TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-1295/24

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA LABORAL-Conflictos que se originen en el contrato de trabajo

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

Auto 1295 de 2024

 

Referencia: expediente CJU-5629

 

Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Sogamoso y el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sogamoso

 

Magistrada ponente:

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

 

Bogotá D. C., primero (1°) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente

 

AUTO

 

 I.            ANTECEDENTES

 

1. La causa judicial. El 14 de febrero de 2024, Edgar Andrés Martín Delgado formuló demanda contra el Consorcio Boyacá G-19 (en adelante, el Consorcio) y, de manera solidaria[1], contra el Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (en adelante, FFIE). Señaló que celebró un contrato de obra o labor con el Consorcio, como ingeniero residente de obra[2], para la construcción de una sede de la Institución Educativa I.E. Gustavo Jiménez. El contrato inició el 27 de octubre de 2020, pero el 24 de noviembre de 2021[3] renunció como consecuencia de la falta de pago de sus salarios desde el 1° de junio de 2021. También, manifestó que el Consorcio solo efectuó cotizaciones al sistema de seguridad social hasta mayo de 2021. Para reclamar el pago de tales acreencias laborales hizo varias solicitudes, incluso a través de la interventoría del contrato macro de obra No.1380-37-2016[4], sin éxito.

 

2. En consecuencia, el señor Martín Delgado formuló las siguientes pretensiones. (i) Declarar que el Consorcio y, de manera solidaria, el Ministerio de Educación y el FFIE: (a) le “adeudan […] 7 meses y seis días de salarios causados y no pagados durante la relación laboral”[5], (b) son “responsables del pago de las acreencias laborales y demás emolumentos derivados del no pago de las prestaciones sociales”[6], (c) son “responsables del pago de la seguridad social del demandante de los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre de 2021”[7], y (d) que “la renuncia del demandante fue motivada por el incumplimiento sistemático e injustificado […] de sus obligaciones legales de pago de los salarios laborales, prestaciones sociales y seguridad social”[8]. En armonía con dichas declaraciones, solicitó: (ii) condenar al Consorcio, y de manera solidaria al Ministerio de Educación y al FFIE, al pago de los salarios adeudados, prestaciones sociales, indemnizaciones y sanciones a las que haya lugar[9].

 

3. Actuaciones y postura de la jurisdicción ordinaria laboral. Por reparto, el conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Sogamoso. A través del auto del 9 de mayo de 2024, esa sede judicial (i) rechazó la demanda por “falta de competencia en razón a la jurisdicción”[10] y (ii) remitió el expediente a los juzgados administrativos de Sogamoso. Explicó que, según el artículo 104 del CPACA, las demandas dirigidas contra entidades públicas como el Ministerio de Educación Nacional competen a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Agregó que, en el mismo sentido, los artículos 5° del Decreto Ley 3135 de 1968 y 4° del Decreto 2127 de 1945, que reglamentó la Ley 6ª de 1945, prevén que quienes prestan sus servicios en los ministerios son empleados públicos, por lo que sus vinculaciones de trabajo se rigen por leyes especiales sujetas al derecho administrativo, a menos que lo hagan como trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas.

 

4. Actuaciones y postura de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. El proceso fue repartido al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sogamoso, el cual, mediante auto del 4 de junio de 2024: (i) declaró su falta de jurisdicción para conocer del proceso, (ii) propuso el conflicto negativo de jurisdicción y (iii) ordenó remitirlo a la Corte Constitucional[11]. Indicó que el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Sogamoso es el competente para conocer de la demanda en virtud del artículo 2 del Decreto-Ley 2158 de 1948 por dos razones. Primero, porque es claro que la relación laboral se estructuró únicamente entre el demandante y el Consorcio, sin ser “suficiente reseñar como demandada […] a una entidad pública para derivar la jurisdicción a la que corresponde el estudio del asunto”[12]. Segundo, porque la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para pronunciarse sobre la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, pero en este caso no se evidencia “una relación como servidor público, ni como trabajador oficial, respecto de Edgar Andrés Martín Delgado con una entidad del Estado, sino que la tesis de la demanda, desarrolla el supuesto fáctico de una relación de un trabajador privado a cargo de los consorcios, uniones temporales y/o empresas encargadas de dar cumplimiento al Contrato Marco de Obra No. 1380-37-2016 del 18 de julio de 2016”[13].

 

5. Actuaciones en la Corte Constitucional. El 9 de julio de 2024, conforme al reparto efectuado en reunión virtual del 5 de julio del mismo año, el expediente fue entregado a la magistrada sustanciadora[14].

 

II.          CONSIDERACIONES

 

1.            Competencia

 

6. La Corte Constitucional es competente para resolver el presente conflicto de jurisdicciones, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política.

 

2.            Delimitación del asunto objeto de revisión y metodología

 

7. La Sala Plena debe resolver la controversia suscitada entre el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Sogamoso y el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sogamoso, la cual versa sobre la competencia para conocer de la acción judicial interpuesta por Edgar Andrés Martín Delgado en contra del Consorcio Boyacá G-19 y solidariamente contra el Ministerio de Educación Nacional y el FFIE (párr. 1 supra). Para ese efecto, en primer lugar, la Sala verificará si la controversia entre estas autoridades judiciales cumple con los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo de los conflictos de jurisdicciones (II.3 infra). En segundo lugar, de constatarse el cumplimiento de tales presupuestos, reiterará las reglas de competencia para conocer de las demandas relacionadas directa o indirectamente con una relación de trabajo y la responsabilidad solidaria de una entidad pública (II.4 infra). Por último, resolverá el conflicto y determinará cuál es la autoridad judicial que debe asumir o continuar con el conocimiento del proceso (II.5 infra).

 

3.     Verificación de los presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones y delimitación del conflicto

 

8. Presupuestos de los conflictos de jurisdicciones. Los conflictos de competencia entre jurisdicciones se presentan cuando dos o más autoridades judiciales “se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ningun[a] le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”^[15]. La Corte Constitucional ha sostenido, en reiterada jurisprudencia, que para que este tipo de conflictos se configuren es necesario que se acrediten tres presupuestos: subjetivo, objetivo y normativo^[16].

 

 

9. La controversia sub examine configura un conflicto de jurisdicciones por las siguientes razones:

 

9.1.          Satisface el presupuesto subjetivo porque enfrenta a dos autoridades judiciales de distintas jurisdicciones, esto es, (i) al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sogamoso, que forma parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y (ii) al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Sogamoso, que integra la jurisdicción ordinaria.

 

9.2.          Satisface el presupuesto objetivo puesto que las autoridades judiciales rechazan el conocimiento de la acción judicial interpuesta por Edgar Andrés Martín Delgado en contra del Consorcio y solidariamente contra el Ministerio de Educación Nacional y el FFIE (párr. 1), el cual debe resolverse por medio de un trámite de naturaleza judicial.

 

9.3.          Satisface el presupuesto normativo porque las autoridades judiciales enfrentadas expusieron las razones por las cuales consideran que carecen de competencia para conocer del asunto (párrs. 3 y 4 supra).

 

4.       Competencia para conocer de las controversias relacionadas directa o indirectamente con una relación de trabajo donde se alega la responsabilidad solidaria de una entidad pública. Reiteración de jurisprudencia

 

10. En el Auto 809 de 2021, la Corte Constitucional analizó un asunto en el que un particular presentó una demanda laboral en contra de una Junta de Acción Comunal (en adelante, JAC) y, solidariamente, contra un municipio y una Corporación Autónoma Regional. Solicitó que se declarara que existió un contrato verbal con la JAC y que se condenara solidariamente a las demandadas al pago de los aportes de las acreencias laborales adeudadas.

 

11. En esa oportunidad, la Sala Plena precisó que a la jurisdicción ordinaria laboral le corresponde conocer los conflictos originados “directa o indirectamente en el contrato de trabajo”. Lo anterior, con independencia de que el empleador sea un particular o una entidad pública. Sostuvo también que “la sola mención de una entidad pública en el extremo pasivo del proceso no implica que la jurisdicción ordinaria laboral no tenga competencia para asumir el conocimiento del asunto”. Agregó que “la competencia de [la jurisdicción ordinaria laboral] viene dada desde que el demandante afirma que tiene una relación laboral regida por un contrato de trabajo, ya sea presunto o expreso”.

 

12. Por su parte, en el Auto 264 de 2021[19], la Corte Constitucional analizó un asunto en el que un particular presentó una demanda laboral con el fin de que se reconociera la existencia de contrato laboral con una cooperativa de trabajo asociado y se condenara de forma solidaria a la E.S.E. beneficiaria de las labores desempeñadas. En dicha oportunidad, esta corporación señaló que la competencia del juez laboral se activa con la presentación de una demanda en la que se alega la existencia de una relación laboral derivada de un contrato de trabajo con un particular, y que esta no se anula con la simple mención de una entidad pública en el extremo pasivo del proceso en virtud de una presunta responsabilidad solidaria.

 

13. Con base en la antedicha decisión, el Auto 013 de 2022[20] señaló que “[l]a jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de la seguridad social, es la competente para decidir los conflictos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo, al margen de que el empleador sea un particular o una entidad pública. Así mismo, la posible existencia de responsabilidad solidaria de una entidad estatal no altera la competencia de la jurisdicción ordinaria laboral, porque, en todo caso, el juez laboral deberá determinar si existió una relación laboral derivada de un contrato de trabajo entre la demandante y la parte demandada”. Lo anterior, teniendo en cuenta que corresponde a la jurisdicción ordinaria laboral conocer de “[l]os conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo”[21]. De tal suerte, la competencia de la jurisdicción laboral se activa con la presentación de una demanda en la que se alega la existencia de una relación laboral y esta competencia no se altera por el hecho de que una entidad pública resulte solidariamente responsable por las obligaciones de dicha relación contractual. Esa conclusión fue reiterada en el Auto 1702 de 2022.

 

14. En suma, la Corte Constitucional ha señalado que en los eventos en los que se discute la existencia del contrato de trabajo entre particulares o las acreencias que puedan derivarse de aquellas, la competente es la jurisdicción ordinaria laboral. Esto, sin que la vinculación subsidiaria de una entidad pública pueda variar la jurisdicción.

 

15. Regla de decisión: “Corresponde a la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social, conocer de los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo, con independencia de que el empleador sea un particular o una entidad pública. En estos casos, la simple mención de una entidad pública en el extremo pasivo del proceso no implica que la jurisdicción laboral carezca de competencia para pronunciarse de fondo, pues esta viene dada desde que el demandante afirma que tiene una relación laboral regida por un contrato de trabajo, ya sea presunto o expreso”[22].

 

5.       Caso concreto

 

16. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, es la competente para conocer el proceso judicial sub examine. La Sala concluye que el proceso judicial sub examine debe ser conocido por la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, en aplicación de la regla fijada en el numeral anterior. Esto, teniendo en cuenta que de la demanda interpuesta por el señor Edgar Andrés Martín Delgado se desprende que (i) se trata de una controversia originada directamente del contrato de trabajo por obra o labor celebrado entre dos particulares, como lo son el demandante y el Consorcio y (ii) la posible responsabilidad solidaria del Ministerio de Educación Nacional o del FFIE no altera la competencia de la jurisdicción ordinaria laboral.

 

17. En consecuencia, la Sala Plena ordenará el envío del expediente CJU-5629 al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Sogamoso para que continúe con las diligencias y para que comunique la presente decisión a los interesados en el trámite, como también al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sogamoso.

 

III.            DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

Primero. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Sogamoso y el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sogamoso, en el sentido de DECLARAR que el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Sogamoso es la autoridad competente para conocer la demanda promovida por Edgar Andrés Martín Delgado en contra del Consorcio Boyacá G-19 y de manera solidaria en contra del Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa.

 

Segundo. Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-5629 al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Sogamoso para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados en este trámite, como al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sogamoso.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

 

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

Ausente con permiso

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General