TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-1044/24

 

DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA-Rechazo de demanda de tutela

 

El Tribunal Superior... rechazó de forma arbitraria la solicitud de amparo. Esto, porque (i) en el auto... informó al accionante que contaba con apenas dos (2) días —no tres como lo exige la ley—, para corregir la solicitud; (ii) inadmitió y rechazó la solicitud pese a que los hechos y las pretensiones eran claros y (iii) no acudió a sus facultades oficiosas para esclarecer las razones por las cuales a la solicitud de amparo del (accionante) se adjuntaron escritos (de otra persona privada de la libertad).

 

ACCESO A LA ADMINISTRACION PUBLICA Y A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Garantía

 

Las autoridades penitenciarias asumen un rol de garante del derecho de acceso a la administración de justicia de las PPL. En virtud de este rol, deben, entre otras, (i) informar a los internos sobre la forma como se ejerce el derecho de petición en el establecimiento carcelario y brindarles asesoría en la radicación de sus solicitudes y peticiones, (ii) remitir las peticiones de los reclusos a la autoridad —judicial y administrativa— que corresponda y (iii) comprobar que la solicitud haya llegado a su destino. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, estos deberes forman parte del mínimo constitucionalmente asegurable del derecho de acceso a la administración de justicia.

 

DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA-Contenido y alcance

 

PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD-Protección constitucional especial

 

RELACIONES DE ESPECIAL SUJECION ENTRE LOS INTERNOS Y EL ESTADO-Respeto por la dignidad humana de personas privadas de la libertad

 

RELACIONES DE ESPECIAL SUJECION ENTRE LOS INTERNOS Y EL ESTADO-Garantía y respeto de derechos fundamentales del interno

 

La relación de especial sujeción en la que se encuentran las PPL respecto del Estado no sólo impone deberes especiales de protección a las autoridades penitenciarias. Las autoridades judiciales a quienes las PPL eleven solicitudes también tienen deberes específicos en relación con estos sujetos. En concreto, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que, conforme al mandato previsto en el artículo 13.3 de la Constitución, el derecho de acceso a la administración de justicia de los PPL es objeto de protección constitucional reforzada. Asimismo, ha enfatizado que las autoridades judiciales deben emplear enfoques diferenciales para garantizar que estos sujetos puedan ejercer el derecho de acceso a la administración en condiciones de igualdad real y sustantiva. Esto implica, entre otras, que las autoridades judiciales deben evitar llevar a cabo interpretaciones en exceso formalistas de las normas procesales, que desconozcan las barreras jurídicas y de facto a las que las PPL se enfrentan en los procesos judiciales.

 

JUEZ CONSTITUCIONAL-Facultad para rechazar de plano la acción de tutela por falta de corrección/TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA-Excepcionalidad del rechazo

 

PRINCIPIO DE OFICIOSIDAD E INFORMALIDAD-Juez de tutela tiene la obligación de tomar medidas necesarias para proteger derechos fundamentales

 

PRINCIPIO DE EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES-Alcance en la acción de tutela

 

JUEZ CONSTITUCIONAL-Deberes/JUEZ CONSTITUCIONAL-Facultades

 

HABEAS CORPUS-Trámite

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Séptima de Revisión

 

AUTO 1044 DE 2024

 

 

Referencia: Expediente T-9.896.984

 

Accionante: Alexander Sosa Bedoya

Accionados: Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Sevilla, Valle del Cauca; y los Juzgados Primero y Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca

 

Magistrada sustanciadora:

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

 

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

 

La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por las magistradas Cristina Pardo Schlesinger y Paola Andrea Meneses Mosquera, quien la preside, así como por el magistrado José Fernando Reyes Cuartas, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I.         ANTECEDENTES

 

1.        Hechos probados

 

1.                 El 16 de diciembre de 2021, el Juzgado Sexto Penal Municipal de Conocimiento de Bogotá condenó al señor Jonathan Alexander Sosa Bedoya a 36 meses de prisión, por el delito de hurto calificado^[1]. En cumplimiento de esta condena, el señor Sosa Bedoya fue recluido en el Establecimiento Penitenciario de Media Seguridad y Carcelario de Sevilla—Valle del Cauca (en adelante, “EPMSC de Sevilla”).

 

2.                  En el año 2023, mientras estaba recluido en el EPMSC de Sevilla, el señor Sosa Bedoya elevó dos peticiones de “prisión domiciliaria, redención de penas y libertad condicional, […] todas con varios recordatorios de respuesta”[2] ante diversas autoridades judiciales:

 

2.1.      El 8 de marzo de 2023[3], el accionante presentó un derecho de petición ante el Juzgado 1 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Guadalajara de Buga (en adelante, el “Juzgado 1 de EPMS”), a fin de obtener el “estudio para el beneficio de prisión domiciliaria”. Aseguró que tenía arraigo familiar y social, buena conducta y tiempo suficiente de cumplimiento y redención de pena. Asimismo, explicó que no había podido presentar todos los documentos pertinentes al Juzgado porque el asesor jurídico del EPMSC de Sevilla había hecho caso omiso a sus solicitudes[4].

2.2.      Días después[5], el señor Sosa Bedoya presentó una petición ante el Juzgado 4 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad (en adelante, el “Juzgado 4 de EPMS”)^[6], en la que solicitó que se evaluara su caso para el “beneficio de la libertad condicional”. Para justificar su solicitud, aseguró que (i) cumplía “a cabalidad con unos valores subjetivos y algunos objetivos” y (ii) tenía una esposa y un “hijastro” quienes estaban sufriendo “afectiva, emocional y económica[mente]” por su privación de la libertad[7].

 

3.                 El 26 de septiembre de 2023, la Oficina Jurídica del EPMSC de Sevilla remitió un “recordatorio de libertad condicional” al Juzgado 1 de EPMS. Ese mismo día, el Juzgado 1 de EPMS corrió traslado del recordatorio al Juzgado 4 de EPMS[8].

 

2.     Trámite de la acción de tutela

 

2.1. Solicitud de amparo

 

4.                 El 19 de octubre de 2023[9], Jonathan Alexander Sosa Bedoya interpuso acción de tutela en contra del EPMSC de Sevilla, el Juzgado 1 de EPMS y el Juzgado 4 de EPMS de Guadalajara de Buga[10]. Argumentó que las autoridades accionadas vulneraron su derecho fundamental de petición, porque no respondieron las solicitudes de prisión domiciliaria y libertad condicional[11]. El accionante sostuvo que la falta de respuesta de estas solicitudes pasaba por alto que: (i) ha aprendido su lección y logrado la resocialización[12]; (ii) su esposa —Yeraldine Alexandra Oviedo— y su “hijastro” —Jack Danilo Oviedo— de 3 años “estaban bajo [su] responsabilidad”, por lo que desde que está en prisión se han visto impactados afectiva, económica, emocional y psicológicamente[13]; y, por último, (iii) no tenía antecedentes judiciales y era su primera vez en prisión.

 

5.                 Por lo anterior, solicitó como pretensiones que el juez de tutela ordenara: (i) “responder los derechos de petición enviados al Despacho del Centro de Servicios (Mercurio) […] desde el mes de marzo hasta el mes de septiembre” de 2023[14]; y (ii) “valorar [su] proceso”, puesto que consideraba que cumplía los “valores objetivos y subjetivos a cabalidad” para obtener —se deduce— su libertad condicional.

 

6.                 En el escrito de tutela del señor Sosa Bedoya, aparecen adjuntos dos documentos suscritos por Harrison Salazar Valencia: un escrito de habeas corpus y una solicitud de tutela.  En ambos escritos, el señor Salazar Valencia relataba que llevaba 11 meses privado de la libertad en el EPMSC de Sevilla en calidad de sindicado. Sin embargo, consideraba que su privación de la libertad era arbitraria, porque, en su criterio, no existía “ningún elemento probatorio contundente” que demostrara su culpabilidad^[15]. En la acción de tutela solicitó como pretensiones que “de manera urgente se defina [su] situación jurídica”, mediante la revisión de su proceso, ya que es padre de familia con una esposa, y dos hijos quienes estarían atravesando una “crisis emocional, afectiva, psicológica y económica […]” por su privación de la libertad^[16].

 

2.2.          Decisiones de instancia

 

7.                 Inadmisión. La acción de tutela correspondió por reparto al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga–Sala de Decisión Penal en Sede Constitucional (en adelante, “Tribunal Superior de Buga”). El 20 de octubre de 2023, el Tribunal Superior de Buga inadmitió la acción de tutela y requirió a Jonathan Alexander Sosa Bedoya para que, con el apoyo de la Oficina Jurídica y la Dirección de la Cárcel de Sevilla, aclarara la acción de tutela en un término de 2 días, so pena de rechazar el trámite. Según el Tribunal, la solicitud de amparo no cumplía con el requisito de admisión previsto en el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991, según el cual el accionante debía “plasmar unos hechos medianamente entendibles, así como, determinar cuál es la autoridad, entidad o particular que aparentemente está vulnerando sus derechos”. Lo anterior, por cuanto aparecían documentos relativos a trámites de Harrison Salazar Valencia, cuya relación con el accionante y su proceso de amparo no era clara[17]. El 24 de octubre de 2023, la Oficina Jurídica del EPMSC de Sevilla notificó el auto de inadmisión al accionante[18].

 

8.                 Rechazo. El 27 de octubre de 2023, la Secretaría del Tribunal Superior de Buga dejó constancia de que “el actor no presentó corrección o aclaración al escrito de tutela” dentro del término de 2 días a partir de la notificación^[19]. Por esta razón, mediante auto de 31 octubre de 2023, el Tribunal Superior de Buga resolvió rechazar la acción de tutela de Jonathan Alexander Sosa Bedoya. Esta decisión no fue impugnada^[20].

 

3.     Actuaciones en sede de revisión

 

9.                 Selección. El 30 de enero de 2024, la Sala de Selección Número Uno seleccionó para revisión el expediente de la referencia y lo repartió a la Magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera.

 

10.             Auto de vinculación y requerimiento de información. Mediante auto del 5 de abril de 2024, la magistrada sustanciadora vinculó a los Juzgados 1 y 4 de EPMS de Guadalajara de Buga, al EPMSC de Sevilla, al Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Buenaventura, al Centro de Soporte Técnico del Sistema Penal Acusatorio de Buenaventura, y a Harrison Salazar Valencia para que, junto con el accionante[21], aportaran información en relación con los siguientes ejes temáticos: (i) la situación jurídica y de libertad de Jonathan Alexander Sosa Bedoya y Harrison Salazar Valencia; (ii) la posible relación que existía entre los procesos penales de ambos sujetos; y (iii) el estado del trámite de las solicitudes de prisión domiciliaria y libertad condicional que elevó Jonathan Alexander Sosa Bedoya.

 

11.             Respuesta a los autos de prueba. La siguiente tabla sintetiza las respuestas de las demandadas y vinculadas:

 

 

12.             Harrison Salazar Valencia y el Centro de Soporte Técnico del Sistema Penal Acusatorio de Buenaventura no presentaron escrito de respuesta.

 

II.   CONSIDERACIONES

 

1.     Competencia

 

13.             Conforme al artículo 241 de la Constitución, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar los autos del 20 y 31 de octubre de 2023, mediante los cuales el Tribunal Superior de Buga inadmitió y rechazó, respectivamente, la acción de tutela que el señor Sosa Bedoya interpuso.

 

14.             El numeral 9º del artículo 241 de la Constitución Política confiere competencia a la Corte para revisar “las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales”. La Corte Constitucional ha interpretado de forma consistente y pacífica que el término “decisiones” comprende no sólo las sentencias, sino también los autos que se profieren al interior del trámite de tutela. En particular, ha sostenido que los autos mediante los cuales los jueces de instancia inadmiten o rechazan una acción de tutela (i) pueden ser eventualmente seleccionados para revisión por la Corte Constitucional y (ii) “se encuentra[n] sometid[os] al control de legalidad” y constitucionalidad^[22].

 

15.             De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, en estos casos, el examen de revisión consiste en “determinar si el rechazo se ajustó a los elementos dispuestos por el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991 o si, por el contrario, se desconoció el derecho de acceso a la justicia, invocando argumentos contrarios a la naturaleza sumaria, informal y garantista del mecanismo de amparo”^[23].

 

2.     Delimitación del asunto objeto de revisión, problema jurídico y metodología de la decisión

 

16.             El proceso de revisión de tutela sub examine tiene origen en la acción de tutela que ejerció Jonathan Alexander Sosa Bedoya contra los Juzgados 1 y 4 de EPMS de Guadalajara de Buga y el EPMSC de Sevilla, por la presunta vulneración de su derecho fundamental de petición. Según el accionante, estas autoridades no habrían contestado de forma oportuna y de fondo sus solicitudes de prisión domiciliaria y libertad condicional. El Tribunal Superior de Buga, autoridad a quien le correspondió por reparto el conocimiento de la tutela, no emitió un pronunciamiento de fondo. Por el contrario, inadmitió y luego rechazó la solicitud de amparo al considerar que esta no cumplía con el requisito de admisión previsto en el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991. En su criterio, el objeto de la tutela no era claro, pues a la solicitud de amparo se adjuntaron escritos suscritos por el señor Harrison Salazar Valencia, sin explicar cuál era su relación con la acción de tutela que presentó el señor Sosa Bedoya. Además, sostuvo que el señor Sosa Bedoya no corrigió dichos yerros dentro del término previsto en la ley para la corrección.

 

17.             En tales términos, la Sala debe resolver el siguiente problema jurídico:

 

¿El Tribunal Superior de Buga vulneró el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia de los señores Jonathan Alexander Sosa Bedoya y Harrison Salazar Valencia, al rechazar y no tramitar —respectivamente— sus acciones constitucionales porque, presuntamente, el señor Sosa Bedoya (i) adjuntó a la solicitud de amparo escritos relacionados con el señor Harrison Salazar Valencia y (ii) no corrigió su solicitud en el término concedido para la subsanación?

 

18.             Para resolver el problema jurídico, la Sala Séptima, en primer lugar, reiterará la jurisprudencia constitucional sobre (i) el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y (ii) el requisito de admisión de las acciones de tutela, previsto en el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991. En esta sección, la Sala hará especial énfasis en la naturaleza excepcional y subsidiaria del rechazo de la acción de tutela. En segundo lugar, con fundamento en estas consideraciones, la Sala resolverá el caso concreto. Por último, de encontrar acreditada alguna irregularidad en el trámite de la acción de tutela sub examine, la Sala adoptará los remedios que correspondan.

 

3.     El derecho fundamental de acceso a la administración de justicia en el trámite de tutela. Reiteración de jurisprudencia

 

(i)          El derecho fundamental de acceso a la administración de justicia

 

19.             Fundamento constitucional y ámbito de protección. El artículo 229 de la Constitución Política de Colombia reconoce “el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia”. En concordancia, el artículo 2º de la Ley Estatutaria 270 de 1996 establece que el “Estado garantiza el acceso de todos los asociados a la administración de justicia […]”. La Corte Constitucional ha definido el derecho de acceso a la administración de justicia como aquel que confiere a las personas la facultad de “acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes”[24].

 

20.             De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el ámbito de protección del derecho de acceso a la administración de justicia abarca cinco grupos de garantías y prerrogativas constitucionales y convencionales[25]. Primero, la facultad de acudir a la administración de forma libre, voluntaria y sin barreras injustificadas. Segundo, las “garantías de acceso propiamente dichas”, asociadas con la existencia de recursos judiciales efectivos^[26] y la disponibilidad de recursos de infraestructura^[27] y cobertura^[28]. Tercero, las prerrogativas y derechos que se derivan del derecho fundamental al debido proceso, las cuales deben ser garantizadas en todo proceso judicial. Cuarto, los derechos fundamentales que le asisten a las partes como usuarios del servicio público esencial de justicia^[29], “como, por ejemplo, los derechos fundamentales a la igualdad^[30], la intimidad y a no ser discriminados por los funcionarios judiciales”[31]. Quinto, el derecho a la tutela judicial efectiva[32], que exige a las autoridades judiciales decidir de fondo las controversias y procurar evitar fallos inhibitorios^[33].

 

21.             Protección constitucional reforzada de las personas privadas de la libertad. Las personas privadas de la libertad tienen una relación especial de sujeción con el Estado[34]. Esta relación de sujeción se caracteriza por la subordinación que ejerce el Estado sobre el recluso y la consecuente posición de garante que asume respecto de sus derechos^[35]. La subordinación se concreta en el “sometimiento del interno a un régimen jurídico especial (controles disciplinarios y administrativos especiales y posibilidad de limitar el ejercicio de derechos, incluso fundamentales)”[36]. La posición de garante, por su parte, implica que las autoridades penitenciarias tienen a su cargo deberes específicos de respeto, protección y garantía encaminados a asegurar el “goce efectivo de los derechos fundamentales”[37] y, en particular, los “mínimos constitucionalmente asegurables”[38]. Los mínimos constitucionalmente asegurables son prestaciones mínimas, derivadas de cada derecho fundamental, que tienen como propósito garantizar que las personas privadas de la libertad vivan en condiciones acordes con la dignidad humana. Estos mínimos sirven para orientar al Ejecutivo en el establecimiento de normas técnicas que permitan evaluar la superación del estado de cosas inconstitucional en el ámbito penitenciario y carcelario[39].

 

22.             En el auto 121 de 2018, la Sala Especial de Seguimiento a las Sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015 de la Corte Constitucional —estado de cosas inconstitucional en el ámbito penitenciario y carcelario—, determinó los deberes específicos de las autoridades penitenciarias en relación con el acceso de las PPL a la administración pública y a la justicia^[40]. La Sala de Seguimiento resaltó, y así lo han reiterado múltiples Salas de Revisión[41], que el derecho de petición es un derecho instrumental^[42] para el pleno ejercicio del derecho de acceso a la administración pública y la administración de justicia de las PPL, puesto que a través de su ejercicio “se le da trámite a las solicitudes relacionadas con traslados, rebajas de pena, beneficios administrativos, libertades condicionales, la redención por trabajo, estudio o enseñanza, y la sustitución, suspensión o extinción de la sanción penal, entre otras”[43].

 

23.             Asimismo, la Sala de Seguimiento enfatizó que los funcionarios de los centros penitenciarios tienen una función de “intermediación” entre las PPL y la administración de justicia. Esto es así, debido a que las personas privadas de la libertad “dependen de la administración carcelaria y penitenciaria para el trámite de sus solicitudes en ejercicio del derecho de petición”. En tales términos, la Corte Constitucional ha señalado que las autoridades penitenciarias asumen un rol de “tutores del interno mientras permanece privado de la libertad”[44]. En virtud de este rol, las autoridades penitenciarias deben, entre otros, (i) informar a los internos la forma como se ejerce el derecho de petición en el establecimiento y brindarles asesoría en la radicación de sus solicitudes, (ii) remitir las peticiones de los reclusos a la autoridad —judicial y administrativa— que corresponda y (iii) comprobar que la solicitud haya llegado a la autoridad destinataria, “a fin de que esta última pueda tener acceso al contenido de la misma y obtenga la oportunidad de darle el correspondiente trámite y respuesta”[45]. Estos deberes forman parte de los mínimos constitucionales asegurables del derecho de acceso a la administración de justicia de las PPL.

 

24.             La relación de especial sujeción en la que se encuentran las PPL respecto del Estado no sólo impone deberes especiales de protección a las autoridades penitenciarias. Las autoridades judiciales a quienes las PPL eleven solicitudes también tienen deberes específicos en relación con estos sujetos. En concreto, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que, conforme al mandato previsto en el artículo 13.3 de la Constitución, el derecho de acceso a la administración de justicia de los PPL es objeto de protección constitucional reforzada[46]. Asimismo, ha enfatizado que las autoridades judiciales deben emplear enfoques diferenciales para garantizar que estos sujetos puedan ejercer el derecho de acceso a la administración en condiciones de igualdad real y sustantiva. Esto implica, entre otras, que las autoridades judiciales deben evitar llevar a cabo interpretaciones en exceso formalistas de las normas procesales, que desconozcan las barreras jurídicas y de facto a las que las PPL se enfrentan en los procesos judiciales[47].

 

(ii)        El artículo 17 del Decreto 2591 de 1991 y el rechazo arbitrario de la acción de tutela. Reiteración de jurisprudencia

 

25.             El artículo 17 del Decreto 2591 de 1991 habilita al juez de tutela a rechazar de plano la solicitud de amparo si los hechos que motivan su presentación son ininteligibles y el accionante no corrige tal yerro. Al respecto, dispone que:

 

“ARTÍCULO 17. CORRECCIÓN DE LA SOLICITUD. Si no pudiere determinarse el hecho o la razón que motiva la solicitud de tutela se prevendrá al solicitante para que la corrija en el término de tres días, los cuales deberán señalarse concretamente en la correspondiente providencia. Si no la corrigiere, la solicitud podrá ser rechazada de plano.

 

Si la solicitud fuere verbal, el juez procederá a corregirla en el acto, con la información adicional que le proporcione el solicitante”.

 

26.             La Corte Constitucional examinó la constitucionalidad de esta disposición en la sentencia C-483 de 2008. La Corte resaltó que el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991 era constitucional porque “la exigencia de claridad de la solicitud de tutela resulta […] idónea para garantizar el efectivo ejercicio del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, en tanto permite al juez contar con un cabal entendimiento de la situación que originó la presentación de la acción y así poder emitir órdenes que garanticen la real y efectiva protección de los derechos fundamentales afectados en cada caso concreto”. Asimismo, encontró que, ante la falta de claridad, el rechazo no era una decisión en abstracto desproporcionada, dado que estaba “precedid[a] de la concesión de un término razonable para subsanar, informado al accionante a través de una providencia judicial debidamente notificada”. 

 

27.              Con todo la Corte Constitucional enfatizó que, conforme a los principios de informalidad, universalidad, eficacia de la acción de tutela y de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas (art. 228 de la CP), el rechazo de la acción de tutela debe ser (i) excepcional, (ii) mínimo, (iii) no obligatorio y (iv) subsidiario. Es excepcional, porque sólo procede si se cumplen los elementos previstos en el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991 y se constata “la absoluta oscuridad en los hechos que causaron la presentación de la acción de tutela”[48] (énfasis añadido). De otro lado, el rechazo es “mínimo” puesto que sólo opera si el accionante no corrige los yerros de la solicitud en el término que otorgue el juez de instancia para la subsanación, conforme al inciso 1º del artículo 17 del Decreto 2591 de 1991[49]. A su turno, el rechazo es no obligatorio y subsidiario por cuanto, ante la falta de claridad en el escrito de tutela, el juez de tutela tiene la obligación de intentar esclarecer los hechos y pretensiones por medio de sus facultades oficiosas. El rechazo solo procede si (i) “el juez llega al convencimiento de que con el ejercicio de sus facultades y poderes no podrá esclarecer la situación de hecho”[50] y (ii) no es posible “imaginar otras soluciones” posibles, diferentes al rechazo.

 

28.             El carácter excepcional, mínimo, no obligatorio y subsidiario de las decisiones de rechazo se deriva de la naturaleza constitucional de la acción de tutela y el rol que debe asumir el juez al resolver las solicitudes de amparo. Conforme al artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela tiene como propósito garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales. Esto implica que el juez de tutela no puede actuar como un “frío funcionario que aplica irreflexivamente la ley”, sino como uno que “se proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la agitada realidad subyacente y asumir su responsabilidad como un servidor vigilante, activo y garante de los derechos”[51]. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el rol activo del juez de tutela es de especial relevancia en aquellos casos en que los accionantes forman parte de un grupo de especial protección constitucional, como, por ejemplo, las PPL. En estos casos, una aplicación rígida de las normas procesales podría conducir a que la presentación deficiente del caso por parte de los accionantes, derivada de las barreras jurídicas y de facto a las que las PPL se enfrentan, repercuta de forma desfavorable en el desenlace final del proceso y afecte el derecho de acceso a la administración de justicia. Para prevenir este riesgo, la Constitución y el Decreto 2591 de 1991 prohíben que el juez de tutela aplique de forma rígida e irreflexiva el artículo 17 del Decreto 2591 de 1997 y, por lo tanto, exigen considerar las “circunstancias sociales, económicas, personales o familiares que dificultan [la] calidad de argumentación”[52] de los accionantes.

 

29.             En este sentido, la Corte Constitucional ha enfatizado la importancia del principio de oficiosidad en las acciones de tutela que presentan las PPL y otros sujetos de especial protección constitucional. En estos casos, el juez de tutela “tiene a su cargo un papel activo, independiente, que implica la búsqueda de la verdad y de la razón, y que riñe con la estática e indolente posición de quien se limita a encontrar cualquier defecto en la forma de la demanda para negar el amparo que de él se impetra”^[53]. En particular, el principio de oficiosidad impone al juez de tutela, entre otros[54], (i) el deber interpretar las pretensiones de los tutelantes a la luz de la protección de los derechos fundamentales y (ii) la obligación de recabar de forma oficiosa y diligente las pruebas que sean necesarias para proferir una decisión de fondo —bien sea de procedencia o de amparo—^[55].

 

30.             Es un deber constitucional y legal de los jueces de la República “pronunciarse de fondo sobre las acciones de tutela de su conocimiento”^[56]. Las decisiones de los jueces de tutela que, fundadas en una interpretación irreflexiva y formalista del artículo 17 del Decreto 2591 de 1991, no consultan el carácter excepcional, mínimo, subsidiario y no obligatorio del rechazo, son arbitrarias y vulneran el derecho de acceso a la administración de justicia[57]. Conforme a la jurisprudencia constitucional, la Corte Constitucional puede adoptar dos tipos de remedios cuando constata una violación al derecho de acceso a la administración de justicia derivada de un rechazo arbitrario:

 

(i)          Remedio 1. Declarar la nulidad del auto de rechazo y, en consecuencia, devolver el expediente al juez de instancia para que este asuma conocimiento y resuelva la controversia. Por regla general, la Corte no debe emitir un pronunciamiento de fondo sobre la controversia, puesto que ello podría convertir el trámite de revisión en un proceso “ad hoc sin las instancias correspondientes”^[58], lo cual podría vulnerar el derecho al debido proceso y exceder las competencias de revisión de la Corte[59].

(ii)        Remedio 2. En casos excepcionales, la jurisprudencia ha admitido que la Corte no solo declare la nulidad del rechazo, sino que además resuelva directamente la tutela en única instancia. Este remedio, sin embargo, sólo es procedente si se constata que la decisión del asunto es impostergable, en atención a la situación del accionante, el derecho invocado y el riesgo de afectación a sus derechos[60].

 

31.             Esta línea jurisprudencial ha sido desarrollada por la Corte en, entre otras providencias, los autos 054 de 1995 y 208 de 2020:

 

32.             Auto 054 de 1995. La Sala Tercera de Revisión examinó la decisión de rechazo que profirió Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla frente a la acción de tutela que inició el apoderado judicial de Pompilio Reyes Sequeda en contra del Juzgado Octavo de Familia de Barranquilla. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla fundamentó su sentencia de rechazo en que el apoderado no “incorporó al expediente poder especial para interponer acción de tutela”. La Corte concluyó que el rechazo fue arbitrario, porque el Tribunal rechazó in limine la acción, a pesar de que no estaba ante un escenario de temeridad, ni otorgó al accionante un plazo de tres días para corregir o aclarar su acción, de conformidad con el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991. Además, la decisión negó al accionante la posibilidad de tutelar sus derechos, sin un pronunciamiento de fondo y sin la concurrencia de una causal de improcedencia; y, por ende, comprometió el “derecho constitucional del actor, a una pronta y cumplida justicia”[61]. Como remedios, declaró la nulidad procesal del trámite, incluso a partir de la providencia de rechazo, y devolvió el expediente a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla. La Sala Tercera de Revisión señaló que “la Corte no puede revisar la decisión de [rechazo]” pues (i) no había materialmente una sentencia judicial y (ii) no podía obrar como juez de única instancia.

 

33.             Auto 208 de 2020. La Sala Segunda de Revisión examinó la decisión de rechazo que profirió el Juzgado 13 Administrativo del Circuito de Cartagena en el proceso de tutela que promovió Irina del Carmen Herrera Guerra contra la UARIV. La autoridad de instancia rechazó la acción de tutela con fundamento en el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991. Sostuvo que la solicitud de amparo no era clara, porque la accionante omitió aportar oportunamente la petición de inclusión en el Registro Único de Víctimas y los actos administrativos que negaron tal inclusión. La Sala Segunda concluyó que la decisión de rechazo vulneró el derecho de acceso a la administración de justicia puesto que: (i) la acción de tutela era clara en cuanto a los hechos, derechos presuntamente vulnerados y entidad posiblemente responsable; (ii) el auto de inadmisión no tuvo como propósito aclarar los hechos de la acción de tutela, sino “requerir documentos probatorios sobre el trámite de inclusión en el RUV”, lo cual supuso una carga adicional a la accionante; y, por último, (iii) la autoridad de instancia no empleó sus poderes oficiosos para recolectar las pruebas que —en su concepto— faltaban, a pesar de que la accionante era un sujeto de especial protección.

 

34.             Por lo anterior, la Sala Segunda dejó sin efectos la decisión de inadmisión y rechazo, y ordenó al Juzgado 13 Administrativo del Circuito de Cartagena resolver de fondo la acción de tutela[62]. Esto último, debido a que, si bien reconoció que “en algunos casos especiales” la Corte puede resolver directamente el fondo del asunto por razones que hagan impostergable su intervención, en el caso concreto no evidenció “la necesidad o exigencia ineludible de asumir directamente el caso y resolverlo en única instancia ante la Corte” con las consecuencias que ello implicaría frente a las competencias de la Corporación y la garantía del debido proceso.

 

35.             Síntesis de las reglas de decisión. La siguiente tabla sintetiza las reglas de decisión relevantes para resolver el caso concreto:

 

 

4.     Caso concreto

 

36.             La Sala Séptima de Revisión considera que el EPMSC de Sevilla y el Tribunal Superior de Buga vulneraron el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia de Jonathan Alexander Sosa Bedoya y Harrison Salazar Valencia. Primero, el EPMSC de Sevilla (i) no fue diligente para asegurar una radicación apropiada de las peticiones de habeas corpus y tutela de Harrison Salazar Valencia, lo que impidió su trámite; y (ii) no aclaró ante el Tribunal Superior de Buga por qué había documentos de Harrison Salazar en el mismo expediente, lo que condujo a la decisión de rechazo de la tutela del señor Sosa Bedoya[63]. Segundo, el Tribunal Superior de Buga (i) rechazó de forma arbitraria la tutela de Jonathan Alexander Sosa Bedoya y (ii) no tramitó los escritos de habeas corpus y tutela de Harrison Salazar Valencia, sin justificación razonable.

 

-         El centro de reclusión EPMSC de Sevilla obstaculizó el derecho de acceso a la administración de justicia

 

37.             La Sala Séptima considera que el EPMSC de Sevilla obstaculizó el derecho de acceso a la administración de justicia de Jonathan Alexander Sosa Bedoya y Harrison Salazar Valencia. La Sala reitera y reafirma que, en virtud de la relación de especial sujeción entre el Estado y las PPL, las autoridades penitenciarias tienen una posición de garante del derecho de acceso a la administración de justicia de las PPL. En virtud de este rol, deben, entre otras, (i) informar a los internos sobre la forma como se ejerce el derecho de petición en el establecimiento carcelario y brindarles asesoría en la radicación de sus solicitudes y peticiones, (ii) remitir las peticiones de los reclusos a la autoridad —judicial y administrativa— que corresponda y (iii) comprobar que la solicitud haya llegado a su destino. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, estos deberes forman parte del mínimo constitucionalmente asegurable del derecho de acceso a la administración de justicia.

 

38.             La Sala considera que el EPMSC de Sevilla desconoció estos deberes. En respuesta al auto de pruebas, el señor Jonathan Alexander Sosa Bedoya informó a la Corte que brindó apoyo al señor Salazar Valencia en la radicación de la acción de tutela y habeas corpus, debido a que este último está en situación de analfabetismo. Asimismo, afirmó que las acciones de tutela del señor Salazar Valencia fueron adjuntadas a su acción de tutela por un error imputable a los funcionarios del EPMSC de Sevilla. El EPMSC de Sevilla no controvirtió esta información[64], por lo que la Corte da por probado que el error en la radicación de las solicitudes es imputable a la falta de diligencia del centro de reclusión.

 

39.             En criterio de la Corte, el error administrativo del EPMSC de Sevilla condujo a que la tutela del señor Sosa Bedoya fuera rechazada y las solicitudes de habeas corpus y tutela del señor Salazar Valencia no fueran remitidas a las autoridades judiciales competentes para resolverlas. Lo anterior, obstaculizó injustificadamente el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia de ambos reclusos.

 

-         El Tribunal Superior de Buga rechazó de forma arbitraria las acciones de tutela

 

40.             El Tribunal Superior de Buga rechazó la solitud de amparo que formuló el señor Sosa Bedoya, y se abstuvo de tramitar las solicitudes de habeas corpus y tutela del señor Salazar Valencia, con fundamento en que, en su concepto, no fue “posible determinar si se trata de una sola acción de tutela o en qué medida el señor HARRISON SALAZAR VALENCIA, tiene que ver con su escrito de tutela”. Además, consideró que “el promotor [Jonathan Alexander Sosa Bedoya], ante el requerimiento, guardó silencio”[65].

 

41.             En criterio de la Sala, esta decisión fue arbitraria y desconoció el carácter excepcional, mínimo, no obligatorio y subsidiario del rechazo de las acciones de tutela. Esto es así, por tres razones:

 

42.             Primero. El Tribunal Superior de Buga no concedió al accionante el plazo previsto en la ley para subsanar la solicitud de tutela. El artículo 17 del Decreto 2591 de 1991 dispone que “el plazo que debe otorgarse al demandante para que corrija la tutela es de 3 días, término que además debe señalarse en la providencia correspondiente”[66]. No obstante, la Sala advierte que, en este caso, en el auto de 20 de octubre de 2023, el Tribunal Superior de Buga exigió a Jonathan Alexander Sosa Bedoya que, “dentro del perentorio término de dos (02) días contados a partir del día siguiente de la notificación de esta decisión, aclare su acción de tutela” (subrayado fuera del texto). Esta determinación, además de ser contraria a la ley, careció de toda justificación.

 

43.             Segundo. La decisión de rechazo no fue excepcional ni subsidiaria. La Sala Séptima reitera y reafirma que no cualquier yerro de argumentación o duda que suscite el escrito de tutela habilita su rechazo. De acuerdo con el artículo 17 del Decreto Ley 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional, el rechazo derivado de falta de claridad sólo procede si se constata (i) “la absoluta oscuridad en los hechos que causaron la presentación de la acción de tutela” y (ii) que no existen otras alternativas para esclarecer los hechos y el alcance de las pretensiones de la solicitud de amparo.

 

44.             La Corte considera que, en este caso, los hechos vulneradores denunciados, así como las pretensiones de la acción de tutela que interpuso el señor Jonathan Alexander Sosa Bedoya, eran claros. En efecto, la simple lectura de la solicitud de amparo demuestra que el señor Sosa Bedoya denunciaba que el EPMSC de Sevilla, el Juzgado 1 de EPMS y el Juzgado 4 de EPMS de Guadalajara de Buga violaron su derecho fundamental de petición al no responder las solicitudes que elevó a fin de obtener, inicialmente, la prisión domiciliaria, y posteriormente, la libertad condicional[67]. Asimismo, la Sala advierte que el accionante formuló como pretensiones, de forma expresa y precisa, que el juez de tutela ordenara: (i) “responder los derechos de petición enviados al Despacho del Centro de Servicios (Mercurio) […] desde el mes de marzo hasta el mes de septiembre” de 2023[68]; y (ii) “valorar [su] proceso”, puesto que consideraba que cumplía con los requisitos para obtener la libertad condicional.

 

45.             Ahora bien, la Sala reconoce que, por equivocación imputable al EPMSC de Sevilla, a la solicitud de amparo del señor Sosa Bedoya se adjuntaron dos escritos relacionados con la situación del señor Harrison Salazar Valencia: una acción de tutela y una acción de habeas corpus. No obstante, en criterio de la Sala, estos escritos (i) no implicaban que la acción de tutela del señor Jonathan Alexander Sosa Bedoya fuera absolutamente oscura o susceptible de rechazo (ii) tampoco impedían adoptar un pronunciamiento de fondo en la tutela que formuló el señor Sosa Bedoya y (iii) no imposibilitaban dar trámite a las solicitudes de Harrison Salazar Valencia. Esto, porque, se reitera, los hechos y pretensiones eran claros (cfr. párr. 6 supra)  y, además, era posible inferir que los escritos relacionados con el señor Salazar Valencia habían sido adjuntados por un error involuntario.

 

46.             Tercero. El Tribunal Superior de Buga omitió el deber de emplear sus facultades oficiosas para determinar la relación que existía entre el señor Jonathan Alexander Sosa Bedoya y Harrison Salazar Valencia y sus solicitudes de amparo. La Sala reitera y reafirma que, en virtud del principio de oficiosidad, el juez de tutela “tiene a su cargo un papel activo, independiente, que implica la búsqueda de la verdad y de la razón, y que riñe con la estática e indolente posición de quien se limita a encontrar cualquier defecto en la forma de la demanda para negar el amparo que de él se impetra”^[69]. Por esta razón, en caso de que advierta alguna falencia en la solicitud de amparo que impida comprender a cabalidad su objeto, la Constitución y la ley exigen que despliegue sus facultades oficiosas para esclarecer los hechos. En aquellos casos en los que los accionantes son sujetos de especial protección constitucional, como las PPL, el principio de oficiosidad cobra, incluso, mayor relevancia constitucional. Lo anterior, con el propósito de evitar que, por falencias de argumentación u otros errores formales que de ordinario se derivan de las barreras de jure y de facto a los que estos sujetos se encuentran sometidos, sus acciones de tutela sean inadmitidas y luego rechazadas injustificadamente.

 

47.             En este caso, sin embargo, la Sala constata que el Tribunal Superior de Buga no ejerció sus facultades oficiosas. Por el contrario, se limitó a solicitar al señor Sosa Bedoya que corrigiera la tutela y luego rechazó la solicitud de amparo, y se abstuvo de tramitar las peticiones de tutela y habeas corpus a nombre del señor Salazar Valencia, por la presunta falta de claridad respecto de la relación que existía entre los señores Sosa Bedoya y Salazar Valencia. La Sala advierte que, en este caso, en ejercicio de sus facultades oficiosas el Tribunal habría podido, cuando menos, requerir información a las autoridades penitenciarias y judiciales mencionadas en la tutela del señor Sosa Bedoya: el EPMSC de Sevilla, y los Juzgados 1 y 4 de EPMS. Además, habría podido requerir información a los Centros de Servicios Judiciales de Buenaventura para aclarar la situación del señor Salazar Valencia.

 

48.             En cualquier caso, aun sin esa información, para la Sala es claro que las dos acciones de tutela, y la solicitud de habeas corpus, eran independientes. Esto, fundamentalmente porque se presentaron en escritos distintos, que relataban hechos y formulaban pretensiones también diversas. En este escenario, la Sala Séptima advierte que existían múltiples alternativas que el Tribunal Superior de Buga podía —y debía— haber adoptado en lugar de rechazar la acción del señor Sosa Bedoya y abstenerse de tramitar los escritos del señor Salazar Valencia. A título de ejemplo, el Tribunal Superior podría haber (i) admitido la acción de tutela, circunscribiendo su objeto a la solución de la solicitud de amparo de los derechos fundamentales del señor Sosa Bedoya, (ii) desacumular y tramitar la acción de tutela del señor Salazar Valencia de manera individual y (iii) remitir el escrito de habeas corpus de este último a la Sala Administrativa del Consejo Seccional respectivo, para que esta lo dirigiera o repartiera a la autoridad judicial correspondiente. El Tribunal Superior de Buga no adoptó ninguna de estas alternativas. Por el contrario, se limitó a rechazar la tutela del señor Sosa Bedoya sin siquiera conceder el plazo previsto en la ley para su subsanación, y se abstuvo de dar trámite a los escritos del señor Salazar Valencia, lo que desconoció el carácter subsidiario, no obligatorio y excepcional del rechazo y vulneró el derecho de acceso a la administración de justicia de los señores Sosa Bedoya y Salazar Valencia.

 

49.             Conclusión. Con fundamento en tales consideraciones, la Sala concluye que el centro de reclusión y el Tribunal Superior de Buga vulneraron los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia de los señores Sosa Bedoya y Salazar Valencia:

 

49.1.       El centro de reclusión EPMSC de Sevilla incorporó injustificadamente en un mismo expediente las solicitudes de habeas corpus y tutela de Harrison Salazar Valencia, y la acción de tutela del señor Sosa Bedoya. Lo anterior condujo al rechazo de la acción de tutela del señor Sosa Bedoya, y a la absoluta ausencia de trámite respecto de los escritos del señor Salazar Valencia.

49.2.       El Tribunal Superior de Buga rechazó de forma arbitraria la solicitud de amparo del señor Sosa Bedoya. Esto, porque (i) en el auto de 20 de octubre de 2023, en desconocimiento del artículo 17 del Decreto 2591 de 1991, informó al accionante que contaba con apenas dos (2) días —no tres como lo exige la ley—, para corregir la solicitud; (ii) inadmitió y rechazó la solicitud del señor Sosa Bedoya pese a que los hechos y las pretensiones eran claros y (iii) no acudió a sus facultades oficiosas para esclarecer las razones por las cuales a la solicitud de amparo del señor Sosa Bedoya se adjuntaron escritos del señor Salazar Valencia.

 

5.     Remedios

 

50.             Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala declarará la vulneración del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia de Jonathan Alexander Sosa Bedoya y Harrison Salazar Valencia. Asimismo, adoptará los siguientes remedios para proteger sus derechos y evitar que los hechos vulneradores se repitan:

 

51.             (i) Jonathan Salazar Valencia. La Sala reitera que, por regla general, en los casos de rechazo arbitrario, corresponde a la Corte (a) anular el auto mediante el cual se dispuso el rechazo y (b) devolver el expediente al juez de instancia para que resuelva la controversia. En este caso, la Sala declarará la nulidad de los autos de 20 y 31 de octubre de 2023, mediante los cuales el Tribunal Superior de Buga dispuso la inadmisión y el rechazo de la solicitud de amparo del señor Sosa Bedoya. En consecuencia, ordenará al Tribunal Superior de Buga que, en el término de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, dé trámite a la acción de tutela del señor Jonathan Sosa Bedoya.

 

52.             (ii) Harrison Salazar Valencia. Por medio del auto de pruebas del 5 de abril de 2024, la Sala solicitó al señor Salazar Valencia aclarar si había recibido apoyo del señor Sosa Bedoya para elaborar sus acciones de tutela y habeas corpus, por qué motivo, en qué fecha remitió las respectivas acciones constitucionales, y si había ejercido nuevas acciones de tutela en relación con los hechos que motivaron esta providencia. Sin embargo, el señor Salazar Valencia no contestó al requerimiento probatorio. Esto impide evidenciar si el señor Salazar Valencia está en una situación que requiera una decisión de fondo impostergable de esta Corporación en única instancia o, incluso, si todavía tiene interés en el proceso de tutela. Con todo, el EPMSC de Sevilla informó a la Corte que el señor Salazar Valencia aún se encuentra privado de la libertad en dicho centro. En tales términos, para subsanar las violaciones a los derechos del señor Salazar Valencia la Sala adoptará los siguientes remedios y órdenes de protección:

 

52.1. Ordenará a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Sevilla[70] que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, reparta la acción de habeas corpus del señor Harrison Salazar Valencia a la autoridad judicial competente. A dichos efectos, ordenará a la Secretaría de esta corporación remitir copia de este escrito[71].

52.2. Ordenará al Tribunal Superior de Buga que, en el término de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, dé trámite a la acción de tutela del señor Harrison Salazar Valencia.

52.3. Ordenará al EPMSC de Sevilla y la Defensoría del Pueblo brindar acompañamiento y asesoría al señor Salazar Valencia en el trámite de las acciones constitucionales de tutela y habeas corpus[72].

 

53.             Por último, con el propósito de evitar que los hechos vulneradores se repitan, la Sala advertirá al EPMSC de Sevilla que, en lo sucesivo, cumpla con los deberes especiales que le corresponden para asegurar la plena garantía del acceso a la administración de justicia de las personas privadas de la libertad. Asimismo, advertirá al Tribunal Superior de Buga para que, en lo sucesivo, aplique el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991 conforme a la jurisprudencia constitucional y se abstenga de incurrir en rechazos arbitrarios que obstaculicen el ejercicio del derecho de acceso a la administración de justicia.

 

IV. DECISIÓN

 

54.             En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución

 

RESUELVE

 

PRIMERO. DECLARAR que el Establecimiento Penitenciario de Media Seguridad y Carcelario de Sevilla—Valle del Cauca y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga–Sala de Decisión Penal en Sede Constitucional vulneraron el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia de Jonathan Alexander Sosa Bedoya y Harrison Salazar Valencia, por las razones expuestas en la presente providencia.

 

SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS los autos de 20 y 31 de octubre de 2023, por medio de los cuales el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga–Sala de Decisión Penal en Sede Constitucional inadmitió y rechazó la acción de tutela que presentó Jonathan Alexander Sosa Bedoya.

 

TERCERO. ORDENAR a la Secretaría General de la Corte Constitucional remitir una copia de la acción de habeas corpus formulada por el señor Salazar Valencia a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Sevilla^[73]. Asimismo, ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Sevilla que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia y el recibo de la acción de habeas corpus, reparta la acción a la autoridad judicial que corresponda.

 

CUARTO. ORDENAR al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga–Sala de Decisión Penal en Sede Constitucional que, en el término de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, inicie el trámite de las acciones de tutela radicadas por los señores Jonathan Sosa Bedoya y Harrison Salazar Valencia, que aparecen en el expediente de tutela de la referencia.

 

QUINTO. ORDENAR al Establecimiento Penitenciario de Media Seguridad y Carcelario de Sevilla—Valle del Cauca y la Defensoría del Pueblo que acompañen y brinden asesoría al señor Harrison Salazar Valencia en los trámites de la acción de tutela y de la acción de habeas corpus que se inicien en virtud de las órdenes tercera y cuarta de esta providencia.

 

SEXTO. ADVERTIR al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga-Sala de Decisión Penal en Sede Constitucional para que, en lo sucesivo, se abstenga de aplicar indebidamente el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991 en detrimento del derecho fundamental de acceso a la justicia.

 

SÉPTIMO. ADVERTIR al Establecimiento Penitenciario de Media Seguridad y Carcelario de Sevilla—Valle del Cauca que, en lo sucesivo, cumpla con los mínimos constitucionalmente asegurables para asegurar la plena garantía del derecho de acceso a la administración de justicia de las personas privadas de la libertad.

 

OCTAVO. ORDENAR a la Secretaría de la Corte Constitucional DEVOLVER al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga-Sala de Decisión Penal en Sede Constitucional el expediente del proceso de tutela de la referencia, de conformidad con la parte motiva de esta decisión.

 

NOVENO. LIBRAR las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los efectos allí contemplados.

 

Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase y publíquese.

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General