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Auto A-1165/22

 

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA APARENTE-Las reglas de reparto no generan conflictos de competencia en materia de tutela

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA APARENTE-Competencia de autoridad judicial a quien primero fue repartida o ante quien se accionó

 

Auto 1165/22

 

 

Referencia: expediente ICC-4218

 

Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Primero de Familia y el Juzgado Séptimo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple, ambos de Santa Marta, Magdalena.

 

Magistrada ponente:

DIANA FAJARDO RIVERA

 

 

Bogotá D. C., doce (12) de agosto de dos mil veintidós (2022)

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I. ANTECEDENTES

 

1.       La señora Gloria Elena Morales Ortiz interpuso una acción de tutela en contra del Banco Agrario de Colombia para buscar la protección a su derecho fundamental de petición. Sostuvo que el 31 de marzo de 2022 radicó una solicitud de información de un crédito activo que tiene con ese banco. Afirmó que recibió respuesta el 22 de abril de 2022. Sin embargo, a su juicio, la misma no fue de fondo, ya que no hubo un pronunciamiento detallado a cada una de las preguntas realizadas por ella.[1]

 

2.       El asunto le correspondió al Juzgado Primero de Familia de Santa Marta, Magdalena, el cual, a través de Auto del 2 de junio de 2022, indicó que según lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 333 de 2021[2] la competencia para conocer de las “accionantes de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares” corresponde en primera instancia a los jueces municipales. Consideró que, teniendo en cuenta que el Banco Agrario es una sociedad de economía mixta del orden nacional sujeta al régimen de empresa industrial y comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Hacienda, la competencia del asunto en primera instancia recaía en los jueces municipales. En consecuencia, dispuso la remisión del expediente para los fines pertinentes.^[3]

 

3.       Realizado el nuevo reparto, el asunto le correspondió al Juzgado Séptimo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Santa Marta, Magdalena, el cual, mediante Auto del 6 de junio de 2022, propuso conflicto negativo de competencia y remitió el expediente a la Corte Constitucional. Señaló que el Juzgado Primero de Familia de Santa Marta, Magdalena, se equivocó al considerar que el Banco Agrario es una entidad del orden departamental o un particular, como sustento para rehusar su competencia, según lo establecido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la definición de conflictos de competencia en materia de tutela.[4]

 

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

4.       La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela les corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996.[5] Asimismo, ha determinado que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual.[6] En consecuencia, esta Corporación ha establecido, según las reglas compiladas en el Auto 550 de 2018,[7] que su competencia solo se activa en aquellos casos en que la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevea cuál es la autoridad encargada de asumir el trámite; o cuando, a pesar de encontrarse prevista, deben aplicarse los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia y, de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales.[8]

 

5.       En esta ocasión, la Corte encuentra que, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley 270 de 1996, el conflicto de competencia propuesto debería ser resuelto por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta por conducto de sus Salas Mixtas. Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela, y en aras de evitar que se dilate aún más una decisión de fondo, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio.

 

6.       De acuerdo con los artículos 86 de la Constitución y 8° transitorio de su título transitorio adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017, y los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial,^[9] (ii) el factor subjetivo^[10] y (iii) el factor funcional.^[11]

 

7.       Según la jurisprudencia pacífica de esta Corporación, las disposiciones contenidas en el Decreto 333 de 2021, de ninguna manera constituyen reglas de competencia de los despachos judiciales, sino únicamente pautas de reparto de las acciones de tutela. Ello implica que el mencionado acto administrativo nunca podrá ser usado por las autoridades judiciales para declarar su falta de competencia. Esta forma de proceder se opone, principalmente, al derecho al acceso a la administración de justicia, dado que no existe fundamento alguno para asumir este conjunto normativo como un mandato procesal del que dependa la resolución del asunto en sede de instancia.^[12]

 

8.       Por lo anterior, la aplicación o interpretación de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 333 de 2021, no autorizan al juez de tutela a declararse incompetente. En lugar de ello, el juez en estos casos debe tramitar la acción o decidir la impugnación, según el asunto puesto a su conocimiento.[13]

 

III. CASO CONCRETO

 

9.       De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso se configuró un conflicto aparente de competencia, en la medida que el Juzgado Primero de Familia y el Juzgado Séptimo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple, ambos de Santa Marta, Magdalena, aplicaron indebidamente las reglas de reparto dispuestas en el Decreto 333 de 2021. De esa manera, las dos autoridades otorgaron un alcance inexistente a tales mandatos y contrariaron la jurisprudencia de esta Corporación, según la cual tales reglas, lejos de integrar mandatos procesales en materia de competencia, son apenas pautas de reparto y/o asignación de expedientes de tutela. Así, desconocieron los principios de celeridad y eficacia en la administración de justicia, así como la naturaleza misma de la acción de tutela, en cuanto mecanismo constitucional para la resolución inmediata de vulneraciones de derechos fundamentales.

 

10.   Con base en las anteriores consideraciones, se concluye que el Juzgado Primero de Familia de Santa Marta, Magdalena, se encuentra en la obligación de resolver, en primera instancia, la acción de tutela por cuanto es la primera autoridad con competencia a la que se le repartió el asunto. En este sentido, se dejará sin efectos el Auto del 2 de junio de 2022, proferido por la mencionada autoridad, y se le remitirá el expediente para que adopte una decisión de fondo inmediatamente.

 

11.   Finalmente, la Sala Plena advertirá al Juzgado Primero de Familia y al Juzgado Séptimo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple, ambos de Santa Marta, Magdalena, que, en lo sucesivo, se abstengan de argumentar su falta de competencia en materia de tutela con fundamento en reglas de reparto.

 

12.   Así mismo, advertirá al Juzgado Séptimo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Santa Marta, Magdalena —autoridad que remitió el expediente de la referencia a esta Corporación— que, siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.^[14]

IV. DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional

 

RESUELVE

 

 

Primero. DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 2 de junio de 2022, proferido por el Juzgado Primero de Familia de Santa Marta, Magdalena, dentro del trámite de la acción de tutela formulada por la señora Gloria Elena Morales Ortiz contra el Banco Agrario de Colombia.

 

Segundo. REMITIR el expediente ICC-4218 al Juzgado Primero de Familia de Santa Marta, Magdalena, para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar. 

 

Tercero. ADVERTIR al Juzgado Primero de Familia y al Juzgado Séptimo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple, ambos de Santa Marta, Magdalena que, en lo sucesivo, se abstengan de argumentar la falta de competencia con fundamento en reglas de reparto y, por lo tanto, decidan conforme a la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional en materia de conflictos de competencia, con el propósito de eliminar las barreras en el acceso a la administración de justicia y garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales.

 

Cuarto.  ADVERTIR al Juzgado Séptimo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Santa Marta, Magdalena, que, siempre que consideren que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018 de esta Corporación.

 

Quinto. Por la Secretaría General de la Corporación, COMUNICAR la decisión adoptada en esta providencia a la parte accionante y al Juzgado Séptimo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Santa Marta, Magdalena.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Presidenta

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

HERNAN CORREA CARDOZO

Magistrado (E)

 

 

 

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General