Auto 1590/22

 

CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA-Factor territorial/FACTOR TERRITORIAL-Competencia a prevención del lugar donde ocurrió la violación o donde tiene efectos

 

Referencia: Expediente ICC-4267

 

Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Conocimiento de Armenia, Quindío, y el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga, Santander

 

Magistrada ponente:

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

 

 

Bogotá D. C., veinte (20) de octubre de dos mil veintidós (2022)

 

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de la prevista en el literal e) del artículo 5º de su Reglamento Interno, profiere el siguiente

                                                                                 

AUTO

 

I.             ANTECEDENTES

 

1.                 El 9 de agosto de 2020, Vilma Raquel Arzuza de Méndez interpuso acción de tutela en contra de la Fiscalía General de la Nación – Seccional Armenia, por considerar que la entidad accionada vulneró sus derechos fundamentales de petición y habeas data[1]. Esto, al considerar que la Fiscalía no había resuelto de forma “clara y de fondo”[2] su petición de 2 de mayo de 2022, en la que solicitó “expedir copia completa del oficio 932 de diciembre 7 de 1993”[3].

 

2.                 La tutela fue repartida al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Conocimiento de Armenia, Quindío. El 9 de agosto de 2022, dicho juzgado determinó que carecía de competencia territorial para avocar el trámite de tutela porque la accionante “reside en el municipio de Floridablanca, Santander” y, a su juicio, por esta razón es allí “donde se presenta la presunta vulneración a los derechos fundamentales reclamados en protección”[4].

 

3.                 El asunto fue repartido nuevamente al Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga, Santander, autoridad judicial que, mediante auto de 11 de agosto de 2022, resolvió (i) “no avocar conocimiento” de la tutela[5] y (ii) “proponer un conflicto negativo de competencia” ante la Corte Constitucional[6]. En criterio de dicha autoridad, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Conocimiento de Armenia es el competente para conocer el asunto, porque (a) el lugar “en donde se genera la presunta vulneración del derecho de petición es ARMENIA – QUINDIO, pues es claro que es allí donde se encuentra la autoridad a la que se le presenta solicitud de información”[7], (b) las pretensiones principales de la accionante están dirigidas a una autoridad cuyo domicilio es la ciudad de Armenia y (c) fue este juzgado a quien se le repartió la tutela inicialmente. Además, adujo que la Corte Constitucional era la entidad competente para resolver el conflicto de competencia porque las autoridades judiciales en conflicto son “Juzgados de diferente distrito judicial”[8].

 

II.          CONSIDERACIONES

 

4.                 Competencia residual de la Corte Constitucional para resolver el conflicto. La Corte Constitucional ha reiterado que, por regla general, la resolución de los conflictos de competencia en materia de tutela corresponde a las autoridades judiciales previstas por la Ley 270 de 1996 –Ley Estatutaria de Administración de Justicia (en adelante, LEAJ)–^[9]. Asimismo, esta Corte ha explicado que su competencia para resolver conflictos de competencia solo se activa cuando: (i) la referida ley no prevé una autoridad encargada de resolverlos^[10] o (ii) a la luz de los principios de celeridad y eficacia, esta Corte deba pronunciarse para garantizar a los ciudadanos acceso oportuno a la administración de justicia^[11]. En criterio de la Sala, el presente asunto debió ser resuelto por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 18 de la LEAJ,^[12] en razón de su competencia residual para resolver conflictos de competencia dentro de la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela y en aras de evitar que se dilate aún más una decisión de fondo, la Corte Constitucional asumirá su estudio.

 

5.                 Factores de competencia en relación con acciones de tutela. La Corte reitera que, de conformidad con los artículos 86 de la Constitución Política y 8 del título transitorio del Acto Legislativo 1 de 2017, así como 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de competencia en materia de tutela, a saber:

 

 

6.                 Conflicto negativo de jurisdicción entre dos autoridades competentes en virtud del factor territorial. Este tribunal ha sostenido que cuando se presente una divergencia entre dos autoridades competentes en virtud del factor territorial, se le debe otorgar prevalencia a la elección hecha por el demandante, pues en virtud del criterio “a prevención”, consagrado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991^[16], se ha interpretado que existe un interés del legislador estatutario en proteger la libertad del actor en relación con la posibilidad de elegir el juez competente para resolver la acción de tutela que desea promover^[17]. De otro lado, la Sala Plena ha señalado que la competencia por el factor territorial no puede determinarse acudiendo, sin más, al lugar de residencia de la parte accionante^[18] o al lugar donde tenga su sede el ente que presuntamente vulnera los derechos fundamentales^[19]. En efecto, la Sala Plena ha indicado que la competencia por el factor territorial corresponde al juez del lugar donde se presentó la supuesta vulneración de los derechos fundamentales de la persona o del lugar donde se producen los efectos de la misma, los cuales pueden o no coincidir con el lugar de domicilio de alguna de las partes[20].

 

III.      CASO CONCRETO

 

7.                 En el caso sub examine se configuró un conflicto negativo de competencia. La Sala Plena advierte que en el presente caso se configuró un conflicto negativo de competencia originado en las diferentes interpretaciones del factor territorial por parte de las autoridades judiciales involucradas. El Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga, Santander, propuso el conflicto negativo de competencia porque consideró que el juez competente para conocer de la tutela era el del lugar de domicilio de la entidad accionada al que se le repartió la tutela inicialmente. Por su parte, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Conocimiento de Armenia, Quindío, argumentó que los juzgados de Floridablanca, Santander, son los competentes para conocer de la tutela sub examine, simplemente por cuanto en el municipio de Floridablanca reside la parte accionante.

 

8.                 El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Conocimiento de Armenia, Quindío, es competente para resolver la acción de tutela. La Sala Plena considera que es el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Conocimiento de Armenia, Quindío, la autoridad judicial a quien le corresponde tramitar la acción de tutela en virtud del factor territorial de competencia. Esto, porque (i) en la ciudad de Armenia se produjeron los presuntos efectos de la vulneración del derecho de petición de la accionante al ubicarse en esta ciudad la sede de la Fiscalía General de la Nación – Seccional Armenia y, (ii) en virtud del criterio “a prevención”, la ciudad de Armenia fue el lugar que la accionante eligió para que se tramitara su acción de tutela.

 

9.                 Conclusión. Con fundamento en lo expuesto, la Sala Plena (i) dejará sin efectos el auto proferido el 9 de agosto de 2022 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Conocimiento de Armenia, Quindío. En consecuencia, (ii) ordenará que se le remita el expediente a dicha autoridad para que continúe con el trámite y profiera decisión de fondo respecto de la acción de tutela presentada por la accionante, de conformidad con lo previsto por el artículo 86 de la Constitución Política y por el Decreto 2591 de 1991. Asimismo, (iii) advertirá al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Conocimiento de Armenia, Quindío que, en adelante, se abstenga de declarar su falta de competencia para conocer una acción de tutela acudiendo, sin más, al lugar de residencia de la parte accionante. Por otro lado, advertirá al Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga, Santander, que (iv) en caso de proponer conflictos de competencia en el trámite de acciones de tutela, remita los expedientes a las autoridades judiciales previstas para el efecto en la Ley 270 de 1996 y en las reglas fijadas en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en el presente auto y compiladas en el auto 550 de 2018.

 

IV.            DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

 

Primero.- DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido el 9 de agosto de 2022 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Conocimiento de Armenia, Quindío, en el marco de la acción de tutela promovida por Vilma Raquel Arzuza de Méndez en contra de la Fiscalía General de la Nación – Seccional Armenia, Quindío.

 

Segundo.- REMITIR el expediente ICC-4267 al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Conocimiento de Armenia, Quindío, para que, de forma inmediata, continúe con el trámite de amparo y profiera la decisión de fondo a que haya lugar dentro de la acción de tutela presentada por el accionante.

 

Tercero.- ADVERTIR al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Conocimiento de Armenia, Quindío, que, en lo sucesivo, se abstenga de declarar su falta de competencia para conocer una acción de tutela acudiendo, sin más, al lugar de residencia de la parte accionada.

 

Cuarto.- ADVERTIR al Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga, Santander, que, siempre que proponga la existencia de un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual, debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, compiladas en el Auto 550 de 2018.

 

Quinto.- Por Secretaría General, COMUNICAR a la parte actora la decisión adoptada mediante esta providencia.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Presidenta

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

HERNÁN CORREA CARDOZO

Magistrado (E)

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General