COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA-Conflictos sobre responsabilidad contractual entre particulares

 

(…) “En aplicación de la cláusula residual de competencia de que trata el artículo 15 del Código General del Proceso, la Jurisdicción Ordinaria es la competente para conocer las demandas sobre controversias surgidas en la ejecución de subcontratos en contratos estatales, si estos son celebrados entre un contratista privado de una entidad pública y un subcontratista particular”.

 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

 

AUTO 2110 DE 2023

 

Referencia: Expediente CJU-3826

 

Conflicto de jurisdicciones entre el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado 14 Laboral del Circuito de Medellín

 

Magistrado sustanciador:

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

 

Valledupar, siete (07) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I.                  ANTECEDENTES^[1]

 

1.                 En 2013, a través de apoderado, los señores Gustavo Giraldo Muñoz y Martha Cecilia Calderón Carmona instauraron demanda, a través del medio de control de reparación directa, en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, el Consorcio Milena^[2] y la empresa G&G Construcciones. La demanda busca que se declare administrativamente responsables a los demandados por los perjuicios sufridos con ocasión de la terminación del contrato de obra para la construcción del casino de oficiales de la 4ª Brigada de Medellín y, en consecuencia, se les condene a reconocer y pagar los perjuicios patrimoniales y extra patrimoniales junto con sus intereses moratorios. Estos son los hechos que sustentan la demanda^[3]:

 

(i)          El consorcio Milena fue el encargado de la construcción del casino de la 4ª Brigada del Ejército Nacional en Medellín. Para ello, el 1º de febrero de 2010 subcontrató con el señor Gustavo Giraldo Muñoz por la suma de $415.728.607, con el fin de realizar obras de mampostería, pañetes, entre otras, dentro de un plazo de 5 meses. Al parecer, se presentaron incidentes que afectaron la ejecución del contrato de obra, tales como la “caída y reconstruida de la placa del segundo piso que el Consorcio Milena había construido”, la suspensión de la obra por parte del comandante de la brigada para realizar cambios en el diseño, entre otras.

 

(ii)        El 21 de octubre de 2010, el consorcio dio por terminado el contrato de obra por culminación del tiempo de ejecución, comprometiéndose a pagar las obras realizadas por el demandante hasta la fecha, lo que sumaba el valor de $ 163.117.880, corregido posteriormente por el señor Giraldo Muñoz, al valor final de $ 82.184.427^[4]. Sin embargo, el consorcio decidió no pagar con el argumento de que el señor era “deudor del Consorcio Milena en la suma de $ 5.730.862”.

 

(iii)     Debido al incumplimiento en los pagos, el señor Giraldo Muñoz y su esposa, la señora Calderón Carmona, afirmaron sufrir perjuicios morales, ya que tuvieron “que vender su casa en la ciudad de Cali y, además replantear sus condiciones de vida”. En este sentido, aseveraron que, al ser la 4º Brigada del Ejército Nacional de Medellín la “beneficiaria y dueña de las obras”, deben “ser responsable de los perjuicios que se generen, reclamables por vía de reparación directa, de manera solidaria con el contratista y la entidad interventora”.

 

2.                 El asunto fue repartido al Juzgado 27 Administrativo Oral del Circuito de Medellín, el cual, mediante sentencia del 13 de abril de 2018, negó las pretensiones del demandante^[5], decisión que fue apelada.

 

3.                 El 22 de julio de 2022, la Sala 1ª de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia dispuso la falta de jurisdicción para seguir conociendo del asunto, declaró la nulidad de la sentencia de primera instancia y ordenó la remisión del expediente, para reparto, a los juzgados laborales del circuito de Medellín. Al respecto, y como cuestión previa, advirtió que, aun cuando dicha corporación había resuelto de forma desfavorable, a través de auto del 9 de diciembre de 2015, la excepción de falta de jurisdicción presentada en este asunto, no “se contaba con el precedente que hoy existe con respecto al fuero de atracción”. En concreto, concluyó que:

 

(i)          Existen dos pretensiones principales en la demanda. Una de carácter “extracontractual frente a la Nación por ser [el] beneficiario de la construcción” y otra “contractual por la falta de pago de unos honorarios que hace parte de la ejecución de un contrato de obra firmado con el particular Consorcio Milena”.

 

(ii)        El contrato estatal suscrito entre el Ejército Nacional y el Consorcio Milena es independiente y distinto al negocio objeto de la demanda, ya que este último se suscribió entre el Consorcio Milena y el señor Giraldo Muñoz, por lo que su efecto y alcance “se circunscribe única y exclusivamente a las partes, de conformidad con los artículos 1602 y 1603 del Código Civil”.

 

(iii)     En este sentido, debido a que el contrato citado es un “contrato de trabajo por duración de obra o labor” y a que, en su criterio, lo que se pretende es cobrar unos honorarios dejados de pagar por la ejecución de la obra, el conocimiento del asunto recae en la Jurisdicción Ordinaria Laboral, en virtud del artículo 2.6 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (en adelante, “CPTSS”)^[6].

 

4.                 El 28 de febrero de 2023, el Juzgado 14 Laboral del Circuito de Medellín declaró su falta de jurisdicción para conocer de la demanda, promovió conflicto un negativo de competencia y remitió el expediente a esta corporación. Sobre el particular, afirmó que no se está ante la existencia de una relación laboral, toda vez que el contrato de obra objeto de la demanda es de naturaleza civil y no trabajo. Por ende, y a partir de las consideraciones expuestas por este tribunal en el auto 479 de 2021, la competencia es de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo^[7].

 

5.                 El 16 de marzo de 2023, la Secretaría General de la Corte radicó el presente expediente. Luego, el 5 de julio siguiente, la Sala Plena asignó el asunto a este despacho para su sustanciación y lo remitió dos días después^[8].

 

II.              CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

6.                 Competencia. La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos entre jurisdicciones de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015^[9].

 

7.                 Presupuestos para la configuración de un conflicto entre jurisdicciones. Esta corporación ha señalado que los conflictos entre jurisdicciones se presentan cuando “dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”^[10].

 

8.                 Esta Corte ha considerado de manera reiterada que, para que se configure un conflicto de jurisdicciones es preciso que se den los presupuestos de carácter subjetivo, objetivo y normativo^[11]. De esta manera, ha explicado que (i) el presupuesto subjetivo exige que la controversia sea suscitada por, al menos, dos autoridades que administren justicia y pertenezcan a diferentes jurisdicciones^[12]; (ii) el presupuesto objetivo se refiere a la existencia de una causa judicial sobre la cual se suscite la disputa, es decir, que pueda verificarse que está en desarrollo un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional^[13]; y (iii) el presupuesto normativo que implica la necesidad de que las autoridades en colisión hayan manifestado, expresamente, las razones de índole constitucional o legal por las cuales consideran que son competentes o no para conocer del asunto concreto^[14].

 

9.                 Subcontratación en contratos estatales. En el auto 383 de 2022, la Corte resolvió un conflicto entre jurisdicciones originado en una demanda por el medio de control de controversias contractuales, en el que un subcontratista demandó a la entidad pública y al contratista principal, con el fin de que se les condenara al pago de perjuicios materiales y morales debido a incumplimientos derivados del negocio. En dicha oportunidad, a partir de pronunciamientos del Consejo de Estado, la Sala Plena determinó que la relación entre el contratista al servicio del Estado y el subcontratista es diferente al vínculo entre el contratista y la entidad estatal, por lo que “el régimen jurídico aplicable a los subcontratos puede ser de naturaleza privada, si el subcontratista es un particular”.

 

10.            En este orden, la característica principal de la subcontratación en los contratos estatales es la autonomía e independencia del vínculo, ya que “las obligaciones que adquiere el sub contratista con el contratista sólo son exigibles entre ellos, y no vinculan a la entidad estatal –contratante–, en virtud del principio de relatividad del contrato –sólo produce efectos para las partes, no para terceros–, pero sin que ello limite o restrinja a la entidad estatal en la dirección general para ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato, a que se refiere el artículo 14 de la Ley 80”.

 

11.            Así, la Sala Plena concluyó que, en el caso concreto, las controversias que originaron la interposición de la respectiva demanda no correspondían a un contrato estatal, toda vez que los contratos demandados no fueron suscritos por una entidad pública, ni por un particular en ejercicio de funciones administrativas. Por lo tanto, no era procedente la cláusula general de competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer las controversias derivadas de contratos estatales, prevista en los artículos 104.2 y 141 del CPACA. En consecuencia, se decidió que, en aplicación de “la cláusula residual de competencia de que trata el artículo 15 del Código General del Proceso [en adelante, “CGP”], la Jurisdicción Ordinaria es la competente para conocer [de] las demandas sobre controversias surgidas en la ejecución de subcontratos en contratos estatales, si estos son celebrados entre un contratista privado de una entidad pública y un subcontratista particular”.

 

12.            Criterio de fuero de atracción. El fuero de atracción es una figura procesal que permite extender la competencia del juez contencioso administrativo para conocer de asuntos en las que son demandadas personas de derecho privado de forma concomitante con sujetos de derecho público. Debido a que este no opera de forma automática, esta corporación precisó que^[15], para su aplicación, es necesario verificar: (i) que los hechos que fundamentan la eventual responsabilidad de los particulares y las entidades estatales son los mismos^[16]; (ii) que los hechos, las pretensiones y las pruebas que obran en el expediente permiten inferir razonablemente que existe una probabilidad mínimamente seria de que las entidades estatales serán condenadas; y (iii) que el demandante haya planteado fundamentos fácticos y jurídicos para imputar el daño antijurídico a la entidad estatal.

 

13.            Examen del caso concreto. En el asunto objeto de decisión, se cumplen con los tres presupuestos para la configuración de un conflicto entre jurisdicciones, por las siguientes razones: (i) el mismo se suscitó entre el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado 14 Laboral del Circuito de Medellín, autoridades que integran distintas jurisdicciones (presupuesto subjetivo); (ii) se acreditó una causa judicial respecto de la cual se alegó la falta de jurisdicción para dirimirla, específicamente, se trata del conocimiento de la demanda, a través del medio de control de reparación directa, instaurada por Gustavo Giraldo Muñoz y Martha Cecilia Calderón Carmona en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, el Consorcio Milena y la empresa G&G Construcciones, la cual pretende que se declare la responsabilidad de los demandados por los perjuicios sufridos con ocasión de la construcción del casino de oficiales de la 4ª Brigada de Medellín (presupuesto objetivo). Por último, (iii) se verificó que las dos autoridades judiciales en conflicto citaron y justificaron su falta de jurisdicción en la jurisprudencia del Consejo de Estado, en el auto 479 de 2021 y en el artículo 2.6 del CPTSS (presupuesto normativo).

 

14.            Superado el anterior estudio, la Sala Plena advierte que en esta oportunidad, no opera la figura del fuero de atracción puesto que no se cumplen los tres presupuestos necesarios para su aplicación por las siguientes razones. Por un lado, los hechos expuestos por los demandantes para declarar la responsabilidad del Consorcio Milena y la empresa G&G Construcciones distan de los que fundamentan la eventual responsabilidad del Ejército Nacional. Respecto de los primeros, la controversia surge de un contrato entre particulares suscritos entre el señor Gustavo Giraldo Muñoz y el Consorcio Milena que, al parecer, generó unos perjuicios por su incumplimiento y terminación. Respecto del Ejército Nacional, los hechos expuestos en la demanda para que se declare su responsabilidad hacen referencia únicamente a que es la entidad “beneficiaria y dueña de las obras”.

 

15.            Por otro lado, del expediente allegado a esta corporación y a primera vista, la Sala plena no encontró hechos, pretensiones y pruebas que permitan inferir razonablemente que exista una probabilidad mínimamente seria de que el Ejército Nacional sea condenado responsable ya que que los demandantes no profundizaron ni plantearon fundamentos fácticos y jurídicos para la imputación del daño antijurídico a la entidad. En efecto, como se mencionó previamente, únicamente se afirma en la demanda que “[l]a Cuarta Brigada es beneficiaria dueña de las obras que hizo el señor GIRALDO MUÑOZ por ello, viene a ser responsable de los perjuicios que se generen, reclamables por vía de reparación directa, de manera solidaria con el contratista y la entidad interventora”^[17].

 

16.             Dicho lo anterior, en esta oportunidad es necesario aplicar la regla jurisprudencial fijada en el auto 348 de 2022, la cual le atribuye a la Jurisdicción Ordinaria Civil el conocimiento de las controversias surgidas en la ejecución de subcontratos en contratos estatales, si estos son celebrados entre un contratista privado de una entidad pública y un subcontratista particular, en aplicación de la cláusula residual de competencia del artículo 15 del CGP. Si bien, en el caso concreto el conflicto se originó a partir de una demanda a través del medio de control de controversias contractuales y no a través del medio de control de reparación directa, como en el presente asunto, lo cierto es que, en dicha ocasión igualmente se pretendía el reconocimiento y pago de perjuicios materiales y morales por el incumplimiento y la ejecución de un subcontrato suscrito entre particulares.

 

17.            En este sentido, la Sala advierte que el contrato de obra sobre el que surge la presente controversia no es un contrato estatal, ya que fue suscrito entre particulares, específicamente, entre el señor Gustavo Giraldo Muñoz y el Consorcio Milena. Dicho esto, aunque los demandantes pretenden que se declare al Ejército Nacional como responsable solidario de los perjuicios ocasionados por la terminación del subcontrato, al ser la entidad “beneficiaria y dueña de las obras”, lo cierto es que dicha entidad únicamente tuvo una relación contractual frente al Consorcio Milena y esa relación no es cuestionada en la demanda. Por consiguiente, este proceso no se enmarca en los establecidos en el artículo 104 del CPACA que son de conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y, por lo tanto, debe darse aplicación a la regla jurisprudencial citada.

 

18.            Por otro lado, la Sala Plena advierte que, prima facie, y a partir de lo referido por el apoderado del señor Giraldo Muñoz, el contrato suscrito entre el Consorcio Milena y su poderdante no es de naturaleza laboral, puesto que “[l]a prestación del servicio contratado por el señor GUSTAVO GIRALDO MUÑOZ, en favor del CONCORCIO [sic.] MILENA, NO fue de carácter subordinado o laboral, SÍ lo fue de carácter independiente, como contratista de una obra civil”. Por esta razón, la competencia del asunto recaería sobre la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Civil, a partir de la cláusula de competencia residual del artículo 15 del CGP.

 

19.            En consecuencia y con el fin de preservar los principios de eficacia, celeridad y economía procesal protegidos por esta corporación en situaciones en las que la autoridad judicial competente es distinta a las que propusieron el conflicto^[18], se remitirá el asunto a la oficina de reparto de los jueces civiles del circuito de Medellín, para que sea repartida la presente demanda y para que, una vez asignado el asunto, se notifique a los interesados de esta determinación.

 

20.            Regla de la decisión. “En aplicación de la cláusula residual de competencia de que trata el artículo 15 del Código General del Proceso, la Jurisdicción Ordinaria es la competente para conocer las demandas sobre controversias surgidas en la ejecución de subcontratos en contratos estatales, si estos son celebrados entre un contratista privado de una entidad pública y un subcontratista particular”^[19].

 

III.           DECISIÓN

 

Con base en lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

Primero. - DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado 14 Laboral del Circuito de Medellín, y DECLARAR que corresponde a la Jurisdicción Ordinaria Civil el conocimiento de la demanda instaurada por Gustavo Giraldo Muñoz y Martha Cecilia Calderón Carmona en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, el Consorcio Milena y la empresa G&G Construcciones.

 

Segundo. - REMITIR el expediente CJU-3826 a la oficina de reparto de los juzgados civiles del circuito de Medellín para que efectúe el correspondiente reparto y, una vez asignado el asunto, comunique la presente decisión a las partes y a los interesados.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Presidenta

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

Ausente con permiso

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General