CJU

Asunto

5795

El 16 de abril de 2024, el IFC, a través de su apoderado judicial, inició un proceso ejecutivo de mínima cuantía contra la señora Estefaniht Sofía Piñeros Lozano. La demanda busca que se libre mandamiento de pago en virtud del pagaré 4122568 del 23 de noviembre de 2021, firmado a favor de la entidad. Según la demanda, el IFC habría celebrado con la demandada un contrato de mutuo comercial por el valor de $2.700.000, garantizado por el mencionado pagaré. Sin embargo, la señora Piñeros Lozano habría incurrido en mora desde el 15 de diciembre de 2022. Por lo tanto, la entidad pretende obtener el pago por el capital pendiente, así como los intereses corrientes y moratorios generados.[2]

Autoridades en conflicto

En auto del 6 de junio de 2024, el Juzgado 3º Civil Municipal del Distrito Judicial de Yopal, Casanare, declaró su falta de jurisdicción para conocer del asunto y remitió el expediente a los juzgados administrativos de Yopal. Afirmó que el artículo 104.6 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) contenido en la Ley 1437 de 2011 establece que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer de la ejecución de contratos en los que una de las partes sea una entidad pública, lo que excluye la cláusula residual del Código General del Proceso. Sin embargo, precisó que el artículo 105 ibidem excluye de esta competencia a las entidades públicas con carácter financiero. Señaló que, para determinar si una entidad es financiera, se debe verificar si está sometida a la vigilancia de la Superintendencia Financiera, ya que solo las entidades vigiladas tienen competencia en este ámbito. De lo anterior, concluyó que el IFC, como entidad departamental no vigilada por dicha superintendencia, no tiene la categoría de entidad financiera. Idea seguida, señaló que la Corte Constitucional en el Auto 609 de 2023 reiteró que las demandas relacionadas con contratos de entidades públicas no financieras deben ser conocidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Sostuvo que esa regla también se aplica a la ejecución de títulos valores cuando provienen de contratos con entidades públicas. De lo anterior, afirmó que, según el Auto 403 de 2021 de la Corte Constitucional, cuando una entidad estatal reclame el pago de derechos incorporados en títulos valores derivados de un contrato estatal, la jurisdicción competente es la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Por lo tanto, concluyó que, en el asunto bajo estudio, la competencia corresponde a esa jurisdicción.[3]

Mediante auto del 5 de agosto de 2024, el Juzgado 5º Administrativo del Circuito Judicial de Yopal, Casanare, declaró la falta de jurisdicción y remitió el asunto a la Corte Constitucional para resolver la colisión suscitada. Esta autoridad judicial señaló que el artículo 104 del CPACA establece que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de controversias originadas en actos, contratos, hechos y operaciones relacionadas con entidades públicas. En particular, refirió que esa jurisdicción tiene competencia sobre los procesos ejecutivos derivados de condenas, conciliaciones, laudos arbitrales y contratos en los que una entidad pública sea parte. Por otro lado, comentó que el artículo 297 ibidem define los títulos ejecutivos dentro de esta jurisdicción, que incluyen sentencias, decisiones en firme de mecanismos alternativos, contratos y documentos relacionados con incumplimientos contractuales. Seguidamente, señaló que la Corte Constitucional, en sus Autos 403 de 2021 y 554 y 609 de 2023, estableció que los títulos valores originados en contratos estatales deben ser presentados ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siempre y cuando el contrato sea de los que conoce esta jurisdicción. Con base en lo anterior, concluyó que en el presente caso se intenta ejecutar un pagaré, que no se origina en un contrato estatal, lo que excluye la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Además, el contrato de mutuo, si bien puede estar relacionado con la actividad del IFC, no es considerado como parte del giro ordinario de negocios de una entidad pública financiera. Por lo tanto, dado que el asunto no se enmarca dentro de los supuestos del artículo 104 del CPACA y la ejecución no proviene de un contrato estatal, determinó que corresponde a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad civil conocer del caso.[4]

CJU

Asunto

5808

El 26 de abril de 2024, el IFC, a través de su apoderado judicial, inició un proceso ejecutivo de mínima cuantía contra el señor Oscar Julián Pérez Camargo. La demanda busca librar mandamiento de pago en virtud del pagaré 4122407 del 28 de octubre de 2021, firmado a favor de la entidad. Según la demanda, el señor Oscar Julián Pérez Camargo habría adquirido un crédito con la entidad por el valor de $2.700.000, garantizado por el mencionado pagaré. Sin embargo, la obligación se habría hecho exigible el 15 de abril de 2022 sin que hubiera abonado suma alguna, por lo que considera que el demandado se encuentra en mora. Por lo tanto, la entidad pretende obtener el pago del capital pendiente, así como los intereses corrientes y moratorios generados.[5]

Autoridades en conflicto

El asunto le correspondió al Juzgado 2º Civil Municipal del Distrito Judicial de Yopal, Casanare, el cual, a través de auto del 15 de julio de 2024, declaró su falta de jurisdicción para conocer del asunto y remitió el expediente a los juzgados administrativos de Yopal. Afirmó que el artículo 104 del CPACA establece que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo debe resolver disputas relacionadas con actos, contratos y operaciones de derecho administrativo que involucren a entidades públicas o a particulares que ejercen funciones administrativas. Esto incluye, entre otros, los procesos ejecutivos derivados de condenas, conciliaciones y laudos arbitrales que involucren a entidades públicas. Por otro lado, mencionó que el artículo 105 ibidem excluye ciertos casos de la competencia de esa jurisdicción, como las controversias sobre responsabilidad extracontractual y contratos de entidades públicas que actúen como instituciones financieras. Idea seguida, refirió que el Auto 855 de 2024 de la Corte Constitucional determinó que, para aplicar esta excepción, se requiere que la entidad pública sea una institución financiera bajo vigilancia y que el asunto esté dentro del giro ordinario de sus negocios. En el caso del Instituto Financiero de Casanare (IFC), consideró que no es una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera, conforme a lo referido en el Auto 609 de 2023 de la Corte Constitucional. En consecuencia, señaló que el IFC es una empresa industrial y comercial del Estado y no cumple con los requisitos para ser considerada una institución financiera. Por lo tanto, el asunto debe ser conocido por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Concluyó que su postura estaba fundamentada en el Auto 554 de 2023, el cual estableció que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer demandas ejecutivas derivadas de contratos estatales, siempre que las entidades involucradas no sean instituciones financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera.[6]

Mediante auto del 6 de agosto de 2024, el Juzgado 5º Administrativo del Circuito Judicial de Yopal, Casanare, declaró la falta de jurisdicción y remitió el asunto a la Corte Constitucional para resolver la colusión suscitada. Esta autoridad judicial señaló que el artículo 104 del CPACA establece que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de controversias originadas en actos, contratos, hechos y operaciones relacionadas con entidades públicas. En particular, refirió que esa jurisdicción tiene competencia sobre los procesos ejecutivos derivados de condenas, conciliaciones, laudos arbitrales y contratos en los que una entidad pública sea parte. Por otro lado, comentó que el artículo 297 ibidem define los títulos ejecutivos dentro de esta jurisdicción, que incluyen sentencias, decisiones en firme de mecanismos alternativos, contratos y documentos relacionados con incumplimientos contractuales. Seguidamente, señaló que la Corte Constitucional, en sus Autos 403 de 2021 y 554 y 609 de 2023, estableció que los títulos valores originados en contratos estatales deben ser presentados ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siempre y cuando el contrato sea de los que conoce esta jurisdicción. Con base en lo anterior, concluyó que en el presente caso se intenta ejecutar un pagaré, que no se origina en un contrato estatal, lo que excluye la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Además, el contrato de mutuo, si bien puede estar relacionado con la actividad del IFC, no es considerado como parte del giro ordinario de negocios de una entidad pública financiera. Por lo tanto, dado que el asunto no se enmarca dentro de los supuestos del artículo 104 del CPACA y la ejecución no proviene de un contrato estatal, determinó que corresponde a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad civil conocer del caso.

CJU

Asunto

5819

El 18 de julio de 2024, el IFC, a través de su apoderado judicial, inició un proceso ejecutivo de mínima cuantía contra la señora Yamileth Agudelo Palechor. La demanda busca librar mandamiento de pago en virtud del pagaré 4123526 del 28 de junio de 2022, firmado a favor de la entidad. Según la demanda, la señora Yamileth Agudelo Palechor suscribió el referido título valor por concepto de $3.000.000, sin embargo, la obligación se habría hecho exigible el 5 de octubre de 2022 sin que hubiera abonado suma alguna, por lo que considera que la demandada se encuentra en mora. En consecuencia, la entidad pretende obtener el pago del capital pendiente, así como los intereses corrientes y moratorios generados.[7]

Autoridades en conflicto

En auto del 6 de junio de 2024, el Juzgado 3º Civil Municipal del Distrito Judicial de Yopal, Casanare, declaró su falta de jurisdicción para conocer del asunto y remitió el expediente a los juzgados administrativos de Yopal. Afirmó que el artículo 104.6 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) contenido en la Ley 1437 de 2011 establece que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer de la ejecución de contratos en los que una de las partes sea una entidad pública, lo que excluye la cláusula residual del Código General del Proceso. Sin embargo, precisó que el artículo 105 ibidem excluye de esta competencia a las entidades públicas con carácter financiero. Señaló que, para determinar si una entidad es financiera, se debe verificar si está sometida a la vigilancia de la Superintendencia Financiera, ya que solo las entidades vigiladas tienen competencia en este ámbito. De lo anterior, concluyó que el IFC, como entidad departamental no vigilada por dicha superintendencia, no tiene la categoría de entidad financiera. Idea seguida, señaló que la Corte Constitucional en el Auto 609 de 2023 reiteró que las demandas relacionadas con contratos de entidades públicas no financieras deben ser conocidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Sostuvo que esa regla también se aplica a la ejecución de títulos valores cuando provienen de contratos con entidades públicas. De lo anterior, afirmó que, según el Auto 403 de 2021 de la Corte Constitucional, cuando una entidad estatal reclame el pago de derechos incorporados en títulos valores derivados de un contrato estatal, la jurisdicción competente es la contencioso-administrativa. Por lo tanto, concluyó que, en el asunto bajo estudio, la competencia corresponde a esa jurisdicción.[8]

A través de auto del 1º de agosto de 2024, el Juzgado 4º Administrativo del Circuito Judicial de Yopal, Casanare, declaró que no tenía competencia para conocer del asunto por falta de jurisdicción, propuso conflicto negativo de competencia y remitió el asunto a la Corte Constitucional para dirimir el conflicto suscitado. Afirmó que el artículo 104 del CPACA establece que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de controversias y litigios relacionados con actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones sujetas al derecho administrativo, que involucra a entidades públicas o particulares que ejerzan funciones administrativas. Entre estos procesos, también se incluyen los ejecutivos derivados de condenas impuestas, conciliaciones aprobadas y laudos arbitrales en los que una entidad pública sea parte, así como los contratos celebrados por esas entidades. Advirtió que el artículo 297 ibidem define los títulos ejecutivos ante esta jurisdicción, que incluyen sentencias de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, decisiones firmes en mecanismos alternativos de resolución de conflictos, contratos y documentos relacionados con obligaciones claras y exigibles, y copias auténticas de actos administrativos con constancia de ejecutoria. Con base en lo anterior, consideró que la Corte Constitucional ha establecido que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer demandas ejecutivas derivadas de contratos estatales, excepto en el caso de instituciones financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera, siempre que los contratos no correspondan al giro ordinario de sus negocios, de acuerdo con lo preceptuado en los autos 855 de 2024 y Auto 554 de 2023. De lo anterior, concluyó que el título valor presentado no está respaldado por un contrato estatal válido, por lo que la ejecución de la obligación debe ser tramitada por la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad civil.

CJU

Asunto

5820

El 16 de abril de 2024, el IFC, a través de su apoderado judicial, inició un proceso ejecutivo de mínima cuantía contra la señora Johanna Carolina Pérez Rivera. La demanda busca librar mandamiento de pago en virtud del pagaré 4122706 del 17 de diciembre de 2021, firmado a favor de la entidad. Según la demanda, la señora Johanna Carolina Pérez Rivera habría adquirido un crédito con la entidad por el valor de $2.700.000, garantizado por el mencionado pagaré. Sin embargo, la obligación se habría hecho exigible el 5 de marzo de 2022, por lo que considera que la demandada se encuentra en mora. Por lo tanto, la entidad pretende obtener el pago del capital pendiente, así como los intereses corrientes y moratorios generados.[9]

Autoridades en conflicto

En auto del 6 de junio de 2024, el Juzgado 3º Civil Municipal del Distrito Judicial de Yopal, Casanare, declaró su falta de jurisdicción para conocer del asunto y remitió el expediente a los juzgados administrativos de Yopal. Afirmó que el artículo 104.6 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) contenido en la Ley 1437 de 2011 establece que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer de la ejecución de contratos en los que una de las partes sea una entidad pública, lo que excluye la cláusula residual del Código General del Proceso. Sin embargo, precisó que el artículo 105 ibidem excluye de esta competencia a las entidades públicas con carácter financiero. Señaló que, para determinar si una entidad es financiera, se debe verificar si está sometida a la vigilancia de la Superintendencia Financiera, ya que solo las entidades vigiladas tienen competencia en este ámbito. De lo anterior, concluyó que el IFC, como entidad departamental no vigilada por dicha superintendencia, no tiene la categoría de entidad financiera. Idea seguida, señaló que la Corte Constitucional en el Auto 609 de 2023 reiteró que las demandas relacionadas con contratos de entidades públicas no financieras deben ser conocidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Sostuvo que esa regla también se aplica a la ejecución de títulos valores cuando provienen de contratos con entidades públicas. De lo anterior, afirmó que, según el Auto 403 de 2021 de la Corte Constitucional, cuando una entidad estatal reclame el pago de derechos incorporados en títulos valores derivados de un contrato estatal, la jurisdicción competente es la contencioso-administrativa. Por lo tanto, concluyó que, en el asunto bajo estudio, la competencia corresponde a esa jurisdicción.[10]

A través de auto del 1º de agosto de 2024, el Juzgado 4º Administrativo del Circuito Judicial de Yopal, Casanare, declaró que no tenía competencia para conocer del asunto por falta de jurisdicción, propuso conflicto negativo de competencia y remitió el asunto a la Corte Constitucional para dirimir el conflicto suscitado. Afirmó que el artículo 104 del CPACA establece que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de controversias y litigios relacionados con actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones sujetas al derecho administrativo, que involucran a entidades públicas o particulares que ejerzan funciones administrativas. Entre estos procesos, también se incluyen los ejecutivos derivados de condenas impuestas, conciliaciones aprobadas y laudos arbitrales en los que una entidad pública sea parte, así como de los contratos celebrados por esas entidades. Advirtió que el artículo 297 ibidem define los títulos ejecutivos ante esa jurisdicción, que incluyen sentencias de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, decisiones firmes en mecanismos alternativos de resolución de conflictos, contratos y documentos relacionados con obligaciones claras y exigibles, y copias auténticas de actos administrativos con constancia de ejecutoria. Con base en lo anterior, consideró que la Corte Constitucional ha establecido que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer demandas ejecutivas derivadas de contratos estatales, excepto en el caso de instituciones financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera, siempre que los contratos no correspondan al giro ordinario de sus negocios, de acuerdo con lo preceptuado en los autos 855 de 2024 y Auto 554 de 2023. De lo anterior, concluyó que el título valor presentado no está respaldado por un contrato estatal válido, por lo que la ejecución de la obligación debe ser tramitada por la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad civil.[11]

Presupuesto

Contenido

Constatación

Subjetivo

La controversia debe ser suscitada por, al menos, dos autoridades que administren justicia y pertenezcan a diferentes jurisdicciones.[13]

Los conflictos analizados se suscitaron entre autoridades de la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad civil y otras pertenecientes a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (Supra 1 – Cuadro 1 – Autoridades en conflicto).

Objetivo

Existencia de una causa judicial sobre la cual se desarrolle la controversia, lo que requiere constatar que está en curso un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional.[14]

Las autoridades referidas tienen una controversia respecto de cuál es la jurisdicción competente para conocer y resolver los procesos ejecutivos promovidos por el IFC en contra de diferentes particulares con base en un título valor suscrito a favor de la entidad (Supra 1 – Cuadro 1 – Asunto).

Normativo

Las autoridades involucradas en el conflicto de jurisdicciones deben haber manifestado expresamente las razones por las cuales se consideran competentes -o no- para conocer de dicha causa judicial.[15]

Las diferentes autoridades judiciales inmersas en los conflictos entre jurisdicciones referidos acudieron a fundamentos jurídicos para defender sus posturas sobre la falta de jurisdicción (Supra 1 – Cuadro 1 – Autoridades en conflicto).