TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-1808/23

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA LABORAL-Conflictos que se originen en el contrato de trabajo

 

La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de la seguridad social, es la competente para conocer las demandas en las que se pretende el pago de acreencias laborales en cabeza de una entidad pública cuando: (i) se pretenda la declaratoria de una sustitución patronal entre esta y una entidad prestadora de servicios públicos; (ii) la vinculación con la entidad prestadora de servicios públicos fuese la de trabajador oficial (iii) las acreencias adeudadas hayan surgido en vigencia de la relación contractual con la entidad prestadora de servicios públicos.

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

 

AUTO 1808 DE 2023

 

Referencia: expediente CJU-3279

 

Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 1º Promiscuo del Circuito de Mompox (Bolívar) y el Juzgado 1º Administrativo del Circuito de Magangué (Bolívar)

 

Magistrada ponente:

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

 

 

Bogotá D. C., nueve (9) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente

                                                                                 

AUTO

 

      I.            ANTECEDENTES

 

1.                 Carlos Arturo Torres Jiménez, a través de apoderada, presentó demanda ordinaria laboral en contra de la Alcaldía Distrital de Santa Cruz de Mompox y, solidariamente, contra la Empresa de Servicios Públicos de Mompox E.S.P. Servimompox[1], en liquidación (en adelante, Servimompox en liquidación). Esto, con el fin de que (i) se declare que entre el demandante y Servimompox “existe una relación laboral de trabajo a término indefinido”[2]; (ii) que entre la Servimompox y la Alcaldía de Santa Cruz de Mompox, hubo sustitución patronal; (iii) que existe solidaridad entre la Alcaldía de Mompox y Servimompox en liquidación; como consecuencia, (iv) que se ordene a las demandadas el reconocimiento y pago de todos los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir, así como la respectiva indexación, la indemnización, los intereses moratorios y las costas del proceso[3].

 

2.                 Como fundamento de su demanda, la parte actora sostiene que fue vinculado a Servimompox en liquidación mediante la Resolución núm. 020 del 3 de enero de 2000 y acta de posesión de la misma fecha, en el cargo de auxiliar de fontanería, en la Sección de Alcantarillado en calidad de trabajador oficial[4]. Sin embargo, durante los años 2014 y 2015, no se le pagaron los salarios ni las prestaciones sociales debidas. Posteriormente, a través del Decreto 160215003 del 15 de febrero de 2016, la Alcaldía Distrital de Mompox lo incorporó a su planta de personal bajo la figura de la sustitución patronal con el mismo cargo y funciones. Asimismo, el demandante aclaró que sigue perteneciendo al sindicato de trabajadores y realizando los respectivos aportes.

 

3.                 El conocimiento del proceso fue asignado por reparto al Juzgado 1º Promiscuo de Mompox (Bolívar). Mediante providencia del 24 de febrero de 2021, el juzgado admitió la demanda y corrió traslado de las diligencias. Sin embargo, en auto del 1º de octubre de 2021, declaró su falta de jurisdicción y remitió el proceso a los jueces administrativos del circuito de Cartagena. Indicó que, si bien el demandante alega la existencia de un contrato de trabajo, lo cierto es que “de la naturaleza jurídica del ente empleador [la Alcaldía Distrital de Mompox] y las funciones cumplidas por el servidor o servidora, en este caso, (…) la actora (sic) pudo ser un empleado público. (…) más aún cuando la relación legal o reglamentaria que lo vincula a la entidad es un acto administrativo de nombramiento, precedido de la respectiva acta de posesión”[5]. Como fundamento de su decisión se refirió al artículo 26 de la Ley 10 de 1990.

 

4.                 Realizado nuevamente el reparto, el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado 15 Administrativo del Circuito de Cartagena. Este despacho, mediante auto del 27 de septiembre de 2022, ordenó remitir el proceso al Juzgado 1º Administrativo del Circuito de Magangué (Bolívar). Esto, en consideración al Acuerdo núm. CSJBOA22-427 del 21 de septiembre de 2022, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura Seccional de Bolívar[6].

 

5.                 En auto del 27 de octubre de 2022, el Juzgado 1º Administrativo del Circuito de Magangué (i) declaró su falta de competencia para conocer la demanda, (ii) propuso conflicto negativo de competencia y (iii) ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional para que dirimiera este último. Afirmó que, de conformidad con el artículo 195.5. de la Ley 100 de 1993 y el parágrafo del artículo 26 de la Ley 10 de 1990, las funciones que realizaba el demandante encajan dentro de las circunstancias en las cuales se puede vincular como trabajador oficial, esto es, cargos no directivos destinados al mantenimiento de la planta física hospitalaria, o de servicios generales. Además, se refirió al Acuerdo 004 del 26 de marzo de 2014, a través del cual se suprimió la empresa Servimompox, se ordenó su liquidación y se incorporó a Carlos Arturo Torres Jiménez, entre otros, a la planta de personal de la Alcaldía de Mompox como trabajador oficial operario. Por lo anterior, al tratarse de un trabajador oficial, la competencia para adelantar el proceso es de la jurisdicción ordinaria.

 

6.                 Mediante oficio del 27 de octubre de 2022, el Juzgado 1º Administrativo del Circuito de Magangué (Bolívar) remitió el expediente a la Corte Constitucional. Esto, en atención a lo dispuesto por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015[7].

 

7.                 En sesión de 23 de mayo de 2023, el expediente de la referencia fue asignado al despacho de la magistrada sustanciadora[8].

 

   II.            CONSIDERACIONES

 

1.     Competencia

 

8.                 La Corte Constitucional es competente para resolver el presente conflicto de jurisdicciones, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política.

 

2.     Delimitación del asunto objeto de revisión y metodología

 

9.                 La Sala Plena debe resolver la controversia suscitada entre el Juzgado 1º Promiscuo del Circuito de Mompox y el Juzgado 1º Administrativo del Circuito de Magangué, la cual versa sobre la competencia para conocer la demanda laboral presentada por Carlos Arturo Torres Jimenez en contra de la Alcaldía Distrital de Santa Cruz de Mompox y, solidariamente, contra Servimompox en liquidación, con el fin de obtener el reconocimiento de la relación laboral a término indefinido entre el demandante y las demandadas, así como el reconocimiento y pago solidario de las acreencias laborales e indemnizaciones dejadas de percibir. A dichos efectos, la Sala, en primer lugar, verificará si la controversia entre estas autoridades judiciales cumple con los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo de los conflictos de jurisdicciones (II.3 infra). En segundo lugar, de constatarse el cumplimiento de tales presupuestos, se reiterarán las reglas de competencia en materia laboral en relación con la naturaleza del vínculo laboral existente (II.4 infra). En tercer lugar, se hará referencia a la figura de la sustitución patronal y el traslado de las obligaciones laborales (II.5 infra). Por último, resolverá el conflicto y determinará cuál es la autoridad judicial que debe asumir o continuar con el conocimiento del proceso (II.6 infra).

 

3.     Verificación de los presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones

 

10.             Presupuestos de los conflictos de jurisdicciones. Los conflictos de competencia entre jurisdicciones se presentan cuando dos o más autoridades judiciales “se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguno le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”^[9]. La Corte Constitucional ha sostenido en reiterada jurisprudencia que para que este tipo de controversias se configuren es necesario que se acrediten tres presupuestos: subjetivo, objetivo y normativo^[10], los cuales se explican en el siguiente cuadro:

 

 

11.             La controversia sub examine configura un conflicto de jurisdicciones. Esto es así por las siguientes razones:

 

(i) Primero, satisface el presupuesto subjetivo, porque enfrenta a dos autoridades judiciales de distintas jurisdicciones, esto es, el Juzgado 1º Promiscuo del Circuito de Mompox (Bolívar), que integra la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral, y el Juzgado 1º Administrativo del Circuito de Magangué (Bolívar), que forma parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo[14].

 

(ii) Segundo, el conflicto cumple con el presupuesto objetivo, puesto que las autoridades judiciales rechazan el conocimiento de la demanda laboral presentada por Carlos Arturo Torres Jiménez en contra de la Alcaldía Distrital de Santa Cruz de Mompox y, solidariamente, contra Servimompox en liquidación, la cual debe resolverse por medio de un trámite de naturaleza judicial.

 

(iii) Tercero, el presupuesto normativo se encuentra acreditado, debido a que los juzgados enfrentados expusieron las razones de índole legal por las cuales consideran que carecen de competencia para conocer del asunto (ver párrs. 3 y 5 supra).

 

4.     Competencia para conocer y decidir las demandas laborales instauradas por los trabajadores oficiales en contra de la Administración

 

12.             De un lado, el artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante, CPACA) establece que corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocer, entre otros, los procesos “relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado”. De otro lado, el artículo 2 del Código de Procedimiento de Trabajo y de Seguridad Social (en adelante, CPTSS) dispone que la jurisdicción laboral ordinaria conoce, entre otros, de los “conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo”, en esta última se encuentran incluidos tanto los trabajadores oficiales[15] como los trabajadores privados.

 

13.             Así las cosas, esta corporación, en los autos 264[16] y 739[17] de 2021, estableció que la simple mención de una entidad pública en el extremo pasivo del proceso no implica que la jurisdicción laboral carezca de competencia para pronunciarse de fondo. Por el contrario, “la competencia de la jurisdicción ordinaria laboral viene dada desde que el promotor del proceso en la demanda inicial afirma que tiene una relación laboral regida por un contrato de trabajo (ficto-presunto o expreso) con una entidad u organismo de la administración pública”[18].

 

5.     La sustitución patronal y el traslado de obligaciones del empleador originario al nuevo empleador

 

14.             El artículo 67 del Código Sustantivo del Trabajo (en adelante, CST) define la sustitución patronal como “todo cambio de un empleador por otro, por cualquier causa, siempre que subsista la identidad del establecimiento, es decir, en cuanto éste no sufra variaciones esenciales en el giro de sus actividades o negocios”. Igualmente, el artículo 68 de la misma norma establece que “[l]a sola sustitución de empleadores no extingue, suspende ni modifica los contratos de trabajo existentes”. Asimismo, el artículo 69 de esa ley consagra los deberes de los empleadores respecto de los trabajadores, verbi gratia: (i) ambos responden solidariamente por las obligaciones que al momento de la sustitución sean exigibles al anterior empresario; (ii) el nuevo responde de las que surjan con posterioridad; (iii) si el derecho a la pensión de jubilación nació antes de la subrogación, las mensualidades exigibles con posterioridad deben ser cubiertas por el nuevo empleador, pero puede repetir contra el antiguo; y (iv) el anterior empleador puede acordar con los trabajadores el pago definitivo de sus cesantías hasta el momento del cambio, como si se tratara de retiro voluntario, sin que se entienda terminado el contrato de trabajo, pero si no se hace dicho acuerdo, debe entregar al nuevo el valor de las cesantías y, a partir de ahí quedan por cuenta del nuevo, aun cuando el antiguo no cumpla con la obligación.

 

15.             Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha establecido los siguientes requisitos que deben vislumbrarse para que se entienda configurada la sustitución patronal: (i) un cambio de empleador; (ii) la continuidad de la empresa o afinidad en sus operaciones; y (iii) la continuidad del trabajador[19]. Al respecto, esta corporación ha establecido que “a pesar del cambio de una empresa por otra, siempre que se conserve afinidad en sus negocios, los contratos de trabajo se mantienen sin modificación alguna y la sustituyente asume las obligaciones de la sustituida”[20].

 

16.             En el mismo sentido, el Consejo de Estado ha sostenido que “la sustitución patronal no altera las relaciones laborales de los trabajadores consignadas en la ley, los contratos individuales, o en las convenciones o pactos colectivos, los cuales conservan su vigencia plena haciendo responsables solidariamente ante los trabajadores a los dos patronos, anterior y sustituto y que las disposiciones más favorables, lo mismo que las convenciones y decisiones arbitrales, se aplican de preferencia”[21].

 

17.             Así mismo, en el Auto 975 de 2022, esta corporación conoció de un conflicto de competencias relacionado con un proceso en el que se pretendía el cobro de ciertas prestaciones laborales a una entidad territorial (el municipio de Guadalajara de Buga), tras la liquidación y subrogación de la entidad prestadora de servicios públicos que fungía como empleadora originaria del demandante. En dicha oportunidad, la Corte decidió concederle la competencia a la jurisdicción ordinaria laboral, por considerar que las obligaciones laborales surgieron de la relación laboral, como trabajador oficial que el demandante tuvo con la entidad prestadora de servicios públicos.

 

6.     Caso concreto

 

18.             La jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral es la competente para conocer el caso que suscita el conflicto sub examine. La Sala Plena considera que la demanda presentada por Carlos Arturo Torres Jiménez en contra de la Alcaldía Distrital de Santa Cruz de Mompox y, solidariamente, contra Servimompox en liquidación, con el fin de obtener el reconocimiento de la relación laboral de trabajo a término indefinido con Servimompox en liquidación, la sustitución patronal entre dicha empresa y la Alcaldía de Mompox y el reconocimiento y pago, de forma solidaria, de todos los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir, debe ser conocida por la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral, como se pasará a explicar.

 

19.             Primero, en el periodo en controversia el demandante se desempeñaba como trabajador oficial. Carlos Arturo Torres Jiménez fue vinculado a la empresa Servimompox en liquidación el 3 de enero del 2000, a través de un acta de nombramiento y posesión. Sin embargo, en la convención colectiva de trabajo suscrita por los representantes de la empresa, el 6 de mayo de 2011, se acordó que todos los empleados serían trabajadores oficiales salvo los cargos de dirección, confianza y manejo. El demandante desempeñaba el cargo de auxiliar de fontanería, el cual no es un cargo de dirección, confianza o manejo. Por lo tanto, prima facie podría concluirse que ostentaba la calidad de trabajador oficial, al menos durante el tiempo en que estuvo directamente vinculado a la empresa Servimompox y, presuntamente, dejó de recibir el pago de sus salarios y prestaciones sociales (entre 2014 y 2015), las cuales constituyen las principales pretensiones de la demanda presentada.

 

20.             Segundo, el demandante solicita que se reconozca la existencia de una sustitución patronal entre Servimompox en liquidación y la Alcaldía Distrital de Santa Cruz de Mompox, teniendo en cuenta que esta última lo incorporó a su planta de personal, sin solución de continuidad, a través del Decreto 160215003 del 15 de febrero de 2016. Al respecto, a pesar de que no existe certeza de la sustitución patronal, por ser un asunto que se debe analizar por el juez del asunto, se debe recordar que, de prosperar dicha pretensión, ambas entidades deberían responder solidariamente por las obligaciones que al momento de la sustitución sean exigibles al anterior empresario, es decir, que las entidades demandadas deberían realizar el pago de las acreencias dejadas de percibir por el demandante en el periodo en que, como ya se dijo, se desempeñaba como trabajador oficial, independientemente de si existió o no cambio posterior en la naturaleza del vínculo laboral con la entidad pública.

 

21.             En este sentido, si bien no es posible determinar de manera preliminar la naturaleza jurídica del vínculo  acaecido entre el demandante y la Alcaldía Distrital de Santa Cruz de Mompox, pues este será un asunto a determinar por el juez competente, la Corte debe tener en consideración lo afirmado en el escrito de demanda. En consecuencia, al tratarse de una actuación en la que Carlos Arturo Torres Jiménez afirma que tiene una relación laboral regida por un contrato de trabajo con Servimompox en liquidación, que posteriormente fue sustituido por la Alcaldía Distrital de Mompox, y en virtud del artículo 105.4. del CPACA, la competencia será de la jurisdicción ordinaria laboral, a pesar de que pueda ser condenada solidariamente la Alcaldía Distrital de Mompox.

 

22.              En tales términos, la Sala Plena concluye que la autoridad judicial competente para conocer la demanda sub examine es el Juzgado 1º Promiscuo del Circuito de Mompox (Bolivar). Por lo tanto, ordenará remitirle el expediente CJU-3279 para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión.

 

23.             Regla de decisión. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de la seguridad social, es la competente para conocer las demandas en las que se pretende el pago de acreencias laborales en cabeza de una entidad pública cuando: (i) se pretenda la declaratoria de una sustitución patronal entre esta y una entidad prestadora de servicios públicos; (ii) la vinculación con la entidad prestadora de servicios públicos fuese la de trabajador oficial (iii) las acreencias adeudadas hayan surgido en vigencia de la relación contractual con la entidad prestadora de servicios públicos. 

 

III.            DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

Primero.- DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 1º Promiscuo del Circuito de Mompox (Bolívar) y el Juzgado 1º Administrativo del Circuito de Magangué (Bolívar), en el sentido de DECLARAR que el Juzgado 1º Promiscuo del Circuito de Mompox (Bolívar) es la autoridad competente para conocer la demanda promovida por Carlos Arturo Torres Jiménez en contra de la Alcaldía Distrital de Santa Cruz de Mompox y, solidariamente, contra la Empresa de Servicios Públicos de Mompox.

 

Segundo.- Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-3279 al Juzgado 1º Promiscuo del Circuito de Mompox (Bolívar) para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados en este trámite y al Juzgado 1º Administrativo del Circuito de Magangué (Bolívar).

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

Ausente con comisión

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

Ausente con permiso

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General