Auto 785/22

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Relaciones laborales encubiertas en contratos estatales de prestación de servicios

 

 

Referencia: Expediente CJU-999.

 

Conflicto negativo de jurisdicción suscitado entre el Juzgado 17 Laboral del Circuito de Cali y el Juzgado Octavo Administrativo Oral de la misma ciudad.

 

Magistrado sustanciador:

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS.

 

 

Bogotá D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintidós (2022).

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales profiere el siguiente:

 

AUTO

 

I. ANTECEDENTES

 

1.   El 8 de noviembre de 2019^[1], Marisol Angulo Hurtado, actuando a través de apoderado judicial, promovió demanda ordinaria laboral contra la ESE Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel (en adelante ESE San Miguel), “en solidaridad”^[2] con la Cooperativa de Trabajo Asociado Coexistir Integral CTA (en adelante Coexistir Integral). El propósito de la demanda es declarar la existencia de una relación laboral a término indefinido entre la ESE Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel y la demandante y, en consecuencia, condenar a la entidad “y solidariamente” a la Cooperativa de Trabajo Asociado Coexistir Integral CTA a pagar: i) las diferencias salariales existentes frente al cargo de auxiliar de servicios de salud adscrito al hospital; ii) el auxilio de cesantía y sus intereses, iii) los salarios no pagados; iv) las primas legales y extralegales; v) las vacaciones; vi) la dotación de calzado y vestido; vii) los valores descontados por retención en la fuente; viii) las indemnizaciones de que tratan los artículos 64^[3] y 65^[4] del Código Sustantivo del Trabajo (en adelante CST), así como del artículo 99^[5] de la Ley 50 de 1990^[6]; ix) el bono pensional por el tiempo laborado y x) las demás prestaciones sociales a que haya lugar^[7].

 

2.   La demandante sostuvo que entre el 16 de mayo de 2009 y el 30 de junio de 2011, suscribió un contrato de prestación de servicios con Coexistir Integral, con la finalidad de prestar los servicios de auxiliar de enfermería para la ESE San Miguel. Sin embargo, el vínculo se dio por terminado, toda vez que fue contratada directamente por el hospital desde el 1° de julio de 2011 hasta el 31 de marzo de 2017 para desempeñar el mismo cargo a través de la sucesiva suscripción de órdenes de prestación de servicios, las cuales se relacionan a continuación:

   

      Tabla 1. Órdenes Prestación de Servicios Marisol Hurtado Angulo^[8].

 

3.   La accionante afirmó que prestó sus servicios personalmente y de forma ininterrumpida. Adicionó que desempeñó sus labores bajo continua subordinación y dependencia de acuerdo con las directrices e instrucciones de la demandada^[9], recibiendo una remuneración a cambio. Finalmente, argumentó que, en aplicación del principio de primacía de la realidad, el contrato de prestación de servicios se desfigura si se demuestra “la concurrencia de los tres elementos constitutivos de la relación laboral, es decir, cuando i) la prestación del servicio es personal, ii) subordinada de manera continuada, y iii) remunerada”^[10], condiciones que se cumplirían en el presente asunto.

 

4.   El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado 17 Laboral del Circuito de Cali. Mediante Auto del 12 de marzo de 2020^[11], ese despacho rechazó la demanda por falta de jurisdicción. Argumentó que de conformidad con los artículos 5°^[12] del Decreto 3135 de 1969^[13], 195^[14] de la Ley 100 de 1993^[15] y 26^[16] (parágrafo) de la Ley 10 de 1990^[17], era posible considerar que la accionante tenía la calidad de empleada pública, al encontrarse vinculada con una entidad de tal naturaleza, desempeñando funciones que no corresponderían a las de los trabajadores oficiales (auxiliar de enfermería). Así, consideró que el conocimiento del asunto debía ser asignado a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, quien se encuentra instituida para resolver las controversias que involucran entidades públicas, así como las referidas a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado. Lo anterior según lo dispuesto en los artículos 104.4^[18] y 155.2^[19] del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA). En ese sentido, ordenó remitir el proceso a los juzgados administrativos de Cali (reparto).

 

5.   El expediente fue repartido al Juzgado Octavo Administrativo Oral de Cali^[20]. Mediante Auto del 15 de septiembre de 2020 el despacho judicial declaró la falta de jurisdicción para conocer la demanda y propuso el conflicto negativo de jurisdicciones. Para sustentar su posición el juez citó los artículos 5° del Decreto 3135 de 1969, 26 (parágrafo) de la Ley 10 de 1990, 104.4 del CPACA y 2.1^[21] de la Ley 712 de 2001^[22]. A partir de la referida normatividad consideró que en este caso no se acreditan “los supuestos de que trata el artículo 104 numeral 4° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)”^[23]. Adicionó que “[l]a jurisdicción idónea para conocer de los procesos que versen sobre controversias de la seguridad social de los afiliados con las entidades administradoras o prestadoras, cuando los mismos no son empleados públicos, es la ordinaria, de conformidad con las reglas de competencia establecidas en la legislación laboral, en específico, el artículo 2 numeral 1 del Estatuto Laboral”^[24], dado que la demandante inicialmente estuvo vinculada a través de una Cooperativa de Trabajo Asociado^[25].

 

6.   En consecuencia, remitió el expediente a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca^[26], autoridad que mediante Auto del 26 de mayo de 2021 remitió el expediente a la Corte Constitucional por ser la autoridad competente para resolver el conflicto^[27].

 

7.        El 28 de enero de 2022, la Sala Plena, en sesión virtual, repartió el expediente de la referencia al Magistrado sustanciador, el cual fue remitido al despacho el 2 de febrero de 2022^[28].

 

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

Competencia

 

8.   La Corte Constitucional es competente para resolver todos los conflictos de competencia entre jurisdicciones^[29], de conformidad con el artículo 241.11 de la Carta^[30].

 

Presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones

 

9. Esta Corporación ha señalado que los conflictos de jurisdicciones se presentan cuando “dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”^[31].

 

10. La Corte Constitucional, de forma reiterada, ha considerado que para configurar un conflicto de jurisdicciones es necesario que se den los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo^[32], a saber: i) Presupuesto subjetivo, el cual exige que la controversia sea suscitada por, al menos, dos autoridades que administren justicia y pertenezcan a diferentes jurisdicciones^[33]. ii) Presupuesto objetivo, según el cual debe existir una causa judicial sobre la cual se suscite la controversia, es decir, que pueda verificarse que está en desarrollo un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional^[34]. iii) Presupuesto normativo, a partir del cual es necesario que las autoridades en colisión hayan manifestado, a través de un pronunciamiento expreso, las razones de índole constitucional o legal por las cuales se consideran competentes o no para conocer de la causa.

 

11. En el asunto de la referencia se satisfacen los anteriores presupuestos. Se cumple el presupuesto subjetivo porque el conflicto se suscita entre una autoridad que hace parte de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral (Juzgado 17 Laboral del Circuito de Cali) y otra de la jurisdicción de lo contencioso administrativo (Juzgado Octavo Administrativo Oral de la misma ciudad).

 

12. Se cumple el presupuesto objetivo, dado que existe una controversia en relación con la autoridad competente para conocer el proceso ordinario laboral promovido por Marisol Angulo Hurtado, actuando a través de apoderado judicial, contra la ESE Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel (en adelante ESE San Miguel), “en solidaridad” con la Cooperativa de Trabajo Asociado Coexistir Integral CTA.

 

13. Se cumple el presupuesto normativo, ya que ambos despachos enunciaron fundamentos de índole legal que soportan sus posiciones dirigidas a negar su competencia en relación con el asunto. De una parte, el Juzgado 17 Laboral del Circuito de Cali fundamentó su posición en los artículos 5° del Decreto 3135 de 1969, 195 de la Ley 100 de 1993, 26 (parágrafo) de la Ley 10 de 1990 y 104.4 y 155.2 del CPACA. A partir de estos consideró que se encontraba acreditado que la señora Marisol tuvo la calidad de empleada pública de la ESE San Miguel al haber desempeñado las funciones de auxiliar de enfermería, mismas que no corresponden a las desarrolladas por los trabajadores oficiales.

 

14. De otra, el Juzgado Octavo Administrativo Oral de Cali argumentó que la competencia es de la jurisdicción ordinaria, especialidad laboral, de conformidad con los artículos 5° del Decreto 3135 de 1969, 26 (parágrafo) de la Ley 10 de 1990, 104.4 del CPACA y 2.1 de la Ley 712 de 2001, al no configurarse una relación con una entidad de carácter público.

 

Competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer los conflictos originados en la celebración y ejecución de contratos estatales de prestación de servicios. Reiteración de los autos 492 y 901 de 2021 

 

15. Mediante el Auto 492 de 2021^[35] la Sala Plena de la Corte Constitucional determinó que “de conformidad con el artículo 104 del CPACA, la jurisdicción contencioso administrativa es la competente para conocer y decidir de fondo un proceso promovido para determinar la existencia de una relación laboral, presuntamente encubierta a través de la sucesiva suscripción de contratos de prestación de servicios con el Estado”.

 

16. A la anterior decisión arribó esta Corporación luego de analizar el primer inciso y el numeral 2º del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y la jurisprudencia constitucional relevante^[36]. Según la Sala Plena cuando la controversia se origina en presuntas relaciones laborales encubiertas en contratos estatales de prestación de servicios, será competente el juez administrativo por las siguientes razones: (i) lo que se discute es la validez del acto mediante el cual la administración niega la relación contractual y las acreencias laborales; (ii) el fundamento de las pretensiones se estructura a partir de un contrato de prestación de servicios estatal; (iii) el juez administrativo es el competente para validar si la labor contratada corresponde a una función que “no puede realizarse con personal de planta o requiere conocimientos especializados”, en los términos del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; y (iv) el objeto del proceso consiste en establecer si se configuró un vínculo laboral a través de contratos de prestación de servicios, lo que implica un juicio sobre la actuación de la entidad pública^[37].

 

17. En el Auto 901 de 2021, este pronunciamiento fue aplicado en aquellos casos en los que el conflicto de jurisdicciones se da en el marco de un proceso ordinario laboral y, por tanto, no se pretende la declaratoria de nulidad de un acto administrativo. La Sala Plena reiteró que los jueces administrativos son los llamados a conocer “las controversias originadas para reclamar la declaratoria de un vínculo laboral oculto bajo la figura de un contrato de prestación de servicios celebrado con el Estado”, señalando en términos generales que “cuando el litigio planteado cuestiona la legalidad de actuaciones de la administración, como los contratos de prestación de servicios […] o la validez de un acto administrativo, la competencia es de la Jurisdicción Contencioso Administrativa”.

 

Caso concreto

 

18. La Corte advierte que, de acuerdo con la regla fijada en el Auto 492 de 2021, el asunto debe tramitarse por el Juzgado Octavo Administrativo Oral de Cali. Ello, porque los fundamentos fácticos y jurídicos de la demanda, así como sus pretensiones, se refieren a la eventual existencia de un contrato realidad con el Estado, basado en la aparente celebración indebida de sucesivos contratos de prestación de servicios entre el demandante y la entidad demandada.

 

19. La demandante manifestó que se desempeñó como auxiliar de enfermería para la ESE San Miguel^[38] por más de 6 años, vinculada continuamente mediante contratos de prestación de servicios. Asimismo, hizo referencia a las condiciones de prestación personal y permanente del servicio, la remuneración y la dependencia o subordinación; elementos esenciales dirigidos a demostrar la presunta relación de trabajo entre las partes. Lo anterior, en aplicación de la regla de decisión fijada por la Sala Plena en el Auto 492 de 2021.

 

20. Ahora, si bien los hechos del presente análisis involucran a una Cooperativa de Trabajo Asociado, entidad con la que inicialmente la demandante habría suscrito un contrato, lo cierto es que dicha circunstancia no impide que sea el juez contencioso administrativo quien dirima el caso, dado que: (i) de acuerdo con lo indicado en la demanda, la señora Marisol Angulo Hurtado igualmente habría sido contratada de forma directa por la ESE desde el 1° de julio de 2011 hasta el 31 de marzo de 2017 a través de la sucesiva suscripción de órdenes de prestación de servicios, de manera que ii) en el presente asunto se cuestiona la legalidad de múltiples contratos estatales por considerar que la administración, por medio de estos, encubrió o enmascaró una relación laboral, “[p]or tanto, de acuerdo con lo indicado en el Auto 492 de 2021, el estudio judicial debe realizar la revisión de un contrato público, para examinar si la actuación de la administración, por intermedio del contrato estatal que celebró, incurrió en la conducta alegada por [la] demandante; competencia que recae en los jueces contencioso administrativos, según el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011”^[39].

 

21. Por otro lado, porque (iii) es el juez contencioso administrativo quien puede corroborar si la labor que se contrató con el tercero correspondía con una función que no podría realizarse con el personal de planta o que requiere conocimientos especializados, como lo señala el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 que consagra el contrato estatal de prestación de servicios^[40].

 

22. En ese sentido, como se indicó en el Auto 1170 de 2021^[41], “al tratarse de un conflicto relacionado con un contrato estatal, la competencia recae de forma exclusiva y excluyente en la jurisdicción contencioso administrativa, con independencia de su régimen”.

 

23. Así las cosas, la Corte asignará a la jurisdicción de lo contencioso administrativa la competencia para conocer la demanda y ordenará remitir el expediente al Juzgado Octavo Administrativo Oral de Cali, para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados.

 

Regla de decisión: “[d]e conformidad con lo señalado, la Corte concluye que según lo establecido en el artículo 104 del CPACA, la jurisdicción contencioso administrativa es la competente para conocer y decidir de fondo un proceso promovido para determinar la existencia de una relación laboral, presuntamente encubierta a través de la sucesiva suscripción de contratos de prestación de servicios con el Estado”.

 

III. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

 

RESUELVE:

 

Primero. DIRIMIR el conflicto negativo de jurisdicciones entre el Juzgado 17 Laboral del Circuito de Cali y el Juzgado Octavo Administrativo Oral de la misma ciudad, en el sentido de DECLARAR que el Juzgado Octavo Administrativo Oral de Cali es la autoridad competente para conocer del proceso promovido por Marisol Angulo Hurtado, contra la ESE Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel “en solidaridad” con la Cooperativa de Trabajo Asociado Coexistir Integral CTA.

 

Segundo. REMITIR el expediente CJU-999 al Juzgado Octavo Administrativo Oral de Cali, para lo de su competencia y para que comunique esta providencia al Juzgado 17 Laboral del Circuito de la misma ciudad y a los interesados dentro del trámite judicial correspondiente.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Presidenta

 

 

 

NATALIA ANGEL CABO

Magistrada

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Magistrada

 

 

 

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General