en un contexto en el cual estas medidas podran dictarse en beneficio de la sociedad en general y por ese impacto, desconoceran el derecho a los afectados a contar con un debido proceso. La Corte concluy que la pretensin de que las vctimas sean legitimadas para pedir directamente la suspensin de la personera jurdica o el cierre de establecimientos o de locales abiertos al pblico no afecta la estructura del proceso penal, ni altera la igualdad de armas, ni su carcter adversarial, ni los principios que conforman el debido proceso del imputado. Por el contrario, las vctimas pueden quedar desprotegidas ante omisiones del Fiscal, o ante circunstancias que requieran una actuacin urgente y directa en las cuales no sea posible acudir ante el fiscal del caso, sino inmediatamente ante el juez. Adems, se trata de medidas provisionales respecto de las cuales, el imputado puede defenderse de los motivos que la originan y su impacto es proporcionado. En el evento en que se decida imponer estas medidas con carcter definitivo, debe haberse agotado previamente un proceso con todas las garantas constitucionales. Constatado que el legislador incurri en una omisin legislativa relativa que debe ser completada de manera acorde con los derechos fundamentales de la vctima, la Corte procedi a declarar la exequibilidad condicionada la expresin demandada del artculo 91 de la Ley 904 de 2004, de manera que se entienda que despus de que se haya formulado la imputacin, las vctimas pueden solicitar directamente las medidas provisionales all consignadas, cuando acrediten ante el juez un inters especfico para obrar.

 

COMUNICADO 46

C-604/16

Luis Ernesto Vargas Silva

CDIGO GENERAL DEL PROCESO VALORACIN DE MENSAJES DE DATOS. (ART. 247 PARCIAL DE LA LEY 1564 DE 2012)

26-10-16

 

Inhibicin para emitir un pronunciamiento de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda.

COMUNICADO 46

A.543/16

Luis Guillermo Guerrero Prez

 

EXCUSA DE ALCALDE MAYOR DE BOGOT PARA NO COMPARECER A LA COMISIN QUINTA DE LA CMARA DE REPRESENTANTES A DEBATE DE CONTROL POLTICO EN TORNO A LA RESERVA FORESTAL THOMAS VAN DER HAMMEN

09-11-16

 

La Corte Constitucional declar parcialmente justificada la excusa presentada por el Alcalde Mayor de Bogot, Enrique Pealosa Londoo para no comparecer a la Comisin Quinta de la Cmara de Representantes, a resolver las preguntas 1, 6, 12 y 7 planteadas en torno de la Reserva Forestal Thomas van der Hammen, por cuanto encontr que se relacionan con asuntos que son de la exclusiva rbita del Concejo Distrital de la ciudad y sobre los cuales la Nacin no tiene injerencia. En lo que respecta al resto de preguntas formuladas por la Comisin Quinta de la Cmara, la Corporacin declar no justificada la inasistencia del citado funcionario, razn por la cual dispuso que el Alcalde Mayor de Bogot, Enrique Pealosa Londoo est obligado a comparecer a la Comisin citante para dar respuesta a las indagaciones que se hagan, en la fecha y hora que previamente se le indique, en los trminos y con las salvedades que se indicaron en la misma providencia. El Tribunal aclar que en relacin con los asuntos cuya comparecencia por parte del Alcalde de Bogot est justificada, no cabe que la Comisin Quinta de la Cmara de Representantes formule nuevas preguntas o realice otros interrogantes sobre el particular, ya sea por escrito o en el momento en que se realice la respectiva sesin. En caso de que esto ocurra, el Alcalde estara autorizado a no dar una respuesta, en virtud de las razones expuestas en esta providencia.

 

COMUNICADO 47

C-620/16

Maria Victoria Calle Correa

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014 2018 OBLIGATORIEDAD DE PRECIOS DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DISPOSITIVOS DE SERVICIOS DE SALUD FIJADOS MEDIANTE NEGOCIACIONES CENTRALIZADAS REGISTROS SANITARIOS DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MDICOS. (ART. 71 Y 72 PARCIALES DE LA LEY 1753 DE 2015)

10-11-16

 

La Corte concluy que el artculo 71 demandado, que establece que todos los proveedores y compradores de medicamentos, insumos y dispositivos deben efectuar sus transacciones sin sobrepasar el precio derivado de las negociaciones centralizadas de precios, no quebrantaba el principio de unidad de materia; dado que tiene conexin teleolgica directa e inmediata con los pilares, estrategias y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Especficamente con el pilar de equidad, estrategia transversal de movilidad social en el objetivo de promover la seguridad social integral: acceso universal a la salud de calidad, bajo el lineamiento de buscar el fortalecimiento de la sostenibilidad financiera del sistema. Respecto al segundo cargo, la Corte consider que no se lesionaba la libertad econmica de quienes intervienen en la comercializacin de medicamentos, dispositivos mdicos e insumos con recursos privados, dado que la intervencin del Estado en esta materia cuenta con una finalidad legtima, y la medida es potencialmente adecuada para su consecucin. Respecto del artculo 72 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, que regula dos nuevos requisitos para la expedicin del registro sanitario de medicamentos y dispositivos mdicos, el anlisis del Instituto de Evaluacin Tecnolgica en Salud (i) y la definicin del precio por parte del Ministerio de Salud y proteccin Social (ii). Se argument que los elementos introducidos para la expedicin del registro sanitario se justifican en el actual contexto constitucional y legal que regula la proteccin del derecho a la salud, acudiendo a un importante criterio de costo-efectividad. No obstante, se consider preciso que para su correcto entendimiento esos requisitos no pueden implicar el establecimiento de una barrera que dificulte o impida la disponibilidad y acceso de nuevas tecnologas. Finalmente, sobre el inciso cuarto del artculo 72 ibdem, que prev la competencia del INVIMA, a solicitud del Ministerio de Salud y Proteccin Social, de modificar las indicaciones, contraindicaciones e interacciones de un medicamento, la Corporacin afirm su constitucionalidad en el marco de una interpretacin conforme con el ordenamiento jurdico, y destacando que el otorgamiento de un registro sanitario no envuelve solo un inters individual, sino que, de manera importante, involucra el inters general.

 

 

COMUNICADO 47

C-633/16

Luis Guillermo Guerrero Prez

OBJECIONES GUBERNAMENTALES A PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE EL DESTINO DEL IVA PARA SACOS DE POLIPROPILENO Y FIBRAS SINTTICAS AL FONDO DE FOMENTO PARAFISCAL FIQUERO. (ARTS. 18 Y 20 DE PROYECTO DE LEY No 207 DE 2012 CMARA, 113 DE 2013 SENADO)

16-11-16

 

La Corporacin constat que en el anuncio previo de la sesin en que se debatira y votara sobre el informe de objeciones de inconstitucionalidad en la plenaria de la Cmara de Representantes, exigido por el inciso final del artculo 160 de la Constitucin, se incurri en un error en la identificacin del proyecto de ley, toda vez que en lugar de referir al Proyecto de Ley No. 207 de 2012 Cmara, se modific su ao al hacer alusin al Proyecto de Ley No. 207 de 2014. Para la Corte, este error en el anuncio no es un asunto de menor valor, puesto que el aviso previo se realiz frente a una iniciativa distinta a la que finalmente sera objeto de votacin, con el agravante de que en el anuncio no se incluy el ttulo del proyecto, ni se hizo precisin alguna sobre la materia regulada, lo que hubiera dado certeza acerca del mismo. En efecto, al verificar la relacin de proyectos tramitados por la Cmara, se halla una iniciativa especfica, con una temtica completamente distinta, que corresponde con aquella que materialmente fue enunciada, esto es, el Proyecto de Ley 207/14 Cmara Por la cual se reconoce la importancia religiosa y cultural del monumento de Cristo Rey, del municipio de Belalczar, en el departamento de Caldas y se dictan otras disposiciones.

 

COMUNICADO 48

C-634/16

Luis Ernesto Vargas Silva

INHABILIDAD INTEMPORAL PARA ACCEDER A LOS PERMISOS DE USO DEL ESPECTRO RADIOELCTRICO DE LAS PERSONAS QUE HAN SIDO CONDENADAS A PENAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD. (NUMERAL 4 DEL ARTCULO 14 DE LA LEY 1341 DE 2009)

16-11-16

Le correspondi a la Corte definir si la prohibicin de conceder permisos para el uso del espectro radioelctrico a aquellas personas que hayan sido condenadas a penas privativas de la libertad, salvo cuando se trate de delitos polticos o culposos, viola la Constitucin, por cuanto tal restriccin no cumplira con un fin constitucionalmente legtimo y en consecuencia, vulnerara la libertad de expresin y resultara incompatible con el fin resocializador de la pena. La Corte encontr que la medida no es conducente ni imprescindible para conseguir el fin propuesto. La norma acusada impone una restriccin amplia a la libertad de expresin y de informacin, as como al derecho de fundar medios de comunicacin. Observ que se trata de una inhabilidad intemporal para la adquisicin de permisos para el uso del espectro radioelctrico, lo que en la prctica se traduce en la imposibilidad, a perpetuidad, de expresarse a travs de los medios que se sirvan de los instrumentos tecnolgicos contemporneos, que en su gran mayora se basan en el uso del espectro. De igual modo, la inhabilidad estudiada resulta desproporcionada en tanto es indiscriminada y carece de cualquier mecanismo para evaluar la idoneidad del afectado, distinta a suponer su incapacidad moral por el hecho de haber sido considerado penalmente responsable. Esto al margen de la evaluacin sobre la conducta cometida, el cumplimiento de la sancin impuesta, la incidencia del comportamiento penalmente sancionado frente al ejercicio de las libertades de expresin e informacin y la posibilidad futura de rehabilitar al inhabilitado en la competencia para hacer uso del espectro. Por ltimo, la Corte determin que la completa ausencia de la idoneidad de la medida legislativa se demuestra por el hecho de que la inhabilidad intemporal descansa en un juicio hipottico y a priori sobre la persona que ha cometido la conducta que fue objeto de reproche penal. Parte de un supuesto inaceptable dentro del Estado constitucional, consistente en que los individuos que han sido condenados penalmente quedan de forma permanente vinculados a la presuncin de ilegalidad de sus acciones futuras. Esto va en abierta contradiccin con el carcter resocializador de la pena, as como con los fundamentos mismos del modelo democrtico, como es la imposibilidad de establecer condiciones jurdicas desfavorables, a partir no de los hechos, sino de las presunciones o los perjuicios, que sirven para edificar restricciones a los derechos constitucionales con vocacin de perpetuidad. A su juicio, imposiciones legales de esta naturaleza son abiertamente desproporcionadas e irrazonables. Es evidente que la norma objeto de demanda niega el derecho que tienen las personas condenadas a retornar, luego de cumplir con la pena, a retornar a la vida democrtica y al ejercicio de sus derechos.

 

COMUNICADO 48

C-635/16

Alberto Rojas Ros

DEROGACIONES EN EL CDIGO GENERAL DEL PROCESO. (ART. 626 LITERAL A DE LA LEY 1564 DE 2012)

16-11-16

 

Inhibicin para emitir un pronunciamiento de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda

COMUNICADO 48

C-636/16

Alejandro Linares Cantillo

 

PROHIBICIONES A LOS TRABAJADORES EN EL CDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO PROHIBICIN AL CONSUMO DE ALCOHOL, NARCTICOS O CUALQUIER OTRA DROGA ENERVANTE CUANDO SE AFECTA EL DESEMPEO LABORAL. (CDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO ART. 60 PARCIAL)

17-11-16

 

Le correspondi a la Corte establecer si la prohibicin establecida en la disposicin demandada vulneraba el derecho a la igualdad y el derecho al trabajo (artculos 13 y 25 de la Constitucin). Al respecto, la accin de inconstitucionalidad argumentaba que la norma demandada estableca una distincin entre trabajadores con enfermedades comunes, por cuanto a las personas con dependencia del consumo de sustancias psicoactivas se les pude despedir con justa causa, a diferencia de lo que sucede con el tratamiento legal a las dems enfermedades comunes. La Corte concluy que la prohibicin establecida en el numeral 2 del artculo 60 del CST era demasiado amplia, en el sentido de que estableca la misma prohibicin para cualquier persona trabajadora sin consideracin, a la labor especfica que esta pueda desempear. Anot la Corte que no es vlido asumir automticamente que en todos los casos el consumo de sustancias psicoactivas implique un riesgo el trabajador o sus compaeros de trabajo, ni que afecte negativamente la labor contratada, por lo que la prohibicin, tal como estaba prevista, resultaba contraria al artculo 25 de la Constitucin. Adems, dada su generalidad, podra llegar a afectar la autonoma individual de los trabajadores, reconocida en los artculos 15 y 16 dela Constitucin Poltica. Por lo tanto, la Corte consider procedente condicionar el alcance de la prohibicin prevista en el artculo 60 del CST, para precisar que la prohibicin solo ser exigible cuando el consumo de sustancias psicoactivas afecte de manera directa el desempeo laboral del trabajador.

 

COMUNICADO 48

C-644/16

Alejandro Linares Cantillo

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014-2018 HABILITACIN CONFERIDA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PARA ASUMIR TEMPORALMENTE LA ADMINISTRACIN Y RECAUDO DE CONTRIBUCIONES PARAFISCALES, CUANDO LA ENTIDAD ADMINISTRADORA NO EST EN CONDICIONES DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS Y POLTICAS QUE RIGEN SU EJECUCIN. (ART. 106 PARCIAL DE LA LEY 1753 DE 2015).

 

23-11-16

 

El problema jurdico que deba resolver la Corte en esta oportunidad, consisti en determinar si la disposicin legal que faculta al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para asumir temporalmente la administracin de las contribuciones parafiscales, mediante un encargo fiduciario, cuando la entidad encargada de ello no se encuentra en condiciones de garantizar el cumplimiento de las reglas y polticas en la materia, segn las razones especiales definidas mediante reglamento, desconoce el principio de reserva legal en materia tributaria (arts. 150.12 y 338 C.Po.) y el derecho al debido proceso (art. 29 C.Po.). a Corte consider que bien poda el legislador, establecer una norma que habilitara al Ministerio de Agricultura para asumir temporalmente la administracin de una contribucin parafiscal y efectuar el recaudo correspondiente, con fundamento en razones especiales definidas mediante reglamento, cuando quiera que la entidad administradora no est en condiciones de garantizar el cumplimiento de las reglas y poltica que deben regir la contribuciones parafiscales. Adems de ser un desarrollo de la funcin constitucional del Presidente de la Repblica de Velar por la estricta recaudacin y administracin de las rentas y caudales pblicos y decretar su inversin de acuerdo con las leyes, el Gobierno en desarrollo de su potestad reglamentaria, puede concretar en un reglamento las situaciones que den lugar a esa intervencin transitoria, las cuales no pueden exceder de los lineamientos y parmetros previstos tanto en las leyes especiales que regulan cada contribucin parafiscal, como en la Ley 101 de 1993 ya mencionada. En todo caso, esta intervencin debe adoptarse mediante acto motivado que est sujeto al control de la jurisdiccin contencioso administrativa, para corregir cualquier el abuso en el ejercicio de dicha atribucin. Por consiguiente, no se encuentra infraccin alguna del principio de reserva legal tributaria. De igual modo, el Tribunal determin que esta medida concebida para situaciones especiales, no desconoca el debido proceso, teniendo en cuenta que las actuaciones del Gobierno deben regirse por el procedimiento administrativo previsto en el CPACA, por lo que no era necesario que la norma acusada (incisos tercero y cuarto del artculo 106) perteneciente a la actual Ley del Plan Nacional de Desarrollo estableciera un procedimiento especial para esa asuncin temporal de la administracin y recaudo de contribuciones parafiscales.

 

COMUNICADO 49

C-645/16

Maria Victoria Calle Correa

 

SISTEMA ESPECFICO DE CARRERA PARA EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPBLICA. (ARTS. 11, 14 A 18, 20 DEL DECRETO 780 DE 2005)

23-11-16

 

Los problemas jurdicos consistieron en establecer: (i) si el legislador extraordinario vulner la competencia asignada en el artculo 130 de la Constitucin Poltica a la Comisin Nacional del Servicio Civil, al disponer la creacin de un rgano de administracin de la carrera administrativa especfica del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Repblica denominado Consejo Administrador del Sistema Especfico de Carrera; y (ii) si el legislador extraordinario excedi las facultades conferidas por el Congreso de la Repblica en el numeral 6 del artculo 53 de la Ley 909 de 2004, por la cual se expiden normas que regulan el empleo pblico, la carrera administrativa, gerencia pblica y se dictan otras disposiciones, al haber regulado en el artculo 16 del Decreto 780 de 2005, Por el cual se establece el Sistema Especfico de Carrera para los Empleados del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Repblica, la composicin de la comisin de personal perteneciente a dicha entidad. La Corte concluy que en el contexto actual, no es dable conferir la administracin y/o la vigilancia de las carreras especficas, de creacin legal, a rganos diferentes a la Comisin Nacional del Servicio Civil, toda vez que ello implica desconocer el mandato previsto en el artculo 130 de la Carta Poltica. La Corte precis, que las funciones que haban sido asignadas al Consejo Administrador del Sistema Especfico de Carrera deben ser asumidas por la Comisin Nacional del Servicio Civil.. De otra parte, la Corte declar la inexequibilidad del artculo 16 del Decreto 780 de 2005, por exceder el marco de las facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la Repblica por el artculo 53 de la Ley 909 de 2005, para regular el rgimen especfico de carrera administrativa del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Repblica, al establecer la conformacin de la comisin de personal, sin que se evidenciara la razn por la cual su tratamiento en virtud de la especialidad de sus funciones, deba ser diferente y en consecuencia, configuraba una materia objeto de desarrollo por el legislador extraordinario, cuya competencia se circunscriba al rgimen especfico de carrera administrativa en ese Departamento Administrativo. La conformacin de la Comisin de Personal que se regula en el artculo 16 del decreto 780 de 2005, ya estaba prevista en el artculo 16 de la Ley 909 de 2004. Por ello, la Corte aclar que la inexequibilidad del artculo 16 no implica la eliminacin de dicha Comisin dentro de la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Repblica, sino que exigir su sujecin a lo dispuesto en al normas generales de la carrera administrativa y a lo establecido en el Decreto 780 de 2005, en cuanto sea pertinente. Finalmente, la Corte declar la inexequibilidad total del artculo 18 del Decreto Ley 780 de 2005, integrado tambin oficiosamente, que regula la forma de eleccin de los representantes de los empleados al Consejo Administrador del Sistema Especfico de Carrera y de la Comisin de Personal, en la medida en que se declara la inconstitucionalidad de la creacin del primero y de la conformacin de la segunda.

 

COMUNICADO 49

C-646/16

Jorge Ivn Palacio Palacio

DISPOSICIONES QUE REGULAN LA PRISIN DOMICILIARIA Y LOS SUBROGADOS PENALES. (ART. 23 Y 32 DE LA LEY 1709 DE 2014)

 

23-11-16

Inhibicin para emitir un pronunciamiento de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda.

COMUNICADO 49

C-647/16

Luis Guillermo Guerrero Prez

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014-2018 VIGENCIAS Y DEROGATORIAS. (ART. 267 DE LA LEY 1753 DE 2015)

23-11-16

Inhibicin para emitir un pronunciamiento de fondo por carencia actual de objeto e ineptitud de los cargos de la demanda

COMUNICADO 49

C-658/16

Maria Victoria Calle Correa

NORMA QUE CREA LA PENSIN FAMILIAR. (ARTS. 2 Y 3 PARCIALES DE LA LEY 1580 DE 2012)

28-11-16

 

En el presente caso, le correspondi a la Corte resolver si el legislador incurri en una omisin legislativa relativa por violacin del principio de igualdad al establecer como beneficiarios de la pensin familiar, al cnyuge o compaero (a) permanente suprstite y a los hijos que renan los requisitos legales , mientras que para acceder a la sustitucin en el caso del fallecimiento de los titulares de la pensin de vejez en los regmenes de prima media (RPM) y de ahorro individual con solidaridad (RAIS) se incluyen, adems del cnyuge o compaero (a) suprstite e hijos, a los ascendientes y a los hermanos invlidos dependientes de los causantes. Para la Corte, la restriccin de los beneficiarios de la sustitucin de la pensin familiar, en comparacin con aquellos previstos para la pensin de vejez en el RPM y el RAIS persigue un fin legtimo desde la perspectiva constitucional y a su vez, la medida resulta adecuada y conducente, en aras de contener el gasto pblico, pero no necesaria, dado que la Ley 1580 de 2012, por la cual se cre la pensin familiar, prev otras disposiciones que con efectividad logran la materializacin de dicha sostenibilidad, al establecer unos requisitos y establecer unos topes a la suma que se reconoce como pensin familiar, enfocada a la poblacin ms vulnerable. Tampoco, la medida resulta proporcional, puesto que afecta de manera intensa el derecho a la igualdad, la proteccin que el Estado debe a personas en condiciones de vulnerabilidad y a la familia y lesiona el derecho a la seguridad social en el marco del Estado social y de derecho que debe propender por garantizar la efectividad de los derechos fundamentales. Observ, que si la seguridad social se funda en el principio de solidaridad y ella es predicable frente a la sociedad, pero tambin frente al grupo familiar, por lo cual resulta extrao el argumento que un grupo reducido se afecte porque debe asegurar la proteccin de otros de sus miembros. Este argumento tampoco es completamente convincente en el caso de padres y hermanos mayores a los beneficiarios iniciales de la prestacin, habida cuenta que bajo condiciones de expectativa de vida la suma cubre la satisfaccin del derecho del hijo (o del hermano menor) alcanza para la del padre o hermano mayor, por lo que en trminos abstractos, no es de recibo el argumento de la posible afectacin de la cobertura que traera un ajuste en el grupo de beneficiarios conforme a los mandatos constitucionales. En consecuencia, aunque en la ampliacin de la cobertura del rgimen de seguridad social el legislador cuenta con una amplia facultad de configuracin y que ante la existencia de recursos escasos deben efectuarse decisiones de poltica pblica que permitan una distribucin equitativa y justa dejando por fuera la cobertura de algunas situaciones o grupos, en este caso la exclusin que se verifica es inconstitucional, toda vez que lesiona el deber de proteccin del Estado a personas en condiciones de debilidad y/o vulnerabilidad, la proteccin de la familia en el marco del derecho a la seguridad social y por supuesto, el derecho a la igualdad. Por estas razones, la Corte procedi a dictar una sentencia integradora , por medio de la cual las expresiones demandadas de los artculos 151B y 151C de la Ley 100 de 1993, adicionados respectivamente, por los artculos 2 y 3 de la Ley 1580 de 2012, solo son exequibles en la medida en que en el grupo de beneficiarios de la sustitucin pensional se entiendan comprendidos, en los trminos de subsidiariedad revistos en los artculos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, a los padres dependientes y hermanos invlidos, en condiciones de discapacidad y dependientes.

 

COMUNICADO 50

C-659/16

Aquiles Arrieta Gmez

NORMA QUE REGLAMENTA EL SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y MOVILIZACION. (ART. 10 PARCIAL DE LA LEY 48 DE 1993)

28-11-16

 

La Corte defini la inexistencia de cosa juzgada constitucional en relacin con la disposicin acusada, que tambin fue examinada en las sentencias C-511/94y C-007/16. Le correspondi resolver, si el legislador vulnera el derecho a la igualdad de trato y no discriminacin de las mujeres que voluntariamente deciden prestar su servicio militar, al restringir las actividades que pueden desarrollar, a tareas de apoyo logstico, administrativo, social, cultural o de defensa de la ecologa y el medio ambiente, y en general, de las actividades que contribuyan a la modernizacin y al desarrollo del pas , so pretexto de protegerlas y respetar sus diferencias. La Corte constat que la limitacin que se examina no est prohibida por la Constitucin, de manera que bien poda ser establecida por el legislador en ejercicio de la configuracin normativa, de modo que tambin es una medida legtima. No obstante, la restriccin de las actividades que las mujeres que pueden cumplir en el servicio militar resulta innecesaria respecto de la finalidad de proteccin de los derechos de las mujeres y no contribuye de manera positiva a alcanzar el fin propuesto, puesto que si el servicio militar representa un riesgo para la vida e integridad de las mujeres, es la condicin de no obligatoriedad que no est en examen en este caso, la que realmente evita que ellas deban enfrentar dicha amenaza. Por el contrario, si voluntariamente deciden prestar su servicio militar, es en ejercicio de su autonoma que asumen los riesgos inherentes al servicio, que en cualquiera de sus funciones puede acarrear los peligros propios que implica el hacer parte de la Fuerza Pblica en una situacin de conflicto armado no internacional. Para la Corte, el derecho a escoger profesin u oficio, al libre desarrollo de la personalidad y a la no discriminacin significa, que la Constitucin consagra una libertad de decisin que hace parte de la autonoma intangible de cada persona y por ende, de su dignidad humana. Sostuvo, que toda restriccin de este crculo fundamental, debe ligarse a una razn irreductible, que en el caso no existe para que la ley determine que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, deban estar excluidas de las actividades militares. Finalmente, la limitacin de las actividades de las mujeres en el servicio militar no produce ningn beneficio ni para ellas, ni mucho menos para la funcin administrativa o policial. En cambio, implica la afectacin y sacrificio de derechos constitucionales valiosos, por lo que la finalidad no resulta estrictamente proporcional. Por lo expuesto, la Corte procedi a declarar inexequible el aparte demandado que hace parte del pargrafo del artculo 10 de la Ley 48 de 1993, por fundamentarse en un estereotipo abiertamente contrario a la Carta Poltica, resultar una medida inadecuada para lograr los fines propuestos, desproporcionada frente a los derechos que restringe y en consecuencia, claramente innecesaria.

 

COMUNICADO 50

C-664/16

Alejandro Linares Cantillo

NORMA QUE ESTRUCTURA EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA PARTICPACIO DE DELEGADO DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL EN CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL Y REGIONALES DEL SENA. (NUMERAL 4 DEL ART. 7, NUMERAL 2 DEL ART. 8 Y ART. 17 DE LA LEY 119 DE 1994)

30-11-16

 

En el presente caso, le correspondi a la Corte determinar, si contraviene el carcter pluralista y laico del Estado colombiano, la libertad religiosa y la igualdad entre las distintas confesiones religiosas, el que el legislador haya incluido un representante de la Conferencia Episcopal, como parte de los Consejos Directivos Nacional y Regionales del SENA. La Corte consider que las disposiciones legales demandadas resultan contrarias al pluralismo que inspira la Constitucin Poltica de 1991, al buscar una finalidad claramente religiosa. Seal que estas normas representan una concepcin constitucional hoy en da superada, que consideraba a la religin catlica como uno de los factores claves de la cohesin de la nacin. Record que en la Constitucin actual, son la supremaca constitucional, as como el respeto por las diferencias, entre otros, elementos de cohesin social que permiten la convivencia pacfica y el desarrollo libre de potencialidades de todas las personas, alrededor de los valores democrticos de la sociedad civil. Sin desconocer la importancia que tenido en el pas la iglesia catlica en la educacin de los colombianos y en particular, la moral cristiana, la Corte concluy que este no fue el hecho que condujo al legislador a la expedicin de las normas demandadas y no verific la existencia de una justificacin secular importante, verificable, consistente y suficiente como la exige la jurisprudencia para determinar la constitucionalidad de una medida relacionada con una determinada iglesia o confesin religiosa. De otra parte, la Corporacin determin que la participacin de un representante de la Conferencia Episcopal en los consejos directivos nacional y regionales del SENA quebranta la laicidad del Estado colombiano, que implica la separacin entre los asuntos de la iglesia y los del Estado. En cuanto al artculo 17 de la Ley 119 de 1994, la Corte no encontr una contradiccin con los principios constitucionales en materia de libertad religiosa y laicidad del Estado colombiano, en la medida en que luego de la declaracin de inexequibilidad de la participacin de un representante de la Conferencia Episcopal en el Consejo Directivo Nacional del SENA, la remisin que all se hace a la misma composicin en los consejos directivos regionales, estar desprovista de ese representante que haca inconstitucional la intervencin de un clrigo en el rgano directivo de una entidad estatal.

 

COMUNICADO 51

C-665/16

Maria Victoria Calle Correa

 

NORMA QUE DECRETA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y LEY DE APROPIACIONES PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 TRASLADO AL FOSYGA DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR LAS CAJAS DE COMPENSACIN FAMILIAR Y DESTINADOS A FINANCIAR EL RGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD. (ART. 80 DE LA LEY 1769 DE 2015)

30-11-16

 

Le correspondi a la Corte establecer si el traslado de recursos de las Cajas de Compensacin Familiar previsto en la norma desconoce el principio de unidad de materia, en tanto no es una disposicin propia del presupuesto del ao 2016, lesiona el principio de temporalidad y modifica con carcter permanente, una norma sustantiva. La Corte encontr que la disposicin acusada, que integra la parte general de la Ley Anual de Presupuesto, s guarda conexidad temtica, sistemtica y teleolgica, dado que pretende la correcta ejecucin del presupuesto, especialmente, frente a la provisin de recursos para el FOSYGA, conforme a lo dispuesto 2 de la misma ley de presupuesto para la vigencia fiscal de 2016 y en el entendido de que cumple una funcin macroeconmica en que el gasto social es prioritario, conforme lo establece el artculo 350 de la Constitucin, en este caso, con el objeto de atender servicios prioritarios de salud. Aunado a lo anterior, la disposicin no excede la vigencia fiscal del ao 2016, toda vez que es claro que la aplicacin de los recursos debe efectuarse en esta vigencia, imponindose incluso, la obligacin de transferencia de las Cajas de Compensacin al 31 de enero de 2016. La circunstancia de que la norma integre recursos de las vigencias 2012 a 2014 no permite afirmar su aplicacin con violacin del principio de anualidad. Para la Corte, tampoco se evidencia que mediante la norma acusada se haya desconocido la destinacin o el sentido de la norma prevista en el artculo 46 de la Ley 1438 de 2011, en la medida en que es claro que tanto en aquella disposicin como en sta, el destino de los recursos es para la financiacin del sistema de seguridad social en salud, dentro del rgimen subsidiado. De esta forma, no se lesiona lo dispuesto en relacin con la administracin de los recursos, ya que una interpretacin sistemtica de la norma, sumada a la necesidad de materializar su contribucin a la financiacin del rgimen subsidiado, permite admitir que se giren al FOSYGA, o a quien haga sus veces.

 

COMUNICADO 51

C-666/16

Gloria Stella Ortiz Delgado

 

ESTATUTO DE PROFESIONALIZACION DOCENTE RGIMEN ESPECIAL PARA DOCENTES DE COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS, QUIENES GOZAN DE AUTONOMA PARA TENER SU PROPIO SISTEMA, ACORDE CON LA PRESERVACIN DE SU IDENTIDAD TNICA Y CULTURAL. (INCISO 1 DEL ART. 2 DEL DECRETO 1278 DE 2002)

30-11-16

 

La Corte Constitucional reafirm que existe un deber constitucional de incluir a los docentes que prestan sus servicios a las comunidades negras, en un rgimen especial que regule las relaciones entre los educadores afrocolombianos y el Estado. Es evidente, que existe una relacin inescindible entre la autonoma en materia educativa y la preservacin de las culturas negras, raizales, afrocolombianas y palenqueras. Por esta razn y de conformidad con el artculo 21.1 del Convenio 169 de la OIT, las comunidades afrocolombianas tienen derecho a participar en la formulacin y ejecucin de los programas de educacin. Al mismo tiempo, el Estado debe garantizarles la facultad para crear sus propios medios e instituciones educativas, como tambin, garantizar que las mismas obedezcan a sus culturas y tradiciones (art. 68 C.Po.). A su vez, el Estado debe considerar a los grupos tnicos como sujetos capaces de gestionar sus procesos de formacin y de lograr el desarrollo de su potencial de manera autnoma. Adems, la realizacin del principio del pluralismo lleva consigo un deber de difusin de los valores culturales, con un compromiso formal, serio y continuo con la educacin de las futuras generaciones de estas comunidades. Al examinar las disposiciones que integran el Decreto 1278 de 2002, por el cual se estableci el Estatuto de Profesionalizacin Docente, la Corte concluy que adolece de una omisin legislativa relativa en relacin con los docentes que prestan sus servicios a las comunidades negras, toda vez que no cumpli con su deber de establecer un rgimen especial para los mismos. En el caso de los docentes de comunidades afrocolombianas la Ley 70 de 1993 no desarrolla de manera ntegra o parcial su relacin con el Estado, pues se limita a sealar que el Ministerio de Educacin formular y ejecutar una poltica de etnoeducacin para tales comunidades y crear una comisin pedaggica que la asesorar. Tampoco, la Ley 115 de 1994 regula esas relaciones como lo hace el Decreto Ley 1278 de 2002 con los dems docentes. Por lo expuesto, la Corte procedi a declarar de igual manera, la exequibilidad condicionada del Decreto 1278 de 2002, en el entendido de que no es aplicable a los docentes y directivos de los establecimientos educativos estatales que prestan sus servicios a las comunidades negras. Sin embargo, la procedi a integrar esta Estatuto con la Ley 115 de 1994, en la medida en que en esta ley no hay normas que puedan ajustarse a la situacin especfica de estas comunidades, por lo que es indispensable que el legislador, como en el caso de los pueblos indgenas, adopte un rgimen especial para estos docentes, que atienda a su autonoma en materia educativa y preserva la identidad cultural y tnica protegida por la Constitucin.

 

COMUNICADO 51

C-667/16

Alejandro Linares Cantillo

 

CDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO DURACIN DEL CONTRATO LABORAL. (ART. 45 DE LA LEY 141 DE 1961)

 

30-11-16

 

Inhibicin para decidir de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda.

COMUNICADO 51

C-668/16

Alberto Rojas Ros

 

CDIGO GENERAL DEL PROCESO - PROCEDENCIA DEL AMPARO DE POBREZA. (EXPRESIN DEL ART. 151 DE LA LEY 1564 DE 2015)

 

30-11-16

 

Inhibicin para decidir de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda.

COMUNICADO 51

C-699/16

Maria Victoria Calle Correa

PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO ESPECIAL PARA AGILIZAR LA IMPLEMENTACIN DEL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA (FAST TRACK). (ART. 1 Y 2 PARCIALES DEL ACTO LEGISLATIVO 1 DE 2016)

13-12-16

 

La Corte declara EXEQUIBLES, por los cargos examinados, los artculos 1 y 2 (parciales) del Acto Legislativo 1 de 2016 Por medio del cual se establecen instrumentos jurdicos para facilitar y asegurar la implementacin y el desarrollo normativo del acuerdo final para la terminacin del conflicto y la construccin de una paz estable y duradera.

COMUNICADO 52