A508-19


Auto 508/19

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE DIFERENTES JURISDICCIONES Y LA JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ-Competencia de la Corte Constitucional

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE JURISDICCIONES-Configuración 

 

Se requieren tres presupuestos para que se configure un conflicto de jurisdicciones: (i) Presupuesto subjetivo, el cual exige que la controversia sea suscitada por, al menos, dos autoridades que administren justicia y pertenezcan a diferentes jurisdicciones; (ii) presupuesto objetivo, según el cual debe existir una causa judicial sobre la cual se suscite la controversia, es decir, que pueda verificarse que está en desarrollo un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional; y (iii) presupuesto normativo, a partir del cual es necesario que las autoridades en colisión hayan manifestado, a través de un pronunciamiento expreso, las razones de índole constitucional o legal por las cuales se consideran competentes o no para conocer de la causa.

 

JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ-Competencia prevalente por hechos ocurridos en el marco del conflicto armado

 

JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ-Tránsito de jurisdicciones

 

LIBERTAD TRANSITORIA CONDICIONADA Y ANTICIPADA-Alcance y contenido

 

JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ-Competencia temporal

 

Sólo hasta el 15 de marzo de 2018, fecha en la cual la JEP entró en funcionamiento efectivo, el funcionario de la Jurisdicción Ordinaria que estuviera conociendo de la causa penal tenía competencia para resolver el acceso a la libertad transitoria condicional y anticipada. Desde esa fecha, la autoridad judicial sobre la cual recae la competencia para conocer de este beneficio es la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, lo cual materializa plenamente el ya mencionado carácter prevalente de dicha Jurisdicción.

 

MEDIDA DE ASEGURAMIENTO PRIVATIVA DE LA LIBERTAD-Revocatoria o sustitución para integrantes de la Fuerza Pública

 

Para la Corte es claro que, una vez manifestada la sujeción a la JEP, las medidas respecto de la restricción preventiva de la libertad que recaigan sobre los agentes del Estado se circunscriben al ámbito normativo de la justicia transicional, de forma que, sobre esta materia, se tornan impertinentes las fórmulas propias de la jurisdicción penal ordinaria en la cual se impuso la medida de aseguramiento consistente en la privación de la libertad.

 

RENUNCIA A LA PERSECUCION PENAL EN EL MARCO DE UN PROCESO DE TRANSICION-Agentes del Estado

 

JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ-Procedimiento en casos de reconocimiento de verdad y reconocimiento de responsabilidad

 

JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ-Procedimiento en caso de ausencia de reconocimiento de verdad y de responsabilidad

 

JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ-Competencia global 

 

La competencia global corresponde a “una herramienta de organización para el funcionamiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, por lo que su ejercicio, de ningún modo, es significativo de que la JEP esté asumiendo el conocimiento automático para decidir sobre el fondo de cada causa judicial.

 

JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ-Traslado de competencias

 

Mientras la JEP ejerce las facultades enmarcadas en su competencia global, la Fiscalía desarrolla competencias complementarias, simultáneas y concurrentes, relativas únicamente a la continuación de los actos de investigación e indagación de los hechos, hasta el día en que la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, una vez concluidas las etapas anteriormente previstas, anuncie públicamente que en tres meses presentará al Tribunal para la Paz su resolución de conclusiones.

 

SALA DE DEFINICION DE SITUACIONES JURIDICAS DE LA JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ-Competencia para resolver solicitudes de “libertad transitoria condicionada y anticipada” y “revocatoria o sustitución de la medida de aseguramiento”

 

JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ-Competencia y prevalencia sobre actuaciones penales, disciplinarias o administrativas, adelantadas en relación con conductas vinculadas con el conflicto armado

 

 

Referencia: expediente CJU-0023

 

Conflicto de jurisdicciones suscitado entre la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz y el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Antioquia.

 

Magistrada ponente:

DIANA FAJARDO RIVERA

 

 

Bogotá, D. C., diez (10) de septiembre de dos mil diecinueve (2019)

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial la prevista en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I. ANTECEDENTES[1]

 

Contexto relevante

 

1. El 6 de diciembre de 2016, la Fiscalía 57 Especializada en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Medellín (en adelante “la Fiscalía”) profirió resolución de acusación contra Iván de Jesús Cano Hernández, Julio Eduardo González Ruiz y Germán Alonso Quintero Betancur (integrantes del Ejército Nacional), como coautores de los delitos de homicidio en persona protegida, desaparición forzada, tortura y secuestro simple agravado, en hechos ocurridos el 3 de febrero de 2004 en el corregimiento de Altamira, Municipio de Betulia, Antioquia. En esta misma actuación, el ente acusador se pronunció sobre la medida de aseguramiento que mantenían los procesados, en el sentido de que “continuarán privados de la libertad, toda vez que no han variado las condiciones para que proceda la libertad en su favor[2]

 

2. Como consecuencia de lo anterior, el 23 de enero de 2017, se repartió el asunto al Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, el cual asumió el conocimiento de la etapa de juicio, bajo el radicado CUI 05000310700320170015500.[3] En tal virtud, el 5 de mayo de 2017 se celebró audiencia preparatoria, en la cual los defensores manifestaron que los procesados solicitaron la suspensión de la diligencia por falta de competencia del Despacho. Como fundamento, indicaron que los procesados “se acogieron al trámite de la jurisdicción especial para la paz”, razón por la cual, además, pidieron remitir el proceso a la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)[4], a fin de que se pronuncie sobre su competencia. Tanto la Fiscalía como la parte civil se opusieron a los planteamientos de la defensa.  

 

3. En la misma audiencia del 5 de mayo de 2017, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Antioquia negó las solicitudes de los defensores,

 

por considerar que en la actualidad hay un vacío legal acerca de quién debe continuar conociendo del proceso mientras se nombran los Magistrados que conforman el tribunal (sic) de Justicia Especial para la Paz, y el secretario Ejecutivo no tiene facultades jurisdiccionales para resolver la definición de competencia propuesta por la defensa, por tanto, mientras entra en funcionamiento la JEP este Despacho continuará conociendo de dicha investigación, y una vez nombrados los Magistrados que conforman el tribunal (sic) de Justicia Especial para la Paz se remitirá el presente proceso ante la JEP para que la sala incidental decida de fondo la solicitud de los defensores[5].

 

4. El 18 de septiembre de 2017, la Fiscalía solicitó al Juzgado de conocimiento la prórroga de la medida de aseguramiento de los procesados.[6] La autoridad judicial, en Auto del 22 de septiembre de 2017, resolvió acceder a dicha solicitud, de forma que extendió por un año más la detención preventiva, sin beneficio de excarcelación[7].

 

5. El 23 de noviembre de 2017, el entonces Secretario Ejecutivo de la JEP comunicó al juzgado de conocimiento que el procesado Iván Cano Hernández suscribió acta de compromiso ante dicha Jurisdicción y “cumple con las condiciones previstas en el artículo 56 de la Ley 1820 para (…) acceder a los tratamientos penales especiales diferenciados destinados a los miembros de la Fuerza Pública”, haciendo referencia al beneficio de “privación de libertad en Unidad Militar[8]. A raíz de ello, el 29 de noviembre de 2017, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Antioquia profirió Auto en el que decidió “CONCEDER la libertad transitoria condicionada y anticipada y por ende la privación de la libertad en Unidad Militar que para tal efecto disponga el Ministerio de Defensa Nacional en favor de Iván de Jesús Cano Hernández[9].

 

6. Con posterioridad, el 15 de diciembre de 2017, el Secretario Ejecutivo de la JEP certificó la suscripción del acta de compromiso ante dicha Jurisdicción y el cumplimiento de los requisitos para acceder al beneficio de privación de la libertad en unidad militar (artículo 56 de la Ley 1820 de 2016), respecto del procesado Germán Alonso Quintero Betancur. Por ello, en Auto del 21 de diciembre de 2017, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Antioquia concedió tal beneficio.

 

7. El 4 de abril de 2018, la defensa del señor Julio Eduardo González Ruiz solicitó al Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Antioquia la aplicación del beneficio de “privación de la libertad en unidad militar” porque, insistió, su poderdante suscribió acta de compromiso ante la JEP y cumple los requisitos para que le sea aplicada la prerrogativa invocada[10].

 

8. El 5 de abril de 2018, la apoderada de los tres procesados solicitó remitir, por competencia, el expediente con radicado CUI 05000310700320170015500 a la JEP[11]. Con ocasión de ello, el 2 de mayo de 2018, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Antioquia dispuso “el envío inmediato de la correspondiente carpeta en su estado actual, por el delito de homicidio en persona protegida y otros, a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especializada para la Paz, dado que los procesados reseñados en el escrito de resolución de acusación fungían como miembros del Ejército Nacional a la fecha de la comisión de los hechos. Lo anterior, en razón a que la referida jurisdicción ya se encuentra funcionando[12].       

 

9. En Resolución del 28 de mayo de 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP asumió el estudio del beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada, en relación con el señor Julio Eduardo González Ruíz. Esto, luego de confirmar que se trataba de un asunto incluido en el listado enviado por el Ministerio de Defensa Nacional a dicha Jurisdicción, bajo la denominación “caso Nº 734[13].

 

10. El 23 de julio de 2018, fue allegada a la JEP una solicitud suscrita por los señores Germán Alonso Quintero y Julio Eduardo González Ruíz, presentada por su apoderada judicial, destinada a que se revoque la medida de aseguramiento.

 

11. En Resolución del 24 de septiembre de 2018, la magistrada ponente de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas “asumió el estudio” de la solicitud reseñada en el numeral anterior, y ordenó la obtención de documentos e información relevante para pronunciarse sobre “la concesión de los beneficios solicitados a la JEP[14].   

 

12. El 18 de octubre de 2018, los señores Germán Alonso Quintero y Julio Eduardo González Ruíz solicitaron a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas “la libertad provisional por vencimiento de términos, con fundamento en el numeral 5º del artículo 365 de la Ley 600 de 2000[15].

 

Hechos y actuaciones relacionadas con el conflicto de jurisdicciones

 

13. Mediante Auto del 22 de octubre de 2018 (Resolución Nº 001718), la Subsala Cuarta de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP se pronunció respecto de la solicitud de libertad provisional por vencimiento de términos, elevada por los señores Germán Alonso Quintero y Julio Eduardo González Ruíz, en el sentido de declarar su incompetencia para resolver tal asunto. Como fundamento, indicó lo siguiente:

 

la normatividad que rige a la JEP y a la Sala de Definición de Situaciones no faculta a ninguno de los órganos que integran a esta Jurisdicción para resolver sobre la libertad provisional, dentro de una actuación seguida por la justicia ordinaria. (…) // En el presente caso, los comparecientes SLP (R) Germán Alonso Quintero y Julio Eduardo González Ruíz, han manifestado su voluntad de someterse a la JEP y por ende el otorgamiento del beneficio de la libertad transitoria, condicionada y anticipada, al trámite de tales solicitudes se limita la competencia que tiene la JEP y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas[16]

 

14. De este modo, resolvió:

 

Primero. DECLARAR que la JEP y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas carecen de competencia para pronunciarse sobre la solicitud de libertad por vencimiento de términos presentada por la defensa de los señores SLP (R) Germán Alonso Quintero y Julio Eduardo González Ruíz, dentro del proceso ordinario N. 05-000-31-07-003-2017-00155 (sic), que se sigue en su contra por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Antioquia con Funciones de conocimiento. // Segundo. DEVOLVER el proceso Nº 003-2017-00155 que adelanta el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Antioquia con Funciones de Conocimiento, contra los señores SLP (R) Germán Alonso Quintero y Julio Eduardo González Ruíz, recibido por los Magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas el 12 de septiembre de 2018, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. // Tercero. PLANTEAR CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA, de conformidad con los artículos 93 a 97 de la Ley 600 de 2000, el artículo 72 de la Ley 1922 de 2018 y la sentencia C-674 de 2017 de la Corte Constitucional, para conocer de la actuación que adelanta el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Antioquia con Funciones de Conocimiento, contra los señores SLP (R) Germán Alonso Quintero y Julio Eduardo González Ruíz, por el delito de homicidio en persona protegida y otros, hasta que la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP anuncie públicamente que en tres meses presentará al Tribunal para la Paz resolución de conclusiones. // Cuarto.- DECLARAR LA COMPETENCIA de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y de la JEP exclusivamente respecto del sometimiento a la JEP y la concesión de beneficios derivados del Acuerdo de Paz, solicitados por los señores SLP (R) Germán Alonso Quintero y Julio Eduardo González Ruíz, así como del régimen de condicionalidad en caso de que sean concedidos los beneficios[17].   

 

15. El 1º de febrero de 2019, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Antioquia se pronunció sobre la remisión hecha por la Subsala Cuarta de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, en el sentido de declarar igualmente su incompetencia para conocer del asunto. Como sustento de esta determinación, indicó que, de acuerdo con el Decreto 277 de 2017, la Sentencia C-025 de 2018[18], la Ley 1820 de 2016 y la Sentencia C-080 de 2018[19], no tiene competencia para adoptar decisiones de fondo, relacionadas con la etapa de juicio en la que se encuentra el proceso ordinario bajo referencia. Recalcó insistentemente que en la Sentencia C-025 de 2018 se dijo lo siguiente:

 

la orden de suspender las investigaciones que adelanta la Fiscalía mientras entra en funcionamiento la Jurisdicción Especial de Paz o hasta cuando sean llamados por esta jurisdicción, podría terminar por anular las facultades del ente investigador y deja sin representatividad del Estado el derecho a la justicia de las víctimas, puesto que conlleva a dejar de lado las funciones de indagación e investigación del ente fiscal, que supone la interrupción de la labor de administración de justicia, lo cual en algún grado amenaza los derechos de las víctimas. Entonces, la obligación de investigar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco del conflicto armado es una tarea que, en principio, no se puede suspender. Empero, esta observación del tema, podría comportar graves inconvenientes si quienes se han sometido a un proceso de justicia transicional, pudieran ser requeridos e incluso sometidos a la actividad procesal imperativa del ente de investigación, tanto por la exposición de su seguridad personal como por la limitación de sus actividades en pro de concretar las obligaciones adquiridas con el SIJVRNR. // 238. Por ello, es posible hallar un punto medio en que la Fiscalía no deba suspender los procesos seguidos contra quienes se hallan inmersos en el SIVJRNR, para no poner en  riesgo los derechos de las víctimas a obtener justicia (p.e por la ocurrencia del fenómeno de la prescripción de la acción penal) pero sin que los beneficiarios de la libertad condicionada, puedan ser requeridos para actividades en que se limiten sus márgenes de acción, esto es, el poder ser sometidos a imputaciones, acusaciones, juicios e incluso actividades de investigación como interrogatorios de indiciado o rendición de testimonios, incluso reconocimientos en fila de personas etc. //239.  De esa manera, la Fiscalía podrá continuar con la investigación hasta tanto cumpla con la remisión efectiva a la Jurisdicción Especial para la Paz, proceso que deberá atender al tránsito respectivo que implica la puesta en marcha de la JEP, por lo que en el entretanto, su competencia como ente investigador continuará incólume, pero con las anotadas restricciones en frente de los beneficiarios de este trámite[20].

 

16. En ese sentido, se remitió el proceso a la Corte Constitucional, con el fin de que sea dirimido “el conflicto negativo de competencia planteado por la Jurisdicción Espacial para la Paz y admitido por este Despacho[21].

 

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

1. Competencia

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional está facultada para dirimir los conflictos de jurisdicciones en los que esté involucrado algún órgano de la Jurisdicción Especial para la Paz[22], de conformidad con los artículos 241.11 de la Carta Política[23] y 70 de la Ley 1957 de 2019[24].

 

2. Estudio de los presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones

 

2.1. Esta Corporación ha señalado que los conflictos de jurisdicciones se presentan cuando “dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”[25].

 

2.2. Sobre el particular, en el Auto 155 de 2019[26], esta Sala precisó que se requieren tres presupuestos para que se configure un conflicto de jurisdicciones[27]: (i) Presupuesto subjetivo, el cual exige que la controversia sea suscitada por, al menos, dos autoridades que administren justicia y pertenezcan a diferentes jurisdicciones[28]; (ii) presupuesto objetivo, según el cual debe existir una causa judicial sobre la cual se suscite la controversia, es decir, que pueda verificarse que está en desarrollo un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional[29]; y (iii) presupuesto normativo, a partir del cual es necesario que las autoridades en colisión hayan manifestado, a través de un pronunciamiento expreso, las razones de índole constitucional o legal por las cuales se consideran competentes o no para conocer de la causa[30].

 

2.3. En el caso de la referencia, se satisfacen los anteriores presupuestos porque: (i) el conflicto se suscita entre una autoridad que hace parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (Subsala Cuarta de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas), y otra de la Jurisdicción Ordinaria (Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Antioquia). (ii) Analizados los antecedentes, la Sala observa que la controversia se enmarca en el proceso penal radicado en la Jurisdicción Ordinaria bajo el número 05000310700320170015500, y se relaciona concretamente con dos asuntos, por un lado, con el conocimiento de la solicitud de libertad provisional por vencimiento de términos, elevada el 18 de octubre de 2018 por los señores Germán Alonso Quintero y Julio Eduardo González Ruíz, ante la JEP; y por otro lado, con la definición de la jurisdicción respecto del fondo de la situación jurídica de los procesados. Finalmente, (iii) del recuento antes expuesto, se desprende que ambas autoridades judiciales enuncian razonablemente fundamentos de índole constitucional y legal, en los que soportan cada una de sus posiciones dirigidas a negar su competencia.

 

2.4. De este modo, la Corte Constitucional procederá a resolver el conflicto real de jurisdicciones que se ha suscitado entre la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP y el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Antioquia. Como ya se indicó, son dos cuestiones las que circunscriben el caso de la referencia, sobre las cuales se pronunciará esta Corporación:

 

(i) La competencia para conocer la solicitud de libertad provisional, por vencimiento de términos (en el marco de la Ley 600 de 2000), elevada por los señores Germán Alonso Quintero Betancur y Julio Eduardo González Ruíz ante la JEP.

 

(ii) La definición de la jurisdicción para conocer sobre el fondo de la situación jurídica de los señores Iván de Jesús Cano Hernández, Julio Eduardo González Ruiz y Germán Alonso Quintero Betancur, en virtud de la causa judicial que, en el contexto de la jurisdicción ordinaria, se identifica con el radicado CUI 05000310700320170015500.

 

Para tal efecto, la Corte, en primer lugar, hará referencia a un contexto jurídico general sobre el tránsito de competencias de las distintas jurisdicciones hacia la Jurisdicción Especial para la Paz, para conocer sobre las ‘conductas cometidas con anterioridad al 1° de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado’. Con base en ello, se aludirá luego al ámbito jurídico en el cual se enmarca la competencia para pronunciarse sobre la libertad de los miembros de la Fuerza Pública que, habiendo manifestado su sometimiento a la JEP en los términos de la Ley 1820 de 2016, están privados de la libertad, sin que su situación definitiva haya sido resuelta. Finalmente, esta Sala se pronunciará sobre el tránsito de jurisdicciones destinado a conocer sobre la concesión del tratamiento penal especial definitivo para agentes estatales miembros de la Fuerza Pública que, en virtud de la Ley 1820 de 2016, se someten a la JEP.

 

3. Contexto jurídico general: el tránsito de competencias de las distintas jurisdicciones hacia la Jurisdicción Especial para la Paz, para conocer sobre las “conductas cometidas con anterioridad al 1° de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”

 

3.1. El Acto Legislativo 01 de 2017[31] introdujo un modelo de persecución penal especial, en el marco del sistema de justicia transicional diseñado con ocasión del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, y materializado, principalmente, a través del mecanismo de la Jurisdicción Especial para Paz (JEP). Así, se incorporó en la Constitución Política la competencia prevalente de dicha Jurisdicción, en el sentido de que ésta “conocerá de manera preferente sobre todas las demás jurisdicciones y de forma exclusiva de las conductas cometidas con anterioridad al 1° de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado (…)[32].

 

3.2. El surgimiento del sistema de justicia para la paz, así como el reconocimiento de la competencia preferente y exclusiva suponen, entre otros asuntos, el traslado hacia esta nueva Jurisdicción de las causas judiciales enmarcadas en los ámbitos material[33], personal[34] y temporal[35] de la competencia abstracta de la JEP, y que hubiesen sido inicialmente puestas en conocimiento de las demás jurisdicciones, a fin de que se apliquen e implementen las fórmulas jurídicas propias de la justicia transicional.

 

3.3. Pues bien, desde el punto de vista sustancial, el traslado de competencias al que se hace referencia no significa, en estricto sentido, que la JEP tenga por propósito la sustitución de las distintas jurisdicciones preexistentes. Se trata en realidad de una variación esencial del modelo de justicia, de forma que los casos a que haya lugar sean tramitados desde la perspectiva jurídica de la transición, buscando la realización material de las finalidades y los contenidos del nuevo Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR)[36], a partir de las normas que los desarrollan. No puede perderse de vista que, como lo ha expresado este Tribunal, “la incorporación de un sistema de justicia transicional implica la adopción de un conjunto amplio y complejo de instrumentos o mecanismos tendientes a la satisfacción del derecho a la paz –a través de la superación de la violencia generalizada–, la realización de los derechos de las víctimas, el fortalecimiento del Estado de derecho y el logro de la reconciliación[37]

 

3.4. Ante la robustez y complejidad de la adopción del sistema transicional, es claro que el traslado de jurisdicciones no opera, en todos los casos, de forma simple y automática. Se trata de un proceso en el que, bajo ciertas circunstancias, se observa incluso la importancia de que las demás jurisdicciones sean positivamente complementarias de la transicional, a través de, por ejemplo, el reconocimiento de competencias concurrentes y simultáneas. Normas como las contenidas en la Ley 1820 de 2016[38], el Acto Legislativo 01 de 2017[39], el Decreto 277 de 2017[40], la Ley 1922 de 2018[41] y la Ley 1957 de 2019[42], determinan, según el caso, las condiciones en que debe darse el tránsito de competencias entre las diferentes jurisdicciones y la JEP.  Estas condiciones pueden relacionarse con (i) el tipo de compareciente; (ii) el tratamiento especial o beneficio objeto de estudio; (iii) la naturaleza y características de los hechos (por ejemplo, si se trata de delitos amnistiables, indultables o renunciables, o de graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario); y (iv) el estado en que se encuentren los casos frente a la JEP, de acuerdo con los criterios de priorización y selección.

 

3.5. Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación la Sala hará referencia a la asignación de competencias que resultan relevantes para resolver los asuntos sobre los cuales versa el conflicto de la referencia.

 

4. Competencia automática para decidir sobre la libertad de los miembros de la Fuerza Pública que, habiendo manifestado su sometimiento a la JEP en los términos de la Ley 1820 de 2016, se hallan privados de la libertad, sin que su situación jurídica definitiva se haya resuelto   

 

4.1. En virtud del principio de inescindibilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz[43], el artículo transitorio 21 de la Constitución Política, incorporado por el Acto Legislativo 01 de 2017, establece el tratamiento diferenciado para “los Miembros de la Fuerza Pública que hubieren realizado conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”, con anterioridad al 1º de diciembre de 2016[44]

 

4.2. En este contexto, han surgido progresivamente dos conjuntos normativos que integran mecanismos de tratamientos especiales para los agentes del Estado, miembros de la Fuerza Pública, concernientes a la libertad y previos a la definición permanente de la situación jurídica. Primero, la Ley 1820 de 2016[45], y con posterioridad, el Decreto 706 de 2017[46]. A continuación, se hace referencia a cada uno de estos instrumentos.

 

4.3. El beneficio de libertad transitoria condicionada y anticipada

 

4.3.1. La Ley 1820 de 2016, en su Título IV, regula el acceso a dos tipos de beneficios que, previo a la resolución definitiva del tratamiento penal especial, pueden ser reconocidos a los agentes del Estado que se encuentran “detenidos o condenados”. Se hace referencia, por un lado, al régimen de libertades (Capítulo III) y, por otro, a la privación de la libertad en unidad militar (Capítulo IV). 

 

4.3.2. Específicamente respecto del primer beneficio, el artículo 51 de la Ley 1820 de 2016 indica, en lo pertinente, que:

 

La libertad transitoria condicionada y anticipada es un beneficio propio del sistema integral expresión del tratamiento penal especial diferenciado, necesario para la construcción de confianza y facilitar la terminación del conflicto armado interno, debiendo ser aplicado de manera preferente en el sistema penal colombiano, como contribución al logro de la paz estable y duradera. // Este beneficio se aplicará a los agentes del Estado, que al momento de entrar en vigencia la presente ley, estén detenidos o condenados que manifiesten o acepten su sometimiento a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, con el fin de acogerse al mecanismo de la renuncia a la persecución penal. // Dicha manifestación o aceptación de sometimiento se hará ante el Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, en caso de que no haya entrado en funcionamiento la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. // El otorgamiento de la libertad transitoria, condicional y anticipada es un beneficio que no implica la definición de la situación jurídica definitiva en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz. [(…) continúan parágrafos]” (énfasis fuera del texto original).     

 

4.3.3. De acuerdo con ello, es posible señalar que, en el marco jurídico del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), se incorporó la figura de la libertad transitoria condicionada y anticipada, a través de la cual se reguló expresamente una fórmula de definición previa de la libertad de aquellos agentes del Estado que suscriben el acta donde conste su compromiso de sometimiento a la JEP[47], estando detenidos por disposición del juez penal ordinario, en virtud de, por ejemplo, la imposición de medida de aseguramiento.

 

4.3.4. Ahora bien, el artículo 53 de la Ley 1957 de 2019[48] alude al procedimiento y competencia para la aplicación de la libertad transitoria condicionada y anticipada, en favor de los miembros de la Fuerza Pública que cumplan los requisitos contenidos en el artículo 52 ídem. En materia de competencia, la norma señala que “[e]l Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz comunicará al funcionario que esté conociendo la causa penal sobre el cumplimiento de los requisitos por parte del beneficiado, para que proceda a otorgar la libertad transitoria condicionada y anticipada a que se refiere el artículo anterior” (énfasis fuera del texto original).

 

4.3.5. Por su parte, el artículo 43 (inciso 2°) de la Ley 1957 de 2019 establece que “las competencias de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas previstas en los artículos 54 y 85 de esta ley también se aplicarán en lo pertinente a los agentes del Estado para hacer efectivo lo establecido en el presente título”. El Título al que se hace alusión corresponde al III, sobre “tratamientos penales especiales diferenciados para agentes del Estado”, en cuyo Capítulo III se menciona el “régimen de libertades” y se reproduce el citado artículo 51 de la Ley 1820 de 2016, relativo a la libertad transitoria condicionada y anticipada. Así, se reconoce la competencia material de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP para resolver el acceso a tal beneficio[49].

 

4.3.6. A diferencia de lo que ocurre con el desarrollo normativo de los beneficios concedidos en los supuestos del artículo 35 de la Ley 1820 de 2016[50] (Decreto 277 de 2017[51]), en el caso de los agentes del Estado no existe disposición que regule explícitamente el tránsito temporal de la Jurisdicción Ordinaria a la Especial para la Paz para conocer sobre la concesión del beneficio de la libertad transitoria condicional y anticipada, pese a que, por un lado, el artículo 53 mencionado asigne competencia al “funcionario que esté conociendo de la causa penal” y, por su parte, el artículo 43 lo haga a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Sin embargo, para la Corte Constitucional no hay duda acerca de que la interpretación y aplicación de estas disposiciones deben obedecer a una lectura sistemática, de manera que no se desconozca el ámbito temporal de fijación de competencia en cabeza de la JEP, determinado por la entrada en funcionamiento de dicha Jurisdicción.  

 

4.3.7. Se resalta, entonces, que sólo hasta el 15 de marzo de 2018, fecha en la cual la JEP entró en funcionamiento efectivo[52], el funcionario de la Jurisdicción Ordinaria que estuviera conociendo de la causa penal tenía competencia para resolver el acceso a la libertad transitoria condicional y anticipada. Desde esa fecha, la autoridad judicial sobre la cual recae la competencia para conocer de este beneficio es la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, lo cual materializa plenamente el ya mencionado carácter prevalente de dicha Jurisdicción.[53] En armonía con ello, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha señalado de forma acertada lo siguiente:

 

la competencia para conocer y decidir acerca de la concesión de la libertad transitoria, condicionada y anticipada —mientras entra en funcionamiento la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz—, con fundamento en el artículo 53 de la Ley 1820 de 2016, radica en el funcionario judicial que esté conociendo de la “causa penal”, dependiendo de la fase procesal en que se encuentre el proceso al momento de recibirse la comunicación del Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, de manera que si está surtiéndose la fase de juzgamiento le corresponderá al juez de primera instancia, si en trámite de apelación al de segundo grado y si en sede de casación a la Corte Suprema de Justicia. Por lo mismo, si la sentencia ha cobrado ejecutoria, su conocimiento será de los jueces de ejecución de penas[54] (énfasis fuera del texto original).

 

4.4. El beneficio de revocatoria o sustitución de la medida de aseguramiento para los integrantes de la Fuerza Pública

 

4.4.1. El 3 de mayo de 2017, el Presidente de la República expidió el Decreto 706 de 2017, en el cual se incorporaron al marco jurídico del SIVJRNR otros beneficios, dirigidos a los integrantes de la Fuerza Pública “procesados por conductas punibles cometidas por causa, con ocasión o en relación directa con el conflicto armado interno, respecto de quienes se haya dictado una medida de aseguramiento privativa de la libertad[55].

 

4.4.2. Corresponde, entonces, a un conjunto normativo concretamente destinado a aplicar fórmulas transicionales accesorias respecto de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad, sin que tengan el propósito de determinar la resolución permanente de la situación jurídica de los agentes del Estado a los que se refiere la norma. Se trata de los beneficios de (i) suspensión de la ejecución de las órdenes de captura (artículo 6°), y (ii) revocatoria o sustitución de la medida de aseguramiento (artículo 7°). La Corte Constitucional, a través de la Sentencia C-070 de 2018[56], adelantó el estudio integral de constitucionalidad del Decreto, precisando su alcance y ámbito de aplicación.

 

4.4.3. En primer término, esta Corporación estableció que “el efecto útil de los artículos 6º y 7º del Decreto Ley 706 de 2017 en estudio, pretende que a los miembros de la Fuerza Pública detenidos o [que] tengan librada una medida de aseguramiento privativa de la libertad se les conceda la revocatoria o la sustitución por una no privativa de la libertad respectivamente, y de esta manera, gozar de un beneficio semejante al concedido a los ex combatientes de las FARC y con esto materializar el tratamiento simétrico, equilibrado, equitativo y simultáneo que fue declarado exequible en la sentencia C-674 del 2017” (énfasis fuera del texto original).     

 

4.4.4. Específicamente sobre el segundo beneficio contemplado, el artículo 7° del Decreto en mención señala lo siguiente:

 

Revocatoria o sustitución de la medida de aseguramiento. En virtud del carácter prevalente e inescindible del componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, para hacer efectivo el tratamiento simétrico en algunos aspectos, diferenciado en otros, pero siempre equitativo, equilibrado, y simultaneo, la autoridad judicial correspondiente, tratándose de investigaciones adelantadas por el procedimiento previsto en la Ley 906 de 2004, a solicitud de la Fiscalía General de la Nación y siempre que se den los requisitos legales, revocará la medida de aseguramiento impuesta, o la sustituirá por una no restrictiva de la libertad, en las investigaciones o procesos adelantados contra ellos por conductas punibles cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno. // Tratándose de investigaciones adelantadas por el procedimiento previsto en la Ley 600 de 2000, será el fiscal que adelante la investigación, quien adopte la correspondiente medida

 

4.4.5. Dada la coincidencia de finalidades que, en algunos casos, podría presentar este beneficio accesorio con el de la libertad transitoria condicionada y anticipada anteriormente estudiado, este Tribunal advirtió la necesidad de adelantar una lectura sistemática de los beneficios consagrados en el Decreto 706 de 2017, en articulación con todo el contexto normativo de la JEP. De este modo, indicó que la revocatoria o sustitución de la medida de aseguramiento, en tanto tratamiento simétrico en algunos aspectos y diferenciado en otros, pero siempre equitativo, equilibrado y simultáneo para los miembros de la Fuerza Pública, se encuentra sujeto a las reglas del artículo 52 de la Ley 1820 de 2016 que, como se vio, enlista los requisitos para acceder al beneficio de libertad transitoria condicionada y anticipada.[57]

 

4.4.6. Particularmente, la Corte destacó la estricta sujeción de la revocatoria o sustitución de la medida de aseguramiento al numeral 2° del mencionado artículo 52, según el cual es necesario

 

“[q]ue no se trate de delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma, salvo que el beneficiario haya estado privado de la libertad un tiempo igual o superior a cinco (5) años, conforme a lo establecido para las sanciones alternativas en la Jurisdicción Especial para la Paz”.[58]

 

4.4.7. Además, el estudio del beneficio está supeditado a la manifestación previa de sometimiento a la JEP, en consideración de lo dispuesto en la Ley 1820 de 2016 frente al beneficio de libertad transitoria condicionada y anticipada, y especialmente de conformidad con el parágrafo 1° del artículo 52 de dicha Ley, previamente citado.  

 

4.4.8. En materia de competencia y procedimiento para resolver la revocatoria o sustitución de la medida de aseguramiento, el artículo 7° del Decreto 706 de 2017, como se vio, únicamente señala que la resolución del beneficio le corresponderá, en los casos iniciados bajo la Ley 906 de 2004, a “la autoridad judicial correspondiente”, previa solicitud de la Fiscalía General de la Nación; y en aquellos adelantados en virtud de la Ley 600 de 2000, al fiscal que adelante la investigación.  Esto, sin perjuicio del carácter prevalente de la competencia de la JEP, al que ya se ha hecho referencia en esta providencia, y que es reiterado en el artículo 5° del Decreto 706 en mención[59].  

 

4.5. Conclusiones

 

4.5.1. En suma, el ordenamiento jurídico, en el marco del SIVJRNR, dispone de medidas y procedimientos específicos destinados a resolver  la libertad de los miembros de la Fuerza Pública que, habiendo manifestado su sometimiento a la JEP en los términos de la Ley 1820 de 2016, se hallan privados de la libertad, sin que su situación jurídica definitiva se haya resuelto. Por un lado, el Capítulo III del Título IV de la Ley 1820 de 2016 fija un régimen de libertades aplicable en estos casos, estableciendo el beneficio de “libertad transitoria condicionada y anticipada”; y por otro lado, el Decreto 706 de 2017 incorpora la “revocatoria o sustitución de la medida de aseguramiento” que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, corresponde a una fórmula transicional accesoria. 

 

4.5.2. En ese sentido, para la Corte es claro que, una vez manifestada la sujeción a la JEP, las medidas respecto de la restricción preventiva de la libertad que recaigan sobre los agentes del Estado se circunscriben al ámbito normativo de la justicia transicional, de forma que, sobre esta materia, se tornan impertinentes las fórmulas propias de la jurisdicción penal ordinaria en la cual se impuso la medida de aseguramiento consistente en la privación de la libertad. Esto, además de responder al mandato legal contenido en las normas que integran cada uno de los mecanismos antes mencionados, desarrolla dos fundamentos constitucionales trascendentes: en primer lugar, el carácter prevalente de la competencia de la JEP; y en segundo lugar, de modo preponderante, la importancia de armonizar la superación de privaciones de la libertad que resulten injustificadas en el contexto transicional,[60] con la supremacía y prevalencia de los derechos de las víctimas, lo cual se ve reflejado, entre otros, en los requisitos contenidos el artículo 52 de la Ley 1820 de 2016. 

 

4.5.3. A partir de lo expuesto, resulta claro que conocer de un beneficio previo, como lo es la libertad transitoria condicional y anticipada, no acarrea, de manera alguna, la definición de competencia para resolver la situación jurídica permanente de los integrantes de la Fuerza Pública que, en los términos de la Ley 1820 de 2016, manifiesten su sometimiento a la JEP. Como ya se advirtió, por las particularidades del caso objeto de estudio, la Sala Plena se encuentra abocada a pronunciarse, también, sobre este segundo aspecto.

 

5. Tránsito de jurisdicciones destinado a conocer sobre la concesión del tratamiento penal especial definitivo para agentes estatales miembros de la Fuerza Pública que, en virtud de la Ley 1820 de 2016, se someten a la JEP

 

5.1. El modelo de justicia transicional, implementado a través de la JEP, integra distintos mecanismos especiales de justiciabilidad. En el caso de los agentes del Estado, la Ley 1820 de 2016 estableció que aquellos que “hubieren cometido delitos con ocasión, por causa, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado antes de la entrada en vigor del Acuerdo Final de Paz, recibirán un tratamiento penal especial diferenciado, simétrico, equitativo, equilibrado y simultaneo de conformidad con esta ley[61].

 

5.2. La Corte Constitucional ha indicado que la renuncia a la persecución penal es “el más amplio de tales tratamientos” y corresponde a uno de los beneficios “de mayor intensidad”, dentro del componente de justicia del SIVJRNR[62]. Por tanto, como lo dispone el artículo 46 de la Ley 1820 de 2016, no procede cuando se trate de:

                                        

1. Delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma. // 2. Delitos que no fueron cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado. // 3. Delitos contra el servicio, la disciplina, los intereses de la Fuerza Pública, el honor y la seguridad de la Fuerza Pública, contemplados en el Código Penal Militar”.

 

5.3. En relación con la competencia, el artículo 46 de la Ley 1957 de 2019 determina que “[l]a Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, a petición del interesado o de oficio, resolverá la situación jurídica del agente del Estado con la aplicación o no de la renuncia a la persecución penal”, fijando, en la misma disposición, el procedimiento para tales efectos[63].

 

5.4. Ahora bien, como se indicó en la Sentencia C-080 de 2018[64], el actual artículo 73 de la Ley 1957 de 2019 fija dos “procedimientos de la JEP aplicables para graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, incluyendo crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio”: por un lado, el procedimiento en casos de reconocimiento de verdad y reconocimiento de responsabilidad; y por otro, el procedimiento en caso de ausencia de reconocimiento de verdad y de responsabilidad.

 

5.5. Específicamente respecto del primer procedimiento, pertinente y relevante en esta ocasión por las circunstancias fácticas que enmarcan el asunto de la referencia, no puede perderse de vista que su trámite está compuesto por diversas etapas, cuya competencia recae sobre la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas: (I) la recepción de informes, de acuerdo con los artículos el artículo 79 (literal b) y 80 de la Ley 1957 de 2019, artículo 49 de la Ley 1922 de 2018, así como el artículo 15 transitorio de la Constitución Política, incorporado a través del Acto Legislativo 01 de 2017; (II) la recepción de las versiones voluntarias a las que se refiere el literal e) del artículo 79 de la Ley 1957 de 2019 (en concordancia con los artículos 27A, 27B y 27D de la Ley 1922 de 2018); (III) la etapa de reconocimiento de verdad y responsabilidad, propiamente dicha, de acuerdo con los artículos 79 (literal h) y 80 de la Ley 1957 de 2019, así como el artículo 27C de la Ley 1922 de 2018; finalmente, (IV) la presentación de resoluciones de conclusiones, en aplicación del literal m) del artículo 79 de la Ley 1957 de 2019.

 

5.6. Estas fases del procedimiento, en casos de reconocimiento de verdad y reconocimiento de responsabilidad, se adelantan en el marco de la competencia global de la JEP, relacionada con el ejercicio de la función de priorización y selección a la que se refiere el artículo 66 transitorio de la Constitución Política, adicionado por el artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2012[65]. Tal facultad, en el ámbito del procedimiento bajo mención, encuentra fundamento principalmente en el literal t) del artículo 79 de la Ley 1957 de 2019.[66]

 

5.7. Como lo ha aclarado esta Corporación, el desarrollo de la competencia global corresponde a “una herramienta de organización para el funcionamiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición[67], por lo que su ejercicio, de ningún modo, es significativo de que la JEP esté asumiendo el conocimiento automático para decidir sobre el fondo de cada causa judicial. En este contexto, se reconoce una de las expresiones más importantes de la complementariedad jurisdiccional a la que se hizo referencia previamente (supra 3.4.), pues es claro que, mientras se surten las etapas antes referidas, la Fiscalía mantiene ciertas competencias respecto de los casos que se enmarcan en los ámbitos temporal, material y personal de la JEP.

 

5.8. En ese sentido, el literal j) del artículo 79 de la Ley 1957 de 2019 fija una fórmula especial de traslado de competencias, al disponer que:

 

La Fiscalía General de la Nación o el órgano investigador de cualquier otra jurisdicción que opere en Colombia, continuarán adelantando las investigaciones relativas a los informes mencionados en el literal b) hasta el día en que la Sala, una vez concluidas las etapas anteriormente previstas, anuncie públicamente que en tres meses presentará al Tribunal para la Paz su resolución de conclusiones, momento en el cual la Fiscalía o el órgano investigador de que se trate, deberán remitir a la Sala la totalidad de investigaciones que tenga sobre dichos hechos y conductas. En dicho momento en el cual la Fiscalía o el órgano investigador de que se trate perderá competencias para continuar investigando hechos o conductas competencia de la Jurisdicción Especial de Paz

 

5.9. Al respecto, este Tribunal, en la Sentencia C-080 de 2018[68], fue claro en establecer que “esta regulación permite que no se suspendan las investigaciones y procesos penales hasta tanto la SRV no se encuentre próxima a presentar el informe, con el fin de evitar que se suspenda la labor de investigación de los delitos que pasarán a competencia de la JEP” (subraya fuera del texto original). De ahí que, al analizar su constitucionalidad, haya establecido que:

 

los órganos y servidores públicos que continúen las investigaciones a que se refiere el inciso tercero del literal j del artículo 79, tampoco podrán ordenar respecto de las personas sometidas a la jurisdicción especial, la citación a la práctica de diligencias judiciales. Lo anterior no implica suspender las investigaciones a cargo de la Fiscalía General de la Nación, cuya competencia se mantiene vigente en relación con la búsqueda y recaudo de elementos materiales probatorios y evidencia física en orden a reconstruir la conducta motivo de averiguación (numeral 3 del artículo 250 de la Constitución). Tampoco implica que los responsables de las conductas objeto de los informes remitidos por la Fiscalía y demás órganos judiciales a la JEP queden liberados de obligaciones frente a las referidas investigaciones, pues de conformidad con este precepto (literales f, g y h), quedan a disposición del Sistema, en particular, deben rendir declaración de reconocimiento de verdad y responsabilidad en los plazos establecidos por la SRV, así como cumplir las demás condiciones que les resulten exigibles durante ese lapso ante la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas”.

 

5.10. Así, mientras la JEP ejerce las facultades enmarcadas en su competencia global, la Fiscalía desarrolla competencias complementarias, simultáneas y concurrentes, relativas únicamente a la continuación de los actos de investigación e indagación de los hechos, hasta el día en que la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, una vez concluidas las etapas anteriormente previstas, anuncie públicamente que en tres meses presentará al Tribunal para la Paz su resolución de conclusiones.

 

6. Caso concreto

 

6.1. De conformidad con las consideraciones expuestas, la Sala Plena de la Corte Constitucional constata que se configuró un conflicto de jurisdicciones entre la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz y el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, en relación con dos asuntos: en primer lugar, frente a la decisión sobre la solicitud de libertad provisional, por vencimiento de términos (en el marco de la Ley 600 de 2000), elevada por los señores Germán Alonso Quintero y Julio Eduardo González Ruíz ante la JEP, dentro de la causa judicial que, en el ámbito de la jurisdicción ordinaria, se identifica con el radicado CUI 05000310700320170015500; y en segundo lugar, respecto de la definición de la jurisdicción sobre la cual recae la competencia para decidir sobre el fondo de la situación jurídica de los procesados.

 

6.2. Tal como se reseñó en al acápite de antecedentes del presente Auto, los señores Germán Alonso Quintero y Julio Eduardo González Ruíz se encuentran actualmente privados de su libertad, en virtud de una medida de aseguramiento decidida por la Fiscalía 57 Especializada en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Medellín, el 6 de diciembre de 2016, y prorrogada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, mediante providencia del 22 de septiembre de 2017.

 

6.3. Según lo indicado por la Subsala Cuarta de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, en el Auto del 22 de octubre de 2018 (Resolución Nº 001718), los señores Germán Alonso Quintero y Julio Eduardo González Ruíz manifestaron su voluntad de someterse a dicha jurisdicción especial, mediante actas 301535 y 301594, respectivamente, con ocasión del proceso penal adelantado en la Jurisdicción Ordinaria con radicado CUI 05000310700320170015500.[69]  

 

Sobre el primer problema jurídico

 

6.4. Con base en las consideraciones anteriormente expuestas, es claro que, ante la manifestación de los señores Germán Alonso Quintero y Julio Eduardo González Ruíz de someterse a la JEP, la decisión sobre su libertad, previo a la definición permanente de su situación jurídica, está regida por fórmulas transicionales accesorias, como lo son (A) el Régimen de Libertades al que se refiere Capítulo III del Título IV de la Ley 1820 de 2016, por vía del beneficio reconocido en el artículo 51 de dicha Ley, denominado “libertad transitoria condicionada y anticipada”; y (B) el beneficio de “revocatoria o sustitución de la medida de aseguramiento”, en los términos del Decreto 706 de 2017 y de la Sentencia C-070 de 2018[70]. La competencia para verificar el cumplimiento de los requisitos, conocer y decidir sobre estos beneficios está actualmente en cabeza de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz.

 

6.5. En ese sentido, ni el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Antioquia ni la Sala de Definición de Situaciones de la JEP son competentes para conocer de la solicitud de libertad provisional, por vencimiento de términos (en el marco de la Ley 600 de 2000), elevada por los señores Germán Alonso Quintero y Julio Eduardo González Ruíz porque, como ya se expuso, bajo las circunstancias en la que ellos se encuentran, son inaplicables las fórmulas propias de la jurisdicción penal ordinaria en la cual se impuso la medida de aseguramiento consistente en la privación de la libertad, y en ese sentido, la solicitud mencionada es impertinente.

 

Sobre el segundo problema jurídico

 

6.6. En relación con el conocimiento sobre el fondo de la situación jurídica de los señores Iván de Jesús Cano Hernández, Julio Eduardo González Ruiz y Germán Alonso Quintero Betancur se observa que, mientras el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Antioquia manifestó no tener competencia para surtir las actuaciones propias de la etapa de juicio en que se encuentra el proceso penal, adelantado en la Jurisdicción ordinaria con radicado CUI 05000310700320170015500, la Subsala Cuarta de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP resolvió devolverle el expediente a la autoridad judicial ordinaria, por no haber asumido competencia sobre el fondo del mismo.

 

6.7. La Corte Constitucional observa que, con base en las consideraciones de competencia temporal, material y personal, el conocimiento sobre el fondo de la situación jurídica de los señores Iván de Jesús Cano Hernández, Julio Eduardo González Ruiz y Germán Alonso Quintero Betancur debe ser avocado por la JEP, luego de que se agoten las etapas previas a que haya lugar. 

 

6.8. Lo anterior porque, si bien se ha reconocido la importancia de la complementariedad jurisdiccional, es claro que, de acuerdo con las consideraciones previamente desarrolladas, el traslado de la Jurisdicción Ordinaria a la Especial para la Paz, del conocimiento de las causas judiciales enmarcadas en hechos como los que circunscriben los casos de los señores Cano Hernández, González Ruiz y Quintero Betancur, implica que, siempre que sea jurídicamente posible, mientras la JEP ejerce las facultades propias de su competencia global, la Fiscalía desarrolla competencias simultáneas y concurrentes, relativas únicamente a la continuación de los actos de investigación e indagación de los hechos.

 

6.9. En el caso objeto de pronunciamiento, no es posible desconocer que, al interior de la jurisdicción ordinaria, el proceso penal adelantado bajo el régimen procesal de la Ley 600 de 2000 se encuentra en etapa de juzgamiento. Esto es significativo del cierre de la investigación en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, en los términos del artículo 393 de dicha legislación procesal[71], tal como lo decidió la Fiscalía 57 Especializada en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Medellín, en relación con los casos de los procesados de la referencia, mediante decisión del 31 de octubre de 2016[72].

 

6.10. Por consiguiente, la Corte concluye que sobre la JEP recae la competencia para asumir el conocimiento del caso de los señores Iván de Jesús Cano Hernández, Julio Eduardo González Ruiz y Germán Alonso Quintero Betancur, por tratarse de una causa penal que se encuentra en un etapa procesal en la cual la autoridad judicial de la jurisdicción ordinaria no puede adelantar ninguna actuación adicional. Será, entonces, la Jurisdicción Especial para la Paz la que, superada la fase de competencia global, deberá avocar el conocimiento del asunto para resolver la situación jurídica de los comparecientes.

 

Remedio judicial

 

6.11. Con base en todo lo anterior, la Sala dirimirá el conflicto de jurisdicciones de la referencia, en el sentido de determinar que: (i) tanto el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Antioquia como la Sala de Definición de Situaciones de la JEP carecen de competencia para conocer de la solicitud de libertad provisional, por vencimiento de términos (en el marco de la Ley 600 de 2000), elevada por los señores Germán Alonso Quintero y Julio Eduardo González Ruíz, con ocasión de la causa judicial que, en el ámbito de la jurisdicción ordinaria, se identifica con el radicado CUI 05000310700320170015500; y (ii) siguiendo la fórmula de resolución adoptada desde el Auto 348 de 2019[73], corresponde a la Jurisdicción Especial para la Paz avocar el conocimiento sobre el fondo de la situación jurídica de los señores Iván de Jesús Cano Hernández, Julio Eduardo González Ruiz y Germán Alonso Quintero Betancur, de acuerdo con las consideraciones anteriormente expuestas.   

 

6.12. Asimismo, remitirá el expediente CJU-023 a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP para que, dentro del término legal correspondiente,[74] proceda con la resolución del beneficio de libertad transitoria condicionada y anticipada, respecto del cual asumió competencia en el Auto del 22 de octubre de 2018 (Resolución Nº 001718).    

 

III. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

 

RESUELVE:

 

 

Primero.- DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones suscitado entre la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz y el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, en el sentido de DECLARAR que:

 

(i) Ambas autoridades judiciales carecen de competencia para conocer de la solicitud de libertad provisional, por vencimiento de términos (en el marco de la Ley 600 de 2000), elevada por los señores Germán Alonso Quintero y Julio Eduardo González Ruíz, con ocasión de la causa judicial que, en el ámbito de la jurisdicción ordinaria, se identifica con el radicado CUI 05000310700320170015500.

 

(ii) Corresponde a la Jurisdicción Especial para la Paz avocar el conocimiento sobre el fondo de la situación jurídica de los señores Iván de Jesús Cano Hernández, Julio Eduardo González Ruiz y Germán Alonso Quintero Betancur, de acuerdo con la parte considerativa del presente Auto. 

 

Segundo.- REMITIR el expediente CJU-023 a la Subsala Cuarta de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, con el fin de que, dentro el término legal correspondiente, proceda con la resolución del beneficio de libertad transitoria condicionada y anticipada, respecto del cual asumió competencia en el Auto del 22 de octubre de 2018 (Resolución Nº 001718).

 

Tercero.- ORDENAR a la Subsala Cuarta de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz que comunique la presente decisión a los señores Germán Alonso Quintero y Julio Eduardo González Ruíz, quienes se encuentran actualmente privados de su libertad. 

 

Cuarto.- Por Secretaría General de la Corte Constitucional, COMUNICAR la presente decisión al Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Antioquia.

 

Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

 

 

 

Gloria Stella Ortiz Delgado

Presidenta

 

 

 

Carlos Bernal Pulido

Magistrado

 

 

 

Diana Fajardo Rivera

Magistrada

 

 

 

Luis Guillermo Guerrero Pérez

Magistrado

 

 

 

Alejandro Linares Cantillo

Magistrado

 

 

 

Antonio José Lizarazo Ocampo

Magistrado

 

 

 

Cristina Pardo Schlesinger

Magistrada

 

 

 

José Fernando Reyes Cuartas

Magistrado

 

 

 

Ausente con excusa

Alberto Rojas Ríos

Magistrado

 

 

 

Martha Victoria Sáchica Méndez

Secretaria General

 

 

 

 



[1] Se presenta una síntesis de los hechos que, para la Corte, resultan estrictamente pertinentes a efectos de resolver el asunto que ocupa su atención. Por tanto, se omite hacer referencia a todas y cada una de las actuaciones y trámites judiciales que se han dado en el curso del proceso penal.  

[2] Folio 217 del Cuaderno Nº 6 del proceso penal.

[3] Folio 251, ibídem.

[4] Folio 521, ibídem.

[5] Ibídem.

[6] Folios 55-57 del cuaderno Nº 7 del proceso penal.

[7] Folios 58-64, ibídem.

[8] Folios 155-84, ibídem.

[9] Folios 85-88, ibídem.

[10] Folios 140-145.

[11] Folios 145-150.

[12] Folio 159, ibídem.

[13] Folio 7 del cuaderno de la JEP.

[14] Folio 8, ibídem.

[15] Folio 9, ibídem.

[16] Folio 18, ibídem.

[17] Folios 20 y 21, ibídem.

[18] M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

[19] M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

[20] Folio 162 del cuaderno de la Corte Constitucional.

[21] Folio 164, ibídem.

[22] Sobre el particular, pueden consultarse las Sentencias C-674 de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; y C-080 de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

[23] “Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: (…) 11. Numeral adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015: Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones”.

[24] “Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz”. “Artículo 70. Conflictos de competencias entre jurisdicciones. Los conflictos de competencia entre jurisdicciones se dirimen por la Corte Constitucional de conformidad con lo establecido en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política”.

[25] Autos 345 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; 328 de 2019 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado y 452 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 

[26] M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

[27] Por su pertinencia, se hace referencia a la síntesis adelantada en el Auto 452 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

[28] En consecuencia, no habrá conflicto cuando: (a) sólo sea parte una autoridad; (b) una de las partes en colisión no ejerza funciones jurisdiccionales; o (c) ambas autoridades pertenezcan a la misma jurisdicción, pues se trataría de un asunto interno de la misma que debe ser definido por la autoridad competente para el efecto (Cfr. Artículos 17, 18, 37, 41 y 112 de la Ley 270 de 1996, así como 97 de la Ley 1957 de 2019).

[29] En este sentido, no existirá conflicto cuando: (a) se evidencie que el litigio no está en trámite o no existe, porque, por ejemplo, ya finalizó; o (b) el debate procesal se centra sobre una causa de carácter administrativo o político, pero no jurisdiccional (Artículo 116 de la Constitución).

[30] Así pues, no existirá conflicto cuando: (a) se evidencie que a pesar de concurrir formalmente dos autoridades judiciales, alguna de ellas no ha rechazado su competencia o manifestado su intención de asumirla; o (b) la exposición sobre la competencia desplegada por las autoridades en conflicto no tiene, al menos aparentemente, fundamento normativo alguno al sustentarse únicamente en argumentos de mera conveniencia.

[31]Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones”.

[32] Asimismo, el artículo 6º transitorio, incorporado a la Constitución mediante el artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2017, establece que “el componente de justicia del SIVJRNR, conforme a lo establecido en el Acuerdo Final, prevalecerá sobre las actuaciones penales, disciplinarias o administrativas por conductas cometidas con ocasión, por causa o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, al absorber la competencia exclusiva sobre dichas conductas”. A su vez, el artículo 36 de la Ley 1957 de 2019 reitera el carácter prevalente de la Jurisdicción Especial para la Paz, así: “La JEP conforme a lo establecido en el Acto Legislativo número 01 de 2017, prevalecerá sobre las actuaciones penales, disciplinarias, fiscales o administrativas por conductas cometidas con ocasión, por causa y en relación directa o indirecta con el conflicto armado, al absorber la competencia exclusiva sobre dichas conductas”.

[33] Artículo 62 de la Ley 1957 de 2019.

[34] Artículo 63 de la Ley 1957 de 2019.

[35] Artículo 65 de la Ley 1957 de 2019, y artículo 5° transitorio de la Constitución Política, incorporado por el artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2017.

[36] Según el artículo transitorio 1º de la Constitución Política, incorporado por el Artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2017: “El Sistema Integral estará compuesto por los siguientes mecanismos y medidas: la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado; la Jurisdicción Especial para la Paz; las medidas de reparación integral para la construcción de paz y las garantías de no repetición. // El Sistema Integral parte del principio de reconocimiento de las víctimas como ciudadanos con derechos; del reconocimiento de que debe existir verdad plena sobre lo ocurrido; del principio de reconocimiento de responsabilidad por parte de todos quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto y se vieron involucrados de alguna manera en graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario; del principio de satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. // El Sistema es integral, para que las medidas logren un máximo de justicia y de rendición de cuentas sobre las violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH ocurridas a lo largo del conflicto. La integralidad del Sistema contribuye también al esclarecimiento de la verdad del conflicto y la construcción de la memoria histórica. // El Sistema Integral hará especial énfasis en medidas restaurativas y reparadoras, y pretende alcanzar justicia no solo con sanciones retributivas. Uno de los paradigmas orientadores de la JEP será la aplicación de una justicia restaurativa que preferentemente busca la restauración del daño causado y la reparación de las víctimas afectadas por el conflicto, especialmente para acabar la situación de exclusión social que les haya provocado la victimización. La justicia restaurativa atiende prioritariamente las necesidades y la dignidad de las víctimas y se aplica con un enfoque integral que garantiza la justicia, la verdad y la no repetición de lo ocurrido. // Los distintos mecanismos y medidas de verdad, justicia, reparación y no repetición, en tanto parte de un sistema que busca una respuesta integral a las víctimas, no pueden entenderse de manera aislada. Estarán interconectados a través de relaciones de condicionalidad y de incentivos para acceder y mantener cualquier tratamiento especial de justicia, siempre fundados en el reconocimiento de verdad y responsabilidades. El cumplimiento de estas condicionalidades será verificado por la Jurisdicción Especial para la Paz. // Parágrafo 1°. El Sistema Integral tendrá un enfoque territorial, diferencial y de género, que corresponde a las características particulares de la victimización en cada territorio y cada población y en especial a la protección y atención prioritaria de las mujeres y de los niños y niñas víctimas del conflicto armado. El enfoque de género y diferencial se aplicará a todas las fases y procedimientos del Sistema, en especial respecto a todas las mujeres que han padecido o participado en el conflicto. // La conformación de todos los componentes del Sistema Integral deberá tener en cuenta la participación equitativa entre hombres y mujeres con respeto a la diversidad étnica y cultural y los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, idoneidad ética y criterios de cualificación para su selección. // Parágrafo 2°. El Estado, por intermedio del Gobierno nacional, garantizará la autonomía administrativa y la suficiencia y autonomía presupuestal del SIVJRNR y en especial del componente de justicia, para lo cual podrá hacer uso del Plan de Inversiones para la Paz contenido en el artículo 3° del Acto Legislativo número 01 de 2016”. Asimismo, esta Corporación, en la Sentencia C-674 de 2017 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez), se refirió en extenso a “los instrumentos de verdad, justicia, reparación y no repetición a la luz del deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, y del deber de asegurar los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación”.

[37] Sentencia C-007 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera.

[38] Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones”.

[39]Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones”.

[40] Procedimiento para la efectiva implementación de la Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016 ‘por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones’

[41] Por medio de la cual se adoptan unas reglas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz

[42] Estatutaria de la administración de justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz”.

[43] El “carácter inescindible de la Jurisdicción Especial para la Paz” es reconocido en el artículo transitorio 21 de la Constitución Política, incorporado por el artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2017. Por su parte, el inciso primero del artículo 63 de la Ley 1957 de 2019 señala que “el funcionamiento de la JEP es inescindible y se aplicará de manera simultánea e integral a todos los que participaron directa e indirectamente en el conflicto armado, en los términos de este artículo, y sus decisiones ofrecerán garantías de seguridad jurídica a todos los anteriores”.

[44] En lo pertinente, el artículo transitorio 5º de la Constitución, introducido por el Acto Legislativo 01 de 2017, señala que “La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estará sujeta a un régimen legal propio, con autonomía administrativa, presupuestal y técnica; administrará justicia de manera transitoria y autónoma y conocerá de manera preferente sobre todas las demás jurisdicciones y de forma exclusiva de las conductas cometidas con anterioridad al 1º de diciembre de 2016”.

[45] Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones

[46]Por el cual se aplica un tratamiento especial a los miembros de la Fuerza Pública en desarrollo de los principios de prevalencia e inescindibilidad del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y se dictan otras disposiciones”.

[47] Artículo 52 de la Ley 1820 de 2016: “De los beneficiarios de la libertad transitoria condicionada y anticipada. Se entenderán sujetos beneficiarios de la libertad transitoria condicionada y anticipada aquellos agentes del Estado que cumplan los siguientes requisitos: // 1. Que estén condenados o procesados por haber cometido conductas punibles por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno. // 2. Que no se trate de delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma, salvo que el beneficiario haya estado privado de la libertad un tiempo igual o superior a cinco (5) años, conforme a lo establecido para las sanciones alternativas en la Jurisdicción Especial para la j Paz. // 3. Que solicite o acepte libre y voluntariamente la intención de acogerse al sistema de la Jurisdicción Especial para la Paz. // 4. Que se comprometa, una vez entre a funcionar el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, a contribuir a la verdad, a la no repetición, a la reparación inmaterial de las víctimas, así como atender los requerimientos de los órganos del sistema. // Parágrafo 1°. Para efectos de los numerales anteriores el interesado suscribirá un acta donde conste su compromiso de sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz, así como la obligación de informar todo cambio de residencia, no salir del país sin previa autorización de la misma y quedar a disposición de la Jurisdicción Especial para La Paz. // En dicha acta deberá dejarse constancia expresa de la autoridad judicial que I conoce la causa penal, del estado del proceso, del delito y del radicado de la actuación. // Parágrafo 2°. En caso de que el beneficiado sea requerido por el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y no haga presentación o incumpla alguna de las obligaciones contraídas en el compromiso, se le revocará la libertad. No habrá lugar a la revocatoria por circunstancias diferentes a las aquí señaladas”, reiterado en el artículo 52 de la Ley 1957 de 2019.

[48] Estatutaria de la administración de justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz”.

[49] De igual modo, no debe perderse de vista que, como ya se vio, el artículo 51 de la Ley 1820 de 2016 introduce el sometimiento a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, como condición para acceder a la libertad transitoria condicionada y anticipada.

[50] Artículo 35: “A la entrada en vigor de esta ley, las personas a las que se refieren los artículos 15, 16, 17, 22 y 29 de esta ley que se encuentren privadas de la libertad, incluidos los que hubieren sido procesados o condenados por los delitos contemplados en los artículos 23 y 24, quedarán en libertad condicionada siempre que hayan suscrito el acta de compromiso de que trata el artículo siguiente. // Parágrafo. Este beneficio no se aplicará a las personas privadas de la libertad por condenas o procesos por delitos que en el momento de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, no les permita la aplicación de amnistía de iure, salvo que acrediten que han permanecido cuando menos 5 años privados de la libertad por esos hechos y se adelante e! trámite del acta previsto en el siguiente artículo. // En caso de que la privación de la libertad sea menor a 5 años, las personas serán trasladadas a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), una vez que los miembros de las FARC-EP en proceso de dejación de armas se hayan concentrado en ellas, donde permanecerán privadas de la libertad en las condiciones establecidas en el numeral 7 del artículo 2o del Decreto 4151 de 2011. // Las personas trasladadas permanecerán en dichas ZVTN en situación de privación de la libertad hasta la entrada en funcionamiento de la JEP, momento en el cual quedarán en libertad condicional a disposición de esta jurisdicción, siempre y cuando hayan suscrito el acta de compromiso de que trata el artículo siguiente. // La autoridad judicial que esté conociendo el proceso penal aplicará lo previsto en cuanto a la libertad. // La Jurisdicción Especial para la Paz podrá revocar la libertad de quienes incumplan alguna de las obligaciones fijadas en el acta formal de compromiso. // Si durante la vigencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, los beneficiarios de mecanismos de tratamiento penal especial de la presente ley, se rehusaran a cumplir los requerimientos del Tribunal para la Paz para participar en los programas de contribución a la reparación de las víctimas, o a acudir ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad de la Convivencia y No Repetición, o ante la Unidad de Búsqueda de las Personas dadas por desaparecidas, se les revocará el derecho a que se les apliquen los beneficios de la libertad condicional o las sanciones establecidas en la JEP”.

[51]Por el cual se establece el procedimiento para la efectiva implementación de la Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016 ‘por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones’”. En su artículo 1° se establece el objeto del Decreto, así: “El presente decreto tiene por objeto regular la amnistía de iure concedida por la Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016 para las personas privadas de la libertad por delitos políticos y delitos conexos con éstos, así como el régimen de libertades condicionales para los supuestos del artículo 35 de la Ley 1820 de 2016”.

[52] Ver Sentencia SU-139 de 2019. M.P. Carlos Bernal Pulido; el Auto 451 de 2019. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, y más recientemente el Auto 488 de 2019, que resolvió el expediente CJU-0016. M.P. Alberto Rojas Ríos.

[53] A modo de ilustración, en la Sentencia C-007 de 2018 (M.P. Diana Fajardo Rivera) se explicó que “[f]rente a los beneficios de menor entidad, como libertades condicionales de competencia de las autoridades penales dentro de la jurisdicción ordinaria, caben similares consideraciones a las efectuadas anteriormente, dado que al tratarse de medidas que no definen la situación jurídica de sus beneficiarios pueden ser objeto de debate en las instancias de la JEP. Con la pretensión, en todo caso, de concentrar todos los hechos relacionados con el conflicto armado interno en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición” (énfasis fuera del texto original).

[54] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Auto Interlocutorio AP5275-2017 (Rad. 36487), M.P. Eugenio Fernández Carlier.

[55] Artículo 1°.

[56] M.P. Alberto Rojas Ríos.

[57] En la Sentencia C-070 de 2018 (M.P. Alberto Rojas Ríos), se señaló: “Ahora bien, este tratamiento simétrico en algunos aspectos y diferenciado en otros, pero siempre equitativo, equilibrado y simultaneo para los miembros de la Fuerza Pública, conforme a las consideraciones generales de esta providencia (supra 6.4), está contemplado para cualquier tipo de delitos, salvo por las excepciones contempladas en el numeral 2º del artículo 52 de la Ley 1820 de 2016 (…). // De acuerdo con lo anterior, a la luz de una interpretación sistemática, los beneficios previstos en los artículos 6º y 7º del decreto bajo examen, son aplicables a todos los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en el marco del conflicto armado, con excepción de: (i) los delitos de lesa humanidad, (ii) el genocidio, (iii) los crímenes de guerra, (iv) la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, (v) la tortura, (vi) las ejecuciones extrajudiciales, (vii) la desaparición forzada, (viii) el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, (ix) la sustracción de menores, (x) el desplazamiento forzado, y (xi) el reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma. // A su vez la norma en examen prevé una excepción a la excepción, es decir que los beneficios contemplaos en artículo 6º y 7º del Decreto Ley sí aplican a estos delitos, siempre y cuando el beneficiario haya estado privado de la libertad un tiempo igual o superior a cinco (5) años, conforme a lo establecido para las sanciones alternativas en la Jurisdicción Especial para la Paz. // No se trata entonces de beneficios incondicionados, por lo que las medidas contempladas en los artículos 6º y 7º del Decreto Ley bajo examen son conformes a las reglas jurisprudenciales sobre tratamientos especiales a los Agentes del Estado, fijadas en las sentencias C-674 de 2017 y C-007 de 2018, las cuales son a su vez acordes a las obligaciones internacionales suscritas por Colombia, especialmente en lo que tiene que ver con el artículo 6.5 del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 que excluyen las violaciones a los derechos humanos y la ausencia de garantías para las víctimas. // Es decir, la aplicación de beneficios solo es admisible si no cobija las más intensas lesiones a la dignidad humana y si viene acompañado de una maximización de los derechos de las víctimas. // En cuanto a la calidad procesal de los agentes del Estado a los que se dirigen estas medidas, la Corte Constitucional encuentra que los artículos en revisión tienen como estadios procesales las investigaciones o procesos adelantados contra los miembros de la Fuerza Pública. Sin embargo, al hacer un análisis integral de la norma, se evidencia que tales medidas también aplican a los miembros de la Fuerza Pública contra los cuales se haya proferido sentencia condenatoria. // A esta inferencia se arriba al sistematizar lo dispuesto en los artículos 2º  (principios aplicables) y 3º (inescindibilidad) del Decreto Ley 706 de 2017, los cuales expresamente disponen "en especial para agentes del Estado que hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer..." // En este contexto, las medidas de que tratan los artículo 6° y 7º del decreto objeto de revisión constitucional se ajustan a la Constitución al estar orientadas a favorecer unos sujetos determinados, esto es, los miembros de la Fuerza Pública que se encuentren investigados, procesados o condenados por conductas punibles cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno. (…) En perspectiva de lo antedicho, al realizar el estudio sistemático de las normas que componen el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y conforme a la jurisprudencia constitucional, la Sala  Plena reitera que para la aplicación de las figuras en revisión se deben satisfacer los requisitos legales tendientes a la garantía de los derechos de las víctimas, mediante la contribución sustancial de los beneficiarios, en materia de verdad, reparación y no repetición, bajo un régimen de condicionalidades fijadas por la Corte en la sentencia C-674 de 2017”.

[58] Para la Corte, “este tratamiento simétrico en algunos aspectos y diferenciado en otros, pero siempre equitativo, equilibrado y simultaneo para los miembros de la Fuerza Pública, conforme a las consideraciones generales de esta providencia (supra 6.4), está contemplado para cualquier tipo de delitos, salvo por las excepciones contempladas en el numeral 2º del artículo 52 de la Ley 1820 de 2016”.

[59] Artículo 5° del Decreto 706 de 2017: “El componente de justicia del SIVJRNR, conforme a lo establecido en el Acuerdo Final, prevalecerá sobre las actuaciones penales, disciplinarias o administrativas por conductas cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno, al absorber la competencia exclusiva sobre dichas conductas”.

[60] Como se dijo en la Sentencia C-007 de 2018 (M.P. Diana Fajardo Rivera), uno de los fines esenciales que persigue la incorporación de tratamientos penales diferenciados para miembros de la Fuerza Pública corresponde a la “reconciliación como presupuesto para la estabilidad de la paz”, haciendo referencia a la “construcción de confianza entre las partes para la consolidación y estabilización del proceso de paz”, como un fundamento esencial en el caso del beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada.

[61] Artículo 9° de la Ley 1820 de 2016.

[62] Sentencia C-007 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera. De conformidad con el artículo 42 de la Ley 1820 de 2016, “[l]a renuncia a la persecución penal extingue la acción y la sanción penal, así como la acción de indemnización de perjuicios derivada de la conducta punible y la responsabilidad derivada de la acción de repetición. Lo anterior, sin perjuicio del deber del Estado de satisfacer el derecho de las víctimas a la reparación integral en concordancia con la Ley 1448 de 2011. Todo ello sin perjuicio de las obligaciones de reparación que sean impuestas en cumplimiento de lo establecido en el Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No repetición. // Si por los hechos o conductas objeto de la renuncia a la persecución penal hubiera investigaciones disciplinarias o fiscales en curso o sanciones impuestas como resultado de las mismas, la renuncia las cobijará; el funcionario competente deberá adoptar a la mayor brevedad la decisión que extinga tanto la acción como la sanción, a través de los mecanismos jurídicos correspondientes. En caso de que esto último no ocurra en un plazo de tres meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el interesado podrá solicitar la extinción de la acción o sanción ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, sin perjuicio de la utilización de otros recursos o vías legales que considere”.

[63] En la Sentencia C-080 de 2018 (M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo), la Corte aclaró que la hoy Ley 1957 de 2019 (en la Sentencia se estudió el proyecto de ley estatutaria que dio lugar a esta Ley) “no regula los procedimientos que aplica la JEP conducentes a la concesión de la amnistía y la renuncia a la persecución penal de miembros de la Fuerza Pública por hechos distintos a graves violaciones a derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Dichos procedimientos no suponen como prerrequisito el reconocimiento de responsabilidad y, por consiguiente, la ausencia de reconocimiento de responsabilidad por un hecho amnistiable o renunciable no conlleva la activación de un proceso adversarial ante la Unidad de Investigación y Acusación”.

[64] M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

[65] Modificado por el artículo 3º del Acto Legislativo 01 de 2017.

[66] De acuerdo con la Sentencia C-080 de 2018 (M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo), “[l]a competencia global de aplicación de la facultad de selección, conforme a los criterios constitucionales y estatutarios, es de la Sala de Reconocimiento pues, conforme a lo establecido en los literales b, c y d y k, es esta Sala la que tendrá los informes que permitan a la jurisdicción tener un análisis global de los hechos y situaciones que constituyen graves violaciones a derechos humanos e infracciones a Derecho Internacional Humanitario, su eventual configuración como crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o violaciones graves a los derechos humanos. Con  fundamento en el contraste de dicha información con las declaraciones de aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad de que trata el literal i, podría definir los patrones, los hechos más graves y representativos, los máximos responsables, y atribuir responsabilidades a través del informe de conclusiones conforme a lo definido en el literal m, y aplicar los criterios de selección resolviendo la no selección en aquellos casos en que proceda, aplicando los criterios generales del artículo 19 del Proyecto de Ley. En una etapa posterior, para los hechos no seleccionados, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas definirá la no selección en el caso concreto, y concederá los tratamientos penales especiales que correspondan. De esta manera, la SDSJ aplica la selección en cada caso individual, verificando el cumplimiento del régimen de condicionalidad sobre el universo de casos no seleccionados y remitido por la SRVR a la SDSJ de conformidad con los literales n, o y p del artículo 79 del Proyecto de Ley que se analiza. En consecuencia, mientras que la competencia de selección de la SRVR es global y se da primero en el tiempo, la competencia de selección de la SDSJ es individual, y se da en un momento posterior a la decisión global de selección de la SRVR”.

[67] Auto 348 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera.

[68] M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

[69] Folios 18 del Cuaderno de la JEP.

[70] M.P. Alberto Rojas Ríos.

[71]Artículo 393. Cierre de la investigación. Cuando se haya recaudado la prueba necesaria para calificar o vencido el término de instrucción, mediante providencia de sustanciación que se notificará personalmente, la cual sólo admite el recurso de reposición, se declarará cerrada la investigación y se ordenará que el expediente pase al despacho para su calificación. // Ejecutoriada la providencia de cierre de investigación, se ordenará traslado por ocho (8) días a los sujetos procesales, para presentar las solicitudes que consideren necesarias en relación con las pretensiones sobre la calificación que deba adoptarse. Vencido el término anterior, la calificación se verificará en un plazo máximo de quince (15) días hábiles”.

[72] Folio 190 del Cuaderno Número Cinco del Proceso Penal.

[73] M.P. Diana Fajardo Rivera.

[74] En la Sentencia SU-350 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido), la Sala se pronunció respecto del alcance del habeas corpus, en el marco de los beneficios de libertad de que trata la Ley 1820 de 2016. La Sala indicó que “con independencia del origen y de la naturaleza especial de las normas que el juez está llamado a aplicar, no hay nada que limite el alcance del derecho fundamental y la acción constitucional de habeas corpus en el escenario actual de justicia de transición, en los mismos términos en que el ordenamiento jurídico colombiano lo ha previsto, de tiempo atrás, para todos los demás casos de prolongación ilegal de la privación de la libertad. Se trata, sin duda alguna, de una garantía a la que la JEP, en tanto órgano jurisdiccional, se encuentra por completo vinculada, como toda autoridad que se somete estrictamente a los términos legales.// 49. (…) la norma transicional que regula el habeas corpus en el sistema de justicia transicional (Decreto 700 de 2017) ofrece los elementos suficientes para que su ejercicio resulte ponderado y razonable en relación con las competencias de la JEP. En efecto, la dilación u omisión de resolver, dentro del término legal, las solicitudes de libertad a las que se refieren la Ley 1820 de 2016 y el Decreto Ley 277 de 2017, solo dan lugar a la acción de habeas corpus cuando sean omisiones o dilaciones injustificadas. Como es natural, la labor de determinar si estamos ante una omisión carente de justificación pasa por un análisis circunstanciado del estándar internacional de plazo razonable. // 50. En síntesis, la acción de habeas corpus procede para hacer efectiva la libertad derivada de los beneficios de la Ley 1820 de 2016 y el Decreto Ley 277 de 2017, concretamente, ante la dilación u omisión injustificada de la JEP de resolver, dentro del término legal, las solicitudes de estos beneficios, por parte de quienes tienen derecho a ellos. Por lo tanto, el habeas corpus (…) no varía cuando se trata de los beneficios de la normativa transicional. En consecuencia,  en esos casos también rige la regla, según la cual, la acción de tutela contra la decisión judicial que concede el habeas corpus es excepcionalísima”.

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