COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Controversias sobre procesos ejecutivos originados en condenas impuestas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa

 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

-Sala Plena-

 

AUTO 519 de 2023

 

Referencia: Expediente CJU-2589

 

Conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado 26 Administrativo Oral del Circuito de Medellín y el Juzgado 10 Civil Municipal de Oralidad de la misma ciudad.

 

Magistrado ponente:

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

 

Bogotá D.C., catorce (14) de abril de dos mil veintitrés (2023).

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I.                  ANTECEDENTES

 

1.                 El 2 de diciembre de 2021, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante “FOMAG”) presentó “solicitud de ejecución de providencia judicial” en contra del señor Luis Eduardo Vélez Hernández, con el fin de que se libre mandamiento de pago por concepto de costas procesales e intereses moratorios. En virtud de la condena que le fue impuesta dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en la sentencia del 20 de noviembre de 2019 proferida por el Juzgado 26 Administrativo Oral del Circuito de Medellín^[1].

 

2.                 El 9 de junio de 2022, el Juzgado 26 Administrativo Oral del Circuito de Medellín declaró su falta de jurisdicción para conocer de la solicitud y remitió el asunto a los jueces civiles municipales de la misma ciudad. Argumentó que, a partir de lo dispuesto en el auto 857 de 2021 de la Corte Constitucional y el artículo 297 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante, “CPACA”), no es posible que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conozca de procesos que pretendan condenas impuestas a particulares como sucede en el presente asunto, por lo que debe ser conocido por la Jurisdicción Ordinaria, a partir de lo dispuesto en el artículo 15 del Código General del Proceso (en adelante, “CGP”)^[2].

 

3.                 El 21 de julio de 2022, el Juzgado 10 Civil Municipal de Oralidad de Medellín declaró su falta de jurisdicción para conocer del proceso, propuso un conflicto negativo de competencia y remitió el expediente a esta corporación. Al respecto, consideró que, de acuerdo con los artículos 104.6 y 155.7 del CPACA y los artículos 306 y 422 del CGP, las costas causadas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo deben ser reclamadas ante los juzgados de esa jurisdicción, en virtud del “factor [de] conexión y en concordancia con el principio de inmutabilidad de la competencia”^[3].

 

4.                 El 7 de marzo de 2023, la Sala Plena de esta corporación repartió el presente asunto y el día 10 del mismo mes y año, la Secretaría General de la Corte remitió el expediente al despacho del magistrado sustanciador^[4].

 

II.              CONSIDERACIONES DE LA CORTE

 

5.                 Competencia de la Corte Constitucional para resolver conflictos entre jurisdicciones. La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos entre jurisdicciones de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015^[5].

 

6.                 Presupuestos para la configuración de un conflicto entre jurisdicciones. Esta corporación ha señalado que los conflictos entre jurisdicciones se presentan cuando “dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”^[6].

 

7.                 Esta Corte ha considerado, de manera reiterada, que para que se configure un conflicto de jurisdicciones es preciso que se den los presupuestos de carácter subjetivo, objetivo y normativo^[7]. De esta manera, ha explicado que (i) el presupuesto subjetivo exige que la controversia sea suscitada por, al menos, dos autoridades que administren justicia y pertenezcan a diferentes jurisdicciones^[8]; (ii) el presupuesto objetivo se refiere a la existencia de una causa judicial sobre la cual se suscite la disputa, es decir, que pueda verificarse que está en desarrollo un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional^[9]; y (iii) el presupuesto normativo que implica la necesidad de que las autoridades en colisión hayan manifestado, expresamente, las razones de índole constitucional o legal por las cuales consideran que son competentes o no para conocer del asunto concreto^[10].

 

8.                 Competencia para conocer de las solicitudes de ejecución promovidas a continuación del proceso, en los que se reclama el pago de condenas impuestas a particulares por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Reiteración del auto 008 de 2022^[11]. En auto 008 de 2022, la Corte se pronunció sobre un conflicto entre jurisdicciones que se originó con ocasión de una solicitud de ejecución de una condena proferida en una providencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. En dicha oportunidad, la Sala Plena señaló que este tipo de solicitudes, presentadas en el mismo proceso, son de conocimiento del juez que profirió la providencia que se pretende ejecutar, acorde con los artículos 306 del CGP y 298 y 306 del CPACA.

 

9.                 Por el contrario, en aquellos eventos en los que se pretenda ejecutar de forma independiente, esto es, recurriendo a un proceso ejecutivo aparte, el pago de una condena impuesta a un particular en una sentencia proferida por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dicho asunto –según lo previsto por la Sala Plena en el auto 857 de 2021– corresponderá a la Jurisdicción Ordinaria Civil, en desarrollo de lo previsto en los artículos 12 de la Ley 270 de 1996 y 422 del CGP.

 

10.            Examen del caso concreto. En el asunto objeto de decisión, se cumplen con los tres presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones, por las siguientes razones: (i) el mismo se suscitó entre el Juzgado 26 Administrativo Oral del Circuito de Medellín y el Juzgado 10 Civil Municipal de Oralidad de la misma ciudad, como autoridades que integran distintas jurisdicciones  (presupuesto subjetivo). De otro lado, (ii) se acreditó una causa judicial respecto de la cual se alegó la falta de jurisdicción para dirimirla, específicamente, se trata del conocimiento de la “solicitud de ejecución de providencia judicial”, con ocasión de la sentencia proferida en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó el FOMAG en contra del señor Luis Eduardo Vélez Hernández (presupuesto objetivo); y (iii) se verificó que las dos autoridades judiciales en conflicto citaron y justificaron su falta de jurisdicción en los artículos 104.6, 155.7 y 297 del CPACA; 14, 306 y 422 del CGP y lo dispuesto en el auto 851 de 2021 de esta corporación (presupuesto normativo).

 

11.            Conforme con lo anterior, la Sala reiterará lo dispuesto en el auto 008 de 2022, según el cual, los artículos 298 y 306 del CPACA atribuyen a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo la competencia para conocer de las solicitudes de ejecución a continuación de las sentencias proferidas por esa jurisdicción, como ocurre en este caso. En consecuencia, la Sala Plena concluye que el juez competente es el Juzgado 26 Administrativo Oral del Circuito de Medellín y remitirá el presente asunto para lo de su competencia.

 

12.            Regla de decisión. El conocimiento de las solicitudes de ejecución de condenas impuestas en sentencias judiciales proferidas por jueces de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, formuladas a continuación del proceso en el que se emitieron las condenas cuya ejecución se reclama, corresponde a esa misma jurisdicción de acuerdo con los artículos 298 y 306 del CPACA y el artículo 306 del CGP^[12].

 

III.           DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

Primero. - DIRIMIR el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado 26 Administrativo Oral del Circuito de Medellín y el Juzgado 10 Civil Municipal de Oralidad de la misma ciudad, en el sentido de DECLARAR que le corresponde al Juzgado 26 Administrativo Oral del Circuito de Medellín, el conocimiento de la solicitud de ejecución de providencia judicial promovida por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en contra de Luis Eduardo Vélez Hernández.

 

Segundo. - REMITIR el expediente CJU-2589 al Juzgado 26 Administrativo Oral del Circuito de Medellín, para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión al Juzgado 10 Civil Municipal de Oralidad de Medellín.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Presidenta

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

Ausente con excusa

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General