TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-1744/23

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Controversias relacionadas con un contrato en el que sea parte una entidad pública

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

 

AUTO 1744 DE 2023

 

Referencia: expediente CJU-3592

 

Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Primero Administrativo de Yopal y el Juzgado Tercero Civil Municipal de Yopal

 

Magistrada ponente:

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

 

Bogotá D.C., dos (2) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente

 

AUTO

 

      I.            ANTECEDENTES

 

1.                 Demanda ejecutiva. El 4 de septiembre de 2020, el Instituto Financiero de Casanare (en adelante, el “IFC”), a través de apoderada judicial, presentó demanda ejecutiva singular de mínima cuantía en contra de Wilmer Javier Mujica Colmenares, “a fin de reclamar la suma adeudada en virtud del contrato y acta de liquidación del contrato de ganado en participación No.270-2008”[1]. La apoderada del IFC argumentó que el plazo para la ejecución del contrato “finalizó el día 31 de mayo de 2016”[2], por lo que lo liquidó unilateralmente. Adujo que, al momento de la liquidación, el señor Mujica Colmenares le adeudaba la suma de $4.527.606. Asimismo, afirmó que “conforme a la cláusula vigésima del contrato, [este y el acta de liquidación] presta[n] merito ejecutivo”[3] y que “la obligación contenida en [estos] es clara, expresa y exigible”[4]. En consecuencia, solicitó como pretensiones que se libre mandamiento de pago (i) por la suma de $4.527.606, “por concepto de saldo a favor de [su] representado, conforme a la liquidación del contrato”[5] y (ii) por concepto de intereses de mora, “exigibles desde la presentación de la demanda, liquidados a máxima tasa legal permitida”[6]. Así mismo, (iii) solicitó que se condenara al demandado al pago de costas y gastos procesales.

 

2.                 Rechazo por falta de jurisdicción. El conocimiento del proceso le correspondió, por reparto, al Juzgado Tercero Civil Municipal de Yopal (Casanare)[7]. El 31 de mayo de 2022[8], dicho juzgado resolvió (i) “efectuar (sic) control de legalidad de las presentes diligencias”[9], (ii) “declarar la falta de jurisdicción”[10] y (iii) remitir el expediente a los juzgados administrativos de Yopal. En su criterio, el título que se pretende ejecutar “es un contrato estatal y su acta de liquidación”[11], además, la entidad que promueve la demanda, el IFC, no es “una entidad del orden del derecho financiero”[12]. Por lo tanto, la demanda versa sobre la ejecución de un “contrato estatal, en el que es parte una entidad pública y su acta de liquidación (sic) y no un acto derecho comercial como un título valor”[13], por lo que su conocimiento corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de conformidad con el artículo 104.6 del CPACA[14].

 

3.                 Conflicto de jurisdicciones. El expediente fue nuevamente repartido al Juzgado Primero Administrativo de Yopal. El 16 de diciembre de 2022, dicha autoridad resolvió (i) declarar su falta de jurisdicción y competencia, (ii) plantear un conflicto negativo de jurisdicciones y (iii) remitir el expediente a la Corte Constitucional para que lo dirimiera. Sostuvo que, contrario a lo concluido por el juzgado civil, el IFC tiene “inequívocamente [el] carácter de entidad financiera del orden departamental”[15], de conformidad con el Decreto 0073 de 30 de mayo de 2002. Igualmente, argumentó que la demanda está relacionada con la ejecución un contrato que forma parte “del giro ordinario de los negocios”[16] del IFC. En tales términos, concluyó que se cumplían con los presupuestos para aplicar la excepción prevista en el artículo 105. 1 del CPACA, de modo que el asunto debía ser conocido por la jurisdicción ordinaria.

 

4.                 Remisión del expediente. El 6 de febrero de 2023, el Juzgado Primero Administrativo de Yopal envió el expediente a la Corte Constitucional. El 23 de mayo de 2023, el expediente de la referencia fue asignado al despacho de la magistrada sustanciadora[17].

 

 

   II.            CONSIDERACIONES

 

1.     Competencia

 

5.                 La Corte Constitucional es competente para resolver el presente conflicto de jurisdicciones, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política.

 

2.     Verificación de los presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones

 

6.                 Presupuestos de los conflictos de jurisdicciones. Los conflictos de competencia entre jurisdicciones se presentan cuando dos o más autoridades judiciales “se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguno le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”^[18]. La Corte Constitucional ha sostenido en reiterada jurisprudencia que para que este tipo de controversias se configuren es necesario que se acrediten tres presupuestos: subjetivo, objetivo y normativo^[19], los cuales se explican en el siguiente cuadro:

 

 

7.                 El asunto sub examine configura un conflicto de jurisdicciones. Esto es así, por las siguientes razones:

 

·        Primero, satisface el presupuesto subjetivo, toda vez que enfrenta a dos autoridades judiciales de distintas jurisdicciones, esto es, (i) el Juzgado Tercero Civil Municipal de Yopal, que integra la jurisdicción ordinaria, y (ii) el Juzgado Primero Administrativo de Yopal, que forma parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo[23].

 

·        Segundo, cumple con el presupuesto objetivo, puesto que las dos autoridades judiciales rechazaron el conocimiento de la demanda ejecutiva presentada por el IFC contra Wilmer Javier Mujica Colmenares, la cual debe resolverse por medio de un trámite de naturaleza judicial.

 

·        Tercero, está acreditado el presupuesto normativo, debido a que los juzgados enfrentados expusieron las razones de índole legal y jurisprudencial por las cuales consideran que carecen de competencia para conocer del asunto (ver párrs. 2 y 3 supra).

 

3.                 Competencia para conocer procesos ejecutivos en el que sea parte una entidad pública que no tenga carácter financiero. Reiteración del Auto 554 de 2023

 

8.                 La Sala Plena de la Corte Constitucional, en el Auto 554 de 2023[24], fijó la regla de decisión según la cual “[l]a jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de las demandas ejecutivas que se deriven de controversias relacionadas con contratos celebrados por entidades públicas, siempre que estas no tengan el carácter de instituciones financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera y dichos contratos no correspondan al giro ordinario de sus negocios. Lo anterior de conformidad con los artículos 104 y 105 del CPACA”. La Corte llegó a esta conclusión con fundamento en dos razones. Primero, el artículo 105 del CPACA exceptúa expresamente de la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo de “[l]as controversias relativas a la responsabilidad extracontractual y a los contratos celebrados por entidades públicas que tengan el carácter de instituciones financieras, aseguradoras, intermediarios de seguros o intermediarios de valores vigilados por la Superintendencia Financiera, cuando correspondan al giro ordinario de los negocios de dichas entidades, incluyendo los procesos ejecutivos”. Segundo, ante la falta de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer de los asuntos en comento, la jurisdicción ordinaria, en su especialidad civil, es la llamada a conocer de estos, en virtud de la competencia residual contenida en el artículo 15 de la Ley 1564 de 2012 y en el inciso 2º del artículo 12 de la Ley 270 de 1996.

 

9.                 En la referida providencia, la Sala Plena conoció un caso similar al sub examine, en el que encontró que (i) los contratos de ganado en participación suscritos por el IFC son, por regla general, contratos estatales y, por lo tanto, se enmarcan en la competencia general de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 104.6 del CPACA; y (ii) el IFC no es una entidad pública de carácter financiero, habida cuenta de que, a pesar de que  desarrolla actividades financieras en cumplimiento de su objeto social, no fue constituida como una entidad de carácter financiero y no se encuentra vigilada por la Superintendencia Financiera.

 

4.     Caso concreto

 

10.             La jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer el caso que suscita el conflicto sub examine. La Sala Plena considera que la demanda presentada por el IFC en contra de Wilmer Javier Mujica Colmenares debe ser conocida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por dos razones. Primero, la demanda pretende la ejecución de un contrato celebrado por una entidad pública -empresa industrial y comercial del Estado[25]-, a saber, el contrato de ganado en participación núm. 270-2008, lo cual se enmarca en la competencia general de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 104.6 del CPACA. Segundo, el IFC no es una entidad pública de carácter financiero ni es vigilada por la Superintendencia Financiera, por lo que no se configura la excepción de la que trata el artículo 105.1 del CPACA.

 

11.             En ese orden de ideas, la Sala Plena concluye que el Juzgado Primero Administrativo de Yopal es el competente para conocer la demanda sub examine. Por lo tanto, ordenará remitir a dicha autoridad el expediente CJU-3592, para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión.

 

III.            DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

Primero. -  DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Tercero Civil Municipal de Yopal y el Juzgado Primero Administrativo de Yopal en el sentido de DECLARAR que el Juzgado Primero Administrativo de Yopal es la autoridad competente para conocer la demanda promovida por el Instituto Financiero de Casanare contra Wilmer Javier Mujica Colmenares.

 

Segundo. - Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-3592 al Juzgado Primero Administrativo de Yopal para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados en este trámite y al Juzgado Tercero Civil Municipal de Yopal. 

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

 

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Presidenta

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General