TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-1678/23

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Conocimiento de actos sujetos al derecho administrativo, cuando esté involucrada una entidad pública

 

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer de demandas relativas a salarios y sanciones indemnizatorias de una persona que se vinculó a la entidad en calidad de supernumeraria, figura regida por normas del derecho administrativo y cuya vinculación se realiza mediante resolución administrativa.

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

Auto 1678 de 2023

 

Referencia: Expediente CJU-3587

                      

Conflicto de competencia entre jurisdicciones suscitado entre el Juzgado 2º Laboral del Circuito de Itagüí, Antioquia y el Juzgado 1º Administrativo Oral de Medellín

 

Magistrado ponente: Jorge Enrique Ibáñez Najar

 

 

Bogotá D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil veintitrés (2023)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de la prevista en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente

 

 

AUTO

 

 

I.       ANTECEDENTES

 

1.                  El 18 de enero de 2021, el señor Nilson Enrique Urrego Lara, por intermedio de apoderada judicial, inició un proceso ordinario laboral en contra de la empresa social del Estado (E.S.E.) Hospital La Estrella de La Estrella, Antioquia,[1] en el que pretende “[d]eclarar el pago de la sanción moratoria prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo correspondiente a 255 días de mora” y “[c]ondenar al pago de la sanción moratoria prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo por valor de $10.747.918 (diez millones setecientos cuarenta y siete mil novecientos dieciocho pesos), por no haberse pagado a la terminación del contrato de trabajo las prestaciones debidas al exservidor de acuerdo con la última remuneración de $1.264.461 (un millón doscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y un pesos”,[2] además de ser condenada en costas y agencias en derecho.

 

2.                  En el hecho primero del escrito de demanda, la apoderada judicial afirmó que el señor Nilson Enrique Urrego Lara “trabajó a título de Supernumerario en el nivel asistencial, en el cargo de Conductor de ambulancia para la E.S.E. Hospital La Estrella bajo Resolución de nombramiento No. 007 del 02 de enero de 2020, y toma posesión del cargo desde el 7 de enero de 2020 hasta el 31 de marzo de 2020”.[3] De lo anterior, la parte actora señaló que, al culminar la relación laboral, la E.S.E. Hospital La Estrella no le realizó el pago de la liquidación del contrato, argumentando que no tenían la disponibilidad presupuestal para tal efecto. Por consiguiente, el 18 de noviembre de 2020, el señor Nilson Enrique Urrego Lara presentó una reclamación en la que solicitó el pago de la liquidación, así como la indemnización por falta de pago prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. El 15 de diciembre de 2020, la entidad demandada realizó la consignación de la liquidación definitiva al demandante, sin embargo, no pagó la indemnización referida y pretendida en el escrito de demanda.

 

3.                  El asunto le correspondió por reparto al Juzgado 2º Laboral del Circuito de Itagüí, Antioquia, el cual, mediante Auto Interlocutorio No. 052 del 28 de enero de 2021, admitió la demanda y dio trámite al proceso ordinario laboral de única instancia. Sin embargo, en audiencia oral del 15 de julio de 2021, la titular de este despacho judicial declaró probada la excepción previa de falta de jurisdicción y competencia, y resolvió enviar el asunto a los jueces administrativos.[4] Para fundamentar su postura, señaló que se debe acudir a las reglas generales de vinculación de la entidad, en particular, al artículo 26 de la Ley 10 de 1990 que se refiere a la clasificación de empleos dentro de la reorganización del Sistema Nacional de Salud, en el sentido que los cargos de dirección son de libre nombramiento y remoción, que los trabajadores oficiales son los que se encargan del mantenimiento de la planta física hospitalaria o de servicios generales, mientras que el resto de los empleos son de carrera administrativa. Posteriormente, refirió que en el caso concreto el demandante era un conductor de ambulancia, siendo una actividad que no tiene relación con el mantenimiento de plantas físicas hospitalarias o de servicios generales, sino que constituye una labor asistencial médica que guarda relación con las actividades que realiza la E.S.E. Hospital La Estrella. Finalmente, señaló que la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia SL 1334 de 2018 estableció que los conductores de ambulancia son empleados públicos, por lo que las controversias laborales de estos servidores son competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.[5]

 

4.                  El 22 de julio de 2021, el asunto fue repartido al Juzgado 1º Administrativo Oral de Medellín, el cual, mediante Auto del 10 de diciembre de 2021, admitió la demanda adecuada al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, y dio inicio al proceso de lo contencioso-administrativo. A pesar de ello, por medio de Auto del 20 de enero de 2023, esta autoridad judicial declaró la falta de jurisdicción y un conflicto negativo de competencia con el Juzgado 2º Laboral del Circuito de Itagüí, Antioquia, por lo que remitió el asunto a la Corte Constitucional para dirimir la colisión suscitada. A su juicio, el cargo de conductor corresponde a un trabajador oficial, según extrajo del Concepto 38161 de 2020 emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública acerca de la clasificación de empleos y la naturaleza jurídica de los cargos pertenecientes a una Empresa Social del Estado.[6] Después de citar la Sentencia 201400248 de 2020 del Consejo de Estado, así como el artículo 195.5 de la Ley 100 de 1993 y el Auto 441 de 2022 de la Corte Constitucional, referente a las formas generales de vinculación del Estado y, en particular, de las empresas sociales del Estado entre empleados públicos y trabajadores oficiales, concluyó que “[s]egún las normas expuestas y la jurisprudencia enunciada, para esta Judicatura considera que no es procedente continuar conociendo de este asunto.”

 

5.                  Mediante sesión virtual del 18 de abril de 2023 fue repartido al despacho encargado y la remisión para la sustanciación se realizó el 21 de abril siguiente.[7]

 

 

II.     CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

A.               Competencia

 

6.                  De conformidad con lo previsto en el artículo 241.11 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015,[8] la Sala Plena de la Corte Constitucional está facultada para dirimir los conflictos de competencia entre jurisdicciones.

 

 

B.      Presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones

 

7.                 Esta Corporación ha señalado que los conflictos de competencia entre jurisdicciones se presentan cuando “dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo).”[9]

 

8.                 En ese sentido, en el Auto 155 de 2019, la Sala Plena precisó que se requieren tres presupuestos para que se configure un conflicto de competencia entre jurisdicciones. Exigencias que en el presente caso se acreditan tal y como se demuestra a continuación:

 

 

 

C.     Asunto objeto de decisión y metodología

 

9.                  Con base en lo anterior, la Corte dirimirá el conflicto entre el Juzgado 2º Laboral del Circuito de Itagüí, Antioquia, y el Juzgado 1º Administrativo Oral de Medellín. En primer lugar, reiterará la jurisprudencia en relación con la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer controversias relacionadas con el régimen de seguridad social y la relación laboral de una persona que fue vinculada a una entidad pública en calidad de supernumeraria. En segundo lugar, resolverá el caso concreto.

 

 

D. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer sobre las controversias relacionadas con el régimen de seguridad social y la relación laboral de una persona que fue vinculada a una entidad pública en calidad de supernumeraria.

 

10.             Los supernumerarios son empleados de la administración pública, cuya forma de vinculación es excepcional y temporal, de acuerdo a las necesidades circunstanciales de las entidades públicas. De esta manera, los dos primeros incisos del artículo 83 del Decreto 1042 de 1978 autorizan a las entidades públicas para vincular personal supernumerario para cubrir las vacancias temporales derivadas de licencias o vacaciones y para realizar labores estrictamente transitorias.[13] Al respecto, la Corte Constitucional ha reafirmado las características de los supernumerarios en las Sentencias C-401 de 1998 y T-683 de 2016, entre otras, y ha destacado la transitoriedad de los cargos conforme a licencias o vacaciones de los servidores públicos en propiedad, así como el ejercicio de actividades transitorias atribuidas a entidades de derecho público.

 

11.             Ahora bien, una de las características de la vinculación del personal supernumerario es que se realiza mediante resolución y que ese acto administrativo debe fijar la duración de vinculo y la asignación mensual que le corresponde al empleado. De lo anterior, se extrae que la vinculación de los supernumerarios se establece por medio de decisiones administrativas, las cuales están reguladas por el Derecho Administrativo dada la naturaleza del acto. De lo anterior, en uno de los apartes de la Sentencia C-401 de 1998, la Corte Constitucional afirmó que esta relación laboral está regida por normas de derecho administrativo.

 

12.             Por otro lado, el artículo 21 de la Ley 909 de 2004 habilita a las entidades públicas para establecer excepcionalmente empleos de carácter temporal en sus plantas de personal. El mismo artículo dispone que los empleos temporales sirven para resolver problemas extraordinarios de personal: la necesidad de desarrollar funciones que no hacen parte de la actividad general de la administración; de desplegar proyectos con una duración determinada; de solucionar la sobrecarga de trabajo o de realizar labores temporales de consultoría o asesoría.^[14]

 

13.             Del mismo modo, la norma establece que el nombramiento de los empleos temporales se debe realizar mediante acto administrativo. Explica que esos actos deben fijar el término de duración del empleo y que el nominador puede declarar la insubsistencia del nombramiento o terminarlo, también a través de acto administrativo. En consecuencia, el inciso 1º del artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo le asigna a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo las controversias referentes a «… actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.». Eso quiere decir que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tiene la competencia para juzgar las disputas relativas a la vinculación de los supernumerarios y los empleados públicos temporales.

 

14.             Finalmente, la Corte Constitucional, en el Auto 786 de 2022, conoció de un asunto en el que un supernumerario reclamaba derechos y acreencias laborales contra una entidad pública, y la regla de decisión fijada correspondió a que: “[l]a Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer de demandas relativas a la relación y vinculación laboral de una persona que (i) se vinculó a la entidad en calidad de supernumeraria, figura regida por normas del derecho administrativo y cuya vinculación se realiza mediante resolución. (ii) Solicitó, en dicha calidad, el reconocimiento de un vínculo laboral con su empleador, para que (a) le fueran reconocidas y pagadas unas incapacidades y sus intereses, las prestaciones sociales y la indemnización del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo (…).” Lo anterior, al estudiar las características de la forma de vinculación de los supernumerarios, determinó que el contenido del artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo advierte que esta jurisdicción conoce de las controversias generadas en actos administrativos, concluyendo que el régimen de vinculación laboral de los supernumerarios se realiza por medio de ese instrumento.

 

 

D.      Caso concreto

 

15.             La Sala Plena advierte que en el caso sub judice se presentó un conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 2º Laboral del Circuito de Itagüí, Antioquia, y el Juzgado 1º Administrativo Oral de Medellín. Con base en las consideraciones planteadas, la Sala dirime el presente conflicto en el sentido de señalar que el Juzgado 1º Administrativo Oral de Medellín es la autoridad competente.

 

16.             El asunto que suscita el conflicto de competencia se fundamenta en que el señor Nilson Enrique Urrego Lara pretende que la E.S.E. Hospital La Estrella de la Estrella, Antioquia, le pague la indemnización por, posiblemente, no haber realizado la consignación de su liquidación acorde a los tiempos señalados por la Ley. De acuerdo con los hechos de la demanda, su vinculación como supernumerario se realizó a través de la Resolución de nombramiento No. 007 del 02 de enero de 2020, tomando posesión del cargo desde el 7 de enero de 2020 y hasta el 31 de marzo de 2020. Sobre este punto, se encuentra que el demandante al haber sido vinculado como supernumerario del nivel asistencial, trabajando en el cargo conductor de ambulancia para la entidad hospitalaria demandada, esta figura no clasifica como parte de los empleados públicos ni de los trabajadores oficiales, por tanto, se trata de una categoría especial y diferente, como se sustentó en la parte considerativa del presente Auto.

 

17.             En consecuencia, con fundamento en las Sentencias C-401 de 1998 y T-683 de 2016, así como lo considerado en el Auto 786 de 2022, promulgados por la Corte Constitucional, se concluye que los supernumerarios se vinculan mediante resolución administrativa y que, en esa medida, la relación con el Estado se rige bajo las normas del derecho administrativo. De ahí que, la competencia aplicable corresponde a la del inciso primero del artículo 104 del CPACA. Así, las controversias originadas en actos sujetos al derecho administrativo en las que estén involucradas entidades públicas y privados que ejerzan función administrativa, deberán ser conocidas y decididas por la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Esto incluye las disputas relativas al régimen de seguridad social y la relación laboral de las personas vinculadas a entidades públicas en calidad de supernumerarios.

 

18.             Conforme a lo anterior, la Corte, con fundamento en lo previsto en el artículo 104 del CPACA y lo establecido en el Auto 786 de 2022, ordenará remitir el expediente al Juzgado 1º Administrativo Oral de Medellín, el cual deberá comunicar la presente decisión a los interesados.

 

19.             Regla de decisión. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer de demandas relativas a salarios y sanciones indemnizatorias de una persona que se vinculó a la entidad en calidad de supernumeraria, figura regida por normas del derecho administrativo y cuya vinculación se realiza mediante resolución administrativa.

 

 

III.   DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

 

 

RESUELVE

 

PRIMERO. DIRIMIR el conflicto negativo de competencia entre el Juzgado 2º Laboral del Circuito de Itagüí, Antioquia, y el Juzgado 1º Administrativo Oral de Medellín, en el sentido de DECLARAR que el Juzgado 1º Administrativo Oral de Medellín es la autoridad competente para conocer del proceso judicial en cuestión.

 

SEGUNDO. REMITIR el expediente CJU-3587 al Juzgado 1º Administrativo Oral de Medellín para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a todos los interesados.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Presidenta

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General