Auto 004/22

 

INEXISTENCIA DE CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE JURISDICCIONES-Incumplimiento del presupuesto subjetivo

 

(…) la Superintendencia Nacional de Salud (i) desplaza a los jueces laborales cuando ejerce funciones jurisdiccionales y, para efectos del recurso contra sus providencias y el trámite de definición de competencia, (ii) se asimila funcional y no orgánicamente a un juzgado de la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral (…)

 

 

Referencia: expediente CJU-182

 

Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 30 Laboral del Circuito de Bogotá D.C. y la Superintendencia Nacional de Salud

 

Magistrada ponente:

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

 

 

Bogotá D. C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintidós (2022)

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente

                                                                                 

AUTO

 

I.        ANTECEDENTES

 

1.                 El 3 de julio de 2019, Sanitas E.P.S. promovió demanda ordinaria laboral en contra de la Entidad Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (en adelante, ADRES)^[1]. Esto, con el propósito de obtener “el reconocimiento y pago de las sumas de dinero que fueron asumidas por EPS Sanitas y que están relacionadas con los gastos en que esta incurrió por razón de la cobertura efectiva de servicios y/o tecnología”, no incorporados en el Plan de Beneficios en Salud (en adelante, PBS)^[2], “en cumplimiento de autorizaciones emitidas por el entonces Comité Técnico Científico (CTC) y acciones de tutela”^[3].

 

2.                 Sanitas E.P.S. solicitó al despacho judicial que, entre otros, (i) declare la responsabilidad de la ADRES por la causación de los perjuicios ocasionados en la modalidad de daño emergente, “con ocasión del rechazo infundado de trescientos dieciséis (316) recobros, conformados por trescientos noventa y nueve (399) ítems, cuyo costo asciende a la suma de ciento treinta y dos millones setecientos veinticuatro mil trescientos catorce pesos ($ 132,724,314.00)”^[4]; (ii) declare la responsabilidad de la ADRES en la causación de los perjuicios causados a Sanitas E.P.S., “que ascienden a la suma indemnización (sic) del 10% por gastos administrativos de recobro: trece millones doscientos setenta y dos mil cuatrocientos treinta y uno pesos ($13.272.431)”^[5] y, por último, (iii) condene a la ADRES al pago de las sumas presuntamente adeudadas, así como al pago de intereses moratorios^[6].

 

3.                 El conocimiento de la demanda le correspondió al Juez 30 Laboral del Circuito de Bogotá D.C., quien, mediante auto de 24 de julio de 2019, declaró su falta de jurisdicción para conocer de la demanda y remitió el expediente a la Superintendencia Nacional de Salud (en adelante, la Supersalud). En su criterio, la competencia del juez laboral se circunscribe a “las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras”^[7], que no a “las controversias que se originen entre entidades prestadoras de servicios y entre estas y la ADRES”^[8], según lo previsto por el artículo 2.2. de Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (en adelante, CPTSS). Por el contrario, resaltó que “la Superintendencia Nacional de Salud puede conocer y fallar en derecho, con carácter definitivo y con las facultades propias de un Juez, conflictos derivados de las devoluciones o glosas a las facturas entre entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud”, según lo disponen los artículos 126 de la Ley 1438 de 2011 y 41 de la Ley 1122 de 2007.

 

4.                 Por medio de auto A2019-003465 de 24 de octubre de 2019, la Supersalud rechazó la demanda por falta de competencia y remitió las diligencias al Consejo Superior de la Judicatura, para que resuelva el conflicto de jurisdicciones suscitado. Esto, por cuanto la competencia de dicha entidad, prevista por el artículo 41 de la Ley 1122 de 2007, “es de carácter concurrente y no privativa, y su conocimiento compete, tanto al juez laboral, como a la Superintendencia Nacional de Salud, a prevención”. Al respecto, resaltó que la competencia de la Supersalud se limita, de forma exclusiva y a petición de parte, a los asuntos jurisdiccionales previstos por los literales a) al f) del artículo 41 de la Ley 1122 de 2007^[9]. Asimismo, reiteró que la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, es competente para conocer de las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social, así como de la ejecución de obligaciones emanadas del sistema de seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 2 y 11 del CPTSS^[10]. En esos términos, concluyó que, debido a la elección del demandante de presentar la demanda ante la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, la Supersalud fue desplazada del conocimiento de la causa, en los términos dispuestos por el parágrafo primero del artículo 24 del Código General del Proceso^[11].

 

5.                 El 2 de febrero de 2021, la Secretaría Judicial de la Comisión de Disciplina Judicial dispuso remitir el presente conflicto de competencias a la Corte Constitucional. Esto, en atención a lo dispuesto por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015. En sesión de 25 de mayo de 2021 de la Sala Plena de esta Corte, el expediente de la referencia fue asignado al despacho de la magistrada sustanciadora^[12].

 

II.      CONSIDERACIONES

 

1.     Competencia

 

6.                 La Corte Constitucional no tiene competencia para resolver conflictos de competencia al interior de una jurisdicción. El artículo 241.11 de la Constitución Política prevé que la Corte Constitucional es competente para “dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre jurisdicciones”^[13]. Esta disposición no confiere a la Corte facultad alguna para resolver conflictos de competencia que se susciten entre autoridades judiciales que forman parte de una misma jurisdicción. Estos conflictos deben ser resueltos al interior de dichas jurisdicciones^[14], de conformidad con lo previsto por la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia –Ley 270 de 1996–, así como el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011–, que definen las autoridades judiciales que deben resolver los conflictos de competencia al interior de la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción de lo contencioso administrativo, respectivamente.

 

7.                 Los conflictos de competencia al interior de la jurisdicción ordinaria.  El artículo 18 de la Ley 270 de 1996 dispone que la Corte Suprema de Justicia y los Tribunales Superiores de Distrito Judicial son competentes para resolver los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades judiciales que forman parte de la jurisdicción ordinaria. De un lado, el inciso 1º de esta disposición prevé que la Corte Suprema de Justicia es la encargada de dirimir los conflictos de competencia “que se susciten entre autoridades de la jurisdicción ordinaria que tengan distinta especialidad jurisdiccional y que pertenezcan a distintos distritos”. De otro lado, el inciso 2º ibidem dispone que los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, por conducto de sus salas mixtas, deben resolver “[l]os conflictos de la misma naturaleza que se presenten entre autoridades de igual o diferente categoría y pertenecientes al mismo Distrito”.

 

8.                 La controversia sub examine no configura un conflicto de competencias entre jurisdicciones. La Sala Plena de la Corte Constitucional carece de competencia para definir el presente conflicto. Esto, por cuanto advierte que la controversia sub examine no configura un conflicto de competencias entre distintas jurisdicciones. En efecto, la Sala constata que:

 

(i)               El artículo 116 de la Constitución Política dispone que, de manera excepcional, “la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas”.

 

(ii)             De conformidad con lo previsto por el artículo 41 de la Ley 1122 de 2007, el legislador atribuyó a la Supersalud funciones jurisdiccionales. Esto, con el objetivo de “garantizar la efectiva prestación del derecho a la salud de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud”. Asimismo, el parágrafo 1° ibidem dispone que las providencias que emita la Supersalud serán conocidas, en apelación, por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial del domicilio del apelante.

 

(iii)          Mediante la sentencia C-119 de 2008, la Corte Constitucional indicó que la Supersalud “desplaza, a prevención, a los jueces laborales del circuito (o civiles del circuito en los lugares en que no existen los primeros), cuya segunda instancia está asignada a la Sala Laboral de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial”^[15]. Además, la Corte precisó que los Tribunales Superiores de Distrito Judicial conocen de dicha apelación como “superiores jerárquicos de los jueces que fueron desplazados por la referida entidad administrativa de su función de decidir en primera instancia”^[16].

 

(iv)           El artículo 139 del Código General del Proceso asignó la competencia para resolver los conflictos de competencia suscitados al interior de la jurisdicción ordinaria al “superior funcional común a las dos autoridades” en conflicto. En particular, el inciso 5º de la disposición citada dispone que: “[c]uando el conflicto de competencia se suscite entre autoridades administrativas que desempeñen funciones jurisdiccionales, o entre una de estas y un juez, deberá resolverlo el superior de la autoridad judicial desplazada”.

 

(v)              Por medio del Auto 1008 de 2021^[17], la Sala Plena de esta Corte se pronunció en un conflicto similar, suscitado entre la Superintendencia Nacional de Salud y un Juez Laboral del Circuito de Bogotá. En dicha providencia, la Sala Plena se declaró inhibida por falta de competencia para pronunciarse sobre el asunto de la referencia y, en consecuencia, dispuso remitir el asunto a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por razones similares a las aquí expresadas.

 

2.     Caso concreto

 

9.                 En el caso sub examine no se configuró un conflicto de competencia entre jurisdicciones. La Sala Plena concluye que carece de competencia para resolver la controversia sub examine, debido a que esta no configura un conflicto entre jurisdicciones. Esto, porque la Superintendencia Nacional de Salud (i) desplaza a los jueces laborales cuando ejerce funciones jurisdiccionales y, para efectos del recurso contra sus providencias y el trámite de definición de competencia, (ii) se asimila funcional y no orgánicamente a un juzgado de la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral. En el caso concreto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá D.C. es la autoridad que funge como segunda instancia para materias como la examinada, por ser el superior jerárquico del juez desplazado y el superior funcional común a las dos autoridades –Superintendencia Nacional de Salud y Juez 23 Laboral del Circuito de Bogotá D.C.–. En tales términos, se trata de un conflicto de competencias que fue suscitado entre dos autoridades que funcionalmente se adscriben a la jurisdicción ordinaria, es decir, al interior de la misma jurisdicción.

 

10.             Así las cosas, la Sala Plena se declarará inhibida para decidir el presente asunto y ordenará el envío del expediente a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá para que (i) resuelva el conflicto de competencia entre el Juzgado 30 Laboral del Circuito de Bogotá D.C. y la Superintendencia Nacional de Salud y (ii) comunique la presente decisión a los interesados.

 

III.     DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

 

RESUELVE:

 

Primero.- Declararse INHIBIDA para pronunciarse sobre la controversia suscitada entre el Juzgado 30 Laboral del Circuito de Bogotá D.C. y la Superintendencia Nacional de Salud para conocer la demanda ordinaria laboral promovida por Sanitas E.P.S. en contra de la Entidad Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES.

 

Segundo.- Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-182 a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá para que resuelva el conflicto de competencia entre el Juzgado 30 Laboral del Circuito de Bogotá D.C. y la Superintendencia Nacional de Salud y para que comunique la presente decisión a los interesados en este trámite.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Presidente

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBAÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ALBERTO ROJAS RÍOS

Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General