TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-027/24

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA LABORAL-Controversias en las que se pretenda el reembolso de los gastos en los que incurrió un particular para garantizar la prestación de un servicio de salud

 

 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

AUTO Nº 027 DE 2024

 

Referencia: expediente CJU-3957

 

Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 35 Laboral del Circuito de Bogotá y el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Tunja

 

Magistrada ponente:

Diana Fajardo Rivera

 

Bogotá D. C., treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticuatro (2024)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I.    ANTECEDENTES

 

1.        El señor César Serrano Sánchez, por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda ordinaria laboral contra: (i) la Fiduprevisora S.A.;[1] (ii) la Fundación Oftalmológica de Santander-FOSCAL; (iii) la Clínica de Urgencias de Bucaramanga S.A.S., las dos últimas integrantes de la Unión Temporal Red Integral Foscal CUB; y (iv) la Fundación Cardiovascular de Colombia Zona Franca S.A.S.[2]  Particularmente, formula las siguientes pretensiones:

 

(i)     Se declare la responsabilidad solidaria de las demandadas, por el incumplimiento en el reconocimiento y pago de la factura FHIC79339, emitida por la IPS Fundación Cardiovascular de Colombia Zona Franca S.A.S.;

(ii)   Se declare la mora en el pago del reembolso de gastos médicos, desde el 02 de octubre de 2018 hasta cuando se cancele la totalidad de la obligación; 

(iii)Se condene al reconocimiento y pago de la suma de 42.798.768 COP, por concepto de reembolso de gastos médicos; así como a cancelar intereses moratorios, indexación y costas y agencias en derecho.

 

2.        Como sustento fáctico de lo anterior, el demandante expone que está afiliado al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio en calidad de cotizante, desde el 01 de enero de 1990, en el departamento de Boyacá. La señora Carmen Elisa Sánchez, su madre fallecida, se encontraba afiliada al mismo plan de salud en calidad de beneficiaria -desde la fecha ya indicada- y recibía sus servicios en el departamento de Santander, estando su domicilio en el municipio de Floridablanca.

 

3.        El 17 de septiembre de 2018, la señora Sánchez de Serrano ingresó por urgencia vital a la Fundación Cardiovascular de Colombia Zona Franca S.A.S. No obstante, al momento del ingreso, los funcionarios de dicha entidad no consultaron la base de datos única de afiliados al sistema de seguridad social en salud. Además, se condicionó la atención de la paciente a la suscripción de un documento y el depósito de 20.000.000 COP, cantidad de dinero que fue entregada; posteriormente, se requirió otro desembolso por valor de 22.798.768 COP, pagos que fueron asumidos por el demandante. El 02 de octubre de 2018, la paciente fue trasladada de la mencionada entidad de salud a una IPS de la Unión Temporal Red Integral Foscal CUB en la ciudad de Bucaramanga, con lo que, estimó, quedó enterada de la atención recibida por la paciente.

 

4.        En consecuencia, el accionante reclamó el reembolso de gastos médicos a la Fiduprevisora el 15 de febrero de 2019, quien trasladó la solicitud a la Unión Temporal Red Integral Foscal CUB. No obstante, el 22 de febrero de 2019, ésta respondió negativamente por no haberse cumplido con el término de 8 días calendario para efectuar la correspondiente reclamación. La demanda indica que todas las solicitudes de reembolso han sido resueltas desfavorablemente y formula otros reproches contra las demandadas:

 

(i)     La UT Red Integrada Foscal Cub no reportó novedad o anomalía a la Fiduprevisora, ni informó los derechos y deberes para el recobro de gastos médicos asistenciales.

(ii)   La IPS Fundación Cardiovascular de Colombia Zona Franca S.A.S debió cobrar directamente a la Unión Temporal la atención vital de urgencias brindada a la señora Sánchez de Serrano; la ingresó de forma irregular, el 17 de septiembre de 2019, pues debió consultar las bases de datos centralizadas a nivel nacional de la ADRES, generando una atención particular que nunca debió haber existido, y no hizo el reporte ante el programa del magisterio respecto del servicio prestado a la señora Sánchez de Serrano.

(iii)La Unión Temporal Red Integral Foscal Cub conoció desde el momento del traslado de la paciente la atención de urgencia vital, sin haber pagado la cuenta a la IPS y reembolsado el dinero al cotizante.

(iv) El contrato suscrito entre la Fiduprevisora y la Unión Temporal Red Integral Foscal Cub no señaló un término para presentar la solicitud de reembolso.

(v)    La Guía de Usuario de la UT Red Integrada Foscal Cub anotó unilateralmente un término de 8 días calendario para las solicitudes de reembolso, sin que dicha facultad haya sido conferida por la Ley o el contrato de prestación de servicios de salud.

 

5.        La demanda concluye manifestando que “[…] se logra evidenciar que las entidades hoy demandadas vulneraron los derechos que le asisten a mi mandante, puesto que, al negarse al reconocimiento y pago de la factura FHIC79339 expedida por la IPS FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA ZONA FRANCA S.A.S (HIC), por concepto de los gastos médicos de la Beneficiaria, lesionan los postulados esgrimidos por la jurisprudencia constitucional, arrogándose la facultad para establecer términos prescriptivos en temas de seguridad social de ocho (8) días para la solicitud de reembolso, pretendiendo sustraerse de su obligación. […]”.

 

6.        Ante la remisión hecha por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Tunja,[3] el asunto correspondió al Juzgado 35 Laboral del Circuito de Bogotá.[4]  Sin embargo, en providencia del 29 de junio de 2022,[5] declaró su falta de jurisdicción y competencia y ordenó la remisión del expediente a reparto a los juzgados administrativos del mismo circuito judicial, en razón a que: (i) se pretendía el reconocimiento de un reembolso generado en la prestación de servicios de salud del régimen exceptuado de los docentes, provisto por el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante “FOMAG”); (ii) el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 determina que el Sistema Integral de Seguridad Social no aplica a los afiliados al FOMAG, creado por la Ley 91 de 1989; (iii) la Fiduprevisora actúa como vocera y administradora de los recursos del mencionado fondo, con lo cual el litigio se encuadra en las excepciones a la Ley 100 de 1993; (iv) a la Jurisdicción Ordinaria Laboral no le concierne el estudio de lo peticionado al estar excluido del Sistema de Seguridad Integral, como lo indicó el Consejo de Estado en providencia del 27 de marzo de 2008;[6] y (v) la posición anterior también fue sostenida por la Corte Constitucional en la Sentencia C-1027 de 2002.[7]

 

7.        El asunto fue asignado al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Primera Oral.[8] No obstante, en auto del 16 de diciembre de 2022,[9] declaró su falta de competencia y ordenó la remisión por el factor territorial a los juzgados administrativos del circuito judicial de Tunja. En consecuencia, el asunto correspondió al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Tunja,[10] quien, en providencia del 02 de marzo de 2023,[11] no avocó conocimiento, propuso el conflicto al estimar competente al Juzgado 35 Laboral del Circuito de Bogotá y ordenó la remisión del proceso a la Corte Constitucional para lo de su competencia.

 

8.        Para sustentar lo anterior, el juzgado administrativo acudió al inciso primero, al numeral 4 y al parágrafo del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, así como al artículo 2 del CPTSS, modificado por la Ley 712 de 2001. A partir de estas disposiciones analizó las competencias de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y de la Jurisdicción Ordinaria Laboral, indicando que la primera únicamente opera frente a los conflictos de la seguridad social de los servidores públicos y las administradoras de naturaleza pública y la segunda es de tipo residual. Sumado a ello, sostuvo que la Corte Constitucional ha señalado que en materia de seguridad social, para efectos de determinar la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se acude a dos criterios concurrentes: la calidad jurídica y la naturaleza de la demandada.[12]  En el caso concreto, si bien el demandante es un docente público, se demanda a la Fiduprevisora, junto a tres entidades de derecho privado, señalando que el fuero de atracción no se extendía de forma automática por la simple mención de que se demande de forma concurrente a una entidad pública, sino que deben cuestionarse acciones u omisiones de ésta, como lo expone, en su criterio, el Auto 1655 de 2022.

 

9.        A partir de lo expuesto, aseveró que no se cumplían los criterios  para la configuración del fuero de atracción, pues no evidenciaba una imputación de omisión equivalente respecto de la entidad pública -la Fiduprevisora S.A.-, ya que frente a ésta última sólo se mencionaba que se hizo reclamación administrativa el 15 de febrero de 2019; mientras que a la Fundación Cardiovascular de Colombia Zona Franca SAS se atribuía no haber consultado una base de datos, ni reportado ante el programa del magisterio el servicio médico prestado a la paciente; y respecto de la UT Red Integral Foscal Cub se endilgaba haber conocido la atención de la paciente desde el traslado de urgencia vital, sin haber pagado la cuenta a la IPS y reembolsado el dinero al demandante, ni tampoco reportado alguna novedad a la Fiduprevisora. En ese sentido, prima facie no advertía una implicación en la litis que comprometiera la responsabilidad de la última entidad mencionada en la causa eficiente del daño, pues las omisiones estaban dirigidas a las entidades privadas demandadas.

 

10.    Por último, refirió que, en materia de la competencia de la reclamación del reembolso de gastos médicos, al resolver un conflicto similar al planteado, la Corte Constitucional había atribuido el conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria Laboral. Entonces, concluyó aseverando que la competencia correspondía a la Jurisdicción Ordinaria Laboral, conforme al numeral 5 del artículo 2 de la Ley 712 de 2001.

 

11.    El caso fue remitido a la Corte Constitucional mediante correo electrónico del 30 de marzo de 2023.[13] El 04 de septiembre de 2023, se repartió el asunto de la referencia para su sustanciación al Despacho de la magistrada Diana Fajardo Rivera.[14] El expediente digital respectivo fue enviado al despacho sustanciador a través de acta secretarial del 08 de septiembre de 2023.[15]

 

II.     CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

1.                 Competencia

 

La Corte Constitucional es competente para conocer de los conflictos de competencia que se susciten entre las distintas jurisdicciones de acuerdo con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015.

 

2.                 En el presente caso se configuró un conflicto de jurisdicción que la Corte Constitucional debe resolver

 

12.    Este Tribunal ha señalado que se requieren tres presupuestos para que se configure un conflicto de jurisdicciones:^[16] (i) presupuesto subjetivo, el cual exige que la controversia sea suscitada por, al menos, dos autoridades que administren justicia y pertenezcan a diferentes jurisdicciones;^[17] (ii) presupuesto objetivo, según el cual debe existir una causa judicial sobre la cual se suscite la controversia, es decir, que pueda verificarse que está en desarrollo un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional;^[18] y (iii) presupuesto normativo, a partir del cual es necesario que las autoridades en colisión hayan manifestado, a través de un pronunciamiento expreso, las razones de índole constitucional o legal por las cuales se consideran competentes o no para conocer de la causa.^[19]

 

13.    La Sala constata que en el presente caso se cumplen tales presupuestos, puesto que: (i) el conflicto se suscita entre dos autoridades judiciales de distintas jurisdicciones, en esta oportunidad, de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y de la Jurisdicción Ordinaria (presupuesto subjetivo). (ii) El conflicto versa sobre el conocimiento de la causa judicial de naturaleza declarativa promovida por el señor César Serrano Sánchez contra la Fiduprevisora S.A., la Fundación Oftalmológica de Santander-FOSCAL, la Clínica de Urgencias de Bucaramanga S.A.S., y la Fundación Cardiovascular de Colombia Zona Franca S.A.S., relativa al reembolso de los gastos médicos facturados por la atención de la señora Carmen Elisa Sánchez, madre del demandante. (iii) Ambas autoridades jurisdiccionales enunciaron razonablemente fundamentos de índole constitucional y legal, en los que soportan cada una de sus posiciones dirigidas a negar su competencia (presupuesto normativo).

 

14.    Específicamente, el Juzgado 35 Laboral del Circuito de Bogotá acudió al artículo 279 de la Ley 100 de 1993[20] y a la providencia del 27 de marzo de 2008 del Consejo de Estado,[21] así como a la Sentencia C-1027 de 2002.[22] Por su parte, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Tunja sustentó su posición en el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011; el artículo 2 del CPTSS, modificado por la Ley 712 de 2001; y los Autos 314 de 2021,[23] 406 de 2021,[24] 784 de 2021,[25] 867 de 2022[26] y 1655 de 2022.[27]

 

15.    Con base en lo anterior, la Corte dirimirá el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 35 Laboral del Circuito de Bogotá y el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Tunja. Para tales efectos, se hará referencia a unos antecedentes jurisprudenciales relevantes de unos casos que guardan alguna similitud fáctica con al asunto bajo estudio; se profundizará en la figura del fuero de atracción y se resolverá el conflicto. 

 

 

3.                 Antecedentes relevantes de decisiones de esta Corporación

 

16.    Aun cuando no se trata de casos idénticos, conviene describir tres asuntos que guardan similitud con el asunto de la referencia, en aras de atender a las posiciones allí desarrolladas por la Sala Plena.

 

17.    En primer lugar, en el Auto 867 de 2022,[28] la Corporación dirimió un conflicto de jurisdicciones suscitado entre un juzgado civil, uno laboral y uno administrativo, en relación con la demanda promovida -en el marco de un proceso verbal por responsabilidad civil contractual- por un ciudadano contra la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, en la que se solicitaba, entre otros, que ésta fuera declarada responsable por no haber garantizado la protección y recuperación en salud de su padre, así como por no informar el motivo por el cual no le realizaron una cirugía y el reembolso de los gastos en que se incurrió al cancelar con recursos propios este procedimiento médico. 

 

18.    Para efectos de dirimir la anterior controversia, la Sala tuvo en cuenta: (i) el alcance tanto del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, como del artículo 2.4 del CPTSS, y (ii) el procedimiento administrativo para solicitar el reembolso de los gastos médicos ante la Policía Nacional conforme a la Resolución 712 de 2015, al existir regulaciones específicas sobre dicho procedimiento ante las entidades públicas.[29]

 

19.    Con fundamento en ello se atribuyó competencia a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por cuanto la pretensión principal consistía en la declaratoria de responsabilidad de una entidad pública y que el reembolso era una pretensión consecuencial.[30] Sumado a que no se trataba de una controversia relativa a la prestación de un servicio de la seguridad social, pues la cirugía ya había ocurrido, en ese sentido, no era aplicable el artículo 2.4 del CPTSS. En todo caso, se aclaró lo siguiente:

 

“[…] Adicionalmente, cabe resaltar que el argumento del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cali sobre la exclusión de miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional del Sistema Integral de Seguridad Social no tuvo en cuenta la norma vigente. Con la modificación prevista en el artículo 622 de la Ley 1564 de 2012, el numeral 4° del artículo 2° del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social ya no se refiere a “controversias referentes al sistema de seguridad social integral”[31], sino a aquellas “relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social” […]”.

 

20.    Además, la controversia no involucraba a un empleado público, como para que diera lugar a la aplicación del art. 104.4 del CPACA. Por último, se cuestionaba un oficio mediante el cual la demandada no había aprobado el reembolso solicitado.

 

21.    En segundo lugar, en el Auto 1655 de 2022,[32] la Sala Plena resolvió el conflicto de jurisdicciones suscitado en relación con la demanda ordinaria laboral promovida por una ciudadana, quien recibía una pensión de vejez a cargo de Colpensiones, contra dicha entidad, una EPS y la Fiscalía General de la Nación, tendiente a que se declarara que la demandante había incurrido en gastos médicos y se condenara a la EPS a pagar las sumas correspondientes a los gastos médicos de urgencias. Subsidiariamente que se condenara a Colpensiones o a la Fiscalía General de la Nación al reembolso. Además, que el responsable fuera condenado al pago de intereses de mora.

 

22.    En virtud de la cláusula residual de competencia de la Jurisdicción Ordinaria, la Corte llegó a la siguiente conclusión: “[…] las controversias relativas al reembolso de gastos médicos solicitado a empresas promotoras de salud corresponden a la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral. […]”. Esto, atendiendo a que no se trataba de una controversia relacionada con la seguridad social de un empleado público ni que contara con un régimen administrado por una persona de derecho público.[33] Tampoco era posible aplicar la cláusula general de competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por cuanto más allá de la inclusión de una pretensión subsidiaria, los fundamentos fácticos y jurídicos no permitían inferir discusión alguna sobre actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones imputables a las entidades públicas demandadas. En el mismo sentido, no era aplicable el fuero de atracción. Por otra parte, en la providencia en mención, de cara al Auto 867 de 2022 se aclaró que “[…] en aquella oportunidad la controversia se refirió a una solicitud de reembolso entre un empleado público y la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, una entidad de carácter estatal. En ese momento, se consideró que la jurisdicción de lo contencioso administrativo era competente, porque se trataba de un acto administrativo que negaba una solicitud de reembolso, emitido por una entidad pública administradora de un sistema de seguridad social. […]”.

 

23.    Por último, en el Auto 1293 de 2023,[34] la Corte Constitucional se pronunció respecto de la demanda presentada ante la Superintendencia Nacional de Salud por parte de la sociedad Clínica Medical S.A.S contra la Unión Temporal Medisalud UT, en el marco de un conflicto de glosas de ambas entidades, en concreto se buscaba obtener el pago por la prestación de unos servicios de salud.

 

24.    El conflicto se dirigió en el sentido de asignar el conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria Civil, con fundamento en el artículo 12 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y el artículo 15 del Código General del Proceso, bajo los siguientes fundamentos: (i) la exclusión contenida en el literal f) del artículo 41 de la Ley 1122 de 2007; (ii) se había demandado a una contratista de la Fiduprevisora que se encontraba encargada de prestar servicios médicos a los beneficiarios del Magisterio; (iii) la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no era competente para conocer del asunto, puesto que el origen de la controversia no se suscitó a partir de un acto, contrato, hecho, omisión u operación sujeta al derecho administrativo, sino de una discusión sobre unas facturas glosadas por parte de Medisalud UT; (iv) el caso correspondía a un conflicto relativo a la financiación de servicios de salud, entre entidades que no eran de derecho público: una sociedad por acciones simplificadas y  una unión temporal, carente de personalidad jurídica,[35] y (v) la Jurisdicción Ordinaria Laboral no era competente, puesto que la demanda no se relacionaba con la prestación de los servicios de la seguridad social, sino con su pago. Por último, en lo relativo a la Superintendencia Nacional de Salud se indicó que la misma no era competente “[…] por tratarse de entidades que prestan servicios a los afiliados de un régimen expresamente excluido (los usuarios del FOMAG). […]”.

 

4.                 El fuero de atracción[36]

 

25.    El fuero de atracción es un fenómeno procesal en virtud del cual la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se extiende a personas de derecho privado cuando estas son demandadas de forma concomitante con entidades públicas.

 

26.    La jurisprudencia de otras altas cortes ha establecido algunos criterios orientadores para la aplicación del fuero de atracción, es decir, para determinar si la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo debe asumir o no el conocimiento de la controversia en estos casos. En otros términos, el fuero de atracción no opera de forma automática, es decir, por el simple hecho de que una entidad pública sea demandada de forma concurrente con sujetos de derecho privado. Al respecto, se ha señalado que los jueces deben verificar que:

 

(i)     Los hechos y la causa que fundamentan la eventual responsabilidad de los sujetos de derecho privado y las entidades estatales son los mismos.

(ii)   Los hechos, las pretensiones y las pruebas que obran en el expediente permiten inferir razonablemente que existe una probabilidad mínimamente seria de que las entidades estatales sean condenadas.

(iii)El demandante haya planteado fundamentos fácticos y jurídicos para imputar el daño antijurídico a la entidad estatal. En este sentido, deben existir suficientes elementos de juicio que permitan concluir, por lo menos prima facie, que las acciones u omisiones de la entidad estatal demandada fueron, al menos, concausa eficiente del daño.

 

27.    Bajo las anteriores consideraciones, la Sala entra a resolver el caso en concreto.

 

5.                 Solución del caso en concreto

 

28.    La Sala estima que el conocimiento del asunto corresponde a la Jurisdicción Ordinaria, en aplicación de la cláusula residual de competencia consagrada en el inciso primero del artículo 15 del CGP,[37] por las razones que pasan a exponerse:

 

29.    En primer lugar, el señor César Serrano Sánchez presentó demanda contra: (i) la Fiduprevisora S.A.,[38] en calidad de vocera y administradora del FOMAG;[39] (ii) la Fundación Oftalmológica de Santander-FOSCAL;[40] (iii) la Clínica de Urgencias de Bucaramanga S.A.S,[41] las dos últimas integrantes de la Unión Temporal Red Integral Foscal CUB;[42] y (iv) la Fundación Cardiovascular de Colombia Zona Franca S.A.S.[43] Así las cosas, se demandó de forma concomitante tanto a entidades de naturaleza privada como pública. Por tanto, el primer punto a analizar es si se configura o no el fuero de atracción.

 

30.    La demanda formuló como pretensión principal que se declare la responsabilidad solidaria de todas las demandadas por un presunto incumplimiento en el reconocimiento y pago de la factura FHIC79339, por concepto de gastos médicos de urgencia prestados a la madre del demandante, emitida por la IPS Fundación Cardiovascular de Colombia Zona Franca S.A.S. Sumado a ello, solicitó declarar la mora en el pago del reembolso y, en consecuencia, condenar al reconocimiento y cancelación del reembolso de los gastos médicos, intereses e indexación. Así las cosas, si bien existe una reconvención general estructurada en la reclamación del reembolso de gastos médicos que ha sido resuelta desfavorablemente por parte de las demandadas, de acuerdo con la demanda, también es cierto que, en principio, no existe unidad en las imputaciones que se realizan a las demandadas, puesto que se hacen reclamaciones que van desde no haber reportado las novedades hasta no haber consultado bases de datos. De la descripción fáctica se infiere que el reproche principal de la demanda está dirigido a la entidad que prestó el servicio de urgencia, es decir, a la Fundación Cardiovascular de Colombia Zona Franca S.A.S y solidariamente a las demás.

 

31.     A la par, la Sala no evidencia, prima facie, suficientes elementos que permitan concluir que las acciones u omisiones de la parte estatal de la litis fueron, al menos, concausa eficiente del daño, ya que tan sólo se advierte que los hechos describen que se presentó un traslado a la solicitud de la reclamación presentada por la parte actora. En suma, la Sala concluye que no se cumplen las condiciones para activar el fuero de atracción. Lo indicado, sin perjuicio de lo que eventualmente considere y resuelva el juez competente.

 

32.    En segundo lugar, de cara al contenido del artículo 104-4 del CPACA, se infiere que, para el momento de los hechos, el demandante no gozaba de la condición de empleado público, puesto que, de conformidad con la certificación del 25 de septiembre de 2018,[44] su tipo de afiliación era la de cotizante pensionado. De manera que se descarta la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Sobre este punto, la Sala estima necesario aclarar que no se sigue como precedente la regla de decisión establecida en el Auto 867 de 2022,[45] teniendo en cuenta las diferencias fácticas entre este asunto y el analizado en dicha providencia, particularmente que en principio no se advierte que en ese caso se haya reclamado una atención de urgencias y que la reclamación de responsabilidad cobijaba supuestos distintos a los que se estiman en este asunto.

 

33.    En tercer lugar, este caso no corresponde a una controversia relativa a la prestación de los servicios de la seguridad social, pues los mismos ya fueron facilitados, por lo que no resulta aplicable el artículo 2.4 del CPTSS. En consecuencia, la Sala estima necesario atribuir la competencia a la Jurisdicción Ordinaria, conforme a la cláusula residual desarrollada en el artículo 15 del CGP, representada en este asunto por el Juzgado 35 Laboral del Circuito de Bogotá, autoridad judicial de dicha jurisdicción que integra el conflicto suscitado que le correspondió analizar a la Sala.[46]

 

34.    En virtud de lo expuesto, esta Corporación resolverá el conflicto en el sentido de declarar que corresponde al Juzgado 35 Laboral del Circuito de Bogotá conocer de la demanda presentada por el señor César Serrano Sánchez contra la Fiduprevisora S.A; la Fundación Oftalmológica de Santander-FOSCAL; la Clínica de Urgencias de Bucaramanga S.A.S, las dos últimas integrantes de la Unión Temporal Red Integral Foscal CUB, y la Fundación Cardiovascular de Colombia Zona Franca S.A.S.  La Sala ordenará remitir el expediente de la referencia a dicha autoridad judicial para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados.

 

35.    Regla de decisión. De acuerdo con la cláusula general o residual de competencia prevista en el artículo 15 de la Ley 1564 de 2012, le corresponde a la Jurisdicción Ordinaria el conocimiento de las controversias en las que se pretenda el reembolso de gastos médicos en los que incurrió una persona -afiliado al FOMAG- para garantizar la prestación de un servicio de salud de urgencia.

 

III. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

 

RESUELVE:

 

Primero. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 35 Laboral del Circuito de Bogotá y el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Tunja, y DECLARAR que el Juzgado 35 Laboral del Circuito de Bogotá es la autoridad competente para conocer la controversia presentada por el señor César Serrano Sánchez contra la Fiduprevisora S.A., la Fundación Oftalmológica de Santander-FOSCAL, la Clínica de Urgencias de Bucaramanga S.A.S, y la Fundación Cardiovascular de Colombia Zona Franca S.A.S. 

 

Segundo. Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-3957 al Juzgado 35 Laboral del Circuito de Bogotá para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión a los interesados y al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Tunja.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Presidenta

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General