TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-1400/24

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Competencia de superior jerárquico común

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Los únicos factores de competencia en materia de tutela son el territorial, el subjetivo y el funcional

 

ACCIÓN DE TUTELA-Juez no le es dado declinar su competencia bajo el pretexto de hacer una adecuada aplicación de las normas atinentes al reparto

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA APARENTE-Competencia de autoridad judicial a quien primero fue repartida o ante quien se accionó

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

AUTO 1400 DE 2024

Referencia: Expediente ICC-4748

Conflicto aparente de competencia presentado entre el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Palmira y el Juzgado Quinto Civil Municipal de Palmira.

Magistrada ponente:

Diana Fajardo Rivera

Bogotá D. C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticuatro (2024).

Nota previa: En observancia a la Circular Interna No. 10 de 2022 de la Presidencia de la Corte Constitucional sobre la anonimización de nombres en las providencias disponibles al público en la página web de la Corte Constitucional, la Sala dispuso que la presente providencia fuera presentada en dos ejemplares. Una, con el nombre real y la información completa de la accionante, y otra con un nombre ficticio. La razón para anonimizar el nombre de la involucrada es que el conflicto de competencia sub examine hace referencia a su historia clínica y otra información relativa a su salud física. Dado que esta versión de la providencia será publicada para consulta del público, los nombres reales serán sustituidos por nombres ficticios.

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de la prevista en el literal e) del artículo 5º de su Reglamento Interno, profiere el siguiente

AUTO

I.                  ANTECEDENTES

§1. Acción de tutela. Sofía, actuando en nombre propio, presentó acción de tutela en contra de la Nueva EPS y de la Secretaría Departamental de Salud del Valle del Cauca, alegando la vulneración de sus derechos fundamentales a la salud, la vida, la dignidad humana, la igualdad y la seguridad social[1].

§2. Como sustento, la accionante manifestó que (i) está diagnosticada con quiste parauretral; (ii) su médico tratante le prescribió “cirugía pexia parauretral o periuretral”; (iii) la cirugía fue autorizada y programada para el 1 de agosto de 2024; sin embargo, el 17 de julio de 2024 recibió una llamada en la que le notificaron la cancelación de la cita, porque no había convenio entre la Nueva EPS y la Clínica Rafael Uribe de Cali; (iv) volvió a pedir cita con urología, pero le informaron que debía iniciar el proceso desde cero[2]. En consecuencia, solicitó ordenar a la Nueva EPS y a la Secretaría Departamental de Salud del Valle del Cauca programar la cirugía y brindar los tratamientos médico quirúrgicos, hospitalarios y farmacéuticos que requiera posteriormente, de manera integral[3].

§3. Declaraciones de falta de competencia. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Palmira, en auto del 31 de julio de 2024[4], resolvió rechazar por falta de competencia el conocimiento del asunto y remitir el expediente al Centro de Servicios de Adolescentes, que cumple la función de reparto en Palmira, para que asignara el proceso entre los juzgados municipales de esa ciudad. Expuso que, dada la naturaleza mixta de la Nueva EPS y la mayoría accionaria de origen privado, corresponde a los jueces municipales el conocimiento del asunto, en primera instancia, de conformidad con el Decreto 333 de 2021, artículo 1, por el cual se modificó el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, y la postura adoptada por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en auto del 29 de julio de 2024, dentro del radicado 11001023000020240086500[5]. Respecto de la autoridad departamental, sin mayor argumentación señaló que “también es de competencia de los juzgados municipales al tenor del decreto ya citado”[6].

§4. Por su parte, el Juzgado Quinto Civil Municipal de Palmira, mediante auto del 1 de agosto de 2024[7], señaló que la primera autoridad no puede rechazar el conocimiento de la acción de tutela. Lo anterior, pues ya está decantado por la Corte Constitucional, órgano de cierre en materia constitucional que, las pautas establecidas en el Decreto 333 de 2021 no pueden ser utilizadas para rechazar la competencia, en la medida en que se trata de reglas administrativas para el reparto, que no desplazan la competencia de los jueces de tutela. Así, resaltó, esta acción constitucional “debe atenderse por el primero de los juzgados al que le haya correspondido el trámite en aras de garantizar el acceso a la administración de justicia, y la celeridad (…)”[8]. Además, citando el auto 106 de 2023[9], destacó los tres factores de competencia descritos por esta Corte. Por tales razones, remitió el expediente a esta Corporación para que dirimiera el conflicto de competencias.

§5. Reparto al despacho sustanciador. El asunto fue remitido el 1 de agosto de 2024 a la Corte Constitucional, para que dirimiera el conflicto de competencias[10]. A su turno, el expediente ICC 4748 fue repartido al Despacho de la Magistrada Diana Fajardo Rivera en sesión de Sala Plena del 8 de agosto de 2024 para su respectiva sustanciación.

II.               CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

§6. Competencia. La Corte ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela le corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996[11]; de modo que, su competencia sólo se activa en aquellos casos en que la mencionada norma no prevea la autoridad judicial encargada de asumir el trámite, o aun cuando la definan, se requiera dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, a fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia, y de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales[12].

§7. En principio, el presente conflicto de competencia debería ser resuelto por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Buga, conforme lo previsto en el artículo 18 de la Ley 270 de 1996, pues las autoridades judiciales en disputa forman parte de la especialidad civil y pertenecen al mismo distrito judicial. Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela y en aras de evitar que se dilate aún más la decisión, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio, sin perjuicio de la advertencia que se hará en la parte resolutiva. 

§8. Factores de competencia en materia de tutela[13]. Únicamente son tres y se encuentran en los artículos 86 de la Constitución y 8 transitorio de su título transitorio (adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017), y los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991; a saber, (i) Territorial: son competentes «a prevención» los jueces con jurisdicción en el lugar donde ocurrió la violación o amenaza, o donde se producen sus efectos[14]. (ii) Subjetivo: se aplica a casos de acciones de tutela contra los medios de comunicación y contra las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz[15]. (iii) Funcional: únicamente pueden conocer de la impugnación de una sentencia de tutela las autoridades judiciales que sean los «superiores jerárquicos correspondientes», según la jurisprudencia[16].

§9. Reglas de reparto. La Corte Constitucional ha establecido que las disposiciones contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021, no definen reglas de competencia, sino pautas de reparto de acciones de tutela. Por tanto, las autoridades judiciales no pueden usar estos decretos para declarar su falta de competencia^[17]. En su lugar, deben tramitar la acción o decidir la impugnación según el caso presentado[18]. Si hay un conflicto de competencia entre autoridades por este motivo, el expediente se remitirá a quien se le repartió primero con el fin de que la acción sea decidida inmediatamente.

III.           CASO CONCRETO

§10. La Sala Plena de la Corte Constitucional constata que en el presente caso se configuró un conflicto aparente de competencia, pues el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Palmira se apartó del conocimiento del asunto con base en reglas de reparto. Por su parte, el Juzgado Quinto Civil Municipal de Palmira manifestó su desacuerdo con la aplicación del criterio invocado por el Juzgado del Circuito y destacó la postura decantada por esta Corte sobre la aplicación de las reglas de reparto para rechazar competencia y los factores de competencia en materia de tutela.

§11. Para la Sala, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Palmira, no podía declarar su falta de competencia con base en reglas de reparto, como lo ha señalado en reiteradas ocasiones esta Corte, por lo que debía continuar con el trámite de la acción, ya que fue la primera autoridad judicial con competencia a la que se le asignó el proceso. Lo anterior, porque al invocar las reglas de reparto para abstenerse de conocer la acción de tutela interpuesta, otorgó un alcance inexistente a las disposiciones contenidas en dicho instrumento jurídico, y contrarió la jurisprudencia de esta Corporación, según la cual éstas, lejos de integrar mandatos procesales en materia de competencia, son apenas pautas de reparto y/o asignación de expedientes de tutela.

§12. Decisión de la Sala Plena. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Palmira es el competente para resolver, en primera instancia, la acción de tutela, ya que es la primera autoridad con competencia a la que se le repartió el asunto. En este sentido (i) se dejará sin efectos el auto en el que declaró su falta de competencia, (ii) se le remitirá el expediente para que inmediatamente adopte la decisión a que haya lugar y (iii) se le advertirá para que se abstenga de argumentar su falta de competencia con fundamento en reglas de reparto.

§13. Por otro lado, la Sala no puede pasar por alto que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Palmira, mediante auto del 31 de julio de 2024, decidió “rechazar” la acción de tutela de la referencia “por falta de competencia”. Al respecto, es indispensable recordar que la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido como eventos procesales de rechazo de la demanda, el previsto en el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991, el cual establece la inadmisión y eventual rechazo por falta de corrección de la solicitud y; el contenido en el artículo 38 del mismo decreto, esto es, cuando se presenta la figura de la temeridad.  Así, en ningún caso, las autoridades judiciales pueden rechazar las acciones de tutela por falta de competencia[19]. De acuerdo con lo expuesto, es necesario advertir al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Palmira para que, en lo sucesivo, se abstenga de disponer el rechazo de acciones de tutela por falta de competencia.

§14. Finalmente, se le advertirá al Juzgado Quinto Civil Municipal de Palmira que siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018 de esta Corporación.

IV.            DECISIÓN

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional

RESUELVE

Primero. DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 31 de julio de 2024, proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Palmira dentro del trámite de tutela promovido por Sofía contra la Nueva EPS y la Secretaría Departamental de Salud del Valle del Cauca.

Segundo. REMITIR el expediente ICC-4748 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Palmira, para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión a que haya lugar.

Tercero. ADVERTIR al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Palmira, para que, en lo sucesivo, se abstenga de argumentar su falta de competencia con fundamento en reglas de reparto y, por lo tanto, decida conforme a la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional, en materia de conflictos de competencia, con el propósito de eliminar las barreras en el acceso a la administración de justicia y garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales.

Cuarto. ADVERTIR al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Palmira, que, en lo sucesivo, se abstenga de disponer el rechazo de acciones de tutela por falta de competencia de acuerdo con lo señalado en la parte motiva de la presente providencia.

Quinto. ADVERTIR al Juzgado Quinto Civil Municipal de Palmira que siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018 de esta Corporación.

Sexto. Por la Secretaría General de la Corporación, COMUNICARLE la decisión adoptada en esta providencia a la parte accionante, al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Palmira y al Juzgado Quinto Civil Municipal de Palmira.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General