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Auto A-1595/23

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Controversias sobre procesos ejecutivos originados en condenas impuestas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

AUTO 1595 de 2023

 

Expediente: CJU-3532.

 

Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Quince Administrativo de Medellín (Antioquia) y el Juzgado Tercero Civil Municipal de la misma ciudad.

 

Magistrado ponente:

José Fernando Reyes Cuartas.

 

Bogotá D. C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitrés (2023).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente:

 

AUTO

 

I. ANTECEDENTES

 

1. El 7 de diciembre de 2021, la Fiduprevisora, actuando como vocera y administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG), mediante apoderado judicial, presentó ante el Juzgado Quince Administrativo de Medellín (Antioquia) una “solicitud de ejecución de providencia judicial”^[1] en contra de la señora Luz Marina Benítez Guerra. Lo anterior, con el fin de que se libre mandamiento de pago por el valor correspondiente a las costas procesales aprobadas dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho^[2]. Asimismo, pretende el pago por concepto de intereses moratorios y que se condene en costas a la demandada en el proceso ejecutivo.

 

2. El Juzgado Quince Administrativo de Medellín (Antioquia), quien inicialmente libró mandamiento de pago[3], a través del auto del 3 de junio de 2022[4], declaró su falta de jurisdicción para conocer el presente asunto y remitió el expediente a los jueces civiles municipales de la ciudad. Al respecto, explicó que en atención los artículos 104.6 y 297 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), los jueces administrativos solo conocen de procesos ejecutivos donde el título provenga de una condena a entidades públicas. Asimismo, sustentó su posición en las consideraciones dispuestas en el Auto 857 de 2021.

 

3. Mediante auto del 24 de octubre de 2022[5], el Juzgado Tercero Civil Municipal de Medellín (Antioquia) declaró su falta de competencia para tramitar el proceso, promovió conflicto negativo y ordenó el envío del expediente a la Corte Constitucional. En su criterio, el asunto bajo estudio no se refiere a una demanda ejecutiva nueva, que haría aplicable la regla dispuesta en el Auto 857 de 2021, sino que se trata de una solicitud de ejecución de una condena impuesta por una autoridad judicial de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En consecuencia, a partir de los artículos 104, 298 del CPACA, 306 del Código General del Proceso (en adelante CGP) y el Auto 008 de 2022, corresponde a la referida jurisdicción adelantar el asunto.

 

4. De acuerdo con el reparto del 23 de mayo de 2023, el expediente de la referencia le fue enviado al despacho del magistrado sustanciador el 26 de mayo siguiente[6].

 

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

Competencia

 

5. De conformidad con el artículo 241.11 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia entre jurisdicciones.

 

Presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones

 

6. Esta Corporación ha advertido que para que se configure un conflicto de jurisdicciones, es necesario que se den los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo, como han sido definidos de manera reiterada por este tribunal^[7]. En el caso de la referencia se satisfacen los anteriores presupuestos:

 

 

Competencia para conocer de solicitudes de ejecución promovidas a continuación del proceso, en las que se reclama el pago de condenas impuestas a particulares por la jurisdicción contencioso-administrativa. Reiteración del Auto 008 de 2022[8]

 

7. En el Auto 008 de 2022, la Corte sostuvo que este tipo de solicitudes, presentadas dentro del mismo proceso en el que se originó la sentencia, deben ser conocidas por el respectivo juez que profirió la providencia que se pretende ejecutar. Así, en la providencia mencionada se estructuró la siguiente regla de decisión: “[e]l conocimiento de las solicitudes de ejecución de condenas impuestas en sentencias judiciales proferidas por jueces de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, formuladas a continuación del proceso en el que se emitieron las condenas cuya ejecución se reclama, corresponde a esa misma jurisdicción de acuerdo con los artículos 298 y 306 del CPACA y el artículo 306 del CGP”.

 

8. En esa oportunidad, se estableció que “es procedente la ejecución a continuación del proceso de conocimiento declarativo y condenatorio, en el que no existe demanda ejecutiva separada o independiente. Por el contrario, se trata de una solicitud que hace quien pretende el cobro de la condena, para que la providencia se cumpla dentro del mismo proceso”. En consecuencia, será “(…) el mismo juez de conocimiento, esto es, aquel que profirió la sentencia condenatoria, el competente para conocer de esa solicitud de ejecución sin que se prevean restricciones fundadas en la naturaleza del demandado (…)”.

 

Caso concreto

 

9. La Sala Plena concluye que la autoridad judicial competente para conocer de la solicitud de ejecución presentada por la Fiduprevisora, en calidad de vocera y administradora del FOMAG, es el Juzgado Quince Administrativo de Medellín (Antioquia). En efecto, en el asunto sub examine, se advierte que: (i) la parte demandante radicó una solicitud de ejecución de una providencia judicial; (ii) la decisión que se pretende ejecutar fue proferida por el Juzgado Quince Administrativo de Medellín (Antioquia) dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado N°05001-33-33-015-2017-00402-00, donde se condenó a la señora Benítez Guerra al pago de las costas procesales; y (iii) no se trata de un proceso ejecutivo independiente. Por el contrario, la solicitud de ejecución se formuló dentro del mismo trámite procesal.

 

10. Así las cosas, la Corte reiterará la regla jurisprudencial del Auto 008 de 2022 y remitirá el expediente CJU-3532 al Juzgado Quince Administrativo de Medellín (Antioquia), para que continue con el presente trámite. Esta autoridad deberá comunicar la presente decisión al juez civil involucrado en el conflicto y a los sujetos procesales.

 

III. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

Primero. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Quince Administrativo de Medellín (Antioquia) y el Juzgado Tercero Civil Municipal de la misma ciudad, en el sentido de DECLARAR que el Juzgado Quince Administrativo de Medellín (Antioquia) es la autoridad competente para conocer la solicitud de ejecución promovida por la Fiduprevisora, en calidad de vocera y administradora del FOMAG, en contra de la señora Luz Marina Benítez Guerra.

 

Segundo. Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-3532 al Juzgado Quince Administrativo de Medellín (Antioquia) para que proceda con lo de su competencia y les comunique la presente decisión al Juzgado Tercero Civil Municipal de la misma ciudad y a las sujetos procesales y partes interesadas.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Presidenta

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General