TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-1199/24

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Conflictos de responsabilidad extracontractual del Estado por acción u omisión de entidad pública de cualquier régimen

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

Auto 1199 de 2024

 

Referencia: expediente CJU-5488

 

Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Neiva—Huila y el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de la misma ciudad

 

Magistrada ponente:

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

 

Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la que prevé el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I.           ANTECEDENTES

 

1. Causa judicial. El 19 de diciembre de 2023[1], la Empresa Social del Estado Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, Huila (en adelante, “la ESE” o “el Hospital”), interpuso “demanda ordinaria laboral de única instancia”[2] en contra del Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander (en adelante, “el IDSNS”). Lo anterior, con el fin de que se: (i) “declare que la demandada actualmente adeuda a la E.S.E.” la suma de “$5.457.793,00 […] por concepto de servicios de salud [de urgencias] [según] las facturas de venta de servicios de salud”[3], más los intereses moratorios, y (ii) ordene al IDSNS pagar tales conceptos. La ESE alegó que prestó sus servicios “de salud a la población a cargo del [IDSNS]” en atención de urgencias[4] y que corresponde al IDSNS pagar tales servicios[5]. Afirmó que para estos “no se requiere contrato ni orden previa, y su costo deberá ser asumido por la entidad responsable de pago”[6]. Agregó que, vencidos los términos para glosas u objeciones[7], se logró consolidar el saldo final facturado, el cual no ha sido pagado por el IDSNS[8].

 

2. Falta de competencia de la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil. El 8 de febrero de 2024, el Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Neiva, Huila, rechazó la demanda “por falta de jurisdicción y competencia” y remitió el expediente para reparto a los Jueces Administrativos del Circuito de Neiva. Lo anterior, con fundamento en las siguientes consideraciones: (i) los artículos 2 del CPTSS[9] y 104 del CPACA[10], y la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia[11] y de la Corte Constitucional[12], establecen que es necesario analizar la naturaleza jurídica de los sujetos que intervienen en la relación que da origen al litigio por el cobro de “servicios de salud prestados”; (ii) las controversias que surjan de una relación extracontractual entre entidades de la seguridad social, sobre la financiación de los servicios de salud prestados a “población pobre no asegurada y/o afiliada al régimen subsidiado” son propias de la jurisdicción de lo contencioso administrativo cuando “las partes del litigio son entidades de naturaleza pública”, y (iii) en el caso concreto, la controversia surge de una “relación extracontractual en que se [ven] involucradas […] distintas entidades [públicas] del sistema de seguridad social, por servicios de salud efectivamente prestados a la población pobre no asegurada y/o perteneciente al régimen subsidiado”[13].

 

3. Recurso de reposición. El 13 de febrero de 2024, el Hospital presentó un recurso de reposición contra el auto del 8 de febrero de 2024, en el que insistió en que la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, es competente para conocer el caso. Además, enfatizó que “la demanda [de la ESE] es de naturaleza [d]eclarativa”[14]. Luego, el 12 de marzo de 2024, el Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Neiva rechazó por improcedente el recurso de reposición, debido a que el artículo 139 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 145 del CPTSS, establece que las decisiones por medio de las que un juez declara su falta de competencia “no admiten recurso”[15].

 

4. Falta de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y conflicto de competencia entre jurisdicciones. El 22 de abril de 2024, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva, Huila, declaró que carecía de jurisdicción y remitió el expediente a la Corte Constitucional para que esta Corporación resolviera el conflicto negativo de jurisdicciones. Lo anterior, con fundamento en las siguientes consideraciones: (i) en el asunto sub examine, en realidad, el “trámite adecuado es el de la acción ejecutiva, correspondiéndole al despacho de acuerdo [con] lo señalado en el artículo 171 de [la] Ley 1437, la adecuación a la vía procesal pertinente”[16]; y (ii) la controversia del caso concreto no surgió de una relación contractual, ni se enmarca “dentro de los presupuestos contenidos en el ordinal 6 del artículo 104 del CPACA”[17].

 

5. Trámite en la Corte Constitucional. El 28 de mayo de 2024, de conformidad con el reparto del 24 de mayo de 2024, la Secretaría General de la Corte Constitucional remitió el expediente a la magistrada sustanciadora[18].

 

II.            CONSIDERACIONES

 

1.     Competencia

 

6. La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución.

 

2.     Delimitación del asunto objeto de decisión y metodología

 

7. La Sala Plena debe resolver la controversia entre el Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Neiva—Huila y el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de la misma ciudad, la cual versa sobre la competencia para conocer la demanda que interpuso la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, Huila contra el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander. Para ese efecto, en primer lugar, la Sala verificará si el conflicto entre estas autoridades judiciales cumple con los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo de los conflictos de jurisdicciones (II.3 infra). En segundo lugar, reiterará las reglas jurisprudenciales acerca de la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer demandas de Instituciones Prestadoras de Salud contra entidades públicas por la falta de pago de servicios de salud que ya prestaron (II.4 infra). Por último, resolverá el conflicto y determinará cuál es la autoridad judicial que debe asumir o continuar con el conocimiento del proceso (II.5 infra).

 

3.     Verificación de los presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones

 

8. Presupuestos de los conflictos de jurisdicciones. Los conflictos de competencia entre jurisdicciones ocurren cuando dos o más autoridades judiciales “se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ningun[a] le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”[19]. La Corte Constitucional ha sostenido, en reiterada jurisprudencia, que para que un conflicto de este tipo suceda es necesario que cumpla tres presupuestos: subjetivo, objetivo y normativo[20].

 

 

9. La acreditación de estos presupuestos es una condición para que la Corte pueda emitir un pronunciamiento de fondo. Por lo tanto, la Sala Plena debe declararse inhibida cuando la controversia entre las autoridades judiciales no cumple con alguna de estas exigencias.

 

10. La controversia sub examine configura un conflicto de jurisdicciones. Existe un conflicto de competencia entre jurisdicciones entre el Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Neiva—Huila y el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de la misma ciudad. Lo anterior, por las siguientes razones:

 

(i) Satisface el presupuesto subjetivo. Enfrenta a dos autoridades judiciales de distintas jurisdicciones, esto es, (a) al Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Neiva—Huila, que hace parte de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y (b) al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva—Huila, que hace parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo[23].

 

(ii) Cumple el presupuesto objetivo. Las autoridades judiciales rechazan el conocimiento del proceso que instauró el Hospital demandante contra el IDSNS, el cual amerita un trámite de naturaleza judicial.

 

(iii) Acredita el presupuesto normativo. Las autoridades judiciales enfrentadas expusieron las razones de índole jurídica por las cuales consideran que la jurisdicción de la que hacen parte carece de competencia para conocer del asunto (ver párrs. 2 y 4 supra).

 

4.     Competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer de los asuntos en los que una IPS demanda a entidades públicas por el no pago de servicios de salud que ya fueron prestados. Reiteración de los autos 1088 de 2021, 312 y 546 de 2023.

 

11. En el auto 1088 de 2021, la Sala Plena estableció que: “[e]l  conocimiento de los asuntos en los que una IPS demande a entidades públicas, mediante el medio de control de reparación directa, por el no pago de unos servicios que ya se prestaron corresponde a los jueces de lo contencioso administrativo, en virtud de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 […]”. Lo anterior, por cuanto (i) a través de las controversias de este tipo las IPS demandantes cuestionan la responsabilidad extracontractual de entidades públicas, y (ii) estos litigios no se relacionan, en estricto sentido, con la prestación de los servicios de la seguridad social, sino con la financiación de unos servicios que “ya se prestaron”, por lo que no caen dentro de la regla de competencia que prevé el numeral 4° del artículo 2 del CPTSS.

 

12. Posteriormente, mediante el auto 312 de 2023, la Sala Plena conoció un conflicto de competencias entre jurisdicciones que tuvo origen en la “demanda laboral ordinaria” (énfasis añadido) de una IPS contra una entidad territorial por la presunta falta de pago de servicios de urgencias y traslados hospitalarios facturados en la vigencia 2014-2015. En esa oportunidad, la Sala Plena estableció la siguiente regla de decisión: “[e]l conocimiento de los asuntos en los que una IPS demande a entidades públicas por el no pago de unos servicios de salud que ya se prestaron corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en virtud de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 104 del CPACA”. Ello, por las siguientes razones: primero, estas son controversias de carácter eminentemente económico, pues se refieren a la financiación de servicios de salud que las IPS ya prestaron, lo que las diferencia de los supuestos que regula el artículo 2.4 del CPTSS. Segundo, en estos asuntos las IPS cuestionan la conducta y la responsabilidad de la entidad estatal por la falta de pago, por lo que caen dentro de la regla general de competencia del primer inciso del artículo 104 del CPACA[24].

 

13. Finalmente, la Sala Plena precisó esta línea jurisprudencial a través de la regla de decisión del auto 546 de 2023, de la siguiente forma: “[e]l conocimiento de los asuntos en los que una IPS demande a entidades públicas, mediante demanda de reparación directa o declarativa de índole ordinario, por el no pago de unos servicios que ya se prestaron corresponde a los jueces de lo contencioso administrativo, en virtud de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto a través de estos se cuestiona por parte de una IPS la responsabilidad extracontractual de entidades públicas” (énfasis añadido).

 

14. Regla de decisión. “El conocimiento de los asuntos en los que una IPS demande a entidades públicas, mediante demanda […] declarativa de índole ordinario, por el no pago de unos servicios que ya se prestaron corresponde a los jueces de lo contencioso administrativo”[25]. Lo anterior, en virtud del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011.

 

5.     Caso concreto

 

15. La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer el asunto sub examine. Lo anterior, de conformidad con el artículo 104 del CPACA y la línea jurisprudencial consolidada mediante los autos 1088 de 2021, 312 y 546 de 2023.

 

16. En primer lugar, de acuerdo con los documentos que integran el expediente, la controversia no es de índole ejecutiva (cfr., párr. 3 supra), sino declarativa, y tiene como propósito que se condene al IDSNS al pago de servicios de salud de urgencias que la ESE demandante ya prestó a favor de la población a cargo de aquel.

 

17. En segundo lugar, las dos entidades mencionadas pertenecen al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Por un lado, el artículo 155.3 de la Ley 100 de 1993 establece que las instituciones prestadoras del servicio de salud de carácter público, mixto o privado, hacen parte del SGSSS. Según el artículo 2° del Decreto 1876 de 1994, las Empresas Sociales del Estado —como la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva— prestan los servicios de salud “como parte integrante del sistema de seguridad social en salud”; entonces, la demandante pertenece al Sistema General de Seguridad Social en Salud. De otro lado, el literal b) del artículo 155.2 de la Ley 100 de 1993 dispone que las direcciones seccionales, distritales y locales de salud integran el SGSSS y, de conformidad con la Ordenanza No. 0018 de 2003[26], el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander tiene como “objetivo primordial dirigir, coordinar y vigilar el sector salud y el [SGSSS]”, para lo cual tiene, entre otras competencias, la de prestar servicios de salud a ciertas partes de la población; por ende, la demandada también forma parte del SGSSS.

 

18. En tercer lugar, la regla general de competencia del artículo 2.4 del CPTSS no es aplicable al asunto sub examine, en tanto el Hospital demandante ya prestó los servicios de salud en urgencias que está cobrando, por lo que solo discute su financiación. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 104 del CPACA y la regla de decisión del auto 1088 de 2021[27], la competencia para conocer este asunto corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Con base en lo anterior, la Sala Plena resolverá el conflicto de jurisdicción a favor del Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Neiva—Huila.

 

19. Conclusión. Con fundamento en lo anterior, la Sala dirimirá este conflicto de competencia entre jurisdicciones, en el sentido de declarar que corresponde al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Neiva—Huila conocer de la demanda que formuló la Empresa Social del Estado Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, Huila en contra del Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander. Por lo tanto, ordenará remitir a esa entidad el expediente CJU-5488, para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados.

 

III.        DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

Primero. DIRIMIR el conflicto de competencia entre jurisdicciones suscitado por Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales y el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva—Huila, en el sentido de DECLARAR que el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva—Huila es la autoridad competente para conocer la demanda que presentó la Empresa Social del Estado Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva en contra del Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander.

 

Segundo. Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-5488 al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva—Huila para lo de su competencia y para que comunique esta decisión a los interesados en este trámite, y al Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Neiva—Huila.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Presidente

Ausente con comisión

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General